Los bancos (más técnicamente, las «entidades de crédito») son empresas que reciben dinero de los ahorradores en forma de depósitos, y que prestan ese mismo dinero a los sujetos que precisan de financiación. Así se les conceptúa en la Ley que los regula, y así actúan en todos los países. Los bancos prestan el dinero que en ellos se deposita; no prestan, normalmente, el dinero que corresponde a su propio capital fundacional. Para que todo esto funcione, los bancos aprovechan una realidad estadísticamente cierta: solo una parte muy pequeña de los ahorradores solicitan, cada día, la devolución de su dinero. Por eso, con esa enorme cantidad de dinero que el banco debe devolver cuando se lo pidan, pero que sabe que no le van a pedir, puede realizar préstamos que se devolverán en plazos muy posteriores. Al banco le basta con guardar en torno a un 1% de esos depósitos en metálico (entiéndase bien, en activos líquidos) para poder atender las órdenes de reintegro. Claro está, si un (mal) día una parte de clientes muy superior a la estadísticamente normal solicita retirar su dinero, el banco no podrá atender las órdenes, o tendrá que solicitar a otras entidades y al Banco de España liquidez para poder cumplir los reintegros. Lo que el Banco no podría hacer es pedir a sus prestatarios la devolución de lo prestado antes del tiempo pactado.

Los bancos no son «insolventes»; simplemente, están en permanente situación de «iliquidez»: no tienen capacidad de devolución de todo el dinero que le pueden pedir los depositantes, si una parte relevante de ellos se lo solicitan a la vez.

Con la crisis del Banco de Madrid se ha constatado, una vez más, todo esto. El Banco de Madrid era, y al parecer sigue siendo, totalmente solvente. Pero cuando fue intervenido por las autoridades españolas, el 10 de marzo, por posibles operaciones de blanqueo de dinero de su matriz, la andorrana BPA, los depositantes retiraron del 10 al 13 de marzo depósitos por valor de 124 millones de euros; y para el lunes 16 de marzo se habían cursado órdenes de retirada por valor de 52,3 millones de euros. El total de dinero en depósitos del banco antes de la intervención era en torno a 700 millones de euros. Por eso el banco tuvo que solicitar concurso de acreedores: tiene activos de valor superior a su pasivo, pero no dispone de dinero en metálico para atender las órdenes de pago. Es lo que le pasaría a cualquier banco, posiblemente  incluso al más solvente, si en cuatro días sus clientes le piden el reintegro del 25% del total de los depósitos.

Los que hemos visto la deliciosamente ingenua película «Qué bello es vivir», de Frank Capra, recordamos esa escena en la que el protagonista George Bailey, encarnado por James Stewart, se enfrenta a los clientes de su «compañía de empréstitos» (una save&loan estadounidense, similar a nuestras clásicas cajas de ahorro), que le piden a la vez la recuperación de sus fondos porque corre el rumor en la ciudad de que la entidad ha perdido dinero. Bailey les recuerda que esos fondos se han prestado a otros clientes de esa ciudad, muchos de ellos amigos o familiares de los que quieren su dinero. Y por eso los depositantes se avienen a no retirar todos los fondos, sino solo lo estrictamente necesario. El protagonista de la película evita que el pánico lleve a la quiebra a su pequeña entidad de crédito. En el Banco de Madrid, obviamente, no ha pasado lo mismo (la vida real no es tan maravillosa como en las películas de Capra).

Un despacho de abogados va a presentar una reclamación porque la intervención del Banco de Madrid fue la causante de la retirada de depósitos y del posterior concurso, y considera que esa intervención fue precipitada e injustificada. Pero, de igual forma, si ante las sospechas respecto del blanqueo de dinero por BPA no se hubiera hecho nada, otros muchos habrían criticado a las autoridades por, precisamente, no adoptar medida alguna. Los clientes también se quejan de que no vaya a haber un salvamento público de este banco, como sí  lo ha habido con otros. Pero está claro que Banco de Madrid no es una «entidad sistémica» (esto es, tiene una importancia o relevancia muy pequeña en proporción al sistema financiero español), y que con la Ley española y comunitaria en la mano no pueden utilizarse fondos públicos para salvar a entidades no sistémicas.

Resulta curioso que nos echemos las manos a la cabeza cuando vemos que esto puede pasar. Nos olvidamos de que la banca, mientras siga funcionando ese sistema denominado de «reserva fraccionaria», se encuentra en una permanente situación de solvencia, pero de iliquidez (que también es una insolvencia, a efectos del concurso). Y en una situación de pánico y de falta de confianza, ningún banco podría atender órdenes masivas de retiradas de depósitos. De ahí los «corralitos» que el poder tiene que establecer en situaciones de crisis económica en un país. La banca siempre se encuentra balanceándose en la cuerda floja.