El Comando Sur de Estados Unidos destaca el interés iraní en la consolidación de las redes de inteligencia y financiación de Hezbolá en la región

• A lo largo de 2019 Rosneft extremó su control sobre PDVSA, llegando a comercializar el 80% de la producción, pero las sanciones estadounidenses obligaron a su marcha del país

• La llegada de efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní se produce en medio de un despliegue naval y aéreo de EEUU en el Caribe, no lejos de las aguas de Venezuela

• Los iraníes, acuciados de nuevo por las sanciones de Washington, vuelven a país que les ayudó a burlar el cerco internacional durante la era de la alianza Chávez-Ahmadineyab

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▲ Nicolás Maduro y el presiente iraní, Hassan Rouhani, en un encuentro en Teherán en 2015 [Hossein Zohrevand, Tasnim News Agency]

INFORME SRA 2020 / Emili J. Blasco  [versión en PDF]

En poco tiempo Venezuela ha pasado de depender de los créditos de China, a echarse en manos del sector energético ruso (como quedó especialmente de manifiesto en 2019) y luego a pedir la ayuda de los técnicos petroleros de Irán (como se ha visto a comienzos de 2020). Si los créditos públicos chinos se suponía que iban a mantener en funcionamiento el país, el auxilio de Rosneft ya solo pretendía salvar la petrolera nacional, PDVSA, mientras que la ayuda de la Guardia Revolucionaria iraní únicamente busca reactivar algunas refinerías. Cada vez quien asiste a Venezuela tiene una talla menor y el propósito es más reducido.

En apenas diez años los grandes bancos públicos chinos otorgaron 62.200 millones de dólares de créditos al gobierno de Venezuela. El último de los 17 créditos llegó en 2016; desde entonces Pekín ha desoído los golpes que Nicolás Maduro ha dado a su puerta. Aunque ya desde 2006 el chavismo había recibido también créditos de Moscú, (unos 17.000 millones de dólares, para la compra de armas a la propia Rusia), Maduro se volcó en las súplicas a Vladimir Putin cuando la ayuda china terminó. Sin querer tampoco dar más créditos, el Kremlin articuló otro modo de auxiliar al régimen que al mismo tiempo asegurara el cobro inmediato de beneficios. Así comenzó la implicación directa de Rosneft en diversos aspectos del negocio petrolero venezolano, más allá de la explotación específica de algunos campos.

Ese mecanismo tuvo especial relevancia en 2019, cuando las progresivas sanciones de Estados Unidos sobre la actividad petrolera de Venezuela comenzaron a tener un gran efecto. Para burlar las sanciones a PDVSA, Rosneft se convirtió en comercializadora del petróleo venezolano, controlando la puesta en el mercado de la mayor parte de la producción total (entre el 60% y el 80%).

La amenaza de Washington de castigar también a Rosneft hizo que esta compañía derivara el negocio a dos subsidiarias, Rosneft Trading y TNK Trading International, que a su vez dejaron esa actividad cuando Estados Unidos las señaló. A pesar de que Rosneft sirve generalmente los intereses geopolíticos del Kremlin, el hecho de que en su accionariado esté BP o fondos de Qatar obliga a que la compañía no arriesgue tan fácilmente su cuenta de resultados.

La marcha de Rosneft, que por otra parte tampoco vio sentido económico a seguir implicándose en reactivar las refinerías venezolanas, cuya parálisis ha sumido al país en una generalizada falta de suministro de carburante a la población, dejó a Maduro sin muchas opciones. Los rusos abandonaron la refinería de Armuy a finales de enero de 2020 y al mes siguiente ya había iraníes retomando el intento de ponerla en funcionamiento. En unas semanas se hacía pública la nueva implicación de Irán en Venezuela: Tarek el Assami, el dirigente chavista con mayores conexiones con Hezbolá y el mundo chií, fue nombrado ministro del Petróleo en abril, y en mayo cinco cargueros llevaron fuel y presumiblemente maquinaria de refinación de Irán a Venezuela.

El suministro no resolvía mucho (la gasolina apenas serviría para el consumo de pocas semanas) y difícilmente los técnicos iraníes, parte de ellos al menos dirigidos por la Guardia Revolucionaria, iban a poder arreglar el problema de refinación. Mientras, Teherán lograba a cambio importantes cargamentos de oro como pago a sus servicios (nueve toneladas, según la Administración Trump). En los transportes intervino la compañía aérea iraní Mahan, utilizada por la Guardia Revolucionaria en sus operaciones.

Así, ahogado por el nuevo esquema de sanciones impuesto por Donald Trump, Irán volvía a Venezuela en busca de oxígeno económico y también de colaboración política frente a Washington, como cuando Mahmud Ahmadineyad se alió con Hugo Chávez para aliviar las restricciones del primer régimen de sanciones que padecía la nación islámica.

Despliegue naval y aéreo de EEUU

La «injerencia» de Irán en el Hemisferio Occidental ya había sido mencionada, entre el elenco de riesgos para la seguridad regional, en la comparecencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el Capitolio de Washington (en enero acudió al Senado y el marzo a la Cámara de Representantes, con un mismo discurso escrito). Faller se refirió sobre todo al uso que Irán hace de Hezbolá, cuya presencia en el continente se ha visto ayudada por el chavismo desde hace años. Según el almirante, esa actividad vinculada a Hezbolá «permite a Irán recoger inteligencia y llevar a cabo planes de contingencia para posibles ataques de represalia contra Estados Unidos y/o intereses occidentales».

No obstante, lo novedoso de la intervención de Faller estuvo en otros dos asuntos. Por un lado, por primera vez el jefe del Comando Sur situaba el riesgo de China por delante del de Rusia, en un contexto de creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que también se manifiesta en la toma de posiciones de las inversiones en chinas en obras de infraestructura estratégicas de la región.

Por otro lado, anunció un próximo «aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el hemisferio», algo que comenzó a tener lugar a finales de marzo de 2020 cuando embarcaciones y aviones estadunidenses se desplegaron en el Caribe y el Pacífico para reforzar la lucha contra el narcotráfico. En el contexto de su discurso, esa mayor actividad militar en la región se entendía como un necesario aviso hacia los países extrahemisféricos.

«Por encima de todo, en esta lucha lo que importa es la presencia persistente», dijo, «tenemos que estar presentes en el campo para competir, y tenemos que competir para ganar». En concreto, propuso más actuaciones y maniobras conjuntas con otros países de la región y la «rotación recurrente de pequeños equipos de fuerzas operaciones especiales, soldados, marineros, pilotos, marines, guardas costeros y personal de la Guardia Nacional para ayudarnos a fortalecer esas colaboraciones».

Pero la llegada de barcos de Estados Unidos cerca de las aguas de Venezuela, apenas unos días después de que el 26 de marzo se anunciara desde Nueva York y Miami la apertura de una macrocausa judicial por narcotráfico y otros delitos contra los principales dirigentes chavistas, entre ellos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, dio a ese despliegue militar una connotación de cerco físico al régimen chavista.

Ese despliegue dio también cierto contexto a otros dos desarrollos ocurridos poco después, ofreciendo lecturas equivocadas: la fracasada Operación Gedeón, el 3 de mayo, de un grupo de mercenarios que aseguraron tener la intención de infiltrarse en el país para Maduro (las mayores capacidades de transmisiones adquiridas por EEUU en la zona, gracias a sus maniobras, en principio no fueron empleadas en esa operación), y la llegada de los buques de Irán a finales de mes (el despliegue estadounidense hizo sospechar que Washington podía interceptar el avance de los navíos, cosa que no sucedió).

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020 / Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

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INFORME SRA 2020 / Presentación

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.

[Ming-Sho Ho, Challenging Beijing’s Mandate of Heaven. Taiwan's Sunflower and Hong Kong's Umbrella Movement. Temple University Press. Philadelphia, 2019. 230 p.]

RESEÑA / Claudia López

El Movimiento Girasol de Taiwán y el Movimiento de los Paraguas de Hong Kong alcanzaron una gran notoriedad internacional a lo largo de 2014, cuando retaron el ‘mandato del Cielo’ del régimen chino, por usar la imagen que da título al libro. Este analiza los orígenes, los procesos y también los resultados de ambas protestas, en un momento de consolidación del ascenso de la República Popular China. Challenging Beijing’s Mandate of Heaven ofrece una visión general y a la vez detallada sobre dónde, por qué y cómo estos movimientos se gestaron y alcanzaron relevancia.

El Movimiento Girasol de Taiwán se desarrolló en marzo y abril de 2014, cuando manifestaciones ciudadanas protestaron contra la aprobación de un tratado de libre comercio con China. Entre septiembre y diciembre de ese mismo año, el Movimiento de los Paraguas protagonizó en Hong Kong 79 días de protestas exigiendo el sufragio universal para elegir a la máxima autoridad este enclave de especial estatus dentro de China. Estas protestas llamaron la atención internacionalmente por su organización, pacífica y civilizada.

Ming-Sho Ho comienza describiendo el trasfondo histórico de Taiwán y Hong Kong desde sus orígenes chinos. Luego analiza la situación de ambos territorios en lo que va del presente siglo, cuando Taiwán y Hong Kong han comenzado a encontrar mayor presión por parte de China. Además, repasa las similares circunstancias económicas que produjeron las dos oleadas de revueltas juveniles. En la segunda parte del libro, se analizan los dos movimientos: las contribuciones voluntarias, el proceso de toma de decisiones y su improvisación, el cambio de poder interno, las influencias políticas y los desafíos de la iniciativa. La obra incluye apéndices con la lista de personas de Taiwán y Hong Kong entrevistadas y la metodología utilizada para el análisis de las protestas.

Ming-Sho Ho nació en 1973 en Taiwán y ha sido un observador directo de los movimientos sociales de la isla; durante su época de estudiante de doctorado en Hong Kong también siguió de cerca el debate político en la excolonia británica. En la actualidad está investigando iniciativas para promover la energía renovable en las naciones de Asia Oriental.

El hecho de ser de Taiwán le dio acceso al Movimiento Girasol y le permitió entablar una estrecha relación con varios de sus principales activistas. Pudo presenciar algunas de las reuniones internas de los estudiantes y llevar a cabo entrevistas en profundidad con estudiantes, líderes, políticos, activistas de ONG, periodistas y profesores universitarios. Eso le proporcionó una variedad de fuentes para llevar a cabo su investigación.

Si bien son dos territorios con características distintas –Hong Kong se encuentra bajo soberanía de la República Popular China, pero goza de autonomía administrativa; Taiwán sigue siendo independiente, pero su condición de estado se ve desafiada–, ambos suponen un reto estratégico para Pekín en su consolidación como superpotencia.

La simpatía del autor hacia estos dos movimientos es obvia en todo el libro, así como su admiración por el riesgo asumido por estos grupos de estudiantes, especialmente en Hong Kong, donde muchos de ellos fueron declarados culpables de ‘molestia pública’ y de ‘alteración del orden público’ y, en numerosos casos, acabaron condenados a más de un año de prisión.

Los dos movimientos tuvieron un comienzo y un desarrollo parecidos, pero cada cual terminó de manera muy distinta. En Taiwán, gracias a la iniciativa, el tratado de libre comercio con China no prosperó y fue retirado, y los manifestantes pudieron convocar un acto de despedida para celebrar esa victoria. En Hong Kong, la represión policial logró ir ahogando la protesta y se produjo una última redada masiva que supuso un final decepcionante para los manifestantes. No obstante, es posible que sin la experiencia de aquellas movilizaciones no hubiera sido posible la nueva reacción estudiantil que a lo largo de 2019 y comienzos de 2020 ha puesto contra las cuerdas en Hong Kong a las máximas autoridades chinas.

ESSAY / Emilija Žebrauskaitė

Introduction

While the Western Westphalian State – and, consequently, the Western legal system – became the default in most parts of the world, Africa with its traditional ethics and customs has a lot to offer. Although the positive legalism is still embraced, there is a tendency of looking at the indigenous traditions for the inspiration of the system that would be a better fit in an African setting. Ubuntu ethics has a lot to offer and can be considered a basis for all traditional institutions in Africa. A great example of Ubuntu in action is the African Traditional Justice System which embraces the Ubuntu values as its basis. This article will provide a conceptualization of Ubuntu philosophy and will analyse its applications in the real-world scenarios through the case of Gacaca trials in Rwanda.

Firstly, this essay will define Ubuntu: its main tenants, how Ubuntu compares with other philosophical and ethical traditions, and the main criticism of Ubuntu ethics. Secondly, the application of Ubuntu ethics through African Indigenous Justice Systems will be covered, naming the features of Ubuntu that can be seen in the application of justice in the African setting, discussing the peace vs. justice debate and why one value is emphasized more than another in AIJS, and how the traditional justice in Africa differs from the Western one.

Lastly, through the case study of Gacaca trials in post-genocide Rwanda, this essay seeks to demonstrate that the application of the traditional justice in the post-genocide society did what the Western legalistic system failed to do – it provided a more efficient way to distribute justice and made the healing of the wounds inflicted by the genocide easier by allowing the community to actively participate in the judicial decision-making process.

It is the opinion of this article that while the African Traditional Justice System has it’s share of problems when applied in modern-day Africa, as the continent is embedded into the reality of the Westphalian state, each state being a part of the global international order, the Western model of justice is eroding the autonomy of the community which is a cornerstone of African society. However, the values of Ubuntu ethics persist, providing a strong basis for traditional African institutions. 

Conceptualization of Ubuntu

The word Ubuntu derives from the Bantu language group spoken widely across sub-Saharan Africa. It can be defined as “A quality that includes the essential human virtues; compassion and humanity” (Lexico, n.d.) and, according to Mugumbate and Nyanguru, is a homogenizing concept, a “backbone of African spirituality” in African ontology (2013). “Umuntu ngumuntu ngabantu” – a Zulu phrase meaning “a person is a person through other persons” is one of the widely spread interpretations of Ubuntu. 

In comparison with non-African philosophical thoughts, there can be found similarities between Ubuntu and the traditional Chinese as well as Western ethics, but when it comes to the modern Western way of thought, the contrast is striking. According to Lutz (2009), Confucian ethics, just like Ubuntu ethics, view the institution of family as a central building block of society. An Aristotelian tradition which prevailed in the Western world until Enlightenment had some characteristics similar to Ubuntu as well, namely the idea of Aristoteles that human being is a social being and can only reach his true potential through the community (Aristoteles, 350 B.C.E.). However, Tomas Hobbes had an opposite idea of human nature, claiming that the natural condition of man is solidarity (Hobbes, 1651). The values that still prevail in Ubuntu ethics, therefore, are rarely seen in modern liberal thought that prevails in the Western World and in the international order in general. According to Lutz (2009) “Reconciling self-realization and communalism is important because it solves the problem of moral motivation” which Western modern ethics have a hard time to answer. It can be argued, therefore, that Ubuntu has a lot to offer to the global ethical thought, especially in the world in which the Western ideas of individualism prevail and the values of community and collectivism are often forgotten.

Criticisms

However, while Ubuntu carries values that can contribute to global ethics, as a philosophical current it is heavily criticised. According to Metz (2011), there are three main reasons why Ubuntu receives criticism: firstly, it is considered vague as a philosophical thought and does not have a solid framework; secondly, it is feared that due to its collectivist orientation there is a danger of sacrificing individual freedoms for the sake of society; and lastly, it is thought that Ubuntu philosophy is applicable and useful only in traditional, but not modern society. 

When it comes to the reproach about the vagueness of Ubuntu as a philosophical thought, Thaddeus Metz examines six theoretical interpretations of the concept of Ubuntu:

U1: An action is right just insofar as it respects a person’s dignity; an act is wrong to the extent that it degrades humanity.

U2: An action is right just insofar as it promotes the well-being of others; an act is wrong to the extent that it fails to enhance the welfare of one’s fellows.

U3: An action is right just insofar as it promotes the well-being of others without violating their rights; an act is wrong to the extent that it either violates rights or fails to enhance the welfare of one’s fellows without violating rights.

U4: An action is right just insofar as it positively relates to others and thereby realizes oneself; an act is wrong to the extent that it does not perfect one’s valuable nature as a social being.

U5: An action is right just insofar as it is in solidarity with groups whose survival is threatened; an act is wrong to the extent that it fails to support a vulnerable community.

U6: An action is right just insofar as it produces harmony and reduces discord; an act is wrong to the extent that it fails to develop community (Metz, 2007).

While arguing that the concept U4 is the most accepted in literature, Matz himself argues in favour of the concept U6 as the basis of the ethics is rooted not in the subject, but in the object (Metz, 2007).

The fear that Ubuntu tenants make people submissive to authority and collective goals, giving them a very strong identity that might result in violence against other groups originates, according to Lutz (2009), from a faulty understanding of Ubuntu. Even though the tribalism is pretty common in the African setting, it does not derive from the tenants of Ubuntu, but a corrupted idea of this ethical philosophy. Further criticism on the idea that collectivism might interfere with individual rights or liberties can also be denied quoting Lutz, who said that “Ethical theories that tell us we must choose between egoism and altruism, between self-love and love of others, between prudence and morality, or one’s good and the common good are individualistic ethical theories” and therefore have nothing in common with ideas of Ubuntu, which, unlike the individualistic theories, reconciles the common and personal good and goals. 

The third objection, namely the question of whether Ubuntu ethics remain useful in the modern society which functions according to the Westphalian State model is challenged by Metz (2011). While it is true that Ubuntu developed in a traditional setting in which the value of human beings was based on the amount of communal life a human has lived (explaining the respect for the elders and the ancestors in African setting), a variant concept of dignity that in no way can be applied in a modern setting, there are still valuable ethical norms that can be thought by Ubuntu. Metz (2011) provides a concept of human dignity based on Ubuntu ideas, which, as he argues, can contribute to ethics in the modern African setting: “individuals have dignity insofar as they have communal nature, that is, the inherent capacity to exhibit identity and solidarity with others.” 

The Ubuntu ethics in African Indigenous Justice System

The institutionalisation and centralisation of power in the hands of the Westphalian State takes away the power from the communities which are central to the lifestyle in Africa. However, the communal values have arguably persisted and continue to directly oppose the centralisation. While the Westphalian State model seems to be functioning in the West, there are many good reasons to believe that Africa must look for inspiration in local traditions and customs (Malisa & Nhengeze, 2018). Taking into consideration the Ubuntu values, it is not difficult to understand why institutionalisation has generally not been very successful in African setting (Mugumbate & Nyanguru, 2013), as a place where the community is morally obliged to take care of its members, there is little space for alienated institutions. 

Generally, two justice systems are operating alongside each other in many African societies: the state-administered justice system and the African Indigenous Justice System (AIJS). According to Elechi, Morris & Schauer, the litigants can choose between the state tribunal and AIJS, and can apply to be judged by the state if they do not agree with the sentence of the AIJS (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). However, Ubuntu values emphasise the concept of reconciliation: “African political philosophy responds easily and organically to the demands for the reconciliation as a means of restoring the equilibrium of the flow of life when its disturbed” (Nabudere, 2005). As the national court interventions often disharmonize the community by applying the “winner takes it all” approach, and are sometimes considered to be corrupt, there is a strong tendency for the communities to insist on bringing the offender to the AIJS tribunal (Elechi, Morris, & Schauer, 2010).

African Indigenous Justice System is a great example of Ubuntu values in action. The system operates on the cultural norm that important decision should be reached by consensus of the whole group as opposed to the majority opinion. AIJS is characterised by features such as the focus on the effects the offence had on victims and the community, the involvement of the litigants in the active definition of harms and the resolution of the trial, the localisation and decentralisation of authority, the importance of the restoration of harm, the property or relationship, the understanding that the offender might be a victim of the socioeconomic conditions; with the main objective of the justice system being the restoration of relationships, healing, and reconciliation in the community (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). Underlying this system is the concept of Ubuntu, which “leads to a way of dealing with the social problems which are very different from the Western legalistic, rule-based system which had become the global default” (Baggini, 2018).

One of the reasons why AIJS can be considered exemplary is its ability to avoid the alienation of the Western courts in which the victim, the offender, and everybody else seem to be represented, but neither victim nor offender can directly participate in the decision making. The system which emphasises reconciliation and in which the community is in charge of the process is arguably much more effective in the African setting, where communities are generally familiar and close-knit. As the offender is still considered a part of the community and is still expected to contribute to its surroundings in the future, the participation in the trial and the decision making is important to the reconciliation: “unlike adjudicated justice, negotiated justice is not a winner take it all justice. Resolution can be reached where the offender, the community, and the victim are each partially wrong” (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). As there is very little hope for an offender to be reintegrated into a close community without forgiving and forgiveness from both parties, this type of approach is pivotal.

Another interesting feature of AIJS is the assumption that the offender is not inherently bad in himself, but is primarily a marginalised victim, who does not have the same opportunities as other members of the community to participate in the economic, political, and social aspects of the group, and who can be made right if both the offender and the community make effort (Elechi, Morris, & Schauer, 2010). This concept differs from the Western Hobbesian idea of human beings being inherently corrupt and is much closer to traditional Western Aristotelian ethics. What makes the African concept different, however, is the focus which is not on the virtue of the person himself, but rather on the relationship the offender has with his family and community which, although violated by the offence, can and should be rebuilt by amendments (Elechi, Morris, & Schauer, 2010).

The Gacaca Trials

The Gacaca trials are the state-administered structure which uses communities (around a thousand of them) as a basis for judicial forums (Meyerstein, 2007). They were introduced by the Rwandan government as an alternative to national justice after the Rwandan genocide.

During the colonial times, Rwanda was indirectly ruled by the colonizers through local authorities, namely the Tutsi minority (Uvin, 1999). The Hutu majority were considered second class citizens and by the time of independence were holding deep grievances. The Rwandan Revolution of 1959-1961 overthrew the monarchy and the ruling Tutsi elite. After the independence from the colonial regime, Rwanda was ruled by the Party of Hutu Emancipation Movement, which was supported by the international community on the grounds of the idea that the government is legitimate as it represents the majority of the population – the Hutu (ibid.) During the period of transition, ethnic violence against Tutsi, forcing many of them to leave the country, happened (Rettig, 2008). In 1990 the Rwandan Patriotic Army composed mostly by the Tutsi exiles invaded Rwanda from neighbouring Uganda (ibid.) The incumbent government harnessed the already pre-existing ethnic to unite the Hutu population to fight against the Tutsi rebels. The strategy included finding a scapegoat in an internal Tutsi population that continued to live in Rwanda (Uvin, 1999). The genocide which soon followed took lives of 500,000 to 800,000 people between April and July of the year 1994 when the total population at the time is estimated to have been around 8 million (Drumbl, 2020). More than 100,000 people were accused and waited in detention for trials, creating a great burden on a Rwandan county (Schabas, 2005).

According to Meyerstein (2007), the Gacaca trials were a response to the failure of the Western-styled nation court to process all the suspects of the genocide. Gacaca trials were based on indigenous local justice, with Ubuntu ethics being an underlying element of the system. The trials were traditionally informal, organic, and patriarchal, but the Rwandan government modernized the indigenous justice system by establishing an organizational structure, and, among other things, making the participation of women a requirement (Drumbl, 2020). 

The application of Gacaca trails to do justice after the genocide was not always well received by the international community. The trials received criticism for not complying with the international standards for the distribution of justice. For example, Amnesty International invoked Article 14 of the ICCPR and stated that Gacaca trials violated the right of the accused to be presumed innocent and to the free trial (Meyerstein, 2007). There are, undoubtedly, many problems that can be assigned to the system of Gacaca when it comes to the strict norms of the international norms. 

The judges are drawn from the community and arguably lack the official legal training, the punitive model of the trials that arguably have served for many as an opportunity for personal revenge, and the aforementioned lack of legal protection for the accused are a few of many problems faced by the Gacaca trials (Rettig, 2008). Furthermore, the Gacaca trials excluded the war criminals from the prosecution – there were many cases of the killings of Hutu civilians by Tutsis that formed the part of the Rwandan Patriotic Front army (Corey & Joireman, 2004). This was seen by many as a politicised application of justice, in which, by creating two separate categories of criminals - the crimes of war by the Tutsis that were not the subject of Gacaca and the crimes of the genocide by the Hutus that were dealt with by the trials – the impunity and high moral ground was granted for the Tutsi (ibid). This attitude might bring results that are contrary to the initial goal of the community-based justice - not the reconciliation of the people, but the further division of the society along the ethnic lines. 

However, while the criticism of the Gacaca trials is completely valid, it is also important to understand, that given the limited amount of resources and time, the goal of bringing justice to the victims of the genocide is an incredibly complex mission. In the context of the deeply wounded, post-genocidal society in which the social capital was almost non-existent, the ultimate goal, while having justice as a high priority, was first of all based on Ubuntu ethics and focused more on peace, retribution, and social healing. The utopian perfectness expected by the international community was nearly impossible, and the Gacaca trials met the goal of finding the best possible solutions in the limits of available resources. Furthermore, the criticism of international community often seemed to stem not so much from the preoccupation for the Rwandan citizens, as from the fact that a different approach to justice threatens the homogenizing concept of human rights “which lashes out to squash cultural difference and legal pluralism by criticizing the Gacaca for failures to approximate canonized doctrine” (Meyerstein, 2007).

While it is true that even Rwandan citizens often saw Gacaca as problematic, whether the problems perceived by them were similar to those criticised by the international community is dubious. For example, Rwanda’s Supreme Court’s response to the international criticism was the provision of approach to human rights which, while not denying their objectivity, also advocates for the definition that better suits the local culture and unique circumstances of post-genocide Rwanda (Supreme Court of Rwanda, 2003). After all, the interventions from the part of the Western world on behalf of the universal values have arguably created more violence historically than the defended values should ever allow. The acceptance that Gacaca trials, while imperfect, contributed positively to the post-genocide Rwandan society has the grave implications that human rights are ultimately a product of negotiation between global and local actors” (Meyerstein, 2007) which the West has always refused to accept. However, it is the opinion of this article that exactly the opposite attitude, namely that of better intercultural understanding and the search for the solutions that are not utopian but fit in the margins of the possibilities of a specific society, are the key to both the efficiency and the fairness of a justice system. 

Conclusion

The primary end of the African Indigenous Justice System is to empower the community and to foster reconciliation through a consensus that is made by the offenders, the victims, and the community alike. It encourages to view victims as people who have valuable relationships: they are someone’s daughters, sons, fathers – they are important members of society. Ubuntu is the underlying basis of the Indigenous Justice System and African ethnic in general. While the AIJS seems to be functioning alongside the state’s courts, in the end, the centralization and alienation from the community are undermining these traditional values that flourish in the African setting. The Western legalistic system helps little when it comes to the main goal of justice in Africa – the reconciliation of the community, and more often than not only succeeds in creating further discord. While the criticism of Gacaca trials was undoubtedly valid, it often stemmed from the utopian idealism that did not take the actual situation of a post-genocide Rwanda into consideration or the Western universalism, which was threatened by the introduction of a justice system that in many ways differs from the positivist standard. It is the opinion of this article, therefore, that more autonomy should be granted to the communities that are the basic building blocks of most of the African societies, with the traditional values of Ubuntu being the basis of the African social institutions.

BIBLIOGRAPHY

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Schabas, W. A. (2005). Genocide Trials and Gacaca Courts. Journal of International Criminal Justice, 879-895.

▲ Artistic image of a Pakistani Rupee [Pixabay]

COUNTRY RISK REPORT / M. J. Moya, I. Maspons, A. V. Acosta

[Download the report]

EXECUTIVE SUMMARY

The government of Prime Minister (PM), Imran Khan, was slowly moving towards economic, social, and political improvements, but all these efforts might be hampered by the recent outbreak of the COVID-19 virus since the government must temporarily shift its focus and resources to keeping its population safe. Additionally, high logistical, legal, and security challenges still generate an uncompetitive operating environment and thus, an unattractive market for foreign investment in Pakistan. 

Firstly, in relation to the country’s economic outlook, Gross Domestic Product (GDP) was expected to gradually recover around 5% in the upcoming years. However, according to latest estimates, this growth will suffer a negative impact and fall to around 2%, straining the country’s most recent recorded improvements.  On the other hand, in the medium to long-term, Pakistan will benefit from the success of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), which is a strategic economic project aiming to improve infrastructure capacity in the country. Pakistan is also facing an energy crisis along with a growing demand from a booming population that hinder a proper economic progress. 

Secondly, Pakistan’s political future will be shaped by Khan’s ability to transform his short-term policies into long-term strategies. However, in order to achieve this, the government must tackle the root causes of political instability in Pakistan, such as long-lasting corruption, the constant military influence in decision-making processes, the historical debate among secularism and Islamism, and the new challenges posed by the COVID-19 pandemic. Still, PM Khan’s progressive reforms could represent the beginning towards a “Naya Pakistan” (“New Pakistan”).  

Thirdly, Pakistan’s social stability is contextualized within a high risk of terrorist attacks due to its internal security gaps. The ethnic dilemma among the provinces along with the government’s violent oppression of insurgencies will continue to impede development and social cohesion within the country. This will further aggravate in light of a current shortage of resources and the impacts of climate change. 

In addition, in terms of Pakistan’s security outlook, the country is expected to tackle terrorist financing and money laundering networks in order to avoid being blacklisted by the Financial Action Task Force (FATF). Nonetheless, due to a porous border with Afghanistan, Pakistan faces drug trafficking challenges that further destabilize national security. Finally, the turbulent Indo-Pakistani relation is the most significant conflict for the South Asian country. The disputed region of Jammu and Kashmir, a possible nuclear confrontation, and the increase of nationalist movements along the Punjab region, hamper regional and international peace.  

▲ Ejercicios navales de comandos de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz en 2015 [Wikipedia]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La República Islámica de Irán, también conocida como Persia, es un país con gran importancia en la geopolítica. Es una potencia regional no solo por su localización estratégica, sino también por sus grandes recursos de hidrocarburos, que hacen de Irán el cuarto país en reservas probadas de petróleo y el primero en reservas de gas[1].

Así hablamos de uno de los países más importantes del mundo por tres motivos fundamentales. El primero, mencionado anteriormente: sus inmensas reservas petrolíferas y de gas. En segundo lugar, porque Irán controla el estrecho de Ormuz, que es llave de entrada y salida del Golfo Pérsico y por el que pasan la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Bahréin[2]. Por último, por el programa nuclear en el que ha invertido tantos años[3].

La república iraní se basa en los principios del Islam chií, aunque hay una gran diversidad étnica en su sociedad. Por ello, es indispensable tener en cuenta la gran “fuerza del nacionalismo iraní” para comprender su política. Apelando a la posición dominante sobre otros países, el movimiento nacionalista iraní pretende influir en la opinión pública. El nacionalismo se ha ido asentando desde hace más de 120 años, desde que el Boicot de Tabaco de 1891[4] supuso una respuesta directa a la intervención y presión exterior, y hoy pretende lograr la hegemonía en la región. La política exterior e interior de Irán son una clara expresión de este movimiento[5].

Por agente interpuesto (Proxy armies)

La guerra subsidiaria (en inglés, war by proxy) es un modelo de guerra en el cual un país hace uso de terceros para combatir o influenciar en un determinado territorio, en lugar de enfrentarse directamente. Como señala David Daoud, en el Líbano, Irak, Yemen y Siria, “Teherán ha perfeccionado el arte de conquistar gradualmente un país sin reemplazar su bandera”[6]. En esa tarea participa directamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), formando o favoreciendo militarmente a las fuerzas de otros países.

La GRI nació con la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, con el fin de mantener los logros del movimiento[7]. Se trata de uno de los principales actores políticos y sociales del país. Posee gran capacidad para influir en los debates y decisiones de la política nacional. Es, además, propietaria de numerosas empresas dentro del país, lo que le garantiza una fuente de financiación propia y refuerza su carácter de poder interno. Constituye un cuerpo independiente de las fuerzas armadas, y el nombramiento de sus altos cargos depende directamente del Líder de la Revolución. Entre sus objetivos está la lucha contra el imperialismo, y expresamente se compromete a intentar rescatar Jerusalén para devolverla a los palestinos[8]. Su importancia es crucial para el régimen, y cualquier ataque a estos cuerpos representa una amenaza directa al gobierno iraní[9].

La relación de Irán con los países musulmanes de su entorno se encuentra marcada por dos hechos principales: por un lado, su condición chiita; por otro, la preeminencia que logró tener en el pasado en la región[10]. Gracias a que su acción exterior se encuentra apoyada en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha conseguido establecer grandes vínculos con grupos políticos y religiosos por todo Oriente Medio. A partir de ahí, Irán aprovecha distintos recursos para afianzar su influencia en los distintos países. En primer lugar, haciendo uso de herramientas de poder blando o soft power. Así, entre otras acciones, ha participado en la reconstrucción de mezquitas y escuelas en países como el Líbano o Irak[11]. En Yemen ha proporcionado ayudas logísticas y económicas al movimiento hutí. En 2006, se implicó en la reconstrucción del sur de Beirut.

No obstante, los métodos utilizados por estas fuerzas alcanzan otros extremos, pasando a mecanismos más intrusivos (hard power). Por ejemplo, tras la invasión israelí de 1982 en el Líbano, Irán ha ido estableciendo allí a lo largo de tres décadas un punto de apoyo, con Hezbolá como proxy, aprovechando las quejas sobre la privación de derechos de la comunidad chiita. Esta línea de acción ha permitido a Teherán promover su Revolución Islámica en el extranjero[12].

En Irak la GRI buscó la desestabilización interna de Irak, apoyando facciones chiitas como la organización Badr, durante la guerra irano-iraquí de la década de 1980. Por otro lado, Irán involucró a la GRI en el levantamiento de Saddam Hussein a principios de la década de 1990. A través de este tipo de influencias y encarnando el paradigma de proxy army, Irán ha ido estableciendo influencias muy directas sobre estos lugares. Incluso en Siria, este cuerpo de élite iraní tiene una gran influencia, apoyando al gobierno de Al Assad y las milicias chiitas que combaten junto a él.

Por su parte, Arabia Saudí acusa a Iran y su Guardia de proveer armas en Yemen a los hutíes (movimiento que defiende a la minoría chiita), generando una importante escalada de tensión entre ambos países[13].

La GRI se consolida, así, como uno de los factores más importantes en el panorama de Oriente Medio, impulsando la lucha entre dos bandos que quedan contrapuestos. No obstante, no es el único. De esta manera, encontramos un escenario de “guerra fría”, que acaba trascendiendo y convirtiéndose en foco internacional. Por un lado, Irán, apoyado por potencias como Rusia o China. Por el otro, Arabia Saudí, de la mano de EEUU. Esta contienda se desarrolla, en gran medida, de una manera no convencional, a través de proxy armies como Hezbolá y las milicias chiitas en Irak, en Siria o en Yemen[14].

Causas de una confrontación

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán se han extendido a todo Oriente Medio (y más allá), creando en este territorio dos bandos bien determinados, ambos con pretensión de adjudicarse la hegemonía en la zona.

Para interpretar este escenario y comprender mejor su oposición es importante, en primer lugar, distinguir dos corrientes ideológicas contrapuestas: el chiismo y el sunismo (wahabismo). El wahabismo es una tendencia religiosa musulmana de extrema derecha, de la rama del sunismo, que hoy en día es la religión mayoritaria en Arabia Saudí. El chiismo, como previamente se ha mencionado, es la corriente en la que se basa la República de Irán. No obstante, como veremos, la pugna que se desarrolla entre Irán y Arabia Saudí es política, no religiosa; está más basada en la ambición de poder, que en la religión.

En segundo lugar, encontramos en el control del tráfico del petróleo otra causa de esta rivalidad. Para entender este motivo, conviene tener en cuenta la posición estratégica que juegan los países de Oriente Medio en el mapa global al acoger las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un gran número de luchas contemporáneas se deben, en efecto, a la intromisión de las grandes potencias en la región, intentando tener un papel sobre estos territorios. Así, por ejemplo, el acuerdo de Sykes-Picot[15] de 1916 para el reparto de influencias europeas sigue condicionando acontecimientos actuales. Tanto Arabia Saudí como Irán, como venimos diciendo, poseen un protagonismo especial en estos enfrentamientos, por las razones descritas.

Bajo estas consideraciones, es importante señalar, en tercer lugar, la implicación en dichas tensiones de potencias exteriores como Estados Unidos.

Los efectos de las primaveras árabes han debilitado a muchos países de la zona. No así a Arabia Saudí e Irán, que han buscado en las últimas décadas su consolidación como potencias regionales, en gran medida gracias al respaldo que les otorga su producción y sus grandes reservas de petróleo. Las diferencias entre ambos países se ven reflejadas en la manera en la que intentan configurar la región y en los distintos intereses que pretenden lograr. Además de las diferencias étnicas entre Irán (persas) y Arabia Saudí (árabes), su alineamiento en el panorama internacional también es opuesto. El wahabismo se presenta como antinorteamericano, pero el gobierno saudí es consciente de la necesidad que tiene del apoyo de EEUU, y ambos países mantienen una conveniencia recíproca, con el petróleo como base. No sucede lo mismo con Irán.

Irán y EEUU fueron estrechos aliados hasta 1979. La Revolución Islámica lo cambió todo y desde entonces, con la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán como momento inicial especialmente dramático, las tensiones entre los dos países han sido frecuentes. La confrontación diplomática ha vuelto a ser aguda con la decisión del presidente Donald Trump de retirada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 para la no proliferación nuclear de Irán, con la consiguiente reanudación de las sanciones económicas hacía este país. Además, en abril de 2019 Estados Unidos situó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas[16], responsabilizando a Irán de financiar y promover el terrorismo como una herramienta de gobierno[17].

Por un lado, pues, está el bando de los saudís, apoyados por EEUU y, dentro de la región, por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin e Israel. Por el otro lado, Irán y sus aliados de Palestina, Líbano (parte pro-chiita) y recientemente Qatar, lista a la que podría añadirse Siria e Irak (milicias chiitas). Las tensiones aumentaron tras la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. En este último bando podríamos destacar el apoyo internacional de China o Rusia, pero poco a poco podemos observar un alejamiento de las relaciones entre Irán y Rusia.

Al hablar de la lucha por la hegemonía del control del tráfico del petróleo, es imprescindible mencionar el Estrecho de Ormuz, el punto geográfico crucial de esta contienda, donde se ven enfrentadas ambas potencias directamente. Este estrecho es una zona estratégica situada entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Por ahí pasa un 40% del petróleo mundial[18]. El control de estas aguas es, evidentemente, decisivo en el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán; así como para cualquiera de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de Oriente Medio (OPEP) en la región: Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait.

Uno de los objetivos de las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán es reducir sus exportaciones para favorecer a Arabia Saudí, su mayor aliado regional. A estos efectos, la Quinta Flota estadounidense, con sede en Baréin, tiene la tarea de proteger la navegación comercial en esta área.

El Estrecho de Ormuz “es la válvula de escape que utiliza Irán para aliviar la presión que se ejerce desde fuera del Golfo” [19]. Desde aquí, Irán intenta reaccionar ante las sanciones económicas impuestas por EEUU y otras potencias; es lo que le otorga una mayor voz en el panorama internacional, al tener capacidad de bloquear el estratégico paso. Recientemente se han dado ataques a petroleros de Arabia Saudí y otros países[20], algo que provoca una gran desestabilización tanto económica como militar en cada nuevo episodio[21].  

En definitiva, la competencia entre Irán y Arabia Saudí tiene un efecto no solo regional sino que afecta globalmente. Los conflictos que pudieran desatarse en esta área recuerdan, cada vez más, a una ya conocida Guerra Fría, tanto por los métodos en el frente de batalla (y la incidencia de las proxy armies en este frente), como por la atención que requiere para el resto del mundo, que depende de este resultado, quizá, bastante más de lo que es consciente.

Conclusiones

Desde hace varios años se ha ido consolidando un enfrentamiento regional que implica también a las grandes potencias. Esta lucha trasciende las fronteras de Oriente Medio, análogamente a la situación desencadenada durante la Guerra Fría. Sus principales agentes son las proxy armies, que impulsan luchas a través de agentes no estatales y con métodos de guerra no convencionales, desestabilizando constantemente las relaciones entre los Estados, así como dentro de los propios Estados.

Para evitar la lucha en Ormuz, países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han intentado transportar el petróleo por otras vías, por ejemplo, mediante la construcción de oleoductos. Este grifo lo tiene Siria, país por el que las conducciones deben pasar para llegar a Europa). Al fin y al cabo, la guerra de Siria se puede ver desde muchas perspectivas, pero no hay duda de que uno de los motivos de la intromisión de potencias extrarregionales es el interés económico que conlleva la costa siria.

Desde 2015 hasta ahora se libra la silenciada guerra civil de Yemen. En ella están en juego asuntos estratégicos como el control del Estrecho de Mandeb. Detrás de esta terrible guerra contra los hutíes (proxies), hay un latente miedo a que estos se hagan con el control de acceso al Mar Rojo. En este mar y cerca del estrecho se encuentra Djibouti, donde las grandes potencias han instalado bases militares para un mejor control sobre la zona.

La potencia más perjudicada es Irán, que ve su economía debilitada por las constantes sanciones económicas. La situación afecta a una población oprimida tanto por el propio gobierno como por la presión internacional. El propio gobierno acaba desinformando a la sociedad, provocando una gran desconfianza hacia las autoridades. Esto genera una creciente inestabilidad política, que se manifiesta en frecuentes protestas.

El régimen ha publicitado esas manifestaciones como protestas por las actuaciones de EEUU, como por ejemplo a raíz del asesinato del general Soleimani, sin mencionar que muchas de estas revueltas se deben al gran descontento de la población civil por las graves medidas tomadas por el ayatolá Jamenei, más centrado en procurar la hegemonía en la zona que en resolver los problemas internos.

Así, muchas veces es difícil darse cuenta de implicación de estos enfrentamientos para la mayoría del mundo. En efecto, la utilización de proxy armies no debe distraernos del hecho de la verdadera involucración de las principales potencias de Occidente y de Oriente (al verdadero modo de una Guerra Fría). Tampoco los motivos que se alegan para mantener estos frentes abiertos deben distraernos de la verdadera incidencia de lo que está en juego realmente: ni más ni menos que la economía global.

▲ Logo of Pakistan's Inter-Services Intelligence organization. It depicts Pakistan's national animal, Markhor, eating a snake [Wikipedia]

ESSAY / Manuel Lamela

Jihadism continues to be one of the main threats Pakistan faces. Its impact on Pakistani society at the political, economic and social levels is evident, it continues to be the source of greatest uncertainty, which acts as a barrier to any company that is interested in investing in the Asian country. Although the situation concerning terrorist attacks on national soil has improved, jihadism is an endemic problem in the region and medium-term prospects are not positive. The atmosphere of extreme volatility and insistence that is breathed does not help in generating confidence. If we add to this the general idea that Pakistan's institutions are not very strong due to their close links with certain radical groups, the result is a not very optimistic scenario. In this essay, we will deal with the current situation of jihadism in Pakistan, offering a multidisciplinary approach that helps to situate itself in the complicated reality that the country is experiencing.

1. Jihadism in the region, a risk assessment

Through this graph, we will analyze the probability and impact of various risk factors concerning jihadist activity in the region. All factors refer to hypothetical situations that may develop in the short or medium term. The increase in jihadist activity in the region will depend on how many of these predictions are fulfilled.

Risk Factors:

R1: US-Taliban treaty fails, creating more instability in the region. If the United States is not able to make a proper exit from Afghanistan, we may find ourselves in a similar situation to that experienced during the 1990s. Such scenario will once again plunge the region into a fierce civil war between government forces and Taliban groups. The proposed scenario becomes increasingly plausible if we look at the recent American actions regarding foreign policy.

R2: Pakistan two-head strategy facing terrorism collapse. Pakistan’s strategy in dealing with jihadism is extremely risky, it’s collapse would lead to a schism in the way the Asian state deals with its most immediate challenges. The chances of this strategy failing in the medium term are considerably high due to its structure, which makes it unsustainable over the time.

R3: Violations of the LoC by the two sides in the conflict. Given the frequency with which these events occur, their impact is residual, but it must be taken into account that it in an environment of high tension and other factors, continuous violations of the LoC may be the spark that leads to an increase in terrorist attacks in the region.

R4: Agreement between the afghan Taliban and the government. Despite the recent agreement between Ashraf Ghani and Abdullah Albduallah, it seems unlikely that he will be able to reach a lasting settlement with the Taliban, given the latter's pretensions. If it is true that if it happens, the agreement will have a great impact that will even transcend Afghan borders.

R5: Afghan Taliban make a coup d’état to the afghan government. In relation to the previous point, despite the pact between the government and the opposition, it seems likely that instability will continue to exist in the country, so a coup attempt by the Taliban seems more likely than a peaceful solution in the medium or long term

R6: U.S. Democrat party wins the 2020 elections. Broadly speaking, both Republican and Democratic parties are betting on focusing their efforts on containing the growth of their great rival, China.

R7: U.S. withdraw its troops from Afghanistan regarding the result of the peace process. This is closely related to the previous point as it responds to a basic geopolitical issue.

R8: New agreement between India and Pakistan regarding the LoC.  If produced, this would bring both states closer together and help reduce jihadist attacks in the Kashmir region. However, if we look at recent events, such a possibility seems distant at present.

2. The ties between the ISI and the Taliban and other radical groups

Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) has been accused on many occasions of being closely linked to various radical groups; for example, they have recently been involved with the radicalization of the Rohingya refugees in Bangladesh[1]. Although Islamabad continues strongly denying such accusations, reality shows us that cooperation between the ISI and various terrorist organizations has been fundamental to their proliferation and settlement both on national territory and in the neighboring states of India and Afghanistan. The West has not been able to fully understand the nature of this relationship and its link to terrorism. The various complaints to the ISI have been loaded with different arguments of different kinds, lacking in unity and coherence. Unlike popular opinion, this analysis will point to the confused and undefined Pakistani nationalism as the main cause of this close relationship.

The Directorate for Inter-Services Intelligence, together with the Intelligence Bureau and the Military Intelligence, constitute the intelligence services of the Pakistani State, the most important of which is the ISI. ISI can be described as the intellectual core and center of gravity of the army. Its broad functions are the protection of Pakistan's national security and the promotion and defense of Pakistan's interests abroad. Despite the image created around the ISI, in general terms its activities and functions are based on the same "values" as other intelligence agencies such as the MI6, the CIA, etc. They all operate under the common ideal of protecting national interests, the essential foundation of intelligence centers without which they are worthless. We must rationalize their actions on the ground, move away from inquisitive accusations and try to observe what are the ideals that move the group, their connection with the government of Islamabad and the Pakistani society in general.

2.1. The Afghan Taliban

To understand the idiosyncrasy of the ISI we must go back to the war in Afghanistan[2], it is from this moment that the center begins to build an image of itself, independent of the rest of the armed forces. From the ISI we can see the victory of the Mujahideen on Afghan territory as their own, a great achievement that shapes their thinking and vision. But this understanding does not emerge in isolation and independently, as most Pakistani society views the Afghan Taliban as legitimate warriors and defenders of an honorable cause[3]. The Mujahideen victory over the USSR was a real turning point in Pakistani history, the foundation of modern Pakistani nationalism begins from this point. The year 1989 gave rise to a social catharsis from which the ISI was not excluded.

Along with this ideological component, it is also important to highlight the strategic aspect; we are dealing with a question of nationalism, of defending patriotic interests. Since the emergence of the Taliban, Pakistan has not hesitated to support them for major strategic reasons, as there has always been a fear that an unstable Afghanistan would end up being controlled directly or indirectly by India, an encircle strategy[4]. Faced with this dangerous scenario, the Taliban are Islamabad's only asset on the ground. It is for this reason, and not only for religious commitment, that this bond is produced, although over time it is strengthened and expanded. Therefore, at first, it is Pakistani nationalism and its foreign interests that are the cause of this situation, it seeks to influence neighboring Afghanistan to make the situation as beneficial as possible for Pakistan. Later on, when we discuss the situation of the Taliban on the national territory, we will address the issue of Pakistani nationalism and how its weak construction causes great problems for the state itself. But on Afghan territory, from what has been explained above, we can conclude that this relationship will continue shortly, it does not seem likely that this will change unless there are great changes of impossible prediction. The ISI will continue to have a significant influence on these groups and will continue its covert operations to promote and defend the Taliban, although it should be noted that the peace treaty between the Taliban and the US[5] is an important factor to take into account, this issue will be developed once the situation of the Taliban at the internal level is explained.

2.2. The Pakistani Taliban (Al-Qaeda[6] and the TTP)

The Taliban groups operating in Pakistan are an extension of those operating in neighboring Afghanistan. They belong to the same terrorist network and seek similar objectives, differentiated only by the place of action. Despite this obvious similarity, from Islamabad and increasingly from the whole of Pakistani society, the two groups are observed in a completely different way. On the one hand, as we said earlier, for most Pakistanis, the Afghan Taliban are fighting a legitimate and just war, that of liberating the region from foreign rule. However, groups operating in Pakistan are considered enemies of the state and the people. Although there was some support among the popular classes, especially in the Pashtun regions, this support has gradually been lost due to the multitude of atrocities against the civilian population that have recently been committed. The attack carried out by the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)[7] in the Army Public School in Peshawar in the year 2014 generated a great stir in society, turning it against these radical groups. This duality marks Pakistan's strategy in dealing with terrorism both globally and internationally. While acting as an accomplice and protector of this groups in Afghanistan, he pursues his counterparts on their territory. We have to say that the operations carried out by the armed forces have been effective, especially the Zarb-e-Azb operation carried out in 2014 in North Waziristan, where the ISI played a fundamental role in identifying and classifying the different objectives. The position of the TTP in the region has been decimated, leaving it quite weakened. As can be seen in this scenario, there is no support at the institutional level from the ISI[8], as they are involved in the fight against these radical organizations. However, on an individual level if these informal links appear. This informal network is favored by the tribal character of Pakistani society, it can appear in different forms but often draw on ties of Kinship, friendship or social obligation[9]. Due to the nature of this type of relationship, it is impossible to know to what extent the ISI's activity is conditioned and how many of its members are linked to Taliban groups. However, we would like to point out that these unions are informal and individual and not institutional, which provides a certain degree of security and control, at least for the time being, the situation may vary greatly due to the lack of transparency.

2.3. ISI and the radical groups that operate in Kashmir

Another part of the board is made up of the radical groups that focus their terrorist attention on the conflict with India over control of Kashmir, the most important of which are: Lashkar-e-Taiba (Let) and Jaish-e-Mohammed (JeM). Both groups have committed real atrocities over the past decades, the most notorious being the one committed by LeT in the Indian city of Mumbai in 2008. There are numerous testimonies, in particular, that of the American citizen David Haedy, which point to the cooperation of the ISI in carrying out the aforementioned attack.[10]

Recently, Hafiz Saeed, founder of Let and intellectual planner of the bloody attack, was arrested. The news generated some turmoil both locally and internationally and opened the debate as to whether Pakistan had finally decided to act against the radical groups operating in Kashmir. We are once again faced with a complex situation, although the arrest shows a certain amount of willpower, it is no more than a way of making up for the situation and relaxing international pressure. The above coincides with the FATF's[11] assessment of Pakistan's status within the institution, which is of great importance for the short-term future of the country's economy. Beyond rhetoric, there is no convincing evidence that suggests that Pakistan has made a move against those groups. The link and support provided by the ISI in this situation are again closely linked to strategic and ideological issues. Since its foundation, Pakistani foreign policy has revolved around India[12], as we saw on the Afghan stage. Pakistani nationalism is based on the maxim that India and the Hindus are the greatest threat to the future of the state. Given the significance of the conflict for Pakistani society, there has been no hesitation in using radical groups to gain advantages on the ground. From Pakistan perspective, it is considered that this group of terrorists are an essential asset when it comes to putting pressure on India and avoiding the complete loss of the territory, they are used as a negotiating tool and a brake on Indian interests in the region.

As we can see, the core between the ISI and certain terrorist groups is based on deep-seated nationalism, which has led both members of the ISI and society, in general, to identify with the ideas of certain radical groups. They have benefited from the situation by bringing together a huge amount of power, becoming a threat to the state itself. The latter has compromised the government of Pakistan, sometimes leaving it with little room for maneuver. The immense infrastructure and capacity of influence that Let has thanks to its charitable arm Jamaat-ud-Dawa, formed with re-localized terrorists, is a clear example of the latter. A revolt led by this group could put Islamabad in a serious predicament, so the actions taken both in Kashmir and internally to try to avoid the situation should be measured very well. The existing cooperation between the ISI and these radical groups is compromised by the development of the conflict in Kashmir, which may increase or decrease depending on the situation. What is certain, because of the above, is that it will not go unnoticed and will continue to play a key role in the future. These relationships, this two-way game could drag Pakistan soon into an internal conflict, which could compromise its very existence as a nation.

▲ Visión sobre extracción de minerales en un asteroide, de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Mario Pereira

[Documento de 14 páginas. Descargar en PDF]

INTRODUCCIÓN

Recuerda el astrofísico estadounidense, Michio Kaku, que cuando el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana a Napoleón (en 1803) por la astronómica cifra de 15 millones de dólares, estuvo una larga temporada sumido en el más profundo espanto. La razón de ello estribaba en el hecho de que desconoció por largo tiempo si el referenciado territorio (en su mayor parte inexplorado) escondía fabulosas riquezas o, por el contrario, era un páramo sin mayor valor… El paso del tiempo demostró con creces lo primero, así como acreditó que fue entonces cuando se inició la marcha de los pioneros americanos: aquellos sujetos que –al igual que los “Adelantados” castellanos y extremeños en el siglo XVI– se lanzaban hacia lo desconocido en aras de obtener fortuna, descubrir nuevas maravillas y mejorar su posición social.

Los Jefferson de hoy en día, son los Musk y los Bezos, empresarios norteamericanos dueños de enormes emporios financieros, comerciales y tecnológicos, quienes, de la mano de nuevos “pioneros” (un mix entre Julio Verne/Arthur C. Clark y Neil Amstrong/John Glenn) buscan alcanzar la nueva frontera de la Humanidad: la explotación comercial y minera del Espacio Ultraterrestre.

Ante semejante desafío, muchas son las preguntas que podemos (y debemos) formularnos. Aquí intentaremos dar respuesta (siquiera someramente) a si la normativa internacional y nacional existente relativa a la explotación minera de la Luna y de los cuerpos celestes, constituye –o no–, un marco suficiente para la regulación de tales actividades proyectadas.

▲ Propuesta de base lunar para obtención de helio, tomada de ExplainingTheFuture.com [Christopher Barnatt]

GLOBAL AFFAIRS JOURNAL / Emili J. Blasco

[Documento de 8 páginas. Descargar en PDF]

INTRODUCCIÓN

El interés económico por los recursos del espacio, o al menos la expectativa razonable acerca de la rentabilidad que puede suponer su obtención, explica en gran medida la creciente implicación de la inversión privada en los viajes espaciales.

Más allá de la industria relacionada con los satélites artificiales, de gran pujanza comercial, y también de la que sirve a propósitos científicos y de defensa, donde el sector estatal sigue teniendo un papel dirigente, la posibilidad de explotar materias primas de alto valor presentes en los cuerpos celestes –de entrada, en los asteroides más próximos a la Tierra y en la Luna– ha despertado una suerte de fiebre del oro que está alentando la nueva carrera espacial.

La épica de los nuevos barones del espacio –Elon Musk, Jeff Bezos– ha acaparado el relato público, pero junto a ellos existen otros New Space Players, de perfiles variados. Detrás de todos hay un creciente grupo de socios capitalistas e inquietos inversores dispuestos a arriesgar activos en espera de ganancias.

Hablar de fiebre resulta ciertamente exagerado por cuanto aún está por demostrar el provecho económico real que puede lograrse de la minería espacial –la obtención de platino, por ejemplo, o del helio lunar–, pues si bien se está dando un abaratamiento de la tecnología que financieramente permite dar nuevos pasos en el espacio exterior, traer a la Tierra toneladas de materiales tiene un coste que en la mayoría de los casos resta sentido monetario a la operación.

Bastaría, no obstante, que en ciertas situaciones fuera rentable para que se incrementara el número de misiones espaciales, y se supone que ese tráfico por sí mismo generaría la necesidad de una infraestructura en el exterior, al menos con estaciones donde repostar combustible –tan caro de elevar al firmamento–, fabricado a partir de materia prima hallada en el espacio (el agua de los polos lunares se podría transformar en propelente). Es esa expectativa, con cierta base de razonabilidad, la que alimenta las inversiones que se están realizando.

A su vez, la mayor actividad espacial y la competencia por obtener los recursos buscados proyectan más allá de nuestro planeta los conceptos de la geopolítica desarrollados para la Tierra. La ubicación de los países (hay localizaciones especialmente adecuadas para los lanzamientos espaciales) y el control de ciertas rutas (la sucesión de las órbitas más convenientes en los vuelos) son parte de la nueva astropolítica.