Las autoridades panameñas registraron en 2018 el tránsito de 2.100 personas “de interés” para Washington

• De los 8.445 migrantes ilegales localizados en Darién (un aumento del 20% en dos años), el 91% procedía de Asia y África, con el objetivo en su mayoría de alcanzar EEUU

• El Comando Sur estadounidense desplazó helicópteros en enero y febrero de 2019 para mejorar las capacidades de vigilancia de la densa zona selvática

• La constatación de la presencia de SIA en las caravanas centroamericanas de migrantes del pasado otoño lleva a Washington a poner especial interés en el Tapón de Darién

Informe SRA 2019 / Alex Puigrefagut [Versión en PDF]

Uno de los iconos más conocidos en el continente americano es la Ruta Panamericana: una red de carreteras que va de Argentina a Estados Unidos e incluso permite llegar hasta Alaska. Entre un extremo y otro solo hay un punto en el que hay que apearse del automóvil: 130 kilómetros de espesa vegetación entre Panamá y Colombia, realmente infranqueable, incluso difícil de atravesar a pie. Es la selva de Darién, que por esas características es conocida como el Tapón de Darién.

Justamente por bloquear el tránsito por tierra entre Sudamérica y América Central, tradicionalmente ha sido una área de escasa vigilancia a efectos de flujos migratorios. Esa falta de monitoreo, sin embargo, ha supuesto los últimos años un efecto llamada de una inmigración ilegal llegada fundamentalmente de Asia y África que preocupa a Estados Unidos. Muchos de esos inmigrantes son catalogados por Washington como Extranjeros de Interés Especial (SIA por su siglas en inglés), por proceder de países que, según EEUU, muestran una tendencia a promover, producir o proteger organizaciones criminales, mayormente terroristas. Si emergen en Panamá, fácilmente pueden utilizar las rutas migratorias centroamericanas hasta EEUU, como ha quedado denunciado en la reciente crisis de las caravanas que partieron de Honduras.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá registró el paso por Darién de 8.445 inmigrantes ilegales en 2018 (a falta de computar el mes de diciembre), de los cuales 5.400 procedían de Asia y 2.287 de África, que conjuntamente suponían el 91% de todo el contingente. Se trata de un incremento del 20% en dos años. De ellos, 2.123 eran nacionales de países que EEUU ve como posible amenaza terrorista: la mayoría eran de Bangladesh (1.440), pero también de Eritrea (418), Pakistán (151), Yemen (34), Somalia (32), Afganistán (10), Irak (10), Mauritania (10), Siria (7) y Egipto (2). A finales de 2017 el Servicio Nacional de Fronteras panameño detuvo a 26 ciudadanos de Yemen con presunta vinculación a grupos terroristas.

Ese flujo migratorio de personas etiquetadas como SIA por Washington ya fue alertado en 2016 por el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, que envió un memorándum a las autoridades fronterizas estadounidenses para que estuvieran vigilantes.

Con la atención puesta en Darién, en junio de 2018 EEUU y Panamá acordaron establecer una Fuerza de Tarea Conjunta sobre Migración (JMTF por su siglas en inglés), con el objetivo de asegurar una coordinación más efectiva y completa para abordar la inmigración ilegal y no controlada en la región. Las autoridades de seguridad de ambas administraciones priorizaron actuar contra el narcotráfico y otras clases de delincuencia organizada que pudieran suponer una amenaza para la seguridad tanto de Panamá y EEUU como para la región en su totalidad. En enero y febrero de 2019 el Comando Sur de Estados Unidos utilizó helicópteros para realizar unos transportes destinados a mejorar las instalaciones de vigilancia de Darién.

EEUU y Colombia

El propósito principal de la JMTF creada entre ambos Estados es que pueda haber intercambio de información y recursos para establecer puntos estratégicos fronterizos y de esta forma combatir todo tipo de delincuencia organizada en la frontera sur de Panamá, como por ejemplo el tráfico de drogas, de armas, de personas y sobre todo para la supervisión exhausta de la posible penetración de migrantes ilegales considerados SIA que puedan estar efectivamente relacionados con organizaciones del terrorismo internacional. Además, para el correcto funcionamiento de la JMTF los dos gobiernos acordaron reunirse bilateralmente dos veces al año para supervisar y coordinar de forma efectiva los grupos de seguridad fronterizos.

Ya en 2016 los gobiernos de Panamá y Colombia implementaron añadir en la llamada Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza (COMBIFRON) más medidas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y combatir el crimen organizado, así como la migración ilegal. Dentro de esas medidas se crearon dos puntos de vigilancia compartidos entre las dos armadas y así poder controlar los flujos migratorios en la frontera de ambos países, especialmente en la región de Darién. El área había sido históricamente lugar de influencia de carteles colombianos y retaguardia para fuerzas guerrilleras, de forma que el proceso de paz abierto con las FARC suponía una oportunidad para procurar un mayor control estatal.

El principal problema en el desafío del Darién en las últimas décadas, según algunos observadores, fue la pasividad mostrada por Colombia, que fue disminuyendo el patrullaje y el control terrestre de su parte de la frontera, dejando a Panamá con recursos limitados ante los grupos criminales, ocasionándose con ello un aumento considerable del tráfico ilegal de drogas, armas y personas en la frontera. Esa pasividad colombiana se debió fundamentalmente a que el tránsito de migrantes ilegales no creaba presión migratoria sobre Colombia, ya que los flujos eran hacia el norte continental. Aunque hoy los dos países prestan atención a Darién, el control de la zona sigue siendo deficiente, en parte porque se prioriza la seguridad marítima sobre la terrestre, especialmente en el caso de Colombia.

Caravanas centroamericanas

El paso ilegal por Darién de personas que Washington considera “de interés” por provenir de países que pueden fomentar el terrorismo forma parte de rutas internacionales que se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. La amplia evidencia muestra que el Tapón de Darién se ha vuelto un punto estratégico para la seguridad regional y la de EEUU.

La presencia de personas catalogadas como SIA estuvo en el centro del debate sobre las diversas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 partieron de Centroamérica –surgieron en Honduras y aumentaron su tamaño a su paso por El Salvador y Guatemala– y se dirigieron a la frontera de México con EEUU. Según constató el think-tank estadounidense Center for a Secure and Free Society (SFS), en esas caravanas participaron individuos de fuera de Centroamérica, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, algunos de los cuales entraban dentro de la etiqueta de SIA. De acuerdo con SFS, esas personas tuvieron un trato de privilegio en el desarrollo de lo convoyes, lo que incluso podría indicar una connivencia entre redes de SIA y ciertos canales de la migración centroamericana. Ese mismo centro constató que funcionarios de Guatemala detectaron esos días no menos de 157 migrantes irregulares de otros continentes, de los cuales al menos 17 eran de “especial interés” para EEUU por proceder de países como Paquistán, Bangladesh y Eritrea.

Es complicado establecer cuántas personas con perfil SIA realmente transitan por Centroamérica con destino a EEUU, pues sus identidades son falseadas para pasar desapercibidas durante su travesía. Por otra parte, el presidente estadounidense exageró el estado de alarma por las grandes caravanas centroamericanas, pues aunque hubiera motivos para la alerta, no hay que olvidar que la gran mayoría de Extranjeros de Interés Especial que entran en EEUU y que son altamente peligrosos por sus conexiones directas con el terrorismo llegan por aire y no por tierra. Según un comunicado aclaratorio del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos cada día se llegan a detener una media de diez personas que están catalogadas en la “lista de observación terrorista” (3.700 en el último año fiscal), aunque pocas de ellas entran por la frontera de EE.UU con México.

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, informe 2019

El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que ponemos en marcha tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico. Nuestro SRA es un barrido, a modo de radar, de las cuestiones más significativas ocurridas en este campo el último año.

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RESUMEN EJECUTIVO [versión en PDF]

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el near abroad de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el near abroad chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese extranjero próximo de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocar la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominica. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes.

Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer.