In the image
El presidente mexicano López Obrador recibe en 2021 al su homólogo peruano, Pedro Castillo [Presidencia de México]
Pocos países en el mundo tienen una doctrina establecida que guíe su política exterior. México es uno de ellos. No obstante, la Doctrina Estrada ha sido aplicada durante su siglo de vigencia con ciertas inconsistencias. Estas han resultado especialmente evidentes en las presidencias de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, durante las cuales las relaciones diplomáticas de México con algunos vecinos americanos, como Perú y Ecuador, se han visto muy perjudicadas. Frente a una doctrina que habla de no injerencia en la política interna de otros países, AMLO y Sheinbaum se han inmiscuido abiertamente en defensa de correligionarios de izquierda y en contra de legítimos gobiernos de la región.
La Doctrina Estrada es una declaración oficial formulada por México hace poco más de un siglo y que los gobiernos mexicanos han venido generalmente manteniendo como principio básico para su política exterior. Sostiene que ningún estado o gobierno requiere el reconocimiento de otras naciones para proclamar su soberanía; de esta forma, reafirma el principio de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos, así como el compromiso a la no injerencia en la política interna de otros países. Fue proclamada el 27 de septiembre de 1930 por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, en un contexto donde el reconocimiento hacia los estados era usado como mecanismo de presión contra los países débiles[1]. Desde entonces, es un pilar de la diplomacia mexicana que sintetiza, por un lado, una actitud de rechazo contra el colonialismo y, por otro, la apertura internacional de México.
Sobre la base de dicha doctrina, México tiene una historia de relaciones diplomáticas estables con países de diversas ideologías. Por ejemplo, en 1962, fue el único país latinoamericano que no rompió relaciones con Cuba. Similarmente, décadas después, fue el único miembro del Grupo de Lima, creado en 2017 para acompañar a la oposición venezolana en una salida pacífica a la crisis en su país, que no reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
No obstante, a lo largo de este siglo de invocación de la Doctrina Estrada, México la ha aplicado de forma inconsistente. Por ejemplo, en la década de 1970 apoyó la caída de Somoza en Nicaragua y respaldó a los sandinistas; también retiró a su embajador de Chile tras el golpe de Pinochet. México ha defendido que en estos casos en realidad la doctrina no fue quebrantada porque no hubo un juicio explícito sobre la legitimidad de esos gobiernos, sin embargo, los últimos choques diplomáticos que ha protagonizado en la región con Perú y con Ecuador podrían haber vulnerado ese principio, algo que seguidamente se revisa.
La destitución de Castillo en Perú
En julio de 2021, Pedro Castillo Terrones juramentó como presidente de Perú, luego de ganar las elecciones con un estrecho margen (50,1% de los votos). El exiguo apoyo parlamentario con el que contaba anunciaba su derrota en la sesión que el Congreso peruano convocó en diciembre de 2022 para destituirle mediante una moción de vacancia. Para evitar esa moción, Castillo intentó disolver el Congreso a través de un mensaje a la nación, en una decisión que la comunidad política nacional recibió como un ‘autogolpe’. Castillo fue arrestado por rebelión y destituido de su cargo por “incapacidad moral”. Antes de su detención, Castillo quiso refugiarse en la Embajada de México en Lima, donde sí pudieron llegar su esposa e hijos.
Decretada la vacancia y sustituido Castillo por la vicepresidenta Dina Boluarte, el presidente de México salió en defensa del mandatario depuesto. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en redes sociales que las élites económicas y políticas de Perú habían derrocado al presidente legítimo del país y señaló que la puerta de la Embajada de México estaría abierta para acoger a quienes se vieran perseguidos, continuando con la tradición mexicana de asilo. De esta forma, otorgó asilo a la familia de Castillo, lo que las autoridades peruanas criticaron como una clara interferencia en los asuntos internos. El gobierno de Boluarte expulsó al embajador mexicano, limitó las relaciones bilaterales al ámbito comercial y declaró ‘persona non grata’ a López Obrador.
El asilo político ha sido una práctica habitual por parte de México. Este país ha acogido a personajes políticos como Haya de la Torre en 1923, Trotsky en 1937, Fidel Castro en 1955 y Evo Morales en 2019. También recibió a los republicanos españoles que se exiliaron allí en 1936. Aunque en general ha abrazado más las causas de izquierda, es cierta esa tradición de refugio político.
Pero si es posible afirmar que la acogida a la familia de Castillo corresponde a esa actitud, el constante apoyo a Castillo tras su destitución y el explícito rechazo a Boluarte, tanto por parte de López Obrador como de su sucesora, Claudia Sheinbaum, implican una intervención y un juicio valorativo a la situación política peruana, lo cual deja de lado a los fundamentos de la Doctrina Estrada.
López Obrador se negó a traspasar a Boluarte la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico, perjudicando no solo la relación bilateral sino también la propia actividad de esa organización regional de la que forman parte México, Colombia, Perú y Chile. Por su parte, Sheinbaum renunció a acudir a la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico) que tuvo lugar en Perú en noviembre de 2024, evitando así el saludo y el reconocimiento de Boluarte como presidente del país anfitrión.
Cuando el 10 de octubre de 2025 Boluarte fue echada de la presidencia por el Congreso peruano y sustituida en el cargo por el presidente de este, José Jerí, Sheinbaum se mostró satisfecha con la decisión adoptada contra Boluarte e insistió en que la acción previa contra Castillo fue un golpe de estado por racismo y clasismo. En cualquier caso, las malas relaciones no han mejorado: la noticia de que México había concedido asilo político a Betsy Chávez, que fue primera ministra de Castillo, motivó que el nuevo gobierno de Jerí decretara la expulsión de la encargada de negocios de la Embajada mexicana en Lima (la máxima autoridad al no contar con embajador). Seguidamente, el Congreso peruano declaró ‘persona non grata’ a Sheinbaum.
La entrada en la Embajada de Quito
Entre diciembre de 2023 y abril de 2024 el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se ocultó en la Embajada de México en Quito para evitar ingresar en prisión a raíz de una condena judicial por corrupción. La presencia de Glas en la legación generó una crisis entre ambas naciones. Mientras Ecuador solicitaba la entrega de Glas y negaba fundamento legal para su asilo, México prefirió dar oído a las alegaciones de persecución política e irregularidades judiciales aducidas por Glas y confirmó la acogida de este.
En una escalada de tensión, el gobierno de Daniel Noboa pidió consentimiento para ejecutar la orden de detención contra Glas, mientras que desde México López Obrador cuestionó la legitimidad de las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2023, en las Noboa se impuso a la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, del que Glas había sido vicepresidente. Como consecuencia de ello, el 4 de abril Ecuador declaró “persona non grata” a la embajadora mexicana y al día siguiente México concedió formalmente asilo político a Glas.
El 6 de abril de 2024, fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la Embajada mexicana para detener a Glas, una acción que México consideró una violación grave del derecho internacional y que motivó la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas. La operación fue rechazada por la ONU y la OEA, que emitieron comunicados y resoluciones condenando el uso de la fuerza. Finalmente, México presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 11 de abril, a lo cual Ecuador respondió con una contrademanda el 29 de abril. En su dictamen, la Corte resolvió no ordenar las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador; principalmente, por la falta de urgencia y las garantías de Ecuador de respetar la inviolabilidad de la Embajada de México. El caso, no obstante, sigue abierto ante la CIJ.
Cuestionar la elección de Noboa, pero no la de Maduro
Si bien la airada reacción de México ante la vulneración de su espacio soberano –el recinto de su Embajada en Quito– está justificada, en toda esta controversia entre los dos países AMLO y Sheinbaum han caído en el tipo de injerencias contra las que se redactó la Doctrina Estrada y que en absoluto México querría para sí. Podría haber espacio para la discusión sobre el hecho de conceder asilo a quien ha sido condenado en su país de origen, en el caso de que existan pruebas de que los tribunales del país en cuestión han sido injustos, pero calificar de ‘golpe de estado’ una acción democrática de Perú contra el intento de ‘autogolpe’ de Castillo, como lo vio la mayor parte de la comunidad internacional, o calificar de fraude la elección de Noboa es jugar a un sectarismo impropio de la objetividad que busca la aplicación de una doctrina.
Con su reciente actuación, México ha caído en un claro partidismo en política exterior, cuestionando los procesos democráticos en Perú y Ecuador, pero aceptando la permanencia de Maduro en Venezuela, cuando fue evidente el triunfo de la oposición y la derrota del chavismo en las presidenciales de 2024. México pidió ver las actas, pero parece olvidarse de que Maduro sigue sin mostrarlas.
[1] Núcleo de la Doctrina Estrada: “El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que, a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano sólo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades”.