Competencia de las dos potencias para disponer de bases en el Índico y tener actividad en países vecinos estratégicos

Los rumores sobre posible uso militar futuro por parte de China del área de Gwadar (Pakistán), donde Pekín ya gestiona un puerto, han añadido en el último año gran atención a la rivalidad que China e India sostienen para asegurarse el acceso a puntos que, repartidos por la región, les permitan el control del Índico. India estima este océano como propio, mientras que para China es vital para garantizar la seguridad de sus suministros energéticos desde Oriente Medio.

▲ Trabajos de China para transformar en isla el arrecife de Subi, en las islas Spratly, en 2015 [US Navy]

ARTÍCULO / Jimena Puga

Las dos principales potencias de Asia-Pacífico, China e India, están compitiendo por la supremacía regional en el océano Índico mediante el establecimiento de bases militares y acuerdos económicos con países fronterizos como Pakistán. El océano Índico, que bordea África, Oriente Medio, Asia y Australia, es la cuna de uno de los puntos más cruciales y estratégicos para el comercio internacional. Casi un 40% del petróleo extraído del mar se produce en el Índico, el cual tiene también depósitos de ricos minerales y de pesca.

Hace cinco años China inició su gran reclamación de territorio en el Mar Meridional de China, y el país ha establecido un status quo territorial a su favor sin recibir ningún impedimento internacional, con el fin de contrarrestar la presencia militar estadounidense en la región, establecida durante la Guerra Fría, y que controla el Mar Meridional de China y todas las mercancías que provienen de África, Oriente Medio y el estrecho de Malaca. Esta expansión territorial del Imperio del Centro empezó en diciembre de 2013; desde entonces China ha construido más de media docena de islas artificiales más, situadas en un lugar estratégico por donde pasa un tercio del comercio marítimo global, y ha desplegado activos militares en ellas.

Sin embargo, la creación de estas islas ha supuesto grandes daños para el ecosistema marítimo de la región. Los arrecifes de coral que China ha destruido para utilizarlos como base para el establecimiento de sus islas, constituían alimento y refugio para numerosas especies marítimas, así como abastecimiento para las empresas de pesca más importantes de Asia. No obstante, gracias a esta expansión territorial China está en una mejor posición no solo para el control marítimo y aéreo de la zona sino también para continuar con el avance de su estrategia de proyección de poder en el Océano Índico y parte del Pacífico para satisfacer sus planes de poder y supremacía en la región.

La neocolonización

A principios de 2018 algunas informaciones apuntaron a que China planea habilitar una base naval junto al puerto que desarrolla en Gwadar, en Pakistán, si bien autoridades de este país niegan que Pekín haya solicitado dar ese uso a las instalaciones. En cualquier caso, el atraque de buques militares en el área de Gwadar pondría en conexión ese punto con la reciente base militar y naval del país construida en Yibuti –la primera que China tiene en el exterior– como parte de una creciente red propia de bases aéreas y navales a lo largo del Océano Índico.

India, la mayor potencia de entre los países regionales, está respondiendo a la expansión china con una inesperada fuerza. Delhi aspira a controlar los puntos más estratégicos del comercio marítimo en el Índico incluyendo los estrechos de Malaca y de Ormuz y el canal de Mozambique. Además, India está ganando acceso a las bases de sus aliados extranjeros en la región. En 2017 firmó un acuerdo de logística con EEUU que supondría el libre acceso a las instalaciones militares estadounidenses a lo largo de la región (acuerdo que quizá tenga algo que ver con el deseo de EEUU de crear una alternativa a la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda y frenar el rápido crecimiento de la superpotencia asiática).

En enero de 2018, India también anunció el acuerdo logístico de intercambio con Francia que implica el libre acceso a las instalaciones militares franceses en Yibuti, concretamente en el Mar Rojo y en la isla de Reunión, al sur del océano Índico (quizá para contrarrestar los acuerdos chino-europeos). Por último, India también esta construyendo relaciones estratégicas e infraestructuras cerca del Golfo Pérsico. Y tras años de negociaciones, Delhi ha conseguido formalizar un acuerdo con Irán para modernizar y ampliar el puerto de Chabahar, cerca del estrecho de Ormuz. Aunque es cierto que la gran mayoría de acuerdos son de carácter comercial, tienen el suficiente potencial como para aumentar el acceso y la influencia de India en Asia central.

En respuesta a la base militar de Pekín en Yibuti, Nueva Delhi ha comenzado la búsqueda de acceso a nuevas instalaciones en Seychelles, Omán y Singapur. Desde Tanzania a Sri Lanka las dos potencias asiáticas están intentando aumentar su presencia militar y económica en países a lo largo del Índico en su misión por la supremacía regional. Por último, es posible que la petición de drones a EEUU en 2017 por parte de India tuviese como objetivo la monitorización de la actividad china en el océano.

“Mis compañeros chinos me han dicho de manera explícita que si EEUU continúa sobrevolando y navegando en lo que ellos autodenominan ‘sus aguas’, China derribará al correspondiente intruso”, dijo Matthew Kroenig, analista de la CIA y del Pentágono. “Tal vez sea solo un farol, pero si China derribase un avión americano, sería el escenario perfecto para el incremento de la presencia militar estadounidense. Es duro ver al presidente Trump o a cualquier otro dirigente americano darle la espalda a este asunto”.

La globalización

Los movimientos de ambas potencias derivan del miedo a que el resto de países se unan en coalición con su oponente en el futuro, pero tampoco quieren abandonar por completo la expansión de las relaciones económicas el uno con el otro alterando el orden regional de forma demasiado drástica.

Este poder de los débiles tiene limitaciones, pero ha funcionado hasta ahora de forma beneficiosa tanto para India como para China. Debido a la globalización, concretamente en el ámbito económico, los Estados más débiles han adoptado estrategias asimétricas para extraer recursos de sus superpotencias vecinas que aspiran a ser líderes en el panorama internacional. A menudo, estos países fronterizos debían elegir una superpotencia para obtener recursos, tal y como ocurrió durante la Guerra Fría. La diferencia en esta era de globalización es que estos Estados pueden extraer concesiones y recursos de ambos, Pekín y Delhi, sin alinearse formalmente con uno de ellos, como es el caso, por ejemplo, de Vietnam. La ausencia de una rivalidad entre dos bloques, como sucedió durante la Guerra Fría, y los altos niveles de interdependencia económica entre India y China facilitan a muchos de los pequeños Estados evitar firmar una alianza son uno de estos líderes.

La sutil estrategia de India implica desarrollar ententes con Japón y los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con Estados Unidos. Concretamente, las negociaciones cuadrilaterales iniciadas entre India, Japón, EEUU y Australia son otro mecanismo estabilizador frente a China.

Sin embargo, las estrategias de los Estados menores al sur de Asia tienen limitaciones. Aunque China está ofreciendo mayor asistencia económica, es poco probable que esos países, excepto Pakistán, formen alianzas militares con China porque si lo hacen, provocaría una contestación negativa por parte de la India, poder dominante en la región, y de Estados Unidos, la superpotencia internacional que todavía tiene una fuerte presencia naval en el océano Índico. Estamos presenciando una nueva dinámica de relaciones diplomáticas en la región de Asia-Pacífico.

Esta nueva tendencia de acercamiento a los países menores se traduce en una inclinación a utilizar el atractivo económico para persuadir a los vecinos antes que utilizar la coerción militar. Está todavía por ver cuánto tiempo continuará esta tendencia. Las nuevas estrategias de India con otras potencias internacionales pueden ser la llave para complicar la libertad de acción y decisión que China está teniendo en el ámbito militar, especialmente en esta época de paz. Lo que está claro es que la aspiración de supremacía de China es visible por todos los países que forman parte de la región de Asia-Pacífico y no será tan fácil de instaurar como el Imperio del Centro pensaba.

The US will pull out of the treaty if Russia doesn't ‘return to full compliance’. Putin has taken the dispute to the UN

With all the conflicts and issues threatening worldwide security, the last thing the world needs is a new arms race, or what many are calling a new Cold War. European countries in particular are worried that US President Donald Trump pulling out of the INF Treaty might lead to exactly that. United States, supported by NATO, accuses Moscow of cheating on the missile treaty. At the beginning of December, the Trump administration gave 60 days to Russia to “return to full and veritable compliance”. President Vladimir Putin has taken the issue to the United Nations.

▲ Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan at the signing of the INF Treaty, in 1987 [Reagan Presidential Library]

ARTICLE / Nicole Davalos

To understand what the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is about and why the possible US withdrawal concerns most of the international community, we have first to understand why it was created and what its purpose is. The INF Treaty was signed in 1987 following the deployment by the Soviet Union of missile SS-20 in Europe, which was retaliated by American cruise missiles and their Pershing II missiles. The issue with intermediate-range missiles back then was that their flying time was as little as 10 minutes, which was seen as a possible trigger to nuclear war. Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan signed the deal, prohibiting land-based cruise or ballistic missiles with ranges between 311 and 620 miles (500-1,000 kilometers, short-range) and between 620 and 3,420 miles (1,000-5,500 kilometers, intermediate-range).

It is important to note, however, that the treaty does not cover air or sea-launched weapons even though they can potentially fly the same distances. Russia’s 3M-54 Kalibr, a sea-launched missile, is an example. The following charts retrieved from the official website of the US Department of State outline the affected missiles specified under the elimination protocol of the treaty:

The INF Treaty has helped not only to solve the problems of its time towards the end of the Cold War but also serves still to this day as an umbrella of protection for US’s allies in Europe. The INF provides a measure of strategic stability on the European continent.

According to the Stockholm National Peace Institute, by 1991, 2,692 missiles had been eliminated thanks to the treaty; 846 owned by the US and 1,846 owned by the USSR. The treaty also allows both parties to inspect each other’s progress in eliminating the missiles to maintain transparency. So, if so much progress has been made as a result of the INF, then why is it that President Trump now insists on a US withdrawal?

President Trump has accused Russia of repeatedly violating the treaty. In fact, former President Obama first accused Russia of violations in 2014 during the Ukraine crisis, when Moscow allegedly deployed a prohibited missile. “I don’t know why President Obama didn’t negotiate or pull out” were the words of the current president, “…we’re not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we’re not allowed to… so we’re going to terminate the agreement. We’re going to pull out.” Recently, the NATO confirmed Russia’s violations. Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General, urged Russia to address these concerns in a “substantial and transparent manner.”

These accusations have truly created tensions between both parties of the treaty. Kremlin spokesman Dimitri Peskov has repeatedly denied the violations. He even went as far as claiming that it was, in fact, the US who first violated the treaty, with “armed US drones” that “fly within the ranges prohibited by the treaty”. As for the president, Vladimir Putin, he has replied with questionable threats such as “revenge is inevitable and they will be destroyed. And we, as victims of aggression, will go straight to heaven as martyrs while they will just croak.” In general, the Kremlin sees a US withdrawal as a confirmation of how “unreliable” a partner the United States is when it comes to other countries’ interests since it would be acting completely unilaterally and pulling out implies security concerns for many other countries, especially European countries.

Europe shows the most concern for the possible dissolution of the INF Treaty since it is believed that Russia’s intermediate range missiles would pose the biggest threat to them. Many analysts agree that this is a particularly bad time for the US to make a decision that would further raise tensions within Europe since security-related tensions such that of immigration exist in the region already. EU spokeswoman for foreign affairs and security policy Maja Kocijancic stated that the United States and Russia should definitely engage in dialogue and try to preserve the treaty, since “the world doesn’t need a new arms race.”

The most unexpected and interesting role in all of this, however, is China’s. It is no secret to anyone that what displeases President Trump the most about the INF Treaty is that China is not a signatory. If Russia is violating the treaty, and China, on the other hand, is not part of such an agreement that restricts its missile force, then the US seems to be at a disadvantage. “If Russia’s doing it and if China’s doing it and we’re adhering to the agreement, that’s unacceptable,” stated President Trump last October. In fact, according to Admiral Harry Harris, head of the US Pacific Command, if China were part of the INF Treaty right now, around 95% of its missile force would be violating it. When it comes to China’s reaction to the White House’s desire to withdraw, to “think twice” is what Beijing wishes Washington would do. Hua Chunying, a foreign ministry spokeswoman, said US withdrawal would lead to a “multitude of negative effects.”

What’s now left to be seen is whether President Trump will, in fact, pull out from the treaty. Presidents Putin and Trump both met in Paris in November, but although many different issues were discussed, a potential meeting to formally discuss the future of the INF Treaty was not part of the conversation. But if the US does withdraw, will that really mean a new Cold War? According to many analysts, an arms race like the one the world was experiencing back when the treaty was originally signed, might definitely become a reality. The Kremlin has also hinted several times at the possibility of a new arms race; the Russians would be “forced to develop weapons” to “restore balance in the sphere” if the US were to pull out.

For now, Secretary of State Mike Pompeo announced on December 4 that the US “will suspend its obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and veritable compliance”. Ten days later, Russia submitted a draft of resolution to the UN General Assembly in support of the INF Treaty calling on all sides to fulfill their obligations. It seems to be a move towards a bilateral negotiation, but 2019 will begin with uncertainty in a matter so critical as this.

Estados Unidos sigue atento la innovación de métodos que también podrían servir para introducir células terroristas o incluso armas de destrucción masiva

En los últimos diez años, la proliferación de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de difícil detección, ha acaparado un tercio del transporte de droga desde Sudamérica a Estados Unidos. La incorporación de sistemas GPS por parte de los carteles dificulta también la lucha global antinarcóticos. Un posible uso de esos nuevos métodos para fines terroristas mantiene alerta a Estados Unidos.

▲ Narcosubmarino encontrado en la selva de Ecuador en 2010 [DEA]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

El tráfico de droga hacia los grandes mercados de consumo, sobre todo Estados Unidos y Europa, es especialmente innovador: la magnitud del negocio lleva a intentar superar cualquier barrera que pongan los Estados para impedir su penetración y distribución. En el caso de Estados Unidos, donde la llegada ilícita de narcóticos se remonta al siglo XIX –desde el opio hasta la marihuana y la cocaína–, los continuados esfuerzos de las autoridades han logrado interceptar muchos envíos de droga, pero los traficantes encuentran nuevas vías y métodos para introducir en el país un volumen importante de estupefacientes.

El método más inquietante en los últimos diez años ha sido el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, a las que comúnmente se les ha dado el nombre de narcosubmarinos, que permiten transportar varias toneladas de sustancias –cinco veces más de lo que lo hacía un barco pesquero– esquivando la vigilancia de los guardacostas [1]. La tecnología satelital también ha llevado a los traficantes a dejar cargas de droga en el mar, luego recogidas por embarcaciones de recreo sin levantar sospecha. A esos métodos hacen referencia recientes informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos estadounidense.

Por las aguas de Centroamérica

Durante muchos años, la forma habitual de transportar la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos ha sido mediante barcos pesqueros, lanchas rápidas y avionetas. Los avances en las técnicas de detección y rastreo desde el aire han empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas maneras de llevar sus cargas hacia el Norte. De ahí el desarrollo de los narcosubmarinos, cuyo número, desde una primera interceptación en 2006 por las autoridades estadounidenses, ha conocido una rápida progresión.

Ese medio de transporte es una de las razones de que desde 2013 haya aumentado en un 10% el tráfico de la ruta de droga que va de Colombia (país que produce el 93% de la cocaína consumida en EEUU) a Centroamérica y México, desde donde los cargamentos son introducidos en EEUU. Según la DEA, este corredor representa hoy un estimado 93% del movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, frente al 7% de la ruta que busca las islas del Caribe (principalmente la República Dominicana) para llegar a Florida u otros lugares del litoral estadounidense.

Durante un tiempo, entre el servicio de guardacostas de EEUU se extendió el rumor de que los carteles de droga estaban usando narcosubmarinos. Sin haber visto de momento ninguno, los agentes le dieron el nombre de 'Bigfoot' (como se conoce un supuesto animal con forma de simio que habitaría en bosques del Pacífico estadounidense).

El primer avistamiento se produjo en noviembre de 2006, cuando un patrullero de la Guardia Costera de EEUU detectó una forma desdibujada en el océano, a unas cien millas del litoral de Costa Rica. Cuando los agentes se acercaron descubrieron tres tubos de plástico que emergían del agua, que provenían de una nave sumergible que se abría paso a dos metros bajo la superficie. Dentro encontraron tres toneladas de cocaína y cuatro hombres armados con un fusil AK-47. Los guardacostas lo bautizaron como 'Bigfoot I'.

Dos años después habría un 'Bigfoot II'. En septiembre de 2008, una fragata de la Armada estadounidenses en labores de guardacostas apresó un aparato semejante a 350 millas de la frontera entre México y Guatemala. La tripulación se componía de cuatro hombres y la carga era de 6,4 toneladas de cocaína.

Para entonces, las autoridades de EEUU calcularon que ya se habían fabricado más de cien sumergibles o semisumergibles. En 2009 estimaron que solo estaban pudiendo detener un 14% de los envíos y que este medio de transporte suministraba al menos un tercio de la cocaína que llegaba al mercado estadounidense. Las armadas de Colombia, México y Guatemala también han decomisado algunos de estos narcosubmarinos, que además de haber sido localizados en el Pacífico igualmente han sido detectados en el Caribe y el Atlántico. Fabricados de forma artesanal en la selva, quizás el episodio más llamativo fue el de haber encontrado uno de ellos en el interior de Ecuador, en las aguas de un río. 

Su innovación técnica ha sorprendido con frecuencia a los funcionarios antinarcóticos.  Muchos de estos autopropulsados narcosubmarinos llegan a medir quince metros, están hechos de materiales sintéticos y fibra de vidrio y han sido diseñados para reducir la detección por radar o infrarrojos. Ha habido modelos también con sistemas de navegación GPS para poder repostar carburante y recibir comida en citas convenidas a lo largo del trayecto.

Localización por GPS

El desarrollo y generalización del GPS también ha servido a los narcotraficantes para introducir mayores innovaciones. Un procedimiento, por ejemplo, ha sido rellenar con droga un recipiente en forma de torpedo –como un sumergible, pero esta vez sin tripulación–, unido a una boya y un emisor de señal. El contenedor puede albergar hasta siete toneladas de cocaína y se sujeta al fondo de un barco mediante un cable. Si el barco es interceptado, simplemente puede dejar caer el contenedor a más profundidad, para luego ser recuperado por otra embarcación gracias al localizador satelital. Esto hace extremadamente difícil a las autoridades capturar la droga y detener a los traficantes.

El sistema de navegación GPS también se usa para depositar cargas de droga en puntos de las aguas territoriales de Estados Unidos, donde pueden ser recogidos por embarcaciones de recreo o por un reducido grupo de personas sin levantar sospechas. El paquete conteniendo la cocaína es recubierto con varias capas de material y luego todo ello es impermeabilizado con un tipo de espuma. El paquete se coloca dentro de una bolsa de lona que se deposita en el fondo del mar para luego ser recuperado por otras personas.

Como indica la DEA en su informe de 2017, “esto demuestra cómo las organizaciones narcotraficantes han evolucionado sus métodos para llevar a cabo las transacciones de cocaína utilizando tecnología”. Y cita el ejemplo de organizaciones que “transportan kilos de cocaína en paquetes impermeables hasta una predeterminada localización y la fijan al lecho del océano para que sea luego retirada por otros miembros de la organización que tienen la localización GPS”, lo que “permite a los miembros de organizaciones de narcotráfico compartimentar su trabajo, separando a quienes hacen el transporte marítimo de los distribuidores en tierra firme”.

Riesgo terrorista

La posibilidad de que estos métodos de muy difícil detección sean utilizados para introducir armas o puedan formar parte de operativos terroristas preocupa a las autoridades estadounidenses. El vicealmirante retirado James Stravidis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha alertado del potencial uso especialmente de los sumergibles “para transportar más que solo narcóticos: el movimiento de dinero en metálico, armas, extremistas violentos o, en el peor extremo del espectro, armas de destrucción masiva”.

A este riesgo se refirió también el contralmirante Joseph Nimmich cuando, como comandante del Grupo Sur de Trabajo Conjunto Interagencias, se enfrentó al surgimiento de los sumergibles. “Si puedes transportar diez toneladas de cocaína, puedes transportar diez toneladas de cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

Según este periódico, la elaboración furtiva de submarinos caseros se desarrolló primero en Sri Lanka, donde el grupo rebelde de los Tigres Tamiles los utilizó en su enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. “Los tamiles pasarán a la historia como la primera organización terrorista en desarrollar armas submarinas”, aseguró el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. En 2006, como afirma el NYT, “un paquistaní y un esrinlanqués facilitaron planos a los colombianos para construir semisumergibles que fueran rápidos, silenciosos y de materiales baratos y comúnmente al alcance”.

A pesar de ese origen, en última instancia relacionado con los rebeldes Tamil, y de la potencialidad terrorista que presentan los sumergibles utilizados por los carteles de droga, lo cierto es que Washington no ha reportado evidencias de que los nuevos métodos de transporte de droga desarrollados por los grupos de crimen organizado estén siendo usados por actores extremistas de otro cariz. No obstante, EEUU mantiene alta la guardia dado el elevado índice de envíos de cargamentos que llegan a su destino sin detección.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pág. 143-145

Los 24 países socios buscan desde ambas orillas una mayor colaboración Sur-Sur, pero el avance es lento

Si en el Atlántico Norte está la OTAN, en el Atlántico Sur está la ZOPACAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur). Sin repetir el modelo de club militar de la OTAN, la ZOPACAS tiene como objetivo la cooperación en materia de seguridad y defensa, pero también la colaboración para el desarrollo endógeno de la región. Creada en 1986, la organización es un interesante foro para abordar problemas comunes, pero adolece de mecanismos para un mayor compromiso.

▲ Países que forman parte de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur [Wikimedia]

ARTÍCULO / Alejandro Palacios

En las últimas décadas, la proliferación de foros de cooperación Sur-Sur ha puesto de manifiesto el deseo de muchos países del mundo de buscar su desarrollo y la colaboración regional sin la tutela o la injerencia históricamente ejercida desde los países más industrializados. El objetivo ha sido la articulación de nuevas formas de asociación regional que garanticen la independencia del Sur en sus relaciones con el Norte y promuevan un verdadero desarrollo, sin incurrir en los viejos desequilibrios.

En tal contexto surgió en 1986, a iniciativa brasileña, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS, también conocida como ZPCAS). Se trata de una organización consultiva de carácter transcontinental, integrada por 24 países situados ambos lados del Atlántico1 y que cuenta con el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas a través de la resolución 41/11.

La organización se constituyó en el tramo final de la Guerra Fría, época durante la cual algunos países buscaron modos de cooperación al margen del reparto bipolar del poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Nació también en un momento en que Angola y Brasil se estaban convirtiendo en actores regionales importantes por la alta presencia de hidrocarburos en sus territorios. De ahí surgió la necesidad de crear mayores condiciones de seguridad en la zona a fin de que las operaciones económicas por vía marítima pudieran llevarse a cabo con la menor incertidumbre posible.

No obstante, el crecimiento y desarrollo de la ZOPACAS fue progresivo, tanto desde en el aspecto institucional como en el de números de miembros. Es de destacar el caso de Sudáfrica, país que no entró en la organización hasta que puso fin a su política del Apartheid. La incorporación de Sudáfrica en la cumbre de Brasilia de 1994 incrementó el prestigio de la organización y supuso el final de su proceso de constitución.

Aun así, a la ZOPACAS todavía le faltaba madurez en el plano institucional. En la reunión en Montevideo de 2013 sus integrantes acordaron reunirse anualmente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y crear un Grupo de Contacto que, además de implementar las decisiones adoptadas en los encuentros, también coordina los temas relevantes para la zona relacionados con la paz y la cooperación.

En el corto plazo, la ZOPACAS logró importantes avances en favor de la paz y seguridad en el Atlántico Sur. Uno de los más destacables se refiere a la firma en 1996 del Tratado de Pelindaba (Tratado Africano para formación de una Zona Libre de Armas Nucleares), el cual convirtió a África, tras la adhesión sudafricana2, en la tercera zona desnuclearizada del mundo. La medida seguía a la adoptada en 1967 por el Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina y el Caribe en la primera región desnuclearizada.

¿Reemergencia?

A pesar de sus destacables logros en materia de paz y seguridad, la ZOPACAS se encuentra actualmente en una situación de falta de impulso. Si bien es cierto que algunos analistas hablan de reemergencia, otros aseguran que para que la organización pueda resurgir antes tiene que someterse a una reestructuración institucional que permita afrontar mejor las amenazas y los desafíos que suponen las nuevas realidades geopolíticas.

Como se ha comentado, las aspiraciones del resurgimiento de la organización están amparadas en una mayor importancia del comercio marítimo, en la explotación de los nuevos campos petroleros bajo aguas profundas de Brasil (capa pre-sal), y en la necesidad de proteger el transporte marítimo frente a la piratería, entre otros asuntos. Parta el director de la Escuela Sudamericana de Defensa, Antonio Jorge Ramalho, todo esto está incrementando la importancia geopolítica de la región del Atlántico Sur, lo que convertiría a la ZOPACAS en una “herramienta lista para ser utilizada en caso de que exista una percepción de amenaza en la zona” que ponga en riesgo la extracción y comercio de las materias primas de la región.

Sin embargo, también se señalan riesgos asociados a una posible reemergencia de la ZOPACAS. Estos tienen que ver, paradójicamente, con una mayor injerencia de países del Hemisferio Norte, algunos de los cuales han expresado la intención de ampliar su zona de actuación al Atlántico Sur. Francia tiene el propósito de ampliar su influencia desde la Guyana francesa, mientras que Rusia ya ha recibido aprobación de Guinea Ecuatorial para usar el principal puerto del país.

Está claro que la zona de paz y cooperación tiene capacidad para contrarrestar esa influencia, primariamente por medio del aumento de la colaboración entre los Estados del Atlántico Sur. Para que ello suceda, el área cuenta con dos características definitorias: el ser una zona bastante pacífica per se y el hecho de que la mayoría de los países implicados cuentan con economías basadas en recursos naturales y las exportaciones de materias primas. Estos factores pueden alentar una cooperación más que necesaria para ahuyentar las pretendidas injerencias occidentales.

Si bien, por tanto, la capacidad de desarrollo de la ZOPACAS es clara, hay que tener presente que la organización no cuenta a día de hoy con una estructura institucional capaz de promover esas sinergias y prácticas cooperativas de una manera eficaz. De hecho, algunos analistas arguyen que, contrariamente a lo que debería estar sucediendo, los países cada vez ponen menos interés en el proyecto, como se pone de manifiesto en la frecuente ausencia de los presidentes de los países en las reuniones de la organización.

Así, pues, puede concluirse que tanto por la falta de recursos materiales como por la naturaleza consultiva de la organización, la ZOPACAS no ha podido proyectar influencia suficiente como para convertirse en una organización de referencia internacional. Ha tenido mayor éxito en el corto plazo, en materia de paz y seguridad, pero le está costando asentar una cooperación económica a largo plazo. Se requiere, por tanto, de un mayor compromiso por parte de los Estados miembros a fin de solidificar un proyecto necesario no ya sólo para la paz y seguridad en la región, sino también para la independencia política, económica y energética de los Estados del Atlántico Sur.

(1) Tales son: Angola, Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Conakri, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República del Congo, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Togo y Uruguay.

(2) El caso sudafricano resulta interesante, pues es el primer y único país hasta la fecha que, tras haber desarrollado la bomba nuclear, decretó el desmantelamiento íntegro de su programa nuclear tras la firma del  Tratado de No Proliferación Nuclear en 1991.

Did the Provisional IRA lose its ‘Long War’? Why are dissident Republicans fighting now?

ESSAY / María Granados Machimbarrena

In 1998, the Belfast Agreement or Good Friday Agreement marked the development of the political relations between Northern Ireland and the United Kingdom. Several writers, politicians and academics claimed the British had won the ‘Long War’.(1)

However, according to other scholars and politicians(2), the armed struggle has not left the region. The following paper delves into the question as to whether the war is over, and attempts to give an explanation to the ultimate quest of dissident Republicans.

On the one hand, Aaron Edwards, a scholar writing on the Operation Banner and counter- insurgency, states that Northern Ireland was a successful peace process, a transformation from terrorism to democratic politics. He remarks that despite the COIN being seen as a success, the disaster was barely evaded in the 1970s.(3) The concept of ‘fighting the last war’, meaning the repetition of the strategy or tactic that was used to win the previous war(4), portrays Edward’s critique on the Operation. The latter was based on trials and tests undertaken in the post-war period, but the IRA also studied past interventions from the British military. The insurgents’ focus on the development of a citizen defence force and the support of the community, added to the elusive Human Intelligence, turned the ‘one-size-fits-all’ British strategy into a failure. The British Army thought that the opponents’ defeat would bring peace, and it disregarded the people-centric approach such a war required. The ‘ability to become fish in a popular sea’, the need to regain, retain and build the loyalty and trust of the Irish population was the main focus since 1976, when the role of the police was upgraded and the Army became in charge of its support. The absence of a political framework to restore peace and stability, the lack of flexibility, and the rise of sectarianism, a grave socio-economic phenomenon that fuelled the overall discontent, could have ended on a huge disaster. Nonetheless, Edwards argues the peace process succeeded because of the contribution of the Army and the political constraints imposed to it.(5)

In 2014, writer and veteran journalist Peter Taylor claimed that the British had won the war in Northern Ireland. He supported his statement through two main arguments: the disappearance of the IRA and the absence of unity between Northern Ireland and the Republic of Ireland. Former Minister Peter Robinson (DUP Party) firmly rejected the idea of such a union ever occurring: ‘It just isn't going to happen’. Ex-hunger striker Gerard Hodgins was utterly unyielding in attitude, crying: ‘We lost. (...) The IRA are too clever to tell the full truth of what was actually negotiated. And unionists are just too stupid to recognise the enormity of what they have achieved in bringing the IRA to a negotiated settlement which accepts the six-county state.’ They were all contested by Sinn Fein President Gerry Adams, a political fighter and defender of a united Ireland, and Hutchinson, who stated that the republicans were fighting a cultural battle to eradicate Britishness. He agreed that the war had changed in how it was being fought, “but it is still a war” he concluded.(6) Former IRA commander McIntyre disagrees, in his book he suggests that the PIRA(7) is on its death bed. So is the army council that plotted its campaign. ‘If the IRA ever re-emerges, it will be a new organisation with new people’.(8)

There is an important point that most of the above-mentioned leaders fail to address: the so- called cultural battle, which is indeed about the conquest of ‘hearts and minds’. Scholars(9) find there is a deep misunderstanding of the core of republicanism among politicians and disbelievers of the anti-GFA groups’ strength. In fact, there has been an increase on the number of attacks, as well as on the Provisional movement’s incompetence. Historical examples show that the inability to control the population, the opponent’s motivation, or the media leads to defeat. E.g.: C.W. Gwynn realised of the importance of intelligence and propaganda, and H. Simson coined the term ‘sub-war’, or the dual use of terror and propaganda to undermine the government.(10) T.E. Lawrence also wrote about psychological warfare. He cited Von der Goltz on one particular occasion, quoting ‘it was necessary not to annihilate the enemy, but to break his courage.’(11)

On the other hand, Radford follows the line of Frenett and Smith, demonstrating that the armed struggle has not left Northern Ireland. There are two main arguments that support their view: (1) Multiple groups decline the agreement and (2) Social networks strengthen a traditional-minded Irish Republican constituency, committed to pursue their goals.

In the aftermath of the GFA, the rejectionist group PIRA fragmented off and the RIRA was born. The contention of what is now called RIRA (Real IRA) is that such a body should always exist to challenge Great Britain militarily. Their aim is to subvert and to put an end to the Peace Process, whilst rejecting any other form of republicanism. Moreover, their dual strategy supported the creation of the political pressure group 32CSM.(12) Nonetheless, after the Omagh bombing in 1998, there was a decline in the military effectiveness of the RIRA. Several events left the successor strategically and politically aimless: A new terrorism law, an FBI penetration, and a series of arrests and arms finds.(13) In spite of what seemed to be a defeat, it was not the end of the group. In 2007, the RIRA rearmed itself, an on-going trend that tries to imitate PIRA’s war and prevents the weaponry from going obsolete. In addition, other factions re-emerged: The Continuity IRA (CIRA), weaker than the RIRA, was paralysed in 2010 after a successful penetration by the security forces. Notwithstanding, it is still one of the richest organisations in the world. Secondly, the Oglaigh na hEireann (ONH) is politically aligned with the RSF and the RNU. They have not been very popular on the political arena, but they actively contest seats in the council.(14)

In 2009, the Independent Monitoring Commission acknowledged an increase in ‘freelance dissidents’, who are perceived as a growing threat, numbers ranging between 400-500. The reason behind it is the highly interconnected network of traditional republican families. Studies also show that 14% of nationalists can sympathetically justify the use of republican violence. Other factors worth mentioning include: A growing presence of older men and women with paramilitary experience; an increase of coordination and cooperation between the groups; an improvement in capability and technical knowledge, evidenced by recent activities.(15)

In 2014, a relatively focused and coherent IRA (‘New IRA’) emerged, with poor political support and a lack of funding, but reaching out to enough irredentists to cause a potential trouble in a not so distant future.

Conclusion

Von Bülow predicted: ‘[Our consequence of the foregoing Exposition, is, that] small States, in the future, will no more vanquish great ones, but on the contrary will finally become a Pray to them”.(16) One could argue that it is the case with Northern Ireland.

Although according to him, number and organisation are essential to an army,(17) the nature of the war makes it difficult to fight in a conventional way.(18) Most documents agree that the war against the (P)IRA must be fought with a counterinsurgency strategy, since, as O’Neill thoughtfully asserts, ‘to understand most terrorism, we must first understand insurgency.’ In the 1960s, such strategies began to stress the combination of political, military, social, psychological, and economic
measures.(19) This holistic approach to the conflict would be guided by political action, as many scholars put forward in counterinsurgency manuals (e.g.: Galula citing Mao Zedong’s ‘[R]evolutionary war is 80 per cent political action and only 20 per cent military’.(20) Jackson suggests that the target of the security apparatus may not be the destruction of the insurgency, but the prevention of the organisation from configuring its scenario through violence. Therefore, after the security forces dismantle the PIRA, a larger and more heavy response should be undertaken on the political arena to render it irrelevant.(21)

One of the main dangers such an insurgency poses to the UK in the long term is the re-opening of the revolutionary war, according to the definition given by Shy and Collier.(22) Besides, the risks of progression through repression is its reliance on four fragile branches, i.e.: Intelligence, propaganda, the secret services and the police.(23) The latter’s coordination was one of the causes of the fall of the PIRA, as aforementioned, and continues to be essential: ‘(...) these disparate groups of Republicans must be kept in perspective and they are unlikely, in the short term at least, to wield the same military muscle as PIRA (...), and much of that is due to the efforts of the PSNI, M15 and the British Army’ maintains Radford. Thus, ‘Technical and physical intelligence gathering are vital to fighting terrorists, but it must be complemented by good policing’.

Hence, unless the population is locally united; traditional, violent republican ideas are rejected, and the enemy remains fragmented, the remnants of the ‘Long War’ are likely to persist and cause trouble to those who ignore the current trends. There is an urgent need to understand the strong ideology behind the struggle. As the old Chinese saying goes: ‘It is said that if you know your enemies and know yourself, you will not be imperilled in a hundred battles’.(24)

1. Writer and veteran journalist Peter Taylor, Former Minister Peter Robinson (DUP Party), ex-IRA hunger striker Gerard Hodgins, and former IRA commander and Ph.D. Anthony McIntyre.

2. M. Radford, Ross Frenett and M.L.R. Smith, as well as PUP leader Billy Hutchinson and Sinn Fein President Gerry Adams.

3. Edwards, Aaron. “Lessons Learned? Operation Banner and British Counter-Insurgency Strategy” International Security and Military History, 116-118.

4. Greene, Robert, The 33 Strategies of War. Penguin Group, 2006.

5. Edwards, Aaron. l.c.

6. Who Won the War? [Documentary]. United Kingdom, BBC. First aired on Sep 2014.

7. Provisional IRA


8. McIntyre, Anthony. Good Friday: The Death of Irish Republicanism, 2008.

9. E.g.: R. Frenett, M. L. R. Smith.

10. Pratten, Garth. “Major General Sir Charles Gwynn: Soldier of the Empire, father of British counter- insurgency?” International Security and Military History, 114-115.

11. Lawrence, T. E. Seven Pillars of Wisdom: A Triumph. New York: Anchor, 1991.

12. ‘The 32 County Sovereignty Movement’

13. For instance, Freddie Scappatticci, the IRA’s head of internal security, was exposed as a British military intelligence agent in 2003.

14. Radford, Mark. ‘The Dissident IRA: Their “War” Continues’ The British Army Review 169: Spring/ Summer 2017, 43-49 f.f.

15. ‘Terrorists continue to plot, attack and build often ingenious and quite deadly devices’ Ibidem.

16. Von Bülow, Dietrich Heinrich. ‘The Spirit of the Modern System of War’. Chapter I, P. 189. Cambridge University Press, Published October 2014.

17. Von Bülow, D.H., l.c. P. 193 Chapter II.

18. Indeed, some authors will define it as an ‘unconventional war’. E.g.: ‘revolutionary war aims at the liquidation of the existing power structure and at a transformation in the structure of society.’ Heymann, Hans H. and Whitson W. W., ‘Can and Should the United States Preserve A Military Capability for Revolutionary Conflict?’ Rand Corporation, Santa Monica, Ca., 1972, p. 5.p. 54.

19. O’Neill, Board E. Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse. Dulles, VA: Potomac Books, 2005. Chapter 1: Insurgency in the Contemporary World.

20. Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger, 1964.

21. Jackson, B. A., 2007, ‘Counterinsurgency Intelligence in a “Long War”: The British Experience in Northern Ireland.’ January-February issue, Military Review, RAND Corporation.

22. ‘Revolutionary War refers to the seizure of political power by the use of armed force’. Shy, John and Thomas W. Collier. “Revolutionary War” in Peter Paret, ed. Makers of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1986.

23. Luttwak, Edward. (2002). Strategy: The Logic of War and Peace. Cambridge, US: Belknap Press.

24. Sun Tzu. The Art of War. Attack By Stratagem 3.18.

Bibliography

Edwards, Aaron. Lessons Learned? Operation Banner and British Counter-Insurgency Strategy International Security and Military History, 116-118.

Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. London: Praeger, 1964.

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Heymann, Hans H. and Whitson W. W.. Can and Should the United States Preserve A Military Capability for Revolutionary Conflict? (Rand Corporation, Santa Monica, Ca., 1972), p. 5.p. 54.

International Monitoring Commission (IMC), Irish and British governments report on the IRA army council’s existence, 2008.


Lawrence, T. E. Seven Pillars of Wisdom: A Triumph. New York: Anchor, 1991.


Luttwak, Edward. Strategy: The Logic of War and Peace. Cambridge, US: Belknap Press, 2002.

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Ross Frenett and M.L.R. Smith. IRA 2.0: Continuing the Long War—Analyzing the Factors Behind Anti-GFA Violence, Published online, June 2012.


Sepp, Kalev I.. Best Practices in Counterinsurgency. Military Review 85, 3 (May-Jun 2005), 8-12.


Sun Tzu, S. B. Griffith. The Art of War. Oxford: Clarendon Press, 1964. Print.


Taylor, Peter. Who Won the War? [Documentary]. United Kingdom, BBC. First aired on Sep 2014.


Thompson, Robert. Defeating Communist Insurgency. St. Petersburg, FL: Hailer Publishing, 2005.


Von Bülow, Dietrich Heinrich. The Spirit of the Modern System of War. Cambridge University Press, Published October 2014.

ESSAY / Blake Bierman

The Common Foreign, Security, and Defense Policy (CFSDP) of the European Union today acts a chameleonic hybrid of objectives and policies that attempt to resolve a plethora of threats faced by the EU. In a post 9/11 security framework, any acting policy measure must simultaneously answer to a wide array of political demands from member states and bureaucratic constraints from Brussels. As a result, the urgent need for consolidation and coherency in a common, digestible narrative has evolved into a single EU Global Strategy that boldly attempts to address today’s most pressing security whilst proactively deterring those of tomorrow. In this analysis, I will first present a foundational perspective on the external context of the policy areas. Next, I will interpret the self-perception of the EU within such a context and its role(s) within. Thirdly, I will identify the key interests, goals, and values of the EU and assess their incorporation into policy. I will then weigh potential resources and strategies the EU may utilize in enacting and enforcing said policies. After examining the aforementioned variables, I will end my assessment by weighing the strengths and weaknesses of both the EU’s Strategic Vision and Reflection Paper while identifying preferences within the two narratives.

EU in an External Context: A SWOT Analysis

When it comes to examining the two perspectives presented, the documents must be viewed from their correlative timelines. The first document, “From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy Year 1,” (I will refer to this as the Implementation paper) serves as a realist review of ongoing action within the EU’s three policy clusters in detailing the beginning stages of integrated approach and outlook towards the internal-external nexus along with an emphasized role of public diplomacy in the mix. On the other hand, the second document, “Reflection Paper on the Future of European Defense,” (I will refer to this as the Reflection paper) acts more so as a planning guide to define the potential frameworks for policies going forward into 2025. Once these documents are viewed within their respective timelines, a balanced “SWOT” analysis can assess the similarities and divergences of the options they present. Overwhelmingly, the theme of cooperation acts as a fundamental staple in both documents. In my opinion, this acts a force for unification and solidarity amongst member states from not only the point of view of common interest in all three policy areas, but also as a reminder of the benefits in the impact and cost of action as prescribed in the UN and NATO cases. Both documents seem to expand the EU’s context in terms of scope as embracing the means and demands for security in a global lens. The documents reinforce that in a globalized world, threats and their responses require an approach that extends beyond EU borders, and therefore a strong, coherent policy voice is needed to bring together member states and allies alike to defeat them.

Examining the divergences, much is left to be desired as far as the risks and opportunities are presented. In my perspective, I believe this was constructed purposefully as an attempt to leave the both areas  as open as possible to allow for member states to interpret them in the context of their own narratives. In short, member state cohesion at literally every policy inroad proves to be the proverbial double-edged sword as the single largest risk and opportunity tasked by the organization. I think that the incessant rehashing of the need to stress state sovereignty at every turn while glamorizing the benefits of a single market and economies of scale identifies a bipolar divide in both documents that seems yet to be bridged by national sentiments even in the most agreeable of policy areas like diplomacy. The discord remains all but dependent on the tide of political discourse at the national level for years to come as the pace maker to materialize sufficient commitments in everything from budgets to bombs in order to achieve true policy success.

Who is the EU? Self-Perception and Potential Scenarios

After understanding the external context of the EU policy areas, we now turn to the element of self-perception and the roles of the EU as an international actor. Examining the relationship between the two stands as a crucial understanding of policy formulation as central to the core identity to the EU and vice versa. In this case, both documents provide key insight as to the position of the EU in a medium-term perspective. From the Implementation Paper, we see a humbled approach that pushes the EU to evolve from a regional, reactionary actor to a proactive, world power. The paper hones in on the legal roots and past successes of an integrated approach outside EU borders as a calling to solidify the Union’s mark as a vital organ for peace and defense. The paper then broadens such an identity to incorporate the elements of NATO and the UN cooperation as a segmenting role for member states contributions, such as intelligence collection and military technology/cyber warfare. In the Reflection Paper, I think the tone and phrasing speak more to the self-perceptions of individual citizens. The emotive language for the promotion of a just cause attitude stands reinforced by the onslaught of harmonizing buzzwords throughout the paper and the three scenarios such as “joint, collaborative, solidarity, shared, common, etc.”. In my perspective, such attempts draw in the need to reinforce, protect, and preserve a common identity both at home and abroad. This formation speaks to the development of both military and civilian capabilities as a means of securing and maintaining a strong EU position in the global order while supplementing the protection of what is near and dear at home.

Policy Today: Interests, Goals, and Values

When developing a coherent line of key interests, goals, and values across three focal policy structures, the EU makes strategic use of public perception as a litmus test to guide policy narratives. In the Reflection Paper, indications clearly point to a heightened citizen concern over immigration and terrorism from 2014-2016 taking clear priority over economic issues as the continent recovers. Such a reshuffling may pave the way for once-apprehensive politicians to reexamine budgeting priorities. Such a mandate could very well be the calling national governments need to allocate more of their defense spending to the EU while also ramping up domestic civilian and military infrastructure to contribute to common policy goals. Extending this notion of interest-based contributions over to the goals themselves, I think that member states are slowly developing the political will to see that a single market for defense ultimately becomes more attractive to the individual tax payer when all play a part. As the Reflection Paper explains, this can be translated as free/common market values with the development of economies of scale, boosted production, and increased competition. In each of the three scenarios outlined, the values act as matched components to these goals and interests. Therefore, readers retain a guiding set of “principles” as the basis for the plan’s “actions” and “capabilities.” The alignment of interests, goals, and values remains a difficult but necessary target in all policy areas, as the final results have significant influence over the perception of publics that indirectly vote the policies into place. In my perspective, a lack of coherence between the three and the policies could be a potential pitfall for policy objectives as lost faith by the public may sink the voter appetite for future defense spending and action.

Making it Happen: Resources and Strategies

As the balance between the EU’s ways and means become a focal point for any CFSDP discussion, I wanted to enhance the focus between the resources and strategies to examine the distribution between EU and member state competencies. When it comes to resources in all three policy areas, individual member states’ own infrastructures become front and center. Even in the “collaborative” lens of a 21st century EU, foreign affairs, defense, and security mainly revolve as apparatuses of a state. Therefore, in order to achieve a common strategy, policy must make a concerted effort to maximize collective utilization of state assets while respecting state sovereignty. In the Reflection paper, an attempt to consolidate the two by bolstering the EU’s own defense budget acts as a middle ground. In this regard, I think the biggest opportunity for the EU to retain its own resources remains in technology. States are simply more eager to share their military tech than they are their own boots on the ground. Similarly, technology and its benefits are more easily transferrable between member states and the EU. Just as well, selling the idea of technology research to taxpayers that may one day see the fruits of such labor in civilian applications is an easier pill to swallow for politicians than having to justify the use of a state’s limited and precious human military capital for an EU assignment not all may agree with. A type of “technological independence” the third scenario implies would optimally direct funding in a manner that balances state military capacity where it acts best while joining the common strategy for EU technological superiority that all member states can equally benefit from.

Narratives and Norms: A Final Comparison

After reviewing the progress made in the Implementation Paper and balancing it with the goals set forth in the Reflection paper, it remains clear that serious decisions towards the future of EU CFSDP still need to be made. The EU Global Strategy treads lightly on the most important topics for voters like immigration and terrorism that remain works in progress under the program’s steps for “resilience” and the beginnings of an integrated approach. That being said, my perspective in this program lens remains that the role and funding of public diplomacy unfortunately remains undercut by the giant umbrella of security and defense. To delve into the assessment of counterterrorism policy as a solely defensive measure does a disservice to the massive, existing network of EU diplomatic missions serving abroad that effectively act as proactive anti-terrorism measures in themselves. At the same time, supplementing funding to public diplomacy programs would take some of the pressure off member states to release their military capabilities for joint use. In this facet, I empathize with the member state politician and voter in their apprehensiveness to serve as the use of force in even the most justifiable situations. A refocus on funding in the diplomacy side is a cost effective alternative and investment that member states can make to reduce the likelihood that their troops will need to serve abroad on behalf of the EU. The success of diplomacy can be seen in areas like immigration, where the Partnership Framework on Migration has attempted to work with countries of origin to stabilize governments and assist civilians.

Turning the page to the Reflection Paper, I think much is left to be desired in terms of the development of the three scenarios. Once again, the scenario parameters are purposefully vague to effectively sell the plan to a wide variety of narratives. At the same time, I found it reprehensible that despite the massive rhetoric to budgetary concerns, none of the three scenarios incorporated any type of estimate fiscal dimension to compare and contrast the visions. Obviously, the contributions of member states will vary widely but I think that a concerted campaign to incentivize a transparent contribution table in terms financing, military assets, diplomatic assets, or (ideally) a combination of the three would see a more realpolitik approach to what the EU does and does not possess in the  capacity to achieve in these policy areas. Ultimately, I believe that Scenario C “Common Defense and Security” retains the most to offer member states while effectively balancing the contributions and competencies equally. I think that the scenario utilizes the commitments to NATO and reinforces the importance of technological independence. As such, the importance of a well-defined plan to develop and maintain cutting-edge technology in all three policy areas cannot be overstated and, in my opinion, will become not only the most common battlefield, but also the critical one as the world enters into a 21st century of cyber warfare.

WORKS CITED

European Union. (2016). From Shared Vision to Common Action: The EU’s Global Strategic Vision: Year 1.

European Union. (2016). Reflection Paper on the Future of European Defense.

La Flota fue restaurada en 2008 debido a las alianzas geopolíticas de Venezuela

De las fuerzas navales de EEUU, la Sexta y la Séptima Flota –con base el Mediterráneo y en el Golfo Pérsico, respectivamente– son las que tradicionalmente más han aparecido en las noticias. Usualmente la Cuarta Flota pasa desapercibida. De hecho, apenas cuenta con personal, y cuando necesita barcos debe tomarlos prestados de otras unidades. Sin embargo, su restauración en 2008, después de haber sido desactivada en 1950, indica que Washington no quiere descuidar la seguridad en el Caribe frente a los movimientos de Rusia y China.

▲El USS Dwight D. Eisenhower llegando en 2010 a Mayport, Florida [US Navy]

ARTÍCULO / Dania del Carmen [Versión en inglés]

La Cuarta Flota es parte del Comando Sur de Estados Unidos. Está ubicada en Mayport, Florida, y su área de operaciones son las aguas que bañan América Central y del Sur. Los barcos que tienen su base en Mayport no pertenecen estrictamente a la base y en la actualidad no existe ninguno desplegado en las aguas de la región. El personal estacionado en la flota es de aproximadamente 160 personas, incluyendo militares, civiles federales y contratistas. Trabajan en el cuartel general del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EEUU (USNAVSO). El comandante del Comando Sur es también comandante de la Cuarta Flota, actualmente el contraalmirante Sean S. Buck.

Originalmente se estableció en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger a EEUU de acciones navales de Alemania, tanto ataques de superficie, como de operaciones de bloqueo e incursión de submarinos. Tras terminar la guerra en 1945, la FOURTHFLT se mantuvo activa hasta 1950. En ese momento, su área de operaciones fue entregada a la Segunda Flota, que acababa de establecerse para apoyar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).[1]

La Cuarta Flota fue reactivada en 2008, durante la presidencia de George W. Bush, como reacción a posibles amenazas derivadas del sentimiento anti-estadounidense promovido por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Durante ese tiempo, Venezuela recibía préstamos de Rusia para la compra de armas y para el desarrollo militar venezolano. En 2008 Venezuela realizó un ejercicio naval conjunto con Rusia en el Caribe como forma de apoyo a las intenciones rusas de aumentar su presencia geopolítica, en contrapeso al poder de Estados Unidos.

El hecho de que Nicaragua, Bolivia y Ecuador tuvieran una ideología similar a la de Venezuela reforzó el convencimiento de Washington de reactivar la flota, como recordatorio de que EEUU mantenía su interés en ser el único poder militar en el hemisferio occidental. Aunque el territorio de EEUU difícilmente podía verse amenazado, prevenir cualquier situación de riesgo en el libre acceso al Canal de Panamá ha sido una tarea permanente para el Comando Sur. En los últimos años, Rusia ha buscado expandir su presencia militar en las Américas, a través de relaciones particulares con Cuba y Nicaragua, mientras que China ha incrementado sus inversiones en el área del Canal de Panamá.

Actividad actual

Según indica la página web de USNAVSO/FOURTHFLT en su apartado de “misión”, la Cuarta Flota “emplea fuerzas marítimas en operaciones cooperativas de seguridad marítima para mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y establecer asociaciones duraderas que fomenten la seguridad regional en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM”. Como se ha mencionado, cuando se asignan barcos y otros equipos a SOUTHCOM y la Cuarta Flota, estos son provistos por otros comandos de la Armada estadounidense con responsabilidades geográficas más amplias, con base en otras partes del mundo[2].

La FOURTHFLT tiene tres líneas principales de actuación: operaciones de seguridad marítima, actividades de cooperación de seguridad y operaciones de contingencia.

—En cuanto a sus operaciones de seguridad marítima, actualmente proporciona fuerzas marítimas a la Interagency Task Force South (JIATF South) en apoyo de la Operación MARTILLO. La JIATF South “realiza operaciones de detección y monitoreo (D&M) en toda su área operativa conjunta para facilitar la interdicción del tráfico ilícito en apoyo de la seguridad nacional y de la nación socia”. Utiliza los recursos de la Cuarta Flota o emplea temporalmente otros activos, como el USS George Washington Carrier Strike Group o naves individuales de otras flotas como Norfolk, VA Fleet Forces Command o la Tercera Flota, con sede en San Diego, California. Por su parte, la Operación MARTILLO está dirigida principalmente a combatir el tráfico internacional de drogas, mejorar la seguridad regional y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en América Central y del Sur. Como parte de la Operación MARTILLO, en una operación conjunta con la Guardia Costera de los EEUU, el USS Vandegrift detuvo en 2014 a un buque sospechoso frente a las costas de América Central. El personal de seguridad encontró casi dos mil libras de cocaína. Más recientemente, en enero de 2015, el USS Gary y la Guardia Costera de EEUU decomisaron más de 1,6 toneladas de cocaína de una embarcación rápida. Sin embargo, la ausencia de activos dedicados de la Cuarta Flota demuestra que sus misiones antinarcóticos son una prioridad menor para la Armada de EEUU, aunque son significativamente menos exigentes, desde el punto de vista operativo.

—En lo que respecta a las actividades de cooperación de seguridad, los dos principales eventos de participación con otras naciones son los ejercicios UNITAS y PANAMAX. UNITAS se concibió en 1959 y se realizó por primera vez en 1960. Es un ejercicio anual cuyo propósito es demostrar el compromiso de Estados Unidos con la región y con el mantenimiento de relaciones sólidas con sus socios. PANAMAX se remonta a 2003 y se ha convertido en uno de los ejercicios de entrenamiento multinacionales más grandes del mundo. Se centra principalmente en garantizar la defensa del Canal de Panamá, una de las infraestructura más estratégicas y económicamente importantes del mundo..

—Por último, la Flota siempre está lista para llevar a cabo operaciones de contingencia: básicamente asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre. El buque hospital de la Armada de EEUU viaja regularmente por toda el área del Caribe y América Central para proporcionar apoyo humanitario. En el marco del programa Continuing Promise 2015, el buque Comfort visitó un total de 11 países, desde Guatemala hasta Dominica, llevando a cabo procedimientos como cirugía general, cirugía oftalmológica, servicios veterinarios y capacitación en salud pública. El buque participó previamente en los programas de 2007, 2009 y 2011.

Objetivos cumplidos a coste razonable

Como parte integrada del Comando Sur, la Cuarta Flota ha actuado en operaciones humanitarias importantes, como la respuesta al terremoto en Haití en enero de 2010. La FOURTHFLT tuvo el comando naval en la Operación Respuesta Unificada, que fue la mayor respuesta de contingencia en asistencia humanitaria y ayuda en desastres.

El presupuesto para esas misiones no depende solo de la Marina, como declaró un portavoz del Comando Sur, sino que también hay una contribución de recursos de “otras entidades estadounidenses, como la Guardia Costera y la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales también aportan plataformas y fuerzas, tanto marítimas como aéreas, que son clave para el apoyo de esas misiones. Por lo tanto, estamos buscando un buen contrapeso de gasto-recompensa”.

Además desarrollar actuaciones humanitarias efectivas, a un coste económico limitado, la Cuarta Flota no deja de cumplir también el propósito de que Estados Unidos tenga una presencia militar significativa en el Hemisferio Occidental ante los ojos de los Estados latinoamericanos y caribeños, y también de superpotencias como Rusia y China.

1. La Segunda Flota se desactivó en 2011 y se restableció en 2018.

2. REICH, Simon and DOMBROWSKI, Peter. The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. p. 144

[Simon Reich and Peter Dombrowski, The End of Grand Strategy. US Maritime Operations In the 21st Century. Cornell University Press. Ithaca, NY, 2017. 238 pages]

RESEÑA / Emili J. Blasco [Versión en inglés]

El concepto de Gran Estrategia no es unívoco. En su sentido más abstracto, utilizado en el campo de la geopolítica, la Grand Strategy se refiere a los imperativos geopolíticos de un país y determina aquello que necesariamente debe hacer un Estado para conseguir su propósito primario y fundamental en su relación con otros, normalmente en términos de poder. En un menor grado de abstracción, la Gran Estrategia se entiende como el principio que debe regir el modo con que un país afronta los conflictos del escenario internacional. Es lo que, en el caso de Estados Unidos, suele denominarse Doctrina de un presidente y aspira a crear una norma para la respuesta, especialmente la militar, que deba darse a los retos y amenazas que se presenten.

Este segundo sentido, más concreto, es el utilizado en The End of Grand Strategy. Sus autores no cuestionan que haya imperativos geopolíticos que deban marcar una determinada actuación de Estados Unidos, constante en el tiempo, sino que se pretenda dar una respuesta estratégica única a la variedad de riesgos de seguridad con los que se enfrenta el país. “Las estrategias deben ser calibradas de acuerdo con las circunstancias operacionales. Existen en plural, no en una singular gran estrategia”, advierten Simon Reich y Peter Dombrowski, profesores de la Universidad de Rutgers y del Naval War College, respectivamente, y ambos expertos en asuntos de defensa.

Para ambos autores, “la noción de una gran estrategia supone la vana búsqueda de orden y coherencia en un mundo cada vez más complejo”, “la misma idea de una sola gran estrategia que sirve para todo tiene poca utilidad en el siglo XXI. De hecho, a menudo es contraproducente”.

A pesar de las doctrinas que en ocasiones se invocan en algunas presidencias, en realidad a menudo coexisten diferentes aproximaciones estratégicas en un mismo mandato o incluso hay específicas estrategias que trascienden presidencias. “Estados Unidos no favorece una estrategia dominante, ni puede hacerlo”, advierten Reich y Dombrowski.

“El concepto de gran estrategia se debate en Washington, en la academia y en los medios en 'singular' en lugar de en 'plural'. La implicación es que hay un camino para asegurar los intereses de Estados Unidos en un mundo complicado. Los que debaten incluso tienden a aceptar una premisa fundamental: que Estados Unidos tiene la capacidad de controlar acontecimientos, y que de esta forma se puede permitir no ser elástico ante un entorno estratégico cambiante y cada vez más desafiante”, escriben los dos autores.

El libro examina las operaciones militares estadounidenses en lo que va de siglo, centrándose en las operaciones navales. Como potencia marítima, es en ese dominio donde la actuación de EEUU tiene mayor expresión estratégica. El resultado de ese examen es una lista de seis estrategias, agrupadas en tres tipos, que EE.UU. ha operado de modo “paralelo” y “por necesidad”.

1. Hegemonía. Se apoya en el dominio global de Estados Unidos: a) las formas primacistas están comúnmente asociadas al unilateralismo estadounidense, que en el siglo XXI ha incluido la variante neoconservadora del nation building (Irak y Afganistán); b) estrategia de liderazgo o “seguridad cooperativa” está basada en la coalición tradicional en la que Estados Unidos asume el papel de primer inter pares; busca asegurar una mayor legitimidad a las políticas estadounidenses (ejercicios militares con socios de Asia).

2. Patrocinio. Implica la provisión de recursos materiales y morales en apoyo de políticas básicamente defendidas e iniciadas por otros actores: a) estrategias formales, que están específicamente autorizadas por la ley y los protocolos internacionales (colaboración contra piratas y terroristas); b) estrategias informales, que responden a la petición de una coalición laxa de estados u otros emprendedores en lugar de estar autorizadas por organizaciones intergubernamentales (capturas en el mar).

3. Atrincheramiento: a) el aislacionismo quiere retirar las fuerzas estadounidense de las bases exteriores, reducir los compromisos de EEUU en alianzas internacionales y reasegurar el control estadounidense mediante un estricto control de la frontera (barrera contra el narcotráfico procedente de Sudamérica); b) contención, que implica participación selectiva o equilibrio desde fuera (Ártico).

La descripción de todas esas distintas actuaciones demuestra que, frente al enfoque teórico que busca un principio unificador, en realidad hay una variedad de situaciones, como saben los militares. «Los planificadores militares, por el contrario, reconocen que una variedad de circunstancias requiere un menú de elecciones estratégicas”, dicen Reich y Dombrowski. “La política estadounidense, en la práctica, no replica ninguna estratégica única. Refleja todas ellas, con la aplicación de aproximaciones estratégicas diferentes, dependiendo de las circunstancias”.

Los autores concluyen que “si los observadores aceptaran que ninguna gran estrategia es capaz de prescribir respuestas a todos las amenazas a la seguridad de Estados Unidos, reconocerían necesariamente que el propósito primario de una gran estrategia es solo retórico –una declaración de valores y principios a los que les falta utilidad operacional”. “Por definición, el diseño arquitectónico de cualquier estrategia única y abstracta es relativamente rígido, si no estático de hecho –intelectual, conceptual, analítica y organizacionalmente. Y sin embargo se espera que esa única gran estrategia funcione en un contexto que reclama una enorme adaptabilidad y que rutinariamente castigo la rigidez (...) El liderazgo militar es mucho más consciente que los académicos o los políticos de este problema inherente».

¿Cuáles son los beneficios de una pluralidad de calibradas estrategias? Según los autores, subraya a los políticos y los ciudadanos los límites del poder de Estados Unidos, muestra que EEUU también está influido por fuerzas globales que no puede dominar del todo y atempera las expectativas sobre lo que puede conseguir el poder militar estadounidense.

COMENTARIO / Daniel Andrés Llonch

El ciberespacio se ha consolidado como nuevo dominio en el que se decide la seguridad de los Estados y sus ciudadanos. Por un lado, los ataques ya no tienen por qué conllevar el empleo de armamento; por otro, las acciones no bélicas, como ciertas operaciones de injerencia en asuntos de otros países, pueden resultar especialmente efectivas dado el acceso a millones de personas que permiten las tecnologías de la información.

Esas capacidades han contribuido a generar un clima de creciente desconfianza entre las potencias mundiales, caracterizado por las acusaciones mutuas, el encubrimiento y el sigilo, ya que el ciberespacio permite esconder en gran medida la procedencia de las agresiones. Eso dificulta la misión del Estado de proteger los intereses nacionales y complica su gestión de las libertades individuales (la tensión entre la seguridad y la privacidad).

Desde Occidente se ha señalado con frecuencia a los gobiernos de Rusia y China como patrocinadores de ciberataques destinados a dañar redes informáticas sensibles y robar datos confidenciales, tanto de personas como de empresas, y de operaciones dirigidas a influir en la opinión mundial. En el caso chino se ha apuntado a actividades de unidades secretas dependientes del Ejército Popular de Liberación; en el caso ruso, se mencionan organizaciones como Fancy Bear, tras las que muchos ven directamente la mano del Kremlin.

A estos últimos agentes se les atribuyen los ciberataques o acciones de injerencia rusos en Europa y en Estados Unidos, cuyo objetivo es desestabilizar a esas potencias y restar su capacidad de influencia mundial. Varias son las fuentes que sugieren que dichas organizaciones han intervenido en procesos como el Brexit, las elecciones presidenciales de Estados Unidos o el proceso separatista en Cataluña. Esa actividad de influencia, radicalización y movilización se habría llevado a cabo mediante el manejo de redes sociales y también posiblemente mediante la utilización de la Dark Web y la Deep Web.

Una de las organizaciones más destacadas en esa actividad es Fancy Bear, también conocida como APT28 y vinculada por diversos medios a la agencia de inteligencia militar rusa. El grupo sirve a los intereses del Gobierno ruso, con actividades que incluyen el apoyo a determinados candidatos y personalidades en países extranjeros, como sucedió en las últimas elecciones a la Casa Blanca. Opera muchas veces mediante lo que se llama Advanced Persistent Threat o APT, que consiste en continuos hackeos de un sistema determinado mediante el pirateo informático.

Aunque una APT se dirige normalmente a organizaciones privadas o Estados, bien por motivos comerciales o por intereses políticos, también puede tener como objetivo a ciudadanos que sean percibidos como enemigos del Kremlin. Detrás de esas acciones no se encuentra un hacker solitario o un pequeño grupo de personas, sino toda una organización, de dimensiones muy vastas.

Fancy Bear y otros grupos similares han estado vinculados a la difusión de información confidencial robada a bancos mundiales, la Agencia Mundial Anti Dopaje, la OTAN y el proceso electoral en Francia y Alemania. También se les atribuyó una acción contra la red gubernamental alemana, en la que hubo robo de datos del Gobierno y un espionaje exhaustivo durante un largo periodo de tiempo.

La Unión Europea ha sido uno de los primeros actores internacionales en anunciar medidas al respecto, consistentes en un incremento considerable del presupuesto para reforzar la ciberseguridad y aumentar la investigación por parte de técnicos y especialistas en este campo. También se está creando la nueva figura del Data Protection Officer (DPO), que es la persona encargada de velar sobre todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos y su privacidad.

La sofisticación de internet y al mismo tiempo su vulnerabilidad han dado lugar también a una situación de inseguridad en la red. El anonimato permite perpetrar actividades delictivas que no conocen fronteras, ni físicas ni virtuales: es el cibercrimen. Se pudo constatar el 12 de mayo de 2017 con el virus Wannacry, que afectó a millones de personas a escala mundial.

La realidad, pues, nos advierte de la dimensión que ha adquirido el problema: nos habla de un riesgo real. La sociedad se encuentra crecientemente conectada a la red, lo que junto a las ventajas de todo orden que eso conlleva supone también una exposición constante a la cibercriminalidad. Los hackers pueden utilizar nuestros datos personales y la información que compartimos para sus propios fines: en ocasiones como modo de chantaje o llave para acceder a campos de la privacidad del sujeto; otras veces ese contenido privado es vendido. El hecho es que las magnitudes a las que puede llegar dicho problema resultan abrumadoras. Si una de las principales agencias de seguridad a nivel mundial, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha resultado hackeada, ¿qué es lo que deben esperar los simples usuarios, que dentro de su inocencia y desconocimiento son sujetos vulnerables y utilizables?

Al problema se le añade el progresivo mejoramiento de las técnicas y métodos utilizados: se suplantan identidades y se crean virus para móviles, sistemas informáticos, programas, correos y descargas. En otras palabras, pocas son las áreas dentro del mundo cibernético que no sean consideradas como susceptibles de hackeo o que no tengan algún punto débil que suponga una oportunidad de amenaza e intrusión para toda aquella persona u organización con fines ilícitos.

▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISIS / Camila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de  Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz. 

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.