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La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

 

 

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.

Categorías Global Affairs: Energía, recursos y sostenibilidad Artículos Latinoamérica

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULOAlexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra ­–los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

 

 

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y  el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.

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La próxima autosuficiencia gasista de sus dos grandes vecinos compradores obliga al Gobierno boliviano a buscar mercados alternativos

Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

▲ Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, es la única historia de éxito económico de todos los países latinoamericanos que abrazaron el populismo de izquierdas al comienzo del presente siglo. El país altiplánico ha logrado junto a Panamá y República Dominicana el mayor crecimiento de PIB de la región en el último lustro, y todo esto en un difícil contexto de decrecimiento por parte de sus principales socios comerciales: Argentina y Brasil[1]. La estabilidad política aportada por Evo Morales desde 2006, sumada a políticas macroeconómicas prudentes de carácter contracíclicas y una nueva gestión de los hidrocarburos son parte de la fórmula de este éxito. A pesar de todo, existen enormes riesgos para Bolivia de carácter económico y político. Por un lado, el gas natural supone un 30% de las exportaciones y su destino es exclusivamente Brasil y Argentina, países que se hallan cerca de la autosuficiencia gasística. Encontrar vías alternativas no es una tarea sencilla para un Estado sin salida al mar, con un conflicto diplomático con Chile y separado por la Cordillera de los Andes del Perú. Además, la apuesta del gobierno boliviano por explotar el litio por medio de empresas nacionales que integren su procesamiento para favorecer la industrialización es una estrategia arriesgada que puede dejar al país fuera del creciente mercado del litio mundial. Por último, Evo Morales y el MAS han seguido una creciente tendencia autoritaria, permitiendo la reelección del presidente, atentando contra la separación de poderes y la reciente constitución de 2009. La nueva Bolivia enfrenta en la próxima década el desafío de reorientar sus exportaciones de gas natural, diversificar su economía y consolidar una democracia real que permita un crecimiento sostenido de su economía y su papel como actor regional.

Gas Natural: en el centro del debate político del s.XXI

Durante las fracasadas exploraciones petrolíferas en el Chaco de los años 1960, acontece el descubrimiento de abundantes reservas de gas natural de gran potencial económico. Si bien se trataba de un recurso de menor valor que el del crudo, pronto se desarrolla una incipiente industria gasista de la mano de compañías extranjeras, principalmente norteamericanas como la Standard Oil. En 1972 se produce una primera nacionalización, con el surgimiento de YPFB como la empresa estatal encargada de la exploración, producción, transporte y refino de los recursos energéticos bolivianos en colaboración con empresas extranjeras. Ese mismo año, se construirá el primer gasoducto exportador, con dirección a Argentina. Para 1999, Bolivia exportará gas natural a Brasil por medio del gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, cuyo proyecto supuso más de 8 años de negociaciones y obras e introdujo a Petrobras como un importante actor en el sector. De este modo, Bolivia entra al siglo XXI con una creciente industria gasista, mayoritariamente privatizada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y aupada por un modelo fiscal muy favorable para las compañías extranjeras[2].

El año 2001 marca el inicio de una convulsa etapa política en Bolivia con la denominada Guerra del Agua. Una oleada de protestas surgida de la privatización de los servicios municipales de aguas en el marco de negociaciones financieras entre el FMI y el Gobierno de Hugo Banzer. En el centro neurálgico de dichas protestas en Cochabamba surgió la figura de Evo Morales, líder cocalero que irá incrementando su popularidad de forma imparable. El gas se convertirá en protagonista en 2003, con una nueva oleada de protestas en contra de la construcción de un gasoducto de gas natural desde Tarija a Mejillones (Chile) para consumo de la industria minera de este país y exportación a México y EEUU en forma de GNL. La oposición al proyecto argumentaba la incoherencia histórica de aportar recursos bolivianos a la explotación de la región minera perdida frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y que privó a Bolivia de una salida al mar. Además, se proponía un gasoducto alternativo, más costoso, que atravesase Perú, pero que supuestamente beneficiaría la región norte de Bolivia y no supondría una humillación nacional. Las protestas tomaron un cariz nacionalista e indigenista convirtiéndose en una auténtica revolución que bloqueó La Paz, el aeropuerto internacional y sumió el país entero en la violencia y el desabastecimiento. El presidente Lozada terminó renunciando y la mayoría de su gobierno huyendo al extranjero, mientras el proyecto quedaba cancelado y enterrado para siempre.

El nuevo presidente Mesa llega al poder con la promesa de llamar a un referéndum vinculante sobre el gas, al establecimiento de una Asamblea Constituyente y a una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyera la revisión de los procesos de privatización. El referéndum termina por dar la victoria a las propuestas de Carlos Mesa, si bien con una baja participación y una confusa redacción de las preguntas. El presidente Mesa, incapaz de capitalizar la legitimidad que le otorgaba el plebiscito renuncia al cargo y convoca elecciones presidenciales anticipadas en 2005, que llevan al poder al primer presidente indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales, por mayoría absoluta. De esta forma el gas natural se convierte en el principal catalizador del cambio político en Bolivia.

La reforma de los hidrocarburos

La llegada de Evo Morales supuso un profundo cambio en el marco legal de los hidrocarburos. En 2006 se promulga la nueva ley de hidrocarburos “Héroes del Chaco”, que nacionaliza los recursos energéticos de Bolivia, expropia el 51% de las acciones de empresas involucradas en el sector y establece un impuesto directo sobre los hidrocarburos del 50% sujeto a una regalía extra del 32% a YPFB en aquellos yacimientos de más de 100 mcf de producción anual[3].  Esta legislación, en palabras de Evo Morales “daba la vuelta a la tortilla, pasando de 18% a 82% en los ingresos del Estado sobre los hidrocarburos”[4]. La legislación, aunque adornada con una retórica radical revolucionaria, ha demostrado ser moderada y viable en el medio plazo, ya que permite en la práctica fórmulas fiscales mucho menos gravosas para las multinacionales energéticas y no implicó grandes expropiaciones de activos. Tal y como se puede ver en la gráfica inferior, los ingresos fiscales derivados del gas natural crecieron enormemente desde 2005, año de la reforma, sin afectar dramáticamente a la producción de gas natural. Además, esta reforma vino acompañada de máximos históricos en el precio de las materias primas en 2006, 2007 y 2008, amortiguando la reducción porcentual en los ingresos de las compañías extranjeras. En el año 2009 Bolivia incluye en el artículo 362 la primacía de contratos de servicios petroleros, una fórmula en la que las multinacionales no obtienen ningún derecho sobre los hidrocarburos extraídos, pero son remuneradas por los servicios prestados. 

Desde la reforma, las exportaciones han sido relativamente estables, aupadas por una creciente demanda tanto en Brasil como Argentina. El caso más polémico se dio en el invierno de 2016, especialmente frío, en el que Bolivia paralizó sus exportaciones debido a tareas de mantenimiento en el campo Margarita. Este hecho desenmascaró una tozuda realidad sobre las reservas demostradas de gas natural en Bolivia y la necesidad de aumentar las labores de exploración y perforación en el país. Las reservas actuales de Bolivia ascienden a 283 bcm (10 tcf), suficientes para solamente 10 años de actividad exportadora al ritmo actual. Conocedora de esta situación límite, la corporación YPFB ha lanzado para 2019 una campaña de inversión que asciende a los 1.450 millones de dólares, de los cuales 450 irán dedicados a labores de exploración[5]. Buena parte de la inversión en el sector durante los últimos años ha ido dirigida a industrializar la producción de gas natural en lugar de labores de exploración, construyendo plantas de refino como la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo[6]. Actualmente trabajan en labores de exploración y producción Total, Shell, Repsol y Petrobras[7]. Este esfuerzo pretende contestar el informe del FMI que consideraba demasiado escasas las reservas de gas natural en Bolivia para convertir al país en un centro energético regional, máxima aspiración de Evo Morales[8]. Para YPFB, existen unas reservas probables de 850 bcm (35 tfc) que garantizarían una larga vida para el sector gasista, pero que debería repensar su política fiscal para volver a atraer empresas extranjeras, que a día de hoy solo suponen el 20% de la inversión total[9].

El futuro del gas natural boliviano

De acuerdo con los contratos firmados con Brasil (1999) y Argentina (2005) los precios de exportación están indexados a una canasta de hidrocarburos, que en general ha garantizado a Bolivia un precio muy favorable, superior al de Henry Hub, pero que hace al país igualmente dependiente de las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, la revolución de tecnología no convencional y nuevas formas de transporte ahora más económicas como el GNL están transformando la realidad del mercado del gas natural en el Cono Sur. Esta nueva coyuntura, ligada a la finalización de los contratos con Brasil en 2019 y Argentina en 2026, pone en jaque el futuro del principal activo de la economía boliviana.

Tal y como se muestra en el gráfico, la balanza comercial boliviana y su estabilidad fiscal dependen de los volúmenes exportados de gas natural y su precio internacional. La supervivencia del modelo económico actual boliviano y la presidencia de Evo Morales dependen en gran medida de los ingresos derivados de este hidrocarburo, siendo un factor fundamental para el futuro de la República Plurinacional de Bolivia.

Brasil

Desde 1999 Brasil se convierte en el principal destino de las exportaciones de gas natural, siendo en el periodo 2001-2005 el único cliente de Bolivia. Esta posición permitió la entrada de Petrobras como principal inversor en el sector hasta el año de la nacionalización, suponiendo una importante fricción diplomática entre ambos países. Fue la complicidad entre Morales y Lula, así como la importancia de mantener la armonía entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar una confrontación mayor entre ambos países. A pesar de las palabras del presidente de Petrobras en 2006, Sergio Gabrielli, anunciando el fin para siempre de la compañía en Bolivia, esta ha continuado siendo un importante inversor debido a la rentabilidad de sus actividades y la importancia estratégica del gas boliviano para Brasil.

Parece evidente que el gas natural va a jugar un papel importante en el futuro de Brasil, ya que la principal fuente de electricidad en el país, la hidroeléctrica, requiere de otras fuentes que la sustituyan cuando haya escasez de lluvias, tal y como ocurrió entre 2012 y 2014. Este contexto favoreció la entrada de gas natural en el mix eléctrico, que pasó de un 5% en 2011 a un 25% para 2015[10]. Sin embargo, Brasil comenzó hace una década con las revolucionarias explotaciones de hidrocarburos presal, que han permitido al país aumentar su producción de crudo de 1,8 mbd en 2008 a 2,6 mbd en 2018. Se espera que la producción de gas natural asociado a estos campos entre al mercado brasileño conforme se vaya construyendo la infraestructura necesaria que conecte los yacimientos off-shore con la todavía insuficiente red de gasoductos, algo que se prevé mejorar con la entrada de actores privados al sector tras la reforma energética de 2016. Igualmente, Brasil ya cuenta con 3 plantas para importar GNL, lo que le permite diversificar sus importaciones, tal como hizo durante 2018 cuando Bolivia no pudo suministrar los 26 millones de metros cúbicos al día acordados en 1999. Todo esto pone en una posición privilegiada para la negociación a Petrobras y Bolsonaro, situado en las antípodas ideológicas de Morales, y que podría apostar por aumentar las importaciones del cada vez más barato GNL norteamericano y reducir el volumen de gas boliviano. En cualquier caso, debido a ciertos incumplimientos en el suministro de gas desde Bolivia, el contrato se extenderá durante al menos dos años más hasta que se alcancen los volúmenes pendientes de entregar y que Brasil ya ha pagado.

Argentina

El otro mercado de gas natural para Bolivia también está inmerso en profundas transformaciones, en este caso derivado de las técnicas no convencionales de shale y tight oil. El yacimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los mayores depósitos de shale del mundo, ha comenzado a producir los primeros retornos tras años de inversiones por parte de YPF y otras multinacionales. A pesar de la inestabilidad económica argentina y las reformas fiscales exigidas por el FMI que retrasarán el desarrollo total de este yacimiento gigante[11], se prevé que para 2022 su producción cubra aproximadamente el 80% de las importaciones bolivianas, volviendo a la senda de la autosuficiencia alcanzada en buena parte de la década de los 90 y el 2000[12]. Por el momento Argentina ya ha logrado renegociar los volúmenes de gas natural importados en verano y en invierno de forma más favorable a la demanda interna[13].  Además, Argentina autorizó exportar gas natural a Chile tras 12 años de interrupción[14] y realizó su primera exportación de GNL en mayo de 2019[15], lo que constituyen primeros síntomas de una creciente producción doméstica.

Parece evidente que el mercado argentino no tendrá un largo recorrido para el gas natural boliviano y que probablemente ponga fin a sus importaciones cuando termine el contrato en 2026. Otras opciones pasan por emplear la completa red de gasoductos argentinos como tránsito a otros destinos vía GNL o a vecinos como Uruguay, Paraguay o incluso Chile.

Perú

Desde hace unos meses, Bolivia ha articulado una campaña de diplomacia pública para lograr extender un gasoducto exportador a Puno, ciudad peruana situada en el Lago Titikaka. Si bien Perú tiene una importante  producción de gas natural en Camisea que le permite exportar grandes cantidades de GNL, el país lanzó un programa conocido como Siete Regiones para universalizar el acceso al gas natural. El sur de Perú puede abastecerse de forma más económica por medio de importaciones bolivianas debido a la proximidad del gasoducto de La Paz, pero existen reticencias, especialmente en la oposición fujimorista, a importar un bien excedentario en el país. Esta fórmula sería integrada en un plan para exportar desde Bolivia gas licuado de petróleo a esta misma zona, mientras que Perú construiría un gasoducto para importar petróleo y derivados desde el puerto de Ilo, en el Pacífico, a La Paz. Para Bolivia, el mercado peruano puede ser una solución temporal mientras se siguen diversificando las exportaciones, pero tendrá una fecha de caducidad temprana dadas las reservas de gas natural peruanas, el doble que las bolivianas, y la tendencia lógica a una mayor producción doméstica que cubra la demanda de todo el país. Igualmente, parece sensato pensar que la costa de Perú será en el futuro uno de los puntos por donde Bolivia podría exportar su gas natural en forma de GNL si el mercado regional está saturado.

Chile

Desde un punto de vista económico, Chile es el país más atractivo para las exportaciones bolivianas. Carece de reservas de gas natural y su zona minera, de alta demanda energética, se sitúa en una zona relativamente próxima a la red de gasoductos y yacimientos de Bolivia. Sin embargo, la ya centenaria disputa por los territorios originariamente de Bolivia anexionados por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) han sido un obstáculo insalvable en el presente siglo. Cabe mencionar que durante los años 50 y 60 Bolivia exportó petróleo a Chile y a EEUU por medio del oleoducto Sica Sica-Arica; es decir, la negativa a exportar gas natural a Chile ha sido una bandera empleada por Evo Morales y no una tradición histórica en la relación de estos países.

Tras las enormes movilizaciones producidas por la Guerra del Gas, Evo Morales supo catalizar el fervor popular y utilizar la disputa territorial para incrementar su popularidad. De hecho, buena parte de sus esfuerzos en la anterior legislatura se centraron en lograr la ansiada salida al mar por medio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En 2018 este tribunal falló de forma favorable para Chile, dictaminando que este país no tiene el deber de negociar con Bolivia un arreglo territorial. La negativa de Morales a exportar gas natural a Chile parece que continuará mientras dure su presidencia.

Sin embargo, el tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado por ambos estados otorga a Bolivia plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones, y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones. Estas condiciones parecen las ideales para la construcción de una planta de GNL en Arica o Antofagasta que permita exportar gas natural por vía marítima mientras se abastece el norte chileno, necesitado de gas natural barato que permita desplazar al carbón. Las difíciles relaciones políticas entre ambos países complican la viabilidad de este proyecto, que no debe ser descartado cuando Morales abandone la presidencia y exista una mayor sintonía, tal y como ocurrió con Pinochet y Banzer en el poder.

Consumo doméstico

El consumo doméstico de gas natural en Bolivia ha crecido a un ritmo del 4,5% anual en el periodo 2008-2018 impulsado por unos precios subsidiados para consumo y la puesta en marcha de proyectos estatales que pretenden dotar de valor añadido a la extracción de gas natural como la planta de urea de Bulo Bulo o la industria siderúrgica de Mutún. Se espera que la renta per cápita en Bolivia y el consumo eléctrico sigan aumentando en la próxima década. Si el volumen de subsidios al gas natural crece de forma similar mientras que los ingresos por exportaciones disminuyen, el delicado equilibrio fiscal boliviano podría tomar una senda similar al de Argentina. El proceso de industrialización nacional por medio del gas natural tampoco parece descabellado, siempre y cuando se asiente sobre las reglas de mercado y no a costa de las finanzas públicas. El país ya ha alcanzado la autosuficiencia en fertilizantes y ya suponen un creciente rubro exportador, ejemplo de la diversificación económica que el gobierno de Morales persigue.

La pregunta: ¿Hay mercado para todos?

Tras revisar el contexto regional, puede parecer que el mercado de gas natural en Sudamérica va a estar saturado por un exceso de oferta futura. Tal y como se puede observar en el gráfico, la demanda de gas natural en el vecindario boliviano va a aumentar de 107 bcm a 140 bcm anuales para 2030. Probablemente Perú, Argentina y Brasil aumenten su producción, pudiendo alcanzar la autosuficiencia a lo largo de la década de 2020. Esto complica la comercialización del gas boliviano, pero no la hace imposible. En primer lugar, la realidad geográfica de Sudamérica hace que ciertos proyectos transfronterizos sean más económicos que otros internos, como en el caso del Sur de Perú. Igualmente, los cada vez menores costes de exportar gas por vía marítima permiten encontrar mercado a los excedentes de la producción regional, como es el caso de Perú que concentra sus exportaciones de gas a España. En un contexto de cada mayor interconexión energética, Bolivia podrá seguir exportando gas natural, ahora bien, con una posición menos privilegiada y teniendo que invertir en infraestructura exportadora. Los grandes retos se concentran en aumentar las actividades de exploración atrayendo más inversión extranjera y privada, así como la búsqueda de nuevos mercados, siendo la cuestión chilena un elemento central en este debate.

 


Categorías Global Affairs: Análisis Energía, recursos y sostenibilidad Latinoamérica

The Belgian city, the world's capital of diamonds, has applied more regulations, sanctions and scrutiny on the industry, but still there are some bad practices

The diamond industry has its main world centre in the Belgian city of Antwerp

▲ The diamond industry has its main world centre in the Belgian city of Antwerp

ANALYSISJokin de Carlos Sola

The diamond trade moves hundreds of millions of euros every year around the globe. Most of them come from third world countries were the diamonds are extracted by very hard means. Even today, diamonds coming from conflict zones and used to finance conflicts and violence are a significant part of the market. Nowadays the production is mainly sold in cities of the United States and Europe and most of those diamonds in some way or another end up passing through the city of Antwerp in Belgium, showing that the Dutch and Belgians still have certain control over the industry.

This text will explore the origins of the city of Antwerp as a centre in the diamond market and of the control by Dutch and Belgians of this particular business; then it will analyse this industry in the new globalised era, and finally explain the relation of the city of Antwerp and the trade of blood diamonds.

Low Lands, a land of diamonds

Until the 19th century most diamonds came to Europe from India through the ports of Bruges, Antwerp and Amsterdam. The origins of the Low Countries as a centre of diamond craft and trade comes from the 15th century. In 1475 a Flemish jeweller, named Lodewyck van Bercken, invented the scaif, a polishing wheel infused with diamond dust and olive oil. This made easier the cutting of a diamond and revolutionised the industry. Bercken was a protégée of Duke Charles de Bold and his techniques were spread all around the Low Countries. For the next years Antwerp and Amsterdam became big competitors in the diamond trade.

In the 17th century Amsterdam was the most important city in Europe concerning diamonds. Because of the religious tolerance of the Netherlands, many Sephardic Jews established themselves in the city moving from Antwerp. There they had acquired knowledge working with diamond due to the guild-system, for the only industry that they were allowed to work in was the diamond industry.

In 1725 diamonds were discovered in Brazil and most of them went through Amsterdam. During the 19th century over 90% of rough diamonds sold in Europe passed through the Dutch city. Due to the colonial power of the Netherlands, the Dutch diamond trade extended over the world, specially to New Amsterdam (New York) and Cape Town, which would become vital bases of the international diamond trade in the 20th and the 21st century. However, after the mines in Brazil started to dry up and the power of the Netherlands began to fade Amsterdam started to lose importance in favour of Antwerp, its biggest rival on the diamond industry, also a culturally Dutch city that would become the diamond's capital of the world. During its golden age Amsterdam developed a high-quality craft industry, but Antwerp managed to be as effective and cheaper as well as more permissive regarding taxes.

In 1866 diamonds were discovered in South Africa, in the Transvaal region, an area mainly populated by Dutch settlers. At the same time the British magnate Cecil Rhodes created the diamond company De Beers, based in Johannesburg. Massive amounts of rough diamonds started then to arrive to Europe, through Cape Town and Antwerp.

By the beginning of the 20th century De Beers controlled over 90% of the diamond industry in the world. In 1927 the company passed from the hands of Cecil Rhodes to the ones of Ernst Oppenheimer, a white South African entrepreneur, whose family still controls the diamond trade around the world.

During the Second World War most Jews from both Amsterdam and Antwerp were either forced to flee or were sent to extermination camps. This had hard consequences on an industry that was mainly controlled by the Jewish community. After the war, Antwerp quickly rebuilt its diamond business.

In 1948, De Beers established a new marketing strategy: it presented diamonds as a symbol of love and marriage, with the motto “a diamond is forever”. A ring with a diamond became the perfect wedding present and it was advertised extensively. This new strategy increased the demand of diamonds, especially in the United States, where not just the economic elite was buying them, but it was also the aspiration of the high-middle class and even of the middle class. As result, De Beers experienced it biggest growth in history turning Antwerp the indisputable capital of the diamond industry.

In 1973 the Antwerp Diamond World Centre (ADWC) was established. It is a public/private corporation, founded by the Belgian government and the most important diamond companies in the city. The Diamond Office, an ADWC’s subsidiary, facilitates the import and export of diamonds in and out of Antwerp.

Antwerp's diamond industry

The Antwerp's diamond industry is concentrated in a part of the city called the diamond district or Diamantkwartier, which covers a complete square mile. According to the ADWC, 84% of the rough diamonds and 50% of the polished ones pass through Antwerp. In 2012 the turnover of the Diamantkwartier was 54 billion euros. Over 16 billion dollars in polished diamonds pass through the district's exchanges each year. There are 380 workshops that serve 1,500 companies. There are also 3,500 brokers, merchants and diamond cutters. The main actions taken in Antwerp are both the trade of rough and cut diamonds and the cut of rough diamonds with modern machinery. They also perform other jobs like applying colour and crafting jewellery. There is even a bank consecrated to the diamond industry, the Antwerp Diamond Bank, which is owned by the KBC Bank.

Traditionally the Jewish community had almost complete control over the diamond business in Antwerp. More than 80% of Antwerp's Jewish population works in the diamond trade. In fact for many years the Yiddish was considered the main language of the diamond exchange. No business is conducted on Saturdays. However, since the late 20th century many Indian, Arminian and Lebanese dealers have increased importance in Antwerp’s diamond trade.

For Belgium, the importance of Antwerp as the diamond capital of the world has been a source of economic incomes and great prestige. The diamond trade counts for 5% of Belgium's exports to the EU and 15% of its exports outside the EU; it is the 5th largest industry in the country. It also has been the reason for a lot of foreign investment.

During the last decade several other cities outside Western Europe have invested on their diamond industry, like Tel Aviv, Tokyo, Hong Kong, Chicago and several cities in South Africa. However, Antwerp still is the most important trade centre in Europe, being Amsterdam its biggest competitor.

In 2017 Antwerp traded 46 billion dollars in diamonds, with a total of 233.6 million of carats. This figures meant a slight improvement, aided by the approval of the Diamond Regime by the Belgian Parliament. This law changed the way of taxation and ended up benefiting the diamond companies of Belgium.

Diamonds and political corruption

Because of its size and the profits it generates, the diamond industry has a lot of influence in Belgian politics, especially in Flanders. It acts as a lobby in favour of specific bills and policies and tries to avoid an increase of regulations. An example of this is when in 1986 an investigation was opened on the business of Abraham Kirschen, who reportedly sold diamonds in the black market to avoid taxation. According to the media, some conservative politicians were linked to the scheme and some 170 diamond traders were investigated for evading a billion dollars in taxes through a bank account in Geneva. The case ended up implicating the second largest diamond company after De Beers, Omega Diamond, and most of the Belgian political establishment. The AWDC rapidly distanced itself from the scandal at the beginning of the controversy, which was to closed without having much negative impact in the industry.

Following this and other scandals, the Belgian government managed to impose more regulations, in order to rule a business that traditionally has shown a lack of transparency and has been prone to tax evasion. But the diamond lobby has been very active and through its political influence has scored some victories. In 2011 it achieved its main goal: the change of the Belgian criminal law.

In 2008 the biggest fraud of a diamond company was discovered by Belgian authorities. The company was Omega Diamonds, established only in 1994 by the Belgian Sylvian Goldberg. The company became the second biggest diamond company after De Beers and had for many years the monopoly of the diamond exports from Angola. An investigation started in 2006 concluded that the company had created a tax fraud scheme. Omega Diamonds imported diamonds from Angola and the Democratic Republic of Congo through Dubai into Antwerp. During the transfer, documents were manipulated allowing the company to conceal the origin of the diamonds. It ordered the shipment of diamonds purchased in Angola and the DRC to be delivered to entities located in Dubai. Upon arrival in Dubai the diamonds were repacked and exported to Antwerp. The new shipment, marked “diamonds of mixed origin”, was issued with an invoice addressed to Omega Diamonds wherein the value of the diamonds was artificially increased. In so doing, the company was able to hide its additional profit from Belgian tax authorities.

In October 2008, Belgian federal police raided the premises of Antwerp-based Omega Diamonds. The raids resulted in a record seizure of 150 million dollars worth diamonds. Companies in Antwerp started to fear similar scrutiny from Belgian courts and the federal police. Because of this, the AWDC asked for political support, and it got help from some politicians, who accused law enforcement of “damaging the reputation” of the diamond industry. A bill meant to block law enforcement from confiscating illegal diamonds, written by AWDC’s lawyers, was introduced by members of the most important political parties of the Belgian establishment.

In December 2010, the sponsors of the 2008 bill became members of a secretive group, “The Diamond Club”, in order to push this legislation, which passed in 2011. According to the law, diamond companies investigated by fraud could avoid prison by paying a sum of money to the public prosecutor, as well as fight back the judicial backlog, and prevent, in many cases, a deeper investigation.

In application of the law, Omega Diamonds agreed in 2013 to pay a settlement of 160 million euros to avoid being prosecuted for tax evasion and money laundering, all that for a fraud that is calculated to have been of over 2 billion euros. The settlement cleared Omega Diamonds of all charges.

The law was controversial, to say the least, and it became very unpopular in Belgium, mainly because almost all parties were involved in it. In 2016 the Federal Constitutional Court of Belgium declared unconstitutional most parts of it. In 2017, the Belgian Parliament set up an inquiry commission to investigate the relation between the law of 2011 and the diamond industry. The commission stated that the blueprint of the law was written by lawyers for the AWDC, but at the moment it hasn't investigated the relations of various politicians with the diamond industry.

Blood diamonds

A blood diamond is the one that is extracted from conflict zones and used for financing wars or violent actions. They have been a very common threat to the image of the diamond industry and nowadays there is a big effort by various diamond companies of tracking the origin of the stones, in order to avoid scandals. However, during the 1980s and 1990s blood diamonds worth millions of dollars flooded from Angola and Sierra Leone to Antwerp, something that still happens today.

Diamonds have a very big value, that’s common knowledge, but in fact a big reason for this value comes from a strategy started by De Beers and followed by other diamond companies. This strategy consists of acquiring the monopoly of diamonds in a certain region and putting them in the market in a way that prices will always remain high. This was firstly done by Cecil Rhodes, and the diamonds in South Africa. If all the diamonds were put in the market at the same time their price will decrease. With this the company always got a big revenue.

Before the Angolan Civil War (1975-2002) there was not much concern on what was the origin of the stones. However, during this war the UNITA group started to use the diamonds extracted in their territory to fund its war against the government. This made diamonds a reason for instability and provided violent groups with weaponry. Because of this there was a big international pressure for the ending of the trading of the Angolan diamonds in 1998, by the UN Security Council resolution 1173. 

A similar situation happened in Sierra Leone with RUF group and its war against government (1991-2002). It is calculated that the RUF extracted yearly a total of 125 million dollars every year. This money was used to fund a war were the RUF committed a series of crimes such as rape, mass killings or mutilations. In the year 2000 the UN Security Council imposed sanctions on diamonds from Sierra Leone.

Even though these sanctions were harmful for both rebel movements a report written by Robert Fowler, chairman of the Security Council committee investigating violations of sanctions on Angola, informed the UN that blood diamonds were still being exported from these countries, most of them arriving to Antwerp, where they were sold in the international market.

 

The 2017 African Diamond Conference organized by the Antwerp Diamond World Centre [ADWC]

The 2017 African Diamond Conference organized by the Antwerp Diamond World Centre [ADWC]

 

The Fowler Report

The Fowler report was very critical with the role of Antwerp as the end stage of all blood diamonds. “The unwillingness or inability of the diamond industry, particularly in Antwerp, to police its own ranks is a matter of special concern to the panel,'” said the report.

The report also stated that the willingness to traffic the diamonds provided by UNITA or RUF “results from the often-expressed fear that stricter regulation would simply cause traders to take their business elsewhere.” It also said that he Belgian authorities had failed to establish a credible system for identifying rough diamonds coming from conflict zones, while making “no serious effort” to keep track of diamond traders known to deal with the rebels. A prominent Antwerp diamond trader trained the diamond experts who work for UNITA, the report said.

The system for concealing the bad practices consisted on transporting the diamonds to third countries that were willing to act as a bridge between the diamond exporter and Antwerp. Two examples of this are Liberia for the Sierra Leone diamonds and Rwanda for the stones from Angola. In fact, Rwanda had a key role in the war in Angola: UNITA transported diamonds to Rwanda which were bought by Antwerp diamond traders and then the money was used to buy guns from Eastern Europe that were transported to Rwanda.

The Fowler report, together with another research made by the international NGO Global Witness, also pointed De Beers to have bought Angolan blood diamonds to maintain its monopoly on diamond sells. De Beers admitted to have done this before the sanctions of the UN, but Global Witness still accuse De Beers of trading with blood diamonds even after the sanctions. According to this report the company bought blood diamonds through its huge network of buying offices in Africa and the company's cartel-like Central Selling Organization, which sets world diamond prices (although it is based in London, many of its diamond traders work in Antwerp).

This severely harmed De Beers' name. Because of this Anthony Oppenheimer, CEO of the company, stopped buying Angolan diamonds except the ones provided directly by the Angolan government. Due to the fall of prestige of diamond industry after the scandals involving blood diamonds De Beers and other diamond companies started to establish more transparent roots of diamond trading to avoid new scandals.

The Kimberly Process

After the effects of the Fowler report the Kimberly Process of Certification Scheme was established to guarantee a fair and clean trade of diamonds. Established in 2003 following a meeting in Kimberly, South Africa, and by the UN General Assembly Resolution 55/56. Belgium took an active role in the establishment of the process. The first step of these process was the system of warranties created by World Diamond Council, all these warranties were incorporated in the Kimberly Process and all its members must follow them:

–Trade only with companies that include warranty declarations on their invoices.

–Not buy diamonds from suspect sources or unknown suppliers, or which originate in countries that have not implemented the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not buy diamonds from any sources that, after a legally binding due process system, have been found to have violated government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

–Not buy diamonds in or from any region that is subject to an advisory by a governmental authority indicating that conflict diamonds are emanating from or available for sale in such region, unless diamonds have been exported from such region in compliance with the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not knowingly buy or sell or assist others to buy or sell conflict diamonds.

–Ensure that all company employees that buy or sell diamonds within the diamond trade are well informed regarding trade resolutions and government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

Members like the Democratic Republic of Congo have been expelled after being unable to ensure the origins of the stones. Organizations such as Global Witness have criticized the ineffectiveness of the process and its inability to end with the continuing trade of blood diamonds: “Rough and uncut diamonds can easily be smuggled over porous borders from places like the Ivory Coast and can obtain a Kimberley Process certificate from another country before being shipped to Europe.” Other critics accuse the Kimberly process of making the diamond trade too complicated and too bureaucratized and therefore harming developing countries which heavily depend on the diamond trade such as Botswana or South Africa. They underscore that only 0,2% of diamonds in the industry are considered conflict diamonds and during both Angola and Sierra Leone civil war the number never increased over 15%, as it was addressed by the publication Foreign Policy.

The Belgian connection

Despite the efforts of the Kimberly Process and the Belgian government blood diamond still pass through Antwerp, mainly using companies and bank accounts in Switzerland. An example of this was when in March of 2017 Belgian authorities seized 14 million euros worth of diamonds believed to be from the Ivory Coast from a major diamond smuggling ring based in Antwerp. The investigation also led to several Geneva-based firms that used fake certificates to import raw diamonds worth 370 million euros from countries outside the Kimberley Process before selling them to Belgian traders.

Antwerp dealers routinely settle multi-million-dollar transactions in cash and rarely offer receipts, according to a study on diamonds and conflict in Sierra Leone by the NGO Partnership Africa Canada. While illegal operations have a hand in keeping the trade alive in Europe, even legitimate enterprises could be unwittingly involved.

Another case was when in 2015 the Belgian businessman Michael Desaedeleer was arrested in Spain, accused of enslavement and pillaging blood diamonds during Sierra Leone’s civil war. His arrest was a “landmark” because it was the first time an individual resulted detained on international charges related to the exploitation of the war in Sierra Leone to market blood diamonds.

Recently, Zimbabwe has gained recognition as an exporter of blood diamonds and a 2017 report by Global Witness relates these diamonds with the Antwerp diamond industry. Like most of its neighbours, Zimbabwe has diamond mines in its territory. However, in 2006 in the area of Marenga the richest diamond deposits were found –the so called Marenga diamond field. Since its discovery, the extraction of these diamonds has been done either by the government or by companies related to the regime. According to Global Witness these stones are being used to strength the regime and keep the political repression. Because of that most countries and organizations consider it blood diamonds. Since its discovery, there has been an embargo of these diamonds, but the Antwerp industry has tried to make the trade flow between Zimbabwe and the city, sometimes violating the EU sanctions.     

The report mentions confidential government papers that talk about deals between Belgian diamond traders with the Zimbabwean Consolidation Diamond Company (ZCDC), as well as with two other companies in Marenga: Anjin and Jinan, both related to the state-owned military company Zimbabwean Defence Industries (ZDI). Since 2008, the EU imposed sanctions on ZCDC as well as on Anjin and Jinan. However, in 2013 the EU decided to withdrew all sanctions against ZMDC following increasing pressure from state members, especially from Belgium (pressed by the AWDC). The decision was very criticised by human rights groups, and finally the sanctions against the ZDI were kept.

Since 2010 Zimbabwe has officially exported over 2.5 billion dollars in diamonds according to official figures from the Kimberley Process. According to the limited available government reporting, only around 300 million dollars can clearly been identified in public accounts.

The diamond trade is definitely part of the Belgian trade tradition and part of the Belgian economy. As a part of a country with very few natural resources, Antwerp has done around history a big effort to maintain its position as a diamond centre. Bringing money, jobs and prestige to the city. However, it has also brought corruption to the political system and has served as a place for money laundry, tax evasion and financing of violent groups in Africa. With corruption, with money, with prestige and by work and schemes, without question Antwerp is the diamond of Belgian crown.

Categorías Global Affairs: Unión Europea África Energía, recursos y sostenibilidad Análisis

El encuentro COP24 avanzó en reglamentar el Acuerdo de París, pero siguieron bloqueados los “mercados de carbono”

Las movilizaciones en favor de que los gobiernos tomen medidas más drásticas frente al cambio climático pueden hacer olvidar que muchos países están dando pasos ciertos en la reducción de gases con efecto invernadero. Aunque normalmente las cumbres internacionales se quedan cortas respecto a las expectativas, los acuerdos climáticos van progresivamente abriéndose paso. He aquí los resultados de la última de esas cumbres: un paso pequeño, cierto, pero un paso hacia delante.

Sesión plenaria de la COP24, celebrada en diciembre en Katowice (Polonia) [COP24]

▲ Sesión plenaria de la COP24, celebrada en diciembre en Katowice (Polonia) [COP24]

ARTÍCULOSandra Redondo

La cumbre climática (también conocida como COP: Conference of the Parties) es una conferencia global preparada por la Organización de Naciones Unidas, donde se negocian medidas y acciones relacionadas con la política climática. La última, bautizada como COP24, tuvo lugar del 2 al 14 de diciembre de 2018, en la ciudad polaca de Katowice. En ella participaron cerca de 3.000 delegados de 197 países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre ellos se encontraban políticos, representantes de organizaciones no gubernamentales, miembros de la comunidad científica y del sector empresarial.

La primera COP tuvo lugar en 1995, y desde entonces estas cumbres han llevado a la creación del Protocolo de Kioto (COP3, 1997) y al Acuerdo de Paris (COP21, 2015), entre otros mecanismos de actuación internacional. El objetivo principal de la cita en Katowice consistía en encontrar el modo de llevar a cabo el Acuerdo de París de 2015, es decir, de implementar recortes en las emisiones contaminantes para evitar un aumento del calentamiento global. La COP24 era la última cumbre antes de 2020, año en el que entrará en vigor el Acuerdo de París.

El Acuerdo de París de 2015 fue firmado por 194 países con el objetivo de evitar que las emisiones contaminantes, causantes del efecto invernadero, aumenten la temperatura del planeta por encima de los dos grados con respecto a niveles preindustriales. La comunidad internacional pide la realización de un esfuerzo, por parte de todos, para que el aumento de temperatura no sea superior a los 1.5 grados respecto a dichos niveles. En la cumbre se pretendía crear un esquema a seguir por todos los países que fuese claro, concreto y común y así hacer realidad el acuerdo.

Desafíos

Uno de los desafíos para alcanzar ese objetivo se encuentra en establecer un equilibrio que permita a todas las naciones participar en esta lucha, pero teniendo en cuenta la realidad de cada una de ellas: las distintas capacidades tecnológicas y financieras, así como las circunstancias de vulnerabilidad y contaminación histórica. Al participar países con grandes diferencias entre ellos, es comprensible la dificultad de la tarea a realizar para llegar a un consenso. Esta era una de las medidas que se pretenden implementar del Acuerdo de París, en el cual gobiernos se comprometieron a ayudar a los países en desarrollo para lograr una adaptación mayor y más permanente.

En palabras de Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático, además de medidas para hacer efectivo el Acuerdo de París es importante “impulsar un cambio cultural en las formas de producir y consumir de nuestras sociedades para repensar nuestros modelos de desarrollo”.

Wang Yi, ministro de Exteriores de China, sostuvo que su país reafirma que solo el trabajo conjunto entre todos países dará una solución efectiva en esta lucha contra el cambio climático.

En estas cumbres, los acuerdos deben ser aceptados por todos los Estados participantes, lo que puede causar que las negociaciones se alarguen. Esto fue lo que sucedió en la COP24. Se había planeado el fin de las negociaciones para el viernes, pero se prolongaron hasta que se llegó al acuerdo definitivo al día siguiente. El texto final, aprobado por todos los países asistentes, resultó ser menos ambicioso de lo esperado, especialmente en referencia a los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de las declaraciones de disposición de algunos países, ciertas tensiones fueron inevitables en las negociaciones, especialmente a la hora de asumir que es necesaria más ambición en esta lucha. Por un lado, estaba el lado conservador, con países como Estados Unidos (el cual es uno de los países que más CO2 per cápita aporta al calentamiento global) o Arabia Saudí entre otros. Al otro lado se encontraban la Unión Europea y otros Estados, algunos de ellos insulares, amenazados por el incremento del nivel del mar y que irá en aumento a causa de la subida de la temperatura global.

Otra causa de demora fue una exigencia de Turquía en el último momento, para mejorar las condiciones de financiación. Con respecto a la financiación, el acuerdo final reconoce que es necesario dedicar más recursos a esta lucha, particularmente a la reducción de gases causantes del efecto invernadero.

Informe del Panel Internacional del Cambio

Además de las medidas y los recortes que se acordaron en esta cumbre, debía realizarse una declaración con las conclusiones del informe realizado por los expertos Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), en la cual se advertiría que al mundo no le queda mucho tiempo para poder evitar las peores consecuencias de este cambio climático.

En este informe, que supuso una de las grandes batallas de la cumbre, se detalla lo que pasará si la temperatura global aumenta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Actualmente la temperatura se encuentra un grado por encima de los mencionados niveles. A pesar de que debería haber sido considerado de gran importancia por todos los países, al tratarse de hechos que afectan a escala mundial, hubo países como Rusia, Kuwait, Estados Unidos o Arabia Saudí, que trataron de restarle importancia y plantearon dudas sobre la veracidad de las conclusiones del informe, mientras que otros Estados defendieron la incuestionabilidad de las conclusiones. Una característica común a estos países que se opusieron es que son los grandes productores de petróleo del planeta.

El informe del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC), presentado en la COP24, indica que, si se sigue sin ningún cambio, entre 2030 y 2050, estas serán las consecuencias:

–Aumento del riesgo de inundaciones de un 100% (con 1,5°C) a un 170% (con 2°C).

–Si superamos ese 1,5°C más de 400 millones de personas residentes en ciudades estarán expuestas a sequías extremas a finales de siglo.

–El hielo en el Ártico disminuirá tanto que habrá un verano sin hielo al menos una vez cada 10 años.

–150 millones de fallecimientos podrían evitarse limitando esa subida 1,5°C de temperatura

–Casi 50 millones de personas podrían verse afectadas por una subida del nivel del mar en 2100 si el incremento de temperatura excede los 1,5°C.

–Los corales serían unos de los mayores perjudicados ya que debido al aumento de la acidez de los océanos se perderían todos en 2100 si se sobrepasa el aumento de 1,5°C. Llegar a 1,5°C ocasionaría la pérdida del 70% de ellos.

Según los cálculos realizados también por el IPCC, las emisiones de CO2 deberán caer un 45% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 1,5 grados. Además, en 2050 se deberá alcanzar la “neutralidad de carbono”, es decir, empezar a tener emisiones negativas o lo que es lo mismo, dejar de emitir más CO2 del que se elimina de la atmósfera. Cuanto más tiempo se tarde en llevar estas medidas a cabo, menos tiempo nos quedará antes de que las consecuencias negativas nos afecten a todos, e incluso puede que lleguen a ser irreversibles. Cada año que pasa no sólo no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que éstas aumentan. Es por eso que ahora es el momento de actuar.

Como conclusión del informe del IPCC debe quedar claro que para evitar el aumento por encima de 1,5 grados era necesario recortar en un 45% las emisiones actuales. Sin embargo, por el desacuerdo de varios Estados con este informe, y junto con el miedo al fracaso de la cumbre, se omitieron estos recortes del acuerdo final. Esta demora en la toma de medidas drásticas solo reduce el tiempo del que disponemos para salvar nuestro planeta, arriesgándonos a llegar demasiado tarde para evitar las peores consecuencias.

Resultado

En el encuentro de Katowice fue posible el consenso en torno al reglamento sobre las medidas del Acuerdo de París, lo cual ya supone un gran logro, pero el pacto se produjo a costa de dejar a un lado los mercados de carbono, es decir, el conjunto de mecanismos de comercio de carbono que permite que países que emiten más gases de efecto invernadero puedan comprar derechos de emisión a aquellos países que sí cumplen con los objetivos y emiten gases por debajo del límite establecido. Este apartado bloqueó durante horas la negociación de otros temas, pues diversos países que se benefician de la actual situación, como Brasil, se opusieron a modificaciones. Finalmente decidió posponer la negociación hasta la convocatoria de COP25 el próximo año en Chile.

El conjunto de reglas comunes para todos los países permite presentar sus avances en la lucha contra el cambio climático del mismo modo. Hemos de recordar, que el problema que se presentó tras el Acuerdo de París fue que cada país decidió presentar los datos sobre las promesas de recortes de manera diferente. Por esta razón, un acuerdo para unificar reglas y criterios de forma común es un gran avance. Estas reglas de transparencia son especialmente importantes, puesto que permitirán analizar el avance de lo propuesto en cada momento y eso hará posible un análisis de los objetivos alcanzados y la necesidad de tomar medidas adicionales. Por ejemplo, entre los datos que se exigen a todos los países en sus informes están los sectores incluidos en sus objetivos, la emisión de gases y el año de referencia respecto al que van a medir el proceso.

A pesar de que algunos se muestran decepcionados debido a que esperaban más resultados de los que se obtuvieron, hay que considerar un éxito el mero hecho de haber alcanzado un acuerdo entre todos los países asistentes.

Debemos tener en cuenta que algunos de los Estados participantes que mostraron menos interés y pusieron menos esfuerzo en las negociaciones para esta lucha, e incluso plantearon obstáculos en las negociaciones, son países muy importantes en la esfera internacional, con gran poder económico y político. Por esta razón, debemos considerar que el acuerdo alcanzado es un paso más hacia la concienciación de la lucha contra el cambio climático. Un paso pequeño pero un paso hacia delante.

Categorías Global Affairs: Energía, recursos y sostenibilidad Artículos Global

Uno de los países más pobres de América puede pasar a tener la mayor producción de petróleo per cápita del mundo, trastocando la relación con sus vecinos

Los prometedores hallazgos petroleros en aguas de Guyana auguran una mayor relevancia regional para este pequeño y pobre país sudamericano. Las disputas territoriales entre Venezuela y su vecino, a cuentas del territorio Esequivo que históricamente Caracas ha reclamado (más de la mitad de la superficie guyanesa), pueden verse exacerbadas por la apertura de pozos en aguas profundas que Guyana administra pero sobre las que Venezuela pide un justo arbitraje internacional.

Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

▲ Imagen creada por ExxonMobil sobre sus prospecciones en aguas de Guyana

ARTÍCULOIgnacio Urbasos Arbeloa

Guyana ha hallado a 193 km de su costa de la mano de ExxonMobil yacimiento petroleros que pueden cambiar por completo el rumbo de su economía y su influencia a nivel internacional. Tras varias décadas de fallidos intentos en la búsqueda de hidrocarburos en su subsuelo y una búsqueda exhaustiva desde 1999, en el año 2015 el yacimiento Liza respondió positivamente a los análisis sísmicos mostrando posteriormente abundantes reservas de petróleo a 1.900 metros de profundidad marina. Por el momento las estimaciones hablan de 3.200 millones de barriles de petróleo recuperables que se encontrarían en la Cuenca Guayanesa, la cual se extiende hasta Surinam, otro país con un prometedor futuro petrolero. Compañías como Total, Repsol o Anadarko ya han obtenido derechos de prospección en los diferentes bloques ofrecidos hasta el momento por el Gobierno Guyanés, sin embargo es el Bloque Stabroek, explotado por Exxon (45%), Hess (30%) y la china CNOOC (25%), el primero que comenzará a producir, en 2020.

Con expectativas de alcanzar los 700.000 barriles al día para 2025, este es el mayor hallazgo del lustro en aguas profundas a nivel mundial y una de las más valiosas adiciones de producción de petróleo convencional. El crudo es apto para destilados medios, precisamente lo que las refinerías del Golfo de México buscan en un mercado saturado por el liviano crudo procedente del fracking. De acuerdo a estimaciones optimistas, para 2025 este empobrecido país de aproximadamente 700.000 habitantes superaría en producción petrolera al miembro de la OPEP Ecuador, convirtiéndose en el mayor productor de barriles per cápita del mundo (por delante del actual líder, Kuwait, que tiene una producción de 3,15 millones de barriles diarios y 4,1 millones de habitantes). Los costes de producción por barril se estiman en los 26 dólares considerando impuestos, por lo que las ganancias se esperan abundantes en prácticamente cualquier escenario futuro (actualmente el barril de WTI se encuentra en torno a los 50 dólares), convirtiendo a Guyana en uno de los grandes atractivos en la industria petrolera del momento. Las prospecciones encabezadas por Exxon, compañía que ya domina la explotación en las denominadas deepwaters, tuvieron en 2018 tasas de acierto cercanas al 80%, lo que ha generado una enorme expectación en un sector acostumbrado a tasas del 25%.

El impacto positivo que este descubrimiento tendrá para la economía guyanesa es evidente, aunque no está exento de desafíos, dados los altos niveles de corrupción o una burocracia y clase política sin experiencia para negociaciones de este nivel. El FMI, que está asesorando a Guyana, ya ha recomendando congelar nuevas negociaciones hasta que no se reforme el sistema impositivo y se mejore la capacidad burocrática del país. Este mismo organismo ha estimado un crecimiento para Guyana del 28% de su PIB para 2020, un dato histórico para una economía cuyas exportaciones se basan en arroz, caña de azúcar y oro. El Gobierno ya está diseñando un marco institucional para gestionar los ingresos fiscales provenientes del petróleo y amortiguar su impacto en otros sectores. Entre las propuestas se encuentra la creación de un fondo soberano similar al de Noruega, Qatar o Emiratos Árabes Unidos, que podría hacerse efectivo este mismo año con colaboración de expertos de la Commonwealth, organización a la que el país pertenece.

Histórica disputa con Venezuela

Estos nuevos descubrimientos, sin embargo, aumentan la tensión con Venezuela, la cual mantiene una disputa territorial por el 70% del territorio guyanés, la Guayana Esequiba perteneciente a la Capitanía General de Venezuela durante el Imperio Español. El territorio en disputa fue posteriormente colonizado de facto por el Imperio Británico cuando los ingleses tomaron control sobre los territorios neerlandeses de Guyana en 1814. En 1899 un tribunal internacional falló por unanimidad en favor del Reino Unido en contra de las pretensiones venezolanas. No obstante, revelaciones posteriores demostraron la existencia de graves elementos de corrupción en el proceso judicial, haciendo “nulo e írrito” (inexistente) dicho laudo en 1962. En 1966 Reino Unido, como representante de la Guyana Británica, y Venezuela firmaronn el Acuerdo de Ginebra, por el que se establecía el compromiso de alcanzar un acuerdo: el Protocolo de Puerto España de 1970, que congelaba las negociaciones por 12 años. Tras el fin del periodo, Venezuela reclamó a Guyana el retorno de las negociaciones directas, acordándose conforme a la Carta de las Naciones Unidas la fórmula diplomática de buenos oficios presente hasta el día de hoy, sin que se hayan registrado avances relevantes. Desde la independencia de Guyana en 1966, Venezuela promovió en la región un movimiento separatista de carácter indigenista, Rupununi, que fue duramente reprimido por Georgetown, lo que sentó un precedente de tensión militar en la frontera.

Si bien  nunca se ha alcanzado un acuerdo formal sobre la disputa territorial, la llegada al Gobierno en Guyana en 1992 del People's Progressive Party (PPP), de corte socialista, y la victoria electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela alineó ideológicamente a ambos países, lo que les permitió alcanzar grados de cooperación sin precedentes durante la primera década del siglo XXI. En el marco de esta etapa dorada, Guyana participó entre 2007 y 2015 en la iniciativa venezolana de Petrocaribe, recibiendo unos 25.000 barriles diarios de petróleo y derivados, que constituían el 50% de su consumo, a cambio de arroz valorado sobre precio de mercado. Por otra parte, Guyana apoyó la candidatura de Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 a cambio de la promesa expresa de Caracas de no emplear en la disputa territorial la posición privilegiada que temporalmente adquiría. Un importante precedente fue la declaración de Hugo Chávez en 2004 de no oponerse a que Guyana “otorgue de manera unilateral concesiones y contratos a compañías multinacionales, siempre y cuando esto favorezca el desarrollo de la región”. A pesar de la existencia de actos inamistosos entre los dos Estados durante esta época, la importancia vital que la política exterior venezolana antiimperialista dio al Caribe durante el mandato de Chávez, obligó a este a tratar el tema desde la más absoluta moderación para evitar un desencuentro con el CARICOM y mantener el apoyo de Guyana en la OEA.

 

Mapa de los bloques de explotación petrolífera de Guyana (en amarillo), con los trazos de delimitación de aguas territoriales y las reclamaciones de Venezuela

Mapa de los bloques de explotación petrolífera de Guyana (en amarillo), con los trazos de delimitación de aguas territoriales y las reclamaciones de Venezuela

 

Nuevas tensiones

A consecuencia de los descubrimientos petrolíferos, la histórica disputa territorial con Venezuela ha vuelto a la actualidad. También ha contribuido a ello un cambio de signo en el Gobierno de Georgetown. Las elecciones de 2015 llevaron al poder en Guyana a la Alianza para la Unidad Nacional, liderada por el exmilitar David Granger. Se trata de una coalición multiétnica que podría ser descrita como de centro-derecha y con menos simpatías ideológicas hacia la vecina Venezuela que las que profesaba el anterior presidente, Bharrat Jagdeo, del PPP. A finales de 2018 se produjo una escalada de tensión, tras la incautación el 23 de diciembre por la Armada Nacional Bolivariana de dos buques de pabellón guyanés pertenecientes a ExxonMobil que realizaban prospecciones en la zona y que, de acuerdo a la versión del Gobierno de Nicolás Maduro, se habían internado en aguas venezolanas. La respuesta internacional no se hizo esperar y Estados Unidos urgió a Venezuela a “respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos”. Precisamente uno de los temas más complejos en la disputa territorial se halla en la proyección de las aguas de cada país. La posición defendida por Venezuela es trazar los límites marinos de acuerdo a la proyección del delta del río Orinoco, frente a la posición guyanesa que traza la línea de forma favorable a sus intereses territoriales. Si bien este era un elemento secundario en la disputa territorial, el potencial económico de estas aguas las sitúa en el centro del debate.

A todo esto se suma la declaración del Grupo de Lima, del que Guyana forma parte, de no reconocer los comicios de mayo en Venezuela y amenazar con sancionar económicamente al país (si bien, hasta la fecha, no ha reconocido como presidente interino al opositor Juan Guaidó). El ostracismo internacional de la República Bolivariana ha permitido a Guyana obtener importantes apoyos diplomáticos desde el mencionado Grupo de Lima, CARICOM y los Estado Unidos con relación a su disputa internacional y la detención de los buques de Exxon.

El devenir de las futuras relaciones entre Venezuela y Guyana depende en cierta medida del resultado de los futuros comicios de marzo en este último país, que enfrentarán al hasta ahora presidente, David Granger, recién despojado del poder por medio de una moción de censura, con el líder del PPP, Bharrat Jagdeo, cuyo partido sostuvo las mejores relaciones con la Venezuela chavista. La moción de censura es un hito histórico para el país sudamericano, que deberá demostrar su cohesión social y estabilidad política en medio de tensiones geopolíticas y una comunidad internacional de inversores que mira atentamente el desarrollo de los eventos.

 

 

Mayores ingresos para defensa

Georgetown, por el momenot, se limita a la acción diplomática para defender su soberanía territorial, pero documentos de las Fuerzas de Defensa Guyanesas previos a los hallazgos de petróleo ya identificaban la necesidad de desarrollar capacidades militares en caso de hallarse dichos recursos en el país. De acuerdo a estimaciones de Exxon, Guyana pasaría a ingresar 16.000 millones de dólares anuales a partir de 2020, lo que permitiría incrementar el gasto militar situado a día de hoy en torno al 1% del PIB. El Ejército de la República Cooperativista de Guyana realizó en agosto de 2018 los mayores ejercicios militares de su historia, movilizando 1.500 efectivos de un Ejército que se estima en torno a 7.000. La información disponible acerca de los recursos materiales de marina y aviación muestran la necesidad de una mejora cuantitativa y cualitativa. Superar las divisiones étnicas existentes entre la población de origen indio y africano debe ser una de las prioridades de las Fuerzas Armadas, que sufren de una clara infrarrepresentación de la comunidad originaria de la India, motivo de histórico recelo de la sociedad civil.

En definitiva, la región caribeña de Sudamérica va a estar marcada en los próximos años por el potencial económico de Guyana y su lucha por la supervivencia territorial frente a las demandas también legítimas de Venezuela. Lograr un desarrollo real de la industria petrolera será, sin duda, el mejor blindaje a su futuro como país soberano e independiente. La incertidumbre política de Venezuela, sumida en una enorme crisis, genera el temor a una posible escalada militar como válvula de escape a la presión económica y política interna contra un rival que carece de los recursos para hacerle frente. La capacidad de la clase política de Guyana para gestionar el brutal incremento de sus recursos económicos a partir de 2020 todavía es una incógnita, pero permite imaginar que el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental alcanzará grandes cotas de desarrollo si es capaz de aprender de sus vecinos y gestionar un contexto regional que sea favorable a sus intereses nacionales.

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El recelo geopolítico acerca de supuestos intereses exteriores no debiera distraer a los países beneficiarios de aplicar un aprovechamiento sostenible

El Acuífero Guaraní ha dado lugar a una literatura más política que científica en Sudamérica, en la que se denuncia el supuesto interés de grandes potencias (antes Estados Unidos, ahora China) de arrebatar el agua que naturalmente les pertenece a los países de la región. Son cruzadas que muchas veces distraen de un hecho más incontestable: el riesgo no viene tanto del exterior, como de las prácticas incontroladas y la falta de clara legislación en los propios países del acuífero. Este artículo repasa los resultados de algunos recientes estudios sobre las características y el estado del Acuífero Guaraní.

▲ Fuente: UC Irvine/NASA/JPL-Caltech

ARTÍCULOAlbert Vidal

Alrededor de un tercio de los grandes acuíferos subterráneos están en una situación crítica. La técnica actual no nos permite predecir con exactitud cuánta agua nos queda en el planeta, y precisamente por esa incertidumbre, una extracción acelerada del agua subterránea es un riesgo demasiado grande que no vale la pena correr. 

En el mapa superior se nos muestran los 37 mayores acuíferos del mundo, que han sido estudiados por una misión satelital de la NASA conocida como Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). Esta misión ha intentado medir los niveles de agua en los acuíferos, para de esta forma comprobar el estrés hídrico al que están sometidos, así como su nivel de renovación. De estos, hay 21 cuya extracción no es sostenible, y están perdiendo agua muy rápidamente. Entre estos hay 13 cuya situación es especialmente crítica (rojo más oscuro), y amenaza a la seguridad hídrica regional. Hay otros 16 acuíferos que disfrutan de una recarga suficiente como para no perder agua o incluso ganar; estos están marcados en azul.

Esta investigación de la NASA, cuyos resultados analiza un estudio de Water Resources Research, divide el estrés hídrico de los acuíferos en 4 tipos distintos, de mayor a menor intensidad: estrés extremo, estrés variable, estrés variable dominado por el hombre y ausencia de estrés. Veamos ahora otro mapa, recogido en ese estudio, en el que se muestra la distribución espacial de la extracción de agua subterránea en el mundo:

 

Fuente: Water Resouces Research

 

El color de los puntos indica la intensidad de la extracción, medida con milímetros anuales. Así, esta estadística muestra la suma de extracciones para uso industrial, agrícola y doméstico. A primera vista, se aprecia que los países que sufren una extracción más acelerada son India, Pakistán, China, Egipto y Estados Unidos. En el caso del Acuífero Guaraní, los puntos de extracción se sitúan en territorio paraguayo y cerca de Sao Paulo, con una extracción de entre 0 y 5 milímetros anuales.

La investigación ha producido otros mapas que podrán sernos de ayuda para comprender más a fondo la problemática. En este caso, el siguiente mapa nos muestra un promedio de la recarga anual de los acuíferos en el mundo.

 

Fuente: Water Resouces Research

 

El color amarillo representa una recarga negativa, es decir, son sistemas que están perdiendo agua. El color azul, en cambio, marca aquellos acuíferos que tienen una recarga positiva (mayor recarga a mayor intensidad del azul). El acuífero Guaraní, en concreto, tiene una recarga de 225 milímetros anuales.

Por último, veremos dos mapas referido al estrés hídrico de los acuíferos.

 

Fuente: Water Resouces Research

 

Los países que aparecen aquí arriba (a) sufren un estrés hídrico extremo, esto es, la recarga natural es negativa, y además hay un intenso uso humano. Esto afecta especialmente al continente africano, a Estados Unidos, a Oriente Medio y al corazón de Asia.

Aquí se nos muestran (b) aquellos acuíferos con un nivel de estrés variable. Esto significa que tienen una recarga natural positiva, pero al mismo tiempo existe un uso humano que podría llegar a ser perjudicial. El Acuífero Guaraní se enmarca en este último grupo.

El Acuífero Guaraní

Haciendo referencia a una famosa frase de un discurso de Franklin D. Roosevelt –“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”– podemos decir que los países que gozan del acceso al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), deben asumir la responsabilidad que conlleva haber sido dotados de ese importante recurso natural. Saben que, muchas veces, dichas riquezas traen competición, malestar e incluso problemas tales como la inestabilidad interna y tensiones entre algunas grandes empresas y gobiernos.

El SAG es un acuífero transfronterizo que se extiende por debajo de la superficie a través de 1,2 millones de km2, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones más recientes, esta es la tercera mayor reserva de agua subterránea del mundo según extensión superficial, y contiene alrededor de 45.000 km3. La poca capacidad de recarga es el problema más común en los acuíferos de nuestro planeta, ya que esta no suele ser suficiente para cubrir la cantidad extraída, poniendo así en riesgo su aprovechamiento sostenible. Este sistema es especialmente importante por su grandísima capacidad de renovación (entre 160 y 250 km3 al año), que tiene lugar gracias a las abundantes lluvias que lo alimentan.

Desafíos que plantea

Empecemos, pues, con una breve contextualización histórica. Ha habido diversos momentos que nos ayudarán a comprender el estado actual de los intereses y retos alrededor del SAG. En 1969 se firmó el Tratado de la Cuenca de La Plata, para realizar una serie de estudios sobre la cuenca hidrológica del Plata (que engloba al Acuífero Guaraní). Tres décadas después, en 2001 se ratificó el Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del  Mercosur, en el que se destacó la importancia del medio ambiente y se propuso la creación de un marco jurídico para conservarlo. Entre 2003 y 2009 se desarrolló el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (PSAG) gracias al impulso de los cuatro países de la cuenca del Río de la Plata, para preparar un marco de gestión del SAG con criterios de sostenibilidad ambiental (y para anticipar problemas futuros). Finalmente, en 2010, se firmó el Tratado de San Juan; un tratado de cooperación mucho más amplio, pero que no fue ratificado por todos los estados parte. También conocido como Acuerdo del Acuífero Guaraní, fue influido por muchos organismos supranacionales y compañías transnacionales. Entonces, cabe la pregunta, ¿dónde están los problemas?

 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios estudios

 

Pues bien, en primer lugar, Argentina y Uruguay ratificaron el Acuerdo del Acuífero Guaraní en 2012, en el que se preveían una serie de restricciones a la extracción del agua, para gestionar los recursos del acuífero de una manera más sostenible. Lo que ocurrió es que ni Brasil ni Paraguay lo ratificaron en ese entonces y, sus firmas son necesarias para que el acuerdo entre en vigencia. Sorprendentemente, Paraguay dio un paso adelante en 2018 y ratificó el acuerdo, dando signos de querer una mayor cooperación. Brasil depende muchísimo del agua extraída del SAG (especialmente sus provincias sureñas), por lo que quiere renegociar el Acuerdo del Acuífero Guaraní, para obtener condiciones más favorables.

Claro que Brasil no es el único que tiene problemas con la situación actual. Paraguay, por ejemplo, no ratificó el acuerdo hasta 2018, alegando una violación de la soberanía nacional (algo totalmente comprensible, si tomamos en cuenta que Paraguay posee el área de recarga del acuífero con mayor extensión). Como ejemplo de todo esto, Miguel Giraut, del Ministerio de Minas y Energía de Argentina, comentó en 2016 que la coordinación era inexistente.

Además de estas tensiones regionales, existen otro tipo de problemas relacionados con las interferencias de potencias exteriores, organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales. De nuevo, una reserva como el SAG es especialmente atractiva para empresas y algunos países que necesitan asegurarse el suministro de recursos hídricos. De todos modos, estos peligros son relativamente inocuos si los comparamos con otros que podrían ocasionar la contaminación del acuífero o un cambio irreversible en el ecosistema.

Si afrontamos esta cuestión con cierto realismo, es poco probable que se produzca una contaminación intencionada del acuífero (por ataque químico, por ejemplo), ya que es algo que no beneficiaría a nadie. Ciertamente, existe el peligro de la contaminación accidental por el vertido de sustancias tóxicas de la agricultura. En Brasil, concretamente, hay mucha agroindustria que se está desarrollando sobre el acuífero (especialmente para el cultivo de soja). Ocurre que, por aquellas mismas grietas por las que pasa el agua que recarga el acuífero, también pueden entrar pesticidas, residuos y agrotóxicos. Además, la reciente introducción de técnicas de fractura hidráulica (conocidas como fracking) supone otra vía de potencial contaminación.

Otro posible riesgo proviene de una extracción acelerada por parte de las empresas transnacionales o los propios gobiernos, que superase el nivel de recarga y produjera cambios irreversibles en el ecosistema. La deforestación trae otro factor de riesgo: la capacidad de infiltración del agua es menor cuando los árboles son talados, y el suelo queda expuesto a la erosión y a contaminantes al perder nutrientes (especialmente en zonas de recarga). A ello se suma la presión demográfica y el crecimiento económico, que añaden aún más variables al incierto futuro.

Futuro incierto, pero esperanzador

En síntesis, aunque estos desafíos pueden evolucionar negativamente, existen muchas razones que nos dan esperanza. Al fin y al cabo, el agua del acuífero es muy preciada por sus fines medicinales, su utilidad para la industria del café y su uso en la producción de energía geotérmica. Por eso que los poseedores de este preciado  recurso son los primeros interesados en conservarlo y gestionarlo de manera sostenible, y son totalmente conscientes que para ello, la cooperación es crucial.

Es más, el SAG podría incrementar la importancia geopolítica y geoeconómica de la región, que hasta ahora ha sido considerada como región periférica en el escenario internacional. Es obvio que el agua no deja de ganar importancia como recurso natural, dada su escasez y demanda creciente. Aunque no es probable que la región adquiera un protagonismo de magnitud, por su localización geográfica y dificultades de integración, sí que podría dar pie a que los cuatro países del Cono Sur tomaran posiciones de liderazgo en ámbitos relacionados con la extracción sostenible y la distribución justa del agua en un futuro. Para cazar esta oportunidad, es necesario adoptar actitudes ejemplares desde ya mismo. Si esto ocurre, no solamente van a ser considerados países ejemplares, sino que seguramente atraigan inversión en nuevos métodos de extracción más eficientes. Todo ello, además, potenciará el desarrollo socioeconómico de la población que vive encima del acuífero, que si se consigue mantener va a marcar el futuro de América del Sur.

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El interés mundial por este grano de moda ha supuesto ingresos adicionales para las comunidades andinas

La localización de la producción de quinoa sobre todo en Perú y Bolivia (juntos acaparan casi el 80% de la exportación mundial) ha dado a estas naciones un inesperado valor estratégico. El alto componente proteínico de este pseudocereal lo hace atractivo para aquellos países que tienen la seguridad alimentaria como una prioridad.

Campo de quinoa en los Andes de Bolivia

▲ Campo de quinoa en los Andes de Bolivia [Michael Hermann-CC]

ARTÍCULOElisa Teomiro

La quinoa, a la que también se le da el nombre de quinua (en latín Chenopodium quinoa), es un grano ancestral de más de 5.000 años de antigüedad cultivado, en sus inicios, por las culturas precolombinas andinas. Tras la llegada de los españoles a América, fue en parte desplazado por los cereales que se llevaron desde la península. No pertenece a la familia de las gramíneas si no a la de las quenopodiáceas (espinacas, acelgas o remolachas); por tanto es más correcto considerarlo como un pseudocereal.

Constituye la base de la alimentación de la población andina de Sudamérica, especialmente de las zonas alto andinas de Bolivia y Perú (entre los dos países concentran aproximadamente el 76% del volumen total de quinoa que se exporta en el mundo, 46% Bolivia y 30% Perú). En la actualidad, por su adaptación a diferentes climas (sobrevive a las heladas, a las altas temperaturas, a la escasez de oxígeno en el aire, a la falta de agua y a la salinidad alta), su producción se ha diversificado y son más países los que la producen: Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, EEUU y Canadá, en el continente americano, así como Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Francia, Suecia, Holanda, España, Australia y la URSS, fuera de él.

La quinoa ha pasado de ser un perfecto desconocido, para la mayoría de la población no americana, a sufrir un alza espectacular en muy poco tiempo. Una de las razones que ha contribuido a ello fue la decisión  que tomó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) de declarar 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. La FAO quería recompensar con ello el gran esfuerzo que estaban haciendo los pueblos andinos para conservar el grano en estado natural, como alimento para las generaciones actuales y venideras. Las actividades realizadas durante ese año permitieron dar a conocer al mundo la quinoa y sus propiedades nutritivas.

Aumento del precio

El interés despertado por este grano hizo triplicar su precio entre 2004 y 2013, lo que curiosamente generó un debate sobre un posible impacto negativo en las poblaciones productoras. Así, se alegó que la alta demanda de este cultivo por parte de los países desarrollados había convertido a la quinoa en un "artículo de lujo" en los países productores, donde costaba ya más que el pollo o el arroz. Se consideraba que esta situación podría causar malnutrición en la población andina, al no poder complementar su escasa dieta con la quinoa.

Un seguimiento de esta cuestión mostró posteriormente que en realidad el boom de la quinoa estaba ayudando a las comunidades en origen. Un estudio realizado por el Centro de Comercio Internacional, agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas con base en Ginebra, llevado a cabo a lo largo del periodo 2014-2015, apuntó que el consumo de quinoa por parte de los países desarrollados mejoraba las condiciones de vida de los pequeños productores; la mayor parte de ellos, mujeres.

De acuerdo con este estudio, la subida de precios entre 2004-2013 hizo que tanto productores como consumidores en las regiones productoras se beneficiaran financieramente del comercio. Así, hubo un incremento del 46% en su bienestar en este periodo, medido a través del valor de bienes y servicios consumidos por las familias. El informe destacaba también cómo, por el contrario, la caída en el precio del grano de quinoa de un 40%, sufrida hacia finales de 2015, causó un descenso en el bienestar de los hogares rurales (descendió el consumo de alimento en un 10% y los salarios en un 5%). El estudio llegaba a dos conclusiones claras: el descenso mantenido en Perú en el consumo de quinoa desde 2005 obedecía probablemente más al cambio en las preferencias del consumidor debidas a la globalización y la mayor oferta de productos, que a la variación en los precios del grano; el consumo mundial de quinoa en los países desarrollados contribuía, sin duda, al desarrollo de las comunidades en el altiplano con falta de recursos.

Producción y comercio

Las razones por las que este grano se ha hecho tan atractivo a los consumidores de Europa y EEUU –crecientemente también de China y Japón– son varias: su contenido en proteínas es muy alto, entre el 14% y el 18%, y además son proteínas de alto valor biológico que le permitirían ser un sustituto de la proteína animal (contiene los 10 aminoácidos esenciales para la dieta humana). Este factor, junto con su alto contenido en hierro lo hacen un pseudocereal ideal para los vegetarianos; no contiene gluten por lo que los celíacos también la pueden consumir; tiene un contenido glucémico bajo y esto permite su consumo por parte de los diabéticos; su contenido en fibra y en ácidos grasos insaturados (principalmente ácido linoléico) es alto, por lo que todos aquellos preocupados por su salud tienen una opción en la quinoa. Además es una fuente de  vitamina E y B2 (riboflavina) y tiene un alto contenido en calcio, fósforo, magnesio, potasio y hierro. Por todo ello, la FAO considera que por su alto valor nutricional ayuda a erradicar el hambre y la malnutrición.

 

Principales países productores de quinoa

 

El ranking de países productores de quinoa lo encabeza Bolivia (sus 118.913 hectáreas de cultivo suponían en 2016 el 60% de la superficie total de quínoa sembrada en el mundo), seguido de Perú (64.223 hectáreas, que representan el 30% de la superficie mundial sembrada) y Ecuador (2.214 hectáreas) [Tabla 1]. Desde 1990 hasta 2014, se pasó de 47.585 hectáreas de superficie sembrada con quinoa a 195.342 hectáreas. El valor global de las exportaciones pasó de 135,5 millones de dólares en 2012 a 321,5 millones de dólares en 2015.

En cuanto al volumen de exportación en toneladas, Bolivia fue el primer país durante el año 2012 (más de 25.000 toneladas), lo que representó junto a las exportaciones de 2013 unos ingresos para el país de 80 millones de dólares. En ese mismo año, las exportaciones de quinoa peruana superaron las 10.000T que supusieron un ingreso para el país de 38 millones de dólares. En 2014, Perú tomó el relevo y dominó el mercado también en 2015 y 2016 [Tabla 2].

EEUU es el principal importador de quinoa del mundo, con un 40%; le sigue la Unión Europea, con más de un 30% del total (Francia, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Bélgica principalmente) y después Canadá. El precio medio del kilo de quínoa fue de 3,2 dólares en 2012 y de 6,2 dólares en 2014. En 2015 descendió a 5 dólares. El consumo per cápita lo encabezan lógicamente los dos principales productores: Bolivia consume 5,2 kilos y Perú 1,8 kilos, seguidos a distancia por Ecuador, con 332 gramos por persona.

En países no productores, la quinoa se introdujo primero en el sector orgánico, con consumidores preocupados por dietas más saludables, aunque actualmente ya no es solamente exclusivo de este mercado. El mayor consumidor de quinoa per cápita a nivel mundial es Canadá, con más de 180 gramos, seguido muy de cerca por Holanda; Francia y Australia consumen entre 120 y 140 gramos. En España el consumo es todavía pequeño, situándose alrededor de los 30 gramos. Las previsiones globales hasta 2025 son que se alcanzará un consumo per cápita de 200 gramos (logro que Canadá tiene ya en estos momentos al alcance de la mano) y que incluso países tradicionalmente de consumo de arroz, como Japón y Corea del Sur, abrazarán también la quinoa.

La producción de quinoa cuenta con problemas de futuro tanto de tipo medioambiental como de mercado. Antes de su boom en 2013, se cultivaban casi 60 variedades distintas del grano en el altiplano andino y prácticamente casi toda la quinoa era orgánica. En la actualidad el comercio desenfrenado y la producción a gran escala en grandes fincas, ha reducido la biodiversidad a menos de 20 tipos diferentes.

 

Principales países exportadores de quinoa

 

Las previsiones del estudio de mercado encargado por el Trade for Development Center en 2016 sobre los mercados actuales y futuros para la quinoa apuntan a que en diez años es muy probable que se duplique el mercado global, especialmente con la quinoa convencional producida no sólo en Perú, sino también en Australia, Estados Unidos y Canadá. La producción de quinoa orgánica, producida por los pequeños agricultores del altiplano permanecerá relativamente estable. La competencia de mercado seguirá siendo feroz por lo que los agricultores del altiplano deberán buscar medidas que les permitan seguir manteniendo un nicho de mercado con una quinoa orgánica certificada, cultivada a partir de métodos tradicionales y de comercio justo.

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Pugna Polonia-Alemania por ganar influencia en la región europea entre el Báltico, el Adriático y el Mar Negro

La última cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares (ITM) contó con la presencia del presidente de la Comisión Europea, lo que muestra un aval de Bruselas que hasta ahora no parecía completo. También contó con la asistencia de representantes alemanes, aunque Alemania no forma parte de ese club de doce naciones del Centro y Este de Europa. Polonia, respaldada por Estados Unidos, desea liderar el esfuerzo en curso para restar dependencia energética de esa región respecto al gas ruso; como reacción, Alemania ha anunciado una apuesta, de momento tímida, por importar de gas licuado de EEUU.  

ARTÍCULOPaula Ulibarrena

Los días 17 y 18 de septiembre de 2018 se desarrolló en Bucarest la tercera cumbre de la Iniciativa de los Tres Mares, cuyo objeto es el desarrollo económico del área de la Unión Europea (UE) entre los mares Báltico, Adriático y Negro. El encuentro tuvo la presencia de nueve jefes de Estado, dos presidentes de Parlamentos nacionales, un primer ministro y un ministro de Exteriores, junto con varios altos responsables europeos, encabezados por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, y una nutrida representación alemana, así como dirigentes estadounidenses.

La Iniciativa de los Tres Mares (ITM, conocida en inglés como BABS-Initiative: Baltic, Adriatic, Black Sea) fue puesta en marcha en 2015 y está formada por doce países: Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Según el Instituto Polaco de Asuntos Exteriores, las reticencias iniciales de la Unión Europea sobre la ITM parece que están superadas, ya que la cumbre fue respaldada por la Comisión Europea y por el Comisionado para política regional del Parlamento Europeo. De esta forma se reconoce el papel de la ITM en la cohesión y en el fortalecimiento de la UE.

La importancia del suministro de energía

Uno de las principales aspectos de que se ocupa la ITM es el energético. Su objetivo es tener un acceso ágil a la energía, pero también asegurando el suministro desde diversos puntos, para no depender de un solo proveedor, y además intentando jugar un papel de diversificación en el suministro a otras regiones europeas. En el momento actual sus esfuerzos se focalizan principalmente en el denominado proyecto BRUA que pretende abrir la posibilidad de transportar gas de la zona del mar Caspio a la frontera sur de Rumanía, y de ahí hasta la frontera noroeste de Rumanía con Hungría.

BRUA es acrónimo de Bulgaria, Rumanía, Hungría y Austria, y pretende diversificar el sistema de abastecimiento de gas natural en la región. “Estamos creando una red de distribución”, ha indicado Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Energía y Cambio Climático; “no se trata sólo de un gran gasoducto clásico sino de pequeños gasoductos de flujo reversible que permiten enviar el gas en sentido sur, este, oeste, así que la región dispondrá de más fuentes de energía y de una energía más barata”.

El gasoducto BRUA sería, en alguna medida, un sustituto del fracasado proyecto Nabucco. Este proyecto consistía en el desarrollo de una capacidad de transporte de gas natural entre puntos existentes de interconexión con las redes de transporte de gas natural de Bulgaria (en Giurgiu) y Hungría (Csanadpalota), a través de la construcción de un nuevo gasoducto con una longitud total de 550 km, en la ruta Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, y de tres estaciones compresoras ubicadas a lo largo de su recorrido (en Corbu, Hateg y Horia). Preveía alcanzar un flujo de gas de 4,4 millones de metros cúbicos al año en sentido Hungría, y 1,5 millones de metros cúbicos hacia Bulgaria.

El gaseoducto BRUA solo supondrá un tercio del flujo que hubiese aportado Nabucco, de modo que se minimiza el riesgo de pérdida de mercado para Rusia. El trazado que atraviesa Rumanía de este a oeste y de norte a sur, tiene un coste calculado de un total de 560 millones de euros. Rumanía prevé que las actividades de exploración del Mar Negro de la compañía OMV Petrom ExxonMobil podrían conducir al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas natural. Para ello se contempla extender el gasoducto BRUA otros 300 kilómetros, de Giurgiu a los perímetros del Mar Negro.

Alemania envió a la cumbre como observador a su ministro de Asuntos Exteriores. El interés de Alemania es fortalecer su presencia económica en la región este de la UE, con el fin de prevenir el creciente peso de China, asegurarse el aporte energético y jugar un papel importante en la red de distribución de gas en el interior de Europa, en un contexto de conflicto por el suministro de gas ruso, y la dependencia que esto conlleva para los países europeos. En el momento actual se está finalizando la construcción del segundo oleoducto europeo del norte, conocido como proyecto NS2 (Nord Stream 2) que llevará gas licuado desde Vyborg (oeste de Rusia) hasta Greifswald, en la costa báltica de Alemania. Este proyecto siempre ha contado con la oposición de Estados Unidos, que ve con disgusto la dependencia energética de la UE respecto de Rusia, motivo por el que EEUU se inclina por potenciar la ITM como área de desarrollo y de entrada de fuentes energéticas no dependientes de Rusia.

 

Oleoducto BRUA, marcado en azul, y oleoductos TANAP (Turquía) y TAP (conexión con Grecia), ambos en negro, sobre imagen tomada de Google Maps

Gaseoducto BRUA, marcado en azul, y gaseoductos TANAP (Turquía) y TAP (conexión con Grecia), ambos en negro, sobre imagen tomada de Google Maps

 

Polonia entra en juego

Polonia se alinea con EEUU e intenta reducir la dependencia económica y energética de los países del este de Europa frente a Rusia. Pero también intenta reducir el peso de Alemania en la región; esto recuerda al Intermarium impulsado por Polonia en los años ente las dos guerras mundiales. La pretensión de Polonia es convertirse en un nuevo núcleo de distribución de gas para la UE, donde sus puertos servirían para el desembarco de gas natural licuado de origen estadounidense. Estos puertos se conectarían con el proyecto BRUA, sustituyendo a Ucrania como entrada de gas a la UE y a su vez sustituyendo el gas ruso por el estadounidense (9).

Precisamente este proyecto de la ITM, junto a la presión del presidente estadounidense, ha provocado la reacción de Berlín. La canciller alemana, Angela Merkel, contraatacó en octubre con el anuncio de que Alemania vuelve a abrir la puerta al gas estadounidense, al decidir cofinanciar la construcción de una terminal para barcos de gas natural licuado en el norte del país, por valor de 500 millones de euros. De esta forma, Alemania reforzaría su alianza con Estados Unidos, pero además podría reducir su dependencia de la energía nuclear y la emisión de gases invernadero.

Los proyectos de la ITM se financian con un fondo económico propiciado por seis de los estados miembros (Croacia, República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Letonia), pero abierto a la participación de todos los países que componen el grupo. Su objetivo es proporcionar soporte económico para el desarrollo de las infraestructuras trans-nacionales en las que participen al menos tres estados miembros de la ITM. El aporte institucional sobrepasa los 5.000 millones de euros, y pretende atraer inversión externa, de fondos privados, que fortalezca al propio fondo. Con una perspectiva a treinta años, se pretende sobrepasar los 100.000 millones de euros.

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Satellite imagery of the Jordan River [NASA]

▲Satellite imagery of the Jordan River [NASA]

ANALYSISMarina Díaz Escudero

Water is an essential natural resource, not only for individual survival on Earth, but also for nation-states and their welfare; having an effect on socio-economic development, trade, health and population productivity.

As a natural determinant of power, its accessibility must be considered by states in their policies on national security; “hydropolitics” being the branch of study for this phenomenon. Although it has been, and continues to be, a major source of inter-state conflict, it is an arena in which cooperation and diplomacy between rival countries can set the ground for further political agreements, effectively leading to more stable and peaceful relations.

On the other hand, when water is used as a natural border or must be shared between various countries, concurrent cooperation between all of them is essential to find an effective and non-violent way to approach the resource. Otherwise, an overlapping of different, and potentially contradictory, bilateral agreements may lead to frictions. If one of the concerned countries is not present in negotiations, as some historical events suggest (e.g. 1992 multilateral negotiations in Moscow, where Lebanon and Syria where not present), this will always constitute an obstacle for regional stability.

Moreover, although 71% of the Earth’s surface is covered by water, factors such as economic interests, climate change, and explosive population growth are also challenging the sustainable distribution of water sources among countries. The future effects of this scarcity in the region will demand consistent political action in the long-term and current leaders should bear it in mind.

Water availability and conflict in the MENA region

The Middle East and North Africa (MENA) region is known as an arid and semi-arid region, with only 1% of the world’s renewable water resources. On average, water availability is only 1,200 cubic meters, around six times less than the worldwide average of 7,000 cubic meters.

As global temperatures rise, more frequent and severe droughts will take place in the region and this will make countries which already have socio-economic rivalries more prone to go to war with each other. According to the World Resources Institute, thirteen of the thirty three states that will suffer from worse water scarcity in the twenty-first century will be Middle Eastern countries.

To cite the findings of the National Intelligence Council (NIC) report, Global Trends: Paradox of Progress, more than thirty countries – nearly half of them in the Middle East – will experience extremely high water stress by 2035, increasing economic, social, and political tensions.

Although claims to the land were and are the main motives for much of the current conflict, water, as part of the contested territories, has always been considered as a primary asset to be won in conflict. In fact, recognition of the importance of water lent the term, the “War over Water”, to conflicts in the region, and control over the resource constitutes a significant advantage.

Despite there being several water bodies in the Middle East (Nile, Euphrates, Tigris…), the Jordan River basin is one of the most significant ones today in terms of its influence on current conflicts. The Jordan River Basin is a 223 km long river with an upper course from its sources up to the Galilee Sea, and a lower one, from the latter to the Dead Sea. Territories such as Lebanon, Israel and the West Bank are situated to its West, while Syria and Jordan border it to the East. Water scarcity in the Jordan watershed comes from many different factors, but the existence of cultural, religious and historical differences between the riparian countries (situated on the banks of the river) has led to a centuries-long mismanagement of the source.

Tensions between Zionism and the Arab world on regards to the Jordan River became noticeable in the 1950s, when most Arab countries rejected the Johnston Plan that aimed at dividing the water by constructing a number of dams and canals on the different tributaries of the river. The plan was based on an earlier one commissioned by the United Nations Relief and Works Agency (UNWRA) and was accepted by the water technical committees of the five riparian countries. Nevertheless, the Arab League didn’t give the go-ahead and even hardened its position after the Suez Crisis.

In spite of this, Jordan and Israel decided to abide by their allocations and developed two projects, the Israeli National Water Carrier (to transport water from the north to the center and south) and Jordan’s East Ghor Main Canal (King Abdullah Canal). In retaliation and with severe consequences, Arab states reunited in an Arab Summit (1964) and decided to divert Jordan’s headwaters to the Yarmouk river (for the Syrian Arab Republic and Jordan), depriving Israel of 35% of its Water Carrier capacity.

This provocation led to a series of military clashes and prompted Israel’s attack on Arab construction projects; a move that would help precipitate the 1967 Six-Day War, according to some analysts. As a result of the war, Israel gained control of the waters of the West Bank (formely Jordan-annexed in the 1948 war and today still controlled by the Israeli Civil Administration) and the Sea of Galilee (today constituing about 60% of the country’s fresh water).

Later, in 1995, by the Article 40 of the Oslo II political agreement, […] Israel recognized Palestinian water rights in the West Bank and established the Joint Water Committee to manage and develop new supplies and to investigate illegal water withdrawals. Nevertheless, the loss of control over water in the West Bank has never been accepted by neighbouring Arab countries as, despite the agreement, much of the water coming from it is still directly given to Israeli consumers (and only a smaller fraction to Palestinians living under their control).

Role of water in Syrian-Israeli hostilities

Hostilities have been covering the agenda of Syrian-Israeli relationships ever since the Armistice Agreements signed by Israel with each of the four neighbouring Arab countries in 1949. This is compounded by the fact that there is seldom mutual agreement with resolutions proposed by the United Nations Security Council (UNSC).

The Golan Heights, a rocky plateau in south-western Syria, was taken away by Israel in the aftermath of the Six-Day War and is still considered an Israeli-occupied territory. In 1974 the Agreement on Disengagement was signed, ending the Yom Kippur War and resulting in the formation of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), a buffer zone separating the Israeli portion of the Golan Heights and the rest of Syria. Although Israel kept most of the Golan Heights territory, in 1981 it unilaterally passed the Golan Heights Law to impose its jurisdiction and administration on the occupied territory (refusing to call it “annexation”). These laws did not receive international recognition and were declared void by the UNSC.

The fact that Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu stated in April 2016 in a weekly cabinet meeting that “the Golan Heights will remain forever in Israeli hands” has once again triggered the rejection of UNSC’s members, who have declared that the status of the Heights “remains unchanged.”

Rainwater catchment in the Golan Heights feeds into the Jordan River and nowadays provides a third of Israel's water supply. Although “Syria has built several dams in the Yarmouk river sub-basin, which is part of the Jordan River basin”, the Golan Heights are likely to remain an important thorn in future Israeli-Syrian relationships.

 

Map of the Jordan River Basin [Palestinian Authority]

Map of the Jordan River Basin [Palestinian Authority]

 

Water as a casus belli between Lebanon and Israel

In March 2002, Lebanon decided to divert part of the Hasbani (a major tributary of the Jordan upper course) to supply the lebanese Wazzani village. Ariel Sharon, the former Prime Minister of Israel, said that the issue could easily become a "casus belli". According to Israel, Lebanon should have made consultations before pumping any water from the Springs, but both the Lebanese government and Hezbollah (a shi’a militant group) condemned the idea.

The Wazzani project, according to Lebanon, only aimed to redevelop the south by extracting a limited amount of water from the Hasbani; 300 MCM per year (they drew 7 MCM by the time). The actual conflict with Israel began when Lebanon started constructing the pumping station very close to the Israeli border.

The United States (US) decided to establish a State Department water expert in order to assess the situation “and cool tempers” but in 2006, during the Lebanon war, the pumping station and other infrastructures, such as an underground water diversion pipe which run Letani river water to many villages, were destroyed.

Although Israeli-Lebanese tensions have continued due to other issues, such as spying, natural gas control and border incidents, water source domination has been a significant contributor to conflict between the two states.

Inter-Arab conflicts on water allocation

Some inter-Arab conflicts on regards to water distribution have also taken place, but they are small-scale and low level ones. In 1987, an agreement was signed between Jordan and Syria which allowed the latter to build twenty five dams with a limited capacity in the Yarmouk River. Later on it was proved that Syria had been violating the pact by constructing more dams than permitted: in 2014 it had already constructed forty two of them. New bilateral agreements were signed in 2001, 2003 and 2004, but repeated violations of these agreements by Syria in terms of water-allocation became unsustainable for Jordan. Most recently (2012), former Jordan's water minister Hazim El Naser stressed the necessity “to end violations of the water-sharing accords.”

Although these are low-level tensions, they could quickly escalate into a regional conflict between Jordan, Syria and Israel, as a decrease of water from the Yarmouk released by Syria to Jordan may prevent Jordan to comply with its commitments towards Israel.

Regional cooperation: from multilateralism to bilateralism

Since the beginning of the last century, attempts to achieve multilateral cooperation and a basin-wide agreement between the five co-riparian countries have been hindered by regional political conflict. Boundary definition, choices about decision-making arrangements, and issues of accountability, together with other political divisions, can help explain the creation of subwatershed communities of interest instead of a major watershed agreement between all neighbour countries.

The Israeli-Palestine peace process begun in 1991 with the Conference in Madrid, attended by all riparians: Israel, Jordan, Palestine, Lebanon and Syria. Co-sponsored by the US and the Soviet Union as representatives of the international community, it addressed several regional issues, such as environment, arms control, economic development and, of course, water distribution (in fact, water rights became one of the trickiest areas of discussion).

In 1992, multilateral negotiations about regional cooperation continued in Moscow but this time they were only attended by Israel, the Jordanian-Palestinian delegation and the international community; Syria and Lebanon were not present. “After the failed Johnston plan, external efforts to achieve a multilateral agreement through cooperation on water sources were attempted by the Centre for Environmental Studies and Resource Management (CESAR) […] As Syria and Lebanon did not want to participate in a process involving Israel, (it) ran parallel processes for Israel, the Palestinian Authority and Jordan on the one hand, and Syria and Lebanon on the other hand.”

As a matter of fact, bilateral instruments grew in importance and two treaties, between Israel and Jordan/Palestine respectively, were signed: The Treaty of Peace between The Hashemite Kingdom of Jordan and The State of Israel (1994) and The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip (Oslo II, 1995). Discussions about water use and joint water management played an important role and were included in the annexes.

In 1996, the Trilateral Declaration on Principles for Cooperation on Water-Related Matters and New and Additional Water Resources was signed by Israel, Jordan and the Palestine Liberation Organisation (PLO) and in 2003 the first two initiated a plan called Roadmap for Peace which included the revival of cooperation on regional issues like water.

Although Israel and Syria started some negotiations to solve the Golan Heights’ problem in 2008, after the break out of the Syrian civil war distrust between both actors has increased, leaving the most important thorn in multilateral regional negotatiations still unsolved. Nevertheless, “a new government in Syria after the end of the war may provide new opportunities for improved bi- and ultimately multilateral cooperation,” says the FAO. The previous year (2007) Jordan and the Syrian Arab Republic also signed some agreements “in regard to shared water in the Yarmouk river basin.”

Role of Non-Governmental Organizations

Civil society has also been an important platform for resource-management discussions between riparian countries.

Middle Eastern rhetoric, according to the BBC, “often portrays the issue of water as an existential, zero-sum conflict - casting either Israel as a malevolent sponge sucking up Arab water resources, or the implacably hostile Arabs as threatening Israel's very existence by denying life-giving water.”

For this reason, in 2010, Friends of the Earth Middle East (FoEME, also called EcoPeace Middle East) stressed the importance of replacing this win-lose approach for a compromising perspective of mutual gains for all. In this way, their proposals don’t “include quantitative water allocations, but the implementation of a joint institutional structure that is continuously tasked with peaceful conflict resolution over water resources; […] defining water rights not as the access to a certain water quantity, but as a broader bundle of rights and duties to access and use the available water and to uphold quality and quantity standards.”

Through “The Good Water Neighbors” project (2001), the NGO tried to raise awareness about the negative consequences of leaving this issue unmanaged and reiterated its willingness to strenghten ”institutional capacities for collaboration in the region.” According to the staff, Israel, Jordan and Palestine could develop a certain interdependence, focused on water (Israel to Jordan/Palestine) and solar-generated electricity (Jordan to Palestine/Israel), in order to facilitate the powering of desalination plants and produce more cleanwater for sale.

The use of this type of political support for transboundary cooperation, based on water access but focused on solving less cultural and sensitive problems (like environmental sustainability), as a means to opening up avenues for dialogue on other political issues, could be the key for a lasting peace in the region.

According to Gidon Brombert, cofounder and Israeli director of FoEME, adopting “healthy interdependencies is a powerful way to promote regional water and energy stability as a foundation for long-lasting peace between our people.”

A testament to the success of these initiatives is the fact that Jordan and Israel scored 56.67 under the Water Cooperation Quotient (WCQ) 2017, which means that there is currently zero risk of a water-related war between both states (50 is the minimum score for this to apply).

Final key points and conclusions

There is no doubt that water issues have been a key discussion point between riparian countries in the Jordan River watershed since the late nineteenth century, and rightly so, as the only way to achieve a long-lasting peace in the region is to accept that water management is an integral part of political discourse and decisions. Not only because it is an essential factor in the conflicts that arise between states, but because agreements on other political matters could be furthered through the establishment of sound agreements in the hydropolitical arena.

In other words, a “baby-step” approach to politics should be applied: peaceful discussions on this and other matters leveraged to talk about other sources of conflict and utilized to improve political relations between two parties. The Korean conflict is a good example: although both Koreas are far from agreeing with regards to their political outlook, they have been able to cooperate in other fields, such as the Winter Olympic games. Communication during the games was used to subtly suggest avenues for a political reapproachment, which now seems to be progressing satisfactorily.

As for multilateral-bilateral conditions of negotiations, it is important to take into account the fact that the Jordan River basin, mainly due to its geological condition as a watershed, has to be shared by several different countries, five to be exact. This may seem obvious but clearly many actors don’t see its implications.

Understandably, it is very difficult for a state to manage various bilateral agreements concerning the same asset with countries that are mutually at odds with one another. Their contents can overlap, creating contradictions and making the achievement of a general arrangement not only disorganized, but also challenging. Notwithstanding, a multilaterally agreed distribution of the basin’s water – taking into account the necessities of all riparians simultaneously, could more easily pave the way for further cooperation on other, pressing, political issues.

Last but not least, it is important not to forget about policies related to other regional affairs, and their potential effect on water management. Climate change, for instance, will certainly affect water availability in the MENA region and the Jordan River basin, easily disrupting and modifying past and future agreements on the resource’s allocation and distribution. Attention should also be paid to interest groups and to the economic situation of the countries involved in the negotitations, as these will be determinant in states’ decisions about the implementation of certain future projects.

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