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En los mayores países de la región, los guardias privados son cuatro veces más que los policías y disponen de diez veces más de armas que en Europa

Los elevados índices de violencia en Latinoamérica y la deficiente presencia de la autoridad de los respectivos Estados en partes del territorio han llevado a la proliferación de empresas privadas de seguridad en toda la región. Su número supera ya las 16.000 compañías, en una industria que involucra a más de 2,4 millones de personas. El sector afronta importantes retos, como legalidad imprecisa en muchos casos, déficit de experiencia, formas incompatibles con los derechos civiles y humanos en ciertos lugares y riesgo de escalada de arsenales.

El “boom” de la seguridad privada en América Latina

ARTÍCULOMartín Biera Muriel

La proliferación de las empresas de seguridad privada en América Latina va ligada a las estadísticas de criminalidad y violencia en la región. Se estima que 19 de cada 20 crímenes violentos que ocurren en el mundo tienen lugar en Latinoamérica, donde se encuentran 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo y 4 de los 5 países con mayor violencia.

La situación ha dado lugar a un “crecimiento explosivo” de la privatización de la seguridad en América Latina, como lo califica el informe “Seguridad a la venta” de Diálogo Interamericano. El aumento del número de Empresas de Defensa y Seguridad Privada (EMSP) se ha dado no solo en países con acusados conflictos, como Colombia, donde en los últimos diez años se ha registrado un incremento del 126%, sino también en países de mayor paz social e institucionalidad como Chile, que en cinco años ha visto un incremento del 50%. El total de empresas dedicadas a esta función en Latinoamérica llegaba a 16.174 en 2017, como precisaba entonces el Centro para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas de Ginebra (DCAF).

El sector de las EMSP

El término EMSP incluye tanto las empresas se seguridad al uso en países desarrollados, dedicadas normalmente a labores de custodia de establecimientos o personas físicas, como también empresas de defensa que pueden llegar a sustituir funciones habitualmente reservadas al Estado. Estas últimas se desarrollaron tras el fin de la Guerra Fría y han llegado a ser un actor importante en las relaciones internacionales, con participación en conflictos de baja e incluso alta intensidad.

Esas empresas de defensa actúan en un marco de complicada legalidad, cuya regulación intentó estandarizarse en 2008 con el Documento de Montreaux, una compilación de obligaciones legales y buenas prácticas destinada a garantizar la soberanía de los Estados y a proteger los Derechos Humanos. Si bien el texto se aplica más directamente a situaciones de conflicto armado, también aporta un marco regulatorio para las empresas de seguridad en general, dada la tenue frontera entre un tipo de empresas y otras, especialmente en Latinoamérica, donde la autoridad del Estado no alcanza muchas veces a todo el territorio nacional, algunos conflictos civiles son especialmente virulentos y ciertos usan a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia criminal y el mantenimiento del orden público.

Más guardias que policías

Las más de 16.000 EMSP de América Latina emplean en torno a 2,4 millones de personas. Si bien los guardias de seguridad superan en número a los miembros de la policía en todo el mundo, en muchos países latinoamericanos se produce un especial desequilibrio entre el número de componentes de las fuerzas policiales y el de los agentes privados: en Colombia, Brasil y México la relación es de un policía por cuatro miembros de EMSP; en países de extrema violencia como Honduras y Guatemala la relación incluso llega a ser de uno a siete. También se da el caso de que muchos miembros de la policía recurren al pluriempleo, ejerciendo de policías durante el día y convirtiéndose en agentes de seguridad por la noche en algún vecindario, empresa o edificio.

Las mayores empresas son las que se dedican a la vigilancia y a la escolta de clientes VIP. Las más grandes son de origen europeo y estadounidense y están especializadas en una parte del sector, especialmente en la protección de la propiedad privada. En su mayoría actúan en ciudades o bien en centros de extracción de recursos naturales aislados de las zonas urbanas. En relación a las frecuentes críticas que reciben estas empresas, por supuesta suplantación de funciones propias de la autoridad legalmente constituida, es necesario destacar que el marco jurídico en el que las grandes empresas operan es estricto y se encuentra supervisado.

Carrera de armamento

Se puede argumentar que la competencia entre los operadores ha generado una especie de carrera armamentística en la que cada empresa desea ofrecer servicios más eficaces. A su vez, al haber mayor número de agentes y además con armas más modernas, los criminales tienden igualmente a aumentar su potencia de fuego y sus capacidades para cumplir con sus objetivos, lo que consecuentemente lleva a las empresas a incrementar también el calibre de su armamento, en una espiral difícil de controlar. Las estadísticas muestran que Latinoamérica tiene la relación más alta de armas de fuego por guardia de seguridad del mundo fuera de aquellas áreas afectadas por conflictos. Esa relación es diez veces superior a la que existe sobre armas cortas en Europa.

Esto ha motivado que en el escenario latinoamericano en alguna ocasión se haya criticado a ciertas EMSP por haber contribuido, directa o indirectamente, al tráfico ilegal de armas y al aumento de las bandas armadas generando un círculo vicioso. Por ejemplo, en 2015 noventa personas fueron detenidas en San Francisco (algunas de ellas vinculadas a EMSP) por pertenecer a una red de tráfico de armas vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). También se ha dado el caso de robo y extravío de armas importadas desde la región, tanto por parte de contratistas individuales de seguridad privada como por los propios militares; estas armas luego ingresan en el mercado negro. Así, más del 40% de las armas ilegales en El Salvador están vinculadas a unas 460 empresas privadas de seguridad, a pesar de la obligación de tener un registro oficial para su identificación.

Retos

La reducción de los altos niveles de inseguridad es uno de los principales retos de muchos países latinoamericanos. Las razones que explican la persistente violencia en sus sociedades son múltiples; entre ellas están la corrupción política y la desigualdad económica. Las clases más ricas pueden considerarse blanco de intentos de robo o secuestro, pero también las clases populares padecen las altas cifras de criminalidad, en su caso sin posibilidad de recurrir a la seguridad privada.

La seguridad privada en América Latina afronta dos importantes retos. Uno es ilegalidad de parte del sector: las empresas de corte ilegal crecen de forma más rápida que en el sector legal; en Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supero a los formales. El otro es la falta de entrenamiento o experiencia de cierto volumen de los guardias privados. Atender a la necesidad de mayor regulación legal, y de una regulación más ajustada a las especificidades nacionales, y a la conveniencia de mayor formación ayudará a reducir la zona gris en la que en muchos casos se opera y  las violaciones de Derechos Humanos.

Categorías Global Affairs: Artículos Seguridad y defensa Latinoamérica

How Russia, China, India and the Gulf Cooperation Council countries react to the new US sanctions against Iran

Presidents Putin and Rouhani during a meeting in Tehran, in September 2018 [Wikipedia]

▲ Presidents Putin and Rouhani during a meeting in Tehran, in September 2018 [Wikipedia]

ANALYSISAlfonso Carvajal

As US-Iranian relations continue to deteriorate, the balance of power and regional alliances will be prone to shifting and changing. Iranians will likely feel increasingly more marginalised as time passes and will seek to remedy their state of international isolation. Here, the main factors to look out for will be the nations seeking to achieve great power status, and how they will try to attract Iran towards them while pushing the Islamic Republic further away from the United States.

China and Russia’s response

Russia’s relations with Iran have historically been complicated. While at some points, the two countries have faced each other as rivals in war, other times have seen them enjoy peace and cooperation. Russia has been an important actor in Iranian international relations since at least the Sixteenth Century and will most likely retain its importance in the long run. Since the fall of the USSR, Russian-Iranian relations have improved, as many issues that had caused tensions suddenly disappeared. These issues where mainly caused by their ideological incompatibility, as the USSR’s atheism was looked upon with suspicion by Khomeini, and its support given to Iraq in the Iran-Iraq war.

Recently, both countries have found themselves facing international, mainly US, economic sanctions. This is a factor that is important to acknowledge, and that will shape their future relations. As Russia and Iran struggle to defuse the effects of sanctions, they will seek trade elsewhere. This means that they have found in each other a way to make for their isolation, and their ties are likely to only grow. Militarily, cooperation has already been cemented by years of sanctions in Iran.

Whereas once the Iranian Armed Forces boasted of having the most advanced Western-built fighter jets and other military material in the region, Iran now often uses Russian and Chinese aircraft and military gear, coupled with its own native military industry that was independently developed as a result of its isolation. Iran is also said to cooperate with Russia in certain industrial sectors close to the military such as drones. However, due to the latest international sanctions, Russia is less keen to continue to cooperate on military sales and technology transfers. For this reason, Russia has shown reluctance towards helping the Iranian nuclear program, although it is in favour of reaching a deal with Iran along with the international community.

A cornerstone in Russian-Iranian relations has always been their mutual distrust towards Turkey. In the age of the Ottoman Empire, relations between Persians and Russians would often consist in an alignment against the Ottoman Turks. Nowadays, their relationship also has this component, as Turkey and Iran are increasingly competing in the Middle East to decide who will lead the reconstruction of the region, whilst Russia and Turkey find themselves at odds in the Black Sea, where Russia’s ambition of naval dominance is being challenged.

While it may seem that Russia and Iran should be close allies, there are a series of reasons to explain why cooperation is not likely to see a fully fledged alliance. First of all, there are far too many differences between both regimes, as they have different geopolitical imperatives and ambitions in the Caucasus and the Middle east. The second issue is Israel. As Russia moves further into the Levant, it tries to maintain good relations with Israel, Iran’s archenemy, also called little Satan by Iran’s first supreme leader, Ayatollah Khomeini. As the conflict in Syria dies down in the following years, Russia will be forced to choose between who to support. This is likely to mean a withdrawal of support towards Iran’s position in Syria, as it sees its meddling in the region increasingly unproductive, and would favour its retreat. Iran, however, has said it is there to stay.

Russian-Iranian cooperation has recently been developed in one important country of the region: Afghanistan. As the US seems to lose interest in the Middle East and pivots towards East Asia, Russia and Iran have moved into the war-torn country, as they back different factions aiming to end the decades-long conflict. Russia has previously backed the Taliban, because it wants to ensure that they are a part of the peace negotiations. Iran has backed both the government and the Taliban, as it wants to fight the rising influence of ISIS in Afghanistan, as well as keep good relations with the Taliban to maintain a degree of stability and control over Afghanistan’s west, so that the conflict does not spill over. Although Russia and Iran might have different objectives, they are united in wanting to push the US of the region.

The other geopolitical giant that is slowly encroaching on the region is the People’s Republic of China, albeit with a different stance altogether. Like Russia, China has welcomed business with Iran and currently supports the nuclear deal, the JCPOA, which the US recently left. Chinese-Iranian ties are more solid than the Russian’s, as they don’t have as many overlapping hegemonic ambitions. In a certain way, the relations between these two countries arose as a way to contain the USSR’s expansive influence during the 1970’s after the Sino-Soviet split, and predate the current Iranian regime. Both countries see their relation as part of the past, as great empires of antiquity, the present, and see each other as important partners for future and ongoing projects, such as the One Road One Belt initiative. However, as does Russia, China sometimes tries to play down its support towards Iran so as not to antagonize its relations with the West and the US in particular.

The Chinese have cooperated with the Islamic Republic since its conception in the 80’s, as the Iranian isolation led them towards the few markets they could access. The main theme of this cooperation has been undoubtedly based on hydrocarbons. Iran is one of the most important producers of both crude petroleum and natural gas. China is Iran’s largest trade partner, as 31% of Iran’s exports go to China, whose imports represent 37% of Iran’s in 2017. Military cooperation between these two countries has also been very important, a large part of Iran’s non-indigenous military material is of Chinese origin. The Chinese have historically been the main providers of arms to the Iranian regime, as can be seen by much of the equipment currently used by the IRGC.

Both regimes feel a certain closeness as some parts of their ideologies are similar. Both share an anti-imperialist worldview and are sceptical of Western attitudes, an attitude best perceived among their unelected leaders. They are countries that are emerging from the misery left behind by Western imperialism, according to their own narrative. Both see each other as the heirs of some of the world’s oldest cultures—the Chinese often talk of 20 centuries of cooperation between both states—, and thus feel a historical, civilizational and anti-imperialist connection in this sense. Iranians admire the great leaps that the PRC has taken towards development, and the great successes they have brought to the Chinese people and State. They also value the Chinese mindset of not meddling or criticizing the internal affairs of other States, and treating them all in the same way independent of their government.

On the other hand, the Chinese are happy to work with a Muslim country that doesn’t stir the restive North-Western Xinjiang region, where the majority of China’s Uighur Muslims live. In fact, Iran is seen by the Chinese as an important factor on the stability of Central Asia. More recently, they also see in Iran a key part of the pharaonic One Belt One Road infrastructure project, as Iran sits in the crossroads between East and West. It is understood that Beijing has high expectations of cooperation with Teheran.

However, not all of it is positive. Iranians and Chinese have different ideological foundations. China has shown that it will not be able to form an full-fledged alliance with Iran, as it fears Western backlash. In 2010 China voted a UNSC resolution in favour of sanctions towards Iran. Even though these were largely ignored by China later, Tehran understood the message. As a result of these sanctions, the only nations willing to trade with Iran where Russia and China. The latter became an increasingly important trade partner as a consequence of the lack of Western competition and began to flood the Iranian market with low-quality goods, which was unpopular among the Iranians. Resentment toward China only grew as the Chinese firms that became established in Iran brought their own workers from China and unemployment remained at high levels despite the increased economic activity. As discontent rose, Iranians of all backgrounds saw the negotiations with the West with great expectations. If successful, negotiations could provide a diversification of providers and a counterbalance against Chinese influence.

As negotiations have broken down under the Trump administration, China’s role in Iran is likely to only intensify. While the Europeans fight to save the nuclear deal, Iran is set to count on China as its main trade partner. Chinese firms, although now more vulnerable to pressure from the US than in 2010, still have strong interests in Iran, and are unlikely to leave what will be a competition-free market once most foreign firms are deterred by US sanctions. The Chinese will seek to keep the nuclear provisions of the JCPOA agreement and will cooperate in the development of the Arak Heavy Water Reactor, probably displacing the Russians, which have historically led the Iranian nuclear program. Chinese involvement in the Iranian nuclear industry will likely prevent the development of a bomb, as China does not want to encourage nuclear arms proliferation.

While China moves into South Asia, alarms go off in New Delhi. India sees itself as the dominant power in the region and its traditional enmity towards China is causing a change in its foreign policy. India’s PM, Narendra Modi, is following a policy of “Neighbourhood first” in the face of a growing Chinese presence. China already has expanded its reach to countries like Sri Lanka, where it has secured the port of Hambantota for a 99-year lease. In the latest years, Pakistan, India’s other arch-enemy, has become one of China’s closest partners. The relation between both countries stems from their rivalry towards India, although cooperation has reached new levels. The Chinese- Pakistan Economic Corridor runs from the Chinese city of Kashgar through the entire length of the country of Pakistan and ends in the developing port of Gwadar. The project has caused a rush of much needed capital in the financially unstable Pakistan, with Chinese and Saudi bonds keeping it afloat. In the face of China’s new projects and its New Silk Road, New Delhi sees itself more and more surrounded, and has accused China of scheming to isolate it.

To face China’s new stance, India has taken a more active role. Its prime minister made many State visits to the neighbouring countries in a bid to weaken Chinese influence. In this effort to impose itself on what it sees as its region, India is developing a deep-sea port in the coast of Iran, past the strait of Hormuz in the Indian ocean. Iran will be an important piece in the designs of the Indian political elite.

The development of the deep-sea port of Chabahar is a joint Indian, Iranian and Afghan project to improve the connectivity of the region and has more than one reason of being. It is effectively a port to connect Central Asia, a growing 65-million people market, through a series of rail and road networks which are also part of the project, to the Indian Ocean. Another reason for this port is the development of war-torn Afghanistan, which also serves the purpose of reducing Pakistan’s influence there. Pakistan holds a firm grip in Afghanistan and sees it as its back yard. Pakistan is said to harbour Taliban guerrillas, who use the country to launch attacks against Afghanistan, as it did against the USSR in the 80’s. The most important feature of all for India is that the port would allow it to bypass what is an effective land blockade from Pakistan, and will permit it to reach and trade with Afghanistan. The Chabahar port will essentially compete with the Chinese-built Gwadar port in nearby Pakistan, in the two superpowers’ race for influence and domination of the ocean’s oil-carrying sea lanes.

India’s usual approach is to keep a neutral stance around world conflicts in order to be able to talk and deal with all parties. This is part of its non-commitment policy. For example, India has relations with both Israel and Palestine, or Iran and Saudi Arabia. This means that India is very unlikely to make any serious statement in favour of Iran against the United States if Iranian-US relations were to badly break down, as it might be seen as picking sides by some countries. It does not mean, however, that it will abandon Iran. India has already invested greatly in infrastructure projects and is unlikely to simply withdraw them. Far more importantly, India is one of Iran’s biggest petroleum purchasers, and losing such an important market and provider is not a choice the Indian government is eager to make.

India calls its relationship with Iran a “strategic partnership”, in terms of cooperation in energy and trade activities. The Indian government is likely to take a cautious stance while acting with principles of Realpolitik. They will try to sort out sanctions if they can and will discourage this sort of activity while trying to maintain their interests in the region. As said before, New Delhi will shy away from committing strongly from any project likely to keep its hands tied.

The Syrian War

In 2011, the Middle East and North Africa region was shaken by what would soon be called the Arab Spring. While the citizens of many Arab countries where chanting pro- democratic slogans and protesting outside dictators’ palaces and in the squares of Middle Eastern capitals, outside observers began to say that the once dictatorship- riddled region was about to adopt Western liberal democracy in what would become an era of freedom never paralleled in such countries. What came later could hardly be further from that reality. The region was struck by great waves civil unrest, as one by one, from West to East, the waves of revolution spread. The most authoritarian regimes attacked their own citizens with brutal repression, and what seemed like democratic transitions rapidly turned out to fall back into authoritarianism. Such was the case in Egypt, among others. However, some countries where struck harder than others. The more serious cases became civil wars. Some of the countries that had enjoyed relative long-term stability, like Libya and Syria burst into civil war. Yemen too, was struck by sectarian conflict.

The longest of these conflicts, the Syrian Civil War, is on its 8th year already. For a long time, it has drawn many international and regional actors, turning its countryside into a patchwork of pro-government militias, rebel guerrillas, Islamist extremism, transnational nationalist movements and others. The ruling class, the Al- Assad alawite family, under an authoritarian and secularist regime, has held on to power through every means possible, using foreign support as a crucial part of its survival strategy. To his side, Bashar Al-Assad has drawn the support of Vladimir Putin’s Russian Federation, as well as the Islamic Republic of Iran and its Lebanese ally, Hezbollah. Each of these players has brought their own forces to the battlefield, as Russia has helped give Syria the necessary aerial capabilities it lacked, while Iran provides it with Shia militias, material, volunteers, and the presence of Hezbollah.

The regime faces many groups, who often fight against each other, and have different international backing, if any. For example, the Free Syrian Army is said to be backed by Turkey and is made from Sunni Arab and Turkmen militias. Other groups such as the Islamic State or Al Qaeda affiliated organizations also fight for survival, or to implement their ideal society. Another important group, perhaps the most important one is the YPG, or People’s Protection Unit, largely a Kurdish force, which holds much of Northern Syria, the Kurdish region called Rojava. The YPG and the Syrian government of Al-Assad seem to have come to an understanding and try not to enter into hostilities amongst each other, focusing on the Islamic State, or ISIL. YPG international backing comes mainly from the US, but with President Donald Trump having said that the US will soon leave Syria, their future is uncertain.

With Bashar Al-Assad’s position having become dominant in the Syrian battlefield, it is expected that the conflict will enter a new stage. Israel has shown its growing discomfort in what it sees as Iranian expansionism, and has launched aerial offensives against Iranian positions, permitted by Russia, who currently controls much of Syria’s aerial defences. This might spell the loosening of Al-Assad’s coalition.

As Iranian-backed forces draw closer to the southwest of Syria, Israel becomes more and more nervous. The implication of Israel in the Syrian conflict would most likely be a disaster for all parties involved. If Israel comes to point of fearing for its territorial integrity, or its existence, it has previously shown, in many occasions, that it will not doubt to take action and use all of its military might in the process if needed.

This is why Hezbollah is unlikely to make a serious move towards the Golan Heights. Hezbollah now boasts of the greatest amount of power it has ever had in its domestic scene. It is an influential actor in the Syrian War and at home it has achieved serious political power, forming a coalition with various other Shia and Christian groups. A war with Israel, in which it was identified as the aggressor, would be disastrous to its image as a protector of the Lebanese, as it has always taken a stance of resistance. It would put all of Hezbollah’s political achievements in jeopardy. Whatever the case, Israel boasts of significantly more modern and powerful armed forces, which would force Hezbollah to be on the defensive, thus making an offensive into Israel extremely unlikely. Hezbollah must then try to restrain Iran, although, amongst the myriad of Iranian-backed militias, it has lost leverage in its relations with Iran and the IRGC.

For Bashar Al-Assad, war with Israel might prove an existential threat, as it bears the potential to cause a great deal of damage in Syria, undermining any effort to consolidate power and end the war in his favour. If war with Israel broke out, even if it was just against Iranian-backed objectives, Al-Assad would never be able to obtain the reconstruction funds it so badly needs to rebuild the country. Israel’s powerful and advanced army would without a doubt pose the patchwork of battle-hardened militias a very big challenge. Thus, it is very unlikely for Al-Assad to permit a war might cause his downfall.

Russia, wishing to end the war and keep its military bases and prestige in the process, would no doubt discourage any sort of posturing against Israel from its allies in Syria. Moscow seeks to maintain good relations with Israel and wouldn’t be very upset about an Iranian exit. It is already trying to prevent Iran and Hezbollah from coming too close to the Israeli and Jordanian borders and has opened the Syrian airspace to Israeli aerial attacks towards Iranian targets located in its vicinity. Russia would welcome a quick and impressive end to the war to consolidate its status as a global power and become a power broker in the region.

Reaching a deal with the US to end hostilities in exchange for the recognition of Al-Assad is not outside the realms of possibility, as chances of regime change get slimmer, the US will be forced to recognize that Al-Assad is there to stay. It is necessary to acknowledge that a Russian-US deal will be incomplete, and quite unfruitful. The US is very likely to demand that Iran leave Syria and stops occupying Iraq with is Quds Force. Russia does not possess the leverage to send Iran back home. It would also be unfavourable for Russia as it has chosen to help Assad to regain its status as a great power in the world and has become a major power broker in the Middle East. This means their position relies on their status, which would be compromised, were Iran to openly confront Russia. The Iranians have already said that they would not leave unless Bashar Al-Assad specifically asked them to. Russia could pressure on Al-Assad, but the Iranians are likely to have more leverage, as they have a larger ground force in the region, and where the first to help the Syrian regime.

If the US wants to achieve any sort of meaningful peace negotiations, it must come into dialogue with the Iranians. Any sort of negotiation that does not include Iran would be pointless, as the amount of influence it has acquired in the region these last years makes it a key player. Iran is determined to stay in Syria and the IRGC is committed to force the government to keep its presence abroad.

In any case, the retreat of US troops in Syria would mark a turning point in the war. Currently the US provides air support, has 2,000 ground troops and provides an vital amount of equipment to the YPG Kurdish forces. Its retreat would be a blow to American credibility as an international ally, as it abandons the Kurds in a decisive moment where all tables could turn against them. Turkey has committed forces towards fighting the Kurds, which it sees as a threat to its national integrity, as large numbers of Kurds live inside Turkey and are hostile to it. The main reason for Turkish entry into the Syrian war was to stop the YPG from uniting a long stretch of land along the Turkish

border towards the Mediterranean Sea and to prevent the establishment of a Kurdish state. It is therefore a possibility that, whether through its Syrian proxies, or with its own army, the Turks will ally with Al-Assad against the Kurds, if these two don’t reach an agreement and begin hostilities. This alliance is more than likely, as Turkish animosity towards Kurdish forces will cause them to jump at the occasion, if Al-Assad asks for help. Al-Assad might seek in this way to balance Iranian influence by integrating another player, which would cause tensions between Iran and Turkey to rise, as both countries aspire to obtain regional hegemony, and would give Syria more margin to manoeuvre.

 

Saudi Arabian soldier from the First Airborne Brigade with a UAE soldier, 2016 [Saudi88hawk-Wikipedia]

Saudi Arabian soldier from the First Airborne Brigade with a UAE soldier, 2016 [Saudi88hawk-Wikipedia]

 

Saudi-Iranian rivalry

The struggle for dominance in the region is expected to continue indeterminately. As long as the ideological argument between the Islamic Republic and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) exists, it will take geopolitical dimensions, as both states seek to ensure their legitimacy in the face of the other. The Iran-Iraq War shaped the Islamic Republic’s sense of geopolitical isolation, giving the more entrenched sectors of its political elite a fierce will to prevent any further isolation as was done in the past. Chemical weapons, often provided by the US were used against it, without any action taken from the international community. Therefore, the Iranian elites believe that Iran will have to stand by itself, and knows it will have few allies.

For the moment, Iran seems to be winning the confrontation. With a the possibility of a consolidated Syria, Iran’s influence would be unparalleled. Iraq, Syria, Lebanon will provide Iran the reach and the potential to expand its influence even in the Mediterranean Sea. The war in Yemen is proving as costly as it is ineffective to Saudi Arabia and its allies, with a minimum cost from Iran. It can be expected that Iran keeps its strong grip over these countries, as its presence has become necessary for the survival of some of these states. It will not be without difficulty, as local forces are likely to reject the imposition of Iranian authority. This has been shown before in the burning of the Iranian consulate in Basra [4], by local Sunni Arabs who resent the degree of influence its neighbour has in their country. The recently struck commercial deals with Iraq during Rouhani’s visit to the country might cause more Iraqis to take a more confrontational stance, as they are seen to benefit Iran more than Iraq. Both counties have pledged to increase their trade up to 20 billion dollars, but it will be hard to determine how they will affect Iraq. With this degree of Iranian involvement, the KSA’s influence diminishes.

The Yemeni war is likely to drag on for years, and if the Saudis are to win, the shall have to keep paying a high toll, which will require strong political will to overcome the adversities. The expense of this war is not only material, it has primarily taken a great diplomatic cost, as it loses credibility to its allies, like the US, which see the ineffectiveness of the Saudi military. At home, their western allies struggle to explain their partnership with a country that has proven too much to handle for certain political groups and the civil society in general, with its lack of human rights considerations and sharia-based laws that seem outdated to Westerners. The cruel Yemeni war further alienates the Saudi Kingdom from them.

The conflict for Middle Eastern hegemony might be about to attract a new player. As Pakistan tries to deal with its ongoing crisis, its new president, Imran Khan, has looked to the Gulf States for funding. The Saudis and the UAE have already pledged many billion dollars. For now, the economic woes make Pakistan an unlikely actor, but there is evidence of a change of direction in Islamabad, as Khan seems to part ways from his predecessor’s foreign policy regarding its western neighbour. Cooperation with Iran has significantly been reduced, especially in terms of security and anti-terrorism, as in March 2019 Baluchi ethno-nationalists once again attacked Iranian positions from the Pakistani border. Tehran seems alarmed by these developments and has explicitly warned Pakistan that an approach towards Saudi Arabia and participation in the so called Middle Eastern Cold War will have severe consequences for Pakistan. It is right in fearing Pakistan, which has shown that it can play the same game as Iran, making use of foreign militias and having an impressive intelligence service, on top of the nuclear bomb. If Iran where to cause conflict in Pakistan, it might find itself in severe disadvantage, as it would be harder to use subversive activities in the predominantly Sunni country. It might also come to odds with China, who will view any menace to its infrastructure projects with great suspicion. Iran would have difficult time finding a serious counterbalance to Pakistan in India, as India would decline to strike a serious alliance due to its many interests in the Gulf States.

Iran, however, still holds many cards it can use if the conflict were to escalate. Bahrain, whose predominantly Shia population contrast to its powerful Sunni ruling family, which will find itself fighting to maintain control in the case of an Iranian- backed coup similar to the one in 1981, or a pro-democracy uprising with significant Shia elements such as the one of 2011. For the latter, had the Gulf states not intervened in Bahrain in support of its ruling family, Bahrain would now likely be part of the Iranian regional system, which would be extremely troublesome for the KSA, given its proximity. It can also be expected for Iran to influence the oppressed Shia Arabs along Saudi Arabia’s Persian Gulf coast. These Shia Arabs lie just above most of KSA’s petrol wells and reserves, and if stirred to open rebellion, and properly armed, would cause immense trouble in the Monarchy.

The other option open to Iran will be to exploit the current Gulf crisis between the KSA and UAE against Qatar, whose blockade has lasted almost two years. Iran will seek to build up stronger ties with Qatar, who has found itself isolated by most Arab nations. Currently, Turkey is the key ally to Qatar in the crisis, and their partnership is seen to have strategic importance by both parties.

Qatar has traditionally had better ties to Iran than most other Gulf states, also due to the fact that they share the South-Pars/North Dome natural gas field, the largest in the world, and rely on cooperation to exploit its resources and wealth. This is largely a product of its independent foreign policy. This means that Iran is likely to use the crisis to drive a wedge between the members of the GCC and take advantage of their disunity in favour of Qatar and in detriment to the KSA. It will be difficult for the Iranians and the Qataris form a significant partnership, since there are still too many obstacles to this. First of all, Qatar is a Sunni Arab state, and it is the main exporter of the Muslim Brotherhood’s ideas, which would not fit Iran’s tendency toward Shia countries. Secondly, a partnership with Iran would make the Gulf Cooperation Council’s crisis permanently irreparable, which is not desired by Qatar. Finally, this would turn Qatar into the main objective of the Saudi-led coalition and would unnecessarily put it in harm’s way.

One key factor could change everything in a highly unlikely scenario, also known as a ‘black swan’. This is the disappearance of ISIS from the Levant, and its relocation to Khorasan, a term used for Central Asia, Northern Iran and Afghanistan. This would change the balance of power in the middle East as it would bring conflict to the very borders of Iran. It would allow for Iran’s enemies to arm this extremely anti-Shia group, following a parallel of the Yemen’s Houthi rebels for Saudi Arabia. These rebels are banking on the opportunity that, following peace in Afghanistan with the Taliban, the Taliban’s followers will become disenchanted by its leadership dealings with the US and would thus join the newly founded group. They would acquire the battle-hardened Taliban troops, which would provide a formidable foe for Iran.

Categorías Global Affairs: Oriente Medio Seguridad y defensa Análisis Irán

Why Tehran has decided to openly confront US sanctions and how the crisis could develop from now

Persian chess-game [Pixabay]

▲ Persian chess-game [Pixabay]

ANALYSISBaltasar Martos

It is now time to suggest a possible future-oriented course of action for Iran in response to the US unilateral exit from the nuclear deal1. The strategy employed to this end will be that of the red-hat analysis, capitalizing on cultural comprehension and adopting the Iranian regime’s perspective to better understand the way in which it perceives the various threats and opportunities ahead, hence always considering situational factors.

A SWOT analysis will be provided beforehand by way of introduction, focusing just in one of the most important (1) strengths: high proportion of young people; (2) weaknesses: the intrincate political system; (3) opportunities: a closer relationship with leading European countries, and (4) threats: joint pressure by the US, Israel and Saudi Arabia. This will surely enable a more in-depth approach to Iranian views and positions.

A simplified SWOT

1. First and foremost, Iran is home for more than 80 million people, 43% of which are less than 40 years old. This large young population is very much tuned to Western trends and habits of consumption. They embrace technology virtually as much as in any other Western nation. The most striking fact about Iranian youngsters is the amount of university students among them. The country is well known for hosting a highly qualified population and labor force that acquired superior education at any of the numerous universities in the major cities.

2. In second place, Iran owns a very complex, intricate political system that renders the hierarchy of the decision-making process very difficult to understand. Its current institutions are a product of the 1979 Islamic Revolution, which ousted the Shah and reformed the whole previous power network. The political system of the country then turned from an authoritarian Monarchy into a constitutional theocracy with a multipolar power structure. The religious figure of the Supreme Leader or Ayatollah is the ultimate responsible for setting both domestic and foreign policy. The main issue here is that this institution holds views that are deeply rooted in the old days and endeavors to influence the private lives of the citizens. Decisions are self-explanatorily not made according to economic efficiency or political experience, or even less to satisfy population’s demands. Instead they aim to preserve and safeguard the regime and ensure its survival. The primary concern of the ruling political elites is thus to last in power, not to introduce reforms or think prospectively.

3. In the third place, Iran has now the chance to strengthen ties with its traditional powerful trade partners in the European Union, such as France, England or Italy. Provided their opposition vis-à-vis the US reimposition of sanctions, Iran can utilize this opportunity to begin a rapprochement towards them and express its best desire to cooperate under certain established conditions that prove beneficial to both parts.

4. Finally, Iran should not disregard the warnings coming from the White House. The main threat Iran is likely to face is an aggressive diplomatic strategy at the initiative of the US with the aggregated—but separated—efforts of Israel and Saudi Arabia. This would definitely jeopardize Iran’s current position as one of the dominant powers in the region and would force the nation to find an alternative solution.

Red Hat exercise

Tehran’s interpretation of Washington’s 2018 diplomatic shift quite evidently differs from that of the Trump administration2. In the words of Ayatollah Khamenei, the ultimate reason for this new move lies in the US’s perverse ambition to progressively weaken and undermine the socio-political structure built after decades of arduous work by the Islamic Revolution. Khamenei claims that Washington’s intention is to overturn a popular, legitimate government in favor of a puppet regime completely subjected to its will.

In their public speeches, the Iranian political elites constantly refer to the US’s boundless ambition to regain total control of the region, oppress civil society and submit individuals to their corrupted dogmas and doctrines, like they did decades ago. They very often evoke the glorious past of their millenary civilization and emphasise that it is precisely its longevity what makes it worthy of the most careful preservation and promotion. Once a major empire, they say, Iran has developed a unique identity different from that of its closest neighbors.

In the Iranian collective mindset, especially that of the most orthodox Shia and the very influential clerics, the nation enjoys the highest dignity for having conquered other territories and peoples but also endured invasions and dominations from enemies and rivals, yet always remaining true and loyal to its ancient traditions and foundations. More recently, Iran owes its independence to the innumerable efforts made by the leaders of the Revolution to free the nation from the clutches of the American imperialism embodied in the Pahlavi dynasty. The country’s civilisational pride is therefore deeply ingrained in the people’s minds and very often put forward in the political discourse. Furthermore, its foreign policy is soaked by a traditional ‘regional fear’, for Iran sees itself as the guardian of true Shi’a values amidst a region dominated by Shi’a-adverse powers with superior military capabilities.

The strong resentment and hatred against the Western world in general, and the demonization of the United States in particular, appear very often in Iranian politics. Such an anti-Western narrative is very often used to cover up the regime’s economic mismanagement over the last decades, instead blaming the West for all the struggles, ills and evils of society. We must remember that, for Iranians—at least for the most religious sector of the society—the Islamic Revolution is a path that leads believers into Paradise and salvation as understood by the Shi’a. The revolution purports to redeem the peoples from the national humiliation suffered during Western dominance in the times of the Shah. Therefore, martyrdom, resistance and endurance are considered three most valuable virtues that will guarantee all kinds of enjoyments to those cultivating them throughout their lifetime.

Iran presumably decided to start a nuclear program based off several historical reasons. On one hand, in face of a strong isolation experienced during the bloody war waged against Irak—an opponent which used chemical weapons against both combatants and civilians alike—Iran began its works with the aim of further intensifying its nuclear technology developments as a means to guard against a future surprise of similar characteristics.

On the other hand we shall recall the Revolution’s need to constantly legitimate itself and maintain its status in front of the international community, thus preserving Iran’s independence from outside influence or external intervention while restoring its former greatness as a center of scientific progress. Moreover, Tehran has long claimed its need to promote a solid nuclear energy plan to ensure energy security at home and satisfy the needs of its huge domestic demand in peaceful civilian, energy and medical terms. The government emphasizes the right to develop, research, produce and use nuclear energy as endowed by Iran’s membership in the Non-Proliferation treaty.

However, the most pressing issue for Iran’s security is undoubtedly the fact that five of the world’s nine nuclear powers are located nearby or directly on its borders. The theocracy claims to have substantial grounds for feeling victim of the foreign arrogance of the outside world, which has allegedly endeavored to restrict Iran’s rights to freely develop its nuclear activities by having it sign the Non-proliferation Treaty, unlike other neigboring nuclear-armed states such as Pakistan, Israel or India. This brings us to the conclusion that, even if the regime vehemently denies any interest in developing nucler weapons and rather uses the need to supply its domestic market with much needed energy resources as an excuse to keep its works running, some evidence found in recent discoveries of covert facilities and nuclear plants can confirm the vital importance for some of the regime leaders to obtain weapons in the short or medium term.

Scenarios ahead

The Persian nation is now standing on a crossroads with three different paths ahead, each one leading to a very different place. We will place them in an order, ranging from the most likely scenario to the least plausible one: (A) prolongation of diplomatic stalemate with minor tensions; (B) quick escalation of tensions and direct military confrontation, and (C) bring back the so-called ‘12 conditions’ to the bargaining table and stick to them. 

A. The most likely: Diplomatic stalemate

On May 8, exactly a year after Donald Trump's announcement of US exit from the JCPOA, President Rouhani announced that Iran would cease to perform parts of its commitments under the nuclear deal, namely the observance of the limit for its stockpile of low-enriched uranium and the compliance with the limit of heavy water reserves. Its statement included a 60-day ultimatum, addressing specifically the European State parties to the treaty and urging them to find a diplomatic solution via economic packages to ease the current oil and banking restrictions. Should they prove unable to fulfill this conditions, Rouhani warned, Iran will continue with its intended pullout from the accord through a ‘multi-phased approach’.

Europeans have recently been employing a rhetoric that has resulted in ambiguous and confusing promises to Iran, mainly due to the innumerable efforts they need to make in order to balance out a strong willingness to save the deal and the fear of a further detachment from an everyday more hostile American partner. On his side, President Rouhani has remained true to his bet on ‘strategic patience’ in the style of the Moderation and Development Party, to which he belongs, during all this time.

Nevertheless, it seems that the patience of the Iranian leadership is coming to an end with each passing day. The political elites have harshly critized its European counterparts for making lots of empty promises throughout this last year without achieving any substantial or practical outcome, specially after the U.S. decision on April 22 to put an end to the waivers on oil imports from third countries in an attempt to ‘bring oil trade to zero’. This will no longer exempt any customer engaging in oil transactions with Iran from the US-led second wave of sanctions. Moreover, Rouhani has called on the Europeans to allow Iran to repatriate its money sitting in European bank accounts, which still remain blocked as part of previous sanctions.

Without disregarding the vital importance of the E3 for Iran’s national economy and the pivotal role they play in the political scenario surrounding the country in the Middle East, it is also true that there are other strategic partners involved in this game whose existence as credible alternatives to the E3 is precisely the cause that pushes the Iranian leadership to discard a complete withdrawal and rather remain adhered to the nuclear accord. At the front of this group of Iranian oil importers are China and India, which will self-evidently ignore the effects of the recent termination of the US waivers and prosecute their purchases to satisfy their huge domestic demand. Although with weaker currencies and perhaps using more rudimentary instruments, both China and India will manage to secure those transactions in an orderly manner and will most likely help other purchasers to do the same. In fact, some voices speak of a possibility of performing oil-swap arrangements via Russia to lock oil prices and protect their finances from the high volatility of global energy prices.

Following this logic, Iran will then go ahead with its ongoing business while persuading and encouraging importers to keep buying Iranian oil despite the inability of European counterparts to meet the aforementioned ultimatum as set by President Rouhani. In paralell to this, Iran will probably threaten the remaining parts and especially the Americans with a further development of its nuclear capacities, but this will only add to a strategy that seeks to prolong the current state of affairs until the next U.S. presidential elections in 2020 take place.

B. The apocalyptic, yet no the least plausible scenario

The most apocalyptic—yet not the least plausible—scenario can be inferred from the most recent moves of US military assets after the government’s official designation of the Iran Revolutionary Guard Corps as a ‘Foreign Terrorist Organization’ on April 8. Fist, on May 6, the Pentagon announced the deployment of the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and a bomber task force on the Persian Gulf. Four days later, the Pentagon confirmed that it had sent some warships, the USS Arlington amphibious transport dock and a Patriot missile defense battery to the same region as a deterrent to Iran. Lastly, on May 12, two Saudi oil tankers and four additional Emirati ships off the coast of the Persian Gulf were sabotaged. President Trump blamed Iran for malicious behaviour targeting maritim traffic along the Gulf. More recently, Washington officials have announced a new deployment of some fighter jets and additional troops to the same territory in what they have called a ‘mostly protective measure’. This suddenly heightened tensions might result in the outbreak of renewed hostilities in the coming months.

The American public opinion does not discard a military confrontation in a close future. In fact, a poll conducted in the US between May 17 and May 20 disclosed surprising results3: more than half of the American citizens consider Iran as a ‘worrying’ or even ‘imminent’ threat. Roughly the same percentage assumes their country will go to war against Iran in the coming years. Very few civilians believe that a preemptive attack should be conducted on Iranian military interests, but roughly 80% of them are convinced that the US should respond to an attack from the side of Iranian via airstrikes or even ground troop invasions.

An undeniable fact is that there are differing views inside the White House. The National Security Advisor John Bolton and in some way also the Secretary of State Mike Pompeo have always shown a maximalist approach that seeks to overthrow the mullahs’ regime in Tehran. Apparently none of them would hesitate to enter into a dire military confrontation if the situation so required. Bolton himself had already declared his intentions even before substituting his predecessor in office, Herbert McMaster. On the other hand, President Trump has used his recent meeting with the Japanese Prime Minister Shinzo Abe to affirm the following: ‘Iran has a tremendous economic potential. […] It has a chance to be a great country with the same leadership. We are not looking for a regime change. I just want to make that clear. We are just looking for no nuclear weapons'4. This somehow spaces out his view from that of his hawkish aides. In the words of Karim Sadjadpour, a well renowned Iranian-American policy analyst, ‘What Trump articulated in Japan was another reminder that his main problem with the Iranian nuclear deal was that it was signed by Obama. Given Trump’s eagerness for a public summit and deal with Tehran, it is conceivable that Iran’s leaders could sign a more favorable deal with Trump than they did with Obama. But the pride and mistrust of Iran’s supreme leader makes him more inclined to subject his population to another year of sanctions and economic malaise rather than do a deal with Trump’.

C. The unlikely back to the negotiating table

On May 12, 2018, four days after President Trump made public his intention of withdrawal from the JCPOA, Pompeo set out a list of twelve conditions under which Washington would agree to a new agreement with Tehran. Besides addressing the termination of Iran’s participation in different conflicts throughout the Middle East, it explicitly called on Tehran to ‘stop enriching its uranium and plutonium reserves, grant IAEA unrestricted access to all sites throughout the entire country and end proliferation and testing of ballistic missiles’.

It should be noted that Trump never presented explicit and clear evidence that Iran was failing to comply with its obligation. Instead, he merely denounced the treaty as far from being minimally advantageous for American interests, once again reinforcing the idea that the Obama Administration resoundingly failed to negotiate a deal that could benefit both parts. The three European State parties also emphasized that Iranians had remained faithful to their commitment and that had been officially attested by international inspectors supervising the nuclear facilities. That was the main piece of evidence supporting Iran’s thesis of not being in a state of violation of any provision of the deal but instead strictly observing every single aspect as they were agreed upon.

Having all this in mind, there are other aspects we should look at. The war in Syria is slowly coming to an end and Al-Assad owes his victory to the strong and uninterrupted financial and logistic aid from Tehran. There is no doubt that the regime will hold him accountable for all the support provided throughout the conflict and will seek to consolidate positions around the war-torn territory, thus expanding the influences of Shia islamist ideology as promoted by the Supreme Leader and the most prominent clerics. Moreover, not only is Iran-backed Hezbollah movement present in Syria, but also it enjoys a very prominent position inside the Lebanese parliament and holds an enormous influence in the country in general terms.

All this together, in addition to the round success Tehran is enjoying in his efforts to back Houthi rebels as compared to the exorbitant cost Saudi Arabia is paying to counter the rebellion, suffices to conclude that Iran is by no means willing to get back to the conditions advanced by Pompeo in order to renegotiate a new treaty that would thwart all the efforts already made along the way. This would signify an absolute humiliation for the regime. Iran has already come too far and it would now only accept to resume negotiations if it was granted the chance to depart from a dominant diplomatic position.

 

Representatives from the P5+1 countries in 2015, weeks before reaching the JCPOA, the nuclear agreement [US State Department]

Representatives from the P5+1 countries in 2015, weeks before reaching the JCPOA, the nuclear agreement [US State Department]

What the EU is doing

Among all the State parties involved in the JCPOA, the E3 are likely to be the most severely affected by the US reinforcement of sanctions given the big stake they have in the region in form of finances and investments in the oil sector, and their unwillingness to go undercover. As a result of this new decision by Washington, companies and banks doing business in Iran could see their access to the American market cut off. Among other collateral effects, the re-imposition of sanctions will cause a negative impact on the region’s trade flows, energy supplies, connectivity, security and stability. Indeed, sanctions present a special conundrum for the European counterparts: either they decide to carry on with their economic activities in Iran or they remain inside the US-led international financial circuit. They need to solve this jigsaw puzzle if they still want to secure their economic interests.

In order to do so, following the US exit, the High Representative of the European Union Federica Mogherini issued a statement bitterly regretting the US retaliation and expressing the EU’s strong commitment to enact an updated blocking statute that would enter into force on August 7. This blocking statute refers to the ‘Council Regulation (EC) No 2271/96 of November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom’5. It basically ‘allows EU operators to recover damages arising from US extraterritorial sanctions and nullifies the effect, in the EU, of any foreign court rulings. It also forbids EU persons form complying with those sanctions’6. In a nutshell, this statute acts as a shield against trade wars and mitigates the impact of those sanctions on the interests of European companies doing legitimate business with Iran, thus keeping Iran’s oil and investments flowing.

The European Union considers that its Member States’ business decisions should not be determined by any kind of foreign legislation. It would never recognize such legislation applicable to European operators. However, the EU still holds to the commitment of pursuing a continued, full and effective implementation of the treaty as long as Iran also plays its part by refraining from acquiring further equipment to develop a nuclear weapon and enables monitored verification of its uranium-235 enrichment activities. The E3 considers that the agreement is delivering on its goal so far and ensuring the peaceful nature of the nuclear program.

It is hence no surprise that the three European Member States involved in the deal are determined to preserve and implement it, insisting upon the numerous benefits it entails for Iran, the Middle East and the rest of the international community. Acting on behalf of the E3, the EU has recently endeavored to take several measures in order to offset the US withdrawal of the JCPOA7.

i) In the first place, they seek to extend the European Investment Bank lending mandates, allowing the bank to decide strictly under the EU budget to what extent and under which conditions it will finance commercial activities in Iran.

ii) Secondly, they also attempt to encourage and promote activities by Small and Medium Enterprises (SMEs) willing to undertake operations in Iran.

iii) Thirdly, they purport to accelerate the activation of the Instrument In Support of Trade Exchanges (INSTEX). This is a ‘Special Purpose Vehicle’ acting as a clearing house or barter arrangement for Iran to conduct trade with European companies outside of the SWIFT mechanism. This mechanism was officially registered by France, Germany and the United Kingdom on January 31, 2019. It works as an alternative payment channel that facilitates legitimate trade and investment between the EU and Iran despite sanctions. It is led by the EU3 and self-evidently euro-denominated. The entity originally focused only on trade in non-sanctionable essential goods, namely medical and humanitarian, and not so much on oil-related transactions so far. It mainly addresses SMEs whose total trade volume is usually small. In principle, it has not been designed to circumvent or bypass US sanctions but rather to fight money laundering and counter the financing of illicit terrorist activities. These last aspects reinforce the European efforts to voice its disagreements on Iran’s declared support for Al-Assad in Syria and the promotion of terrorism region-wide, its multiple human rights abuses and its development of ballistic missiles.

However, in view of the technical complexities resulting in a long delay to set in motion this mechanism as well as the more immediate challenges the Union has to face in the first instance, it is very unlikely that the E.U. finds enough resources and time to effectively give a definite impulse to this apparatus before the deadline of 60 days from May 8 set by Iranians eventually expires.

 

 

(1) Sanger, D. et al. “U.S. Issues New Sanctions as Iran Warms It Will Step Back from Nuclear Deal”, The New York Times, May 8, 2019

https://www.nytimes.com/2019/05/08/us/politics/iran-nuclear-deal.html

(2) Chubin, Sharam. “The Politics of Iran's Nuclear Program”, The Iran Primer, US Institute for Peace, 2010 (updated 2015)

http://iranprimer.usip.org/resource/politics-irans-nuclear-program

(3) Ipsos/Reuters Poll Data, Iran Poll 05.20.19 https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/12/658/652/2019%20Reuters%20Tracking%20-%20Iran%20Poll%2005%2020%202019.pdf

(4) Kranish, Michael. “Trumps Says He Is Not Seeking 'Regime Change' in Iran”. The Washington Post, May 27, 2019

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-says-he-is-not-seeking-regime-change-in-iran/2019/05/27/94d3053a-808d-11e9-933d-7501070ee669_story.html?utm_term=.9005a7a98ec8

(7) Geranmayeh, Ellie. “60 days to save the JCPOA”. European Council on Foreign Relations. May 9, 2019

https://www.ecfr.eu/article/commentary_60_days_to_save_the_jcpoa_iran_nuclear_deal

Categorías Global Affairs: Oriente Medio Seguridad y defensa Análisis Irán

La detención de Barakat, un importante operador financiero del grupo, fue posible gracias a la colaboración de Argentina, Paraguay y Brasil

  • En enero de 2018 la Administración Trump reconstituyó una unidad de investigación sobre Hezbolá y en octubre etiquetó al grupo de organización criminal transnacional

  • La llegada a la presidencia de Abdo Benítez en Asunción y Jair Bolsonaro en Brasilia ha activado la acción contra el narcotráfico, lavado de dinero y contrabando en el área

  • Assad Ahmad Barakat y una quincena de miembros de su clan fueron detenidos a lo largo de 2018, en un “hito significativo” de la acción contra Hezbolá en Latinoamérica

Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

▲ Puente de la Amistad, que une la población paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú [BienvenidoaParaguay.com]

Informe SRA 2019Lisa Cubías [Versión en PDF]

Las acciones de presión sobre Hezbolá han aumentado significativamente en el Hemisferio Occidental en el último año. Tanto Estados Unidos como los países de la Triple Frontera –espacio limítrofe entre Argentina, Brasil y Paraguay, que cobija una densa red de financiación de la organización­– han tomado algunas medidas que, con diferente grado de compromiso gubernamental, han llevado a la detención de diversas personas y al desbaratamiento de sus estructuras de blanqueo de capitales.

En el caso de EEUU, el relevo en la Administración supuso un cambio de política. Algunos testimonios de funcionarios de la era Obama han sugerido que la anterior presidencia tuvo un trato blando respecto a las actividades en el continente por parte de Hezbolá, organización chií libanesa con una doble faceta política y militar. El propósito de esto habría sido evitar inconvenientes en la negociación de desnuclearización con Irán, uno de los pilares de apoyo más notorios de la organización. Así, la Administración Obama habría dificultado los esfuerzos para implementar el “Proyecto Casandra”, desarrollado por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, para descubrir las fuentes del financiamiento que Hezbolá obtiene en América Latina para sus actividades ilícitas.

El “Proyecto Casandra”, ampliamente expuesto por la publicación Politico a finales de 2017, dio cierto fruto a pesar de esa supuesta interferencia, negada por otros funcionarios de la Administración Obama. En marzo 2017 se capturó a Kassim Tajideen, un importante financista de la organización terrorista, quien se declaró culpable en diciembre de 2018. En junio de 2017, el paraguayo Ali Issa Chamas, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos por conspiración para traficar drogas.

El cambio en la Casa Blanca, en cualquier caso, llevó a que tras el desmantelamiento de algunos equipos de investigación que se había producido la Administración Trump reinstaurara el esfuerzo contra Hezbolá. De esta forma, en enero de 2018 el Departamento de Justicia anunció la creación de una unidad de investigación específica denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbolá, y más delante, en octubre, designó a Hezbolá como organización criminal transnacional, al considerar sus actividades de narcotráfico y lavado de activos, más allá de la etiqueta de organización terrorista que EEUU ya le otorgaba.

Por su parte, a lo largo de 2018 el Departamento del Tesoro procedió a la inclusión de 31 individuos y entidades relacionados con Hezbolá en su lista de sanciones, entre ellos el financiero libanés Adham Tabaja, mientras que el Departamento de Estado designó en noviembre como terrorista a Jawad Nasralá, hijo de líder de Hezbolá, Hassan Nasralá, e impuso sanciones a varios miembros iraquíes de la organización.

Esas acciones han afectado básicamente a operativos residentes en Oriente Medio, pero apenas han incidido en la estructura de Hezbolá en la Triple Frontera o en Venezuela, lugares señalados por la Administración como sitios de implantación de esa organización. Así, el subsecretario del Tesoro para la Financiación Terrorista, Marshall Billingslea, habló a finales de octubre de una “profunda y sustancial huella” de Hezbolá en el Hemisferio Occidental, con una “muy robusta presencia” en la Triple Frontera, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha subrayado varias veces la relación entre el régimen de Nicolás Maduro y Hezbolá, afirmando en febrero de 2019 que en Venezuela existen “células activas” de ese grupo.

Acción en la triple Frontera

No obstante, los esfuerzos tanto de la Administración Trump como de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, en diferente medida, llevaron a una importante operación en 2018 en el Triple Frontera, la más significativa en mucho tiempo: la detención de Assad Ahmad Barakat, considerado como uno de los principales operativos de Hezbolá en la zona, quien ya había sido sancionado por el Tesoro estadounidense en 2004. Para el experto Joseph Humire, esa constituyó “un hito significativo en el esfuerzo regional contra el terrorismo y los crímenes transnacionales practicados por Hezbolá en América Latina”.

Según los también expertos Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, tres factores han llevado a este nuevo énfasis sobre el riesgo que supone Hezbolá. En primer lugar, las pistas de que los fondos que el grupo obtiene de sus redes de financiación en Latinoamérica han crecido notablemente, tanto porque sus necesidades han aumentado como porque las sanciones de EEUU sobre Irán pueden estar restringiendo el apoyo económico prestado por el régimen iraní. En segundo lugar, Washington está actuando ante el mayor utilización de su sistema financiero por parte de los montos generados para Hezbolá en Latinoamérica. Y en tercer lugar, la mayor reacción de Brasilia, Asunción y Paraguay obedece a los cambios de gobierno operados: abril de 2018 Abdo Benítez fue elegido presidente de Paraguay y en octubre Jair Bolsonaro ganó las elecciones de Brasil (ya previamente Mauricio Macri había sustituido a Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada).

Los inicios de Hezbolá en América Latina están directamente relacionados con la guerra civil en el Líbano, la cual suscitó en la década de 1980 una ola de migración hacia el continente americano, particularmente Sudamérica y sobre todo en áreas de fácil comercio, como es la Triple Frontera, donde se encuentra una de las mayores zonas francas del continente. Las conexiones familiares y de procedencia sirvieron al grupo, mediante elementos infiltrados, para desarrollar actividades de reclutamiento, obtención de fondos y lavado de dinero.

No fue hasta 1994, sin embargo, que la presencia de Hezbolá en América Latina se volvió notoria. Ese año se produjo el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Aunque inicialmente fue reivindicado por un grupo islámico desconocido, pronto las investigaciones llevaron a la Triple Frontera y apuntaron a Hezbolá. También entonces se sospechó que esa organización pudo haber estado detrás del ataque dos años antes contra la embajada de Israel en la capital argentina, donde murieron 22 personas. Todo indica que en ambos casos la Triple Frontera fue aprovechada para la logística de los ataques y refugio de los perpetradores.

De ahí que las últimas operaciones de seguridad realizadas en esa zona tengan especial importancia. A requerimiento de EEUU, la policía de Paraguay detuvo en mayo de 2018 a Nader Mohamad Fahrat y un mes después a Mahmoud Ali Barakat, ambos por narcotráfico y lavado de dinero, en lo que sería un año especialmente concentrado en el clan liderado por Assad Ahmad Barakat. En julio, la Unidad de Información Financiera de Argentina congeló los activos de 14 libaneses (once con residencia en Brasil y tres en Paraguay), todos ellos pertenecientes al clan. Esa red habría lavado dinero y evadido divisas por valor de 10 millones de dólares en un casino de la ciudad fronteriza argentina de Puerto Iguazú. En agosto la Fiscalía de Paraguay dictó una orden de captura del jefe del clan, alegando el uso de un pasaporte paraguayo falso. Assad Ahmad Barakat, fue detenido en septiembre por la policía brasileña. En Paraguay y Argentina miembros del clan fueron arrestados, jugados y condenados por crímenes de lavado de dinero, contrabando, evasión de productos y narcotráfico.

Categorías Global Affairs: Seguridad y defensa Artículos Latinoamérica

Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

  • De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

  • El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

  • La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

 

Tránsito irregular de extranjeros en 2018

 

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

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After a record production of opium poppies in Mexico and overdose deaths in the US the problem has stopped growing

  • Less amount of heroin is reaching the US market: Mexican authorites eradicated 29,207 hectares of poppy crops in 2017, and 17,288 hectares in the first half of 2018

  • US President Trump signed in October 2018 the Opioid Crisis Response Act; a National Drug Control Strategy was published in January 2019

  • Mexico is the main transit route into the US for fentanyl originating from China; Mexican anti-narcotics operations try to exert more control over this trade

Cultivation of opium poppies (Papaver somniferum), the variety of poppies (Papaver) with the highest concentration of narcotics [DEA]

▲ Cultivation of opium poppies (Papaver somniferum), the variety of poppies (Papaver) with the highest concentration of narcotics [DEA]

ARS 2019 ReportMarcelina Kropiwnicka [PDF version]

The severe opioid crisis experienced by the United States in recent years, with a record number of deaths by drug overdoses in 2017, apparently began to remit in 2018, according to the first available data. Both the efforts of the United States to confront the epidemic and of Mexico in eradicating opium poppy crops seem to be bearing fruit.

The dramatic increase in opium cultivation and heroin production in Mexico in the last years trigered drug consumption in the US. Besides, Mexico is the main route into the US for fentanyl, an opioid narcotic which is behind the US opioid epidemic as well.

After four years of sharp increase, the number of deaths in the United States due to opioid overdose rise in 2017 to 47,600, twice as many as in 2010. The main part of those deaths was due to the consumption of prescription opioids (17,029), followed by overdose deaths involving heroin (15,482). In both cases, the increase was mainly due to the use of synthetic narcotics, basically fentanyl, as prescription drug or mixed with heroin.

The first data referring to 2018 provided by the US health authorities seem to reflect a stabilization in the number of deaths due to opioid overdoses, which would at least indicate that the problem has stopped growing. Along with the efforts of the US administration to put in place a stricter regulation for the prescription of certain medicines, especially affecting synthetic opiates, there is a greater eradication of illicit crops in Mexico, with special emphasis on the cultivation of opioid poppies.

In 2017 the Mexican authorities proceeded to eradicate 29,207 hectares of this crop, thus limiting the heroin that in 2018 could reach the US domestic market. In 2018 eradication accelerated: in the first half of the year, the crop of 17,288 hectares was eliminated. This is a progress highlighted by the latest International Narcotics Control Strategy Report (INCSR), published in Mach 2019 by the US Department of State.

Heroin production

Illicit heroin and fentanyl have been infecting US neighborhoods for years. Initially, the source for almost all heroin found in the US was from Southern Asia. Over the past few decades, however, the trade for heroin has changed drastically. Most of the heroin found in US communities comes from South America, and namely Mexico. This has been fueled by a number of factors, including increased production and trafficking by criminal organizations. These current tendencies in drug trafficking lead to opioid abuse, and represent a considerable shift in outcomes. This has obliged the governments in both countries to instill and coordinate new law enforcement responses.

The United States is home to the largest heroin market in the Americas. Created from the milky sap scraped from the seedpod of an opium poppy, heroin can be transformed into multiple forms. These include powder, viscous tar, pills, a rock-like black substance and more. In addition to this, the substance has different degrees of purity, with white powder heroin being the purest and black tar-like heroin being the most impure. Heroin can also be administered through a number of means, but most commonly is smoked, injected or snorted.

According to the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), most of the heroin trafficked into the US comes from Mexico. Along with this, Mexican poppy cultivation and heroin production have been on the rise, especially over the past decade, contributing to the ever-increasing threat to the United States. In fact, 2017 was the year Mexican poppy cultivation and heroin production reached a record high, as the Office of National Drug Control Policy of the White House reafirmed in August 2018: poppy cultivation in Mexico rose 38 percent, from 32,000 hectares in 2016 to 44,100 hectares in 2017; it went from 685 tons to 944 tons of potential opium production, and from 81 tons to 111 tons of potencial pure heroin elaboration, almost five times 2012 levels.

Evaluations carried out by the US Drug Enforcement Agency (DEA) in its October 2018 report National Drug Threat Assessment (NDTA) stated that Mexico accounts for 91 percent (by weight) of heroin found in the US. A similar figure is given by the World Drug Report (WDR) published by the UNODC in June 2018: “Analysis of heroin samples in the United States over the past decade shows the increasing predominance of Mexico (90 percent of samples analysed in 2015) as a source country of the drug.” According to the INCSR, the Department of State report already mentioned, Mexico is especially focused on producing heroin, marijuana, and methamphetamine that is destined for the US; it is also a main transit route– originating from China–for other important triger of the opioid crisis in the US: fentanyl.

Fentanyl

Fentanyl’s availability is widespread and surging. While there are licit forms of the opioid, such as painkillers and anaesthetics, illicit production and trafficking of it are on the rise. The new trend is rooted toward mixing synthetic opiate fentanyl in Mexico’s tarry black heroin, without the consumer’s knowledge. Fentanyl is a synthetic opioid that is approximately 50 times more potent than heroin and 100 times stronger than morphine. The opioid is much cheaper when it comes to production, mainly because rather than being grown on a farm it is manufactured in a laboratory. The decreased cost for the traffickers and increased high for users signifies that drug producers have begun to cut their heroin with fentanyl.

The DEA warns that Mexican cartels present an intense threat to US neighborhoods mainly given their dominance in heroin and fentanyl exports). It also noted that a majority of the samples that were seized and analyzed involved fentanyl in its powder form. The concern arising from this is that fentanyl could be pressed into counterfeit pills, mainly because most drug abusers use prescription pain pills rather than heroin. This means that the creation of such counterfeit pills could ultimately affect a larger population of individuals.

The increase in heroin related deaths has been primarily linked to heroin being combined with fentanyl. The counterfeit pills could increase deaths due to fentanyl and white powder heroin looking alike. Consequently, users are unaware that the heroin they have purchased contains fentanyl, thus removing the user's ability to know the potency of the drug and preventing them from correctly dosing in respect to their tolerance level.

 

Mexico Poppy/Heroin

 

Solving the problem

The opioid epidemic suffered by the US in the last years was confronted in 2018 by the Trump administration with some special measures. In October 2018 President Trump signed the Opioid Crisis Response Act, which gave more powers to the US health authorities to monitor the situation and extended the controls on patient access to some specific drugs. In January 2019 a National Drug Control Strategy was published by the White House in order to take extra steps to protecting the public through effective drug abuse prevention, addiction treatment and use of law enforcement actions.

Apart from these new tools, the US relies on a long-standing relationship with Mexico regarding anti-narcotic matters. Both countries set up in 2008 the Merida Iniciative, which allows the US to assist the Mexican authorities in different fields. It includes several measures in order to improve law enforcement operations: training and equipment to dismantle covert drug labs, cutting-edge airport security training, advanced inspection tools equipped along border crossings and checkpoints, and so forth in order to improve law enforcement operations, among others. Results have already been seen, as Mexican units trained by US officials have seized more than 300 illicit laboratories since 2015. In addition to this, canines donated by the initiative have helped detect a significant amount of illicit drugs attempting to pass the border.

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El agravamiento de la crisis venezolana reduce la vigilancia en el mar, aumenta la corrupción oficial y empuja a pueblos costeros a buscar modos de subsistencia

  • En abril de 2018 se registró el ataque con mayor número de muertos de los últimos años: 15 pescadores guyaneses fallecieron en aguas de Surinam

  • El incremento de los ataques llevó a las autoridades de Trinidad y Tobago a crear una unidad aérea de élite para luchar contra la piratería

  • Alerta en todo el litoral al conocerse en 2018 que el año anterior los incidentes habían pasado de 27 a 71, con un incremento del 167%

Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

▲ Costa de Guyana, cuyos pescadores se han visto afectados por el incremento de la piratería

Informe SRA 2019Manuel Lamela [Versión en PDF]

El significativo aumento de la piratería en las aguas del Atlántico entre Colombia y Surinam, con Venezuela en el centro de esa actividad criminal, ha alimentado titulares en los medios acerca de “los nuevos piratas del Caribe”.

Aunque lejos de la envergadura de la piratería registrada en el Golfo de Adén y sus inmediaciones entre 2008 y 2012, y luego en el Golfo de Guinea, el número de ataques en estas otras aguas se incrementó notablemente en 2017, y en 2018 se registró el ataque con mayor número de víctimas.

El deterioro de la seguridad marítima, que sobre todo perjudica a pescadores locales y algunos barcos de recreo, a los que los piratas roban gasolina, motores, pescado y cuantos objetos de valor encuentren abordo, ha ido parejo al agravamiento de la situación venezolana y afecta también a países vecinos.

Surinam y Guyana

El ataque a cuatro embarcaciones en las que faenaban veinte pescadores de Guyana, ocurrido entre el 27 y 28 de abril de 2018, resultó ser el incidente de piratería con mayor número de muertos de los últimos años. Las autoridades de Surinam recobraron cinco cadáveres y dieron por desaparecidos a diez pescadores, cuyos cuerpos posiblemente quedaron en el fondo del mar, ya que los autores del ataque forzaron a los miembros de las tripulaciones a arrojarse al agua con el ancla u otros pesos ligados a los pies, de acuerdo con el reporte oficial. Solo cinco ocupantes de los botes pesqueros pudieron salvarse, liberándose al menos uno de ellos del lastre al que fue atado, según su propio testimonio. Posteriormente, un grupo de treinta hombres fue detenido por esos hechos.

Pese a que la situación no es desconocida para Guyana o Surinam el incremento tanto en número como en violencia de este tipo de incidentes en el último año es remarcable. A comienzos de 2018, un informe publicado por la ONG One Earth Future, dentro de su programa Oceans Beyond Piracy, indicó que el número de ataques registrado en las aguas de América Latina pasó en 2017 de los 27 del año anterior a 71, lo que supone un aumento del 167%. La mayor parte de ellos (64) ocurrió en aguas territoriales, sin afectar a rutas internacionales como ocurría con los piratas somalíes o sucede en el Golfo de Guinea. Si en estas rutas los principales objetivos eran buques mercantes o grandes armadores pesqueros, produciéndose incluso secuestros de naves y tripulaciones, en el caso de lo que ocurre sobre todo en las aguas de Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam afecta a pequeños propietarios de embarcaciones.

Golfo de Paria, Trinidad y Tobago

Especialmente espinosa es la situación del Golfo de Paria, ubicado entre las costas del estado venezolano de Sucre y de la isla Trinidad, separadas solamente por unas 10 millas marinas en su punto más próximo. La peculiaridad geográfica de la zona supone un escenario perfecto para actividades ilícitas. El área ya era conocida por la existencia de diversas bandas dedicadas al contrabando y al tráfico de productos de primera necesidad, como los pañales y otros artículos altamente demandados entre la población venezolana. Dado el desabastecimiento que sufre Venezuela, esto supone un alivio para la demanda de ciertos productos e inyecta dólares a la ya amplia economía sumergida. A la ineficacia y la pasividad de los gobiernos de ambos países a la hora de combatir la piratería, como se reflejó en su fracasadas negociaciones bilaterales de 2017, se une una más que presumible relación de cooperación entre funcionarios y bandas criminales, como ha apuntado la ONG venezolana Asociación civil de Gente de Mar.

Otras zonas de las aguas territoriales de Trinidad y Tobago, además de las del Golfo de Paria, se ven afectadas por la piratería, a la que contribuyen bandas locales alimentadas con la llegada de venezolanos que tienen difícil encontrar un empleo. En los últimos pocos años unos 40.000 venezolanos han emigrado al vecino país, desestabilizando las ya precarias condiciones laborales de la sociedad trinitense. Con una población de apenas 1,3 millones de habitantes, el archipiélago tiene una tasa de criminalidad relativamente elevada, que en 2018 se manifestó en la comisión de cerca de 500 asesinatos. Estas cifras están empezando a perjudicar el turismo, que es uno de los principales activos económicos. Trinidad y Tobago corre el riesgo de que se la perciba como sucesora de la infame isla Tortuga, refugio de los piratas del Caribe del siglo XVII.

Ante esta situación, las autoridades isleñas anunciaron a final de enero de 2019 la creación de una unidad de élite aérea en el seno de la Policía para actuar frente a migración ilegal, la piratería, el secuestro y el contrabando de armas y de drogas. El anuncio ocurría inmediatamente después de que seis pescadores de Trinidad fueran secuestrados y llevados a Venezuela por sus raptores, quienes reclamaron un rescate de 200.000 dólares.

Venezuela: Sucre y Anzoátegui

Nuevos piratas del Caribe

La crisis tanto económica como social que sufre Venezuela es una de las principales causas del aumento de la piratería. Esta se lleva a cabo especialmente desde el estado de Sucre, que ya se ha mencionado, y desde el también estado costero de Anzoátegui.

Los criminales que operan en la zona pueden dividirse en dos tipos. Por un lado, hay atacantes bien entrenados, con buen armamento, encuadrados dentro de una organización criminal y relacionados con el narcotráfico que controla la península de Paria (el extremo oriental de Sucre). Concretamente, existen dos bandas criminales diferentes que se enfrentan por el control de la zona. Estos grupos de narcotraficantes están asentados en las localidades de San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio de Arismendi. Mediante la violencia y la extorsión se han conseguido adueñar de las rutas marítimas de mayor importancia, ahuyentando a todos los pescadores que pudieran ser testigos de sus actos. Su actividad se centra mayoritariamente en el tráfico de drogas y de armas. Respecto de las primeras, la mercancía se obtiene de Colombia y tras atravesar Venezuela se embarca hacia las costas de Trinidad y Tobago para en última instancia ser transportada hacia el mercado europeo, en ocasiones con escala en África Occidental. En cuanto a las armas, los cargamentos se obtienen en la misma Venezuela, procedentes de robos y contrabando (la corrupción y falta de seguridad afecta también a las fábricas nacionales que producen armamento; en 2019 está prevista la entrada en funcionamiento de una factoría con capacidad para producir 25.000 fusiles AK 103 al año).

Por otro lado, la actividad de piratería la desarrollan también simples maleantes, de un perfil criminal menor y con peor equipamiento y recursos. Pese a esto, son los que crean mayor alarma, dada su proliferación entre una población sin apenas fuentes de ingresos y unas coordenadas de actuación que son menos específicas que las del crimen organizado, lo que hace más imprevisibles sus ataques.

La mala administración chavista en la industria pesquera es otro de los principales factores que han generado este incremento de criminales procedentes de la población local, dedicada en su mayoría a la pesca. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 se llevó a cabo un gran proceso de nacionalización de este sector, con la expropiación de astilleros, barcos, puertos… Tras este proceso de reformas y reforzando más su relación con Cuba, en 2008 se creó una empresa pública binacional denominada Empresa Socialista Conjunta de Pesca Industrial de la Alianza Bolivariana (PESCALBA) con el objetivo de hacer más accesible el producto a los estratos sociales con menor poder adquisitivo. Todo ello contribuyó a que entre el ascenso de Chávez a la presidencia y 2017 la captura descendiera en un 60%, con una fuga de barcos a otros países, como Panamá o Ecuador, la cesación de actividad de procesadoras, el amarraje de barcos por falta de mantenimiento y el aumento del desempleo. En consecuencia, el estado de Sucre ha resultado con una sociedad quebrantada, sin medios de subsistencia, que encuentra en la delincuencia su única manera de sobrevivir.

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Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULOAne Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

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El encaje de Panamá en la Ruta de la Seda y la ruptura con Taiwán de nuevos países del área sitúan los intereses chinos a las puertas de EEUU

  • Alerta estadounidense por la gestión china de terminales a los dos lados del Canal de Panamá, de un posible puerto en El Salvador y de la estación espacial abierta en la Patagonia

  • Pekín mantiene el apoyo a Maduro con un nuevo crédito de 5.000 millones de dólares, la implementación del Carnet de la Patria para el control social y el envío de un buque hospital

  • La ayuda financiera china a Latinoamérica supera los 140.000 millones de dólares desde 2005; se han firmado unos 150 proyectos de infraestructuras, la mitad están en marcha en 2018

Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

▲ Proyecto chino de terminal portuaria en una de las bocas del Canal de Panamá

Informe SRA 2019Jimena Villacorta [Versión en PDF]

La República Popular de China estrechó en 2018 su relación con América Latina, especialmente con Centroamérica. Si bien su nivel de préstamos oficiales se redujo en los dos últimos años, Pekín desarrolló otras actuaciones en la región y sobre todo mejoró su posición estratégica en América Central, para preocupación de Estados Unidos.

A lo largo de 2018 dos nuevos países cesaron su reconocimiento diplomático de Taiwán para pasar a establecer plenas relaciones con China. En mayo lo hizo la República Dominicana, país integrado en algunos de los acuerdos centroamericanos, y en agosto lo hizo El Salvador. Panamá dio el paso el año anterior, en junio de 2017 (y Costa Rica en 2007). Aunque esto deja a Taiwán aún con cuatro socios en Centroamérica (de los 18 países que siguen reconociendo a Taiwán en el mundo, cuatro están en el istmo americano: Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice; y otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres microestados), China cuenta ya con suficiente espacio para sus operaciones logísticas.

Panamá se ha convertido en un interesante objetivo para Pekín. A comienzos de 2018 Panamá recibió la designación de nación más favorecida por parte de China, y en diciembre Xi Jinping realizó la primera visita de un presidente chino al país. En el marco de esa visita, Pekín anunció que existen 20 compañías chinas realizando operaciones en territorio panameño, como la construcción de terminales marítimas a ambos lados del canal interoceánico, del cual China es el segundo cliente mundial (el 30,7% de todo el tráfico), después de Estados Unidos. Además existen otras 70 empresas instaladas en la Zona Libre de Colón, de la que China es el principal proveedor. Panamá es pieza fundamental para el propósito sugerido por las autoridades chinas de extender a Latinoamérica el trazado marítimo de la Nueva Ruta de la Seda, para lo cual ambos países firmaron un memorándum, el primero con esa finalidad en la región.

Alerta de EEUU

Créditos de China a Latinoamérica

La influencia de Pekín en Panamá ha generado suspicacias en Washington. En febrero de 2018, el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur estadounidense, ya indicó en su comparecencia ante el Senado la preocupación por el posicionamiento chino en el entorno del Canal. En septiembre EEUU llamó a consultas a la encargada de negocios de su embajada panameña para analizar esa actividad, y en octubre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, expresó su inquietud en una visita al país. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, nuevo jefe del Comando Sur, insistió ante el Senado en lo “particularmente preocupante” que constituye “el esfuerzo de China para ejercer control sobre infraestructuras clave asociadas con el Canal de Panamá”. Faller también alertó sobre la construcción por parte de China de puertos en el litoral latinoamericano. “En el futuro”, dijo el almirante, “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

Precisamente uno de los puertos que China podría tomar control fue objeto de debate político en El Salvador, donde el Gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) promovió en julio de 2018 una ley para designar zona económica especial el entorno del puerto de La Unión, en el golfo de Fonseca. La embajadora de EEUU en El Salvador acogió la iniciativa advirtiendo que el interés mostrado por China hacia La Unión, reconocido por las autoridades salvadoreñas, podría derivar en el uso de las instalaciones como base militar china.

El aumento de la actividad de China en Latinoamérica en 2018 fue correspondido, como se ve, con un incremento paralelo de las alertas desde EEUU. Otro de esos señalamientos fue el relativo a la estación de seguimiento y observación espacial construida y gestionada por China en la Patagonia argentina, a la que en febrero se refirió el jefe del Comando Sur en el marco de su visita al Capitolio. El temor es que, al ser dirigida por una empresa dependiente del Ejército chino, la estación pueda tener uso militar, aunque el Gobierno argentino ha requerido el compromiso de Pekín de que eso no ocurra.

Créditos y Venezuela

En el capítulo financiero, China otorgó en 2018 a la región un total de 7.700 millones de dólares en créditos, lo que supuso un ligero incremento respecto a 2017, tras dos años de descensos, aunque lejos de la cuantía de los ejercicios con mayor volumen, de acuerdo con la base de datos financiera China-Latinoamérica de Diálogo Interamericano. Desde 2005, la inversión directa china ha sido de 141.000 millones de dólares, la mayor parte procedentes del Banco de Desarrollo de China (CDB) y casi la mitad destinados a Venezuela (67.200 millones de dólares). De los 7.700 millones concedidos en 2018, 5.000 correspondieron a Venezuela, que así obtenía una asistencia que desde que comenzó 2007 solo le faltó en 2008 y 2017.

Si inicialmente la inversión estuvo más destinada a la industria extractiva, con el tiempo China ha ido entrando también en el sector de las infraestructuras. Desde 2002 se han firmado unos 150 proyectos de infraestructura de transportes, de los cuales en 2018 casi la mitad se habían iniciado.

La vinculación financiera especial con Caracas, básicamente a cambio de petróleo a futuro, ha llevado a Pekín a actuar en defensa del Gobierno de Nicolás Maduro. Además de negar el reconocimiento de la designación de Juan Guaidó como presidente encargado del país, China negó en marzo de 2019 el visado al representante nombrado por Guaidó en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que por primera vez iba a celebrar en territorio chino su reunión anual. Esto fue visto como la primera intervención de China en la política regional americana, valiéndose del creciente peso de sus créditos e inversiones en diversos países.

El auxilio a Maduro lo ha expresado China de diversas maneras. En 2018 se conocieron detalles de la ayuda tecnológica prestada por el gigante chino de telecomunicaciones ZTE para desarrollar el Carnet de la Patria impulsado por el Gobierno venezolano, en una implementación que busca el control social.

También hubo apoyo al régimen chavista con el envío de un buque hospital a Venezuela, en septiembre de 2018. El Arca de la Paz estuvo una semana en aguas venezolanas, un mes después de que el Pentágono anunciara que estaba programando el envío del Comfort, un buque con diversos quirófanos y otras instalaciones médicas, a Colombia para allí atender a los venezolanos que habían huido de la crisis humanitaria del vecino país.

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El grupo llega a los 2.000 integrantes, incluyendo a elementos desmovilizados que vuelven a las armas y nuevos reclutas

  • Detectada la coordinación entre el residuo de las FARC y el ELN, con participación de miembros “desmovilizados” de la vieja cúpula guerrillera como Iván Márquez

  • El Gobierno de Iván Duque reacciona a las presiones de Estados Unidos con la erradicación comprometida de 70.000 hectáreas de cultivo de coca

  • La mayor concentración de producción de coca en la frontera con Ecuador vierte la violencia sobre este país, donde a lo largo de 2018 actuó “el Guacho”, exFARC

Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

▲ Walter Patricio Arizala, alias “el Guacho”, antes de caer en una operación del Ejército colombiano

Informe SRA 2019María Gabriela Fajardo [Versión en PDF]

La duda que existía cuando en diciembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz colombiano, acerca de si la disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sería algo residual o más bien alcanzaría cierta entidad, suponiendo un claro problema de seguridad, ha quedado despejada. Los disidentes han ido creciendo en número progresivamente y a lo largo de 2018 se han consolidado en su actividad delictiva.

En la primera mitad de 2017 quedaron desmovilizados unos 6.800 guerrilleros de las FARC tras la entrega de casi 9.000 armas. El Gobierno estimó que del total de efectivos de las FARC, unos 400 combatientes (un residual 5%) probablemente se negarían a seguir las instrucciones de la cúpula guerrillera. En noviembre de 2017, en el primer aniversario de la firma del acuerdo de La Habana, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe estimando que la disidencia había alcanzado alrededor de 700 integrantes. En febrero de 2018 la Fundación Ideas para la Paz elevó la cifra a entre 1.000 y 1.500. A finales de 2018 dos informes de inteligencia, ambos difundidos por medios colombianos que aseguraron haber tenido acceso a su contenido, situaron el grueso disidente entre 1.750 y 3.000 efectivos.

La cifra máxima de esta horquilla fue establecida por un informe dado a conocer en octubre, del que apenas se dieron detalles, mientras que la menor fue aportada por un supuesto documento del Departamento de Defensa remitido al Congreso y revelado en diciembre. Este último fijaba el número de integrantes de todos los grupos ilegales del país en 7.260, de los que 2.206 pertenecían al ELN (Ejército de Liberal Nacional, la última guerrilla como tal aún activa en Colombia), 1.749 a la disidencia de las FARC y 1.600 al Clan del Golfo, un grupo de crimen organizado. De provenir ambas estimaciones sobre el tamaño de la disidencia realmente de agencias gubernamentales estaríamos ante una falta de información contrastada por parte del Estado, aunque todo puede deberse a que los informes se elaboraran en momentos distintos, además sin corresponderse con el tiempo de su difusión en los medios.

A la vista de la evolución del fenómeno, probablemente no sería equivocado pensar que a comienzos de 2019 el número de disidentes de las FARC puede rondar los 2.000. Este volumen incluye tanto personas que nunca se desmovilizaron, como excombatientes que volvieron a tomar las armas ante las dificultades encontradas en el paso a la vida civil y también nuevos reclutamientos.

Reorganización

Traspasado el estandarte político a la nueva Fuerza Alternativa Revolucionaria de los Comunes (que mantiene así las siglas FARC), los disidentes ya no cuentan con el relato de lucha social que antes acompañaba a las actividades que siguen desarrollando: narcotráfico, contrabando, extorsión y otros negocios ilícitos­. Así que han derivado en un ejemplo más de delincuencia organizada, articulada en diferentes grupos que, aunque están convergiendo, no tienen la estructura jerarquizada de la vieja cúpula guerrillera.

La dirección podría robustecerse si alguno de los dirigentes que han expresado disconformidad con la implementación del proceso de paz y han desaparecido durante algún tiempo, como Iván Márquez, vuelvan a la guerrilla. De momento, en cualquier caso, lo que se está observando es más bien una confluencia organizativa con el ELN. Así, varios medios publicaron en diciembre de 2018 acerca de esa coordinación, dirigida especialmente a sacar cargamentos de cocaína a través de Venezuela, país donde el ELN ha aumentado su actividad. Mandos del Ejército han confirmado esa cooperación. En un encuentro de alto nivel habrían participado, además de Iván Márquez, otros dirigentes de las FARC que supuestamente habían dejado las armas, como El Paisa y Romaña.

Esos contactos sucedían después de que las conversaciones entre el Gobierno y el ELN, abiertas en suelo ecuatoriano para explorar un acuerdo de paz, quedaran suspendidas en septiembre por decisión del presidente Iván Duque al no registrarse avances y entender que, en realidad, los elenos se estaban fortaleciendo, ocupando territorios antiguamente controlados por las FARC. El diálogo quedó roto a raíz del atentado del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá, perpetrado el 17 de enero de 2019, que dejó 21 muertos y 80 heridos.

Por otro lado, la desmovilización de las FARC, aunque como vemos incompleta, ha dado pie a la presencia en Colombia de carteles mexicanos, que de esta forma intentan extender su dominio también a los lugares de producción de la cocaína, algo que ha sido destacado por el fiscal general de la nación.

 

Mapa 1: amarillo, frente de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz; rosa, desertores que no se sumaron al acuerdo. 

Mapa 2: azul, presencia del ELN en municipios que controlaban las FARC; rojo, municipios de antiguo control de las FARC

 

La coca y la disputa de dominios

Entre las prioridades del nuevo Gobierno de Iván Duque, que se hizo cargo de la presidencia del país en agosto de 2018, ha estado el intentar reducir la alta producción de hoja de coca y de cocaína, que en los últimos años ha conocido un fuerte incremento. Entre 2013 y 2017, el número de hectáreas con arbustos de coca pasó de 48.000 a 171.000 hectáreas, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Estados Unidos hace esos cálculos al alza para el mismo periodo: de 80.500 a 209.000 hectáreas (cifras estas últimas que habrían supuesto un salto de la producción potencial de cocaína de 235 a 921 toneladas).

El Gobierno saliente de Juan Manuel Santos se comprometió en marzo de 2018 a la erradicación manual de 70.000 hectáreas de arbusto de coca a lo largo del año (frente a las 52.000 que, según las autoridades colombianas, fueron erradicadas en 2017), en el marco de un plan quinquenal acordado con Estados Unidos, cuya Administración se había quejado del sustancial aumento de la producción de cocaína en el país en los últimos años. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció que a junio de 2018 se habían reemplazado voluntariamente 42.000 hectáreas, según recoge el último informe de la Oficina contra la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas, la cual, por su parte, certificó que entre mayo de 2018 y enero de 2019 se habían erradicado casi 35.000 hectáreas. Estas cifras suponen el cumplimiento superior al 90% del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en diversos departamentos. No obstante, la urgencia por alcanzar los objetivos de reducción de espacio de producción podría estar llevando a una erradicación forzosa, no seguida de otras siembras, que a medio plazo podría suponer el retorno al cultivo de coca.

En 2018 siguieron aumentando los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que ascendieron a un número récord de 164. Según la Defensoría del Pueblo, desde comienzos de 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados más de 420 activistas que desarrollaban un papel de liderazgo en distintas comunidades del país. Esta violencia está relacionada con la reorganización territorial de los grupos delictivos. Hubo especial incidencia en algunos departamentos de acceso al Pacífico, como Cauca y Nariño, donde una mayor concentración de la producción de cocaína y la desmovilización inicial de las FARC causaron tensiones entre organizaciones criminales para asegurarse el dominio del territorio. Estas fricciones causaron bajas entre dirigentes comunitarios que deseaban librarse del control que habían venido ejerciendo los carteles y grupos criminales. Por su parte, un total de 85 antiguos integrantes de las FARC fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz, como consta en el informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

El incremento de la actividad delictiva en la zona fronteriza con Ecuador, con centro de exportación de cocaína en el puerto de Tumaco, llevó a un vertido violencia sobre el otro lado de la frontera. A comienzos de 2018 diversos ataques a instalaciones de la Policía y del Ejército de Ecuador, así como varios secuestros, fueron atribuidos a disidentes de la FARC, dirigidos por “el Guacho”. Colombia y Ecuador procedieron a aumentar el despliegue de soldados a lo largo de la frontera para afrontar la situación. En diciembre de 2018 “el Guacho” fue abatido en Nariño por una unidad del Ejército colombiano.

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