Hace hoy setenta y cuatro años la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Declaraciones Universal de los Derechos Humanos”, hito que justifica que cada 10 de diciembre se celebre el Día de los Derechos Humanos. Si nos ponemos a pensar un poco en este aniversario, constataremos que mucho de lo que ha pasado en torno nuestro durante este año se relaciona de modo especial con esos derechos.

Lo más evidente es la guerra. El 24 de febrero Rusia decidió  invadir Ucrania. A esta violación de los derechos humanos le siguió una respuesta política: un apoyo muy extendido a Ucrania y el envío de armamentos. Hubo también una respuesta moral, un movimiento de solidaridad con las víctimas muy extendido, sobre todo en Europa, de modo especial en el primer trimestre, frente a un número creciente de ciudadanos ucranianos que abandonaron su país y demandaron acogida.

La Unión Europea decidió por primera vez en su historia autorizar la Directiva de Protección Temporal. En el caso de nuestro país, entre el 10 de marzo pasado y el 25 de octubre pasado la Oficina de Refugio y Asilo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional habían tramitado y concedido 150.078 protecciones a los refugiados ucranianos. En el caso de Navarra, la suma ascendía a 1.538 personas.

Esa respuesta moral tuvo también un símbolo: la entrega del Premio Nobel de la Paz a los organismos de derechos humanos Memorial (de Rusia) y Centro para las Libertades Civiles (de Ucrania), y al activista bielorruso encarcelado Ales Bialiatski. Finalmente, hubo también una respuesta jurídico-política cuyo gesto quizá más contundente ha sido la expulsión de Rusia del Consejo de Europa, producida el 16 de marzo. Sólo una vez en la historia se había tomado una decisión semejante: fue contra Grecia, en 1969, tras el “golpe de los coroneles”, y concluyó con la reincorporación de este país en 1974.

Estamos también dentro de un año en el que la pandemia del Covid-19 se atenuó significativamente. Retomamos nuestra vida habitual. Mirando hacia atrás, queda en buena medida en el tintero una evaluación de hasta qué punto las fuertes restricciones de los derechos humanos que se produjeron durante la pandemia fueron razonables.

Las situaciones de grave emergencia para los derechos humanos no se encuentran fuera de la Constitución, sino que la propia Constitución las prevé, y crea herramientas para combatirlas en caso de que se produzcan. En estos casos, las constituciones crean caminos que permiten adoptar medidas con carácter urgente, fuera del proceso ordinario de toma de decisiones, cuyo tránsito las tornaría ineficientes. En el caso de España, se trata de los estados de alarma, de excepción y de sitio.

También se prevé que las medidas adoptadas puedan afectar los derechos fundamentales de modo más profundo que en periodos de normalidad. Aunque por la emergencia, la iniciativa corra a cargo del poder Ejecutivo, tanto la pertinencia de la vía elegida para regular, como la profundidad de la afectación acaban siendo objeto del debate parlamentario y del control de constitucionalidad.

Uno de los términos clave del debate constitucional es “proporcionalidad”: las restricciones de los derechos fundamentales deben ser siempre “proporcionadas”, y los jueces pueden declararlas inconstitucionales en caso de que no lo sean. Esto es, adecuadas para el logro de un fin “socialmente relevante”; necesarias, porque no hay otra alternativa idónea y menos restrictivas de los derechos en juego, y proporcionadas en sentido estricto, porque quien las dispuso realizó un buen balance entre los costos y los beneficios que con ellas se generaban.

Respecto de esto último, vale la pena destacar que si bien entre los costos de las medidas adoptadas quedó siempre claro que se generaría una crisis económica —hoy la estamos viviendo—, no estuvo tan claro, en cambio, que se produciría un incremento tan grave de los trastornos de salud mental. En el caso de los menores, según la Asociación Española de Pediatría el aumento llega al 47%.

Combatir los abusos de un tirano o los excesos de los gobiernos en la pandemia son objetivos que se persiguen a través de los derechos humanos como parte de una utopía: encontrar dentro de un mundo con una enorme diversidad de comprensiones sobre lo bueno y sobre lo justo, un camino que evite los abismos de la perversidad y del cinismo, capaz de reconocer, promover y proteger la dignidad de todo ser humano.