En tiempos preelectorales, parece no indignar tanto como la corrupción. Pero también es un lastre. No es ruidosa como la turbulencia institucional actual, pero también toca a gran parte de la sociedad. No es violenta como el crimen organizado, pero también afecta a los más pequeños: la desnutrición crónica, que es la pérdida progresiva de reservas orgánicas por falta de proteínas y calorías, afectaba entre 2014 y 2015 a 1.200.000 niñas y niños guatemaltecos menores de cinco años, según la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI).

Esa cifra representaba en su momento el 46,5 % de los menores de esa edad en el país, de los cuales el 16,5 % sufría desnutrición crónica severa. También según la ENSMI, el asunto es peor en áreas rurales y en la población indígena, donde los afectados rondan el 53 y 58 %, respectivamente.

Pero no son afectaciones puntuales, sino que tienen sombra alargada: la desnutrición crónica retrasa el crecimiento de fetos, bebés, niños y adolescentes, afectando su altura, energía y peso, y siendo un problema irreversible para su desarrollo cognitivo. Los marca de por vida a la hora de estudiar y trabajar. En relación con esto último, según estudios citados por el proyecto Food and Nutrition Technical Assistance, de USAID, estos menores tendrán a la larga menos ingresos que quienes crecieron bien nutridos, lo que reproduce su situación de pobreza y afecta a la producción y desarrollo general del país.

Con el paso del tiempo, la desnutrición también puede llevar a sufrir anemia y deficiencias de yodo. Así como la muerte por diarrea o neumonía, como advierte la UNICEF. Muchos, sin embargo, no alcanzan ni a vivir todo eso, pues la desnutrición crónica es la causa del 45 % de la mortalidad infantil en Guatemala, que encabeza esta lista en el continente, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

Frente a este panorama, el Gobierno ha actuado en los últimos años – sobre todo gracias a cooperación y préstamos de organismos internacionales, y a través del Ministerio de Salud-, con políticas de prevención y atención directa. Y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con un plan de seguridad alimentaria, extensionismo agrícola, riego y encadenamiento de productos.

En ese marco existen proyectos con relativo éxito, como los enfocados a combatir la mortalidad de las madres, así como la llamada Ventana de los Mil Días, lanzada en 2013, que consiste en políticas de prevención enfocadas en los meses de gestación y los primeros dos años del bebé. Si bien en proporción la desnutrición crónica se ha mantenido, un estudio de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala muestra que la mortalidad en menores de cinco años en el país se redujo de 80 a 32 por cada mil entre 1990 y 2012.

No obstante, estos proyectos, que suelen ser a mediano y largo plazo, han tenido trabas o se han ralentizado en distintos momentos. Por ejemplo, a principios de diciembre del año pasado, un proyecto de ley para combatir la desnutrición se estancó en el Congreso por falta de asistencia de los diputados. Con la iniciativa se busca (o se buscaba) aprobar un préstamo del Banco Mundial para el programa Crecer Sano, que forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2022.

Esa falta de voluntad política, que sigue de cerca a la falta de consenso nacional, quizá es una de las diferencias principales con el caso de Perú, que ha reducido la desnutrición crónica infantil en su territorio, del 28% en 2008 al 13% en 2016. Los legisladores del país sudamericano pasaron a la acción, precisamente, de la mano con la presión social que había detrás, y en la última década han actuado en este frente más allá del Gobierno de turno.

En línea con el acuerdo político, la puesta en marcha de las medidas para combatir este problema en Perú ha tenido como componentes fundamentales la dimensión institucional, asumiendo lo complejo y trascendental del tema, y el empoderamiento de los padres, lo que en Guatemala no ha gozado del protagonismo de la dotación de suministros.

En el ejemplo peruano, ese acompañamiento a los padres a través de instituciones territoriales y ONGs se ha traducido en concienciación para que vean que sus hijos no están creciendo lo suficiente (sobre todo con los indígenas pobres), en apoyo logístico para que ellos mismos y los médicos puedan hacer seguimiento, en mejoras en la disponibilidad de servicios de salud, incentivos monetarios, entre otras medidas que recoge un informe del Banco Mundial.

Finalmente, la aplicación de estas políticas en Perú se ha conseguido bajo una coordinación institucional que, junto a la repartición de los recursos en función de resultados, la ha dotado de una eficacia que Guatemala puede perseguir estudiando el caso y adaptando las políticas al contexto nacional.