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[Roberto Valencia, Carta desde Zacatraz. Libros del K.O. Madrid, 2018. 384 págs]
RESEÑA / Jimena Villacorta
La historia de El Directo –un joven salvadoreño al que a sus 17 años se le atribuían 17 asesinatos, que entró y salió de la cárcel y finalmente fue sentenciado por sus compañeros de mara– sirve de lienzo para un cuadro aún mayor: el grave problema social que suponen las pandillas violentas en Centroamérica, singularmente en El Salvador.
Roberto Valencia, un periodista español que lleva casi veinte años residiendo en ese país centroamericano, ha dedicado tiempo y esfuerzo a abordar en profundidad este problema como reportero de “El Faro”, portal informativo salvadoreño galardonado por sus investigaciones. Carta desde Zacatraz (como los medios locales llaman a la prisión de máxima seguridad de Zacateoluca) es un relato periodístico que a través de una historia concreta expone el panorama más amplio de una realidad verdaderamente compleja.
El 11 de septiembre de 2012 fue la primera vez que Valencia se sentó a platicar con Gustavo Adolfo Parada Morales, alias El Directo, alguien que durante años había acaparado la atención de los medios, a pesar de la existencia de otros miles de jóvenes implicados en las maras. Ese contacto personal animó al periodista a buscar otros testimonios, hasta completar un libro que recoge la voz directa de Parada y la de personas que le conocieron, a partir de entrevistas con quienes le querían, como su madre o su esposa, y con quienes se enfrentaron a él, como algunos jueces.
Fruto de un embarazo no deseado, El Directo nació el 25 de enero de 1982 en la ciudad de San Miguel. Apenas dos décadas después era ya el hombre más peligroso y temido de El Salvador, o por lo menos así lo proyectaban los medios. Miembro de la Pana di Locos, clica de la Mara Salvatrucha, se convirtió en el principal enemigo público. Desde los 17 años, acusado de otros tantos asesinatos (de los que solo reconoció seis) y diversos crímenes, El Directo estuvo en tres centros de internamiento de menores y nueve cárceles. Tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida en Costa Rica, pero la echó a perder. No logró irse a Estados Unidos. Estuvo libre por varios meses, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Policía lo volviera a capturar.
A través de la vida de Parada, el autor proyecta el fenómeno de las maras en El Salvador. Hace un énfasis en cómo este fenómeno afecta sobre todo a las clases más bajas, mientras que el resto de la sociedad no se percata de la completa magnitud del problema y, por tanto, no se interesa en buscar una solución. Cómo es posible, se plantea Valencia, que una sociedad como la salvadoreña, con 6,5 millones de habitantes, tolere un promedio de 10 homicidios diarios, por no mencionar los otros numerosos delitos, en un país en el que el 1% de la población son pandilleros.
Las medidas de represión aplicadas por los gobiernos de la derecha (ARENA) y de la izquierda (FMLN) no han mejorado el problema de las pandillas. Estas han ido creciendo, tanto fuera como dentro de los centros de detención, muchos de los cuales se encuentran en un estado deplorable. Precisamente la condición de las cárceles agrava la situación: la infraestructura está dañada, hay una gran insalubridad y el hacinamiento es extremo. En la mayoría de las prisiones, los dirigentes pandilleros tienen una gran parte del control y desde ellas dominan sus respectivas organizaciones. “El sistema penitenciario de El Salvador es el más hacinado del hemisferio, afirmación certificada por la Organización de los Estados Americanos”, constata Valencia.
El Directo pasó por diversos encarcelamientos, donde fue gravemente herido en múltiples ocasiones, unas veces por orden de la Mara Salvatrucha, que le declaró traidor y le amenazó de muerte, y otras por policías y empleados de centros penitenciarios. Después de algunos meses en la cárcel decidió reformarse y renunciar a su actividad en la MS. Esto le trajo diversas oportunidades, pero regresó a la prisión. Finalmente fue asesinado en 2013, a los 31 años, por miembros de su nueva mara, La Mirada Locos, pues había sido acusado de mandar matar a alguien de la organización con cuya esposa había tenido un romance.
Es interesante observar cómo en un país donde se registran una gran cantidad de crímenes, durante al menos diez años el caso de El Directo tuvo una absoluta prioridad en los medios, que muchas veces exageraron el historial delictivo de Parada. “Vivimos en un país donde se ha amnistiado a grandes asesinos. La droga circula con relativa libertad y, a pesar de que funcionarios de la Policía han dicho que hay nombres importantes de la empresa, del aparato estatal y del ejército involucrados en el tráfico de droga, no hemos visto ninguna detención a ese nivel”, declara a Valencia el rector de la Universidad Centroamericana, José María Tojeira. Y añade: “La evasión del impuesto sobre la renta es un vicio bastante extendido entre los sectores más pudientes. La policía se maneja todavía con un grado de corrupción significativa. A los diputados se les perdona o se les investiga actos en los que la vida o el honor de otros ciudadanos han sido severamente amenazados”. Por su parte, Fernando Sáenz Lacalle, arzobispo emérito de San Salvador, lamenta que periodistas, comentaristas, analistas y políticos repitieran una y otra vez, “como coro de iglesia, el falso estribillo de los 17 años, 17 asesinatos”. En su opinión, “quizás se les pasó de la mano en exhibición y prepotencia”, según recoge Valencia.
Roberto Valencia concluye que el problema de los medios de comunicación es que al principio se mostraron benevolentes con las maras, y luego magnificaron el fenómeno, sin hablar de las medidas represivas y las políticas utilizadas para combatirlas.
Carta desde Zacatraz no es un libro condescendiente, pero la crítica no ahoga toda esperanza. Advierte de que los salvadoreños se han acostumbrado a vivir con este problema. Hoy en día es más común evitar ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, que tratar de luchar por mejorar al país. Pero alienta la confianza en que vidas destrozadas como la de El Directo sirvan para que las nuevas generaciones quieran para ellas algo mejor.
Washington alerts on the increase of violent, transnational gangs and estimates that MS-13 has reached an all-time high with 10.000 members
The Trump Administration has reported on the increase of violent, transnational gangs within the United States, specifically on Mara Salvatrucha, also known as MS-13, which also keeps a connection to the organization in Central America’s Northern Triangle. Even though United States’ President Donald Trump has addressed this issue demagogically, criminalizing immigration and overlooking the fact that said organization originated in Los Angeles, California, the Federal Bureau of Investigation (FBI) asserts such organizations are recruiting more youths than ever and demanding more violent behavior from its members. American authorities estimate these gangs are partially controlled from El Salvador, although this hierarchy is not as clear.
▲ Mara Salvatrucha graffiti [Wikimedia Commons]
ARTICLE / Lisa Cubías [Spanish version]
Never has probably an utterance of the word “animal” caused as much controversy in the US as President Donald Trump’s reference to MS-13 gang members on May 16th, 2018. Initially, it seemed as a reference to all undocumented immigrants, thus provoking immediate and widespread rejection; it was then clarified that the address referred to gang members illegally entering the United States to commit acts of violence. Trump placed his already declared war on gangs within the frame of his zero tolerance immigration policies and reinforcement of national bodies, such as the Immigration and Customs Enforcement, in order to reduce immigration flows from Latin America to the United States.
The description of the phenomenon of gangs conformed by Latin American youths as a migratory issue had already surfaced on President Trump’s State of the Union address on January 28th, 2018. Before the US Congress, he shared the story of two American teenagers, Kayla Cuevas and Nisa Mickens, who were brutally murdered by six MS-13 gang members on their way home. He asserted that the perpetrators took advantage of loopholes in immigration legislation and reiterated his stance that the US Congress must address and fill in such loopholes in order to prevent gang members from entering the United States through them.
Despite Trump’s demagogical simplification of the issue at hand, truth is that such organizations were born in the US. They are, as The Washington Post said, “as American-made as Google.” They originated in Los Angeles, California, first due to Mexican immigration and furthered by the arrival of immigrants and refugees from the armed conflicts taking place in Central America. El Salvador saw the rise and fall of long twelve years of civil war between the government and left-wing guerrilla groups during the 1980s. The extent and brutality of the conflict, along with the political and economic instability the country was undergoing propelled an exodus of Salvadorans towards the United States. The flow of youths from El Salvador, Honduras and Guatemala propelled the rise of Mara Salvatrucha, also known as MS-13, and the 18th Street gang, both related to the already existing Mexican Mafia (The M).
When peace arrived in Central America during the 90s, various of such youths returned to their home countries, either following their families or expelled by American authorities due to their ongoing criminal activity. In this way it was that gangs began their criminal activity in the Northern Triangle, where to this date continue constituting a critical social problem.
Transnationality
According to the US Department of Justice, there are around 33.000 violent street gangs, with a total of 1,4 million members. MS-13, with around 10,000 enlisted youths, represents 1% from the total figure and in 2017 only 17 members were indicted, and still deserves the White House’s complete attention. At the margin of possible political interests on behalf of the Trump administration, truth is that US authorities have emphasized its increase and danger, besides stating certain commands are given all the way from El Salvador. Such transnationality is viewed in an alarming light.
The United States does not recognize MS-13 as a terrorist organization, as it is not included in their National Strategy for Counterterrorism, released during October 2018. It is instead catalogued as a transnational criminal organization, as mentioned by a document issued by the US Department of Justice on April 2017. According to the report, several of its leaders are imprisoned in El Salvador and are sending representatives to cross into the United States illegally to unify the gangs operating on US territory, while forcing US based MS-13 gangs to send their illegal profits back to gang leaders in El Salvador and motivating them to exert more control and violence over their territories.
According to the FBI, MS-13 and 18th Street “continue to expand their influence in the US.” These transnational gangs “are present in almost every state and continue to grow their memberships, now targeting younger recruits more than ever before.” The US Attorney General warned in 2017 that they numbers are “up significantly from just a few years ago.” “Transnational criminal organizations like MS-13 represent one of the gravest threats to American safety,” he said.
Stephen Richardson, assistant director of the FBI's criminal investigative division, told Congress in January 2018 that the mass arrests and imprisonment of MS-13 members and mid-level leaders over the past year in the US have frustrated MS-13 leaders in El Salvador. “They're very much interested in sending younger, more violent offenders up through their channels into this country in order to be enforcers for the gang,” he told the House Committee on Homeland Security.
The transnational character of MS-13 is contested by expert Roberto Valencia, author of articles and books on the maras. He works as journalist in El Faro, a leading investigative reporting digital media outlet in El Salvador; his latest book, titled Carta desde Zacatraz (Letter from Zacatraz), was just published some months ago.
“At first, gangs in Los Angeles served as moral guides over those who migrated back to El Salvador during the 90s. Some of the veteran leaders living now in El Salvador grew up in Los Angeles and they have kept personal and emotional ties with the gang structures where they were enrolled,” Valencia tells Global Affairs. “Notwithstanding,” he says, “that doesn’t imply an international connection: everyone, regardless of where they live, believe they are the gang’s essence and are not subordinated to other's country organization.” “They share a deeply personal relationship and that is not as easily dissolved, but the link as organization broke time ago,” he sums up.
Valencia strongly rejects any interference by the MS-13 chapter in the United States into the one in El Salvador. Instead, he admits there could be some type of influence going the other way around, as Salvadoran gang members in the United States “can be deported to El Salvador and end up in Salvadoran jails, where they can be punished by the jail mafias.”
Migrants: cause or consequence?
Roberto Valencia also addresses President Trump and his references to gangs: “Trump speaks about MS-13 in order to win votes under the premise of migration policy that ends up criminalizing every single immigrant. It is outrageous Trump presents them as the cause, when gangs actually started in the US. In fact, the vast majority of the Northern Triangle’s emigrants arrive in the United States escaping from gangs.”
In Central America, the control gangs exert over low-income territory ranges from the request of “rent” for businesses located within their areas, to forcing and threatening old women to take care of unregistered newly born children and “requesting” young girls to act as the gang’s head girlfriend or otherwise be killed along with her family. The request for young girls is an extremely common cause for migration, which also denotes the misogynistic culture in Latin American countries’ rural areas.
The majority of President Trump’s remarks have depicted MS-13 as a threat to public safety and stability of American communities. Nevertheless, the Center for Immigration Studies, prominent independent and non-profit research organization, conducted a research on MS-13 impact in the United States and the immigration measures the administration should take to control their presence. It catalogues MS-13 and other gangs as a threat to public safety, sharing President Trump’s point of view. Notwithstanding, its view is not influenced by the political landscape, and it specifically refers to gangs alone; no mention of regular immigrants or those travelling the recent caravans is made and tied with criminal activity of said impact.
Greg Hunter, American criminal defense attorney and former member from the Arlington County Bar Association Board of Directors from 2002 until 2006 and active member at the Criminal Justice Act Panel for the United States District Court for the Eastern District of Virginia since 2001 until the present day, has closely worked with gang-related criminal cases and affirms how cases related to shoplifting and illegal migration are far more frequent than those that are catalogued as threats to public safety or to the “American community,” such as drug trafficking and murders. He also alluded to the fact that this organizations are not centralized and operate under the same identity and yet don’t follow the same orders. Efforts have been made to centralize operations but have proven ineffective.
It is crucial to consider statistical trends on the influx of immigrants in the face of the recent immigrant caravans parting from the Northern Triangle, which have proven to be a focal and recent point of discussion in the gang debate. Upon the news of their departure towards the United States, President Trump catalogued the entirety of the immigrants composing caravans as “stone cold criminals,” essentially contradicting previous US Customs and Border Protection records. In its Security Report for 2017, it depicts a total of 526,901 illegal immigrants with denied entry, from which 310,531 where apprehended and 31,039 arrested. Among the arrested immigrants there were only 228 MS-13 members (there were 61 members of the 18th Street gang as well). Instead, caravans are composed from various citizens fleeing the violence caused by MS-13 in the Northern Triangle, rather than gang members seeking to take their criminal activities towards the United States.
Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros
La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.
▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]
ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]
Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.
La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.
A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).
Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.
Trasnacionalidad
Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.
Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.
El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.
Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.
“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.
Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.
Migrantes: ¿causa o consecuencia?
Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.
En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.
En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.
El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.
Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.
Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).