▲ Ejercicios navales de comandos de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz en 2015 [Wikipedia]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La República Islámica de Irán, también conocida como Persia, es un país con gran importancia en la geopolítica. Es una potencia regional no solo por su localización estratégica, sino también por sus grandes recursos de hidrocarburos, que hacen de Irán el cuarto país en reservas probadas de petróleo y el primero en reservas de gas[1].

Así hablamos de uno de los países más importantes del mundo por tres motivos fundamentales. El primero, mencionado anteriormente: sus inmensas reservas petrolíferas y de gas. En segundo lugar, porque Irán controla el estrecho de Ormuz, que es llave de entrada y salida del Golfo Pérsico y por el que pasan la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Bahréin[2]. Por último, por el programa nuclear en el que ha invertido tantos años[3].

La república iraní se basa en los principios del Islam chií, aunque hay una gran diversidad étnica en su sociedad. Por ello, es indispensable tener en cuenta la gran “fuerza del nacionalismo iraní” para comprender su política. Apelando a la posición dominante sobre otros países, el movimiento nacionalista iraní pretende influir en la opinión pública. El nacionalismo se ha ido asentando desde hace más de 120 años, desde que el Boicot de Tabaco de 1891[4] supuso una respuesta directa a la intervención y presión exterior, y hoy pretende lograr la hegemonía en la región. La política exterior e interior de Irán son una clara expresión de este movimiento[5].

Por agente interpuesto (Proxy armies)

La guerra subsidiaria (en inglés, war by proxy) es un modelo de guerra en el cual un país hace uso de terceros para combatir o influenciar en un determinado territorio, en lugar de enfrentarse directamente. Como señala David Daoud, en el Líbano, Irak, Yemen y Siria, “Teherán ha perfeccionado el arte de conquistar gradualmente un país sin reemplazar su bandera”[6]. En esa tarea participa directamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), formando o favoreciendo militarmente a las fuerzas de otros países.

La GRI nació con la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, con el fin de mantener los logros del movimiento[7]. Se trata de uno de los principales actores políticos y sociales del país. Posee gran capacidad para influir en los debates y decisiones de la política nacional. Es, además, propietaria de numerosas empresas dentro del país, lo que le garantiza una fuente de financiación propia y refuerza su carácter de poder interno. Constituye un cuerpo independiente de las fuerzas armadas, y el nombramiento de sus altos cargos depende directamente del Líder de la Revolución. Entre sus objetivos está la lucha contra el imperialismo, y expresamente se compromete a intentar rescatar Jerusalén para devolverla a los palestinos[8]. Su importancia es crucial para el régimen, y cualquier ataque a estos cuerpos representa una amenaza directa al gobierno iraní[9].

La relación de Irán con los países musulmanes de su entorno se encuentra marcada por dos hechos principales: por un lado, su condición chiita; por otro, la preeminencia que logró tener en el pasado en la región[10]. Gracias a que su acción exterior se encuentra apoyada en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha conseguido establecer grandes vínculos con grupos políticos y religiosos por todo Oriente Medio. A partir de ahí, Irán aprovecha distintos recursos para afianzar su influencia en los distintos países. En primer lugar, haciendo uso de herramientas de poder blando o soft power. Así, entre otras acciones, ha participado en la reconstrucción de mezquitas y escuelas en países como el Líbano o Irak[11]. En Yemen ha proporcionado ayudas logísticas y económicas al movimiento hutí. En 2006, se implicó en la reconstrucción del sur de Beirut.

No obstante, los métodos utilizados por estas fuerzas alcanzan otros extremos, pasando a mecanismos más intrusivos (hard power). Por ejemplo, tras la invasión israelí de 1982 en el Líbano, Irán ha ido estableciendo allí a lo largo de tres décadas un punto de apoyo, con Hezbolá como proxy, aprovechando las quejas sobre la privación de derechos de la comunidad chiita. Esta línea de acción ha permitido a Teherán promover su Revolución Islámica en el extranjero[12].

En Irak la GRI buscó la desestabilización interna de Irak, apoyando facciones chiitas como la organización Badr, durante la guerra irano-iraquí de la década de 1980. Por otro lado, Irán involucró a la GRI en el levantamiento de Saddam Hussein a principios de la década de 1990. A través de este tipo de influencias y encarnando el paradigma de proxy army, Irán ha ido estableciendo influencias muy directas sobre estos lugares. Incluso en Siria, este cuerpo de élite iraní tiene una gran influencia, apoyando al gobierno de Al Assad y las milicias chiitas que combaten junto a él.

Por su parte, Arabia Saudí acusa a Iran y su Guardia de proveer armas en Yemen a los hutíes (movimiento que defiende a la minoría chiita), generando una importante escalada de tensión entre ambos países[13].

La GRI se consolida, así, como uno de los factores más importantes en el panorama de Oriente Medio, impulsando la lucha entre dos bandos que quedan contrapuestos. No obstante, no es el único. De esta manera, encontramos un escenario de “guerra fría”, que acaba trascendiendo y convirtiéndose en foco internacional. Por un lado, Irán, apoyado por potencias como Rusia o China. Por el otro, Arabia Saudí, de la mano de EEUU. Esta contienda se desarrolla, en gran medida, de una manera no convencional, a través de proxy armies como Hezbolá y las milicias chiitas en Irak, en Siria o en Yemen[14].

Causas de una confrontación

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán se han extendido a todo Oriente Medio (y más allá), creando en este territorio dos bandos bien determinados, ambos con pretensión de adjudicarse la hegemonía en la zona.

Para interpretar este escenario y comprender mejor su oposición es importante, en primer lugar, distinguir dos corrientes ideológicas contrapuestas: el chiismo y el sunismo (wahabismo). El wahabismo es una tendencia religiosa musulmana de extrema derecha, de la rama del sunismo, que hoy en día es la religión mayoritaria en Arabia Saudí. El chiismo, como previamente se ha mencionado, es la corriente en la que se basa la República de Irán. No obstante, como veremos, la pugna que se desarrolla entre Irán y Arabia Saudí es política, no religiosa; está más basada en la ambición de poder, que en la religión.

En segundo lugar, encontramos en el control del tráfico del petróleo otra causa de esta rivalidad. Para entender este motivo, conviene tener en cuenta la posición estratégica que juegan los países de Oriente Medio en el mapa global al acoger las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un gran número de luchas contemporáneas se deben, en efecto, a la intromisión de las grandes potencias en la región, intentando tener un papel sobre estos territorios. Así, por ejemplo, el acuerdo de Sykes-Picot[15] de 1916 para el reparto de influencias europeas sigue condicionando acontecimientos actuales. Tanto Arabia Saudí como Irán, como venimos diciendo, poseen un protagonismo especial en estos enfrentamientos, por las razones descritas.

Bajo estas consideraciones, es importante señalar, en tercer lugar, la implicación en dichas tensiones de potencias exteriores como Estados Unidos.

Los efectos de las primaveras árabes han debilitado a muchos países de la zona. No así a Arabia Saudí e Irán, que han buscado en las últimas décadas su consolidación como potencias regionales, en gran medida gracias al respaldo que les otorga su producción y sus grandes reservas de petróleo. Las diferencias entre ambos países se ven reflejadas en la manera en la que intentan configurar la región y en los distintos intereses que pretenden lograr. Además de las diferencias étnicas entre Irán (persas) y Arabia Saudí (árabes), su alineamiento en el panorama internacional también es opuesto. El wahabismo se presenta como antinorteamericano, pero el gobierno saudí es consciente de la necesidad que tiene del apoyo de EEUU, y ambos países mantienen una conveniencia recíproca, con el petróleo como base. No sucede lo mismo con Irán.

Irán y EEUU fueron estrechos aliados hasta 1979. La Revolución Islámica lo cambió todo y desde entonces, con la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán como momento inicial especialmente dramático, las tensiones entre los dos países han sido frecuentes. La confrontación diplomática ha vuelto a ser aguda con la decisión del presidente Donald Trump de retirada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 para la no proliferación nuclear de Irán, con la consiguiente reanudación de las sanciones económicas hacía este país. Además, en abril de 2019 Estados Unidos situó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas[16], responsabilizando a Irán de financiar y promover el terrorismo como una herramienta de gobierno[17].

Por un lado, pues, está el bando de los saudís, apoyados por EEUU y, dentro de la región, por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin e Israel. Por el otro lado, Irán y sus aliados de Palestina, Líbano (parte pro-chiita) y recientemente Qatar, lista a la que podría añadirse Siria e Irak (milicias chiitas). Las tensiones aumentaron tras la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. En este último bando podríamos destacar el apoyo internacional de China o Rusia, pero poco a poco podemos observar un alejamiento de las relaciones entre Irán y Rusia.

Al hablar de la lucha por la hegemonía del control del tráfico del petróleo, es imprescindible mencionar el Estrecho de Ormuz, el punto geográfico crucial de esta contienda, donde se ven enfrentadas ambas potencias directamente. Este estrecho es una zona estratégica situada entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Por ahí pasa un 40% del petróleo mundial[18]. El control de estas aguas es, evidentemente, decisivo en el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán; así como para cualquiera de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de Oriente Medio (OPEP) en la región: Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait.

Uno de los objetivos de las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán es reducir sus exportaciones para favorecer a Arabia Saudí, su mayor aliado regional. A estos efectos, la Quinta Flota estadounidense, con sede en Baréin, tiene la tarea de proteger la navegación comercial en esta área.

El Estrecho de Ormuz “es la válvula de escape que utiliza Irán para aliviar la presión que se ejerce desde fuera del Golfo” [19]. Desde aquí, Irán intenta reaccionar ante las sanciones económicas impuestas por EEUU y otras potencias; es lo que le otorga una mayor voz en el panorama internacional, al tener capacidad de bloquear el estratégico paso. Recientemente se han dado ataques a petroleros de Arabia Saudí y otros países[20], algo que provoca una gran desestabilización tanto económica como militar en cada nuevo episodio[21].  

En definitiva, la competencia entre Irán y Arabia Saudí tiene un efecto no solo regional sino que afecta globalmente. Los conflictos que pudieran desatarse en esta área recuerdan, cada vez más, a una ya conocida Guerra Fría, tanto por los métodos en el frente de batalla (y la incidencia de las proxy armies en este frente), como por la atención que requiere para el resto del mundo, que depende de este resultado, quizá, bastante más de lo que es consciente.

Conclusiones

Desde hace varios años se ha ido consolidando un enfrentamiento regional que implica también a las grandes potencias. Esta lucha trasciende las fronteras de Oriente Medio, análogamente a la situación desencadenada durante la Guerra Fría. Sus principales agentes son las proxy armies, que impulsan luchas a través de agentes no estatales y con métodos de guerra no convencionales, desestabilizando constantemente las relaciones entre los Estados, así como dentro de los propios Estados.

Para evitar la lucha en Ormuz, países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han intentado transportar el petróleo por otras vías, por ejemplo, mediante la construcción de oleoductos. Este grifo lo tiene Siria, país por el que las conducciones deben pasar para llegar a Europa). Al fin y al cabo, la guerra de Siria se puede ver desde muchas perspectivas, pero no hay duda de que uno de los motivos de la intromisión de potencias extrarregionales es el interés económico que conlleva la costa siria.

Desde 2015 hasta ahora se libra la silenciada guerra civil de Yemen. En ella están en juego asuntos estratégicos como el control del Estrecho de Mandeb. Detrás de esta terrible guerra contra los hutíes (proxies), hay un latente miedo a que estos se hagan con el control de acceso al Mar Rojo. En este mar y cerca del estrecho se encuentra Djibouti, donde las grandes potencias han instalado bases militares para un mejor control sobre la zona.

La potencia más perjudicada es Irán, que ve su economía debilitada por las constantes sanciones económicas. La situación afecta a una población oprimida tanto por el propio gobierno como por la presión internacional. El propio gobierno acaba desinformando a la sociedad, provocando una gran desconfianza hacia las autoridades. Esto genera una creciente inestabilidad política, que se manifiesta en frecuentes protestas.

El régimen ha publicitado esas manifestaciones como protestas por las actuaciones de EEUU, como por ejemplo a raíz del asesinato del general Soleimani, sin mencionar que muchas de estas revueltas se deben al gran descontento de la población civil por las graves medidas tomadas por el ayatolá Jamenei, más centrado en procurar la hegemonía en la zona que en resolver los problemas internos.

Así, muchas veces es difícil darse cuenta de implicación de estos enfrentamientos para la mayoría del mundo. En efecto, la utilización de proxy armies no debe distraernos del hecho de la verdadera involucración de las principales potencias de Occidente y de Oriente (al verdadero modo de una Guerra Fría). Tampoco los motivos que se alegan para mantener estos frentes abiertos deben distraernos de la verdadera incidencia de lo que está en juego realmente: ni más ni menos que la economía global.

▲ Logo of Pakistan's Inter-Services Intelligence organization. It depicts Pakistan's national animal, Markhor, eating a snake [Wikipedia]

ESSAY / Manuel Lamela

Jihadism continues to be one of the main threats Pakistan faces. Its impact on Pakistani society at the political, economic and social levels is evident, it continues to be the source of greatest uncertainty, which acts as a barrier to any company that is interested in investing in the Asian country. Although the situation concerning terrorist attacks on national soil has improved, jihadism is an endemic problem in the region and medium-term prospects are not positive. The atmosphere of extreme volatility and insistence that is breathed does not help in generating confidence. If we add to this the general idea that Pakistan's institutions are not very strong due to their close links with certain radical groups, the result is a not very optimistic scenario. In this essay, we will deal with the current situation of jihadism in Pakistan, offering a multidisciplinary approach that helps to situate itself in the complicated reality that the country is experiencing.

 

 

 

1. Jihadism in the region, a risk assessment

Through this graph, we will analyze the probability and impact of various risk factors concerning jihadist activity in the region. All factors refer to hypothetical situations that may develop in the short or medium term. The increase in jihadist activity in the region will depend on how many of these predictions are fulfilled.

Risk Factors:

R1: US-Taliban treaty fails, creating more instability in the region. If the United States is not able to make a proper exit from Afghanistan, we may find ourselves in a similar situation to that experienced during the 1990s. Such scenario will once again plunge the region into a fierce civil war between government forces and Taliban groups. The proposed scenario becomes increasingly plausible if we look at the recent American actions regarding foreign policy.

R2: Pakistan two-head strategy facing terrorism collapse. Pakistan’s strategy in dealing with jihadism is extremely risky, it’s collapse would lead to a schism in the way the Asian state deals with its most immediate challenges. The chances of this strategy failing in the medium term are considerably high due to its structure, which makes it unsustainable over the time.

R3: Violations of the LoC by the two sides in the conflict. Given the frequency with which these events occur, their impact is residual, but it must be taken into account that it in an environment of high tension and other factors, continuous violations of the LoC may be the spark that leads to an increase in terrorist attacks in the region.

R4: Agreement between the afghan Taliban and the government. Despite the recent agreement between Ashraf Ghani and Abdullah Albduallah, it seems unlikely that he will be able to reach a lasting settlement with the Taliban, given the latter's pretensions. If it is true that if it happens, the agreement will have a great impact that will even transcend Afghan borders.

R5: Afghan Taliban make a coup d’état to the afghan government. In relation to the previous point, despite the pact between the government and the opposition, it seems likely that instability will continue to exist in the country, so a coup attempt by the Taliban seems more likely than a peaceful solution in the medium or long term

R6: U.S. Democrat party wins the 2020 elections. Broadly speaking, both Republican and Democratic parties are betting on focusing their efforts on containing the growth of their great rival, China.

R7: U.S. withdraw its troops from Afghanistan regarding the result of the peace process. This is closely related to the previous point as it responds to a basic geopolitical issue.

R8: New agreement between India and Pakistan regarding the LoC.  If produced, this would bring both states closer together and help reduce jihadist attacks in the Kashmir region. However, if we look at recent events, such a possibility seems distant at present.

 

 

2. The ties between the ISI and the Taliban and other radical groups

Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) has been accused on many occasions of being closely linked to various radical groups; for example, they have recently been involved with the radicalization of the Rohingya refugees in Bangladesh[1]. Although Islamabad continues strongly denying such accusations, reality shows us that cooperation between the ISI and various terrorist organizations has been fundamental to their proliferation and settlement both on national territory and in the neighboring states of India and Afghanistan. The West has not been able to fully understand the nature of this relationship and its link to terrorism. The various complaints to the ISI have been loaded with different arguments of different kinds, lacking in unity and coherence. Unlike popular opinion, this analysis will point to the confused and undefined Pakistani nationalism as the main cause of this close relationship.

The Directorate for Inter-Services Intelligence, together with the Intelligence Bureau and the Military Intelligence, constitute the intelligence services of the Pakistani State, the most important of which is the ISI. ISI can be described as the intellectual core and center of gravity of the army. Its broad functions are the protection of Pakistan's national security and the promotion and defense of Pakistan's interests abroad. Despite the image created around the ISI, in general terms its activities and functions are based on the same "values" as other intelligence agencies such as the MI6, the CIA, etc. They all operate under the common ideal of protecting national interests, the essential foundation of intelligence centers without which they are worthless. We must rationalize their actions on the ground, move away from inquisitive accusations and try to observe what are the ideals that move the group, their connection with the government of Islamabad and the Pakistani society in general.

2.1. The Afghan Taliban

To understand the idiosyncrasy of the ISI we must go back to the war in Afghanistan[2], it is from this moment that the center begins to build an image of itself, independent of the rest of the armed forces. From the ISI we can see the victory of the Mujahideen on Afghan territory as their own, a great achievement that shapes their thinking and vision. But this understanding does not emerge in isolation and independently, as most Pakistani society views the Afghan Taliban as legitimate warriors and defenders of an honorable cause[3]. The Mujahideen victory over the USSR was a real turning point in Pakistani history, the foundation of modern Pakistani nationalism begins from this point. The year 1989 gave rise to a social catharsis from which the ISI was not excluded.

Along with this ideological component, it is also important to highlight the strategic aspect; we are dealing with a question of nationalism, of defending patriotic interests. Since the emergence of the Taliban, Pakistan has not hesitated to support them for major strategic reasons, as there has always been a fear that an unstable Afghanistan would end up being controlled directly or indirectly by India, an encircle strategy[4]. Faced with this dangerous scenario, the Taliban are Islamabad's only asset on the ground. It is for this reason, and not only for religious commitment, that this bond is produced, although over time it is strengthened and expanded. Therefore, at first, it is Pakistani nationalism and its foreign interests that are the cause of this situation, it seeks to influence neighboring Afghanistan to make the situation as beneficial as possible for Pakistan. Later on, when we discuss the situation of the Taliban on the national territory, we will address the issue of Pakistani nationalism and how its weak construction causes great problems for the state itself. But on Afghan territory, from what has been explained above, we can conclude that this relationship will continue shortly, it does not seem likely that this will change unless there are great changes of impossible prediction. The ISI will continue to have a significant influence on these groups and will continue its covert operations to promote and defend the Taliban, although it should be noted that the peace treaty between the Taliban and the US[5] is an important factor to take into account, this issue will be developed once the situation of the Taliban at the internal level is explained.

2.2. The Pakistani Taliban (Al-Qaeda[6] and the TTP)

The Taliban groups operating in Pakistan are an extension of those operating in neighboring Afghanistan. They belong to the same terrorist network and seek similar objectives, differentiated only by the place of action. Despite this obvious similarity, from Islamabad and increasingly from the whole of Pakistani society, the two groups are observed in a completely different way. On the one hand, as we said earlier, for most Pakistanis, the Afghan Taliban are fighting a legitimate and just war, that of liberating the region from foreign rule. However, groups operating in Pakistan are considered enemies of the state and the people. Although there was some support among the popular classes, especially in the Pashtun regions, this support has gradually been lost due to the multitude of atrocities against the civilian population that have recently been committed. The attack carried out by the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)[7] in the Army Public School in Peshawar in the year 2014 generated a great stir in society, turning it against these radical groups. This duality marks Pakistan's strategy in dealing with terrorism both globally and internationally. While acting as an accomplice and protector of this groups in Afghanistan, he pursues his counterparts on their territory. We have to say that the operations carried out by the armed forces have been effective, especially the Zarb-e-Azb operation carried out in 2014 in North Waziristan, where the ISI played a fundamental role in identifying and classifying the different objectives. The position of the TTP in the region has been decimated, leaving it quite weakened. As can be seen in this scenario, there is no support at the institutional level from the ISI[8], as they are involved in the fight against these radical organizations. However, on an individual level if these informal links appear. This informal network is favored by the tribal character of Pakistani society, it can appear in different forms but often draw on ties of Kinship, friendship or social obligation[9]. Due to the nature of this type of relationship, it is impossible to know to what extent the ISI's activity is conditioned and how many of its members are linked to Taliban groups. However, we would like to point out that these unions are informal and individual and not institutional, which provides a certain degree of security and control, at least for the time being, the situation may vary greatly due to the lack of transparency.

2.3. ISI and the radical groups that operate in Kashmir

Another part of the board is made up of the radical groups that focus their terrorist attention on the conflict with India over control of Kashmir, the most important of which are: Lashkar-e-Taiba (Let) and Jaish-e-Mohammed (JeM). Both groups have committed real atrocities over the past decades, the most notorious being the one committed by LeT in the Indian city of Mumbai in 2008. There are numerous testimonies, in particular, that of the American citizen David Haedy, which point to the cooperation of the ISI in carrying out the aforementioned attack.[10]

Recently, Hafiz Saeed, founder of Let and intellectual planner of the bloody attack, was arrested. The news generated some turmoil both locally and internationally and opened the debate as to whether Pakistan had finally decided to act against the radical groups operating in Kashmir. We are once again faced with a complex situation, although the arrest shows a certain amount of willpower, it is no more than a way of making up for the situation and relaxing international pressure. The above coincides with the FATF's[11] assessment of Pakistan's status within the institution, which is of great importance for the short-term future of the country's economy. Beyond rhetoric, there is no convincing evidence that suggests that Pakistan has made a move against those groups. The link and support provided by the ISI in this situation are again closely linked to strategic and ideological issues. Since its foundation, Pakistani foreign policy has revolved around India[12], as we saw on the Afghan stage. Pakistani nationalism is based on the maxim that India and the Hindus are the greatest threat to the future of the state. Given the significance of the conflict for Pakistani society, there has been no hesitation in using radical groups to gain advantages on the ground. From Pakistan perspective, it is considered that this group of terrorists are an essential asset when it comes to putting pressure on India and avoiding the complete loss of the territory, they are used as a negotiating tool and a brake on Indian interests in the region.

As we can see, the core between the ISI and certain terrorist groups is based on deep-seated nationalism, which has led both members of the ISI and society, in general, to identify with the ideas of certain radical groups. They have benefited from the situation by bringing together a huge amount of power, becoming a threat to the state itself. The latter has compromised the government of Pakistan, sometimes leaving it with little room for maneuver. The immense infrastructure and capacity of influence that Let has thanks to its charitable arm Jamaat-ud-Dawa, formed with re-localized terrorists, is a clear example of the latter. A revolt led by this group could put Islamabad in a serious predicament, so the actions taken both in Kashmir and internally to try to avoid the situation should be measured very well. The existing cooperation between the ISI and these radical groups is compromised by the development of the conflict in Kashmir, which may increase or decrease depending on the situation. What is certain, because of the above, is that it will not go unnoticed and will continue to play a key role in the future. These relationships, this two-way game could drag Pakistan soon into an internal conflict, which could compromise its very existence as a nation.

▲ Avión espacial no tripulado estadounidense X-37B, al regreso de su cuarta misión, en 2017 [US Air Force]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Luis V. Pérez Gil

 

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INTRODUCCIÓN

La militarización del espacio es una realidad. Las grandes potencias han dado el paso de poner en órbita satélites que pueden atacar y destruir los aparatos espaciales del adversario o de terceros Estados. Las consecuencias para el que sufre estos ataques pueden ser catastróficas, porque sus sistemas de comunicaciones, de navegación y de defensa quedarán parcial o totalmente inutilizados. Este escenario plantea, como en la guerra nuclear, la posibilidad de un ataque preventivo destinado a evitar quedar en manos del adversario en un eventual conflicto bélico. Los Estados Unidos y Rusia disponen de la capacidad de realizar estas acciones, pero el resto de potencias no quieren estar a la zaga. El resto intenta seguir a las grandes potencias, que son las que dictan las reglas del sistema.

Las grandes potencias se disputan también en el espacio el mantenimiento de la primacía en el sistema internacional global y tratan de asegurarse de que, en caso de enfrentamiento, puedan inutilizar y destruir la capacidad de mando y control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) del adversario, porque sin satélites se reduce su capacidad de defensa frente al poder demoledor de las armas guiadas de precisión. De ello se deduce la regla de que quien domine el espacio dominará la Tierra en un conflicto bélico.

Este es uno de los principios fundamentales de la obra de Friedman sobre el poder en las relaciones internacionales en este siglo, cuando afirma que las guerras del futuro se librarán en el espacio porque los adversarios buscarán destruir los sistemas espaciales que les permiten seleccionar objetivos y los satélites de navegación y comunicaciones para inutilizar su capacidad bélica.

En consecuencia, tanto los Estados Unidos como Rusia, y también China, financian grandes programas espaciales y desarrollan nuevas tecnologías destinadas a obtener satélites no convencionales y aviones espaciales, por lo que se puede hablar sin ambages de la militarización del espacio, como veremos en los siguientes epígrafes.

Pero, antes de continuar, debemos recordar que existe un tratado internacional de carácter multilateral, denominado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que firmaron inicialmente los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética el 27 de enero de 1967, que establece una serie de limitaciones a las operaciones en el espacio. Según este tratado cualquier país que lance un objeto al espacio “retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio o en cuerpo celeste” (artículo 8). También establece que cualquier país “será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado parte (…) por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre” (artículo 7).  Esto significa que cualquier satélite espacial puede acercarse a un aparato de otro país, seguirlo o realizar observaciones remotas, pero no puede alterar o interrumpir su operatividad de ninguna manera. Es preciso aclarar que, aunque estén prohibidas las armas nucleares y las de destrucción masiva en el espacio, no existe ninguna limitación a la instalación de armas convencionales en los satélites espaciales. A instancias de Rusia y China la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido impulsando desde 2007 un proyecto de tratado multilateral que prohíba las armas en el espacio exterior, el uso de la fuerza o la amenaza de uso contra objetos espaciales, pero ha sido rechazado sistemáticamente por los Estados Unidos.

▲ Escena sobre anclaje en un asteroide para desarrollar actividad minera, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

 

[Documento de 8 páginas. Descargar en PDF]

 

INTRODUCCIÓN

La nueva carrera espacial se asienta sobre fundamentos más sólidos y duraderos –especialmente el interés económico– que la primera, que estuvo basada en la competencia ideológica y el prestigio internacional. En la nueva Guerra Fría hay también desarrollos espaciales que obedecen a la pugna estratégica de las grandes potencias, como ocurrió entre las décadas de 1950 y de 1970, pero hoy a los aspectos de exploración y defensa se unen también los intereses comerciales: las empresas están tomado el relevo en muchos aspectos al protagonismo de los Estados.

Por más que resulte discutible hablar de nueva era espacial, dado que desde el emblemático lanzamiento del Sputnik en 1957 no ha dejado de programarse actividad en distintas regiones del espacio, incluida la presencia humana (aunque acabaron los viajes tripulados a la Luna, ha habido viajes y estancias en la baja órbita terrestre), lo cierto es que hemos entrado en una nueva fase.

Hollywood, que tan bien refleja la realidad social y las aspiraciones generacionales de cada tiempo, sirve de espejo. Después de un tiempo sin especiales producciones relativas al espacio, desde 2013 el género vive un resurgimiento, con nuevos matices. Películas como Gravity, Interstellar y Marte ilustran el momento del despegue de una renovada ambición que, tras el horizonte corto del programa de transbordadores –reconocido como un error por la NASA, al focalizarse en la órbita baja de la Tierra–, entronca con la secuencia lógica de las perspectivas que abría la llegada del hombre a la Luna: bases lunares, viajes tripulados a Marte y colonización del espacio.

A nivel de imaginario colectivo, la nueva era espacial parte de la casilla donde “terminó” la previa, aquel día de diciembre de 1972 en que Gene Cernan, astronauta del Apolo 17, abandonó la Luna. De algún modo, en todo este tiempo se ha dado “la tristeza de pensar que en 1973 habíamos alcanzado como especie el punto máximo de nuestra evolución” y que después aquello se paró: “mientras crecíamos nos prometieron mochilas-cohete, y a cambio tenemos Instagram”, constata el gráfico comentario de uno de los coguionistas de Interstellar.

Algo parecido es lo que había expresado George W. Bush cuando en 2004 encargó a la NASA comenzar a preparar la vuelta del hombre a la Luna: “En los últimos treinta años, ningún ser humano ha puesto el pie en otro mundo o se ha aventurado en el espacio más allá de 386 millas [621 kilómetros de altitud], aproximadamente la distancia de Washington, DC, a Boston, Massachusetts”.

Podría fijarse ese 2004 como el comienzo de la nueva era espacial, no solo porque desde entonces viajes tripulados a la Luna y a Marte vuelven a estar en la mirilla de la NASA, sino porque entonces tuvo lugar lo que se ha considerado como el primer hito de la exploración espacial privada con el vuelo experimental del SpaceShipOne: era el primer acceso de un piloto particular al espacio orbital, algo que hasta entonces era considerado como un ámbito exclusivo del gobierno.

La prioridad estadounidense pasó luego de la Luna a alguno de los asteroides y después a Marte, para volver a ocupar el viaje a nuestro satélite el primer lugar de la agenda espacial. Regresando a la Luna la idea de “vuelta” a la exploración del espacio adquiere una especial significación.

▲ Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur, also called Kartarpur Sahib, is a Sikh holy place in Kartarpur, in the Pakistani Punjab [Wikimedia Commons]

ESSAY / Pablo Viana

Punjab region has been part of India until the year 1947, when the Punjab province of British India was divided in two parts, East Punjab (India) and West Punjab (Pakistan) due to religious reasons. After the division a lot of internal violence occurred, and many people were displaced.

East and West Punjab

The partition of Punjab proved to be one of the most violent, brutal, savage debasements in the history of humankind. The undivided Punjab, of which West Punjab forms a major region today, was home to a large minority population of Punjabi Sikhs and Hindus unto 1947 apart from the Muslim majority[1]. This minority population of Punjabi Sikhs called for the creation of a new state in the 1970s, with the name of Khalistan, but it was detained by India, sending troops to stop the militants. Terrorist attacks against the Sikh majority emerged, by those who did not accept the creation of the state of Khalistan and wished to stay in India.

The Sikh population is the dominant religious ethnicity in East Punjab (58%) followed by the Hindu (39%). Sikhism and Islamism are both monotheistic religions, they do believe on the same concept of God, although it is different on each religion. Sikhism was developed during the 16th and 17th century in the context of conflict in between Hinduism and Islamism. It is important to mention Sikhism if we talk about Punjab, as its origins were in Punjab, but most important in recent times, is that the Guru Nanak Dev[2] was buried in Pakistani territory. Four kilometres from the international border the Sikh shrine was conceded to Pakistan at the time of British India’s Partition in 1947. For followers of Sikhism this new border that cut through Punjab proved especially problematic. Sikhs overwhelmingly chose India over the newly formed Pakistan as the state that would best protect their interests (there are an estimated 50,000 Sikhs living in Pakistan today, compared to the 24 million in India). However, in making this choice, Sikhs became isolated from several holy sites, creating a religious disconnection that has proved a constant spiritual and emotional dilemma for the community[3].

In order to let the Sikhist population visit the Gurdwara Darbar Sahib[4], the Kartarpur Corridor was created in November 2019. However, there is an incessant suspicion in between India and Pakistan that question Pakistan motives. Although it seems like a generous move work of the Pakistani government, there is a clear perception that Pakistan is engaged in an act of deception[5]. Thus, although this scenario might seem at first beneficial for the rapprochement of East and West Punjab, it is not at all. Pakistan is involved in a rhetorical policy which could end up worsening its relations with India.

The division of Punjab in 1947 was like the division of Pakistan and India on that same year. Territorial disputes have been an issue that defines very well India-Pakistan relations since the independence. In the case of Punjab, there has not been a territorial debate. The division was clear and has been respected ever since. Why would Pakistan and/or India be willing to unify Punjab? There is no reason. East and West Punjab represent two different nations and three religions. If we think about reunifying Pakistan and India, the conclusion is the same (although more dramatic); too many discrepancies and recent unrest to think about bringing back together the nations. However, if the Kartarpur Corridor could be placed out of bonds for the territorial disputes between Pakistan and India (e.g. Kashmir), Islamabad and New Delhi could use this situation as a model to find out which are the pressure points and trying to find a path for identifying common solutions. In order to achieve this, there should be a clear behaviour by both parts of cooperation. Sadly, in recent times both Pakistan and India have discrepancies regarding many topics and suspicious behaviours that clearly show that they won’t be interested in complicating more the situation in Punjab searching for unification. The riots of 1947 left a terrific era on the region and now that both sides are established and no major disputes have emerged (except for Sikh nationalism), the situation should and will most likely remain as it is.

The Indus Water Treaty

The Indus Waters Treaty was signed in 1960 after nine years of negotiations between India and Pakistan with the help of the World Bank, which is also a signatory. Seen as one of the most successful international treaties, it has survived frequent tensions, including conflict, and has provided a framework for irrigation and hydropower development for more than half a century. The Treaty basically provides a mechanism for exchange of information and cooperation between Pakistan and India regarding the use of their rivers. This mechanism is well known as the Permanent Indus Commission. The Treaty also sets forth distinct procedures to handle issues which may arise: “questions” are handled by the Commission; “differences” are to be resolved by a Neutral Expert; and “disputes” are to be referred to a seven-member arbitral tribunal called the “Court of Arbitration.” As a signatory to the Treaty, the World Bank’s role is limited and procedural[6].    

Since 1948, India has been confident on the fact that East Punjab and the acceding states have a prior and superior claim to the rivers flowing through their territory. This leaves West Punjab in disadvantage regarding water resources, as East Punjab can access the highest sections of the rivers. Even under a unified control designed to ensure equitable distribution of water, in years of low river flow cultivators on tail distributaries always tended to accuse those on the upper reaches of taking an undue amount of the water, and after partition any temporary shortage, whatever the cause, could easily be attributed to political motives. It was therefore wise of Pakistan-indeed it became imperative-to cut the new feeder from the Ravi for this area and thus become independent of distributaries in East Punjab[7]. The Treaty acknowledges the control of the eastern rivers to India, and to the western rivers to Pakistan.

The main issue of water distribution in between East and West Punjab is then a matter of geography. Even though West Punjab covers more territory than East Punjab, and the water flow of West Punjab is almost three times the water flow of East Punjab rivers, the Indus Water Treaty gives the following advantage to India: since Pakistan rivers receive much more water flow from India, the treaty allowed India to use western rivers water for limited irrigation use and unlimited use for power generation, domestic, industrial and non-consumptive uses such as navigation, floating of property, fish culture and this is where the disputes mainly came from, as Pakistan has objected all Indian hydro-electric projects on western rivers irrespective of size and layout.

It is worth mentioning that with the World Bank mediating the Treaty in between India and Pakistan, the water access will not be curtailed, and since the ratification of the Treaty, India and Pakistan have not engaged in any water wars. Although there have been many tensions the disputes have been via legal procedures, but they haven’t caused any major cause for conflict. Today, both countries are strengthening their relationship, and the scenario is not likely to get worse, it is actually the opposite, and the Indus Water Treaty is one of the few livelihoods of the relationship. If the tensions do not cease, the World Bank should consider the possibility of amending the treaty, obviously if both Pakistan and India are willing to cooperate, although with the current environment, a renegotiation of the treaty would probably bring more complications. There is no shred of evidence that India has violated the Indus Water Treaty or that it is stealing Pakistan’s water[8], although Pakistan does blame India for breaching the treaty, as showed before. This is pointed out by Hindu politicians as an attempt by Pakistan to divert the attention of its own public from the real issues of gross mismanagement of water resources[9].

Pakistan has a more hostile attitude regarding water distribution, trying to find a way to impeach India, meanwhile India focuses on the development of hydro-electric projects. India won’t stop providing water to the West Punjab, as the treaty is still in force and is fulfilled by both parts. Pakistan should reconsider its role and its benefits received thanks to the treaty and meditate about the constant pressure towards India, as pushing over the limit could mean a more hostile activity carried out by India, which in the worst case scenario (although not likely to happen) could mean a breakdown of the treaty.

▲ Attack in Kashmir linked to groups of Pakistani origin [twitted by @ANI]

ESSAY / Isabel Calderas [Ignacio Lucas as research assistant]

There is a myriad of security concerns regarding external factors when it comes to Pakistan: India, Afghanistan, the Saudi Arabia-Iran split and the United States, to name a few. However, there are also two main concerns that come from within: jihadism and organized crime. They are interconnected but differ in many ways. The latter is frequently overlooked to focus on the former, but both have the capacity of affecting the country, internally and externally, as the effectiveness of dealing with them impacts the perception the international community has of Pakistan. While internally disrupting, these problems also have international reach, as such groups often export their activities, adversely affecting at a global scale. Therefore, international actors put so much pressure on Pakistan to control them. Historically, there has been much scepticism over the government’s ability, or even willingness to solve these risks. We will examine both problems separately, identifying the impact they have on the national and international arena, as well as the government’s approach to dealing with either and the future risks they entail.

1. JIHADISM

Pakistan’s education system has become a central part of the country’s radicalization phenomenon[1], in the materialization of madrassas. These schools, which teach a more puritanical version of Islam than had traditionally been practiced in Pakistan, have been directly linked to the rise of jihadist groups[2]. Saudi Arabia, who has always had very close relations with Pakistan, played a key role in their development, by funding the Ahl-e-Hadith and Deobandi madrassas since the 1970s. The Iranian revolution bolstered the Saudi’s imperative to control Sunnism in Pakistan, and the Soviet invasion of Afghanistan gave them the vehicle to do so[3]. In these schools, which teach a biased view of the world, students display low tolerance for minorities and are more likely to turn to jihadism.

Saudi and American funding of madrassas during the Soviet occupation helped the Pakistani army’s intelligence agency, the Inter-Services Intelligence (ISI), become more powerful, as they channelled millions of dollars to them, a lot of which went into the madrassas which sent mujahedeen fighters to fight for their cause[4]. The Taliban’s origins can also be traced to these, as the militia was raised mainly from Afghan refugee camps in Pakistan and Saudi-funded madrassas[5].

Madrassas are especially popular in the poorer provinces of the country, where parents send their children to them for several non-religious reasons. First, because the Qur’an is written in Arabic and madrassas teach this language[6]. The dire situation of many families forces millions of Pakistanis to migrate to neighbouring, oil-rich Arabic-speaking countries, from where they send remittances home to help support their families. Secondly, the public-school system in Pakistan is weak, often failing to teach basic reading skills[7], something the madrassas do teach.

Partly in response to the international pressure[8] it has been under to fight terrorism within its territory; Pakistan has tried to reform the madrassas. The government has stated its intention to bring madrassas under the umbrella of the education ministry, financing these schools by allocating cash otherwise destined to fund anti-terrorism security operations[9]. It plans to add subjects like science to the curriculum, to lessen the focus on Islamic teachings. However, this faces several challenges, among which the resistance from the teachers and clerical authorities who run the madrassas outstands[10].

Before moving on to the prominent radical groups in Pakistan, we would like to make a brief summary on a different cause of radicalization: the unintended effect of the drone strategy adopted by the United States.

The United States has increasingly chosen to target its radical enemies in Pakistan through the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), which can be highly effective in neutralizing objectives, but also pose a series of risks, like the killing of innocent civilians that are in the neighbouring area. This American strategy, which Pakistan has publicly criticized, has fomented anti-American sentiment among the Pakistanis, at a ratio on average of every person killed resulting in the radicalization of several more people[11]. The growing unpopularity of drone strikes has further weakened relations between both governments, but shows no signs of changing in the future, if recent attacks carried by the U.S. are any indication. Pakistan’s efforts to de-radicalize its population will continue to be undermined by the U.S. drone strikes[12].

Pakistan’s anti-terrorism strategy is linked to its geostrategic and regional interests, especially dealing with its eastern and western neighbours[13]. There are many radical groups operating within their territory, and the government’s strategy towards them shifts depending on their goal[14]. Groups like the Afghan Taliban, who target foreign invasions in their own country, and Al Qaeda, whose jihad against the West is on a global scale, have been allowed to use Pakistani territory to coordinate operations and take refuge. Their strategy is quite different for Pakistani Taliban group, Tehrik-e-Taliban (TTP) who, despite being allied with the Afghan Taliban, has a different goal: to oust the Pakistani government and impose Sharia law[15]. Most of the military’s campaigns aimed at cracking down on radicals have been targeted at weakening groups affiliated with TTP. Lastly, there are those groups with whom some branches of the Pakistani government directly collaborate with.

Pakistan has been known to use jihadi organizations to advance its security objectives through proxy conflicts.  Pakistan’s policy of waging war through terrorist groups is planned, coordinated, and conducted by the Pakistani Army, specifically the ISI[16] who, as previously mentioned, plays a vital role in running the State.

Although this has been a longstanding cause of tension between the Pakistani and the American governments, the U.S. has made no progress in persuading or compelling the Pakistani military to sever ties with the radical groups[17], even though the Pakistani government has stated that it has, over the past year, ‘fought and eradicated the menace of terrorism from its soil’ by carrying out arrests, seizing property and freezing bank accounts of groups proscribed by the United States and the United Nations[18]. Their actions have been enough to keep them off the FATF’s blacklist for financing terrorism and money laundering[19], which would prevent them from getting financing, but concerns remain about ISI’s involvement with radical groups, the future of the relations between them, the overall activity of these groups from within Pakistani territory, and the risk of a future attack to its neighbours.

We will use two of Pakistan’s main proxy groups, Lashkar-e-Tayyiba and Jaish-e-Muhammad, to analyse the feasibility of an attack in the near future.

1.1. Lashkar-e-Tayyiba (LeT)

Created to support the resistance against the Soviet invasion of Afghanistan, LeT now focuses on the insurgencies in Afghanistan and Kashmir, the highest priorities for the Pakistani military’s foreign policy. The Ahl-e-Hadith group is led by its founder, Hafiz Saeed. Its headquarters are in Punjab. Unlike its counterparts, it is a well-organized, unified, and hierarchical organization, which has become highly institutionalized in the last thirty years. As a result, it has not suffered any major losses or any fractures since its inception[20].

Since the Mumbai attacks in 2008 (which also involved ISI), for which LeT were responsible, its close relationship with the military has defined the group’s operations, most noticeably by restraining their actions in India, which reflects both the Pakistani military’s desire to avoid international pressure and conflict with their neighbour and the group’s capability to contain its members. The group has calibrated its activities, although it possesses the capability to expand its violence. Its outlets for violence have been Afghanistan and Kashmir, which align with the Pakistani military’s agenda: to bring Afghanistan under Pakistan’s sphere of influence while keeping India off-balance in Kashmir[21]. The recent U.S.-Taliban deal in Afghanistan and militarization of Kashmir by India may change this. LeT has benefitted handsomely for its loyalty, receiving unparalleled protection, patronage, and privilege from the military. However, after twelve years of restraint, Lashkar undoubtedly faces pressures from within its ranks to strike against India again, especially now that Narendra Modi is prime minister.

1.2. Jaish-e-Muhammad (JeM)

The Deobandi organization, led by its founder Masood Azhar, has had close bonds with Al-Qaeda and the Taliban since they came into light in 2000. With the commencement of the war on terror in Afghanistan, JeM reciprocated by launching an attack on the Indian Parliament on December 2001, in cooperation with LeT. However, it ignored the Pakistani military’s will in 2019 when it launched the Pulwama attack, after which the government of Pakistan launched a countrywide crackdown on them, taking leaders and members into preventive custody[22].

1.3. Risk assessment

Although it has gone rogue before, Jaish-e-Muhammad has been weakened by the recent government’s crackdown. What remains of the group, consolidated under Masood Azhar, has repaired ties with the military. Although JeM has demonstrated it still possesses formidable capability in Indian Kashmir, Lashkar-e-Tayyiba represents the main concern for an attack on India in the near future.

Lashkar has been both the most reliable and loyal of all the proxy groups and has also proven it does not take major action without prior approval from the ISI, which could become a problem. Pakistan has adopted a policy of maintaining plausible deniability for any attacks in order to avoid international pressure after 9/11, thus LeT’s close ties with the military make it more likely that its actions will provoke a war between the two countries.

The United States has tried for several years to get Pakistan to stop using proxies. There are several scenarios in which Lashkar would break from the Pakistani state (or vice versa), but they are farfetched and beyond foreign influence: a) a change in Pakistan’s security calculus, b) a resolution on Kashmir, c) a shift in Lashkar’s responsiveness and d) a major Lashkar attack in the West[23].

a) A change in Pakistan’s security calculus is the least likely, as the India-centric understanding of Pakistan’s interests and circumstances is deeply embedded in the psyche of the security establishment[24].

b) A resolution on Kashmir would trouble Lashkar, who seeks full unification of all Kashmir with Pakistan, which would not be the outcome of a negotiated resolution. More so, Modi’s recent decision regarding article 370 puts this possibility even further into the future.

c) A shift in Lashkar responsiveness would be caused by the internal pressures to perform another attack, after more than a decade of abiding by the security establishment’s will. If perceived as too powerful of insufficiently responsive, ISI would most likely seek to dismantle the group, as they did with Jaish-e-Muhammad, by focusing on the rogue elements and leaving Lashkar smaller but more responsive. This presents a threat, as the group would not allow itself to be simply dismantled but would probably resist to the point of becoming hostile[25].

d) The last option, a major Lashkar attack in the West, is also unlikely, as the group has not undertaken any major attack without perceived greenlight from ISI.

This does not mean that an attack from LeT can be ruled out. ISI could allow the group to carry out an attack if, in the absence of a better reason, it feels that the pressure from within the group will start causing dissent and fractures, just like it happened in 2008. It is in ISI’s best interest that Lashkar remains a strong, united ally. Knowing this, it is important to note that a large-scale attack in India by Lashkar is arguably the most likely trigger to a full-blown conflict between the two nations. Even a smaller-scale attack has the potential of provoking India, especially under Modi.

If such an attack where to happen, India would not be expected to display a weak-kneed gesture, as PM Modi’s policy is that of a tough and powerful approach in defence vis-à-vis both Pakistan and China. This has already been made evident by its retaliation for the Fidayeen attack at Uri brigade headquarters by Jaish-e-Muhammad in 2016[26]. It has now become evident that if Pakistan continues to harbour terrorist groups against India as its strategic assets, there will be no military restraint by India as long as Modi is in power, who will respond with massive retaliation. In its fragile economic condition, Pakistan will not be able to sustain a long-drawn war effort[27].

On the other hand, Afghanistan, which has been the other focus of Pakistan’s proxy groups, is now undergoing a process which could result in a major organizational shift. The Taliban insurgent movement has been able survive this long due to the sanctuary and support provided by Pakistan[28]. Furthermore, Lashkar-e-Tayyiba’s participation in the Afghan insurgency furthered the Pakistani military’s goal of having a friendly, anti-India partner on its western border[29]. The development and outcome of the intra-Afghan talks will determine the continued use of proxies in the country. However, we can realistically assume that, at least in the near future, radical groups will maintain some degree of activity in Afghanistan.

It is highly unlikely that the Pakistani intelligence establishment will stop engaging with radical groups, as it sees in them a very useful strategic tool for achieving its security goals. However, Pakistan’s plausible deniability approach will come into question, as its close ties with Lashkar-e-Tayyiba make it increasingly hard for it to deny involvement in its acts with any credibility. Regarding India, any kind of offensive from this group could result in a large-scale conflict. This is precisely the most likely scenario to occur, as Modi’s history with Lashkar-e-Tayyiba and their twelve-year-long “hiatus” from impactful attacks could propel the organization to take action that will impact the whole region.

2. DRUG TRAFFICKING

Drug trafficking constitutes an important problem for Pakistan. It originates in Afghanistan, from where thousands of tonnes are smuggled out every year, using Pakistan as a passageway to provide the world with heroin and opioids[30]. The following concept map has been elaborated with information from diverse sources[31] to present the different aspects of the problem aimed to better comprehend the complex situation.

 

 

Afghanistan, one of the world’s largest heroin producers, has supplied up to 60% and 80% of the U.S. and European markets, respectively. The landlocked country takes advantage of its blurred border line, and the remoteness and inaccessibility of the sparsely populated bordering regions with Pakistan, using it as a conduct to send its drugs globally. The Pakistani government is under a lot of pressure from the international community to fight and minimize drug trafficking from its territory.

Pakistan feels a special kind of pressure from the European Union, as its GSP+ status could be affected if it does not control this problem. The GSP+ is dependent on the implementation of 27 international conventions related to human rights, labour rights, protection of the environment and good governance, including the UN Convention on Fighting Illegal Drugs[32]. Pakistan was granted GSP+ status in 2014 and has shown commitment to maintaining ratifications and meeting reporting obligations to the UN Treaty bodies[33]. However, one of the aspects of the scheme is its “temporary withdrawal and safeguard” measure, which means the preferences can be immediately withdrawn if the country is unable to control drug trafficking effectively[34]. This has not been the case, and the EU has recognized Pakistan’s efforts in the fight on drugs; the UN has also removed it from the list of cannabis resin production countries[35]. Anti-corruption frameworks have been strengthened, along with legislation review and awareness building, but they have been advised that better coordination between law enforcement agencies is needed[36].

The GSP+ status is very important to Pakistan, as the European Union is their first trade partner, absorbing over a third of their total exports in 2018, followed by the U.S., China and Afghanistan[37]. The Union can use this as leverage to obtain concessions from Pakistan. However, the approach they have taken so far has been of collaboration in many areas, including transnational organized crime, money laundering and counter-narcotics[38]. In this sense, the EU ambassador to Pakistan recently stated that the new Strategic Engagement Plan of 2019 would “further boost their relations in diverse fields”[39].

Even with combined efforts, erradicating the drug trafficking problem in Pakistan has proven to be very difficult. This is because production of the drug is not done in its territory, and even if border patrols are strengthened, it will be very hard to stop drugs from coming in from its neighbour if the Afghan government doesn’t take appropriate measures themselves.

 

 

A “5 whys” exercise has led us to understand that the root cause of the problem is the fact that most farmers in Afghanistan are too poor to turn to different crops. A nearly two decade war has ravaged the country’s land, leaving opium crops, which are cheaper and easier to maintain, as the only option for most farmers in this agrarian nation. A substantial investment in the country’s agriculture to produce more economic options would be needed if any serious advance is expected to be made in stopping illegal drug trafficking. These investments will have to be a joint effort of the international community, and funding for the government will also be necessary, if stability is to be reached. Unless this is done, opium will likely remain entangled in the rural economy, the Taliban insurgency, and the government corruption whose sum is the Afghan conundrum[40]. And as long as this does not happen, it is highly unlikely that Pakistan will be able to make any substantial progress in its effort to fight illicit drugs.

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

 

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

[Scott Martelle, William Walker's Wars. How One Man's Private Army Tried to Conquer Mexico, Nicaragua, and Honduras. Chicago Review Press. Chicago, 2019. 312 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

La historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina es larga. En pleno Destino Manifiesto de expansión hacia el Oeste de mediados de siglo XIX, para extender el país de costa a costa, también hubo intentos de ampliar la soberanía hacia el Sur. A quienes ocuparon la Casa Blanca les bastó con la mitad de México, que completaba un holgado acceso al Pacífico, pero hubo iniciativas personales de intento de compra e incluso de conquista de territorios centroamericanos.

Una de esas iniciativas fue protagonizada por William Walker, que al frente de varios cientos de filibusteros –la Falange Americana–, arrebató la presidencia de Nicaragua y soñó con un imperio esclavista que atrajera las inversiones de los sureños estadounidenses si la esclavitud se abolía en Estados Unidos. Walker, de Tennessee, intentó primero crear una república en Sonora, para integrar ese territorio mexicano en EEUU, y luego centró su interés en Nicaragua, que entonces resultaba un paso atractivo para los estadounidenses que querían cruzar el istmo centroamericano con destino a las minas de oro de California, donde él mismo había buscado fortuna. Desautorizado y detenido varias veces por las autoridades de EEUU, debido a los problemas que les ocasionaba con los gobiernos vecinos, finalmente fue expulsado de Nicaragua por las armas y murió fusilado cuando intentaba regresar asentando un pie en Honduras.

El libro de Scott Martelle es tanto un retrato del personaje –alguien sin especiales dotes de liderazgo y con una apariencia más bien delicada impropia de un jefe de mercenarios, que no obstante supo generar expectativas lucrativas entre quienes le siguieron (2.518 estadounidenses llegaron a alistarse)–, como una crónica de sus campañas militares al Sur de Estados Unidos. Igualmente describe bien el ambiente a mitad del siglo XIX en ciudades como San Francisco y Nueva Orleans, repletas de migrantes procedentes de otras partes del país y en tránsito hacia donde les llevara la fortuna.

También ofrece un detallado relato de la empresa desarrollada por el magnate Vanderbilt para establecer una ruta, inaugurada en 1851, que utilizaba el río San Juan para llegar al lago de Nicaragua y de allí salir al Pacífico, con ánimo de establecer una conexión ferroviaria y el ulterior propósito de construir en pocos años un canal. Aunque el trayecto por tierra era más largo que el que en ese momento también se trazaba en similares condiciones en el istmo de Panamá, el desplazamiento en barco desde EEUU hasta Nicaragua era más breve que el que obligaba llegar hasta Panamá. Esto último explica que durante la segunda mitad del siglo XIX el proyecto de canal de Nicaragua tuviera más adeptos en Washington que el de Panamá.

Si bien Panamá es uno de los símbolos de la injerencia de EEUU en su «patio trasero», el éxito de la obra del canal transoceánico y su devolución a los panameños desactivan en gran medida una «leyenda negra» que sigue en pie en el caso nicaragüense. Nicaragua es probablemente el país centroamericano que más ha experimentado el «imperialismo» de EEUU. El episodio de Walker (1855-1857) marca un comienzo; luego siguieron las intervenciones militares del propio Gobierno estadounidense (1912-1933), el estrecho apoyo de Washington a la dictadura de los Somoza (1937-1979) y la implicación directa en el combate contra la Revolución Sandinista (1981-1990).

Walker llegó a Nicaragua atraído por el interés estadounidense en el paso interoceánico y con la excusa de ayudar a uno de los bandos que se enfrentaban en una de las tantas guerras civiles entre conservadores y liberales que se daban en las excolonias españolas. Elevado a jefe del Ejército, en 1856 fue elegido presidente de un país en el que apenas pudo controlar el área cuyo centro era la ciudad de Granada, en la orilla norte del lago de Nicaragua.

A medida que asentó su poder se alejó de cualquier idea inicial de integración de Nicaragua en EEUU y soñó con forjar un imperio centroamericano que incluso incluyera México y Cuba. En su estrategia entró la esclavitud, que en Nicaragua se había abolido en 1838 y él la reinstauró en 1856. La imaginó como un medio de impedir que Washington renunciara a ampliar su soberanía a esos territorios, dados los equilibrios internos en EEUU entre estados esclavistas y no esclavistas, y como atracción de capital de los esclavistas sureños. Finalmente fue expulsado del país en 1857 gracias el empuje de un ejército reunido por los países vecinos. En 1860 intentó un regreso, pero fue apresado y fusilado en Trujillo (Honduras). Su aventura estuvo alimentada por la creencia en la superioridad del hombre blanco y anglosajón, que le llevó a despreciar las aspiraciones de los pueblos hispanos y a sobreestimar la capacidad bélica de sus mercenarios.

El libro de Martelle responde más a un propósito historicista que divulgativo, por lo que su lectura no es tanto para el gran público como para los interesados específicamente en el fulibusterismo de William Walker: un episodio, en cualquier caso, de conveniente conocimiento sobre el pasado centroamericano y la relación de Estados Unidos con el resto del Hemisferio Occidental.

[Maria Zuppello, Il Jihad ai Tropici. Il patto tra terrorismo islamico e crimine organizzato in America Latina. Paese Edizioni. Roma, 2019. 215 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

Normalmente vinculamos la yihad con Oriente Medio. Si acaso, también con el Sachel africano, abriendo el mapa hacia el oeste, o con la frontera de Afganistán, Pakistán e India, abriéndolo hacia el este. Sin embargo, Latinoamérica tiene también un sitio en esa geografía. Lo tiene como lugar para la financiación de la lucha terrorista –la cocaína supone un negocio que los islamistas aprovechan, como ocurre con la heroína en el caso concreto de los talibanes– y también como espacio en el que pasar desapercibido, fuera de radar (las playas caribeñas o brasileñas son el último lugar que se imaginaría como escondite de yihadistas).

Yihad en los trópicos, de la investigadora italiana Maria Zuppello, se ocupa precisamente de ese aspecto menos conocido del yihadismo mundial: los yihadistas de la caipiriña, por decirlo de un modo gráfico, para acentuar la normalidad con la que viven esos elementos radicalizados en el contexto latinoamericano, aunque se trata de redes criminales más siniestras de lo que puede sugerir el nombre.

La investigación de Zuppello, que tiene como subtítulo “el pacto entre terrorismo islámico y crimen organizado en América Latina”, se ocupa de diversos países, aunque es en Brasil donde la autora sitúa las principales conexiones con el resto de la región y con las estructuras internacionales de distintos grupos yihadistas. En concreto, señala la vinculación entre el líder religioso Imran Hosein, que propaga doctrinas salafistas, y el atentado contra la sala de fiestas Bataclan de París, pues su predicación tuvo una especial responsabilidad en la radicalización de uno de los terroristas, Samy Amimour. Zuppello también analiza los contactos cruzados de los brasileños que fueron detenidos en 2016 en la operación Hashtag, en la recta final de la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.

El libro de Zuppello comienza con una presentación a cargo de Emanuele Ottolenghi, investigador que trabaja en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank de Washington. Ottolenghi es un experto en la presencia de Hezbolá en América Latina, sobre la que ha escrito numerosos artículos.

En esa presentación, Ottolenghi destaca la colaboración establecida entre elementos yihadistas y ciertos niveles de la izquierda latinoamericana, especialmente la bolivariana. “Los mensajes extremistas difieren poco de la retórica de la revolución antiimperialista de la izquierda radical, profundamente enraizada durante décadas en América Latina”, afirma. Esto explica “el atractivo de la revolución islámica para los descendientes de los incas en la remota comunidad andina de Abancay, a cuatro horas de viaje de Machu Picchu, y para los revolucionarios cubanos y salvadoreños (ahora dedicados a extender la palabra de Jomeini en América Central)”.

Para Ottolenghi, “el tema central de la alianza roji-verde entre bolivarianos e islamistas es la llamada resistencia frente el imperialismo estadounidense. Tras esa retórica revolucionaria, sin embargo, hay más. La creación de una alianza estratégica entre Teherán y Caracas ha abierto la puerta de Latinoamérica a los guardias revolucionarios iraníes y a Hezbolá. Venezuela se ha convertido en un centro para los agentes de Irán en la región”.

Los tráficos ilícitos generan millones de dinero negro que es lavado a través de circuitos internacionales. En ese proceso tienen importancia “las comunidades de la diáspora libanesa”, en áreas como La Guaira (entre Venezuela y Colombia), la isla Margarita (Venezuela), la zona franca de Colón (Panamá) y la Triple Frontera (entre Brasil, Paraguay y Argentina)

Precisamente esa Triple Frontera ha sido el lugar habitual al que referirse a la hora de hablar de Hezbolá en Latinoamérica. Los atentados ocurridos en Buenos Aires en 1992 y 1994 contra la Embajada de Israel y la AMIA, respectivamente, tuvieron allí su origen operativo y desde entonces se ha documentado con frecuencia la vinculación financiera de ese rincón geográfico con el grupo extremista chií. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder se produjo una convergencia entre Venezuela e Irán que amparó la obtención de pasaportes venezolanos por parte de radicales islamistas, los cuales también fueron haciéndose con parte del negocio del narcotráfico a medida que el propio Chávez metía al estado venezolano en el negocio de la cocaína.

La convergencia de intereses entre las redes de crimen organizado en la región y los elementos yihadistas lleva a plantearnos, según Zuppello, si “Latinoamérica acabará siendo el nuevo cajero automático para la financiación de la yihad global”, o incluso “en algo más: un escondite de combatientes extranjeros en fuga o una nueva plataforma para ataques, o ambos”.

Uno de los aspectos concretos a los que se refiere Zuppello es el sector del halal y sus certificaciones, que está creciendo exponencialmente, lo que ha provocado la preocupación de las autoridades de la lucha antiterrorista en diversos países, que acusan a ese sector de ocultar la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. El comercio de carne halal ha dado cobertura a docenas de inspectores de carne iraníes, que se han asentado de manera permanente en la región.

Investigaciones como la realizada en Yihad en los trópicos han llevado a que 2019 por primera vez diversos países latinoamericanos aceptaran reconocer a Hezbolá como grupo terrorista.

[Edgar A. Porter & Ran Yin Porter, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation. Amsterdam University Press. Amsterdam, 2017. 256 p.]

REVIEW / Rut Natalie Noboa Garcia

World War II has provided much inspiration for an entire genre of literature. However, few works fail to capture Asian perspectives on the beginning, development, end, and consequences of World War II. Additionally, the attitude and outlooks of defeated parties are often left out of popularized discussions of conflicts. Because of these two factors, Japanese perspectives during the war and occupation have often served as only minor discussions in World War II literary work.

This sets the stage for Edgar A. Porter and Rin Ying Porter’s Japanese Reflections on World War II and the American Occupation, which presents the experiences of ordinary Japanese citizens during the period. The book specifically focuses on the rural Oita prefecture, located on the eastern coast of the island of Kyushu, a crucial yet critically unacknowledged place in Japan’s role in World War II. Hosting the Imperial Japanese Navy base that served as the headquarters for the Pearl Harbor attack, being the hometown of the two Japanese representatives that signed the terms of surrender at the USS Battleship Missouri, serving as the place for the final kamikaze attack against the United States, and providing much of Japan’s foot soldiers for the conflict, Oita is ripe with unchronicled, raw, and diverse accounts of the Japanese experience. 

The collective stories of the 43 interviewees, who lived through the war and occupation present the varied perspectives of soldiers, sailors, and pilots, who are often at the center of war discussions and experiences, but also that of students, teachers, nurses, factory workers and more, providing a multidimensional portrayal of the period.

The book begins with the early militarization of the Oita prefecture, specifically in Saiki, the location for one of the most crucial bases for the Japanese Imperial Navy. This first chapter features the perspectives of young Saiki citizens raised during the period who still see the Pearl Harbor attack with a conflicted yet enduring pride, setting the stage for following interesting discussions on Japanese post-war sentiment. 

Another important aspect addressed by the Porters in this work is the mass censorship and indoctrination that took place in Japan during the war period. During this time, media censorship and military-based education helped to obscure the actual happenings of the conflict, particularly in its earlier years, as well as rallying the population in support for the Japanese navy. As well as presenting censored portrayals of the war itself, local Oita editorials both highlighted and encouraged public support for the war and the glorification of death and martyrdom. This indoctrination is also acknowledged by the Porters in relation to traditional Japanese Shinto beliefs on the emperor, specifically his divine origins. Japan's media portrayals of the conflict concerning to the state and emperor as well as its moral education curriculum feed into each other, applying moral pressure to the support of war efforts. 

Japanese Reflections on World War II and the American Occupation also provides particularly interesting insights on East Asian regionalism, particularly from the perspective of Imperial Japan, which viewed itself as an “older brother leading the newly emerging members of the Asian family towards development” and promoted the idea that the Japanese were racially superior to other Asian ethnic groups. The first-hand accounts of many of the atrocities committed by Japanese in cities such as Nanjing and Shanghai as well as their glorification by the Japanese press add to the book’s depth and relevance.

As the war approached an end, conflict reached Oita. The targeting of civilians and the bombing of factories during American air raids lowered Oita morale. Continued air raids on Oita City, the prefecture’s capital city, rapidly fueled the region’s fear and resentment towards American soldiers. 

In conclusion, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation manages to present important first-hand accounts of Japanese life during one of the most consequential moments in modern history. The impact of these events on current Japan is particularly interesting when it comes to Japanese culture, especially when it comes to the glorification of war in Japanese education as well as the rising tide of Japanese nationalism.