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Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIOSalvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

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Volver Was the Madrid COP25 useful?

The UN Conference did little to increase international commitment to climate change action, but did at least boost the assertiveness of the EU

In recent years, the temperature of the Earth has risen, causing the desertification of lands and the melting of the Poles. This is a major threat to food production and provokes the rise of sea levels. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has concluded that there is a more than 95% probability that human activities over the past 50 years are the cause of global warming. Since 1995 the United Nations has organized international meetings in order to coordinate measures to reduce CO2 emissions, which arguably are behind the increases in temperature. The latest meeting was the COP25, which took place in Madrid this past December. The COP25 could be labeled almost a missed opportunity.

ARTICLE Alexia Cosmello and Ane Gil

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme. The IPCC’s Fifth Assessment Report concluded that: “Climate change is real and human activities are the main cause.” In recent years, rising temperatures on earth have contributed to the melting of the Polar Ice Cap and an increase in desertification. These developments have provoked the rise of sea levels and stresses on global food production, respectively.

In 1992, the IPCC formed the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) with the goal of minimizing anthropogenic damage to the earth’s climate. 197 countries have since ratified the UNFCCC, making it nearly universal. Since 1995, the UNFCCC has held an annual Conference of the Parties (COP) to combat climate change. These COPs assess the progress of national governments in managing the climate crisis, and establish the legally binding obligations of developed countries to combat climate change. The most significant international agreements emerging from UNFCCC annual COPs are the Kyoto Protocol (2005) and the Paris Agreement (2016). The most recent COP25 (25th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Madrid in December 2019.

The previous conference (COP24) marked a significant improvement in international regulation for implementing the Paris Agreement, but crucially ignored the issue of carbon markets (Article 6). Thus, one of the main objectives of COP25 was the completion of an operating manual for the Paris Accords that included provisions for carbon market regulation. However, COP25 failed to reach a consensus on carbon market regulation, largely due to opposition from Brazil and Australia. The issue will be passed onto next year’s COP26.

Another particularly divisive issue in COP25 was the low level of international commitment. In the end, only 84 countries committed to the COP25 resolutions; among them we find Spain, the UK, France and Germany. Key players such as the US, China, India and Russia all declined to commit, perhaps because together they account for 55% of global CO2 emissions. All states will review their commitments for COP26 in 2020, but if COP26 goes anything like COP25 there will be little hope for positive change.

COP25 also failed to reach an agreement on reimbursements for damage and loss resulting from climate change. COP15 set the goal of increasing the annual budget of the Green Climate Fund to 100 billion USD by 2020, but due to the absence of sufficient financial commitment in COP25, it appears that this goal will not be met.

It is worth noting that in spite of these grave failures, COP25 did achieve minor improvements. Several new policies were established and a variety of multilateral agreements were made. In terms of policies, COP25 implemented a global “Gender Action Plan,” which will focus on the systematic integration of gender equality into climate policies. Additionally,  COP25 issued a declaration calling for increased consideration of marine biodiversity. In terms of multilateral agreements, many significant commitments were made by a vast array of countries, cities, businesses, and international coalitions. Notably, after COP25, the Climate Ambitious Coalition now counts with the impressive support of  27 investors, 763 companies, 393 cities, 14 regions, and 70 countries.

But by far the saving grace of COP25 was the EU. The EU shone brightly during COP25, acting as a example for the rest of the world. And this is nothing new. The EU has been a forerunner in climate change action for over a decade now. In 2008, the EU established its first sustainability goals, which it called the “2020 Goals”. These goals included: reducing GHG emission by 20% (compared to 1990), increasing energy efficiency by 20%, and satisfying a full 20% of total energy consumption with renewable energy sources. To date, the EU has managed not merely to achieve these goals, but to surpass them. In fact, by 2017, EU GHG emissions had been reduced not just by 20%, but by 22%.

The EU achieved these lofty goals because it backed them up with effective policies. Note:

i) The launch by the EU Commission in June 2000 of the European Climate Change Programme (ECCP). Its main goal is to identify and develop all the necessary elements of an EU strategy to implement the UN Kyoto Protocol of COP3.

ii) The EU ECCP developed the ETS (EU emissions trading system), which has helped to reduce greenhouse gas emissions from energy-intensive industries and power plants.

iii)The EU adopted revised rules for the ETS in February 2018,  which set the limits on CO2 emissions of heavy industry and power stations.

iv)The EU opted for acircular economy.” In May 2018, the EU decided on new rules for waste management and established legally binding targets for recycling. In May 2019, the EU adopted a ban on single-use plastic items.

v) The EU limited CO2 emissions on the roads. In April 2019, stricter emission limits for cars and vans were passed. By 2029, both cars and vans will be required to emit on average 15% less CO2.

vi) The EU approved new regulations in May 2018 for improved protection and management of lands and forests.

If the EU is anywhere near as successful at combating climate change in the decades to come as it has proved itself to be in the past decade, the EU seems primed to achieve both its 2030 Goals, and its 2050 Goals (the European Green Deal). The 2030 Goals include cutting GHG emissions by at least 40% by 2030 (compared to 1990). Such  new measures will make the EU’s economy and energy systems more competitive, more secure, and more sustainable. The 2050 Goals are even more ambitious: they include the complete elimination all CO2 emissions and the achievement of a climate-neutral EU by 2050. The EU’s 2030 and 2050 Goals, if achieved, will be a remarkable step in the right direction towards achieving the Paris Agreement objective to keep global temperature increase stabilized at 1.5ºC and well below 2ºC.

The European Green Deal and 2030 and 2050 Goals will demand far more effort than the 2020 Goals, especially in the political and economic spheres. Poland has yet to commit to the Deal, which has led the European Council to postpone the matter until June 2020. But progress in the EU towards the 2050 Goals is already underway. The Just Transition Mechanism was proposed in December 2019 to provide support for European regions projected to be most affected by the transition to climate neutrality. (This measure will also hopefully serve to assuage the concerns of Poland and other members.) The EU Commission is to prepare a long-term strategy proposal as early as possible in 2020 with the intention of its adoption by the Council and its submission to the UNFCCC shortly thereafter. Furthermore, the EU Commission has also been tasked with a proposal, after a thorough impact assessment, for an update of the EU’s nationally determined contribution for 2030 under the Paris Agreement. The EU’s example is reason to hope for a bright and sustainable future for the developed world.

Unfortunately, not every developed country is as committed to sustainability as the EU. While many efforts have been made at both the global and regional levels to combat climate change, it is abundantly clear that these efforts are horrendously insufficient. In order to properly address climate change, consistent commitment to sustainability from all parties is imperative. Those countries such as the US, China, India and Russia that abstained from commiting to the COP25 resolutions need to begin following in the EU’s sustainable footsteps and start behaving like true global citizens as well. If they do not, even the EU’s exemplary efforts will not be anywhere near enough to slow climate change.