COMENTARIO / Carlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

ENSAYO / Alejandro Palacios

La República de Mauricio, Estado insular de 1,2 millones de habitantes en el suroeste del océano Índico, a 900 kilómetros de la costa de Madagascar, puede pasar como un buen ejemplo de los progresos que en materia de Derechos Humanos están realizando diversos gobiernos africanos. Esto no quiere decir que este archipiélago sea un país ejemplar en la aplicación de los Derechos Humanos, pues ciertamente aún le queda mucho camino por recorrer en su correcta aplicación. Pero su caso es interesante como país que, a pesar de encontrarse aún en vías de desarrollo, ha sido capaz de confeccionar un sistema legal en el cual el respeto a los derechos fundamentales juega un papel esencial.

En este documento se hará mención del estado de los Derechos Humanos en algunas de las áreas más importantes de la vida política y social de Mauricio, tales como la práctica democrática, la actividad laboral o el acceso al agua potable, entre otras. A su vez, se tratará de dar respuesta a la pregunta de si el sistema jurídico mauriciano está o no adecuado para hacer frente a la lucha contra los abusos y violaciones de tales derechos y, sobre todo, si el Gobierno, atendiendo a los recursos disponibles, está capacitado para ello. En otras palabras, se valorará si la voluntad jurídica se corresponde con una voluntad real a la hora de atacar las injusticias relacionadas con los derechos fundamentales.

Marco legal

A pesar de la aprobación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981 y de la creación de la Comisión Africana de los Derechos Humanos en 1986, el respeto a ese sistema de valores continúa siendo la excepción en la vida de muchos países del continente africano. Esto es debido no a una ausencia de reconocimiento de esos derechos en las respectivas Constituciones nacionales, sino a la falta tanto de mecanismos legales como de voluntad política para aplicar eficazmente la ley.

Mauricio no escapa a esta realidad. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) presentó el quinto informe periódico de Mauricio sobre la implementación de las provisiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, en inglés). En su informe, el Comité puso de relieve la falta de voluntad política del Gobierno mauriciano para desarrollar los principios de democracia, Estado de derecho, Derechos Humanos y políticos y libertades individuales.

No obstante, el Comité constató avances desde su anterior informe, como la creación de una división para los Derechos Humanos en la estructura gubernamental mauriciana y la adopción de la Ley de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunities Act). Otras medidas sacadas adelante en Mauricio son determinadas enmiendas realizadas en el Código Civil y la adopción tanto de la Ley de Apelación Penal (Criminal Appeal Act) como de la Ley de Quejas Policiales (Police Complaints Act). Estas actuaciones pretenden lograr a largo plazo un desarrollo acorde con el respeto de los derechos humanos y las libertades individuales con el fin de ajustarse a estándares de calidad de vida basados en la dignidad, la justicia social, el empoderamiento económico y la igualdad de trato. Según el Gobierno, todo ello ayudará a crear una comunidad cohesionada y tolerante basada en una serie de valores compartidos como el respeto, la unidad, la inclusión y la solidaridad.

Además, Mauricio asegura tener implementados en sus leyes muchos de los instrumentos acordados a nivel internacional con vistas a garantizar los Derechos Humanos. Entre otras acciones, el Gobierno destaca la reclamación a Reino Unido del Archipiélago de Chagos. A juicio del Gobierno mauriciano, el archipiélago fue forzosamente desalojado por parte de Reino Unido, mostrando una “clara indiferencia” hacia los derechos de los habitantes insulares. Desde entonces, la República ha mantenido una actitud inalterable en favor del proceso descolonizador. El apoyo internacional que ha recibido Mauricio se ha visto ya reflejado en la aprobación de la resolución 71/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la petición a la Corte Internacional de Justicia de una opinión consultiva sobre las consecuencias legales de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965.

Vida social y política

Tanto la Constitución mauriciana de 1968 como la legislación adoptada posteriormente incorporan formulaciones de respeto a los Derechos Humanos. No obstante, como ocurre en muchos otros países, el sistema institucional carece de herramientas y de voluntad para aplicar de manera efectiva los castigos por infracción o negligencia en este terreno. Además, falta un adecuado sistema de protección para personas víctimas de diversos delitos, como por ejemplo, ofensas sexuales o discriminación hacia personas homosexuales.

Cabe recalcar que no todos los ámbitos rigen el patrón mencionado. Existen otros ámbitos en los que la legislación protege y respeta los derechos fundamentales. Por ello, es conveniente analizar los casos de manera individual antes que proporcionar una valoración general del estado de los Derechos Humanos inmediatamente.

Empezaremos haciendo mención al estado de la democracia en el país insular. Según el Índice de Democracia de 2017, Mauricio está dentro de lo que se considera una “democracia plena”, con unos resultados superiores a los de España, Estados Unidos o Francia, entre otros[1]. Esta clasificación quiere decir que en Mauricio: 1) se celebran elecciones realmente libres y justas; 2) se garantiza la seguridad personal de los votantes; 3) existe poca influencia por parte de las potencias extranjeras en el Gobierno, y 4) los funcionarios civiles son capaces de implementar políticas. Todo ello, en un grado más alto que los 178 países por debajo de Mauricio.

Sin embargo, existen algunas críticas internas al funcionamiento democrático del país. A pesar de que las elecciones de 2014 fueran caracterizadas por observadores internacionales como justas y libres, algunas voces han criticado el sistema de representación, citando la modificación de determinadas circunscripciones electorales a fin de beneficiar a ciertos grupos sociales, técnica conocida en ciencias políticas como gerrymandering. Otras quejas se han referido al bajo número de mujeres candidatas, la falta de trasparencia en el conteo de votos por tomar este proceso más tiempo del que debería y la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación para promocionar las campañas electorales por parte de la oposición. En este sentido, la oposición alega que la televisión pública MBC TV favorece al partido en el Gobierno.

Por último, gracias a una resolución de 2012 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno mauriciano enmendó la Constitución en 2014 para evitar que los votantes tuvieran que identificar su etnia a la hora de votar. Este comportamiento fue reportado por el Comité como una clara violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A pesar de estas críticas, es relevante destacar el hecho de que Mauricio se encuentra en la posición 54, entre los 176 países analizados, en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción. En efecto, Mauricio es el país africano en el que se reportan los niveles más bajos de corrupción, sólo superado por Namibia, Ruanda y Botsuana[2]. No obstante, los niveles de corrupción existentes no se han saldado sin consecuencias. En 2015 la presidenta de Mauricio, Ameenah Gurib-Fakim, la única presidenta en África por entonces, fue obligada a dimitir tras verse envuelta en un escándalo político que implicaba también a la ONG Planet Earth Institute[3].

En otro orden de cosas, la pena de muerte fue abolida oficialmente ya en el año 1995, siendo la última ejecución en 1987[4]. A pesar de ser una fecha relativamente reciente, Mauricio constituye uno de los pocos países en el África subsahariana que la han abolido. Botsuana, Zimbabue, Tanzania, Zambia, Lesoto o Suazilandia son algunos de los países vecinos que aún hoy en día aplican de una manera u otra la pena de muerte[5].

Mauricio prohíbe el aborto a excepción de riesgo grave para la vida de la madre, no pudiéndose abortar, por tanto, por defectos del feto, riesgo no grave para la salud física o mental de la mujer gestante, factores socio-económicos o caso de violación[6].

Aunque existen situaciones de abusos de los Derechos Humanos, la actitud del Gobierno es la de aceptar mecanismos que monitoreen su labor, algunos de ellos exteriores. Mauricio cuenta con un defensor del pueblo u ombudsman elegido por el presidente del país, cuya labor es la de investigar las quejas contra los servidores públicos, tales como policías y funcionarios de prisiones. El informe sobre los Derechos Humanos en Mauricio de 2017 considera al defensor del pueblo como una figura independiente, efectiva y con recursos suficientes para llevar a cabo su labor.

Además, el Gobierno cuenta con la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que está encargada de investigar alegaciones de discriminación y de promover la igualdad de oportunidades en el sector público y privado. Según el Informe de 2017, la Comisión resulta ser efectiva, independiente y estar dotada con recursos suficientes para llevar adelante su cometido.

Todos estos controles, sin embargo, no impiden que se sigan produciendo discriminaciones entre los ciudadanos mauricianos por razón, entre otras, de género y pertenencia a una comunidad específica. Este es el escenario en el que se encuentran los criollos, es decir, los habitantes de origen mauriciano con descendencia africana. A este respecto, el periódico L´Express anunció recientemente que estaba en posesión de una grabación en la que se le podía oír al ex vicepresidente y ministro de Vivienda y Suelo decir que, dentro del nuevo proyecto urbanístico que el Gobierno iba a desarrollar, el 90% de las viviendas iban a ir para los hindús y el 10% para los musulmanes. Consecuentemente, los criollos no recibirían “ninguna vivienda” para prevenir que “la prostitución se esparza por el barrio”. Cabe destacar que la etnia hindú constituye el 48% de la población mauriciana y que, en el plano político, ha dominado desde la independencia del país.

Además, las mujeres y niños continúan siendo los colectivos más afectados por la discriminación. Existen leyes que prohíben y criminalizan tanto las violaciones como la violencia doméstica, sin embargo, ni la policía ni el sistema judicial proveen de una adecuada cobertura ante estos casos. Lo mismo ocurre con los casos de acoso sexual. Se han reportado casos de tráfico sexual de menores (el mínimo de edad permitido para el sexo consentido sea de 16 años).

Las personas con discapacidad también sufren un cierto grado de discriminación. Y es que, a pesar de que la ley mauriciana obligue a que los discapacitados constituyan un porcentaje concreto de la fuerza de trabajo dentro de una empresa, las autoridades hacen caso omiso. Sin embargo, el Ejecutivo se encarga de financiar programas de ayuda a estas personas, a fin de facilitarles el acceso a la información y comunicación. Por ejemplo, añadiendo subtítulos en los programas de televisión o con la creación de un programa informativo adaptado a sus dificultades comunicativas. Por último, a pesar de la igualdad de derechos en cuanto a la participación política, existen problemas prácticos relacionados con el transporte y acceso a los colegios electorales.

Igualmente el colectivo LGTBI sufre un acusado nivel de trato discriminatorio. Por ejemplo, en términos prácticos, a quienes hayan practicado sexo con otras personas del mismo sexo se les impide donar sangre, a pesar de que la ley lo permita. Además, en 2015 se reportó una detención arbitraria a un hombre por ser transgénero y exteriorizarlo al llevar ropa de mujer. Fue liberado sin cargos tras ser abofeteado, aterrorizado y obligado a desnudarse. Uno de los últimos incidentes denunciados fue el lanzamiento de piedras durante la marcha anual del colectivo LGTBI. A pesar de estos casos, la ley no criminaliza la actividad sexual entre personas del mismo sexo, pero sí la sodomía entre personas del mismo y diferente sexo.

Todos estos tipos de discriminación se trasladan también al ámbito laboral donde, a pesar de estar prohibido por ley, la discriminación en este ámbito por razón de sexo, raza, VIH y discapacidad existe. Por ejemplo, los criollos y los musulmanes tienen difícil acceso a puestos de trabajo en el sector público. Además, las mujeres cobran menos que los hombres por un trabajo similar y es poco común que ocupen altos cargos. Por el contrario, ellas suelen ocupar los puestos en donde se requiere una menor capacitación. El alto grado de desempleo entre los discapacitados se debe a la falta de puestos de trabajo físicamente accesibles. Por último, los menores tienen prohibido por ley trabajar hasta los 16 años, y hasta los 18 en trabajos calificados como peligrosos y con malas condiciones sanitarias. No obstante, se dan casos de menores trabajando en las calles, en pequeños negocios y restaurantes, así como en el sector agrícola.

El salario mínimo, que tiende a subir en relación con la tasa de inflación, varía según el sector. Por ejemplo, para un trabajador doméstico el salario mínimo es de 607 rupias (15€) a la semana, mientras que para un trabajador de fábrica es de 794 rupias (20€). La semana laboral está estipulada en 45 horas. A pesar de estas regulaciones, se han reportado casos en los que a los trabajadores de la limpieza no siempre se les pagaba el salario mínimo por jornadas enteras de trabajo, pues sólo recibían 1.500 rupias (38€) al mes, lo que equivale a 375 rupias (9€) a la semana.

Por otro lado, la ley reconoce el derecho a la huelga, aunque es necesario para declararla que se siga un proceso obligatorio considerado por sus convocantes como “largo, complejo y excesivamente largo”. Aun cuando los trabajadores hayan cumplido con este proceso, el Ejecutivo se reserva el derecho a prohibir la huelga y trasladar la disputa al arbitraje si considera que la huelga puede afectar seriamente a un sector o servicio en concreto. Además, es necesario que los trabajadores cumplan con un mínimo de sus servicios durante los días de huelga. Las huelgas a nivel nacional, referidas a “cuestiones generales de política económica” y/o durante las sesiones de la Asamblea General, están prohibidas. El  ámbito laboral es uno de los pocos donde el Gobierno aplica la ley de manera más eficaz. Sin embargo, se han reportado retrasos en los procedimientos y apelaciones.

En relación al acceso al agua potable, no se han reportado mayores problemas. Aunque siempre resulte recomendable, no sólo en Islas Mauricio, sino también en África en general, hacer uso del agua embotellada para consumo humano. En este sentido, sólo en la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea se han observado graves problemas con el abastecimiento de agua potable. No obstante, preocupa la contaminación del acuífero de la zona norte de Mauricio, que es una de las cinco principales reservas que existen de agua subterránea y proporciona entre el 50 y 60% del agua necesaria para fines domésticos[7].

Buenas perspectivas

Para concluir, habría que recalcar los esfuerzos que el Gobierno insular está haciendo a fin de acabar con las situaciones que van en contra del respeto a los derechos fundamentales. No cabe duda que, a pesar de estos esfuerzos, a Mauricio le quedan aún muchos retos que afrontar. Muchos de ellos vienen causados por la falta de rigor en la aplicación de las leyes mauricianas, pues éstas son, como se ha señalado anteriormente, ejemplares en el respeto y promoción de estos derechos.

De hecho, Mauricio cuenta con una legislación que, como hemos visto, se parece mucho a la de los países desarrollados occidentales en materia del respeto a los derechos fundamentales individuales. Uno de los problemas más graves al que se enfrenta el país en este sentido es la falta de voluntad política para aplicar los preceptos de la ley.

Y es que, a pesar de las deficiencias señaladas por los informes mencionados, estos también destacan la reforma estructural llevada a cabo y la actitud asertiva del Gobierno mauriciano en favor de la aplicación de unas políticas más respetuosas con los derechos fundamentales. Esto se ve claramente en la honestidad con la que el Gobierno permite que terceras instituciones ejerzan cierta actividad de monitoreo.

Estamos hablando, además, de que Mauricio es el país africano con un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH), de 0,781, calificado como de “alto”[8]. Esta situación le coloca como el país número 68 del mundo, por encima de países como Ecuador, China o Turquía. Por tanto, podemos considerar que Islas Mauricio cumple con unos estándares más que aceptables en materia de educación, salud, esperanza de vida o PIB per cápita.[9]

Por otro lado, este Estado insular es uno de los pocos que proveen enseñanza hasta el nivel universitario, transporte escolar y sanidad gratuitos. Además, ha conseguido que el 87% de sus habitantes tenga una vivienda en propiedad, sin por ello haber experimentado una burbuja inmobiliaria como la que sufrieron los países occidentales hace ya más de 10 años, y cuyas consecuencias aún se siguen notando. Todo ello lo ha conseguido Mauricio sin estar colocado entre los países más ricos del mundo (puesto 129 de los 189 analizados por PIB nominal)[10]. Es algo logrado mediante una diversificación de su economía, grandes recortes en Defensa y una muy bien estructurada seguridad social.[11]

Esto lleva a concluir que, a pesar de los esfuerzos que le quedan por hacer en materia de promoción y respeto de los Derechos Humanos, Mauricio constituye a día de hoy uno de los países africanos más prósperos económicamente y, por tanto, donde es más probable que se lleve a cabo de manera temprana una institucionalización y afianzamiento de los derechos y libertades fundamentales. En efecto, Mauricio goza hoy en día de un crecimiento anual cercano al 4% y un Índice del PIB por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los más altos del continente africano, sólo por detrás de las Islas Seychelles[12]. Este dato es significativo, ya que uno de los pasos más importantes hacia el respeto de los derechos y libertades fundamentales es el empoderamiento económico de la población para poner fin a los casos de servidumbre y dependencia que, sin duda, alientan los casos de abusos y violaciones de estos derechos.