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Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

  • De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

  • El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

  • La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

 

Tránsito irregular de extranjeros en 2018

 

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica

After a record production of opium poppies in Mexico and overdose deaths in the US the problem has stopped growing

  • Less amount of heroin is reaching the US market: Mexican authorites eradicated 29,207 hectares of poppy crops in 2017, and 17,288 hectares in the first half of 2018

  • US President Trump signed in October 2018 the Opioid Crisis Response Act; a National Drug Control Strategy was published in January 2019

  • Mexico is the main transit route into the US for fentanyl originating from China; Mexican anti-narcotics operations try to exert more control over this trade

Cultivation of opium poppies (Papaver somniferum), the variety of poppies (Papaver) with the highest concentration of narcotics [DEA]

▲ Cultivation of opium poppies (Papaver somniferum), the variety of poppies (Papaver) with the highest concentration of narcotics [DEA]

ARS 2019 ReportMarcelina Kropiwnicka [PDF version]

The severe opioid crisis experienced by the United States in recent years, with a record number of deaths by drug overdoses in 2017, apparently began to remit in 2018, according to the first available data. Both the efforts of the United States to confront the epidemic and of Mexico in eradicating opium poppy crops seem to be bearing fruit.

The dramatic increase in opium cultivation and heroin production in Mexico in the last years trigered drug consumption in the US. Besides, Mexico is the main route into the US for fentanyl, an opioid narcotic which is behind the US opioid epidemic as well.

After four years of sharp increase, the number of deaths in the United States due to opioid overdose rise in 2017 to 47,600, twice as many as in 2010. The main part of those deaths was due to the consumption of prescription opioids (17,029), followed by overdose deaths involving heroin (15,482). In both cases, the increase was mainly due to the use of synthetic narcotics, basically fentanyl, as prescription drug or mixed with heroin.

The first data referring to 2018 provided by the US health authorities seem to reflect a stabilization in the number of deaths due to opioid overdoses, which would at least indicate that the problem has stopped growing. Along with the efforts of the US administration to put in place a stricter regulation for the prescription of certain medicines, especially affecting synthetic opiates, there is a greater eradication of illicit crops in Mexico, with special emphasis on the cultivation of opioid poppies.

In 2017 the Mexican authorities proceeded to eradicate 29,207 hectares of this crop, thus limiting the heroin that in 2018 could reach the US domestic market. In 2018 eradication accelerated: in the first half of the year, the crop of 17,288 hectares was eliminated. This is a progress highlighted by the latest International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), published in Mach 2019 by the US Department of State.

Heroin production

Illicit heroin and fentanyl have been infecting US neighborhoods for years. Initially, the source for almost all heroin found in the US was from Southern Asia. Over the past few decades, however, the trade for heroin has changed drastically. Most of the heroin found in US communities comes from South America, and namely Mexico. This has been fueled by a number of factors, including increased production and trafficking by criminal organizations. These current tendencies in drug trafficking lead to opioid abuse, and represent a considerable shift in outcomes. This has obliged the governments in both countries to instill and coordinate new law enforcement responses.

The United States is home to the largest heroin market in the Americas. Created from the milky sap scraped from the seedpod of an opium poppy, heroin can be transformed into multiple forms. These include powder, viscous tar, pills, a rock-like black substance and more. In addition to this, the substance has different degrees of purity, with white powder heroin being the purest and black tar-like heroin being the most impure. Heroin can also be administered through a number of means, but most commonly is smoked, injected or snorted.

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), most of the heroin trafficked into the US comes from Mexico. Along with this, Mexican poppy cultivation and heroin production have been on the rise, especially over the past decade, contributing to the ever-increasing threat to the United States. In fact, 2017 was the year Mexican poppy cultivation and heroin production reached a record high, as the Office of National Drug Control Policy of the White House reafirmed in August 2018: poppy cultivation in Mexico rose 38 percent, from 32,000 hectares in 2016 to 44,100 hectares in 2017; it went from 685 tons to 944 tons of potential opium production, and from 81 tons to 111 tons of potencial pure heroin elaboration, almost five times 2012 levels.

Evaluations carried out by the US Drug Enforcement Agency (DEA) in its October 2018 report National Drug Threat Assessment (NDTA) stated that Mexico accounts for 91 percent (by weight) of heroin found in the US. A similar figure is given by the World Drug Report (WDR) published by the UNODC in June 2018: “Analysis of heroin samples in the United States over the past decade shows the increasing predominance of Mexico (90 percent of samples analysed in 2015) as a source country of the drug.” According to the INCSR, the Department of State report already mentioned, Mexico is especially focused on producing heroin, marijuana, and methamphetamine that is destined for the US; it is also a main transit route– originating from China–for other important triger of the opioid crisis in the US: fentanyl.

Fentanyl

Fentanyl’s availability is widespread and surging. While there are licit forms of the opioid, such as painkillers and anaesthetics, illicit production and trafficking of it are on the rise. The new trend is rooted toward mixing synthetic opiate fentanyl in Mexico’s tarry black heroin, without the consumer’s knowledge. Fentanyl is a synthetic opioid that is approximately 50 times more potent than heroin and 100 times stronger than morphine. The opioid is much cheaper when it comes to production, mainly because rather than being grown on a farm it is manufactured in a laboratory. The decreased cost for the traffickers and increased high for users signifies that drug producers have begun to cut their heroin with fentanyl.

The DEA warns that Mexican cartels present an intense threat to US neighborhoods mainly given their dominance in heroin and fentanyl exports). It also noted that a majority of the samples that were seized and analyzed involved fentanyl in its powder form. The concern arising from this is that fentanyl could be pressed into counterfeit pills, mainly because most drug abusers use prescription pain pills rather than heroin. This means that the creation of such counterfeit pills could ultimately affect a larger population of individuals.

The increase in heroin related deaths has been primarily linked to heroin being combined with fentanyl. The counterfeit pills could increase deaths due to fentanyl and white powder heroin looking alike. Consequently, users are unaware that the heroin they have purchased contains fentanyl, thus removing the user's ability to know the potency of the drug and preventing them from correctly dosing in respect to their tolerance level.

 

Mexico Poppy/Heroin

 

Solving the problem

The opioid epidemic suffered by the US in the last years was confronted in 2018 by the Trump administration with some special measures. In October 2018 President Trump signed the Opioid Crisis Response Act, which gave more powers to the US health authorities to monitor the situation and extended the controls on patient access to some specific drugs. In January 2019 a National Drug Control Strategy was published by the White House in order to take extra steps to protecting the public through effective drug abuse prevention, addiction treatment and use of law enforcement actions.

Apart from these new tools, the US relies on a long-standing relationship with Mexico regarding anti-narcotic matters. Both countries set up in 2008 the Merida Iniciative, which allows the US to assist the Mexican authorities in different fields. It includes several measures in order to improve law enforcement operations: training and equipment to dismantle covert drug labs, cutting-edge airport security training, advanced inspection tools equipped along border crossings and checkpoints, and so forth in order to improve law enforcement operations, among others. Results have already been seen, as Mexican units trained by US officials have seized more than 300 illicit laboratories since 2015. In addition to this, canines donated by the initiative have helped detect a significant amount of illicit drugs attempting to pass the border.

Categorías Global Affairs: Norteamérica Seguridad y defensa Artículos

El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

  • En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

  • El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

  • Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

Nuevos piratas del Caribe

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

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Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULOAne Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

Categorías Global Affairs: Norteamérica Seguridad y defensa Artículos Espacio

El encaje de Panamá en la Ruta de la Seda y la ruptura con Taiwán de nuevos países del área sitúan los intereses chinos a las puertas de EEUU

  • Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en la Patagonia

  • Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital

  • La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 2005; se han firmado unos 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018

Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

▲ Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

Informe SRA 2019Jimena Villacorta [Versión en PDF]

La República Popular de China estrechó en 2018 su relación con América Latina, especialmente con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín desarrolló otras actuaciones en la región y sobre todo mejoró su posición estratégica en América Central, para preocupación de Estados Unidos.

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron su reconocimiento diplomático de Taiwán para pasar a establecer plenas relaciones con China. En mayo lo hizo la República Dominicana, país integrado en algunos de los acuerdos centroamericanos, y en agosto lo hizo El Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en Centroamérica (de los 18 países que siguen reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están en el istmo americano: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres microestados), China cuenta ya con suficiente espacio para sus operaciones logísticas.

Panamá se ha convertido en un interesante objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 Panamá recibió la designación de nación más favorecida por parte de China, y en diciembre Xi Jinping realizó la primera visita de un presidente chino al país. En el marco de esa visita, Pekín anunció que existen 20 compañías chinas realizando operaciones en territorio panameño, como la construcción de terminales marítimas a ambos lados del canal interoceánico, del cual China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de todo el tráfico), después de Estados Unidos. Además existen otras 70 empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, de la que China es el principal proveedor. Panamá es pieza fundamental para el propósito sugerido por las autoridades chinas de extender a Latinoamérica el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, para lo cual ambos países firmaron un memorándum, el primero con esa finalidad en la región.

Alerta de EEUU

Créditos de China a Latinoamérica

La influencia de Pekín en Panamá ha generado suspicacias en Washington. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, ya indicó en su comparecencia ante el Senado la preocupación por el posicionamiento chino en el entorno del Canal. En septiembre EEUU llamó a consultas a la encargada de negocios de su embajada panameña para analizar esa actividad, y en octubre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su inquietud en una visita al país. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante el Senado en lo “particularmente preocupante” que constituye “el esfuerzo de China para ejercer control sobre infraestructuras clave asociadas con el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre la construcción por parte de China de puertos en el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el almirante, “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Precisamente uno de los puertos que China podría tomar control fue objeto de debate político en El Salvador, donde el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para designar zona económica especial el entorno del puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La embajadora de EEUU en El Salvador acogió la iniciativa advirtiendo que el interés mostrado por China hacia La Unión, reconocido por las autoridades salvadoreñas, podría derivar en el uso de las instalaciones como base militar china.

El aumento de la actividad de China en Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como se ve, con un incremento paralelo de las alertas desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el relativo a la estación de seguimiento y observación espacial construida y gestionada por China en la Patagonia argentina, a la que en febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el marco de su visita al Capitolio. El temor es que, al ser dirigida por una empresa dependiente del Ejército chino, la estación pueda tener uso militar, aunque el Gobierno argentino ha requerido el compromiso de Pekín de que eso no ocurra.

Créditos y Venezuela

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a la región un total de 7.700 millones de dólares en créditos, lo que supuso un ligero incremento respecto a 2017, tras dos años de descensos, aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con mayor volumen, de acuerdo con la base de datos financiera China-Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Desde 2005, la inversión directa china ha sido de 141.000 millones de dólares, la mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo de China (CDB) y casi la mitad destinados a Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 correspondieron a Venezuela, que así obtenía una asistencia que desde que comenzó 2007 solo le faltó en 2008 y 2017.

Si inicialmente la inversión estuvo más destinada a la industria extractiva, con el tiempo China ha ido entrando también en el sector de las infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 150 proyectos de infraestructura de transportes, de los cuales en 2018 casi la mitad se habían iniciado.

La vinculación financiera especial con Caracas, básicamente a cambio de petróleo a futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar el reconocimiento de la designación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, China negó en marzo de 2019 el visado al representante nombrado por Guaidó en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que por primera vez iba a celebrar en territorio chino su reunión anual. Esto fue visto como la primera intervención de China en la política regional americana, valiéndose del creciente peso de sus créditos e inversiones en diversos países.

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de diversas maneras. En 2018 se conocieron detalles de la ayuda tecnológica prestada por el gigante chino de telecomunicaciones ZTE para desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por el Gobierno venezolano, en una implementación que busca el control social.

También hubo apoyo al régimen chavista con el envío de un buque hospital a Venezuela, en septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una semana en aguas venezolanas, un mes después de que el Pentágono anunciara que estaba programando el envío del Comfort, un buque con diversos quirófanos y otras instalaciones médicas, a Colombia para allí atender a los venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria del vecino país.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica

El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

  • Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

  • El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

  • La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

 

Mapa 1: amarillo, frente de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz; rosa, desertores que no se sumaron al acuerdo. 

Mapa 2: azul, presencia del ELN en municipios que controlaban las FARC; rojo, municipios de antiguo control de las FARC

 

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.

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El cambio de Gobierno y su visión más estricta han ralentizado la implementación del acuerdo, pero este avanza en su aplicación

La implementación del acuerdo de paz en Colombia se está llevando a cabo con más lentitud de la que preveían quienes lo firmaron hace dos años, pero no ha habido la parálisis o incluso la crisis que vaticinaban quienes se opusieron a la elección de Iván Duque como presidente del país. La última estimación habla de un cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de paz cercano al 70%, si bien ya se está produciendo un incumplimiento en el 30% restante.

El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

▲ El presidente colombiano, Iván Duque, en una acto público [Efraín Herrera-Presidencia]

ARTÍCULOMaría Gabriela Fajardo

Iván Duque llegó a la Casa de Nariño –la sede de la presidencia colombiana– con el lema “Paz con Legalidad”, título que sintetizaba su compromiso de aplicar el acuerdo de paz, firmado en noviembre de 2017, pero reduciendo los márgenes de impunidad que a su juicio y el de su partido, el Centro Democrático, existían para los antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando se cumple un año de su elección como presidente, cabe realizar un análisis de cómo está siendo la implementación del acuerdo de paz.

Cerca del 70% de las disposiciones del acuerdo se han cumplido ya, total o parcialmente, o lo harán en el tiempo fijado, de acuerdo con la estimación del Instituto Kroc, encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de paz. Según su tercer informe, publicado en abril, el 23% de los compromisos se han cumplido completamente, el 35% han alcanzado niveles avanzados de implementación y se espera que el 12% se cumplan del todo en el momento estipulado. Con todo, existe casi un 31% del contenido del acuerdo que no se ha comenzado a ejecutar, cuando debía estar ya en marcha.

Las Naciones Unidas, a las que el acuerdo concede un papel supervisor, han subrayado los esfuerzos realizados por el nuevo Gobierno para activar las distintas instancias previstas en el texto. En su informe al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó a finales de 2018 la puesta en marcha de la Comisión de Seguimiento, Promoción y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Como ha indicado Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el informe de Guterres estimó positivamente que se hubiera “obtenido la aprobación de 20 proyectos colectivos y 29 proyectos individuales de excombatientes en proceso de reincorporación, valorados en 3,7 millones de dólares y que beneficiarán en total a 1.340 excombatientes, incluidas 366 mujeres”. Esos proyectos han contado con la participación de las gobernaciones de Antioquia, Chocó, Cauca, Meta, Santander, Sucre y Valle del Cauca, las cuales han facilitado mesas departamentales de reincorporación para coordinar esfuerzos locales y regionales, involucrando así en mayor medida a la sociedad civil colombiana.

La ONU también ha expresado algunas preocupaciones, compartidas por la sociedad civil colombiana. La principal tiene que ver con la seguridad en algunas de las zonas históricas del conflicto en las que un elevado número de líderes sociales han sido asesinados. Los asesinatos se han concentrado en Antioquia, Cauca, Caquetá, Nariño y Norte de Santander. De esta forma, a lo largo 2018 fueron asesinados al menos 226 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La Defensoría del Pueblo situó la cifra en 164.

Además, como ha recordado Rosende, en muchas de las comunidades indígenas han tenido lugar asesinatos, amenazas y desplazamiento forzoso. Esto se ha dado en territorios étnicos de los pueblos awá, embera chamí y nasa en Caldas, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

Junto a los éxitos y las preocupaciones, la ONU también apunta una serie de retos que tiene por delante el posconflicto. Por un lado, está el de garantizar a los excombatientes una necesaria seguridad jurídica, generando confianza y produciendo reales avances en cuestión de reinserción social y política. Otro gran desafío es lograr el funcionamiento autónomo y efectivo de mecanismos clave como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición o Comisión de la Verdad. Además, está también el reto social de atender a las comunidades afectadas por el conflicto, las cuales reclaman seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y alternativas viables contra las economías ilegales.

Aspectos controvertidos

Los asuntos relacionados con la JEP han centrado las mayores controversias de la actuación de Duque. En marzo, el mandatario presentó objeciones formales a la ley que regula la JEP, de la que desea modificar seis puntos de sus 159 artículos. Dos de ellos se refieren a la extradición de excombatientes, algo que ahora no se contempla si colaboran con el sistema de justicia transicional, especialmente en el caso de delitos cometidos tras la firma del acuerdo. Duque también plantea una reforma constitucional que excluya de la JEP los crímenes sexuales contra menores, determine la pérdida de todos los beneficios si hay reincidencia en un delito y transfiera a la justicia ordinaria los casos de conductas ilegales comenzadas antes del acuerdo y que continuaron después. Las objeciones fueron rechazadas en el mes de abril por la Cámara de Representantes y también por el Senado, aunque la validez del resultado en este último quedó en cuestión, alargando así el debate.

Una nueva polémica puede suscitarse cuando en el mes de agosto deba darse fin a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En ellos o en sus alrededores todavía se encuentran alrededor de 5.000 excombatientes. El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha manifestado que para ese momento, con la ayuda de la FARC (el partido político que sucedió a la guerrilla) y el Gobierno, los excombatientes deben contar con trabajo, tener claro cuál va a ser su residencia y estar preparados para la reincorporación a la vida civil.

Dentro del proceso de reincorporación, es preocupante la falta de cumplimiento por parte de los cabecillas de las FARC de su compromiso, estipulado en el acuerdo de paz, de permanecer hasta el final en los ETCR con el fin de contribuir con su liderazgo a la buena marcha del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, diversos jefes han abandonado esos territorios, entre ellos “el Paisa”, quien además no se ha presentado ante la JEP, por lo que esta ha reclamado su captura.

Tampoco el antiguo cabecilla Iván Márquez está colaborando con el sistema de justicia transicional, retrasando sucesivas veces su comparecencia ante la JEP alegando cuestiones de seguridad. Márquez ha mencionado el asesinato de 85 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz, y ha acusado al Gobierno de serios incumplimientos.

Está además el caso de Jesús Santrich, quien como Márquez había adquirido un asiento en el Congreso gracias a la implementación del proceso de paz. Santrich se encuentra detenido desde abril de 2018 con base a una circular roja de la Interpol a petición de los Estados Unidos, que le acusa del envío de 10 toneladas de cocaína realizado después de la firma del acuerdo de paz.

Un tema bastante abordado desde el momento de las negociaciones tiene que ver con la erradicación forzada y aspersión de cultivos. El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018, dando lugar a que miles de familias campesinas acordaran con el Gobierno Nacional sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos como el Guaviare se dio de manera voluntaria la erradicación de cultivos, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— firmaron acuerdos de sustitución y se espera que este número continúe aumentando a lo largo del 2019. Según el gobierno de Colombia, citando cifras del Departamento de Estado de Estados Unidos, se han sembrado más de 209.000 hectáreas de hoja de coca, una muy cifra superior a la de la época de Pablo Escobar, según cifras presentadas por el presidente Iván Duque el mes pasado ante la Corte Costitucional.

Los beneficios de la paz son indiscutibles y queda mucho por hacer para consolidarla. Es una labor que no puede dejarse solamente en manos del Gobierno, sino que requiere del apoyo de los excombatientes, de sus antiguos cabecillas y de la sociedad civil. El gran reto es acelerar la implementación del acuerdo y disminuir la polarización política, todo en busca de lograr la reconciliación nacional.

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Moscú estrecha su relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el ‘near abroad’ de Estados Unidos

  • Exhibición militar de Putin en Caracas: envío de bombarderos (diciembre de 2018), de fuerzas especiales (enero de 2019) y de un centenar de militares (marzo 2019)

  • El jefe del Comando Sur estadounidense denuncia propósitos “no benignos” de la Escuela de Policías abierta por Rusia en Managua para la formación agentes centroamericanos

  • El acuerdo para instalar en Cuba una estación de Glonass reaviva las sospechas de que los rusos pueden volver a usar la isla para el espionaje sobre EEUU como en la Guerra Fría

Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

▲ Recibimiento del ministro de Defensa venezolano a dos bombarderos rusos en el aeropuerto de Maiquetía, en diciembre de 2018 [Emisión de RT]

Informe SRA 2019 Irene Isabel Maspons [Versión en PDF]

En los últimos años Latinoamérica se ha convertido en un escenario cada vez más estratégico para la Rusia de Vladimir Putin. Aunque no es la principal área de atención del Kremlin, sus calculados movimientos en la zona le permiten ganar influencia en el flanco sur de Estados Unidos. Desde 2006 Rusia ha aumentado sus intereses en la región, tomando como incentivo la menor atención de EEUU hacia el resto del continente por el cambio de prioridades que en 2001 supuso el 11-S y aprovechando la aparición desde entonces de gobiernos populistas de izquierda, en un ciclo político inaugurado con la llegada Hugo Chávez al poder.

La relación de Rusia ha sido especial con los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) –Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia–, singularmente con los tres primeros, pues eso le permite confrontar geopolíticamente a Estados Unidos en el Caribe, como en su día hizo la URSS. Siendo uno de los principales países productores de armamento, Rusia ha vendido también armas a otros países latinoamericanos, pero además de un trato comercial, en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba se ha establecido una relación estratégica.

La vinculación se ha estrechado en el último año con esas tres naciones: la última gran crisis abierta en Venezuela ha hecho a este país aún más dependiente de Moscú; el cambio presidencial y constitucional operado en Cuba ha llevado a La Habana a asegurarse el patrocinio ruso en este tiempo de complicada transición, mientras que la actividad de Rusia en Nicaragua ha suscitado la alerta pública del Pentágono.

El hecho que desde otoño pasado Estados Unidos se refiera a Venezuela, Cuba y Nicaragua como “eje del mal” en el Hemisferio Occidental obedece precisamente a la percepción en Washington de una mayor actuación de Rusia en la región. Si el último decenio marcó el “regreso” de Rusia al Caribe, en 2018 se registró el “regreso” de Estados Unidos a una política de prioritaria atención a lo que ocurre en esa zona geográfica, precisamente por la mayor actividad de Rusia, y también de China. Moscú está demostrando a EEUU (y a sus aliados) que puede ser recíproco ante la presión que está recibiendo en su propio near abroad, como destaca un reciente informe del Instituto Elcano, y Washington ha comenzado a contestar esos movimientos.

Por otra parte, 2018 fue un año electoral en un buen número de países. La Casa Blanca alertó de la posibilidad de que Moscú quisiera interferir especialmente en México, para propiciar la elección de Andrés Manuel López Obrador, por considerarle incómodo para EEUU. Aunque en volúmenes poco considerables, México es el segundo socio comercial de Rusia en Latinoamérica, tras Brasil, y el segundo comprador de armas rusas, a mucha distancia de Venezuela (el tercer país es Perú). No obstante, no hubo pruebas de que en esas u otras elecciones latinoamericanas se produjera especial actividad rusa. Sí que hay evidencias, no obstante, de que las capacidades rusas para la diseminación de fake news en la globosfera hispanohablante han contado con la ayuda de redes venezolanas.

Venezuela

La influencia de Rusia en Venezuela en el último año ha sido visible en diversos aspectos. Por seguir un orden temporal, cabe mencionar la puesta en marcha de la criptomoneda Petro, presentada en febrero de 2018 como una forma de efectivo digital supuestamente vinculado al valor de las reservas petroleras de Venezuela. Una investigación realizada por la revista Time reveló que empresarios rusos habían actuado de asesores del Gobierno de Nicolás Maduro para el lanzamiento del Petro, si bien el Ministerio de Finanzas ruso negó que las autoridades de Moscú estuvieran involucradas en la iniciativa. Con la creación de esta moneda virtual, Maduro esperaba tener un mecanismo para evadir las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los bonos venezolanos y PDVSA. De existir un interés ruso, este podría haber sido aprovechar el Petro para evadir alguna de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EEUU y de la Unión Europea, aunque el Petro demostró pronto su poca utilidad como vehículo financiero.

Con el agravamiento de la situación en Venezuela –desde las elecciones presidenciales avanzadas al mes de mayo de 2018, cuyo resultado no fue reconocido por un gran número de países, a las consecuencias de la juramentación de Juan Guairó en enero de 2019 como presidente legítimo del país–, elementos militares rusos han protagonizado una exhibición de apoyo a Maduro. En diciembre dos bombarderos estratégicos Tupolev-160 aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, como parte de unas supuestas maniobras conjuntas entre ambos países. Al mes siguiente, Reuters reportó la presencia en Venezuela de contratistas militares privados llegados de Rusia, pertenecientes a la compañía privada Wagner, la cual ha prestado diversos servicios al Kremlin. En marzo de 2019 dos aviones de carga del Ministerio de Defensa ruso descargaron en Maiquetía un centenar de militares, con el general Vasily Tonkoshkurov, jefe de personal del Ejército, al frente y 35 toneladas de diverso material militar no especificado, que supuestamente pudo estar destinado a la implementación de la protección antiaérea del área de Caracas.

En 2018 Rusia prosiguió, con su política de créditos, la toma de posiciones en los sectores petrolero y minero venezolanos. Si bien los 17.000 millones de dólares que Rusia ha dado en crédito a Venezuela desde 2006 –la mayoría para la compra de armamento ruso– quedan muy por detrás de los 67,2 millones de dólares otorgados por China desde 2007 a cambio de petróleo a futuro, lo cierto es que el Kremlin se ha convertido en el último par de años en un sostén mayor del régimen de Maduro: en 2016 China bajó a 2.200 millones de dólares sus préstamos a Venezuela y no otorgó ninguno en 2017; solo a finales de 2018 volvió a volúmenes previos, con un crédito de 5.000 millones de dólares. En cambio Rusia ha estado auxiliando muy activamente el sector energético venezolano a través de Rosneft, que en 2016 se hizo como garantía de un préstamo con el 49% de las acciones de Citgo, la filial de PDVSA y uno de los grandes activos de la estatal venezolana. En 2017 Rusia aceptó refinanciar 3.150 millones de dólares de la deuda contraída por Venezuela, atrasando casi todos los pagos hasta 2023.

El último compromiso tuvo lugar en la reunión que Putin y Maduro mantuvieron en diciembre en Novo Ogaryovo, la residencia presidencial rusa a las afueras de Moscú. A su término, Maduro anunció que en el encuentro se había “garantizando” una inversión petrolera por superior a los 5.000 millones de dólares y contratos por más de 1.000 millones de dólares para la explotación de oro”, ampliando así también a ese metal precioso la cartera de intereses rusos en el país caribeño.

Por otra parte, en marzo de 2019 Maduro ordenó el traslado de la oficina de PDVSA para Europa desde Lisboa a Moscú, con el objetivo de evitar su confiscación ante el reconocimiento progresivamente obtenido por Juan Guaidó como presidente en los países europeos.

Nicaragua

Parte de la alerta de Estados Unidos expresada en el último año acerca de la creciente actividad de Rusia en la región corrió a cargo del Pentágono. En su comparecencia ante el Congreso de febrero de 2018, el entonces jefe del Comando Sur, el almirante Kurt W. Tidd, ya trasladó la preocupación estadounidense por la mayor presencia de Rusia y China en zonas de las Américas de interés estratégico para Washington. Esa denuncia adquirió una mayor concreción en la siguiente comparecencia anual en el Capitolio de su sucesor, el almirante Craig S. Faller, quien en su intervención de febrero de 2019 indicó que Rusia está usando la región “para diseminar información, recoger inteligencia sobre Estados Unidos y proyectar poder”. En una entrevista concedida entonces a la Voz de América, Faller se refirió, entre otros aspectos concretos, a varias iniciativas de Rusia en Nicaragua.

El jefe del Comando Sur puso especial énfasis en el Centro de Capacitación Profesional de la Policía que Rusia ha construido y dirige en Nicaragua, inaugurado en octubre de 2017 y destinado a la formación de policías centroamericanos en la lucha contra la droga y el crimen organizado. “No se qué otros propósitos podría tener ese centro, pero estoy seguro que no todos son ingenuos y benignos”, dijo Faller.

Ya en 2017 fue reportado que alrededor de doscientos militares rusos rotan su presencia en Nicaragua, acuartelados la mayor parte de ellos en las instalaciones militares de Puerto Sandino, en la costa pacífica, que a efectos prácticos funciona como una base rusa.

Las advertencias de Faller sobre recolección de inteligencia en la región por parte de Rusia tienen que ver en alguna medida con una estación satelital instalada por Rusia en Managua, a poca distancia de la Embajada de Estados Unidos. Desde 2013, Rusia ha emplazado en Latinoamérica cuatro estaciones de su sistema de posicionamiento Glonass: cuatro estaciones se encuentran en Brasil y en 2017 se instaló una Nicaragua. A diferencia de las estaciones en Brasil, las cuales son manejadas con transparencia y fácil acceso, la construida en Managua está rodeada de secretismo y esto ha generado dudas sobre su verdadero uso, pudiendo tratarse de una instalación destinada a escuchas.

En mayo de 2018, la corporación científica industrial Sistemas de Fabricación de Equipos de Alta Precisión (SPP, por sus siglas en ruso) comunicó haber firmado un contrato para emplazar en Cuba una estación de mediciones para el sistema de navegación Glonass.

 

Presencia de Rusia en el Caribe

 

Cuba

Ese último anuncio dio pie a nuevos rumores sobre la posibilidad de que Rusia reactivara en Cuba la base Lourdes, que durante la Guerra Fría contó con grandes medios como centro de inteligencia de señales para el espionaje de EEUU. Moscú ha negado hasta el momento que existan proyectos en ese sentido. En cambio, sí ha expresado el deseo de contar con una base militar en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como en alguna ocasión ha sugerido el propio Ministerio de Defensa ruso, sin que después esos planes se hayan concretado oficialmente.

En 2018 las relaciones entre La Habana y Moscú se estrecharon institucionalmente, con la primera visita de un presidente cubano a Rusia en casi una década. La sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel llevó a ambos países a escenificar su mutuo compromiso frente las expectativas occidentales sobre cambios políticos en la isla. Unos meses antes de esa visita, ambos países firmaron diversos acuerdos para la colaboración en áreas como la industria del acero, el deporte y los servicios aduaneros, al tiempo que apostaron por fortalecer la colaboración bilateral, el comercio y las inversiones del país euroasiático en la isla.

A raíz de la grave crisis venezolana, en mayo de 2017 Rusia retomó la entrega de importantes cantidades de petróleo a Cuba, como había hecho décadas atrás, con el fin ahora de compensar la reducción de crudo enviado por Venezuela. En un primer acuerdo, Rosneft se comprometió a suministrar 250.000 toneladas de petróleo y productos refinados, aunque no consta por cuánto tiempo y posiblemente se trató de un auxilio temporal o intermitente.

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El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

  • Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

  • El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

  • El Gobierno insular desarrolló en 2018 un nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

▲ Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

Informe SRA 2019Ignacio Yárnoz [Versión en PDF]

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretodo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanos y caribeños.

Según una investigación de Simon Cottee, profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la custodia de algunos menores de edad.

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

 

 

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos: 

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como declaró al New York Times el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son muy respetados y hablan inglés”.

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico The Guardian el investigador de la Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa´ad at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadi”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico. 

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con Jesse Morton, un ciudadano estadounidense que trabajaba con Zachary Chesser para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de Germaine Lindsay, uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed Mizanur Rahman y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago.

Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico The Guardian y de periódicos de Trinidad y Tobago

Lista elaborada a partir de las sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU e información del diario británico The Guardian y de periódicos de Trinidad y Tobago

 

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Entrevista con el embajador Francisco Pascual de la Parte, autor de “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017” 

Francisco Pascual de la Parte, durante la presentación de su libro [Manuel Castells]

▲ Francisco Pascual de la Parte, durante la presentación de su libro [Manuel Castells]

ENTREVISTAVitaliy Stepanyuk

Pocos tienen un conocimiento tan directo de las relaciones de Rusia con Ucrania y otros territorios de la antigua URSS como Francisco Pascual de la Parte, quien ha sido ministro-consejero de la Embajada de España en Moscú, embajador en Kazajstán y cónsul general en San Petersburgo, entre otros destinos. Es autor del libro “El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017”. Durante su presentación en la Universidad de Navarra, Global Affairs pudo conversar extensamente con el diplomático español sobre la crisis ucraniana y la política exterior rusa.

1. Desde el punto de vista de la geopolítica de la región, ¿quiénes son los principales actores?

Los principales actores en la crisis ucraniana se dividen en dos grupos: los que participan directamente en el conflicto armado y los que no participan en él, pero sí intervienen en la crisis. Los principales actores, obviamente, son el Gobierno ucraniano y los separatistas de las autoproclamadas Repúblicas pro-rusas del Donbass (regiones de Donetsk y Lugansk), respaldados y armados por Rusia.

En un segundo círculo concéntrico, los actores son Ucrania y Rusia, que se ha anexionado Crimea en respuesta al derrocamiento del presidente ucraniano pro-ruso Viktor Yanukovich, y que, como digo, apoya además a los separatistas ucranianos.

En un tercer círculo concéntrico, se sitúa la discrepancia entre Rusia y la Unión Europea (UE), que estima ilegal la anexión de Crimea y la intervención rusa en el Donbass, por lo que ha impuesto sanciones económicas, respondidas por Rusia.

En un cuarto círculo concéntrico tenemos una rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, que acusa a Moscú de violar la integridad territorial de Ucrania y menoscabar con ello la seguridad en Europa. Este enfrentamiento tiene consecuencias para todo el planeta, ya que genera desconfianza y hostilidad entre ambas superpotencias que repercute en sus relaciones mutuas, fundamentalmente en los tratados de desarme y en sus posiciones en crisis como las de Siria, Corea del Norte, Venezuela y cualquier parte del mundo.

Por último, tenemos el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, a la que Rusia imputa la iniciativa hostil de haberse extendido hacia el Este, provocando con ello la reacción rusa cuando, teóricamente, tras la caída de la URSS, la OTAN había prometido no llevar a cabo su ampliación.

Todos estos son los actores. Unos participan en el primer círculo concéntrico, otros en el segundo y otros en todos.

2. En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es el principal objetivo en esta lucha?

La respuesta a esta pregunta dependerá del actor en el que nos centremos. Obviamente no persiguen lo mismo los líderes de las repúblicas rebeldes que el Gobierno ucraniano o que el Gobierno ruso. En mi opinión, el régimen ruso persigue garantizar su seguridad mediante la recuperación del rango de gran potencia. Al controlar el espacio postsoviético e impulsar la Unión Económica Euroasiática (UEE) incluyendo a Ucrania, Rusia preveía fortalecer su posición internacional. Pero al negarse Ucrania a formar parte de la UEE y preferir una Asociación con la UE de Bruselas, ese plan de Rusia quedó muy dañado. En otras palabras, como decía Brzezinski, antiguo consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rusia con Ucrania es un imperio, pero sin Ucrania es un estado normal. Pero como no se resigna a ser un Estado normal, no quiere perder el control sobre Ucrania. Rusia estima que sólo así puede garantizar su seguridad.

El fin que persiguen las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk no está muy claro, porque ha ido cambiando con el tiempo. Primero era la autonomía, después la independencia, después la anexión a Rusia y después otra vez la autonomía. Varios de los líderes que proclamaban la independencia han desaparecido en extrañas circunstancias, siendo reemplazados por otros líderes.

En este momento el liderazgo de esas repúblicas está enteramente bajo el control de Moscú. Teóricamente, de ello habría que concluir que el fin de la Repúblicas de Donetsk y Lugansk es el mismo que el fin de los líderes rusos. Pero yo no estoy tan seguro, ya que había dirigentes en los gobiernos de esas repúblicas que, al principio, querían otro tipo de Estado. Es decir, no formar parte de Ucrania, pero tampoco de Rusia, aunque dieran primacía a la relación con esta. Una especie de Estado que fuera autónomo tanto de Rusia como de Ucrania, pero dentro del denominado “mundo ruso”: conjunto de pautas culturales, creencias y costumbres que identifican al pueblo ruso, basado en los valores tradicionales de la Rusia de los zares. Algunos de sus líderes más nacional-patriotas propugnaron, tras proclamar la secesión, fidelidad a la ortodoxia, protección a la familia, prohibición de los abortos, el juego, la prostitución, el divorcio… En fin, un gobierno que no hubiera encontrado encaje ni en una Ucrania integrada en la UE, abierta, por tanto, a asimilar la ideología de género y otros valores contrarios al “mundo ruso”, ni en una Rusia como la actual, que ellos consideraban gobernada por excomunistas descreídos y antiguos jefes de los servicios de inteligencia soviéticos. Los primeros dirigentes separatistas rebautizaron a su nuevo Estado como “Novorrossiya”, retomando el nombre de la Ucrania Oriental en la época zarista, cuyos territorios habían sido conquistados por Catalina la Grande a los turcos y a los cosacos ucranianos en el siglo XVIII.

Pero ese plan no pareció convenir a Rusia. En un momento dado, Moscú dejó de apoyar el “proyecto Novorrossiya” y provocó el reemplazo de los dirigentes que lo propugnaban. ¿Por qué? Muchos analistas estiman que el surgimiento de un Estado como Novorrosiya hubiera dado alas a la ya poderosa corriente nacionalista rusa de extrema derecha (propugnada, entre otros, por Alexander Duguin) que acusaba a Putin de traición por no haber invadido sin contemplaciones toda Ucrania, y fomentaría el surgimiento dentro de la misma Rusia de iniciativas análogas en otros territorios de la Federación Rusa donde los elementos tradicionalistas nacional-patrióticos tuvieran apoyo popular. En consecuencia, Rusia pareció optar por mantener esas repúblicas dentro de Ucrania, pero controladas por ella o, en caso extremo, proceder a una anexión de facto. Ambas soluciones le beneficiaban, pues impedían que Ucrania pudiera incorporarse a la OTAN y que tuviera suficiente margen de maniobra como Estado soberano, al tener dentro el caballo de Troya de esas repúblicas, controladas por dirigentes afines al Kremlin. 

El fin que persigue la UE es la estabilidad y prosperidad en su frontera oriental, exportando a las repúblicas ex-soviéticas sus programas de reformas económicas y políticas. Para ello, la UE puso en marcha su programa denominado “Partenariado Oriental” con varias de esas repúblicas. Cuantos más países de la antigua Unión Soviética asimilen los principios de la UE (Derechos Humanos, elecciones transparentes, igualdad ante la ley, ausencia de privilegios de casta, etc.) más segura estará la frontera oriental y más podrá extenderse el mercado europeo hacia esos países, incorporándolos gradualmente. En definitiva, para la UE la finalidad sería la estabilidad de la frontera Este, la extensión a los países de Europa Oriental de los principios que han dado origen a la UE y la expansión a ellos de su área de seguridad y prosperidad. 

Para EEUU, el principal objetivo sería el impedir que la URSS se reconstruya bajo otro nombre y vuelva a ser un factor de inestabilidad para las democracias. EEUU ha visto cómo poco a poco el control o la influencia rusa en antiguas regiones y repúblicas soviéticas ha aumentado y cómo estas han ido siendo recuperadas por Moscú, una tras otra. Primero fue Abjasia, luego Transnistria, luego Osetia del Sur…, amén de la influencia rusa en Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y, ahora, Ucrania, tras la anexión de Crimea y el control del Donbass. Algunos analistas observan ese proceso como una reconstrucción del control de Moscú sobre el espacio post-soviético, como ocurría bajo la URSS. Frente a ello, Washington sostiene que cada país tiene derecho a elegir libremente el organismo internacional y el sistema de seguridad colectiva al que quiere pertenecer, por lo que Rusia no tiene derecho de veto sobre la libre opción de un país determinado de Europa Oriental a ser miembro de la OTAN, o dejar de serlo, decisión que deben tomar sus propios ciudadanos, como ocurriría en el caso de Ucrania. En fin, cada parte en esta crisis persigue un objetivo diferente.

3. El conflicto de Ucrania estalló de manera imprevista. Cientos de personas salieron a las calles pidiendo una mejora en las condiciones de vida y el fin de la corrupción. ¿Cómo podríamos explicar el hecho de que el conflicto surgiese tan repentinamente?

En realidad, no se trata de un conflicto aislado, ni surgió por sorpresa, sino que desde la disolución de la URSS, las cancillerías y embajadas occidentales ya recibieron hasta ocho avisos de lo que iba a ocurrir y no supieron interpretar esas advertencias.

El primer aviso se dio en diciembre de 1986, en Kazajistán, con una serie de revueltas populares que ya indicaban lo que iba a ocurrir. Allí tuvieron lugar unos gravísimos disturbios, cuando el presidente de la República Socialista Soviética de Kazajistán, el presidente Kunáyev, dimitió y fue sustituido por un ruso, Gennady Kolbin. En ese momento, jóvenes kazajos salieron a las calles a protestar contra la decisión impuesta por Moscú de nombrar un presidente que no fuera étnicamente kazajo y que no conocía ni el idioma, ni las particularidades del país. Hasta hoy no se sabe el número de muertos que hubo en la represión de las tropas de la KGB, del ejército y de la policía, que fueron enviados urgentemente desde Rusia para aplastar la insurrección.

El segundo aviso consistió en la guerra de 1988 en Nagorno Karabaj (una región montañosa autónoma, poblada por armenios, de religión ortodoxa, enclavada en mitad de la república islámica de Azerbaiyán). Cuando los habitantes y las autoridades de Nagorno Karabaj vieron que la URSS se desintegraba, temieron que en el caos de la desintegración iban a sufrir represión y arreglos de cuentas de la gran mayoría musulmana que les rodeaba. Por consiguiente, el Parlamento de esa región autónoma solicitó la anexión a Rusia. Cuando esto ocurrió, las autoridades de Azerbaiyán enviaron sus tropas para impedir la secesión. Se originó una guerra que aún no ha acabado.

El tercer aviso, ocurrido en 1989, fue la “Masacre de Tiblisi” (Georgia), cuando miles de georgianos salieron a las calles en favor de la independencia de Georgia respecto de la URSS. El ejército soviético envió tropas especiales para reprimir la sublevación, como había ocurrido en Kazajistán. Allí murieron muchos civiles. Esa masacre dio lugar al Síndrome de Tiblisi: ningún alto cargo soviético quiso asumir, desde entonces, la responsabilidad de haber dado la orden de la intervención. A partir de ese momento, el ejército no volvería a intervenir contra el pueblo a no ser que recibiese por escrito una orden con la firma de quien decidía la intervención.

El cuarto aviso data de 1990 con la guerra civil de Transnistria, una franja oriental de mayoría étnica rusa en la república de Moldavia, que es de mayoría étnica rumana. Ocurrió que tras la independencia de Moldavia en 1991, los habitantes de Transnistria temieron quedar oprimidos en el nuevo país, de lengua y tradiciones principalmente rumanas. Por tanto, declararon su propia independencia de Moldavia, iniciando consecuentemente un conflicto que dejaría más de 20.000 muertos.

En todos estos casos y en otros que vendrían después, Rusia apoyó siempre a los secesionistas, puesto que eso era una forma de mantener a las repúblicas que querían separarse de la URSS controladas mediante una minoría dentro de ellas, que impedía su consolidación como soberanas e independientes.

El siguiente aviso consistió en el fallido intento de golpe de Estado en Moscú de agosto de 1991. Aunque fracasó, esa intentona abrió los ojos a otras repúblicas sobre el peligro de involución y regreso a la URSS y, a partir de ese momento, el proceso secesionista se aceleró.

El sexto aviso consistió en el referéndum convocado en Ucrania en diciembre de 1991. Bajo la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que Ucrania se separe de la URSS y sea un Estado independiente?”, el 98% de la población ucraniana votó que sí, incluida Crimea.

Junto a estos avisos habían tenido lugar otros indicadores más, como el movimiento separatista en Abjasia (región del noroeste de Georgia), que en 1992 declaró su independencia de Georgia, la cual deseaba independizarse de Rusia por completo. Rusia apoyó a los separatistas también aquí.

El último aviso tuvo lugar en 2007, en Osetia del Sur. Fue tras un intento del gobierno de Georgia para lograr que la región separatista de Osetia del Sur volviese bajo su control empleando para ello su ejército. Rusia, que tenía estacionadas en Osetia Fuerzas para el mantenimiento de la paz desde un conflicto anterior,  intervino en favor de los separatistas, obligando a Georgia a renunciar al control de esa región.

4. Aunque a EEUU el conflicto ucraniano le preocupa, no le inquieta tanto como otros temas. De hecho, EEUU no está actuando y únicamente verbaliza su preocupación. ¿Es posible que no esté ofreciendo una respuesta clara porque piensa que fundamentalmente es un problema europeo?

A EEUU le preocupa por la sencilla razón de que la solución de otras crisis que ocurren en el mundo, fundamentalmente las de Siria, Venezuela y la de Corea del Norte, depende de que haya confianza y buena relación entre Moscú y Washington. Y nunca la habrá si previamente no se resuelve el tema de Ucrania. Lo que está envenenando las relaciones es Ucrania. De hecho, dudo mucho que sin la guerra en Ucrania hubiese habido una intervención rusa en la guerra en Siria como la que ha habido.

Cuando Occidente intenta aislar a Rusia imponiendo sanciones, Rusia tiene que salirse por algún lado. Por ello, para demostrar que no se le puede aislar y que es un protagonista en la escena internacional, Rusia interviene en Siria, en Venezuela o donde puede plantar cara a EEUU. Estaría emitiendo un mensaje parecido a este: “aunque me queráis aislar y reducirme a potencia regional de segundo orden, os puedo demostrar que sin mí no tiene solución ninguna crisis mundial. Es más, si quiero, os provoco otras crisis”.

5. ¿Qué opinan los propios ciudadanos rusos sobre la anexión de la península de Crimea?

La intervención y consiguiente anexión de Crimea por Rusia, dentro del conflicto ucraniano, es el punto que más envenena las relaciones entre Rusia y Occidente, pero también repercute en la opinión pública rusa.

Porque, claro, Rusia tiene un PIB del tamaño del de Italia y está manteniendo intervenciones en el exterior que le cuestan mucho dinero. Sus hospitales están en una condición lastimosa, la enseñanza atraviesa por una gran carencia de medios y disminución de calidad, las pensiones son bajísimas, se ha retrasado la edad de jubilación… Muchos en Rusia están disgustados por que, en estas circunstancias, se dediquen recursos ingentes a subvencionar Crimea. Porque Crimea no se sostiene sola. Antes, cuando estaba en paz y gracias al turismo, sí que podía llegar a sostenerse a sí misma. Pero ahora, ¿quién va a Crimea? ¿quién invierte en Crimea? Todo lo subvenciona el gobierno ruso. Eso estaría al alcance de un país con un PIB gigantesco, pero difícilmente un país que tenga un PIB como el de Italia o España y que dedique, directa o indirectamente, un tercio del PIB a sus fuerzas armadas y de policía. Además de tener que subvencionar Crimea, Rusia tiene que subvencionar Abjasia, Transnistria, Osetia y el Donbass. Por este motivo, hay en Rusia quien ya se pregunta si no fue un error la anexión de Crimea, como, por ejemplo, uno de sus más influyentes diarios, “Vedomosti”.

Por otra parte, una razón importante por la que los dirigentes rusos no ven con buenos ojos discutir sobre este asunto podría ser Chechenia. Según algunos expertos de Derecho Internacional, como la catedrática de Derecho Internacional de la Complutense, Araceli Mangas Martín, todos los argumentos que Rusia esgrime para justificar la secesión de Crimea de Ucrania valdrían para justificar una futura secesión de Chechenia de Rusia. ¿Qué ocurriría, se preguntan algunos analistas, si dentro de 10 o 20 años se formara una mayoría chechena que reclamara la secesión de Rusia en un referéndum invocando el precedente de Crimea? 

El tema de la legitimidad de la anexión de Crimea es un tema tabú en la sociedad rusa, por muchas razones. No se puede hablar de él con tranquilidad. De hecho, el único diputado de la Duma (Parlamento ruso) que votó en contra de la incorporación de Crimea a Rusia ha tenido que exiliarse porque ha sido amenazado. En los programas de televisión los debates sobre la existencia y legitimidad de la anexión de Crimea no suelen permitirse y cuando se tocan tiene que ser siempre desde el punto de vista oficial.

 

Despliegue de tropas ucranianas, en junio de 2014 [Wikipedia]

Despliegue de tropas ucranianas, en junio de 2014 [Wikipedia]

 

6. ¿Ve usted posible que Rusia acabe abandonando la guerra en Ucrania? Además, ¿podría Crimea volver a formar parte del territorio ucraniano?

Rusia ha dejado muy clara una cosa: no va a permitir jamás que los rebeldes y los separatistas ucranianos de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk sean derrotados por el ejército ucraniano. No lo va a permitir. 

La única posibilidad de que Rusia abandonase su intervención militar en Ucrania sería que los secesionistas ganasen su confrontación con el gobierno ucraniano y consolidasen una independencia de este bajo el control indiscutido de Moscú.

Segundo, veo el regreso de Crimea a Ucrania muy difícil, prácticamente imposible. Porque Rusia está convirtiendo Crimea en una inmensa base militar que estima imprescindible frente a una OTAN expansiva. La está dotando de los más modernos sistemas de armamento: radares, cohetes, una moderna flota...

7. Demográficamente, ¿el porcentaje de rusos en Crimea es tan alto como se dice?

Según algunos analistas, el Kremlin juega con las cifras. Unas veces habla de rusos étnicos, otras veces de rusohablantes. Odesa o Jarkiv, por ejemplo, son grandes ciudades ucranianas rusohablantes, pero que están de parte del gobierno de Kiev. ¿Qué entiende Rusia por “ruso”? Dicen las autoridades rusas: “Es que la mayor parte de los habitantes de Crimea votaron legítimamente por la secesión e incorporación a Rusia en referéndum por una mayoría afirmativa en torno al 90%, constituyendo además los rusos la gran mayoría de la población en la península”. Defíname eso. ¿Qué pasa con el 13% de tártaros, qué pasa con el 20% de ucranianos? Y los que Moscú llama rusos en Crimea, ¿qué son exactamente: rusos étnicos, rusohablantes, titulares de pasaporte ruso, rusos por opción, por nacimiento, por matrimonio? ¿Con qué documentación electoral y con qué control de las votaciones se hizo el referéndum? ¿Se contaban como votantes censados las tropas de la base rusa de Sebastopol o no se contaban? ¿Cómo se controlaron las votaciones dentro de los cuarteles militares? En fin, es como decir “españoles” refiriéndonos a cualquier país iberoamericano. En Argentina o Cuba puede haber 700.000 españoles. ¿Aceptamos entonces que en un territorio de Argentina, Cuba o Venezuela, donde la mayoría sean españoles, estos organicen un referéndum por la secesión y su reincorporación a España y les armamos clandestinamente?

La pregunta que nos debería preocupar es: ¿en qué se distingue ciudadanía de nacionalidad? En los países occidentales ciudadanía y nacionalidad son lo mismo. Sin embargo, en Rusia no es así, y aquí vamos al meollo del problema. En los países de la antigua órbita soviética, nacionalidad significa “pertenencia a un grupo étnico”. Mientras que ciudadanía significa “sometimiento al régimen político, jurídico y administrativo de un Estado determinado, con independencia de la etnia a la que se pertenezca”.

En Rusia son cosas completamente diferentes. Tanto es así que en los documentos de identidad de Rusia y de Ucrania, hasta hace poco, figuraba como “nacionalidad” el grupo étnico del titular: judío, tártaro, ruso... Por eso, cuando Rusia se anexionó Crimea, la principal razón que dio el presidente Putin para hacerlo fue que debía proteger a los “rusos” en Ucrania, a “sus” nacionales en Ucrania, frente a la “Junta Fascista” de Kiev que les amenazaba. Para un ruso, puedes cambiar la ciudadanía; en cambio, la nacionalidad no se pierde nunca, y Rusia debe proteger a quienes ostentan la suya.

Todo ello explica que antes de intervenir en una república ex -soviética que se quiere separar de la órbita de Moscú, lo primero que hace Rusia es repartir pasaportes rusos entre ciudadanos de esas repúblicas a los que, a partir de ese momento, considera rusos, y luego, argumenta que los tiene que proteger.

De los ucranianos que vivían en Crimea, muchos la han abandonado. Otros, se han quedado en Crimea, por supuesto, pero sin poder poner en tela de juicio que Crimea pertenece a Rusia, sometiéndose a las autoridades rusas, debiendo, en muchos casos, obtener otra nueva documentación, distinta a la que tenían antes, y  prestando lealtad y sometimiento a otro Estado distinto a aquel en el que vivían hasta hace poco.

8. ¿Podríamos decir que Rusia y Occidente tienen interpretaciones diferentes sobre los principios que han de regir las relaciones internacionales?

Ese principio fundamental para el Kremlin de defender militarmente a los rusos estén donde estén, incluido el territorio de otra república ex-soviética, choca con otros principios básicos para la UE, EEUU y países occidentales: la integridad territorial del Estado, la soberanía del Estado y la igualdad de todos antes la ley... Si tú quieres proteger a los rusos que viven en Ucrania anexionándote Crimea porque tiene mayoría rusa, obviamente estás violando el principio de integridad territorial del Estado. Sin embargo, Rusia piensa que ella sí que ha respetado la integridad territorial de Ucrania, porque la integridad territorial tiene para los dirigentes rusos un significado diferente al nuestro. Para ellos la integridad territorial se refiere al aparato del Estado, pero no al territorio. Rusia da prioridad a otros principios, como es la protección de sus nacionales.

Por todos estos motivos este conflicto es tan peligroso, porque ni Occidente ni Rusia pueden renunciar a principios que consideran básicos. Por eso, cuando hablamos de diálogo de la UE y EEUU con Rusia para solventar este conflicto, estamos pidiendo un diálogo entre dos partes que hablan un lenguaje diferente, porque Rusia atribuye a los conceptos un significado completamente distinto al que les atribuimos nosotros.

9. La política rusa de protección de los rusos étnicos puede recordar mucho, en gran medida, la política de la Alemania nazi de la década de 1930 de intentar unir a todos los alemanes étnicos. ¿Considera que la situación es similar?

No solamente a los años 30, sino también al tiempo de la Primera Guerra Mundial, que estalló porque Serbia quería proteger a los serbios que vivían fuera del territorio de Serbia, los cuales se consideraban oprimidos y maltratados por las autoridades del Imperio Austrohúngaro, cuando este se anexionó Bosnia-Herzegovina. Uno de los que se sentían oprimidos, el estudiante Gavrilo Princip, con auxilio logístico de la policía secreta serbia, mató al heredero del trono de Austria-Hungría durante su visita a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. Eso provocó una reacción en cadena y una Guerra Mundial.

En la Segunda Guerra Mundial, Alemania exige que todos los alemanes vivan dentro del mismo Estado. Desgraciadamente, no todos los alemanes vivían en Alemania. Los nazis deciden entonces lograr que todos los alemanes de raza aria, superior, queden en un solo Estado, dirigidos por un solo Führer. Para ello, se anexionan Austria. Las potencias occidentales se quedan perplejas. Resultaba que también había alemanes en Checoslovaquia, que no estaban bien tratados por las autoridades checoslovacas, según los nazis. Entonces, el Führer fuerza a los checoslovacos a cederle los Sudetes. Luego Alemania se anexiona otros territorios y las potencias occidentales ceden. Más tarde, Hitler reclama el corredor polaco y la ciudad alemana de Danzig, territorio también de población alemana, pero situado en Polonia, y es allí cuando, definitivamente, Inglaterra y Francia, que habían ofrecido garantías a Polonia,  reaccionan.

Para algunos analistas occidentales, la situación recuerda mucho a lo que ocurre ahora en la antigua URSS. Primero, Rusia se anexiona una parte de otro país, luego se instala en una parte de otro, con la misma justificación: la de que hay rusos en ellos que hay que proteger. En mi opinión, la situación no es exactamente la misma, pero tiene alarmantes parecidos.

10. La lección de los años 30 es que la política de apaciguamiento no evitó la guerra, sino que simplemente la aplazó e hizo que se combatiese en peores condiciones. Entonces, ¿cuál es la actitud recomendable ante la política rusa?

Existen dos tendencias fundamentales: la primera comprende las tendencias al apaciguamiento y la segunda las tendencias a la firmeza. Entre las tendencias al apaciguamiento encontramos, a su vez, tres corrientes distintas:

–Un primer grupo de expertos llama la atención sobre un hecho fundamental: que Rusia está dispuesta a llegar más lejos que Occidente en el conflicto de Ucrania, porque para Rusia Ucrania es una cuestión vital, mientras que para Occidente no. Habría que llevar a cabo una revisión territorial. Vamos a ceder y vamos a dejar que Rusia se quede con sus rusos, y aquí se acaba el problema. Firmamos un acuerdo, y Rusia tiene su zona de influencia.

–La segunda corriente defiende la idea de convertir Ucrania en un Estado neutral para que Rusia no perciba una amenaza. Ello implicaría que se decida la congelación de la expansión OTAN, que ya no se extendería a ningún país más de la Europa oriental; se otorgue una autonomía muy amplia a las regiones de Ucrania oriental pobladas mayoritariamente por rusos, y se admita que Crimea forma parte de Rusia en compensación a la extensión de la OTAN hacia el Este.

–Según la tercera corriente, Rusia, al anexionarse Crimea y al intervenir en Ucrania oriental, no observó un comportamiento agresivo. Muy al contrario, actuaba en su legítima defensa, y a ningún país se le puede negar la legítima defensa. Decimos eso porque si hubiese triunfado la revolución del Maidán en toda Ucrania, incluida Crimea, y en toda Ucrania se hubiese implantado un régimen proclive a Occidente, hubiera sido cuestión de muy poco tiempo que el nuevo gobierno ucraniano hubiese solicitado el ingreso en la OTAN. Eso hubiera conllevado que las fronteras de la OTAN se hubiesen acercado todavía más a Rusia, poniendo en peligro la seguridad del país. Por tanto, Rusia, al actuar en Ucrania, únicamente lo hace en legítima defensa. Esta tercera corriente propugna la desmilitarización del Donbass, que la seguridad de las fronteras quede garantizada por una fuerza de mantenimiento de la paz bajo el mando de la ONU, y la admisión de Crimea como parte de Rusia, en compensación al hecho de que la OTAN ha incorporado países que antes pertenecían a la URSS.

Como comentamos anteriormente, existe una segunda tendencia que aboga por la firmeza: “No vamos a repetir el error de Múnich de ceder, ceder y ceder, porque si continuamos así, la próxima vez nos encontraremos con que Rusia intenta anexionarse un país báltico”, donde, por cierto, en Estonia y en Letonia tiene importantísimas minorías. La principal corriente de este grupo piensa que no podemos repetir el error de Yalta, de dejar dividir Europa en zonas de influencia y sobre todo de imponer la neutralidad a un país que no la desea. Por otra parte, lo que se estaría haciendo al admitir que Rusia se quedase con todas estas regiones es negarle a Ucrania, precisamente, su derecho a la legítima defensa. 

Otro grupo de esta tendencia sostiene que los partidarios de la estrategia de apaciguamiento no ofrecen ninguna solución a cómo se garantizaría entonces la seguridad de los países de Europa del Este. Además, el hecho de no extender la OTAN y de ser condescendientes con Rusia para evitar provocar a Rusia es un dilema falso, porque Rusia ya hace todo lo que puede por fastidiar a Occidente, todo el límite de provocación ya está superado. Si se quiere conseguir la estabilidad de Europa a base de cerrar los ojos y permitir que Rusia controle las zonas que antes pertenecían a la URSS, existe el riego de que Rusia siga ocupando territorios. ¿Hasta dónde tienen que llegar las fronteras de Rusia para que Rusia se sienta segura?

Además de las dos tendencias anteriores, existe una tercera corriente de pensamiento que llama la atención. Dice que en el caso de la Alemania nazi hay un hecho diferencial respecto de la situación actual: en aquel momento no existían las armas nucleares. En aquel momento, quizás fuera prioritario detener a Hitler a costa de pagar un alto precio, porque de lo contrario las consecuencias habrían sido catastróficas. Era un mal menor frente a un mal mayor. Sin embargo, ahora este dilema no existe, ya que ahora el dilema está entre llegar a un entendimiento con Rusia o una guerra nuclear.

La pregunta que plantea esta tercera posición es: ¿cuál es nuestra prioridad, castigar a Rusia o conseguir la estabilidad en Europa? Si elegimos la primera opción, entonces lo que habría que hacer es armar a Ucrania. Sin embargo, si nuestra prioridad es recuperar la estabilidad en Europa, entonces tenemos que iniciar conversaciones con Rusia. En realidad, a largo plazo, Occidente es mucho más fuerte que Rusia, pero el inconveniente que tiene a largo plazo es que no sabes si en ese periodo de tiempo tan grande estaremos todos muertos. Si Rusia ve que es más débil a largo plazo, obviamente intentará aprovechar la situación mientras todavía es fuerte.

 

Efectivos de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en mayo de 2015 [Mstyslav Chernov]

Efectivos de la autoproclamada República Popular de Donetsk, en mayo de 2015 [Mstyslav Chernov]

 

11. Puede existir la interpretación de que lo que ocurrió en Crimea fuese una reacción de legítima defensa por parte de Rusia para evitar que su base naval de Sebastopol se convirtiera en base de la OTAN.  Rusia habría interpretado eso como una amenaza a su seguridad y, por tanto, habría intervenido para proteger su seguridad. Teniendo esto presente, tomemos como ejemplo la crisis de Cuba de 1962. Cuba decidió comprar armamento para colocar cohetes atómicos soviéticos en territorio cubano. Podían hacerlo desde el punto de vista del Derecho Internacional, eran dos países soberanos que podían venderse armas unos a otros. EEUU se sintió atacado ante la posibilidad de que hubiera cohetes en Cuba e intervino en Cuba. ¿No ha ocurrido lo mismo con Crimea y la URSS? En un segundo supuesto, imaginémonos que en México entra un gobierno de corte anti-americano, que se siente muy inseguro hacia EEUU y que decide instalar cohetes nucleares en la frontera de Río Grande. ¿EEUU permitiría en aras del Derecho Internacional de integridad territorial que hubiera baterías de cohetes apuntando a las ciudades de EEUU? ¿Qué piensa usted de esto?

Hay similitudes en esos casos, pero no se pueden comparar. Las diferencias que yo veo son, en primer lugar, que EEUU impuso un bloqueo en Cuba, pero no invadió Cuba, como usted dice, ni se anexionó región de Cuba alguna. Kennedy metió la pata con su invasión de Bahía de los Cochinos, retiró a sus tropas de allí y pidió públicamente perdón por la iniciativa. No me puedo imaginar a un líder ruso pidiendo públicamente perdón por la invasión ilegal por la URSS o por Rusia de un país soberano y sin declaración de guerra: Finlandia en 1939, los Bálticos en 1940, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Afganistán en 1979, Ucrania en 2014….

En segundo lugar, los misiles instalados en Cuba eran armas nucleares ofensivas muy potentes, instaladas clandestinamente, mientras que EEUU no instala armas nucleares ofensivas comparables cerca de Rusia ni lo ha hecho clandestinamente. Moscú estima que los sistemas antimisiles norteamericanos en Polonia y Rumanía pueden convertirse en ofensivos fácilmente, pero tal recelo ruso se solventaría con un eficaz sistema de inspecciones y verificación. Además, los dirigentes rusos saben perfectamente que tales sistemas no constituyen amenaza efectiva alguna frente a su enorme arsenal nuclear. La prueba está en que presumen de él y lo consideran invulnerable, según palabras del propio presidente Putin.

En tercer lugar, lo de México es política ficción. No es imaginable que EEUU invada militarmente México para proteger a las minorías estadounidenses asentadas en ese país, como ha ocurrido con Crimea o el Donbass. Por otro lado, dudo que fuera posible que se instalaran armas nucleares en México con los acuerdos bilaterales y regionales que están vigentes entre EEUU y México y en el marco del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá. No olvidemos que, aunque imperfectos, tanto México como EEUU son regímenes democráticos. Sus líderes responden ante sus electores y ante su pueblo, y son elegidos por este. No es el caso de Cuba ni de la URSS, dictaduras comunistas, ni, según algunos autores, de la Rusia actual, régimen autoritario nacionalista. Las democracias no suelen hacer guerras entre ellas.

El único comportamiento de Estados Unidos similar a lo que ocurre en Crimea fue la invasión de la isla caribeña de Granada. Cuando en Granada subió al poder un régimen marxista, EEUU arguyó la necesidad de proteger a los estudiantes estadounidenses que había allí para intervenir, aunque no estaban en peligro.

Otra diferencia es que lo de Ucrania se inscribe en un proceso o tendencia (Kazajistán, Transnistria…), que parece haber estado perfectamente planificado desde 1990, como hemos comentado antes. No es un caso puntual, sorpresivo e improvisado, como fue la reacción de EEUU ante la instalación de misiles en Cuba en 1962.

12. Lo que ha comentado anteriormente sobre la reacción agresiva de Rusia para evitar el largo plazo, recuerda mucho a la estrategia directa de la contención estadounidense durante la Guerra Fría. La respuesta estadounidense era que, precisamente, había que rearmarse y tener una capacidad militar lo suficientemente intimidatoria para que la URSS no se atreviese a actuar agresivamente. Sería esa otra posible conclusión: ¿Hay que rearmarse?

De hecho, lo estamos haciendo. Para mí, el mayor error de Putin ha sido posibilitar que EEUU consiga en 20 días el consenso para un rearme y fortalecimiento de la OTAN que no había conseguido en 20 años. Ahora tienen una OTAN cohesionada y organizada, han conseguido el compromiso a un aumento de los gastos militares por parte de los aliados de la OTAN que antes eran reticentes a hacerlo.

13. Crimea era parte de Rusia hasta que Kruschev se la cedió a Ucrania en 1954. Además, el Imperio Ruso tuvo miles de muertes por recuperar esa península en la Guerra de Crimea. ¿El hecho de que ese territorio pertenezca a Ucrania o a Rusia es algo que podría ser discutible?

En primer lugar, la constatación de que Kruschev regaló Crimea a Ucrania es, según documentados autores, una de las grandes falsedades difundidas por los centros de inteligencia rusos, que ha sido creída por casi todo el mundo en Occidente. Aunque es cierto que la resolución del Presidium del PCUS de 1954 hace que Crimea pase a depender de Ucrania, con motivo del 300 aniversario de la incorporación de Ucrania al Imperio Ruso, este no era el único motivo, ya que Crimea es una zona muy árida, y el suministro de agua, mano de obra, infraestructura… es muchísimo más fácil desde Ucrania que desde Rusia. A efectos prácticos, es mucho más rentable, como se está viendo actualmente, mantener Crimea desde Ucrania que desde Rusia.

En segundo lugar, la región de Taganrog, más rica y más grande que Crimea, que anteriormente pertenecía a Ucrania, se asignó a Rusia. Por eso, algunos analistas piensan que lo que hubo fue una especie de compensación territorial, porque mantener Taganrog desde Ucrania es muy difícil también.

En tercer lugar, el cambio de fronteras administrativas entre las diferentes regiones de la URSS en tiempos de Stalin y de Kruschev era algo habitual y frecuente. Si consideramos anti-constitucional o ilegal la transferencia de Crimea a Ucrania por Kruschev, también hay que considerar ilegales docenas de modificaciones territoriales análogas que se hicieron en esa época en la URSS.

En cuarto lugar, Crimea ha sido parte de Rusia 250 años (Cuba fue española aproximadamente 400 años) y toda Ucrania occidental era Polonia hasta 1939. Luego Polonia tendría igual derecho a reclamar su parte de Ucrania que Rusia a reclamar la suya. Si vamos a justificar la anexión de territorios en base a vínculos históricos sin respetar los tratados internacionales actuales, entonces habría que rehacer todo el mapa mundial y provocaríamos una escalada bélica. Por esta regla de tres, los españoles deberían reclamar mañana mismo Cuba, pues fue un trauma para nosotros perderla, residen allí miles de españoles y fue mucho más tiempo española que Crimea rusa.

En quinto lugar, y más importante, en el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y Ucrania de 1997, Rusia reconoció la independencia e integridad territorial de Ucrania, incluida Crimea.

No podemos estar inmersos en un continuo proceso de reivindicaciones históricas. Para evitar eso existen los tratados internacionales que fijan las fronteras e impiden que volvamos a la selva.

14. Hace unos años fuimos testigos de cómo EEUU luchó por la independencia de Kosovo, la cual reconoció. Por tanto, ¿podríamos decir que el caso de Kosovo constituye un precedente que legitima a Rusia a defender la separación de Crimea?

Para muchos analistas, el caso de Kosovo y el caso de Crimea no tienen relación alguna entre ellos. En primer lugar, dicen, EEUU no buscaba anexionarse Kosovo, a diferencia de lo que Rusia hizo con Crimea. En segundo lugar, el reconocimiento de la independencia de Kosovo tuvo lugar después de 10 años de limpieza étnica llevado a cabo por las tropas Serbias en Kosovo contra la población albanesa. El tema se llevó a la ONU y se discutió durante mucho tiempo. Nada parecido ocurrió en Crimea: no había ningún conflicto entre rusos y ucranianos, no se llevó el tema a la ONU, ni siquiera se llevó al Tribunal Internacional de Justicia (Kosovo sí se llevó). Son cosas completamente diferentes. No había habido ningún incidente serio entre etnias en Crimea que justificase la anexión por parte de Rusia. En Kosovo sí los hubo, con miles de muertos.

Esto supone, según muchos autores, otro éxito de la propaganda rusa, que ha conseguido que mucha gente de Occidente considere que son casos similares. Además, habría que ver en qué condiciones se realizó el referéndum en Crimea: no hubo debates en televisión, no hubo diferentes partidos políticos que expusiesen sus posiciones, no hubo observadores internacionales, no hubo un censo fiable, los puntos de votación estaban tomados por el ejército ruso… No sabemos cómo es esa mayoría que votó a favor.

15. ¿Cómo se puede explicar el enorme poder y popularidad de Putin en un país considerado democrático y en el que existen elecciones regulares?

Un asunto que merece la pena comentar es el fracaso de las reformas democráticas en Rusia. Cuando se desintegra el comunismo en la URSS y Rusia opta por la economía de mercado, por la libertad de comercio y por la democracia liberal, espera recibir un modelo civilizado de todo eso. Lo que recibe, en más de una ocasión, son verdaderos gánsters occidentales haciendo negocios, apropiándose de los recursos económicos y culturales de Rusia, y de los cerebros de Rusia… La versión de la economía de mercado que recibe Rusia tras la implantación de la democracia liberal en el país es horrorosa y, a partir de ese momento, las palabras “democracia” y “reformas” quedan totalmente desacreditadas en Rusia. Ellos tienen una idea de reformas y de democracia totalmente nociva y fatal. Eso fue precisamente lo que catapultó al poder a líderes como Vladímir Putin.

Una cosa que no entendimos en Occidente es que, para un ruso, la estabilidad es mucho más importante que la libertad. Sobre todo no entendimos una cosa muy importante, que fue la pasmosa facilidad del tránsito del comunismo al nacionalismo. Fue una ingenuidad pasmosa por parte de los diplomáticos occidentales pensar que los líderes postcomunistas iban a edificar la democracia sobre las ruinas de la URSS y en contra de sus propios intereses.

El tránsito del comunismo al nacionalismo es, en realidad, muy fácil, porque sus elementos básicos son los mismos: primacía del líder sobre las instituciones, del dogma sobre los principios, de la lealtad sobre los méritos, de los slogans sobre el razonamiento, de la propaganda sobre la información, de la historia virtual sobre la real, etc.

 

Desfile de tropas rebeldes en Donetsk, en mayo de 2015 [Wikipedia]

Desfile de tropas rebeldes en Donetsk, en mayo de 2015 [Wikipedia]

 

16. La población de los países bálticos cuenta con una importante minoría rusa. En esos países se ha estabilizado la situación también porque ha habido un despliegue de la OTAN.¿Ucrania podría entrar en la OTAN y eso estabilizaría la situación o Rusia nunca permitiría que Ucrania entrase en la OTAN?

Hubo un momento en que se le propuso a Rusia unirse a la OTAN. Pero Rusia no quería ser un miembro más de la OTAN, no quería estar sujeta a EEUU, sino que desea tener protagonismo. Por su parte, Ucrania no es igual que los países bálticos. Yo creo que Ucrania no puede, de momento, entrar en la OTAN. Sin embargo, ya hay programas de colaboración entre la OTAN y el gobierno ucraniano. Para mí es consecuencia de la actuación del presidente Putin, porque ¿de qué le sirve ganar Crimea si pierde Ucrania, donde, además, ha hecho surgir un sentimiento anti-ruso? Con esa política, Rusia ha conseguido que la OTAN despierte y se fortalezca (lo que EEUU no había conseguido nunca), y que la mayoría de Ucrania tenga un sentimiento pro-occidental. Todo un balance.

En mi opinión, Rusia hará todo lo posible para evitar que Ucrania entre en la OTAN. No obstante, si Ucrania fuese admitida en la OTAN, Rusia respondería asimétricamente. A mi juicio, el mundo se colocaría al borde de una guerra nuclear.

17. ¿Cree que el asunto de Crimea puede tener una repercusión más amplia, establecer un precedente?

En opinión de muchos analistas, rusos incluidos, lo que Putin ha hecho allí es algo muy peligroso. Porque los argumentos que él da para justificar la secesión de Crimea de Ucrania, valdrían, según esos expertos, para justificar la secesión de otras regiones de Rusia. No ahora, pero sí en el futuro. Rusia tiene cerca de 120 etnias diferentes, imaginémonos que alguna decide aplicarse los argumentos utilizados en al caso de Crimea para justificar su propia secesión.

También hay otra cuestión a tener en cuenta, y es que Rusia se ha presentado como redentora de la humanidad a lo largo de la historia (con la caída de Constantinopla, erigiéndose como la tercera Roma y redentora de lo que quedaba de la civilización, y con la expansión del comunismo tras la Revolución de 1917, con la redención de los oprimidos), y ahora Rusia se presenta de nuevo por tercera vez como redentora de la humanidad. Para Rusia, las pautas morales que ahora en Occidente forman parte ya de los principios básicos de nuestra civilización, son inadmisibles. Ella piensa que nuestra sociedad se está disolviendo y que está totalmente corrompida. Por ejemplo, en Rusia jamás se permitirá la ideología de género y lo consideran como una plaga que está disolviendo la sociedad de Occidente. Esta tendencia que se conoce con el nombre de “mesianismo ruso”, que adopta diferentes formas a lo largo de la historia, es una constante con la que hay que contar. Rusia piensa que no está luchando solamente por Ucrania y por Crimea, sino por toda la civilización.

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