Sin parlamento y con un presidente con un año prorrogado, el país complica el camino de la recuperación

La crisis económica y sanitaria mundial ha afectado a todos los países, pero en Haití el impasse de la situación ha agravado además una crisis política que viene de atrás. Con un presidente que se ha negado a abandonar el cargo y a renovar el Parlamento y que ha convocado un referéndum constitucional para dotarse de más poder, Haití se encuentra en un espiral destructivo del que la ayuda internacional no logra sacarle. La vecina República Dominicana ha anunciado la construcción de una valla fronteriza que permita controlar la entrada de haitianos.

ARTÍCULO / Christian Santana

La pandemia de coronavirus ha agravado la ya siempre difícil situación económica de Haití y además ha contribuido a acentuar el colapso institucional que vive el país desde hace cinco años, al amparar de alguna forma el hecho excepcional de aplazamientos electorales. En materia de salud el impacto del Covid-19 no ha sido especialmente alto, al menos de acuerdo con las cifras oficiales (14.258 afectados y 307 muertos hasta finales de mayo de 2021, muy por debajo de las cifras de la vecina República Dominicana: 291.910 y 3.628, respectivamente), aunque el deficiente sistema sanitario nacional puede hacer suponer una mayor incidencia: de hecho, está siendo el último país americano en empezar a vacunar a sus habitantes.

En un país que de suyo cuenta con una reducida actividad económica, donde es frecuente que haya ejercicios de caída del PIB, el retroceso mundial de 2020 tuvo lógicamente una traslación moderada, al tiempo que la recuperación de 2021 apenas está siendo perceptible. Así, el PIB de Haití bajó un 3,7% en 2020 y crecerá solo un 1% en 2021, según las estimaciones del FMI. El daño económico y sus consecuencias sociales se observan especialmente en la tasa de inflación, que el año pasado se acercó al 23% y este año seguirá por encima del 22%. Además, en apenas dos años, la deuda pública de Haití aumentó casi diez puntos, pasando del 38,3% del PIB en 2017 al 47% en 2019.

Ya en abril de 2020, cuando empezaba la recesión global, el FMI advertía del daño que estaba ocasionando la parálisis política. “Debido a la frustración popular con alto niveles de corrupción y desigualdad, Haití ha estado experimentando una crisis política y un malestar social prolongados que en ocasiones ha paralizado la mayor parte de la actividad económica del país”, aseguraba el informe, y manifestaba que “ausente una implementación sostenida de buenas políticas y reformas integrales, la perspectiva permanece sombría”.

En los meses siguientes la pandemia ha empeorado las ya débiles perspectivas económicas de Haití. Una fuerte caída esperada en los flujos de remesas, la reducción de las exportaciones de textiles y la caída de la inversión extranjera directa ejercerán una presión significativa sobre la balanza de pagos. Los gastos sociales y sanitarios adicionales, junto con una nueva caída de los ingresos fiscales, aumentarán el déficit fiscal y las necesidades de financiación. Para hacer frente a esa emergencia, el FMI aprobó en abril de 2020 el desembolso de 111,6 millones de dólares. La cuantía estaba destinada aliviar el impacto de la crisis en la población, como pagar los salarios de algunos maestros y trabajadores, proporcionar transferencias de efectivo y raciones de alimentos a los hogares y proporcionar subsidios a los sectores de transporte y saneamiento.

A principios de este 2021 el gobierno de Haití introdujo un plan de recuperación económica post Covid-19 (Precop), con el objetivo de lograr un crecimiento del 3% en promedio durante los próximos tres años, la reducción gradual de la inflación hasta el 10% y la creación de 50.000 empleos. Según el Gobierno haitiano, en 2020 los ingresos del 95% de los hogares disminuyeron drásticamente y subió un 10% el desempleo.

Bloqueo político

En cualquier caso, Haití no cuenta con la estabilidad política requerida para una aplicación rigurosa del plan de recuperación. Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, el país vive su último largo periodo de inestabilidad. Las denuncias sobre irregularidades retrasaron la segunda vuelta hasta noviembre de 2016. El triunfo fue para Jovenel Moïse, con el 55,6% de los votos y una muy baja participación. Moïse tomó posesión en febrero de 2017, un año después de lo que hubiera sido normal de no haberse distanciado tanto las dos vueltas. 

El Consejo Superior de Justicia estimó a comienzos de 2021 que los cinco años de mandato se cumplían el 7 de febrero, pero Moïse ha permanecido en el cargo, en medio de violentas protestas, alegando que su mandato concluye en realidad el 7 de febrero de 2022. Aunque los jueces nombraron un presidente interino, Moïse ha seguido gobernando, apartando a políticos y magistrados que han cuestionado su autoridad y a los que acusa de orquestar un golpe de Estado (llegó a detener a 23 personas por ese motivo). Cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una institución que él mismo creó de nuevo en 2017 tras dos décadas de haber sido disueltas por Jean-Bertrand Aristide.

Además, Moïse ha pospuesto las elecciones legislativas que debían haberse celebrado en octubre de 2019, de forma que desde enero de 2020, cuando debía constituirse el Parlamento que debía elegirse, ha estado gobernando por decreto. Ahora promete elecciones legislativas y presidenciales para septiembre y noviembre de 2021, pero antes quiere proceder a una reforma de la Constitución que debe darle más poder. El referéndum constitucional ha sido convocado para el 27 de junio, con el fin de revalidar una nueva Constitución elaborada por una comisión de cinco personas todas ellas nombradas por Moïse. El nuevo texto que prevé eliminar el Senado, convirtiendo el sistema en unicameral, y preservar a los expresidentes de cualquier demanda judicial por corrupción u otros delitos. La Constitución de 1987 prohíbe reformas constitucionales por referéndum, pero Moïse alega de que su iniciativa no pruebe una enmienda sino una nueva Constitución.

La comunidad internacional ha reaccionado frente a la violencia y la corrupción registradas en Haití, pero no ha conseguido reconducir la situación. La ONU expresó sus quejas contra la impunidad y Estados Unidos ha aplicado sanciones contra dirigentes que han vulnerado derechos humanos. Sin embargo, esas instancias han tenido que asumir la realidad de la permanencia de Moïse en el poder y pasar a reclamar que mantenga el calendario electoral anunciado, como ha hecho la Administración Biden y la Unión Europea (aunque rechazan el cambio constitucional).

Relación con la República Dominicana

Las condiciones en las que se ha desarrollado la pandemia en el mundo han dado ocasión a la República Dominicana para plantear una frontera con Haití que pueda cerrarse de modo hermético cuando convenga y que permita un mayor obstáculo al contrabando, el narcotráfico y la inmigración ilegal. En su última rendición de cuentas ante el Congreso, el 27 de febrero de este año, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció la construcción de una valla que recorra la línea de 400 kilómetros que separa a los dos países de la isla de La Española. Una línea divisoria que combinará medios físicos y tecnológicos y que incluirá “una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimientos, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”. En mayo ya se habían construido 23 kilómetros de valla, con una altura de cuatro metros y coronada con espinos.

Abinader, de centroizquierda, compensó esa política dura con la promesa de dar documentos de identidad a los haitianos que viven en la República Dominicana (se calcula que residen 500.000, lo supone un 5% del censo dominicano, si bien la cifra probablemente es mayor). También anunció la concesión a Haití de diversos tipos de ayuda, como el suministro de excedente eléctrico dominicano y la contribución a la construcción de hospitales, para uso como maternidades y con financiación internacional, en el lado haitiano de la frontera. Precisamente la migración temporal de mujeres haitianas a la República Dominicana con el fin de dar a luz allí acogiéndose al sistema público de salud, a pesar en muchos casos de su estatus ilegal, es uno de los argumentos más usuales en el debate nacional sobre la migración desde Haití.

La República Dominicana se vio afectada al comienzo de la pandemia por el descenso de las exportaciones y luego por la paralización del turismo, pero este 2021 está conociendo una rápida recuperación, con un crecimiento estimado para el total del año del 6,2% (tras una caída del 6,7% en 2020), una cifra que se aproxima a los crecimientos de hasta el 7% que había experimentado en recientes años.

La crisis por la pandemia empuja a unas reformas económicas pendientes desde hace años, pero pueden ser poco efectivas por miedo a una apertura fuera de control 

El Gobierno cubano lleva años queriendo emprender reformas económicas, pero la distracción que supuso el auxilio de la Venezuela chavista y las dudas internas sobre el modelo de aperturismo económico retrasaron decisiones en firme. El colapso venezolano, primero, y muy especialmente la pandemia, después, han llevado a la economía cubana a un punto de quiebre que están obligando ya a tomar medidas, porque además la población de la isla está empezando a mostrar cierta inquietud. La salida de escena de Raúl Castro constituye un marco de oportunidad para los cambios, pero las incertidumbres de futuro pueden agarrotar cualquier transición por modesta que sea.

ARTÍCULO / María Victoria Andarcia

Tras un 2020 especialmente complicado, en los primeros meses de 2021 Cuba dio pasos significativos. En febrero, el Gobierno anunció una ampliación masiva de permisos para la iniciativa privada en diferentes rubros económicos. La ministra de Trabajo, Marta Elena Feito, anunció que la lista de sectores en los que se autorizaba a operar de manera privada crecería de 127 a más de 2.000 y que el Estado se reservaría la exclusividad solo en 124 rubros que no detalló. 

Con el desarrollo del “cuestapropismo”, en Cuba venían ocupándose aproximadamente 600.000 trabajadores en actividades privadas, un 13% de la fuerza laboral. La gran mayoría de estas iniciativas están vinculadas a la industria turística, la cual se ha visto afectada por el endurecimiento de las sanciones que llevó a cabo Donald Trump y especialmente por la pandemia de Covid-19, que prácticamente anuló el turismo en el Caribe. Según la Cepal, en el momento más crítico de la pandemia 250.000 trabajadores por cuenta propia habían suspendido su licencia de trabajo. Ese desempleo está impidiendo que el sector por cuenta propia pueda acoger a los trabajadores del sector público de los que el Estado quiere ir desprendiéndose para adelgazar actividades deficitarias.

El Ministerio de Economía cubano cifra la caída económica sufrida por la isla en 2020 en el 11% del PIB, la peor desde la disolución de la Unión Soviética, que dejó a Cuba sin el apoyo de su sostenedor económico y dio lugar al tiempo de extrema penuria conocido como el “periodo especial”. Ya en 2019 apenas se registró crecimiento. En 2020 hubo una reducción del 30% de las importaciones, lo que ha agudizado la creciente escasez de productos básicos y la inflación de precios en la isla, también empujada después por el reajuste cambiario.

Reforma monetaria

El 1 de enero de 2021 fue el “día cero” de la reforma monetaria y cambiaria, cuando se cumplían 62 años del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro. Se trata de la reforma económica más compleja emprendida por el país en las últimas tres décadas, después de años de espera. Desde el “periodo especial” en Cuba circulaban dos monedas: el peso cubano (CUP) y el convertible (CUC), equivalente al dólar y que se ha eliminado con la fusión de las dos monedas. Las monedas se canjeaban a diferentes tarifas: para las empresas del Estado, 1 dólar o CUC era equivalente a un peso cubano, mientras que, para la población, la tasa de cambio era de 24 pesos el dólar. La unificación ha ido acompañada de la fijación de una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por dólar, la primera devaluación oficial del peso desde 1959.

El alza inflacionaria ha afectado al precio de muchos productos y servicios. Si bien ha habido un aumento de salarios en el sector estatal, el precio de la electricidad se ha multiplicado por tres, el del agua por seis y el del pan con harina por veinte.

La desaparición del CUC se ha compensado con la apertura de tiendas donde puede comprarse con “monedas libremente convertibles”, amparando la libre circulación del dólar y suponiendo, en definitiva, una dolarización encubierta (además sigue operando un mercado negro de divisas, donde el dólar vale casi el doble del cambio oficial). Se trata de establecimientos para turistas, pero donde también la nomenclatura puede adquirir productos que no están al alcance del resto de la población. Eso ha contribuido incluso a críticas internas sobre una situación de desigualdad, como reconoció en abril el propio Raúl Castro en su discurso ante el VIII Congreso de Partido Comunista de Cuba (PCC).

El alza de precios y la creciente desigualdad está contribuyendo a un malestar social que da pie a quejas públicas cada vez menos tímidas. Esto ocurre en un contexto de protestas puntuales, como la del gremio de artistas, que hablan de una creciente inquietud que las reformas económicas debieran satisfacer a medio plazo pero que, de aplicarse sin decisión o no ser efectivas, pueden llevar a una frustración de expectativas.

De hecho, la convicción del Gobierno a la hora de impulsar reformas económicas ha sido hasta la fecha más bien deficiente. En 2011, en el VI Congreso del PCC, en el que Raúl Castro consolidaba su liderazgo tras suceder a su hermano en 2008, se aprobó una senda de reformas en la actividad económica que solo se aplicaron en parte. El auxilio que entonces suponía la Venezuela chavista de las vacas gordas llevó a aplazar las medidas más urgentes, en lo que en realidad vino a suponer una década perdida.

La isla tiene una economía muy dependiente del exterior, a pesar de no ser una economía de mercado. Los bienes que exporta se encuentran limitados a sus recursos naturales y a productos tradicionales de escasa elaboración: níquel, zinc, azúcar, tabaco y ron. Los servicios son el principal rubro de las exportaciones cubanas, especialmente los servicios de salud enviados a Venezuela y otros países de orientación ideológica próxima. La necesidad de importar materias primas, petróleo y alimentos condiciona el crecimiento de la economía de la isla. La URSS fue tabla de salvación sobre todo por las aportaciones de petróleo, como luego ocurrió con Venezuela, cuyo crudo prácticamente regalado Cuba refinaba y exportaba, logrando mejorar el flujo de divisas.

Relaciones con Estados Unidos

Al colapso venezolano vino a sumarse seguidamente una mayor presión de la Administración Trump. Si bien Estados Unidos sostiene un embargo a la isla desde en 1962, Barack Obama buscó un acercamiento mutuo que condujo en 2015 al restablecimiento de relaciones diplomáticas. El embargo se mantuvo, pues su levantamiento depende del Congreso, pero Obama propició su relajamiento mediante decretos presidenciales que aumentaron los contactos entre los dos países, con la reanudación de vuelos comerciales, la autorización a mayores compras en las visitas a la isla y la promoción del turismo. Además, permitió los viajes familiares a Cuba y facilitó los envíos de remesas, las cuales constituyen una importante fuente de divisas de este país, después de los ingresos por la prestación de servicios profesionales al extranjero y el turismo. Así, las remesas aumentaron un 143% entre 2008 y 2017 (de 1.447 millones a 3.515 millones de dólares). 

Trump mantuvo el reconocimiento diplomático (aunque ni Obama ni él nombraron embajador) y el envío de remesas, pero revirtió la mayor parte de los decretos aprobados por Obama y además aplicó varias rondas de sanciones. Estas incluyeron, entre otras, la suspensión del otorgamiento de visas para los cubanos y la ampliación de la lista de empresas cubanas manejadas por las Fuerzas Armadas con las que los estadounidenses no pueden relacionarse (ni como turistas). 

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se esperaba que las relaciones entre los históricos enemigos mejorasen de nuevo, pero meses después aún no se vislumbran señales de cambio y quien fuera vicepresidente de Obama no ha regresado a la estrategia de este hacia Cuba, sino que mantiene la presión sancionadora de su inmediato predecesor.

China y Rusia

Si en las relaciones con la Administración Obama, Raúl Castro buscaba un nuevo patrocinador que de alguna manera sustituyera a Venezuela, como esta había reemplazado a la URSS (de hecho, las negociaciones secretas con Obama comenzaron cuando la muerte de Hugo Chávez abría incertidumbres sobre el futuro venezolano), el portazo de Washington puede propiciar un mayor acercamiento a Rusia o a China. Esa aproximación se ha ido produciendo los últimos años, pero de momento no hay una definida dependencia de Moscú o Pekín.

Si el regreso de Rusia al Caribe cabe circunscribirlo a la disponibilidad de acceso militar (en Nicaragua, Cuba y Venezuela), en el caso de China existe una clara apuesta de comercio. China ha devenido en el segundo socio comercial más importante de la isla. Varias empresas chinas como Huawei y Haier han ayudado al desarrollo del sistema de telecomunicaciones cubano. Pekín reconoce la importancia estratégica de Cuba, por su inmediatez geográfica a Estados Unidos, y puede aprovechar esa relación para desafiar a su enemigo americano.

Tanto la profundización en esa vinculación como un paso firme en las reformas económicas, tal vez imitando a Vietnam en la apertura de mercado sin dejar el comunismo (el vietnamita, no obstante, es un modelo con lastres), dependerá de la nueva generación de dirigentes. Raúl Castro, más proclive a las reformas que su hermano Fidel, no acabó de impulsar de modo decidido el proceso porque el boom del precio de las materias primas, del que Cuba se benefició muy directamente a través del petróleo venezolano, relativizó su urgencia. Esta se plantea ahora, pero el nuevo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a quien Raúl Castro pasó en abril también su último cargo –primer secretario del PCC–, no tiene la autoridad interna ni la ascendencia sobre el Ejército, que controla buena parte de la economía, que gozaban los Castro.

La nueva Administración exhibe una agenda multilateral, pero en asuntos cruciales mantiene medidas de la era Trump

Con los asuntos domésticos como prioridad, debido al Covid, la atención hacia Latinoamérica por parte de la nueva Administración Biden ha quedado relegada en general a un muy segundo plano. En el exterior, las negociaciones con Irán o el conflicto palestino-israelí han centrado la dedicación de la diplomacia estadounidense, con el protagonismo del secretario de Estado, Antony Blinken. Pero algunos asuntos regionales tienen repercusión nacional en EEUU, como la migración o el narcotráfico, y Biden ha puesto al frente de la gestión de esos problemas a su vicepresidenta, Kamala Harris. Con una interlocución directa de Biden con sus homólogos hemisféricos dificultada por la pandemia, es Harris la que está llevando los encuentros con las autoridades de México y Centroamérica, como en el viaje que realizará en junio.

ARTÍCULO / Miguel García-Miguel

Una vez accedió a la presidencia, Joe Biden encontró un panorama bien distinto al que había dejado tras su servicio como vicepresidente de Barack Obama. Donald Trump llevó a cabo una política aislacionista y desde luego nada paternalista comparada con lo que muchas veces ha sido el carácter de la relación de Estados Unidos con sus vecinos del Hemisferio Occidental. Trump tuvo un tono dominante e impositivo en momentos clave, como durante las negociaciones del T-MEC o en la aplicación de sanciones a Cuba y Venezuela, pero el resto del tiempo se desentendió de la región. Esa poca implicación fue del agrado de líderes populistas de diferente signo como el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el brasileño Jair Bolsonaro. 

En estos siguientes cuatro años, de la Administración Biden–Harris podemos esperar un retorno al multilateralismo, la acción contra el cambio climático y la promoción de la democracia y los Derechos Humanos, cuestiones que están en el centro de la actual agenda estadounidense. Estos asuntos, como también los relativos a la presión migratoria y la conveniencia de contrarrestar a China y Rusia en la región con una “diplomacia de las vacunas” propia, marcarán las relaciones con los países vecinos. De momento, no obstante, Biden ha mantenido medidas emblemáticas de Trump y se está tomando su tiempo para detallar lo que debe ser su política para Latinoamérica.

TRIANGULO NORTE: Ayudas y creciente tensión con Bukele

Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió que si llegaba a presidente llevaría a cabo un plan de ayudas para Guatemala, Honduras y El Salvador que en cuatro años ascendería a 4.000 millones de dólares y que tendría como fin fomentar el desarrollo de la región para así evitar el flujo masivo de emigrantes hacia Estados Unidos. Previamente como vicepresidente Biden se implicó directamente en la Alianza para la Prosperidad que Obama puso en marcha en 2014 a raíz de una crisis migratoria previa, la cual buscaba aportar más de 750 millones anuales al Triángulo Norte; el programa, cuyo presupuesto Trump redujo, no impidió el nuevo auge migratorio que se ha visto los últimos años.

Sin duda la región, una de las más pobres del mundo, precisa de incentivos para su desarrollo, pero igualmente sigue contando con serios problemas como la propensión a los desastres naturales, la dependencia de empresas extranjeras en la explotación de sus recursos y la mala gobernanza de sus políticos. Así, Washington ha incluido entre sus prioridades la denuncia de la corrupción en los países del Triángulo Norte, publicando listas de políticos corruptos, ya comenzadas con Trump y ahora ampliadas con Biden. Precisamente esas denuncias y la deriva antidemocrática del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está convirtiendo en hostil una relación que Bukele había cultivado durante la era Trump.

MÉXICO: Migración y medioambiente

México, como país con el que comparte una extensa frontera, siempre ha sido un punto clave en la política exterior de EEUU y una de sus prioridades. Con la llegada de la Administración Biden se prevén más roces con López Obrador de lo que supuso la presidencia de Trump. El aumento de la presión migratoria en la frontera entre México y EEUU está complicando la presidencia de Biden y tiene el riesgo de dañar las perspectivas electorales de la vicepresidenta, Kamala Harris, a quien Biden ha encargo directamente gestionar la crisis migratoria, que este año está batiendo un nuevo récord. Asimismo, las limitaciones puestas por México a la presencia de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, han enrarecido las relaciones. Biden aún no ha viajado a México, a pesar de que esa visita es una de las primeras que hacen los presidentes de EEUU.

La política ecologista de Biden choca directamente con los intereses del presidente mexicano, centrado en construir una nueva gran refinería en lugar de promover las energías renovables. Precisamente, uno de los puntos de tensión será la reforma eléctrica que López Obrador tiene pensado llevar a cabo, que limitará aún más la participación de las empresas privadas en el sector eléctrico y potenciaría el uso de energías no renovables, ya que son las que están en manos del estado. Recientemente, la reforma fue suspendida por un juez federal, pero se espera que el Gobierno recurra ese bloqueo. Las trabas a la liberalización encajan mal en el renovado Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU, México y Canadá (T-MEC).

COLOMBIA: Protestas, acuerdos de paz y refugiados venezolanos

Con Colombia, la Administración Biden se encuentra en un periodo de tanteo. Tras la aproximación del presidente Iván Duque a Trump, a pesar de los desaires iniciales de este, el Gobierno colombiano encontró la alabanza de Biden por haber decidido dar estatus de protección temporal a los casi dos millones de refugiados venezolanos que viven en el país. Biden felicitó a Duque en febrero por carta, pero de momento no ha habido entrevista entre ambos, ni siquiera telefónica.

Las violentas protestas que vive Colombia, acogidas con una gestión policial muy criticada por la oposición, no han socavado de momento el apoyo expreso trasladado por la Administración Biden a Duque, pero la situación puede instalarse en la inestabilidad ante la perspectiva de las elecciones presidenciales de mayo de 2022. En Washington producen intranquilidad algunos pasos en falso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016, como el asesinato de exguerrilleros que dejaron las armas y de líderes sociales. En cualquier caso, Colombia es un conveniente aliado en la lucha contra el narcotráfico, tarea en la que ambos países llevan tiempo colaborando estrechamente desde el impulso estadounidense al Plan Colombia.

Por último, Bogotá también puede resultar útil para el Gobierno estadounidense en el manejo de la crisis venezolana, y no solo a la hora de retener inmigrantes en el país andino. Los nuevos cauces de negociación que Biden quiere abrir, sin dejar de presionar sobre Maduro, exigen un consenso regional de apoyo.

CUBA: La incógnita de un aperturismo post-castrista, al menos económico

La Administración Obama, en la que Biden fue vicepresidente, llevó a cabo una histórica aproximación a Cuba restableciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aunque Trump mantuvo ese reconocimiento diplomático, eliminó algunas disposiciones que ampliaban el contacto con la isla e impuso nuevas sanciones. Tras las políticas duras de su antecesor, Biden no protagonizará por ahora un retorno a las políticas de Obama. El Gobierno cubano no correspondió a ellas con muestras de apertura y favorecer un régimen inmovilista puede tener consecuencias electorales en EEUU. La posibilidad de que Trump se presente en 2024 puede proyectar en Florida una nueva lucha por el voto latino, y en particular el cubano, en un estado que Biden perdió en 2020. 

Aún así, la Administración Biden tratará de aflojar algunas de las sanciones, como se ha visto con la autorización de enviar de nuevo remesas a la isla. Por su parte, Cuba seguramente juegue a la diplomacia del quid pro quo y esperará a que sean sus vecinos quienes den los primeros pasos para llevar a cabo políticas aperturistas, básicamente en cuestiones económicas. 

VENEZUELA: Opciones para un diálogo creíble

En Venezuela, la recuperación de la democracia y las elecciones libres siguen siendo el principal objetivo y Biden ha mantenido las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro establecidas por Trump. La nueva Administración ha moderado su lenguaje y ha retirado de la mesa la posibilidad de una intervención militar que más bien era retórica; no obstante, sigue considerando a Maduro como dictador y reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo. 

La prioridad pasa por una salida negociada, articulada sobre próximos procesos electorales, pero las conversaciones solo se han abierto de modo tímido y sin de momento fijar interlocutores y foros bien definidos. EEUU tratará de cooperar con organismos multilaterales como la OEA, el Grupo de Lima o la Unión Europea para intentar resolver la crisis política y económica del país. En la ecuación de algún modo también entra Cuba, pues un cambio en Venezuela perjudicaría considerablemente a la isla si los sucesores de los Castro deciden continuar con el modelo comunista. 

Además, al igual que en la cuestión cubana, la actitud ante el chavismo tiene consecuencias electorales en EEUU, especialmente en Florida, como se vio en las presidenciales de 2020, de forma que es difícil que Biden afloje la presión sobre Maduro antes de las elecciones de medio mandato que tendrán lugar en noviembre de 2022. Biden ha otorgado a los venezolanos presentes en EEUU el estatuto de protección temporal.

BRASIL: El Amazonas como piedra de toque

Debido al tono de la presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil es otro de los países de la región con los que la nueva Administración ha empeorado sus relaciones en comparación con el periodo Trump. El acento que Biden está poniendo en el medio ambiente y el combate del cambio climático le enfrenta a un Bolsonaro claramente menos sensible hacia esas cuestiones, que no parece reaccionar suficientemente ante un Amazonas en creciente desforestación. No obstante, aunque Biden encuentre incómoda la relación, EEUU seguirá trabajando con la principal economía latinoamericana, cuyo papel sigue siendo importante en cuestiones de desarrollo regional.

El año y medio que queda hasta las presidenciales brasileñas de octubre de 2022 presenta un impasse a la espera de que un posible giro político ponga más en unísono a los dos países, si bien un regreso al poder del Partido de los Trabajadores no tendría por qué significar una especial consonancia, pues no la hubo ni con Lula da Silva ni con Dilma Rousseff aun estando los demócratas en la Casa Blanca.

Derechos Humanos y vacunas

Además de los países mencionados, algunos otros están igualmente en el plan de actuación de EEUU, especialmente en relación a los Derechos Humanos, como es el caso de la involución democrática en Nicaragua o el trato que Bolivia puede dar a la expresidenta Jeanine Áñez.

Por otra parte, se espera que en las próximas semanas, ya inoculada la mayor parte de la población estadounidense, EEUU proceda a entregar millones de dosis de vacunas a países latinoamericanos. Además de la ayuda real que supondrán esas entregas, constituirán un modo de contrarrestar la influencia que China y Rusia se han asegurado en la región mediante el envío de sus respectivas vacunas. Si la pugna EEUU-China marcará la presidencia de Biden, como sin duda marcará toda esta década, un terreno de disputa será el “patio trasero” de EEUU.

China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado

► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]

INFORME SRA 2021 /  Resumen Ejecutivo  [versión en PDF]

La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.

Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.

La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.

El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.

Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.

Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.

En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.

La mayoría del cultivo se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país

° Las plantaciones de marihuana alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina

° Lugar de paso de la cocaína de Perú y Bolivia, Paraguay ha dado un salto en el volumen de los envíos a Europa: a comienzos de 2021 hubo un cargamento récord de 23 toneladas

° El Congreso paraguayo ha aprobado el uso medicinal de la marihuana; de momento no sigue los pasos de México, primer productor en América, que debate su plena legalización

► El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y la entonces ministra de Seguridad argentina, erradicando plantas de marihuana en PJC [Gob. de Paraguay]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Uranga  [versión en PDF]

Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. Con una extensión de cultivo de cannabis estimada en casi 8.000 hectáreas y una producción anual que puede acercarse a las 30.000 toneladas, Paraguay exporta este estupefaciente a Brasil y Argentina. La cocaína que pasa por el país se destina a esos dos grandes vecinos y sobre todo a Europa: en febrero de 2021 las autoridades alemanas interceptaron un alijo de 16 toneladas de cocaína, el mayor remitido nunca desde Paraguay, un hallazgo que se elevó a 23 toneladas contando un envío localizado dos días antes en Amberes. En ese mismo puerto, a comienzos de abril fueron halladas otras 11 toneladas.

Si bien, en el caso paraguayo, lo más sorprendente en el último año ha sido ese salto en la capacidad de generar grandes cargamentos de cocaína, la rápida evolución del contexto internacional con relación a la marihuana –por ejemplo, la ONU la reclasificó en diciembre de 2020, señalando su potencial terapéutico– pone de especial actualidad este otro lucrativo comercio de ilícitos.

La creciente legalización de la hoja de cáñamo que comienza a darse en algunos países, generando producciones propias (a diferencia de la coca, que por sus condiciones específicas casi solo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, la marihuana puede crecer en lugares diversos, también en invernadero) ofrece perspectivas de negocio a los agricultores que hoy en Paraguay se ocupan de su cultivo ilegal (no tanto a la estructura de las mafias, de origen brasileño, pues para competir en Uruguay, el único país próximo que ha legalizado la producción nacional para uso abierto, la marihuana paraguaya debiera venderse más barata que la uruguaya). México, que es el mayor productor en América, se encuentra en proceso de despenalizar su uso recreativo; Paraguay no ha llegado de momento ahí, pero la ley aprobada en agosto de 2020 para permitir el uso medicinal, admite el cultivo individual si hay justificante médico.

Producción y erradicación

La producción de marihuana está vinculada al crimen organizado que opera muy especialmente en las zonas fronterizas con Brasil. Según las cifras que ofrece la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), las mayores operaciones contra el cultivo de ese narcótico se desarrollan en el departamento de Amambay, cuya capital, Juan Pedro Caballero, constituye el centro delictivo del país. Esa ciudad está adosada a la frontera con Brasil y comparte masa urbana con la localidad brasileña de Punta Porá. También el adyacente departamento de Canindeyú, igualmente fronterizo con Brasil, acoge extensas plantaciones.

En la década 2009-2019, el SENAD destruyó 9.838 hectáreas de cultivo de plantas de marihuana en Amambay y 2.432 en Canindeyú, representando conjuntamente alrededor del 90% de las 15.045 hectáreas erradicadas en todo el país. En 2019, último daño referenciado por el SENAD, las autoridades erradicaron 1.468,5 hectáreas, la mayor cifra de la década, lo que no solo indica un incremento del esfuerzo antinarcóticos, sino que también sugiere un aumento en las extensiones cultivadas.

Se calcula que Paraguay existen entre 6.000 y 8.000 hectáreas con plantas de marihuana. Una semilla mejorada introducida hace unos pocos años ha permitido ampliar las dos cosechas anuales habituales a tres o incluso cuatro cosechas, elevando así la productividad a dos y tres toneladas de hierba de marihuana por hectárea, con lo que la producción total podría llegar a las 20.000 toneladas por año. Estas cifras podrían haberse quedado pequeñas, pues la SENAD ha llegado a calcular que hasta 30.000 toneladas de hierba han podido a salir del país en el último año.

El World Drug Report de la Oficina para la Droga y el Crimen Naciones Unidas (UNODC) de 2020 sitúa a Paraguay como el país con mayor incautación de marihuana, por encima de las 1.000 toneladas al año. El informe también indica que la producción de resina del cáñamo es mínima (1,1 toneladas en 2016) y que el 77% de la marihuana generada en Paraguay se destina al mercado brasileño y el 20% al argentino.

En América, la producción de Paraguay solo es superada por México, que cuenta con unas estimadas 12.000 hectáreas de plantaciones, de acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del gobierno de Estados Unidos de 2021. También es mayor el área cultivada erradicada por las autoridades mexicanas, aunque ese esfuerzo ha caído en los últimos años (5.478 hectáreas en 2016, 4.193 en 2017 y 2.263 en 2018), como indica el informe de la UNODC, que al mismo tiempo apunta que en México se incautaron en 2018 unas 200 toneladas de marihuana, frente a las 400 de 2017.

Corrupción

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico de su actuación criminal. Situado entre los centros de producción de coca de Perú-Bolivia y los crecientes mercados de Argentina y sobre todo Brasil, que son también destino de la marihuana paraguaya, el país es lugar de operaciones de las mafias, especialmente brasileñas. También las condiciones de la Triple Frontera –la conurbación que forman Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)– fomentan el contrabando, la falsificación de productos y el lavado de dinero, así como la financiación de grupos terroristas (tal es el caso de Hezbolá). 

​También influyen los factores económicos. La marginalidad económica y social es un elemento al que recurren estas bandas del crimen organizado para reclutar “empleados”. No obstante, este factor puede explicar solo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción. Paraguay consta, en este sentido, con las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes. Esto se debe a sus altos niveles de corrupción estatal, señalados en el Indice de Percepción de Corrupción.

Recalcando el obstáculo que la corrupción en Paraguay supone ante la lucha contra el narcotráfico, en enero de 2020 tuvo lugar una fuga masiva de un penal de Pedro Juan Caballero de 75 presos, en su mayoría miembros de una banda criminal brasileña Primer Comando Capital (CCP). La fuga estuvo facilitada por la connivencia de funcionarios y puso de relieve la impunidad con que muchos de los narcotraficantes actúan.

Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada

° Las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han localizado más de cien hectáreas de arbusto de coca

° A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19; además se destruyeron casi una veintena de laboratorios de elaboración de cocaína

° La extensión de la producción de coca a Centroamérica es obra de carteles mexicanos, que emplean a colombianos expertos en localizar las mejoras zonas para el cultivo

► Acción antinarcóticos hondureña en una plantación de coca, en octubre de 2020 [Gob. de Honduras]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Villa Corta  [versión en PDF]

La producción de cocaína ha comenzado a extenderse a países de Centroamérica, que hasta hace poco solo eran lugares de paso de la cocaína procedente sobre todo de Colombia, que es el mayor productor del mundo, junto con Perú y Bolivia.

El hallazgo de laboratorios para la elaboración de la droga en Honduras en 2009 ya sugirió el comienzo de un cambio, confirmado con la localización de los propios cultivos de arbusto de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala. Desde entonces, se han localizado en ambos países más de cien hectáreas: esos dos primeros años se contabilizaron conjuntamente unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en 2020 en lo que parece una aceleración del proceso.

De todos modos, se trata de extensiones muy reducidas, comparadas con las estimadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe de 2020 para Colombia (cerca de 180.000 hectáreas), Perú (casi 50.000) y Bolivia (alrededor de 25.000). Además, de momento Estados Unidos asegura no tener constancia de la entrada en su territorio de cocaína generada en el Triángulo Norte centroamericano.

Todo indica que por ahora nos encontramos en un estadio de experimentación o ensayo por parte de carteles mexicanos, que estarían probando la aptitud de terreno y clima de diferentes áreas y la calidad del producto, con la ayuda de expertos colombianos. Los cambios en la cadena del narcotráfico desde que la mayor parte de las FARC abandonó el negocio ilícito en Colombia y el deseo de reducir la compleja logística en transporte de la droga hacia Estados Unidos explican estas tentativas en el Triángulo Norte.

Honduras 

En Honduras la localización de cultivos ha aumentado en los dos últimos años. El último Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), de marzo de 2021, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, recoge información oficial hondureña contabilizando la erradicación en los diez primeros meses de 2020 de 40 hectáreas de arbustos de coca. Esto supone un incremento en la contabilización de áreas de cultivo respecto a años anteriores, que estimaba la acumulación de 50 hectáreas a lo largo de 2017 y 2018 en Honduras y Guatemala conjuntamente.

La primera evidencia en Honduras de que el narcotráfico no solo usaba su territorio como lugar de tránsito fue el hallazgo en 2009 en la provincia de Cortés de un laboratorio para la transformación de hojas de coca en clorhidrato de cocaína. En diez años se descubrieron doce laboratorios y solo en 2020 las autoridades procedieron a destruir al menos otros once localizados, como indica el INCSR. Aunque alguno tenía capacidad para producir hasta 3,6 toneladas de cocaína al año, sus instalaciones eran más bien “rudimentarias”, según las agencias policiales hondureñas.

La existencia de esos laboratorios permitió concluir que al menos desde 2012 se podría estar cultivando alguna cantidad de hoja de coca en el país, pero no fue hasta 2017 que se halló una zona cultivada, en la provincia de Orlando, con unas 10.000 plantas. En 2018 se ubicaron otras tres explotaciones, una de ellas de 20 hectáreas. La actividad de cultivo y laboratorio no está concentrada en una zona específica, si bien la mitad de los hallazgos han sido realizados en las mencionadas provincias de Orlando y Colón.

La última localización especialmente reseñada, en un proceso de ubicación de siembras cada vez más visibles, fue la realizada por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en marzo del 2020, que correspondía a un campo de unas 4,2 hectáreas de cultivo y narco-laboratorio en la comunidad Nueva Santa Bárbara. En 2020 se decomisaron al menos 15 campos de coca, con un total de 346.500 plantas.

La DLCN estima que carteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco, son los que están detrás de esa penetración, aunque no operan directamente, con un despliegue de individuos armados, sino en diversas ocasiones a través de cultivadores de origen colombiano, conocedores de los cuidados que necesita la planta de coca.

Recientes condenas en Estados Unidos, como la del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, han dado detalles sobre el corredor de narcotráfico que supone Honduras, pero también la incipiente producción propia. Como se expuso en su juicio, Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, tuvo relación directa con un laboratorio de cocaína local.

Guatemala

En el caso de Guatemala, el primer descubrimiento de cultivo de hojas de coca se realizó en 2018. Aunque se trataba de solo una hectárea de extensión, con 75.000 plantas, significó también el salto a incipiente país productor. Además de haber sido, como Honduras, un canal de paso para la cocaína procedente de Colombia, Guatemala ya se había distinguido por una producción moderada de marihuana y por haber comenzado a cultivar amapola, por extensión de la actividad de carteles mexicanos implicados en el mercado de la heroína, de la cual México es líder productor en el continente americano. Ahora Guatemala, donde igualmente han aparecido narco-laboratorios, incluía la coca entre sus cultivos ilícitos de narcóticos.

En 2019 las autoridades guatemaltecas hicieron un esfuerzo para combatir esa actividad. El 4 de septiembre de ese año declararon un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del norte del país. Las operaciones policiales supusieron diversos decomisos especialmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Zacapa. Unas 23 áreas de cultivo fueron localizadas, ocho de ellas en Izabal.

A raíz de esos hallazgos, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala pasaba a ser una nación productora de cocaína.

En los diez primeros meses de 2020 fueron erradicadas 19 hectáreas de cultivo de coca y se destruyeron siete laboratorios, como indica el último INCSR, precisando, en cualquier caso, que la producción cocalera tiene en Guatemala una “escala limitada” (como en Honduras, pero incluso por debajo del vecino país), a distancia de la registrada los mayores productores sudamericanos.

Mayor papel para las maras

Las autoridades de Honduras y Guatemala temen, debido al aumento de actividad de producción de droga, que algunas zonas de sus países se conviertan en los nuevos “Medellín de Pablo Escobar”. La existencia de áreas de difícil acceso y la falta de medios para la supervisión y combate del crimen organizado complica la actuación antinarcóticos.

Existe el riesgo también de que las pandillas o maras ganen todavía más poder, con un enquistamiento o incluso agravamiento del problema que suponen. Debido a su dominio del espacio, hasta ahora han cobrado peaje por el paso de la droga a lo largo del territorio, pero con la producción en el propio Triángulo Norte además podrían pasar a controlar el origen mismo de la droga, dándoles las prerrogativas de los carteles.

Al mismo tiempo se complica la coordinación internacional contra el narcotráfico, al hacerse más difícil la localización de centros de producción y la determinación de los actores implicados en esa actividad.

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]g

INFORME SRA 2021 /  Isabella Izquierdo [versión en PDF]

Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”

La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.