China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado

► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]

INFORME SRA 2021 /  Resumen Ejecutivo  [versión en PDF]

La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.

Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.

La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.

El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.

Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.

Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.

En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.