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Deontología de la huelga médica

Gonzalo Herranz, Departamento de Bioética, Universidad de Navarra
Conferencia pronunciada en Córdoba, 1995

Hoy, el derecho de huelga goza de un gran prestigio. Aparece consagrado en las Constituciones de los pueblos libres, legitimado en Encíclicas papales, reconocido en ética social como una manifestación legítima de desobediencia civil, de reivindicación de derechos e instrumento de justicia laboral. En Medicina, la huelga plantea, sin embargo, problemas éticos muy serios. El Código es muy escueto y sólo alude a parte de ellos. Su artículo 6 dice así: “En caso de huelga médica, el médico no queda eximido de sus obligaciones éticas hacia los pacientes, a quienes deben asegurar los cuidados urgentes e inaplazables”. No se pronuncia el Código sobre qué circunstancias justifican la huelga. El hecho de hacer recomendaciones éticas para caso de huelga puede interpretarse, en principio, como una aceptación tácita de que la huelga puede estar deontológicamente justificada, es decir, de que pueden darse motivos éticamente aceptables para la huelga.

No es difícil imaginar algunos. Puede suceder que las condiciones en que trabajan los médicos asalariados, en instituciones públicas o privadas, lleguen a hacerse éticamente insoportables, bien porque no disponen de los medios materiales para desarrollar con competencia técnica su tarea, bien porque las relaciones humanas que mantienen con los gestores o empresarios son vejatorias, o porque las normas laborales a que están sujetos o los salarios que reciben son injustos e incompatibles con la dignidad profesional. Cuando el diálogo para buscar soluciones llega a un punto muerto y no se progresa hacia el entendimiento o la negociación razonable, parece que el único modo de forzar una solución consiste en recurrir a la huelga.

Pero la huelga médica plantea siempre un grave dilema moral: la suspensión organizada de cuidados médicos produce siempre perjuicios a los pacientes, que son víctimas inocentes del conflicto laboral. Dejando a un lado los datos anecdóticos que refieren una caída de la mortalidad hospitalaria durante los días de huelga, todo médico percibe con malestar que la huelga contradice el principio deontológico fundamental de no dañar. No es fácil definir el límite entre cuidados urgentes e inaplazables y cuidados electivos y diferibles. Además, la suspensión temporal de atención médica provoca siempre en los pacientes un grado más o menos grande de ansiedad. Es lógico, por ello, que no haya unanimidad entre los médicos acerca de cuándo y en qué condiciones está éticamente justificada la huelga.

Algunos de nuestros colegas niegan que en Medicina pueda darse una huelga éticamente aceptable, porque la suspensión concertada de cuidados médicos conlleva necesariamente un deterioro, de consecuencias difíciles de calcular y de justificar, de la atención de los enfermos. La huelga suele producir, cuando se endurece -y las huelgas serias tienden siempre a endurecerse- un daño mayor que el que pretende aliviar. Para muchos médicos, el mandato moral de no hacer daño, el primum non nocere, tiene un valor prioritario, ha de ser tomado por lo que dice: lo primero de todo es no dañar. En consecuencia, el médico nunca puede a sabiendas causar un daño a los pacientes que le están confiados. Otros médicos sostienen que sólo es lícita la huelga que busca corregir las deficiencias graves que afectan a la atención de los enfermos, al trabajo diagnóstico y terapéutico del médico, pues en una huelga así, el médico no busca ventajas egoístas: emprende la huelga en nombre de los pacientes, no en contra de ellos; buscando su beneficio, no su daño. Hay, por último, quienes piensan que tratar de mejorar una situación laboral o retributiva de los médicos, objetivamente injusta o insatisfactoria en extremo, constituye razón ética suficiente para acudir a la huelga, pues es imposible para el médico asalariado separar su condición de médico de su situación de trabajador por cuenta ajena, ni sacrificar sus derechos humanos básicos a normas laborales abusivas. Si se negara el carácter ético de la huelga médica por motivos salariales u organizativos, los médicos quedarían inermes ante políticas explotadoras y terminarían por quedar empobrecidos tanto en su dignidad humana y profesional, como en su situación económica.

Sea la que fuere la opinión sobre la licitud de la huelga médica, se acepta por todos que, en Medicina, la huelga nunca puede ser una acción reivindicativa que se aplica de modo absoluto y se lleva hasta sus últimas consecuencias. En días de huelga sigue plenamente vigente la ética de respeto. Las opiniones divergentes de los colegas han de ser respetadas: los centros médicos no pueden ser jamás lugares de violencia física o moral. Pienso que los piquetes informativos están fuera de lugar en las instituciones sanitarias, donde se ha de suponer que todos los que trabajan en ellas han formado seriamente su conciencia en relación con la huelga, sus fines y medios. Los pacientes han de ser también respetados: durante los días de huelga sus necesidades terapéuticas no quedan anuladas ni ellos pierden su condición de seres humanos cuyas peticiones de atención han de ser tomadas en serio.

Si la huelga médica se lleva a cabo en una ética de respeto, tiende de modo inevitable a convertirse en un gesto simbólico. Nunca puede tener el carácter de una acción industrial reivindicativa. Y eso porque, antes y más allá de lo que digan las legislaciones o convenios sobre los servicios mínimos que es necesario mantener mientras dura la huelga, en Medicina la huelga total es éticamente inadmisible. El deber deontológico de asegurar la atención de los pacientes graves y urgentes y la asistencia diagnóstica y terapéutica inaplazable, por una parte, y el altruismo en el cumplimiento de los servicios mínimos, por otra, tienden a diluir de tal manera la incomodidad social creada por la huelga de los médicos, que ésta resulta inoperante como medio de presión contra la Administración pública o contra los empresarios sanitarios: sirve, en el mejor de los casos, como altavoz que denuncia ante la sociedad las graves deficiencias del sistema.

Una elocuente demostración de la debilidad intrínseca de la huelga de los médicos es el texto de las reglas deontológicas que el Consejo Superior de la Orden de los Médicos de Bélgica estableció como obligatorias en caso de huelga médica: “...Es admisible éticamente la organización de una suspensión colectiva de la actividad de los médicos con tal de que asegure:

 1) a los enfermos ya atendidos, los tratamientos necesarios;

 2) a todos, la asistencia que el médico juzgue indispensable según su conciencia”.

Toda huelga tiene como fin natural una negociación entre las partes en conflicto. Deberían existir, en Medicina, mecanismos de arbitraje no sólo para solucionar, sino para prevenir el desarrollo de situaciones conflictivas, dotados de tal autoridad moral y competencia técnica, que sus resoluciones se impusieran por la fuerza de la razón. Tanto los sindicatos médicos o los promotores de la huelga, por un lado, como los empresarios (Ministerio de Sanidad, entidades de seguros, hospitales privados), por otro, están moralmente obligados, aunque por diverso título, a no perder de vista nunca la particular obligación que tienen de no dañar a los pacientes. Un servicio nacional de salud lo mismo que una empresa privada de servicios médicos tienen contraídos, ante la sociedad, unos compromisos éticos que no pueden ser sistemáticamente sacrificados ante sus intereses económicos por adversas que puedan ser las circunstancias. No hay unanimidad acerca de como y por quien han de ser reparados los daños y perjuicios económicos provocados a los ciudadanos con ocasión de las huelgas. Se dice que siendo el de huelga un derecho fundamental que se antepone a muchos otros derechos, los perjuicios que pueda causar su ejercicio no son indemnizables. Pero, el derecho a la vida, al menos en ciertas circunstancias, es el derecho fundamental que prevalece sobre los demás. Si en el curso de una huelga médica, por cálculo inapropiado del nivel de servicios mínimos fijados por la Administración, se produjera algún caso de muerte atribuible a desatención, podría probablemente prosperar una querella criminal contra quienes han establecido esa tasa deficiente de servicios mínimos.

A mi modo de ver, es decisivamente importante buscar formas eficaces de garantizar el cumplimiento, por parte de los empresarios, de, al menos, las condiciones técnicas y morales mínimas que las instituciones han de ofrecer a los médicos para que éstos puedan trabajar con garantía de calidad. El médico está obligado en conciencia a determinar cuáles son esos requisitos mínimos: en tiempo que ha de dedicar a sus pacientes, en instalaciones e instrumental, en personal auxiliar, etc. La libertad de prescripción, no lo podemos olvidar, es un deber irrenunciable, pues, sin ella, no puede existir responsabilidad profesional. Gozar de independencia profesional no es un capricho ni una demostración de arrogancia, sino que es un grave deber impuesto por la lealtad del médico hacia su paciente. Un médico que no gozara de libertad de prescripción no podría garantizar a sus pacientes el secreto profesional, ni la calidad ni la continuidad de sus cuidados.

Quisiera comentar, por último, la legitimidad ética de la huelga en defensa de la libertad de prescripción del médico. Es imposible que un médico pueda trabajar ética y responsablemente al tiempo que es expropiado de una parte significativa de su libertad. Ningún director de institución sanitaria puede ignorar hoy que no es lícito ni digno exigir una obediencia ciega a sus órdenes. El médico no es un robot. En un estado de derechos y libertades, doblegarse contra conciencia ante la coacción o la amenaza es una acción indigna e inmoral. Desde el Juicio de Núremberg, no sirve de justificación ética o legal aducir que las propias acciones injustas se cometieron “cumpliendo órdenes”.

Por eso, en un tiempo como el nuestro en el que se manda tanto y con tanta energía, constituye un importante deber del médico proteger su libertad de prescripción frente a los muchos factores que tienden a limitarla o destruirla. Ningún colegiado puede éticamente trabajar al servicio de instituciones que no respeten las normas deontológicas o que impidan un trabajo competente y libre en favor del enfermo. Así lo ordena la Declaración de Nuremberg (Artículo 57-3 del Tratado de Roma), en su parágrafo I, que trata de los principios fundamentales que regulan la práctica de la profesión en el seno de la Comunidad: “Todo hombre debe tener la garantía de que el médico al que acude goza de una total independencia en el plano moral y en el dominio de la técnica, y que disfruta de libertad para escoger su terapéutica”.

La escasez o privación de recursos técnicos es un factor de daño yatrogénico, que el médico no puede tolerar. La expropiación de recursos morales (libertad de prescripción, no-discriminación frente a otros colegas, garantía de estabilidad en el trabajo, derecho a la educación médica continuada, etc.) es muy perniciosa, pues desposee al médico de su conciencia y le convierte en juguete del patrono, ya sea el Estado, la compañía de seguros o la clínica privada. Degradan al médico ciertas condiciones de trabajo como pueden ser las retribuciones desproporcionadamente bajas, la privación de descanso por exceso de guardias, o la negación de derechos laborales, que tienden a inducir una “proletarización” psicológica o real de los médicos.

Dice el artículo 22.2 que “individualmente o por mediación de las organizaciones profesionales, el médico debe llamar la atención de la comunidad sobre las deficiencias que impidan el correcto ejercicio profesional”. Es una función muy propia de los Colegios, según el artículo 3,4 de los EGOMC (Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial), colaborar “con los poderes públicos en la consecución ...de la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia sanitaria...”. Esa colaboración que, idealmente, debería ser sinérgica, toma a veces matices de antagonismo y acritud.

Es muy importante que los médicos en esos momentos conserven siempre la ecuanimidad y juzguen responsablemente si las deficiencias determinan en realidad un deterioro, moralmente intolerable, de los servicios médicos, o si se trata de simples inconvenientes, molestos e irritantes, con los que no se está de acuerdo. La huelga médica es un duro examen de deontología profesional.

Epílogo

Estos son los principales puntos que el Código de Ética y Deontología Médica dedica a este problema, tan humano y tan complejo, de la tolerancia y el desacuerdo, de la discrepancia llevada al límite de la ruptura. Creo que la solución está en practicar el diálogo y la negociación, para clarificar actitudes y limar diferencias; en ejercitar el respeto ético por las personas, para que cada uno pueda actuar como un ser moral maduro y responsable; en reconocer que sólo en el desacuerdo educado se encuentra salida para los conflictos de conciencia.

Muchas gracias.

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