Resumen:
La Ley Concursal, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, no dispensa un tratamiento específico a la insolvencia de los consumidores y, en consecuencia, tampoco a lo que constituye el núcleo esencial de su patrimonio, la vivienda habitual. Ello ha generado las críticas de la doctrina y la jurisprudencia, siendo la exoneración de los créditos restantes tras la liquidación del activo una de las medidas más reclamadas. El debate ha sido avivado como consecuencia de una reciente resolución procedente del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, que, precisamente, acuerda esa medida con ocasión del concurso de un matrimonio de pensionistas. No obstante, semejante utilización del proceso como instrumento de políticas sociales también ha trascendido a otros ámbitos como el de las ejecuciones hipotecarias. Así, la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha resuelto que la entrega al ejecutante de la vivienda objeto de la garantía real es suficiente para saldar la deuda hipotecaria. En estas circunstancias, parece necesaria la intervención del legislador respecto a una materia, la insolvencia de los consumidores, cuya falta de regulación está provocando situaciones de inseguridad jurídica agravada por la extralimitación en sus funciones de algunos órganos jurisdiccionales.
