Un tercio de los países ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad, pero las capacidades movilizadas son mínimas

Una docena de países latinoamericanos han desarrollado ya una estrategia nacional de ciberseguridad, pero en general las capacidades movilizadas en la región para hacer frente al crimen y a los ataques cibernéticos son de momento reducidas. En un continente con alto uso de las redes sociales, pero al mismo tiempo con algunos problemas de red eléctrica y acceso a internet que dificultan una reacción ante los ciberataques, el riesgo de que los extendidos grupos de crimen organizado recurran cada vez más a la cibernética es alto.

ARTÍCULO / Paula Suárez

En los últimos años, la globalización se ha abierto camino en todas partes del mundo, y con ello han surgido varias amenazas en el ámbito del ciberespacio, lo que requiere especial tratamiento por parte de los gobiernos de todos los estados. A nivel global y no solo en Latinoamérica, los principales campos que se ven amenazados en cuanto a seguridad cibernética son, esencialmente, el delito informático, las intrusiones en redes y las operaciones políticamente motivadas.

Los últimos informes sobre ciberseguridad en América Latina y el Caribe realizados conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), indican que un tercio de los países de la región han comenzado a dar algunos pasos para hacer frente a los crecientes riesgos en ciberseguridad. No obstante, también constatan que los esfuerzos son de momento pequeños, dada la general falta de preparación ante la amenaza del cibercrimen; además plantean la necesidad de una reforma en las políticas de protección para los años venideros, especialmente con los problemas que han salido a relucir con la crisis del Covid-19.  

El BID y la OEA (OEA) han colaborado en distintas ocasiones para dar a conocer la situación y concienciar a la población sobre los problemas de ciberseguridad, que han ido aumentando conforme la globalización se ha hecho parte de la vida cotidiana y las redes sociales e internet se integran de manera más profunda en nuestro día a día. Para ocuparse de esta nueva realidad, ambas instituciones han creado un Observatorio de Ciberseguridad de la región, que ha publicado varios estudios.

Si hasta el informe de 2016 la ciberseguridad era un tema poco discutido en la región, actualmente con el aumento de la tecnología en América Latina y el Caribe ha pasado a ser un tema de interés por el que los estados tienden a preocuparse cada vez más, y por ello, a implementar las medidas pertinentes, como se destaca en el informe de 2020.

El transporte, las actividades educativas, las transacciones financieras, muchos servicios como el suministro de alimentos, agua o energía y otras muchas actividades requieren de políticas de ciberseguridad para proteger los derechos civiles en el ámbito digital tales como el derecho a la privacidad, muchas veces violados por el uso de estos sistemas como arma.

No solo en el ámbito social, sino también en el económico, la inversión en ciberseguridad es fundamental para evitar los daños que ocasiona el crimen en línea. Para el Producto Interior Bruto de muchos países de la región, los ataques a la infraestructura pueden suponer desde un 1% hasta un 6% del PIB en el caso de ataques a infraestructura crítica, lo que se traduce en incompetencia por parte de estos países para identificar los peligros cibernéticos y para tomar las medidas necesarias para combatirlos.

Según el estudio previamente mencionado, 22 de los 32 países que se analizan son considerados con capacidades limitadas para investigar los delitos, solo 7 tienen un plan de protección de su infraestructura crítica, y 18 de ellos han establecido el llamado CERT o CSIRT (equipo de respuesta a incidentes o emergencias de seguridad informática). Estos sistemas no son desarrollados actualmente de forma uniforme en la región, y les falta capacidad de actuación y madurez para suponer una respuesta adecuada antes las amenazas en la red, pero su implementación es necesaria y, cada vez más, cuentan con el apoyo de instituciones como la OEA para su mejora.

En este ámbito, el Foro de Equipos de Seguridad y de Respuesta a Incidentes (FIRST) tiene un trabajo clave, por la gran necesidad en esta región, para asistir a los gobiernos y que estos puedan beneficiarse de la identificación de amenazas cibernéticas y los mecanismos de seguridad estratégica de la asociación, principalmente para proteger las economías de estos países.

Como ya ha sido mencionado, la conciencia de la necesidad de dichas medidas ha ido aumentando conforme a los ataques cibernéticos también lo han hecho, y países como Colombia, Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá han establecido una debida estrategia para combatir estos daños. Por el contrario, muchos otros países de América Latina y el Caribe como Dominica, Perú, Paraguay y Surinam han quedado atrás en este desarrollo, y aunque están en camino, necesitan apoyo institucional para continuar en este proceso.

El problema para combatir dichos problemas tiene su origen, por lo general, en la propia ley de los estados. Solo 8 de los 32 países de la región son parte del Convenio de Budapest, que aboga por la cooperación internacional contra el cibercrimen, y un tercio de estos países no cuenta con una legislación apropiada en su marco legal para los delitos informáticos.

Para los estados parte de dicho convenio, estas directrices pueden servir de gran ayuda para desarrollar las leyes internas y procesales con respecto al ciberdelito, por lo que se está potenciando la adhesión o al menos la observación de las mismas desde organismos como la OEA, con las recomendaciones de unidades especializadas como el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA, que aconseja respecto a la reforma de la ley penal respecto al cibercrimen y la evidencia electrónica.

Por otro lado, no ha sido hasta principios de este año que, con la incorporación de Brasil, son 12 países de Latinoamérica y el Caribe los que han establecido una estrategia nacional de ciberseguridad, debido a la falta de talento humano calificado. Aunque cabe destacar los dos países de la región con mayor desarrollo en el ámbito de seguridad cibernética, que son Jamaica y Trinidad y Tobago.

De los problemas mencionados, podemos decir que la falta de estrategia nacional en cuanto a seguridad cibernética expone a estos países a diversos ataques, pero a esto debe añadirse que las empresas que venden los servicios de ciberseguridad y proporcionan apoyo técnico y financiero en la región son mayormente de Israel o Estados Unidos, y están vinculadas a una perspectiva de seguridad y defensa bastante militarizada, lo que supondrá un desafío en los años venideros por la competencia que China está dejando ver en este lado del hemisferio, sobre todo ligada a la tecnología 5G.

Las malas prácticas cibernéticas son una amenaza no solo para la economía de Latinoamérica y el Caribe, sino también para el funcionamiento de la democracia en estos estados, un atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y a los valores de la sociedad. Por ello, es está dejando ver la necesidad de inversión en infraestructura civil y en capacidad militar. Para lograr esto, los estados de la región están dispuestos a cooperar, primeramente, en la unificación de sus marcos legales basándose en los modelos del Convenio de Budapest y las bases de la Unión Europea, cuya perspectiva para afrontar los nuevos retos en el ciberespacio está teniendo gran impacto e influencia en la región.

 Además, con la crisis venidera del Covid-19, por lo general los estados de la región están dispuestos a colaborar desarrollando estrategias nacionales propias, coherentes con los valores de las organizaciones de las que son parte, para proteger tanto sus medios actuales como sus tecnologías emergentes (inteligencia artificial, cuántica, computación de alto rendimiento y otros). Las amenazas cibernéticas pretenden ser encaradas desde canales abiertos a la colaboración y el diálogo, ya que Internet no tiene fronteras, y la armonización de los marcos legales es el primer paso para fortalecer esta cooperación no solo regional sino internacional.

La Administración Trump concluye su gestión de modo asertivo en la región y pasa el testigo a la Administración Biden, que parece apostar por el multilateralismo y la cooperación

Con el mundo parado a causa del Covid-19, el gigante asiático ha aprovechado para reanudar toda una serie de operaciones con el objetivo de expandir su control sobre los territorios aledaños a su línea de costa. Tales actividades no han dejado indiferente a Estados Unidos, que a pesar de su compleja situación interna ha tomado cartas en el asunto. Con las visitas de Mike Pompeo a lo largo de Asia Pacífico, la potencia norteamericana acrecienta el proceso de contención de Pekín, materializado en una cuádruple alianza entre Estados Unidos, Japón, India y Australia. El nuevo ejecutivo que la Casa Blanca estrenará en enero podrá implicar una renovación del actuar estadounidense que, sin romper con la Administración Trump, recupere el espíritu de la Administración Obama, esto es guiados por una mayor cooperación con los países de Asia Pacífico y apuesta por el diálogo.

▲ Pista aérea instalada por China en la isla Thitu o Pagasa, la segunda mayor de las Spratly, cuya administración hacía sido reconocida internacionalmente para Filipinas [Eugenio Bito-onon Jr]

ARTÍCULO / Ramón Barba

Durante la pandemia, Pekín ha aprovechado para reanudar sus actuaciones sobre las aguas de Asia Pacífico. A mediados de abril, China procedió a designar terrenos de las islas Spratly, el archipiélago de Paracel y el banco Macclesfield, como nuevos distritos de la ciudad de Sansha, población de la isla china de Hainan. Esa adscripción administrativa causó la subsiguiente protesta de Filipinas y Vietnam, quienes reclaman la soberanía de esos espacios. La actitud de Pekín ha venido aparejada de incursiones y sabotajes a los barcos de la zona. Véase el hundimiento de un pesquero vietnamita, cosa que China desmiente argumentando que había sufrido un accidente y que estaba llevando a cabo actividades ilegales.

Las actuaciones China desde el verano han ido aumentando la inestabilidad en la región mediante ejercicios militares cerca de Taiwán o enfrentamientos con la India debido a sus problemas fronterizos; por otro lado, a la oposición filipina y vietnamita hacia los movimientos chinos cabe aunar la creciente tensión con Australia después de que este país pidiera que se investigara el origen del COVID-19, y el incremento de las tensiones marítimas con Japón. Todo ello ha llevado a una respuesta por parte de Estados Unidos, quien se postula como defensor de la libre navegación en Asia Pacífico justificando así su presencia militar, haciendo énfasis en que la República Popular China no está a favor de ese libre tránsito, ni de la democracia ni del imperio de la ley.

EEUU mueve ficha

Las tensiones entre China y Estados Unidos con relación a la presente disputa han ido in crescendo durante todo el verano, incrementando ambos su presencia militar en la zona (además, Washington ha sancionado a 24 empresas chinas que han ayudado a militarizar el área). Todo ello se ha traducido recientemente en las visitas llevadas a cabo por el secretario de Estado Mike Pompeo a Asia Pacífico a lo largo del mes de octubre. Previamente a esta ronda de visitas, este había hecho declaraciones en septiembre en el Cumbre Virtual de ASEAN instando a los países de la región a limitar sus relaciones con China.

La disputa por tales aguas afecta a Vietnam, Filipinas, Taiwán, Brunéi y Malasia, países que, junto con India y Japón, fueron visitados por Pompeo (entre otros) con el objeto de asegurar un mayor control sobre la actuación de Pekín. Durante su gira, el secretario de Estado norteamericano se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de India, Australia y Japón para unir fuerzas contra el gigante asiático. Seguidamente, Washington firmó en Nueva Delhi un acuerdo militar de intercambio de datos satelitales para rastrear mejor los movimientos chinos en la zona, y realizó una visita de estado a Indonesia. Recordemos que Yakarta se caracterizaba hasta el momento por una creciente amistad con Pekín y un empeoramiento de la relación con Estados Unidos con motivo de un decremento en las ayudas del programa Generalized System of Preferences (GSP). No obstante, durante la visita de Pompeo, ambos países acordaron una mejora de sus relaciones mediante una mayor cooperación en lo regional, contratación militar, inteligencia, entrenamientos conjuntos y seguridad marítima.

Por ende, este movimiento de ficha por parte de Washington ha implicado:

• La consolidación de una cuádruple alianza entre India, Japón, Australia y Estados Unidos que se ha visto materializada en los ejercicios militares conjuntos en la Bahía de Bengala a principios de noviembre. Cabe recordar que esto se suma a los aliados tradicionales de Washington en la zona (Filipinas, Singapur y Tailandia). Además, queda abierta la posibilidad de una mayor unión con Vietnam.

• La ampliación de su presencia militar en la zona, aumentando el flujo de material vendido a Taiwán destacando también las visitas de altos funcionarios de Washington a lo largo de julio y los meses siguientes.

• Retorno del destructor USS Barry a las aguas del Mar del Sur de China con el objetivo de servir como símbolo de oposición a la actuación china, y como defensor de la libertad de navegación, la paz y la estabilidad.

• Indonesia moverá su Fuerza de Combate Naval (permanentemente asentada en Yakarta) a Natuna, islas fronterizas con el Mar del Sur de China, ricas en recursos naturales y disputadas entre ambos países.

• ASEAN se posiciona como defensor de la paz y estabilidad y a favor del UNCLOS 1982 (el cual establece el marco legal que rige para el derecho del mar) durante la cumbre celebrada en Vietnam entre el 12-15 de noviembre.

La ratio decidendi detrás de la actuación china

Como primer acercamiento a la ratio decidendi que hay detrás de la actuación china, cabe recordar que desde 2012, aprovechando la inestabilidad regional, el gigante asiático aludía a su derecho histórico sobre  los territorios del mar Meridional para justificar sus actuaciones, argumentos desestimados en 2016 por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. En base al argumento de que, en su día, pescadores chinos frecuentaban la zona, se pretendía justificar la apropiación de más del 80% del territorio, confrontando desde entonces a Pekín con Manila.

Por otro lado Luis Lalinde, en su artículo China y la importancia de dominar el Mar Circundante (2017) da una visión más completa del asunto, aludiendo no solo a motivos históricos, sino también a razones económicas y geopolíticas. En primer lugar, más de la mitad de los hidrocarburos de los que se abastece China transitan por la región de Asia Pacífico, la cual constituye a su vez el principal polo económico mundial. A ello cabe aunarle que Pekín se ha visto muy marcado por el “siglo de las humillaciones”, caracterizado por una falta de control de los chinos sobre su territorio con motivo de invasiones de origen marítimo. Por último, el dominio de los mares junto con el ya alcanzado peso continental, son vitales para la proyección hegemónica de China en un área de cada vez mayor peso económico a nivel mundial. Por ello se establece el denominado “collar de perlas” para la defensa de intereses estratégicos, de seguridad y abastecimiento energético desde el Golfo Pérsico hasta el Mar del sur.

Los argumentos de Lalinde justifican la actuación china de los últimos años, no obstante, Bishop (2020), afirma en el Council on Foreign Relations que la razón detrás de la reciente actitud china se debe a cuestiones de inestabilidad interna en tanto que un pequeño sector de la intelectualidad china se muestra crítico y desconfiado con el liderazgo de Xi. Argumentando que la pandemia ha debilitado la economía y el Gobierno chino por lo que mediante acciones de política exterior debe aparentar fortaleza y vigorosidad. Por último, cabe tener en cuenta la importancia del control de los mares en relación con el proyecto de la Ruta de la Seda. En su vertiente marítima, China está haciendo una gran inversión en puertos del Índico y del Pacífico que no descarta utilizar para fines militares (véase los puertos de: Sri Lanka, Myanmar y Pakistán). De entre los principales opositores a esta alianza encontramos a Estados Unidos, Japón y la India, también en contra de la beligerante actitud china, como se ha visto.

Era Biden: oportunidades en un escenario complicado

La presidencia de Joe Biden va a estar marcada por grandes retos, tanto internos como externos. Estamos ante un Estados Unidos marcado por una crisis sanitaria, con una sociedad cada vez más polarizada y con una economía cuya recuperación, a pesar de las medidas adoptadas, presenta dudas de si será “en V” o “en W”. Además, las relaciones con Iberoamérica y Europa se han ido deteriorando, producto de las medidas tomadas por parte del presidente Trump. 

La relación entre China y EEUU ha ido fluctuando en los últimos años. La Administración Obama, consciente de la importancia que la región de Asia Pacífico ha ido alcanzando, aunada a la oportunidad que la Ruta de la Seda presenta para que Pekín expanda su dominio económico y militar, planteó en su segundo mandato su política de Pivot to Asia, comenzando a financiar y dotar de ayudas a países de la región. Durante los años de la Administración Trump, la relación con Pekín se ha deteriorado bastante, lo que pone a Biden en un escenario en el que tendrá que enfrentarse a una guerra comercial, a la carrera tecnológica en la batalla por el 5G, así como a cuestiones de seguridad regional y de derechos humanos.

Los países de la región exigen una respuesta efectiva por parte del gigante norteamericano para contener a China en la que se vea materializada la promesa de Washington sobre una zona de navegación libre y abierta. No obstante, Estados Unidos tiene que ser prudente, ya que, a excepción de Vietnam, Filipinas, y en parte Indonesia y Singapur, el resto de países de la región no sienten con urgencia la necesidad de una intervención americana. Sin embargo, a excepción de Camboya, el resto de los países tampoco aprueban la posibilidad de una hegemonía china.

Por lo general, los expertos apuntan a que en medio de esta tormenta el nuevo presidente estadounidense adoptará una actitud cuanto menos precavida pero continuista. Seguramente, en línea con la Administración Obama, se tienda a una apuesta por el multilateralismo, las alianzas de tipo económico y la integración regional sin ejercer una actitud autoritaria, rebajando la agresividad de la Administración Trump, pero siendo firmes en su postura. Todo ello implica buscar diferentes áreas en las cuales cooperar como puede ser cambio climático, la reducción de las Misiones de Freedom of Navigation o el aumento de actividades de Capacity Building.

Una mirada a un futuro cercano

Habrá que estar atentos a los últimos coletazos que pueda dar la Administración Trump en relación a este conflicto, así como a las medidas que Biden adopte durante sus primeros meses de Gobierno. No obstante, todo apunta a que, en esta situación de creciente tensión, Washington adoptará una postura cautelosa. Como hemos visto, los viajes de Pompeo han servido a Estados Unidos para reafirmar su presencia en la zona, asumiendo un rol de liderazgo, dando la respuesta que algunos países como Filipinas desean. Ahora bien, aunque, como se ha dicho, habrá que estar pendientes del correr de los próximos meses, con las bases ya asentadas, lo más probable es que Biden continúe la línea de la Administración Trump pero matizada por una apuesta por la integración regional, multilateralismo, la diplomacia y la cooperación económica para así ganar nuevos apoyos, fortalecer sus alianzas y contener a Pekín, justificando así su presencia en la zona como única potencia capaz de aglutinar fuerzas regionales para evitar una temida hegemonía china.

Surgido en 2008, el Ejército del Pueblo Paraguayo ha creado un conflicto que se ha cobrado ya un centenar de muertos

Las guerrillas marxistas en Latinoamérica son propias del pasado. Esa convicción llevó a subestimar el surgimiento en 2008 del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que desde entonces ha realizado un centenar de acciones violentas, sobre todo en zonas rurales del nordeste del país. El conflicto se ha cobrado un centenar de muertos y otros tantos heridos; también ha habido secuestros de personalidades, que le han dado al EPP especial eco informativo. La creación de un controvertido cuerpo especial militar-policial no ha logrado el objetivo de terminar con el grupo, lo que genera críticas a la gestión del problema por parte del Gobierno.

ARTÍCULO / Eduardo Villa Corta

El Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) fue considerado desde su surgimiento como un grupúsculo de radicales que apenas tendría recorrido. Sin embargo, en apenas diez años se ha convertido en una organización capaz de confrontar al Estado paraguayo: ha protagonizado un centenar de acciones terroristas, entre ellas una decena de secuestros, causando unos sesenta muertos y unos cien heridos.

Zonas de influencia del EPP (rojo claro) y lugares donde ha habido bases del grupo (rojo oscuro) [Mikelelgediento]

Con un número de activistas que va desde la treintena de su núcleo duro a los doscientos si se consideran sus redes de apoyo, el EPP lleva varios años siendo un problema para el Gobierno, que no logra desarticularlo: en enfrentamientos con las fuerzas del orden han muerto 30 militantes y se ha detenido a un centenar, pero la imagen que ofrecen las autoridades es de ineficacia. En el haber negativo del Gobierno paraguayo está, además, el que no tomara en serio la amenaza que suponían la constitución del grupo y sus primeras acciones.

El EPP se formó oficialmente el 1 de marzo de 2008. Aunque, sus fundadores y los principales cabecillas ya habían planeado la creación de este grupo con anterioridad a esta fecha; sus raíces se remontan a 1992 y el Partido Patria Libre, como ha documentado el investigador Jeremy McDermott. El EPP se presenta como un grupo armado contra el sistema parlamentario “liberal burgués”, pero sobretodo es un movimiento marxista que promueve el levantamiento del campesinado de Paraguay, de ahí que intente su arraigo en la zona rural del nordeste del país.

La victoria presidencial en 2008 de Fernando Lugo al frente de una alianza de izquierda, poniendo fin a seis décadas de dominio político del Partido Colorado, pudo alentar la constitución del EPP, que luego creyó justificada su actuación con la destitución de Lugo en 2012 mediante un controvertido juicio político llevado a cabo por el Parlamento y que fue etiquetado por los partidarios de Lugo como golpe de estado.

El primer ataque del EPP, el 16 de marzo de 2008, consistió en la quema de maquinaria agrícola en el departamento de Concepción. El siguiente fue en diciembre de ese mismo año, con el ataque a un cuartel en Tacuatí, en el departamento de San Pedro. Desde entonces, sus movimientos se han centrado especialmente entre el sur del primero de esos departamentos y el norte del segundo.

A pesar de tratarse de una zona más o menos delimitada, la desarticulación del EPP no es fácil porque su modus operandi del EPP hace impredecible sus movimientos. Esto se debe, como explica McDermott, a que el grupo no actúa como otras organizaciones insurgentes, como ha sido el caso de las FARC. El núcleo del EPP está compuesto por unos treinta combatientes a tiempo completo, la mayoría con vinculaciones familiares. Estos son dirigidos por los cabecillas Alcides Oviedo y su esposa Carmen Villalba, que se encuentran en la cárcel; uno de los líderes en el terreno es Oswaldo Villalba. Además, existen unos cincuenta activistas a tiempo parcial, una red logística que podría llegar a doscientas personas y simpatizantes locales que, sin implicarse mucho con la causa, brindan información sobre operaciones de búsqueda de las fuerzas de seguridad. El grupo sufrió en 2014 la escisión de una de sus columnas, que pasó a denominarse Asociación Campesina Armada (ACA) y en 2018, de acuerdo con las autoridades, el EPP se dividió en dos grupos para afrontar la presión de las fuerzas de seguridad.

Las cifras mencionadas hablan de un grupo en realidad pequeño, lejos de los 8.000 integrantes que tenían las FARC en 2016 en el momento de su desmovilización o de los 4.000 miembros con los que en la actualidad cuenta el ELN en Colombia; también de los 3.000 que se llegaron a atribuir al chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aunque el EPP guarda más similitud con este último, su cese operacional en 1999 dejó a las FARC como principal grupo para el entrenamiento de quienes luego crearían el EPP, como quedó en evidencia en la documentación hallada en el ordenador del cabecilla de las FARC Raúl Reyes y el secuestro de la empresaria Cecilia Cubas, hija de un expresidente paraguayo, a finales de 2004.

Esa acción marcó lo que ha sido una línea de actuación del EPP. Desde 2008, además de extorsiones y asaltos con el fin de financiarse, el grupo ha realizado secuestros con el fin también de un mayor impacto en los medios. Estos se han hecho sobre familiares de expresidentes del país o de personalidades de un alto perfil político, por cuya liberación se han pedido rescates que han superado los cinco millones de dólares, aunque en las negociaciones se han acordado cifras más bajas. Usualmente se acuerda entregar parte del dinero en efectivo y parte en víveres para los pueblos aledaños a la zona de operaciones del EPP.

El grupo también ha realizado extorsiones y asaltos en esas zonas en las que opera, exigiendo “impuestos revolucionarios” a hacendados y ganaderos, a quienes además les roban ganado y comida para satisfacer las necesidades de sustento diario de la organización.

Otras destacadas acciones llevadas a cabo por el EPP son atentados con bombas. Por ejemplo, hubo un atentado contra la Corte Suprema de Justicia, en Asunción, en los inicios de las operaciones del grupo. Un ataque más reciente fue el perpetrado el 27 de agosto de 2016 contra un vehículo militar en la zona este de Concepción: los explosivos estallaron al paso del convoy y luego los terroristas liquidaron a los sobrevivientes con armas de fuego; en el atentado murieron ocho militares. Según las autoridades, este hecho marcó un salto en las operaciones del EPP, pasando de ser un grupo que busca recursos económicos a una organización con mayor capacidad operativa y militar.

Para hacer frente al EPP el presidente Horacio Cartes creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ante la evidencia de que la actuación policial no resultaba efectiva, en parte por posibles casos de corrupción interna. La FTC está compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas, bajo el mando de un militar y directamente dependiente del presidente. El carácter más expeditivo de esa unidad ha generado alguna controversia en el debate social y político.

La operación más reciente del EPP ha sido el secuestro del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis, el 9 de septiembre de 2020. Para la liberación de Denis, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico y activo participante en la destitución de Lugo, los terroristas reclaman la excarcelación de sus líderes, Alcides Oviedo y Carmen Villalba, además de la entrega de víveres para las áreas rurales en las que operan. El plazo puesto por la organización venció pocos días después sin que el Gobierno atendiera su petición. Ha habido movilizaciones ciudadanas exigiendo la libertad de Denis y la situación se sigue en el país con preocupación, poniendo en un aprieto al presidente Mario Abdo Benítez.

El actual mandatario realizó una sola visita, además en el marco del G-20, frente a las seis que Bush y Obama hicieron en sus primeros cuatro años

Los viajes internacionales no lo dicen todo acerca de la política exterior de un mandatario, pero dan alguna pista. Como presidente, Donald Trump únicamente ha viajado una vez a Latinoamérica, y además solo porque la cumbre del G-20 a la que asistía se celebraba en Argentina. No es que Trump no se haya ocupado de la región –desde luego, la política hacia Venezuela ha estado muy presente en su gestión–, pero el no haber hecho el esfuerzo de desplazarse a otros países del continente refleja bien el carácter más unilateral de su política, poca volcada en ganar simpatías entre sus pares.

▲ Firma en México en 2018 del tratado de libre comercio entre los tres países de Norteamérica [Departamento de Estado, EEUU]

ARTÍCULO / Miguel García-Miguel

Con tan solo una visita a la región, el mandatario estadounidense es el que menos visitas oficiales ha realizado desde la primera legislatura de Clinton, quien también la visitó una sola vez. Por el contrario, Bush y Obama presentaron más atención al territorio vecino, ambos con seis visitas en su primera legislatura. Trump centró su campaña diplomática en Asia y Europa y reservó lo asuntos de Latinoamérica a visitas de los presidentes de la región a la Casa Blanca o a su ‘resort’ de Mar-a-Lago.

En realidad, la Administración Trump dedicó tiempo a asuntos latinoamericanos, tomando posturas más rápidamente que la Administración Obama, pues el empeoramiento del problema de Venezuela requería definir acciones. Al mismo tiempo, Trump ha tratado asuntos de la región con presidentes latinoamericanos en visitas de estos a Estados Unidos. No ha habido, sin embargo, un esfuerzo de multilateralidad o empatía, saliendo a su encuentro en sus países de origen para tratar allí de sus problemas.

Clinton: Haití

El presidente demócrata realizó una única visita a la región en su primer mandato. Acabada la operación Uphold Democracy para devolver al poder a Jean-Bertrand Aristide, el 31 de marzo 1995 Bill Clinton viajó a Haití para la ceremonia de transición organizada por Naciones Unidas. La operación había consistido en una intervención militar de Estados Unidos, Polonia y Argentina, con la aprobación de la ONU, para derrocar a la junta militar que había depuesto por la fuerza a Aristide, quien había sido elegido democráticamente. Durante su segundo mandato, Clinton prestó más atención a los asuntos de la región, con trece visitas.

Bush: tratados de libre comercio

Bush realizó su primer viaje presidencial al país vecino, México, donde se entrevistó con el entonces presidente Fox para tratar diversos temas. México prestó atención al trato del gobierno estadounidense a los inmigrantes mexicanos, pero ambos presidentes también discutieron sobre el funcionamiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o, en inglés, NAFTA), entrado en vigor en 1994, y de aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. El presidente de EEUU tuvo la oportunidad de visitar México tres veces más durante su primer mandato con el fin de asistir a reuniones multilaterales. En concreto, asistió en marzo de 2002 a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, organizada por las Naciones Unidas y que resultó en el Consenso de Monterrey; además Bush aprovechó la oportunidad para volver a entrevistarse con el presidente mexicano. En octubre del mismo año asistió a la cumbre del foro APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), que ese año se celebraba en el enclave mexicano de Los Cabos. Por último, pisó de nuevo territorio mexicano para acudir a la Cumbre Extraordinaria de las Américas que tuvo lugar en Monterrey en 2004.

Durante su primera legislatura Bush impulsó la negociación de nuevos tratados de libre comercio con diversos países americanos, que fue lo que marcó la política de su Administración en relación con el Hemisferio Occidental. En el marco de esa política viajó a Perú y a El Salvador los días 23 y 24 de marzo del 2002. En Perú se reunió con el presidente de ese país y con los presidentes de Colombia, Bolivia y Ecuador, con el fin de llegar a un acuerdo que renovase la ATPA (Andean Trade Promotion Act), por la cual EEUU otorgaba libertad arancelaria en una amplia gama de las exportaciones de esos países. Finalmente, el asunto se resolvió con la promulgación en octubre del mismo año de la ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Erradication Act), que mantuvo las libertades arancelarias en compensación por la lucha contra el narcotráfico, intentando desarrollar económicamente la región para crear alternativas a la producción de cocaína. Por último, en el caso de El Salvador se reunió con los presidentes centroamericanos para discutir la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio con la región (conocido en inglés como CAFTA) a cambio de un refuerzo de la seguridad en los ámbitos de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. El Tratado fue ratificado tres años más tarde por el Congreso estadounidense. Bush volvió a visitar Latinoamérica hasta once veces durante su segundo mandato.

Gráfico 1. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

Obama: dos Cumbres de las Américas

Obama comenzó su recorrido de visitas diplomáticas a territorio latinoamericano con la asistencia a la V Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto Príncipe (Trinidad y Tobago). En la Cumbre se reunieron todos los líderes de los países soberanos americanos a excepción de Cuba y tuvo como fin la coordinación de esfuerzos para la recuperación de la reciente crisis del 2008 con menciones a la importancia de la sostenibilidad ambiental y energética. Obama volvió a asistir en 2012 a la VI Cumbre de las Américas que se celebró esta vez en Cartagena de Indias (Colombia). A esta Cumbre no acudió ningún representante de Ecuador ni de Nicaragua en protesta por la exclusión hasta la fecha de Cuba. Tampoco acudió el presidente de Haití ni el presidente venezolano Hugo Chávez alegando motivos médicos. En la cumbre se volvieron a discutir temas de economía y seguridad teniendo especial relevancia la guerra contra las drogas y el crimen organizado, así como el desarrollo de políticas ambientales. Además, aprovechó esta visita para anunciar junto a Juan Manuel Santos, la entrada en efecto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU, negociado por la Administración Bush y ratificado tras cierta demora por el Congreso estadounidense. El presidente demócrata también tuvo la ocasión de visitar la región con motivo de la reunión del G-20 en México, pero esta vez el tema central rondó en torno a las soluciones para frenar la crisis de la deuda europea.

En cuanto a las reuniones bilaterales, Obama realizó una gira diplomática entre el 19 y el 23 de marzo de 2010 por Brasil, Chile y El Salvador, entrevistándose con sus respectivos presidentes. Aprovechó la ocasión para retomar las relaciones con la izquierda brasileña que gobernaba el país desde el 2002, reiterar su alianza económica y política con Chile y anunciar un fondo de 200 millones de dólares para reforzar la seguridad en Centroamérica. Durante su segundo mandato realizó hasta siete visitas, entre las que cabe destacar la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, pausadas desde el triunfo de la Revolución.

Trump: T-MEC

Donald Trump tan solo visitó Latinoamérica en una ocasión para asistir a la reunión del G-20, una convocatoria que ni siquiera era regional, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2018. Entre los diversos acuerdos alcanzados destacan la reforma de la Organización Mundial de Comercio y el compromiso de los asistentes de implementar las medidas adoptadas en el Acuerdo de París, a excepción de EEUU, puesto que el presidente ya había reiterado su empeño en salirse del acuerdo. Aprovechando la visita, firmó el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, nuevo nombre para el renovado TLCAN, cuya renegociación había sido una exigencia de Trump) y se reunió con el presidente chino en el contexto de la guerra comercial. Trump, en cambio, no acudió a la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Perú en abril de 2018; el viaje, que debía llevarle también a Colombia, fue cancelado a última hora porque el presidente estadounidense prefirió permanecer en Washington ante una posible escalada de la crisis siria.

El motivo de las pocas vistas a la región ha sido que Trump ha dirigido su campaña diplomática hacia Europa, Asia y en menor medida Oriente Medio, en el contexto de la guerra comercial con China y de la pérdida de poder en el panorama internacional de EEUU.

Gráfico 2. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

Solo un viaje, pero seguimiento de la región

A pesar de apenas haber viajado al resto del continente, el candidato republicano sí ha prestado atención a los asuntos de la región pero sin moverse de Washington, pues han sido hasta siete los presidentes latinoamericanos que han pasado por la Casa Blanca. Las reuniones han tenido como foco principal el desarrollo económico y el reforzamiento de la seguridad, como es habitual. Atendiendo a la realidad de cada país las reuniones giraron más entorno a la posibilidad de futuros tratados de comercio, la lucha contra la droga y el crimen organizado, evitar el flujo de inmigración ilegal que llega hasta Estados Unidos o la búsqueda de reforzar alianzas políticas. Aunque la web del gobierno estadounidense no la catalogue como una visita oficial, Donald Trump también llegó a reunirse en la Casa Blanca en febrero de este mismo 2020 con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela.

Justamente, si ha habido un tema común a todas estas reuniones, ese ha sido la situación de crisis económica y política en Venezuela. Trump ha buscado aliados en la región para cercar y presionar al gobierno de Maduro el cual no solo es un ejemplo de continuas violaciones de los derechos humanos, sino que además desestabiliza la región. La férrea oposición al régimen le sirvió a Donald Trump como propaganda para ganar popularidad e intentar salvar el voto latino en las elecciones del 3 de noviembre, y eso tuvo su premio al menos en el estado de Florida.

Gráfico 3. Elaboración propia con datos de Office of the Historian

El deterioro de la situación del pequeño país mediterráneo beneficia a Hezbolá y a su patrón, Irán

Con cuatro primeros ministros diferentes en lo que va de año, resulta difícil escapar del círculo vicioso en el que se halla el Líbano, de modo que la continuidad del sistema político actual y la grave crisis financiera parecen inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. He aquí algunos de esos escenarios.

▲ Estado del puerto de Beirut tras la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 [Mehr News Agency/Wikipedia]

ARTÍCULO / Salvador Sánchez Tapia

Decir que el sistema político libanés es disfuncional no es ninguna novedad. Basado en un equilibrio de poder sectario establecido en 1989 al cabo de una larga guerra civil, perpetúa la existencia de redes clientelares, favorece la corrupción, lastra el desarrollo económico del país y dificulta la creación de una identidad nacional libanesa transversal que trascienda las confesiones religiosas.

De un tiempo a esta parte, el Líbano vive inmerso en una crisis económica y social de tal magnitud que lleva a no pocos analistas a preguntarse si nos encontramos ante un nuevo caso de estado fallido. En octubre de 2019, el país se vio sacudido por una ola de manifestaciones que el propio Gobierno consideró sin precedentes, desatada por el anuncio del Ejecutivo de hacer frente a la grave crisis económica con varias medidas impopulares entre las que se encontraba la de gravar con un impuesto el uso de la popular aplicación Whatsapp. Las protestas, concentradas inicialmente en esta cuestión, incorporaron pronto quejas contra la corrupción rampante, el descontrolado incremento del coste de la vida, o la falta de empleo y oportunidades que vive el país.

Esta presión popular forzó la dimisión del Gobierno de unidad dirigido por Saad Hariri a finales de ese mismo mes. El Ejecutivo fue sustituido en enero de 2020 por un Gobierno de perfil más técnico que el anterior, y dirigido por el exministro de educación Hassan Diab. El nuevo Gobierno tuvo poco margen de maniobra para introducir reformas antes de que se declarase la pandemia por coronavirus, y pronto se vio acosado por la misma presión en la calle que había derrocado el Gobierno anterior, con manifestaciones que continuaron a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia.

La devastadora explosión de comienzos de agosto de 2020 en el puerto de Beirut no hizo sino hundir más al país en la espiral descendente en la que ya estaba sumido. A pesar de las voces que trataron de ver la mano de Israel o la de Hezbolá detrás de la catástrofe que costó la vida a 163 personas, la población libanesa pronto intuyó que esta no era sino la consecuencia lógica de años de corrupción, desidia burocrática  y abandono de la infraestructura nacional. De nuevo se produjo un crescendo de indignación popular; de nuevo el Gobierno se vio forzado a dimitir en pleno.

Con los ecos de la explosión aún vivos, a finales del mes de agosto, Mustafa Adib, exembajador del Líbano en Alemania, recibió del presidente Aoun el encargo de formar Gobierno. Incapaz de culminar tan ardua tarea, entre otras razones por culpa de la insistencia de Hezbolá en controlar el Ministerio de Hacienda, el 26 de septiembre Adib renunció al encargo y presentó su dimisión, dejando al país al borde del precipicio en el que todavía se encuentra.

Es difícil hacer pronósticos sobre el futuro del Líbano, más allá de augurar que se antoja sombrío, pues una compleja dinámica de fuerzas internas y externas atenazan al país. A pesar de la presión que, al menos desde la urbanizada y cosmopolita Beirut, se hace para acabar con ella, resulta enormemente complejo desenredar la tupida madeja de redes clientelares que han controlado el país desde su independencia, no solo por los beneficios que ha generado a un reducido grupo de privilegiados, sino también porque muchos temen las alternativas a un modelo que, con todos sus defectos, ha evitado una reproducción de la salvaje guerra civil que se vivió entre 1975 y 1990.

Su situación geográfica complica al Líbano la tarea de sustraerse al clima de inestabilidad general que reina en Oriente Medio, y a la influencia que ejercen sobre el país actores regionales e internacionales como Israel, Irán, Siria, o Francia, máxime si se considera que los problemas del estado levantino son tan profundos, y su liderazgo nacional tan débil, que no parece sea capaz de superarlos por sí solo.

El drama del Líbano es que su propia división sectaria hace difícil que surjan naciones dispuestas a donar con criterios transversales que ayuden a superar la brecha que divide internamente al país, y que la ayuda que pueda recibir de actores como Irán o Arabia Saudita, no hace sino apuntalarla. Los esfuerzos del presidente francés, Emmanuel Macron, autoerigido como impulsor de la reconstrucción libanesa, no parecen, por el momento, ganar momento. En la conferencia de donantes que convocó el 9 de julio con quince jefes de estado, obtuvo contribuciones por valor de 250 millones de dólares para revitalizar la mortecina economía libanesa. Mientras, el alcalde de Beirut estima que el montante de la reconstrucción por la explosión de agosto en el puerto de la capital asciende a una cifra que sitúa entre los 3.000 y los 5.000 millones de dólares.

Como imagen especular de esta dificultad, las comunidades libanesas, cómodamente instaladas en el statu quo, rechazan una ayuda, sin duda necesaria, si sienten que puede ir en detrimento de sus respectivas bases de poder. Hezbolá, por ejemplo, no acepta los programas del FMI, complicando la consecución del consenso nacional necesario que facilite el apoyo de esta institución. Resulta difícil escapar de este círculo vicioso, de modo que la continuidad del sistema político actual, y con él la de la grave crisis financiera libanesa, parecen hechos inevitables. De esta perpetuación resultan algunas posibilidades, sombrías casi todas, para el futuro libanés. La primera de ellas es que el Líbano continúe precipitándose por el plano inclinado que la está convirtiendo en un estado fallido, y que esta condición acabe por provocar una guerra civil precipitada por sucesos similares a los sucedidos durante la Primavera Árabe en otros estados de la región. Esta eventualidad resucitaría los fantasmas del pasado, produciría una inestabilidad regional difícilmente mensurable pero que, sin duda, provocaría la intervención de actores regionales e internacionales, y podría acabar desmembrando el país, resultado este último que no haría sino sembrar la semilla de más inestabilidad en toda la región.

Sin llegar a ese extremo, el desorden interno puede llegar a quebrar el precario equilibrio de poder sobre el que se basa la vida política libanesa, en beneficio de alguno de sus grupos sectarios. Hezbolá, líder indiscutible de la fracción chií del país, aparece aquí como el grupo más organizado y fuerte dentro del país y, por tanto, como el que más podría ganar de esta quiebra. Debe tenerse en cuenta que, además de con el apoyo de la práctica totalidad del 27 por ciento de chiitas libaneses, la organización-milicia es vista de forma favorable por muchos miembros de la dividida comunidad cristiana –algo más de un 45 por ciento de la población del país– que anteponen su anhelo de orden y seguridad interna en el país a otras consideraciones. Sabedor de ello, el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, se muestra moderado en sus propuestas, viendo en la comunidad sunnita, apoyada por Arabia Saudita, a su verdadero rival, y tratando de ampliar su base de poder.

Irán sería, sin duda, el verdadero triunfador de este escenario, pues no parece realista pensar en un Hezbolá que, una vez alcanzada la mayoría de edad, pase a tener una vida propia al margen del régimen de los ayatolás. Teherán completaría, con esta nueva pieza, el arco chiita que conecta Irán con Irak y, a través de Siria, con el Mediterráneo Oriental. Los efectos desestabilizadores de tal situación, sin embargo, no pueden ser subestimados si se tiene en cuenta que la sola posibilidad de que la República Islámica de Irán se haga con el control absoluto del Líbano constituye un casus belli para Israel.

En una nota positiva, la grave crisis que atraviesa el país y la fuerte presión popular, al menos en áreas urbanas, puede ser, paradójicamente, un acicate para superar el sistema sectario que tanto ha contribuido a generar esta situación. Sin embargo, semejante transición únicamente tiene posibilidades de avanzar –no importa cómo de tenues– con un decidido apoyo externo al por mayor.

En este escenario, el papel de la comunidad internacional no debe limitarse al aporte de recursos económicos para evitar el colapso del país. Su implicación tiene que favorecer el desarrollo y sostenimiento de movimientos cívico-políticos de base intersectaria que sean capaces de reemplazar a quienes perpetúan el actual sistema. Para ello, a su vez, es imperativo que las naciones contribuyentes presten su ayuda con altura de miras, renunciando a cualquier intento de configurar un Líbano a la medida de sus respectivos intereses nacionales, y forzando a las élites que controlan las facciones a abdicar del statu quo en pro de una verdadera identidad libanesa. La pregunta obvia es: ¿hay alguna posibilidad real de que esto suceda? La realidad, desafortunadamente, no permite albergar grandes esperanzas.

Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

Tres visiones

No obstante, el deseo de creación de un órgano de cooperación en el seno del Triángulo de Weimar supone todo un reto, pues cada país representa, de una forma u otra, uno de tres de los programas de política exterior que dividen a Europa.

En un extremo del espectro está el gaullismo francés, que aboga por una Europa independiente y es receloso de la presencia de Estados Unidos en Europa, pues hay que recordar que Francia ya tiene un fuerte ejército. París abandonó esta perspectiva por la atlantista en 2007 con Sarkozy, pero ha sido recuperada por Macron. Esto hace que la retórica de Macron pueda llevar a encontronazos con los norteamericanos, al tiempo que también busca marcar perfil propio frente a Moscú y Pekín.

En medio se encuentra el pragmatismo alemán: Alemania no quiere aumentar los conflictos y prefiere centrarse en su economía. Por un lado negocia con los rusos recibir gas para la actividad de su industria y por otro quiere que las tropas de Estados Unidos sigan en su territorio, pues su marcha le obligaría a aumentar el gasto en seguridad. En los planes europeos para la recuperación tras la pandemia de Covid-19 Alemania ha estado claramente más ausente y Macron ha sido quien ha tomado la iniciativa.

Finalmente encontramos el atlantismo polaco. Polonia es quizás el país más atlantista de la UE. Incluso bajo la Administración Trump ha habido un nivel alto de pro-americanismo entre la población y la clase política. El Gobierno ha pujado por lograr acoger una base estadounidense y el ministro de Defensa Mariusz Błaszczak ha elogiado de modo entusiasta el papel de Estados Unidos como defensor del mundo libre. Esto no es nuevo, pues ya la invasión de Irak de 2003 fue apoyada por Polonia, frente al rechazo de Francia y Alemania. Polonia sigue viendo a Rusia como su mayor amenaza y a Estados Unidos y la OTAN como garantes de protección.

Vuelve el Triángulo

Su situación geográfica explica la posición de Polonia y no va a dejar de querer bases de la OTAN en su territorio. No obstante, entiende que necesita aliados cercanos con mayor estabilidad interna –de ahí su acercamiento a Alemania y Francia– que la que ofrece la Administración Trump, cuya imagen internacional está muy dañada, o un Reino Unido más ocupado en gestionar el Brexit que los asuntos de seguridad.

Por otra parte, Macron quiere evitar que Polonia sustituya a Reino Unido como representante de la política norteamericana en Europa, por eso ha cambiado de estrategia para evitar alienarla con las críticas a sus reformas judiciales. Macron no las mencionó en su visita a Varsovia de febrero de este año y únicamente animó a “respetar los valores europeos”. De alguna forma Macron entiende que tras el Brexit va a necesitar a Polonia para avanzar en sus planes de política exterior europea y por ello es importante traerla a la sala de mando. Macron llegó a decir en Varsovia que Polonia, Alemania y Francia deberían guiar a la Unión post-Brexit. Además, anunció el envío de 600 hombres más a Polonia, lo que elevará a 5.100 los soldados franceses en ese país.

En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, si bien las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus han ralentizado algunos contactos, a la espera también de que la economía comience a recuperarse. La presidencia del Consejo recién estrenada por Alemania, por otra parte, desaconseja que Berlín aparezca excesivamente alineado con un determinado vector europeo. Pueda darse, pues, una cierta hibernación coyuntural del Triángulo de Weimar; en cualquier caso, aunque se trata de una fórmula arriesgada, si se coordina con el Parlamento y con la Comisión su consolidación podría suponer un avance en la cohesión y la gobernanza europea.

La pandemia refuerza el valor de los centros de producción en las mismas subregiones

Las zonas francas de Centroamérica y del Caribe han sido un importante motor para las economías de la región. Favorecidas por la creciente globalización de las últimas décadas, ahora podrían verse potenciadas por un fenómeno en dirección opuesta: la «glocalización», la conveniencia de que los centros de producción estén en la misma subregión, cerca de los grandes mercados, para así evitar los problemas en las cadenas de suministros distantes vistos durante esta crisis del Covid-19 que tanto ha afectado al transporte y las comunicaciones. Los dos países líderes latinoamericanos en zonas francas, República Dominicana y Costa Rica, ofrecen mano de obra a precio conveniente y suficientemente cualificada a las puertas de Estados Unidos.

▲ Una de las zonas francas de República Dominicana [CNZFE]

ARTÍCULO / Paola Rosenberg

Las denominadas zonas francas, también conocidas en algunos países como zonas libres, son áreas estratégicas dentro de un territorio nacional que poseen ciertos beneficios tributarios y aduaneros. En ellas se desarrollan actividades comerciales e industriales favorecidas por normas especiales de exportación e importación. Es un modo de potenciar la inversión y el empleo, así como la producción y exportación, logrando con ello el desarrollo económico de una parte del país o de su conjunto.

Las zonas francas son importantes en Latinoamérica, constituyendo en el caso de las economías más reducidas los principales núcleos de producción y de exportación. De acuerdo con la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), en el mundo existen unas 3.500 zonas francas, de las cuales 400 se encuentran en Latinoamérica, lo que supone el 11,4% del total. Dentro de esta región, tienen un especial peso en los países de Centroamérica y del resto de la cuenca del Caribe. Son singularmente importantes en República Dominicana y Costa Rica, así como en Nicaragua, El Salvador, Colombia y Uruguay (también en Puerto Rico).

Estos países se benefician de contar con abundante mano de obra (especialmente formada en el caso costarricense) y a bajo costo (singularmente en el caso nicaragüense), y ello cerca de Estados Unidos. Para fabricantes que desean entrar en el mercado estadounidense puede resultar interesante invertir en esas zonas francas, aprovechando las ventajas fiscales y las condiciones de la mano de obra, al tiempo que su producción se encontrará geográficamente muy cerca de su lugar de destino.

Esto último gana puntos en un mundo post Covid-19. La tendencia a una subregionalización, ante la fractura de las dinámicas de la globalización, ha sido destacada para otras áreas del continente americano, como es el caso de la Comunidad Andina, pero igualmente tiene un gran sentido para una mayor integración entre Estados Unidos y el Gran Caribe. En la medida en que, además, EEUU camine hacia un cierto desacoplamiento de China, las zonas francas de esta área geográfica pueden cobrar también una mayor relevancia.

Reproducción del informe gráfico de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), 2018

Zonas francas de exportación

Las zonas francas pueden estar destinadas a la exportación (mercado externo), a la sustitución de importaciones (mercado interno) o a ambas cosas. Las primeras pueden tener un alto componente industrial, bien buscando la diversificación o dependiendo de las maquilas, o poner el acento en los servicios logísticos (en el caso de las zonas libres de Panamá).

Las zonas francas de exportación de productos han tenido un especial éxito en República Dominicana y Costa Rica. Como indica la AZFA, de los 31.208 millones de dólares exportados desde las zonas francas latinoamericanas en 2018, el primer puesto correspondió a las dominicanas, con 5.695 millones, y el segundo a las costarricenses, con 4.729 millones (el tercer puesto fue para Puerto Rico, con 3.000 millones). Las exportaciones desde las zonas francas de República Dominicana supusieron el 56% de todas las exportaciones realizadas por ese país; en el caso de Costa Rica fue del 48% (el tercero en el ranking fue Nicaragua, con el 44%).

República Dominicana es el país con mayor número de zonas francas (71 zonas de multiempresas) y sus 665 empresas generaron mayor cantidad de empleos directos (165.724). Costa Rica cuenta con 48 zonas francas (en tercera posición, tras Nicaragua), y sus 343 empresas generaron 93.496 puestos de trabajo directos (en quinta posición).

En cuanto a la rentabilidad que para el país supone esta modalidad económica, por cada dólar exonerado entre 2010 y 2015 las zonas francas de Costa Rica generaron un promedio de 6,2 dólares y 5 dólares las de la República Dominicana (El Salvador ocupó la segunda posición, con 6 dólares).

Por lo que se refiere específicamente a Costa Rica, un informe de finales de 2019 de la entidad costarricense de promoción del comercio exterior, Procomer, situó la contribución de las zonas francas en el 7,9% del PIB, generando un total de 172.602 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con un crecimiento anual del número de empleos de un 10% de promedio anual entre 2014 y 2018. En esas zonas está el 12% del empleo formal del sector privado del país. Un dato importante sobre la contribución al desarrollo de la economía local es que el 47% de las compras realizadas por las firmas situadas en las zonas francas fueron a empresas nacionales. Una dimensión social destacada es que las zonas aportaron 508 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social en el 2018.

El régimen de zonas francas de la República Dominicana es especialmente aplaudido por el Banco Mundial, que califica a este país de pionero en este tipo de instrumento de promoción productiva y comercial, presentándolo como “el caso de éxito más conocido en el hemisferio occidental”. De acuerdo con las estadísticas del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), estas han contribuido en los recientes ejercicios al 3,3% del PIB, ayudando con ello a los importantes crecimientos de la economía del país en los últimos años (una de las mayores tasas de la región, con un promedio por encima del 6% hasta el comienzo de la presente crisis mundial). La cercanía geográfica a Estados Unidos hace que sus zonas francas sean ideales para empresas estadounidenses (casi el 40% de la inversión llega de EEUU) o para empresas de otros países que quieran exportar al gran mercado norteamericano (el 34% de la exportación se dirige a EEUU).

El hallazgo de una cantidad “significativa” de petróleo en pozos ‘off-shore’ coloca a la excolonia neerlandesa tras los pasos de su vecina Guyana

La intuición se ha demostrado acertada y las prospecciones realizadas bajo aguas territoriales de Surinam, junto a la exitosa bolsa de hidrocarburos que se está explotando en los límites marítimos de Guyana, han encontrado abundante petróleo. El hallazgo puede suponer un decisivo empuje para el desarrollo del que es, precisamente después de Guyana, el segundo país más pobre de Sudamérica, pero también puede ser ocasión, como ocurre con su vecino, de acentuar una corrupción económica y política que ha venido lastrando el progreso de la población.

▲ Palacio presidencial de Surinam, en la capital del país, Paramaribo [Ian Mackenzie]

ARTÍCULO / Álvaro de Lecea

En lo que va de año, las perforaciones en dos yacimientos ‘off-shore’ de Surinam han dado resultado positivo, confirmando la existencia “significativa” de petróleo en el bloque 58, operado por la francesa Total, en sociedad con la estadounidense Apache. Todo indica que igual éxito podría obtenerse en el bloque 52, operado por la también estadounidense ExxonMobil y la malaya Petronas, que fueron pioneras en las prospecciones en aguas de Surinam con operaciones desde 2016.

Ambos bloques colindan con los campos en explotación bajo aguas de la vecina Guyana, donde de momento se calcula que existen unos 3.200 millones de barriles extraíbles de petróleo. En el caso surinamés, las prospecciones realizadas en el primer yacimiento viable, Maka Central-1, descubierto en enero de 2020, hablan de 300 millones de barriles, pero falta sumar las estimaciones a partir de Sapakara West-1, descubierto en abril, y subsiguientes prospecciones programadas. Se considera que en la cuenca de Guyana y Surinam pueden existir unos 15.000 millones de barriles de reservas de petróleo.

Hasta esta nueva era petrolera de las Guayanas (las antiguas Guayanas inglesa y holandesa; la francesa sigue como dependencia ultramar de Francia), se consideraba que Surinam tenía unas reservas de 99 millones de barriles, que al ritmo de su explotación actual dejaba dos décadas para agotarlas. En 2016, el país producía apenas 16.400 barriles diarios.

Situación política, económica y social

Con algo menos de 600.000 habitantes, Surinam es el país menos poblado de Suramérica. Su economía depende en gran medida de la exportación de metales y minerales, especialmente bauxita. La caída de precios de las materias primas desde 2014 afectó especialmente a las cuentas del país. En 2015 se produjo una contracción del PIB del 3,4% y del 5,6% en 2016. Aunque luego la evolución volvió a ser positiva, el FMI pronostica para este 2020, a raíz de la crisis mundial por el Covid-19, una caída del 4,9% del PIB.

Desde que logró su independencia en 1975 de los Países Bajos, su débil democracia ha sufrido tres golpes de estado. Dos de ellos fueron liderados por la misma persona: Desi Bouterse, presidente del país hasta este mes de julio. Bouterse dio un golpe de estado en 1980 y siguió a la cabeza del poder indirectamente hasta 1988. Durante esos años, mantuvo a Surinam bajo una dictadura. En 1990 dio otro golpe de estado, aunque está vez renunció a la presidencia. Fue acusado del asesinato en 1982 de 15 opositores políticos, en un largo proceso judicial que finalmente acabó en diciembre de 2019 con una sentencia de veinte años de prisión y que ahora está apelada por Bouterse. También ha sido condenado por narcotráfico en Holanda, por lo que la consiguiente orden de captura internacional le impide salir de Surinam. Su hijo Dino también ha sido condenado por tráfico de drogas y armas y se encuentra preso en Estados Unidos. El Surinam de Bouterse ha llegado a ser presentado como el paradigma del estado mafioso.

En 2010 Desi Bouterse ganó las elecciones como candidato del Partido Nacional Democrático (PND); en 2015 fue reelegido para otros cinco años. En las elecciones del pasado 25 de mayo, a pesar de algunas controvertidas medidas para limitar las opciones de la oposición, perdió frente a Chan Santokhi, líder del Partido de la Reforma Progresista (VHP). Intentó retrasar el conteo y validación de votos alegando la emergencia sanitaria del coronavirus, pero finalmente a finales de junio la nueva Asamblea Nacional quedó constituida y esta debe designar al nuevo presidente del país a lo largo de julio.

Operaciones de Total en aguas de Surinam y de Guyana [Total]

Relación con Venezuela

Surinam tiene la intención de aprovechar esta perspectiva de bonanza de crudo para fortalecer Staatsolie, la compañía petrolera estatal. En enero, antes de la generalización de la crisis por Covid-19, anunció el propósito de expandir su presencia en el mercado de bonos en 2020 y también, si las condiciones lo permitían, de cotizar sus acciones en Londres o Nueva York. Esto serviría para recaudar hasta 2.000 millones de dólares para financiar la campaña de exploración de los próximos años por parte de la petrolera nacional.

Por otra parte, las reclamaciones territoriales que hace Venezuela frente a Guyana, que afectan al Esequibo –la mitad occidental de la antigua colonia inglesa– y que están siendo estudiadas por el Tribunal Internacional de Justicia, incluyen parte del espacio marítimo en el que Guayana está realizando extracciones petroleras, pero no afectan en el caso de Surinam, cuyas delimitaciones quedan al margen de esa vieja disputa.

Venezuela y Surinam han mantenido especiales relaciones durante el chavismo y mientras Desi Bouterse ha estado en el poder. En ocasiones se han señalado cierta conexión entre el narcotráfico amparado por autoridades chavistas y el atribuido a Bouterse. La oferta que hizo el hijo de este a Hezbolá para tener campos de entrenamiento en Surinam, asunto por el que fue detenido en 2015 en Panamá a demanda de Estados Unidos y juzgado en Nueva York, puede entenderse a la luz de la relación mantenida por el chavismo y Hezbolá, a cuyos operativos Caracas ha entregado pasaportes para facilitar sus movimientos. Surinam ha apoyado a Venezuela en los foros regionales en momentos de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, el país ha venido estrechando cada vez más sus relaciones con Rusia y China, de la que en diciembre de 2019 logró el compromiso de un nuevo crédito.

Con el cambio político de las últimas elecciones, en principio la Venezuela de Maduro pierde un estrecho aliado, al tiempo que puede ganar un competidor petrolero (al menos mientras la explotación petrolera venezolana siga bajo mínimos).

La alta incidencia del Covid-19 en el país contrasta con la rapidez del Gobierno en aplicar medidas

Perú ha sido un ejemplo en la crisis del Covid-19 por la rapidez en aplicar medidas de confinamiento y por aprobar uno de los mayores paquetes de estímulo económico del mundo, cercano al 17% del PIB. Sin embargo, la gran incidencia de la pandemia, que ha convertido a Perú en el segundo país latinoamericano en casos de coronavirus y el tercero en muertes, ha obligado a prolongar más de lo esperado las restricciones de la actividad. Esto y la menor demanda exterior, más débil de lo inicialmente pronosticado, han “eclipsado con creces” el importante apoyo económico del Gobierno, según el FMI, que prevé para Perú una caída del 13,9% del PIB en 2020, la mayor de las principales economías de la región.

▲ Conferencia del presidente peruano, Martín Vizcarra (d), en presencia de la titular de Economía, María Antonieta Alva (i) [Gob. del Perú]

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

Medios internacionales como Bloomberg y The Wall Street Journal han mostrado admiración por la joven ministra de Economía de Perú, María Antonieta Alva. A sus 35 años, tras una maestría en Harvard y cierta experiencia en la propia administración peruana, Alva diseñó al comienzo de la crisis uno de los planes de estímulo económico más ambiciosos en toda América del Sur.

“Desde una perspectiva latina, Perú es un líder claro en términos de respuesta macro; podría haber imaginado un resultado muy diferente si Toni no estuviera allí.”, ha afirmado Ricardo Hausmann, que fue profesor de Alva durante su estancia en Harvard y lidera un equipo de expertos que asesoran a Perú y otros diez países para mitigar los efectos del coronavirus. La ministra se ha convertido, además, en una de las caras más conocidas del Gobierno del presidente Martín Vizcarra entre las clases populares.

Perú fue uno de los primeros países en Latinoamérica en aplicar el estado de emergencia, limitando la libertad de reunión y de tránsito en el territorio peruano y restringiendo la actividad económica. Para evitar el contagio masivo del virus, el Gobierno decretó el cierre de fronteras, restricciones del movimiento interprovincial, toque de queda diario y un periodo obligatorio de aislamiento nacional, que se ha extendido sucesivas veces y ha devenido en uno de los más largos del mundo.

Esa prolongación, acordada ante la alta incidencia de la pandemia, ha dañado más de lo previsto las perspectivas económicas. Además, la prolongación de la emergencia en países destinatarios de las exportaciones peruanas ha debilitado su demanda de materias primas y perjudicado el resurgimiento de la economía de Perú. Así lo estima el FMI, que entre su pronóstico de abril y el actualizado en junio ha añadido nueve puntos más a la caída del PIB peruano para 2020. El FMI considera ahora que la economía peruana caerá un 13,9% este año, la mayor cifra entre los principales países de la región. Si bien el ambicioso paquete de estímulo no habrá impedido ese descenso, sí potenciará la recuperación, con un incremento del PIB del 6,5% en 2021, a su vez el rebote más pronunciado entre las mayores economías latinoamericanas. Respecto a esta última previsión, el FMI precisa que, no obstante, “hay riesgos a la baja significativos, vinculados a los desafíos nacionales y mundiales para controlar la epidemia”.

Un contexto socioeconómico que no ayuda al confinamiento

A pesar de las restrictivas medidas de distanciamiento social, la pandemia ha tenido una alta incidencia en Perú, con 268.602 casos diagnosticados (en Latinoamérica, solo por detrás de Brasil) y 8.761 muertos (por detrás de Brasil y México) a fecha de 25 de junio. Esas elevadas cifras en parte se han debido a que las condiciones socioeconómicas del país han hecho que el cumplimiento del confinamiento no haya sido muy estricto en ciertas situaciones. El contexto social ha dificultado el respeto de la cuarentena obligatoria por problemas estructurales como la fragilidad de los servicios de salud y de infraestructura, la dificultad para hacer compras públicas eficientes, el hacinamiento en las cárceles o la brecha digital.

El alto nivel de informalidad laboral, que en 2019 fue del 72%, explica que muchas personas deban seguir trabajando para asegurar su subsistencia, sin el seguimiento de ciertos protocolos o acceso a determinado material; al mismo tiempo esa informalidad impide una mayor recaudación de impuestos que ayudaría a mejorar partidas presupuestarias como la sanidad. Perú es el segundo país latinoamericano con menor inversión sanitaria.

Por otro lado, la desigualdad, que en 2018 fue de 42,8 en el índice de Gini, se ve agravada en la distribución territorial del gasto, ligada a la centralización de empleo de la población rural en Lima. Durante la pandemia los trabajadores de la sierra del país emigrados a la capital han querido volver a sus lugares de origen, pues muchos no están en planilla y no cuentan con derechos laborales, contraviniendo las restricciones de movilidad.

Ese contexto social hace puede cuestionar algunas de las medidas económicas aprobadas, según han expresado algunos académicos peruanos. El presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada, advirtió que las fortalezas macroeconómicas peruanas no ayudarán para siempre. Consideró que ciertos reglamentos son incumplibles, pues “poner parámetros como el índice de masa corporal (IMC) o un límite de edad, genera trabas en este grupo de personas, que podrían ser altamente calificados, y no podrían volver a su centro de trabajo”

Paquete económico

A finales de abril la ministra Alva presentó un paquete de estímulo económico de 26.000 millones de dólares, que representaba el 12% del PIB. Medidas adicionales elevaron un mes después ese porcentaje el 14,4% del PBI, e incluso luego se habría acercado al 17%. Comparativamente se trata de unos de los mayores estímulos adoptados en el mundo (en Latinoamérica, el segundo país es Brasil, con un estímulo del 11,5% del PIB).

De acuerdo con el seguimiento que el FMI está realizando de cada país, Perú ha adoptado medidas en tres diferentes ámbitos: fiscal, monetarias y macro-financieras, y en cuanto a la tasa de cambio y la balanza de pagos.

En primer lugar, en cuanto a las medidas fiscales, el gobierno aprobó 1.100 millones de soles (0,14% del PIB) para atender la emergencia de salud. Complementariamente se han aplicado distintas medidas, entre las cuales destacan dos: el bono “Quédate en tu casa” y la creación del Fondo de Apoyo Empresarial para las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-MYPE).

La primera medida, para la cual el gobierno aprobó aproximadamente 3.400 millones de soles (0,4% del PIB) en transferencias directas; es un bono de 380 soles (110 dólares), dirigido a los hogares pobres y poblaciones vulnerables, del que ha habido dos desembolsos. La segunda medida, se refiere a la creación de un fondo de 300 millones de soles (0.04% del PIB) para dar apoyo a las MYPE, en un intento de garantizar créditos para el capital de trabajo y de reestructurar o refinanciar sus deudas.

Entre otras medidas fiscales, el gobierno aprobó una extensión de tres meses para la declaración del impuesto sobre la renta para las PYME, cierta flexibilidad a las empresas y los hogares en el pago de las obligaciones fiscales y un aplazamiento de los pagos de electricidad y agua de los hogares.  Todo el paquete de apoyo fiscal supone más del 7% del PIB.

Por otro lado, en cuanto a las medidas monetarias y macro-financieras, el Banco Central Reserva (BCR) redujo la tasa de encaje en 200 puntos básicos, llevándola al 4%, y está monitoreando la evolución de la inflación y sus determinantes para aumentar el estímulo monetario si es necesario. Además ha reducido los requisitos de reservas, ha proporcionado liquidez al sistema con un paquete respaldado por garantías gubernamentales de 60.000 millones de soles (más del 8% del PIB) para respaldar los préstamos y la cadena de pagos.

Además, se han aplicado medidas en cuanto a la tasa de cambio y la balanza de pagos, mediante la intervención del BCR en el mercado de divisas. Para el 28 de mayo, el BCR había vendido aproximadamente 2.000 millones de dólares (el 0.9% del PIB) en swaps de divisas. Las reservas internacionales siguen siendo significativas, con más del 30% del PIB.

Por otra parte, en el terreno de las relaciones comerciales, Perú acordó no imponer restricciones a las operaciones de comercio exterior, al tiempo que liberalizó las operaciones de carga de mercancías, aceleró la emisión de los certificados de origen, eliminó temporalmente algunos aranceles y dejó sin aplicación diversas infracciones y sanciones contenidas en la Ley General de Aduanas. Esto se llevó a cabo especialmente en las transacciones con socios estratégicos, como la Unión Europea, según indicó Alberto Almendres, el presidente de Eurocámaras (la Asociación de Cámaras Europeas en el Perú). El 50% de la inversión extranjera en Perú proviene de Europa.

En cuanto a las exportaciones peruanas, aunque al comenzar el año la emergencia del coronavirus en China supuso una ralentización de las transacciones con ese país, las exportaciones mineras y agrarias siguieron en valores positivos en los dos primeros meses del año, como indica el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam). Después la afectación ha sido mayor, sobre todo en el caso de las exportaciones de materias primas y del turismo.

Comparación con Chile y Colombia 

La situación en Perú puede analizarse en comparación con sus vecinos Chile y Colombia, que tendrán una caída algo menor del PIB en 2020, aunque su recuperación también será algo menor.

En cuanto al número de casos de Covid-19 confirmados a 25 de junio, Chile (259.064 casos) ofrece unas dimensiones del problema parecidas a las de Perú (268.602), si bien el número de fallecidos es casi la mitad (4.903 chilenos y 8.761 peruanos), lo que se corresponde a la proporción de su población total.

En respuesta a la pandemia, las autoridades chilenas implementaron una serie de medidas, incluyendo la declaración del estado de catástrofe, restricciones de viaje, cierre de escuelas, toques de queda y prohibiciones de reuniones públicas y una ley de teletrabajo. Esta crisis llegaba solo unos meses después del malestar social vivido en el país en el último trimestre de 2019.

En el terreno económico, Chile aprobó un estímulo del 6,7% del PIB. El 19 de marzo, las autoridades presentaron un paquete de medidas fiscales de hasta 11.750 millones de dólares centrado en apoyar el empleo y la liquidez de las empresas (4,7% del OPIB), y el 8 de abril se anunciaron 2.000 millones de dólares adicionales de ayuda a hogares vulnerables, así como un plan de garantía del crédito de 3.000 millones (2%). En su actualización de previsiones de junio, el FMI considera que el PIB chileno caerá un 7,5% en 2020 y se incrementará un 5% en 2021.

En cuanto a Colombia, el nivel de contagios ha sido menor (77.313 casos y 2.611 fallecidos), y su paquete económico para hacer frente a la crisis también ha sido más pequeño: un 2,8% del PIB. El Gobierno creó un Fondo Nacional de Mitigación de Emergencia, que se financiará parcialmente con fondos regionales y de estabilización (alrededor del 1,5% del PIB), lo que se complementará con la emisión de bonos nacionales y otros recursos presupuestarios (1,3%). En su reciente actualización, el FMI prevé que el PIB de Colombia caerá un 7,8% en 2020 y subirá un 4% en 2021.