La cifra de víctimas de accidentes de tráfico es alarmante. Se estima que anualmente mueren en el mundo más de 1,3 millones de personas y otros 50 millones sufren lesiones y discapacidades por esta causa. Una cifra superior a la que provocan enfermedades como la malaria. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, en 2030 las lesiones derivadas de los accidentes de tráfico se convertirán en la quinta causa de mortalidad en el mundo, cuyo resultado se traducirá en unos 2,4 millones de fallecimientos anuales.

Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre este problema, en 2005 la Organización de las Naciones Unidas convocó a los Gobiernos para que, el tercer domingo del mes de noviembre, celebraran el 'Día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico'. Un día que además de servir para apoyar y reconocer a las víctimas y sus familias, debería aumentar nuestra conciencia sobre la magnitud y el coste de los accidentes de tráfico; y ser un acicate para que Gobiernos e instituciones desarrollen acciones que sirvan para reducir o eliminar este grave problema de salud pública.

Así, bajo el lema «Es hora de actuar», los ministros y dirigentes responsables de 150 países -entre ellos el Ministerio de Sanidad y Política Social de España, representado por el European Center for Injury Prevention de la Universidad de Navarra- se reunieron en 2009 en la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, que dio lugar a la Declaración de Moscú. Tras ella, en marzo de 2010 Naciones Unidas proclamó la próxima década como la de Acción para la Seguridad Vial, con la finalidad reducir las muertes y lesiones asociadas al tráfico.

A partir de aquí, la Asamblea ha solicitado a los Estados miembros que se comprometan a llevar a cabo acciones en áreas tales como el desarrollo y cumplimiento de las leyes sobre factores de riesgo: límites de velocidad, conducción tras la ingesta de alcohol y aumento del uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y cascos. Asimismo, ha resaltado la necesidad de mejorar la asistencia de emergencia a los lesionados, adaptar las normativas sobre seguridad aplicables a vías y vehículos y gestionar la seguridad vial de manera más eficaz.

Del mismo modo, ha instado a que la OMS, junto con las comisiones regionales de Naciones Unidas y otras partes implicadas, elabore un Plan de Acción para la Década, que incluya la posibilidad de transferir el liderazgo en materia de seguridad vial del ámbito policial al ámbito de la salud pública. Y ha animado a incluir actividades que tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios de la vía. En particular, de peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables que viven en áreas con ingresos bajos y medios.

En este sentido, el 'Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial', que evalúa la situación de 178 países, confirma que aunque la mayoría de los países ha tomado medidas encaminadas a abordar la seguridad vial, es preciso realizar esfuerzos adicionales. Así, por ejemplo, apunta que si bien muchos países disponen de un marco legislativo básico para la seguridad vial, solo la mitad tiene leyes relacionadas con los cinco factores de riesgo en la conducción. Además, en muchos casos la legislación sobre dichos factores sigue teniendo cobertura insuficiente. Allí donde existen leyes sobre esos factores, estas se suelen aplicar de forma inadecuada, en particular en los países con ingresos bajos o medios. España es uno de los países en los que sí existe legislación referente a los cinco principales factores de riesgo en la conducción, con una tasa de cumplimiento de 7-8 en una escala de 0 a 10; así como una normativa sobre vehículos que obliga a los fabricantes a cumplir con los parámetros de consumo de carburante e instalación de cinturones de seguridad en todos los asientos.

Otros aspectos susceptibles de mejora a nivel mundial, destacados en el mencionado informe, serían la necesidad de contar con una estrategia nacional de seguridad vial respaldada por los Gobiernos, que incluya metas específicas y que cuente con suficiente financiación; la urgencia de cubrir las necesidades de los colectivos vulnerables, especialmente en los países con ingresos medios y bajos; la relevancia de la implicación de múltiples sectores como la salud pública para abordar la seguridad vial de un modo integral; y, finalmente, la importancia de contar con un sistema de recogida de datos de calidad sobre las víctimas de accidentes de tráfico.

En definitiva, ante la magnitud del problema de los accidentes de tráfico, ningún país puede cruzarse de brazos y considerar que su trabajo ha concluido. Los avances significativos en seguridad vial nacional requieren de la colaboración estrecha entre los líderes y los organismos pertinentes, cuyas políticas repercuten, directa o indirectamente, sobre la seguridad de los usuarios, a quienes orientamos nuestra investigación y docencia.