Ante la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, la propia UE ha decidido endeudarse para ayudar a sus Estados miembros

▲ La presidenta de la Comisión, Von der Layen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras anunciar el acuerdo en julio [Consejo Europeo]

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo Palomo

“Deal!”. Con este “tweet” a las 5:30 de la mañana del pasado 21 de julio, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciaba la obtención de un acuerdo tras la reunión más largo de su historia (más de 90 horas de negociaciones). 

Tras la fallida cumbre de febrero los países europeos eran conscientes de la importancia de llegar a un acuerdo, pero ciertos países veían con más urgencia que otros el cerrar el Marco Financiero Plurianual (MFP) para los próximos siete años. Pero como todo, la pandemia del Covid-19 ha trastocado esta falta de sentido de urgencia, e incluso ha forzado a los Estados miembros a negociar, además del presupuesto, unas ayudas para paliar los efectos de la pandemia en los 27.

El acuerdo consiste en un MFP de 1,074 billones de euros. Una cifra inferior a la que en febrero demandaban los denominados amigos de la cohesión (conglomerado de países del sur y este de Europa) y la propia Comisión, pero también superior a la cifra a la que los frugales (Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia) estaban dispuestos a admitir. Pero no ha sido sobre esta cifra por donde ha sobrevolado el debate, sino cuánto y cómo iba a ser el Fondo de recuperación tras la pandemia para ayudar a los países más afectados por esta. El Fondo acordado ha sido de 750.000 millones, divididos en 390.000 millones que se entregarán a los Estados miembros en forma de subsidios, y el restante, 360.000 millones, que se entregarán en forma de préstamo desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022.

Las cifras son mareantes, y partiendo de las negociaciones de febrero, donde una parte los miembros preferían algo más austero, cabe preguntarse: ¿Y cómo se ha llegado a este acuerdo?

El momento Hamilton

Con la llegada del Covid-19 a Europa y una paralización considerable de todas las economías del mundo, las capitales europeas supieron ver rápidamente que el varapalo iba a ser importante y que iba a ser necesario una respuesta fuerte para paliar el golpe. Las propuestas a nivel europeo no se hicieron esperar. Por ejemplo, el Parlamento Europeo propuso un paquete de recuperación el 15 de mayo de 2 billones de euros, e incluir este en el MFP 2021-2027.

La propuesta más destacada fue la presentada el 18 de mayo por el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. Y no solo por ser impulsada por las dos principales economías de la Unión, sino por lo histórico de su contenido.

Se ha hablado de momento Hamilton, en alusión a Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y primer secretario del Tesoro de la recién fundada república. En 1790 los trece estados que componían a la joven nación americana estaban tremendamente endeudados debido al esfuerzo bélico de la Guerra de Independencia, que había terminado solo siete años antes. Para solucionar este problema, Hamilton, secretario del Tesoro, consiguió convencer al gobierno federal para que asumiera la deuda de los estados mediante la “mutualización” de esta. Este evento marcó el fortalecimiento del gobierno federal americano y sirvió para crear las bases de la identidad nacional de EEUU. 

Parece que con la propuesta franco-alemana ha llegado ese momento Hamilton. La propuesta está basada en cuatro pilares: 

1. Estrategia sanitaria europea, que puede llegar a incluir una reserva conjunta de equipos y suministros médicos, la coordinación en la adquisición de vacunas y tratamientos. A su vez, también planes de prevención de epidemias compartidos entre los 27 y métodos comunes para el registro de enfermos.

2. Un impulso a la modernización de la industria europea, apoyada en una aceleración de la transición ecológica y digital.

3. Fortalecimiento del sector industrial europeo, apoyando la producción en el Viejo Continente y la diversificación de las cadenas de suministro para reducir la dependencia global de la economía europea.

4. Fondo de reconstrucción de 500.000 millones para las regiones más afectadas por la pandemia sobre la base de los programas presupuestarios de la UE.

Es este cuarto pilar al que podemos denominar “hamiltoniano” y que es histórico pues permitiría por primera vez en la historia que sea la propia UE la que emita deuda para financiar este fondo. Esta propuesta ha roto años de una postura alemana en contra de cualquier tipo de endeudamiento colectivo. “Estamos experimentando la mayor crisis de nuestra historia… Debido a la naturaleza inusual de la crisis estamos eligiendo soluciones inusuales”, afirmó Merkel en la videoconferencia conjunta con Macron.  

Según esta propuesta los fondos no serían reembolsados directamente por los países sino mediante los fondos comunitarios a largo plazo, bien a través de sus recursos habituales o bien a través de nuevas fuentes de ingresos. También hay que destacar que la propuesta hablaba de la entrega de este fondo en forma de subsidios, es decir, sin ningún tipo de interés para los países receptores.

De entre las reacciones a esta propuesta destacaron la de los frugales, que rechazaban que los fondos se entregaran a través de subsidios. “Seguiremos dando muestras de solidaridad y apoyo a los países más afectados por la crisis del coronavirus, pero esto debe hacerse bajo la forma de préstamos y no de subvenciones”, dijo el canciller austriaco Sebastian Kurz. La propuesta de los frugales es que la ayuda recaudada en los mercados de deuda se debe entregar a los Estados a bajos intereses, es decir, como un préstamo, y condicionados a un programa de reformas.

El 27 de mayo la Comisión anunció su propuesta, muy similar a la franco-alemana, pero ampliada. La propuesta está compuesta por un MFP de 1,1 billones de euros y un plan de recuperación de 750.000 millones llamado Next Generation EU. Este plan de recuperación está basado en tres pilares financiados con nuevos instrumentos pero dentro de partidas preexistentes:

El primer pilar abarca el 80% del plan de recuperación. Trata sobre el apoyo a los Estados miembros en sus inversiones y reformas siguiendo las recomendaciones de la Comisión. Para ello el pilar cuenta con estos instrumentos:

• Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (la parte más importante de la propuesta): ayudas financieras para inversiones y reformas de los Estados, especialmente las relacionadas con la transición ecológica y digital y la resiliencia de las economías nacionales, vinculándolas a las prioridades de la UE. Este mecanismo estaría compuesto por 310.000 millones en subsidios y 250.000 millones en préstamos.

• Fondo React-EU dentro de la política de cohesión con 55.000 millones. 

• Aumento en el Fondo de Transición Justa: este fondo está destinado a apoyar a los Estados a acometer la transición energética y ecológica, para avanzar hacia una política de neutralidad climática. Se aumentaría hasta los 40.000 millones.

• Aumento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: sirve para apoyar a las zonas rurales para cumplir el Acuerdo Verde Europeo. Se aumentaría en 15.000 millones.

El segundo pilar abarca un 15% del plan. Se centra en el impulso de la inversión privada, y sus fondos estarían gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI):

• Instrumento de Apoyo a la Solvencia de 31.000 millones

• Programa EU-Invest aumentado hasta los 15.300 millones

• Nuevo Fondo de Inversión Estratégica para fomentar las inversiones en sectores estratégicos europeos 

El tercer pilar abarca el 5% restante. Incluye inversiones en aspectos que han resultado claves en la crisis del coronavirus:

• Programa EU4Health para reforzar la cooperación sanitaria. Con un presupuesto de 9.400 millones.

• Refuerzo de rescEU, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea en 2.000 millones.

• Proyecto Horizonte Europa para el fomento de la investigación e innovación por valor de 94.400 millones.

• Apoyo a la ayuda humanitaria exterior por valor de 16.500 millones.

Para conseguir la financiación la Comisión emitiría deuda propia en el mercado y pondría nuevos impuestos propios como: la tasa al carbono en frontera, los derechos de emisión, la tasa digital o un impuesto a las grandes corporaciones.

Cabe destacar también que tanto el acceso a las ayudas del MFP como de Next Generation EU tendrían la condicionalidad del cumplimiento del Estado de Derecho. Algo que no gustó a países como Hungría o Polonia que, entre otros, consideran que no es algo claro y que es una forma de inferencia de la UE en sus asuntos internos.

Negociación en la Cumbre europea

Con esta propuesta sobre la mesa los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reunieron el 17 de julio en Bruselas en medio de gran incertidumbre. No sabían lo que podía durar la cumbre y eran pesimistas con que se fuera a lograr un acuerdo.

Los puntos calientes de la negociación estaban principalmente en la cantidad y en la forma del Fondo de reconstrucción. Países como España, Italia o Portugal querían que las ayudas llegaran en forma de subsidios en su totalidad y sin ningún tipo de condicionalidad. Por el contrario, los frugales, capitaneados durante la cumbre por el neerlandés Mark Rutte, querían reducir lo máximo que pudieran el Fondo de reconstrucción, que en todo caso se entregara en forma de préstamos a devolver y como “precondición absoluta”. “Cualquier ayuda del Norte significa hacer reformas en el Sur. No hay otra opción”, afirmó Rutte en una rueda de prensa en La Haya.

Como toda negociación las posiciones se fueron aflojando. Ya era claro que ninguna de las dos posturas se iba a mantener indemne y que una solución mixta tanto con subsidios como con préstamos iba a ser la solución. ¿Pero en qué porcentaje? ¿Y con condicionalidad de reformas?

Para España, Italia y Portugal los subsidios no podían ser menos de 400.000 millones, lo que ya era una concesión de los 500.000 de los que se partía. Para los frugales, a los cuales se les había unido Finlandia, esa cifra no podía superar los 350.000 millones, que acarrearía una reducción del total del Fondo a 700.000 millones. Esto era una importante concesión de los frugales, que pasaban de hablar de cero subsidios a aceptar estos como 50% del monto. La propuesta final de Michel fue de 390.000 millones en subsidios y 360.000 millones en préstamos para intentar convencer a todas las partes.

El gran escollo aparte del porcentaje era la condicionalidad de reformas para la entrega de ayudas que defendían los frugales. El fantasma de la Troika impuesta tras la crisis de 2008 comenzaba a aparecer para desgracia de países como España e Italia. Rutte exigía que los planes nacionales que los países tenían que presentar a la Comisión para recibir el Fondo también pasara por el Consejo de los 27 y que fuera necesario una aprobación por unanimidad. Esta fórmula básicamente permitía el veto de los planes nacionales por cualquier país. Alemania por su parte no llegaba tan lejos como la necesaria unanimidad, pero si pedía cierto control por parte del Consejo.

La postura de Rutte enfureció a muchos países que veían la propuesta como una forma de obligar a hacer reformas que no tienen que ver con la recuperación económica.

El presidente del Consejo presentó una propuesta para acercar a las partes: el “freno de emergencia”. Según la propuesta de Michel los países tendrán que enviar su plan de reforma al Consejo y tendrá que ser aprobado por mayoría cualificada. Tras su aprobación se permite a cualquier país elevar al Consejo sus dudas sobre el cumplimiento de los planes presentados por un Estado; en ese caso el Consejo tendría un plazo máximo de tres meses para pronunciarse. Mientras no se reciba el pronunciamiento el país no recibiría las ayudas.

Para los que les pueda sorprender las grandes cesiones de los frugales, hay que hablar de la figura de los “rebates” o cheques compensatorios. Estos son descuentos a la aportación de un país al presupuesto y surgieron en 1984 para el Reino Unido. Los británicos eran de los principales contribuidores netos al presupuesto europeo, pero no se beneficiaban apenas de las ayudas de este, pues iban destinadas en un 70% a la Política Agraria Común (PAC) y al Fondo de Cohesión. Por ello se acordó que los británicos tendrían descuentos en su aportación de forma permanente. A partir de entonces otros países contribuidores netos han ido recibiendo estos cheques. Aunque en estos casos tenían que negociarse con cada MFP y eran parciales sobre un ámbito concreto.

Es una figura muy controvertida para muchos países, y ya se intentó quitar en 2005. Pero lo que es innegable es que es una gran medida de negociación. Los frugales desde un primer momento los han querido mantener, e incluso fortalecer. Y ante las dificultades para la negociación, el resto de Estados miembros han visto que es una forma “asequible” y no muy rebuscada de convencer a los “halcones del norte”. Después de una postura inicial se acabaron aumentando: Dinamarca recibirá 377 millones (considerablemente superior a los 222 iniciales); Austria doblará su monto inicial hasta los 565 millones; Suecia recibirá 1.069 millones (superior a los 823 iniciales); y Países Bajos recibirá 1.575 millones. Cabe destacar a Alemania que, como principal contribuidor neto, recibirá 3.671 millones.

El último punto importante de la negociación a tratar es la condicionalidad del cumplimiento del Estado de Derecho para recibir los diferentes fondos y ayudas. Hungría y Polonia, por ejemplo, tienen un expediente abierto por posible vulneración del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que permite sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión como el respeto a los derechos humanos o el imperio de la ley. Muchos países han apretado sobre el asunto, pero ante la dificultad en las negociaciones y un posible riesgo de veto al acuerdo dependiendo del vocabulario que se usara por parte del presidente húngaro Viktor Orban, esta cláusula quedó en agua de borrajas.

Recapitulando, y como se ha expuesto al principio del artículo, el acuerdo se acabó cerrando en un MFP de 1,074 billones de euros; y un Fondo de reconstrucción tras la pandemia, el Next Generation EU, de 750.000 millones, divididos en 390.000 millones en forma de subsidios y 360.000 millones en forma de préstamos. A esto hay que añadirle el “freno de emergencia” de Michel para la entrega de las ayudas y la importante suma de los “rebates”.

Los recortes

Sí, los ha habido. Aparte del ya explicado de la cláusula de Estado de Derecho, ha habido varios recortes en varias de las partidas propuestas por la Comisión. En primer lugar, un recorte importante en el Fondo de Transición Justa que pasa de los 40.000 millones de la propuesta inicial, a 10.000 millones, para enfado especialmente de Polonia. En segundo lugar, los Fondos para el desarrollo rural se reducen de 15.000 a 7.000 millones. En tercer lugar, tanto el fondo de apoyo a la ayuda humanitaria exterior de 16.500 millones, el instrumento de apoyo a la solvencia de 31.000 millones (en su propuesta por la Comisión) y el programa EU4Health de 9.400 millones han quedado en nada. Y, por último, el proyecto Horizonte Europa bajaría de los 94.400 millones propuestos por la Comisión a apenas 5.000 millones.

¿Ganadores y perdedores?

Es difícil hablar de ganadores y perdedores en una negociación donde todas las partes han cedido bastante para lograr el acuerdo. Aunque quedaría por ver si las posiciones de los países eran verdaderamente inamovibles desde el principio o sencillamente los han usado como instrumento de presión en la negociación.

Los países más afectados por la pandemia como Italia y España pueden estar contentos pues van a recibir una suma muy importante en forma de subsidios como querían. Pero esa condicionalidad que no iban a aceptar de ninguna manera, en cierto modo, les va a llegar suavizada en la forma del “freno de emergencia” de Michel. Y las reformas que no querían verse obligados a hacer, las van a tener que llevar a cabo de acuerdo con el plan de recuperación que envíen al Consejo, que si no son suficientes puede ser rechazado por este.  

Los frugales han conseguido que se entregue las ayudas de forma condicionada, pero más de la mitad de estas van a ser en forma de subsidios. Y por regla general se ha sobrepasado los límites monetarios que defendían.

Países como Polonia o Hungría han conseguido que la condicionalidad del Estado de Derecho al final no sea eficaz, pero por otro lado han recibido recortes considerables en fondos, como el de Transición Justa, que son importantes especialmente en Europa Central para la transición energética.

Pero, en definitiva, cada Jefe de Estado y de Gobierno ha vuelto a su país clamando victoria y asegurando haber cumplido su objetivo, que es lo que tiene que hacer (o aparentar) al final un político.

Para que tanto el MFP 2021-2027 como Next Generation EU salgan adelante todavía resta la ratificación del Parlamento Europeo. A pesar de que el Parlamento siempre ha abogado por un paquete más ambicioso del acordado no hay miedo a que llegue a bloquearlo.

Conclusión

Como he expuesto, este acuerdo se le puede calificar de histórico por varios motivos. Aparte del evidente de la extensión del Consejo europeo o la misma pandemia del Covid-19, es histórico por ese momento Hamilton que parece que se va a llevar a cabo.

Parece ser que los Estados Miembros han aprendido que la formula que se usó tras la crisis en 2008 no funcionó, que las crisis afectan en su conjunto a toda la Unión y que no se puede dejar atrás a nadie. Casos como el Brexit y el auge de movimientos euroescépticos a lo largo de todo el Continente sientan un peligroso precedente y podrían poner en peligro incluso la continuidad del proyecto.

La “mutualización” de deuda permitirá a Estados ya muy endeudados, y que debido a su elevada prima de riesgo tendrían problemas para financiarse ellos mismos, poder salir de la crisis antes y mejor. Evidentemente esta decisión acarreará problemas que están por ver, pero demuestra que los 27 se han dado cuenta que era necesaria una ayuda conjunta y que no pueden ir haciendo la guerra por su cuenta. Ya lo dijo Merkel al presentar su plan tras la pandemia junto a Macron: "Es la peor crisis en la historia europea", y agregó que, para salir "fortalecidos", es necesario cooperar.

Este paso de cierta unidad fiscal puede ser visto como un acercamiento a la Europa Federal, por lo menos en la Eurozona, que se ha venido discutiendo desde hace ya décadas. Está por ver si es un camino con o sin retorno.

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

COMENTARIO / Carlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

▲ Personal de ACNUR construyendo una carpa para refugiados venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta [ACNUR]

COMENTARIO / Paula Ulibarrena

Las restrictivas medidas impuestas por los estados para tratar de contener la epidemia de coronavirus implican para millones de personas dejar de ir a trabajar o hacerlo desde casa. Pero no todos pueden parar su actividad o pasar al teletrabajo. Hay trabajadores por cuenta propia, pequeños comercios, tiendas de barrio, comerciantes ambulantes o vendedores callejeros, y artistas independientes que viven prácticamente al día. Para ellos y para amuchas otras personas que queden sin ingresos o los vean reducidos, los gastos seguirán igualmente corriendo: pago de servicios, alquileres, hipotecas, colegiaturas y, por supuesto, alimentos y medicinas.

Todos estos impactos sociales que está acarreando la crisis por el coronavirus ya empiezan a cuestionarse entre quienes viven en la “zona roja” de la epidemia. En Italia, por ejemplo, algunos colectivos políticos han demandado que las ayudas no sean para las grandes empresas, sino para este conjunto de trabajadores precarios o familias necesitadas y están exigiendo una “renta básica de cuarentena”.

Planteamientos semejantes están surgiendo en otras partes del mundo e incluso ha llevado a que algunos mandatarios a adelantarse a las exigencias de la población. En Francia, Emmanuel Macron anunció que el gobierno asumirá los créditos, y suspendió el pago de alquileres, impuestos y recibos de luz, gas y agua. En Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció que se enviarán cheques a cada familia para enfrentar los gastos o riesgos que implica la pandemia.

En otras grandes crisis el Estado ha salido a rescatar a las grandes empresas y bancos. Ahora se reclama que los recursos públicos se dediquen a rescatar a los más necesitados.

En toda crisis, son los más desfavorecidos los que peor lo pasan, hoy hay en el mundo más de 126 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos 70 millones de desplazados forzosos. Dentro de estos colectivos comenzamos a conocer los primeros casos de infectados (campo de desplazados de Ninive-Irak, Somalia, Afganistán, Nigeria, Sudán, Venezuela….), el informe de casos en Burkina Faso es particularmente ilustrativo del desafío de responder en un contexto donde la atención médica es limitada. Los refugiados malienses que una vez fueron desplazados a Burkina Faso están siendo obligados a regresar a Malí, y la violencia continua inhibe el acceso humanitario y médico a las poblaciones afectadas.

Muchos campos de refugiados sufren de insuficientes instalaciones de higiene y saneamiento, lo que crea condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Los planes oficiales de respuesta en los Estados Unidos, Corea del Sur, China y Europa requieren distanciamiento social, lo que es físicamente imposible en muchos campamentos de desplazados y en los contextos urbanos abarrotados en los que viven muchas personas desplazadas por la fuerza. Jan Egeland, director general del Consejo Noruego para los Refugiados, advirtió que COVID-19 podría "diezmar las comunidades de refugiados". 

Jacob Kurtzer, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, advierte que las políticas nacionales de aislamiento en reacción a la propagación de COVID-19 también tienen consecuencias negativas para las personas que enfrentan emergencias humanitarias. Así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones han anunciado el fin de los programas de reasentamiento de refugiados, ya que algunos gobiernos anfitriones han detenido la entrada de refugiados e impusieron restricciones de viaje como parte de su respuesta oficial.

Para agravar estos desafíos está la realidad de que la financiación humanitaria, que apenas puede satisfacer la demanda mundial y que puede verse afectada ya que los estados donantes consideran que en este momento deben enfocar dichos fondos a la respuesta al Covid-19.

En el lado contrario el coronavirus podría suponer una oportunidad de reducción de algunos conflictos armados. Por ejemplo, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades y el cese de las transferencias militares en Libia para permitir que las autoridades se concentren en responder a la emergencia de salud. El Estado Islámico ha publicado repetidos mensajes en su boletín informativo de Al-Naba pidiendo a los combatientes que no viajen a Europa y que reduzcan los ataques mientras se concentran en mantenerse libres del virus. 

Kurtzer sugiere que esta es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del trabajo humanitario en el extranjero y garantizar que no se pase por alto. Curiosamente los países desarrollados se enfrentan a una vulnerabilidad médica real, de hecho Médicos Sin Fronteras ha abierto instalaciones en cuatro ubicaciones en Italia. Cooperar con organizaciones humanitarias confiables a nivel nacional será de vital importancia para responder a las necesidades de la población y al mismo tiempo desarrollar una mayor comprensión del trabajo vital que realizan en entornos humanitarios en el extranjero.