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Hoy, 20 de noviembre de 2020, se cumplen 45 años de la muerte de Francisco Franco y del inicio de la transición de la dictadura a la democracia en España y la cuestión de la memoria histórica continúa muy presente en el debate social y político. “La gestión de la memoria se hace muy compleja, pues lo que unos quieren recordar, otros prefieren que caiga en el olvido”. Así lo expresa Anna Dulska, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra, en un capítulo de la ‘Guía de transición democrática: La experiencia española’.

Esta publicación, impulsada por la organización CEVRO y apoyada por la National Endowment for Democracy, se enmarca en el proyecto ‘Memoria de naciones’ que ofrece guías de asistencia para la transición democrática y para la capacitación de líderes democráticos, partidos y organizaciones de la sociedad civil. Dulska ha redactado el capítulo titulado ‘Educación y preservación de los sitios de memoria’, donde trata el tema de la memoria histórica.

Según ha explicado, los lugares de memoria –símbolos nacionales, estatuas, el callejero, festividades…– moldean el espacio público y evocan el pasado de una nación. Sin embargo, la investigadora ha señalado que, en los países donde se ha vivido una guerra civil, “la gestión de esta memoria se hace muy compleja, pues lo que unos quieren recordar, otros prefieren que caiga en el olvido”.

El caso español es un ejemplo para la experta. Tras la muerte de Franco, apenas hubo cambios en los sitios de memoria y se instauró un “pacto del silencio” que buscaba evitar conflictos y reacciones violentas por parte de ambos bandos, defensores y opositores al régimen franquista. Este pacto se rompió en las elecciones de 1993 cuando el PSOE utilizó –“con éxito”– el pasado en su campaña electoral. A partir de ese momento “el pasado pasa a ser un elemento permanente en la agenda política”, ha apuntado.

Con el inicio del nuevo milenio, Dulska ha identificado una lucha por la memoria que se materializó en la Ley 52/2007, también conocida como ‘Ley de Memoria Histórica’, que trataba de compensar los años de silencio.

Para la investigadora, la gestión de los lugares de memoria y conciencia en España ha fallado por “falta de pensamiento estratégico”, al alternar la gestión del franquismo como un asunto tabú a ser politizado. Ha afirmado que, hoy en día, siguen existiendo esas dos Españas ya enfrentadas antes de la Guerra Civil de 1936.

Ante esta gestión de la memoria, Dulska ha realizado cuatro propuestas: dotar a la Ley de la Memoria Histórica de mayor nitidez y un régimen sancionador, exigir a la clase política un sentido de responsabilidad a largo plazo en la materia de política histórica, fomentar la participación ciudadana en el debate sobre el pasado y adecuar los programas educativos para que los alumnos conozcan su historia reciente, desarrollen la capacidad de reflexionar sobre cuestiones sensibles y adquieran la autoconciencia histórica.