ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

Marzo y abril de 2020 serán recordados en la industria petrolera como los meses en los que ocurrió la tormenta perfecta: un descenso de más de un 20% de la demanda mundial al mismo tiempo que se desataba una guerra de precios que incrementaba la oferta de crudo generando una situación de abundancia sin precedentes. Esta situación ha puesto en evidencia el fin del dominio de la OPEP sobre el resto de productores y consumidores de petróleo tras casi medio siglo.

▲ Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

El pasado 8 de marzo, ante el fracaso de las negociaciones del denominado grupo OPEP+, Arabia Saudí ofrecía su crudo con descuentos de entre 6 y 8 dólares en el mercado internacional al tiempo que anunciaba el incremento de su producción a partir del día 1 de abril hasta la cifra record de 12 millones de barriles diarios. El movimiento saudí fue imitado por otros productores como Rusia, que anunciaba un incremento de 500.000 barriles por día (bpd) a partir de la misma fecha, cuando expiran los acuerdos previos del cártel. La reacción de los mercados fue inmediata con un descenso histórico en los precios de más de un 30% en todos los índices internacionales y la apertura de titulares que anunciaban el comienzo de una nueva guerra de precios. El mundo del petróleo contemplaba atónito el colapso del precio del crudo, que alcanzó mínimos históricos el 30 de marzo, al descender el precio del barril de WTI por debajo de los 20 dólares, barrera psicológica que demostraba la crudeza del enfrentamiento y las consecuencias históricas que podría tener para un sector de especial sensibilidad geopolítica.

Experiencias previas

Arabia Saudí, líder mundial de la industria petrolera por sus vastas reservas y su enorme producción orientada mayoritariamente a la exportación, ha recurrido tres veces a una guerra de precios para obtener compromisos de otros productores para que se realicen recortes de oferta que estabilicen los precios internacionales. El mercado petrolero, acostumbrado a un precio artificialmente alto, cuando carece de restricciones en su oferta disponible tiende a sufrir dramáticos descensos en sus precios. Debido a la inestabilidad económica y política que estos precios generan en los países productores, se suele producir un rápido retorno de los mismos a la mesa de negociación, en la cual siempre les espera Arabia Saudí y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

La primera experiencia de este tipo se produjo en 1985, tras la guerra Irán-Iraq y la crisis petrolera de los setenta, el Rey saudí Fahd bin Abdulaziz Al Saud tomó la decisión de incrementar la producción unilateralmente para recuperar la cuota de mercado que había perdido ante el surgimiento de nuevas regiones productoras como el Mar del Norte o el Golfo de México. La experiencia llevó a un descenso de los precios del 50% tras más de un año de producción sin restricciones que terminaron con un acuerdo en diciembre de 1986 de 12 países de la OPEP para realizar los recortes exigidos por Arabia Saudí y sus aliados.

En 1997, ante la preocupación de Arabia Saudí por el creciente desplazamiento que estaba sufriendo su petróleo entre las refinerías norteamericanas en favor del crudo venezolano y mexicano, el recién llegado monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz decidió anunciar en medio de una cumbre de la OPEP en Yakarta que procedía a incrementar su producción sin restricciones. La estrategia saudí no contaba con que al año siguiente estallaría una crisis económica entre los mercados emergentes con especial virulencia en el Sudeste Asiático y Rusia, lo que hundió los precios de nuevo un 50% hasta que se alcanzó un nuevo acuerdo en abril de 1999.

Con el siglo XXI, llegó la bonanza petrolera con el denominado súper ciclo de las commodities (2000-2014) que mantuvo los precios del petróleo en cifras desconocidas por encima de los 100 dólares entre 2008 y 2010-2014. Esta bonanza permitió incrementar la inversión en exploración y producción, generando nuevas técnicas de extracción hasta entonces desconocidas o simplemente inviables económicamente. EEUU vivía en 2005 una crisis petrolera preocupante, con la producción en mínimos históricos de tan solo 5,2 millones de bpd frente a los 9,6 millones bpd de 1970. Además, la dependencia energética de aproximadamente 6 millones de bpd era solventada con cada vez más costosas importaciones de crudo desde el Golfo Pérsico, que tras el 11-S era observado con mayor escepticismo, y Venezuela, que ya contaba con Hugo Chávez como líder político. Los alto precios petroleros permitieron recuperar ideas anteriormente frustradas como la fractura hidráulica, que contó con permisos masivos para desarrollarse a partir de 2005 con el objetivo de mitigar la otra gran crisis energética del país: el rápido descenso de la producción doméstica de gas natural, una commodity mucho más cara y difícil de importar para EEUU. La fractura hidráulica, también conocida como fracking, permitió un crecimiento inesperado de la producción de gas natural, que pronto atrajo la atención del sector petrolero norteamericano. Para 2008, una variante del fracking pudo ser aplicada para la extracción de petróleo, técnica posteriormente denominada como shale, dando lugar a una revolución sin precedentes en Estados Unidos que permitió incrementar la producción del país en más de 5 millones de barriles diarios en el periodo 2008-2014. El cambio en el panorama energético estadounidense fue tal, que en 2015 Barack Obama retiró una ley de 1975 que prohibía a EEUU exportar petróleo producido domésticamente.

La reacción saudí no se hizo esperar, y lanzó en la sede de Viena de la OPEP en noviembre de 2014 una nueva campaña de producción sin restricciones que permitiese al Reino recuperar parte de su cuota de mercado. Los efectos en los mercados internacionales fueron más dramáticos que nunca con un descenso del 50% del precio en tan solo 7 meses. Las multinacionales petroleras (IOC) y las compañías nacionales de petróleo (NOC) redujeron dramáticamente sus beneficios viéndose obligadas a realizar recortes desconocidos desde comienzos de siglo. Los países exportadores también padecieron los efectos de unos menores ingresos fiscales con muchos mercados emergentes sumidos en déficit fiscales inasumibles, inflación e incluso recesión; con el caso particular de Venezuela que entró a partir de ese año en el caos socioeconómico que conocemos hoy. Para desesperación de Arabia Saudí, la industria del shale norteamericano demostró una resiliencia inesperada al mantener una producción de 4 millones de barriles diarios para 2016 del pico de 5 millones en 2014. Arabia Saudí no comprendía que el shale oil, a diferencia del petróleo convencional, no era una industria madura, sino una en plena expansión y desarrollo. Los productores norteamericanos lograron incrementar la tasa de recuperación de petróleo del 5% al 12% entre 2008-2016, el equivalente a incrementar la productividad en 2,4 veces. Además, la eliminación de las compañías menos competitivas permitió una reducción en el coste de los servicios y mayor facilidad para acceder a la infraestructura de transporte. La naturaleza del shale, con una maduración de los pozos de entre 18 meses y 3 años, en comparación con los 30 años o más de un pozo convencional, permitían parar la producción en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para minimizar el impacto de unos menores precios, optando por mantener aquellos pozos más competitivos. Arabia Saudí se rindió y optó por un giro de 180 grados en su estrategia, eso sí, logrando atraer a la mesa de negociaciones a Rusia. La guerra de precios más larga de la historia, tras casi 22 meses, terminaba con un acuerdo sin precedentes entre los países de la OPEP con la incorporación de Rusia y su esfera de influencia energética, grupo denominado como OPEP+. Una Rusia herida por las sanciones internacionales y la debilidad de su divisa había cedido ante Arabia Saudí que, sin embargo, no había conseguido derrotar la revolución petrolera del shale estadounidense.

La producción del shale norteamericano no ha parado de crecer, siendo a pesar de su efectividad la única región del mundo con una industria similar, creciendo a un ritmo de más de un millón de barriles diarios al año. Esta situación ha dotado a EEUU de una robusta seguridad energética al no depender de las importaciones de crudo venezolano o del Golfo. El país alcanzó a finales de 2019 exportaciones netas de petróleo positivas por primera vez en más de medio siglo, lo que se sumaba al ser exportador neto de gas natural, carbón y productos refinados. Buena parte del repliegue geoestratégico ejercido por la Administración Trump en Oriente Medio responde a una independencia energética creciente del país que reduce sus intereses en la región.

La ruptura del grupo OPEP+:

Como se ha mencionado, durante la primera semana de marzo la OPEP+ se reunía en Viena buscando un acuerdo para un nuevo recorte de unos 1,8 millones de barriles diarios para paliar los efectos de la cuarentena por el COVID-19 en China. El malestar entre los productores era evidente, tras haber ejecutado un recorte similar en diciembre de 2019. Arabia Saudí trataba de repartir lo máximo posible la distribución de los recortes de producción cuando el ministro de energía ruso Alexander Novak dijo “niet”, aduciendo solvencia económica para un descenso en los precios, haciendo naufragar cualquier tipo de acuerdo. Se desconoce si la negativa rusa respondía a un plan meditado o simplemente era un farol para ganar terreno en las negociaciones, sin embargo, supuso el comienzo de una nueva guerra de precios. Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, el descenso del precio del crudo en el primer mes ha sido histórico, sin una referencia similar en la historia de las negociaciones entre productores. Al incremento en la disponibilidad de petróleo en los mercados por la estrategia saudí de cargar petroleros con crudo de sus reservas estratégicas, se une una parada en seco de la economía y la demanda de petróleo, generando una depresión de precios súbita hasta el momento desconocida en el sector. Las anteriores guerras de precios normalmente contaban con el elemento estabilizador de que, a menor precio de productos derivados del petróleo el consumo aumentaba en el corto plazo. Sin embargo, debido a los efectos económicos de la cuarentena, ese contrapeso del mercado desaparece, generando en un mes lo que en otras ocasiones hubiese requerido entre 12 y 15 meses.

Y es que los efectos del COVID-19 en la demanda mundial de petróleo se han estimado en un descenso del 12,5% en marzo y se espera que alcancen el 20% en abril. En las zonas de Europa más afectadas por la cuarentena, la caída en la venta de combustible en estaciones de servicio alcanza el 75%, una cifra que muy probablemente se replique en el resto de las economías avanzadas conforme se vayan endureciendo las medidas y que ya empieza a dejar atrás China tras dos meses de confinamiento. El caso del transporte aéreo es particular al consumir 16 millones de bpd y encontrarse en la actualidad totalmente suspendido, sin una fecha clara en el retorno a la normalidad de la aviación internacional. La paralización parcial de la producción industrial, cuyo alcance es todavía desconocido, puede implicar descensos todavía mayores en el consumo. Una situación como esta no requeriría de incrementar la producción para generar un colapso en los precios, que con la presión añadida por el lado de la oferta están generando unos niveles de estrés en la capacidad de almacenamiento, transporte y refino sin precedentes.

Un acuerdo histórico:

A comienzos de abril, Donald Trump temeroso de que un exceso de petróleo pudiese hundir aún más los precios y destrozar la industria de los hidrocarburos norteamericana, tomó la iniciativa de hablar telefónicamente con los líderes de Arabia Saudí y Rusia. En un movimiento paradójico, el Presidente de los Estados Unidos lograba acercar posturas entre los principales productores para establecer nuevos recortes que pusiesen fin a la guerra de precios. El 9 de abril, tras varias semanas de especulaciones se reunía el mayor grupo de productores de todos los tiempos, incluyendo los miembros de la OPEP y 10 países no miembros entre los que destacaban Rusia, Kazajistán y México. Tras varios días de negociaciones, se acordó recortar un 23% de la producción en 20 países con una producción combinada de más de 40 millones de barriles, lo que dejaba casi 10 millones de barriles fuera del mercado, a partir del primer día de mayo. Las negociaciones fueron coordinadas por la OPEP y el G20, que en ese momento presidía Arabia Saudí. De esta forma, se alcanzó un pintoresco acuerdo por el que se reducían los mencionados 10 millones de barriles entre los miembros de la OPEP+, incluidos en la tabla inferior, y se estimaban otros 5 millones de barriles a reducir de forma indeterminada entre EE.UU., Canadá, Brasil y Noruega. Estos últimos recortes, por la naturaleza de sus sectores, se realizaría por medio del libre mercado y está por ver de qué forma se materialicen.

En el sector y los mercados existe cierto escepticismo sobre la efectividad que tendrán estos recortes, que suponen entre un 10- 15% del petróleo consumido a nivel global antes de la crisis del COVID-19. El consumo ha descendido cerca de un 20% y la capacidad de almacenamiento de petróleo empiezan a agotarse, lo que reduce el margen para absorber el petróleo excedentario. Además, los recortes comenzarán a aplicarse el 1 de mayo, dejando tres semanas de margen que pueden hundir todavía más los precios. La naturaleza del acuerdo, de carácter voluntario y de difícil monitoreo, deja abierta la puerta a no cumplir con los recortes establecidos, que muchas veces son difíciles de aplicar por las condiciones geológicas de ciertos pozos antiguos o la existencia de contratos que obliga a una compensación económica si se interrumpe el suministro. En general, el nivel de cumplimiento de los acuerdos de la OPEP ha sido escaso, siendo de mayor incidencia en los países que exportan por vía marítima y de menor incidencia en aquellos que oleoductos, que a diferencia del cargamento marítimo no puede ser controlado satelitalmente.

Los principales actores:

Arabia Saudí:

En medio del naufragio de las negociaciones de la OPEP+, el 6 de marzo Mohamed Bin Salman (MBS) dirigió nuevo golpe palaciego en el que el ex heredero al trono saudí Mohammed bin Nayef y otros miembros de la familia real fueron arrestados y acusados de planear contra el príncipe heredero MBS y su padre Salmán bin Abdulaziz. Todo ello en un momento en el que el heredero al trono saudí parecía querer asentar su poder con una nueva estrategia arriesgada tras el absoluto fracaso de la Guerra de Yemen y el plan de modernización nacional Visión Visión 2030.

El indiscutible liderazgo de Arabia Saudí para dirigir el mercado de petróleo se basa en su capacidad para incrementar en menos de 6 meses su producción en varios millones de barriles, algo que ningún otro país del mundo es capaz de realizar. El incremento en la producción le permite además compensar parcialmente el descenso en los precios por barril, lo que sumado a sus reservas de divisas y su acceso a crédito barato permite a Arabia Saudí afrontar una guerra de precios con una aparente resistencia muy superior al de cualquier otro país de la OPEP. El bajo coste de producir un barril de petróleo en el país, en torno a los 7 dólares, también permiten mantener los ingresos en casi cualquier contexto del mercado.

Sin embargo, las reservas de divisas, que ascienden a 500.000 millones de dólares, son un 30% menores que las de 2016, y pueden ser insuficientes para mantener la paridad dólar-rial por más de dos años sin los ingresos petroleros, algo fundamental para una sociedad acostumbrada a una opulencia dependiente de las importaciones. Además, el déficit fiscal viene siendo un gran problema para el país que ha sido incapaz de reducirlo por debajo del 4% tras alcanzar un pico del 16% en 2016 como resultado de una recuperación insuficiente en el precio del petróleo y los costes de la guerra en Yemen. La dominancia energética del petróleo tiene fecha de caducidad y las finanzas de Arabia Saudí son adictas a una actividad que supone el 42% de su PIB y genera el 87% de los ingresos fiscales. Por el momento, el ministro de economía saudí ya ha anunciado un recorte del 5% en el presupuesto para 2020, muestra de que el acuerdo petrolero no asegura un escenario optimista. En cualquier caso, Arabia Saudí ha sido uno de los grandes ganadores de la guerra de precios. En las fracasadas negociaciones de marzo, Arabia Saudí producía 9.7 millones de barriles diarios, cifra que en las negociaciones de abril había ascendido a 11 millones. Como los recortes se establecen de forma proporcional, en tan solo un mes el reino saudí obtuvo un incremento de 1.3 millones de barriles en su cuota de mercado. Igualmente, el fondo soberano saudí Petroleum Investment Fund (PIF) ha realizado compras de acciones en Eni, Total, Equinor, Shell y Repsol durante el mes de abril, en un contexto de caídas bursátiles de estas compañías.

Federación Rusa:

Rusia se mantuvo firme al comienzo de la guerra de precios, destacando la resiliencia del sector energético ruso y el volumen de las reservas soberanas del país, inferiores a las saudíes pero que ascienden a 435.000 millones de dólares y un fondo de estabilización de otros 100.000 millones: un 33% más que en 2014. Paradójicamente las sanciones internacionales sobre el sector petrolero ruso han reducido su dependencia del exterior, permitiendo que la devaluación del rublo; de libre convertibilidad, no afecte a la producción y permita compensar parcialmente los menores precios. La capacidad rusa para incrementar la producción en el corto plazo, a diferencia de Arabia Saudí, es inferior a 500.000 bpd, lo que deja a Rusia sin poder compensar menores precios con mayor producción, principal motivo para que el país aceptase el resultado de las negociaciones de abril.

El liderazgo de Vladimir Putin es incuestionable con una posible reforma constitucional que permitiese una ampliación de su mandato retrasada a causa del COVID-19. Las buenas relaciones de la élite política rusa con la oligarquía petrolera permiten la unidad de acción en un país con una mayor atomización y presencia de capital privado en sus empresas. La estrategia de Alexander Novak parece ir en consonancia con la de Igor Sechin, CEO de Rosneft, que apuestan por un contexto de precios bajos que termine por dañar profundamente a la industria del shale norteamericano. Existen especulaciones sobre una posible intervención diplomática de EE.UU. con el gobierno ruso en favor del acuerdo OPEP+ de abril. El último movimiento de la rusa Rosneft, abandonando Venezuela al vender todos sus activos a una empresa controlada por el gobierno ruso, puede ser una explicación a esta concesión de Moscú a aceptar un acuerdo que durante un mes trató, al menos retóricamente, de evitar. El desarrollo de las futuras sanciones norteamericanas sobre el sector petrolero ruso serán un buen indicador de este posible acuerdo.

Estados Unidos:

Para EEUU los descensos en el precio del petróleo suponen una de las mayores rebajas fiscales de todos los tiempos, en palabras de su presidente, con un precio menor a un dólar por galón. Sin embargo, la industria petrolera genera más de 10 millones de empleos en EE.UU. y es una actividad central en muchos estados como Texas, Oklahoma o Nuevo México fundamentales para una hipotética victoria republicana en las elecciones de 2020. Además, la importancia geoestratégica del sector, que ha permitido un reducir la dependencia energética de EEUU a mínimos históricos, ha hecho que Donald Trump haya asumido la responsabilidad de salvaguardar la industria petrolera norteamericana. Él mismo coordinó los primeros pasos para un gran acuerdo, por medio de presiones, amenazas y concesiones. Lo cierto es que La crisis de precios ha llegado en un momento de cierto agotamiento para el sector, que comenzaba a padecer los efectos del sobrendeudamiento y la presión de los inversores por incrementar los beneficios. El crudo norteamericano, tasados en el índice West Texas Intermediate (WTI), ha experimentado desde 2011 una valoración un 10% inferior a la del Brent o la OPEC Basket, los otros índices globales, generando un entorno hipercompetitivo que comenzaba a hacer mella entre los productores de shale, que acusaban desde finales de 2019 un descenso del 20% en el número de perforaciones totales comparando año a año. El mercado norteamericano, que ya arrastraba problemas de almacenamiento y transporte desde 2017, se ha visto colapsado en la tercera semana de abril con precios negativos ante las limitaciones para almacenar petróleo y la especulación en los mercados de futuros.

Donald Trump finalmente ha conseguido un acuerdo global que no vincula a EE.UU. de forma directa, sino que deja al mercado regular los recortes que parecen más que previsibles. De esta forma, la administración Trump se permite no tener que intervenir el mercado petrolero, algo que seguro obligaría al desarrollo de legislación y a un complejo debate de salvar la contaminante industria del petróleo a costa del contribuyente. Desde el Senado, varios políticos de ambos partidos han tratado de introducir al debate parlamentario la necesidad de aranceles o sanciones a aquellos productores que inundan el mercado doméstico, recuperando antiguas iniciativas como la Ley NOPEC. Estas amenazas han permitido al Presidente una posición de fuerza a nivel internacional, siendo uno de los grandes ganadores del acuerdo OPEP+ de abril. De hecho, cuando las negociaciones parecían a punto de colapsar por la negativa de México a asumir 400.000 barriles diarios de recorte, EE.UU. intervino anunciando que sería su país el que los asumiría. Filtraciones posteriores han demostrado la existencia de un seguro financiero contratado por México en caso de bajos precios petroleros, que se cobraría por barril producido. La intervención de EE.UU., más retórica que práctica puesto que el país carece de una producción concreta a recortar, salvó el acuerdo de un nuevo fracaso.

Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay]

Nada volverá a ser como antes:

La revolución del shale oil ha transformado la industria petrolera y generando un nuevo balance geopolítico en detrimento de la OPEP. Desde 2016, los países de la OPEP+ han realizado recortes estimados en 5,3 millones de barriles diarios, en ese periodo la industria del shale norteamericano ha incrementado su producción en 4,2 millones de barriles, dejando en evidencia que la estrategia oligopolista de los países productores ha llegado a su fin. Solamente les queda el libre mercado, en el que ellos parten con ventaja por unos costes de producción menores. Sin embargo, eliminar de forma definitiva buena parte del shale norteamericano llevaría más de 3 años de precios por debajo de los 30 dólares, momento en el que maduraría gran parte de la deuda de las compañías y el descenso en el número de pozos nuevos afectaría gravemente a la producción total. Una travesía en el desierto para muchos países productores que cuentan con planes mil millonarios de diversificación económica durante esta década, probablemente la última de dominio energético absoluto de los hidrocarburos. El mundo, a diferencia de los que se esperaba a comienzos de siglo, ha entrado en una etapa de abundancia petrolera que reducirá los costes energéticos salvo que una intervención coordinada en el mercado lo remedie. La emergencia de nuevos productores, principalmente Estados Unidos, Canadá y Brasil a la par del colapso en la producción venezolana y libia, han dejado la cuota de mercado de la OPEP en 2020 en torno al 33%, en caída libre desde comienzos de siglo cuando superaba el 40%.

La demanda global de crudo ha disminuido de tal manera que solamente se puede esperar que los recortes eviten una caída por debajo de los 15 dólares el barril, prolongando lo máximo posible el llenado total de los sistemas de almacenamiento de petróleo restantes. La capacidad de almacenamiento mundial de petróleo es una de las grandes incógnitas del sector, existiendo divergencias en las estimaciones. El grueso de la capacidad de almacenamiento lo soportan los países importadores, que desde la crisis petrolera de 1973 decidieron crear la Agencia Internacional de la Energía, para entre otras cosas, coordinar infraestructura que mitigara la dependencia de la OPEP. La naturaleza estratégica de estas reservas, unido al rápido desarrollo de las mismas en la última década por China y sus compañías, hacen muy difícil el acceso a esta información.  En particular, la compañía china Sinopec ha desarrollado una estrategia de construcción de almacenes de petróleo por todo el Mar de China, incluyendo países extranjeros como Indonesia para resistir cualquier posible bloqueo del Estrecho de Malaca, el punto débil geopolítico del país asiático. Las empresas privadas también cuentan con capacidad de almacenamiento en tierra y flotante, de un volumen indeterminado, que ya ha comenzado a utilizarse con fórmulas imaginativas: oleoductos en desuso, buques petroleros e incluso trenes y camiones ahora parados por la cuarentena. En el corto plazo, estas reservas estratégicas se irán llenando paulatinamente a un ritmo similar a 20 millones de barriles diarios, estimación del diferencial actual entre oferta y demanda. En 50 días, si no se alcanza ningún acuerdo para recortar la producción, la cifra almacenada superaría los 1.000 millones de barriles, lo que probablemente saturaría la capacidad de absorber más petróleo del mercado, generando un colapso total en los precios.

La vuelta a la normalidad económica se sitúa cada vez en un horizonte más lejano, con sectores como el de la aviación o el turismo que quedarán lastrados a causa del COVID-19 por mucho tiempo. El impacto en la demanda de petróleo será prolongado, más teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento que ahora servirá de contrapeso a cualquier movimiento alcista en los precios internacionales. La industria del shale, con una gran flexibilidad, comenzará a hibernar a la espera de un nuevo contexto más favorable. La crisis derivada del COVID-19 impactará con especial virulencia en los países en desarrollo exportadores de petróleo, que cuentan con equilibrios socioeconómicos más delicados. El mundo del petróleo está viviendo grandes cambios como parte de la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. La crisis desatada por el COVID-19 solo es el comienzo de las grandes transformaciones que vivirá la industria en las próximas décadas. Una frase muy repetida para refutar la ya desestimada teoría del Peak Oil es que la Edad de Piedra no terminó por la falta de piedras y la sociedad contemporánea tampoco dejará de emplear los hidrocarburos por su agotamiento, sino por su obsolescencia.

Las siempre complicadas negociaciones se ven dificultadas aún más por los 75.000 millones de euros que el Reino Unido deja de aportar

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo Palomo

Las negociaciones para el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 son cruciales para el devenir de la Unión. Tras el fracaso de la cumbre extraordinaria de los días 20 y 21 de febrero el tiempo se acaba y los Estados miembros deben aparcar sus diferencias para llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020.

La negociación de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) europeo es siempre complicada y capital pues la ambición de la Unión depende de la cantidad de dinero que los Estados miembros estén dispuestos a aportar. Pero la negociación de esta nueva partida presupuestaria, para el periodo 2021-2027, tiene una complicación añadida: es la primera sin el Reino Unido tras el Brexit. Esta complicación no reside en la ausencia de los británicos en las negociaciones (para algunos eso es más un alivio) sino en los 75.000 millones de euros que han dejado de aportar.

¿Qué es el MFP?

El Marco Financiero Plurianual es el marco presupuestario de la UE a largo plazo y establece los límites de gasto de la Unión, tanto en su conjunto como en sus diferentes ámbitos de actividad, para un plazo no inferior a 5 años. Aparte, el MFP incluye una serie de disposiciones y de “instrumentos especiales” más allá, para que, aún en circunstancias imprevistas como crisis o emergencias, puedan emplearse fondos para afrontar el problema. Por eso el MFP es capital, pues marca las prioridades políticas y los objetivos para los próximos años.

Este marco es propuesto inicialmente por la Comisión y, sobre esta base, el Consejo (compuesto por todos los Estados miembros) negocia y tiene que llegar a un acuerdo unánime. Tras esto la propuesta es enviada al Parlamento Europeo para su aprobación.

La cantidad que se destina al MFP se calcula con la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, es decir, la suma de las retribuciones de los factores de producción de todos los miembros. Pero también forman parte derechos aduaneros, gravámenes agrícolas y azucareros y otros ingresos como el IVA.

Alianzas para la guerra

En la UE hay países que son “contribuidores netos” y otros “receptores netos”. Unos pagan más a la Unión de lo que reciben a cambio y otros, por contra, reciben más de lo que aportan. Por ello las posturas de los países están viciadas cuando afrontan estas negociaciones: unos quieren pagar menos dinero y otros no quieren recibir menos.

Como toda guerra europea que se precie, las alianzas y coaliciones han sido formadas previamente.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021–2027, realizada el 2 de mayo de 2018, ya puso nerviosas a muchas capitales europeas. La propuesta era del 1,11 % de la RNB (ya excluyendo al Reino Unido). En ella se preveían aumentos presupuestarios para el control de las fronteras, la defensa, la migración, la seguridad interior y exterior, la cooperación al desarrollo y la investigación, entre otros ámbitos. Pero, por otro lado, se preveían recortes en la Política de Cohesión (ayudas para ayudar a las regiones más desfavorecidas de la Unión) y la Política Agrícola Común (PAC).

El Parlamento presentó un informe provisional sobre esta propuesta en la que pidió que se subiera al 1,3 % de la RNB (lo que corresponde a una subida del 16,7% de la propuesta anterior). Además, los parlamentarios pedían, entre otras cosas, que se mantuvieran los fondos para la cohesión y la agricultura como en el marco presupuestario anterior.

El 2 de febrero de 2019 la presidencia finlandesa del Consejo propuso un marco de negociación a partir del 1,07 % de la RNB.

Esta sucesión de acontecimientos provocó la aparición de dos bloques antagónicos: el club de los frugales y los amigos de la cohesión.

El club de los frugales está compuesto por cuatro países del norte de Europa: Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Estos países son todos contribuidores netos y abogan por un presupuesto no superior al 1 % de la RNB. Por otro lado, piden que los recortes se hagan en partidas que consideran “anticuadas” como los fondos de cohesión o la PAC y quieren aumentar el presupuesto en otras como I+D, defensa y lucha contra la inmigración o cambio climático.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ya ha anunciado que vetará en el Consejo cualquier propuesta que exceda el 1 % de la RNB.

Los amigos de la cohesión integran a quince países del sur y este de la Unión: España, Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Todos estos países son receptores netos y demandan que se mantengan los fondos destinados a la PAC y a la política de cohesión, y que el presupuesto comunitario se base en entre el 1,16 y 1,3 % de la RNB.

Este nutrido grupo se reunió el pasado 1 de febrero en la localidad portuguesa de Beja. Allí trataron de mostrar una imagen de unidad antes de los primeros días de debate del MFP, que se llevarían a cabo en Bruselas los días 20 y 21 de ese mismo mes. También anunciaron que bloquearán cualquier tipo de recorte.

Será curioso ver si con el avance de las negociaciones los bloques se mantendrán fuertes o cada país tirará hacia lo que más le convenga.

Fuera de estos dos grupos destacan los dos grandes contribuidores netos, que son quienes mueven los hilos de lo que ocurre en la UE: Alemania y Francia.

Alemania es más cercana a los frugales al querer un presupuesto más austero y destinar más dinero a partidas más modernas como la digitalización o la lucha contra el cambio climático. Pero ante todo quiere que se llegue a un acuerdo rápido.

Francia, por su parte, es más próxima a los amigos de la cohesión al querer mantener una PAC fuerte, pero también quiere un mayor gasto en defensa.

El problema de los “rebates”

Y si todas estas variables no fueran suficientes, hay que añadir la figura de los cheques compensatorios o “rebates”. Estos son descuentos a la aportación de un país al presupuesto. Esta figura se creó en 1984 para el Reino Unido, durante la presidencia de la conservadora Margaret Thatcher. Para la “Dama de Hierro” la cantidad que aportaba su país al presupuesto era excesiva, ya que la mayor parte del monto (un 70%) iba destinado a la PAC y a los Fondos de Cohesión, de los que el Reino Unido apenas se beneficiaba. Por ello se acordó que el Reino Unido tendría ciertos descuentos en su aportación presupuestaria de forma permanente y completa.

Estos cheques compensatorios se han entregado desde entonces a otros países contribuidores netos, pero estos se tenían que negociar con cada MFP y eran parciales sobre un ámbito concreto como el IVA o las contribuciones. Esta figura ya se intentó eliminar sin éxito en 2005.

Para los frugales y Alemania estos cheques deben mantenerse, en oposición a los amigos de la cohesión y especialmente Francia, que quieren que desaparezcan.

Sánchez busca su primera victoria en Bruselas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega mucha de su credibilidad tanto en Europa como en España en estas negociaciones.

En Europa, para muchos fracasó en las negociaciones para la nueva Comisión. Sánchez partía en una posición de fuerza al ser el líder de la cuarta economía de Europa, tras la salida del Reino Unido. Además, era el miembro más fuerte del grupo parlamentario socialista, de capa caída los últimos años a nivel europeo, pero segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, para muchos, la elección del español Josep Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sin ningún otro socialista en puestos capitales, fue visto como un fracaso.

Sánchez tiene la oportunidad en las negociaciones de mostrarse como un líder fuerte y confiable para que el eje franco-alemán cuente con España para llevar a cabo los importantes cambios que la Unión tiene que hacer en los próximos años.

Por otro lado, en España, Sánchez tiene al campo en pie de guerra por las perspectivas de reducción de la PAC. Y se juega mucha de su credibilidad tras su victoria en las elecciones del año pasado y la formación de la “coalición progresista” con el apoyo de Podemos y los independentistas. El Gobierno español ya se ha posicionado con los agricultores, y no puede permitirse una derrota.

Los agricultores españoles son muy dependientes de la PAC. Según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: “en 2017, un total de 775.000 perceptores recibieron 6.678 millones de euros por esta vía. En el período 2021-2027 nos estamos jugando más de 44.000 millones de euros.”

Estas ayudas de la PAC son de dos tipos diferentes:

• Ayudas directas: unas se conceden por volumen de producción, por cultivo (denominadas “acopladas”), y las otras, las “desacopladas”, se conceden por razón de las hectáreas, no por producción o por rendimiento y han sido criticadas por algunos sectores.

• Ayudas indirectas: no van destinadas directamente al agricultor, sino que se utilizan para el desarrollo de las zonas rurales.

El volumen de las ayudas recibidas varía dependiendo del sector, pero pueden suponer hasta el 30 % de la renta de un agricultor. Sin estas ayudas gran parte del campo español y de otros países europeos no puede competir con productos que vienen de fuera de la Unión.

Fracaso de la primera cumbre presupuestaria

Los días 20 y 21 de febrero tuvo lugar una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para llegar a un acuerdo. La cosa no empezó bien con la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, de un presupuesto basado en el 1,074 % de la RNB. Esta propuesta no convenció a nadie, ni a los frugales por excesiva, ni a los amigos de la cohesión por insuficiente.

La propuesta de Michel incluyó una complicación añadida al querer vincular la entrega de ayudas al cumplimiento del Estado de Derecho. Esta medida puso en guardia al denominado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), pues desde el oeste de la Unión ponen en entredicho los Estados de Derecho de algunos de estos países. Así que otro grupo se sube a la palestra.

Los servicios técnicos de la Comisión lanzaron varias propuestas para intentar contentar a todos. La final fue del 1,069 % de la RNB. Acercándose más al 1 %, e incluyendo un aumento en los “rebates” para Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, para contentar a los frugales y atraer a los alemanes. Pero también un aumento en la PAC para contentar a los amigos de la cohesión y Francia, a costa de reducir otras partidas presupuestarias como los fondos en investigación, defensa y exteriores.

Pero los bloques no se movieron. Los frugales siguen enrocados en el 1 %, y los amigos de la cohesión en respuesta han decidido hacer lo mismo, pero en el 1,3 % que propuso el Parlamento Europeo (aunque sepan que no es realista).

Ante la falta de acuerdo Michel disolvió el encuentro; se espera que en las próximas semanas haya conversaciones y se convoque otra cumbre.

Conclusión

La UE tiene un problema: su ambición no se iguala con el compromiso de sus Estados miembros. La Unión tiene que reinventarse y ser más ambiciosa, dicen sus integrantes, pero a la hora de la verdad son pocos los que están dispuestos verdaderamente a contribuir y aportar lo que sea necesario.

La Comisión Von der Leyen llegó con tres planes estrella: el Pacto Verde Europeo para convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono; la digitalización, y, de la mano de Josep Borrell, una mayor implicación internacional por parte de la Unión. Pero en cuanto han empezado las negociaciones del presupuesto y se ha visto que esto conllevaría un aumento del gasto, cada país ha tirado hacia lo que más le conviene y han sido este tipo de propuestas las primeras en caer en recortes ante la imposibilidad de un entendimiento.

Se tiene que llegar a un acuerdo para antes del 31 de diciembre de 2020, si no se quiere que no haya dinero para nada: ni para PAC, ni para “rebates” ni incluso para Erasmus.

Los Estados miembros deben entender que para que la UE sea más ambiciosa ellos mismos tienen que ser más ambiciosos y estar dispuestos a involucrarse más, con el aumento del presupuesto que ello conlleva.

Las aspiraciones georgianas de integración en la Unión Europea y en la OTAN se topan con el temor occidental de una reacción desmesurada de Rusia

▲ Vista de Tiblisi, la capital de Georgia, con el palacio presidencial al fondo [Pixabay]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

En tiempos griegos, Jasón y los Argonautas emprendieron un viaje en busca del Vellocino de Oro, con una dirección clara: las actuales tierras de Georgia. Más adelante, en época romana, estas tierras estuvieron divididas en dos reinos: Cólquida e Iberia. De ser un territorio cristiano, Georgia pasó a ser conquistada por los musulmanes y sometida posteriormente a los mongoles. En esta época, en el siglo XVI, la población se vio reducida debido a las continuas invasiones persas y otomanas.

En 1783, el reino georgiano y el imperio ruso acordaron el Tratado de Gueórguiyevsk, por el que ambos territorios se comprometían a brindarse mutuo apoyo militar. Este acuerdo no logró evitar que la capital georgiana fuera saqueada por los persas, algo que fue permitido por el zar ruso. Y fue este, el zar Pablo I de Rusia, quien en 1800 firmó la correspondiente incorporación de Georgia al imperio ruso, aprovechándose del momento de debilidad georgiano.

Tras la desaparición de la República Democrática Federal de Transcaucasia y gracias al colapso ruso iniciado en 1917, el primer estado moderno de Georgia fue creado: la República Democrática de Georgia, que entre 1918 y 1921 luchó con el apoyo de Alemania y las fuerzas británicas contra el imperio ruso. La resistencia no duró y la ocupación del Ejército Rojo ruso llevó en 1921 a la incorporación del territorio georgiano a la Unión de Repúblicas Soviéticas. En la Segunda Guerra Mundial, setecientos mil soldados georgianos tuvieron que luchar contra sus antiguos aliados alemanes.

En esos tiempos estalinistas, Osetia fue dividida en dos, constituyéndose la parte sur como región autónoma perteneciente a Georgia. Más tarde, se repitió el proceso con Abjasia, y así se formó la actual Georgia. Setenta años después, el 9 de abril de 1991 la República Socialista Soviética de Georgia declaró su independencia con el nombre de Georgia.

Cada tiempo tiene su “caída del Muro de Berlín”, y este se caracteriza por la desintegración de la antigua Rusia. No creó por tanto ninguna sorpresa el gran conflicto armado que se desenvolvería en 2008 como consecuencia de los conflictos paralizados entre Georgia y Osetia del Sur y Abjasia desde los inicios del pasado siglo.

Desde la desintegración de la URSS

Tras la desintegración de la URSS, la configuración territorial del país llevó a la tensión con Rusia. Con la independencia hubo disturbios civiles y una gran crisis política, ya que no se tuvo en cuenta el parecer de la población de los territorios autónomos y se violaron las leyes de la URSS al respecto. Como hermanas gemelas, Osetia del Sur deseaba unirse a Osetia del Norte, es decir, a una parte rusa, siguiendo Abjasia de nuevo sus pasos. Moscú reconoció a Georgia sin modificación de fronteras, quizás por miedo a una actuación similar al caso checheno, pero durante dos largas décadas actuó como padre protector de las dos regiones autónomas.

Con la independencia, Zviad Gamsajurdia se convirtió en el primer presidente. Tras un golpe de Estado y una breve guerra civil llegó al poder Eduard Shevardnadze, un político georgiano que en Moscú había colaborado estrechamente con Gorbachov en la articulación de la perestroika. Bajo la presidencia de Shevardnadze, entre 1995 y 2003, se produjeron guerras étnicas en Abjasia y Osetia del Sur. En torno a unas diez mil personas perdieron la vida y miles de familias abandonaron sus hogares.

En 2003 la Revolución de las Rosas contra el desgobierno, la pobreza, la corrupción y el fraude electoral facilitó la restauración de la integridad territorial, el retorno de los refugiados y la aceptación de las distintas etnias. Sin embargo, las reformas democráticas y económicas que se plantearon no dejaron de ser un anhelado sueño.

Uno de los líderes de la Revolución de las Rosas, el abogado Mijail Saakashvili, llegó a la presidencia un año después, declarando la integridad territorial georgiana e iniciando una nueva política: la amistad con la OTAN y la Unión Europea. Esa aproximación a Occidente, y especialmente a Estados Unidos, puso sobre aviso a Moscú.

La importancia estratégica de Georgia se debe a su centralidad geográfica en el Cáucaso, pues se halla en medio del trazado de nuevos oleoductos y gaseoductos. La seguridad energética europea avalaba el interés de la UE por una Georgia no supeditada al Kremlin. Saakashvili hizo guiños a la UE y también a la OTAN, aumentando el número de efectivos militares y el gasto en armamento, algo que en 2008 no le vino nada mal.

Saakashvili tuvo éxito con sus políticas en Ayaria, pero no en Osetia del Sur. El mantenimiento de la tensión en esa zona y diversas disputas internas generaron una gran inestabilidad política que motivó la renuncia del mandatario.

Al terminar el mandato de Saakashvili en 2013, pasó a ocupar la presidencia el comentarista y político Giorgi Margvelashvili, como cabeza de lista de Sueño Georgiano. Margvelashvili mantuvo la línea de acercamiento a Occidente, tal como ha hecho desde 2018 la actual presidenta, Salome Zurabishvili, una política nacida en Francia, también de Sueño Georgiano.

Lucha por Osetia del Sur

La guerra de 2008 fue iniciada por Georgia. Rusia también contribuyó a crear malas relaciones previas, embargando importaciones de vino georgiano, repatriando inmigrantes indocumentados georgianos e incluso prohibiendo vuelos entre ambos países. En el conflicto, que afectó a Osetia del Sur y a Abjasia, Saakashvili contó con un Ejército modernizado y preparado, y también con el apoyo absoluto de Washington.

Las batallas comenzaron en la principal ciudad de Osetia del Sur, Tsjinval, cuya población es mayoritariamente de origen ruso. A los bombardeos aéreos y terrestres del Ejército georgiano siguió la entrada en el territorio de los tanques rusos. Moscú logró el control de la provincia y expulsó a las fuerzas georgianas. Tras cinco días, la guerra terminó con un balance de entre ochocientos y dos mil muertos, según los distintos cómputos de cada bando, y múltiples violaciones de las leyes de guerra. Además, numerosos informes encargados por la Unión Europea mostraron que las fuerzas de Osetia del Sur “destruyeron deliberada y sistemáticamente aldeas de etnia georgiana”. Estos informes también afirmaron que fue Georgia la que inició el conflicto, si bien la parte rusa había realizado múltiples provocaciones y además reaccionado de forma desmesurada.

Tras el alto al fuego del 12 de agosto, las relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia quedaron suspendidas. Moscú retiró sus tropas de parte del territorio georgiano que había ocupado, pero permaneció en las regiones separatistas. Desde entonces Rusia reconoce a Osetia del Sur como territorio independiente, al igual que hacen algunos aliados rusos como Venezuela o Nicaragua. Los propios osetios no reconocen tener lazos culturales e históricos con Georgia, sino con Osetia del Norte, es decir, con Rusia. Por su parte, Georgia insiste en que Osetia del Sur está dentro de sus fronteras, y el mismo gobierno se encargará de ello como una cuestión de orden público, solucionando así un problema calificado de constitucional.

Dado el acercamiento de Georgia a la UE, el conflicto bélico dio pie a la diplomacia europea a tener un papel activo en la búsqueda de la paz, con el despliegue de doscientos observadores en la frontera entre Osetia del Sur y el resto de Georgia, en sustitución de las tropas de paz rusas. En realidad, la UE pudo haber intentado antes una reacción más contundente frente a las acciones de Rusia en Osetia del Sur, lo que algunos observadores creen que hubiera evitado lo que después pasó en Crimea y el este de Ucrania. En cualquier caso, a pesar de haber iniciado el conflicto, esto no afectó a la relación de Tiflis con Bruselas, y en 2014 Georgia y la UE firmaron un Acuerdo de Asociación. Actualmente podemos asegurar que Occidente ha perdonado a Rusia su comportamiento en Georgia.

La guerra, aunque corta, tuvo un claro impacto negativo en la economía de la región osetiana, que en medio de las dificultades se hizo dependiente de Moscú. No obstante, las ayudas financieras rusas no llegan a la población debido al alto nivel de corrupción.

La guerra terminó, pero no los roces. Además de un problema de refugiados, también se da un problema de seguridad, con asesinatos de georgianos en las fronteras con Osetia del Sur. La cuestión no está cerrada, pero a pesar de que el riesgo sea leve, todo queda en manos de Rusia, que además de controlar e influir en la política, dirige el turismo en la zona.

Esta no resolución del conflicto dificulta la estabilización de la democracia en Georgia y con ello la posible entrada a la institución europea, dado que las minorías étnicas alegan falta de respeto y protección de sus derechos. A pesar de que los mecanismos de gobierno siguen siendo escasos en estos conflictos, se observa claramente que las reformas adquiridas últimamente en el sur del Cáucaso han llevado a promover el diálogo inclusivo con las minorías y a una mayor responsabilidad estatal del asunto. 

Últimas elecciones

El noviembre de 2018 se celebraron las últimas elecciones presidenciales por sufragio directo en el país, pues desde 2024 ya no serán los ciudadanos los que voten a su presidente, sino los legisladores y ciertos compromisarios, debido a una reforma constitucional que transforma el país en una república parlamentaria.

En 2018 se enfrentaron en la segunda vuelta el candidato del Movimiento Nacional Unido, Grigol Vashdze, y la candidata de Sueño Georgiano, Salome Zurabishvili. Con el 60% de los votos, la candidata de centro izquierda se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de Georgia. Ganó con una apuesta europea: “más Europa en Georgia y Georgia en la Unión Europea”. Su toma de posesión fue acogida con manifestantes que alegaban irregularidades en las elecciones. La Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) avaló el proceso electoral, aunque señaló la falta de objetividad de los medios públicos durante la campaña.

Algunos medios georgianos consideran que Sueño Georgiano gozó de una “ventaja indebida”, por la intervención en la campaña del exprimer ministro Bidzina Ivanishvili, hoy un adinerado financiero, quien anunció públicamente un programa de ayuda para seiscientos mil georgianos. Quedó en evidencia que Ivanishvili tira de los hilos y las palancas de poder en el país. Ese cuestionamiento de la limpieza de la campaña llevó a que Georgia haya bajado en calidad democrática en los índices de 2018.

Acto público presidido en enero por Salome Zurabishvili en el palacio presidencial georgiano [Presidencia de Georgia]

LA APROXIMACIÓN A OCCIDENTE

Desde las políticas llevadas a cabo por la presidencia georgiana desde la llegada de Saakashvili al poder, Georgia se ha adentrado de modo decidido en el mundo occidental. Gracias a todas las nuevas medidas que Tiflis está implementando para ajustarse a los requisitos y peticiones occidentales, Georgia ha logrado perfilarse como el idóneo candidato para su entrada en la Unión Europea. No obstante, a pesar de los anhelos europeístas y atlantistas del partido gobernante, Sueño Georgiano, y de buena parte de la sociedad georgiana, el país podría acabar rindiéndose ante la presión de Rusia, como ha pasado con varios territorios exsoviéticos que previamente habían intentado una aproximación occidental, véase Azerbaiyán o Kazajstán.

Adecuación a la Unión Europea

Devenido en el país más favorecido del Cáucaso para entrar en la Unión Europea, con la que tiene una cercana y positiva relación, Georgia ha firmado diversos tratados vinculantes con Bruselas, siguiendo la aspiración de los ciudadanos georgianos de más democracia y derechos humanos. En 2016 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la UE y Georgia, algo que permite dar serios pasos en integración política y económica, como la creación de la Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAP). Este régimen de comercio preferencial convierte a la UE en el principal socio comercial del país. El ZLCAP ayuda a Georgia a reformar su marco comercial, siguiendo los principios de la Organización Mundial del Comercio, al tiempo que elimina aranceles y facilita un amplio y mutuo acceso. Esa adecuación al marco legal de la UE supone una preparación del país para una eventual adhesión.

En cuanto al Acuerdo de Asociación, se debe mencionar que Georgia es un país miembro de la Asociación Oriental dentro de la Política Europea de Vecindad. Mediante esta asociación, Bruselas emite informes anuales sobre los pasos dados por un determinado Estado para llegar a una mayor adecuación con la UE. El Consejo de Asociación es la institución formal que se dedica a supervisar esas relaciones asociacionistas; en sus reuniones se han destacado los progresos alcanzados y la creciente cercanía entre Georgia y la UE.

En 2016 el Comité de Representantes Permanente de la UE confirmó el acuerdo del Parlamento Europeo acerca de la liberación de visados con Georgia. Dicho acuerdo se basaba en la no necesidad de visado para ciudadanos de la UE que cruzaran las fronteras del país, y para ciudadanos georgianos que viajasen a la UE para estancias de hasta 90 días.

Georgia, sin embargo, se ha visto decepcionada en sus expectativas cuando desde la UE se han expresado dudas sobre la conveniencia de su incorporación. Algunos países miembros alegaron el peligro que podían suponer los grupos criminales georgianos, algo que varios partidos prorrusos del país aprovecharon para realizar una enérgica campaña contra la UE y la OTAN. La campaña tuvo sus resultados y la opinión contraria a Rusia disminuyó, lo que llevó a Moscú a una mayor afirmación con maniobras militares, si bien en las elecciones de 2016 siguió el respaldo ciudadano a Sueño Georgiano.

A pesar de que no hay una perspectiva de próxima adhesión, la UE sigue ofreciendo esperanzas, como en la gira por el Cáucaso que la canciller alemana, Angela Merkel, hizo el verano pasado. En su visita a Georgia, Merkel comparó el conflicto georgiano con el ucraniano debido a la presencia de tropas rusas en las regiones separatistas del país. Visitó la localidad de Odzisi, situada en la frontera con Osetia del Sur, y en un discurso en la Universidad de Tiflis dijo que tanto ese territorio como Abjasia son “territorios ocupados”, lo que no fue bien recibido por Moscú. Merkel se comprometió a hacer lo posible para que esa “injusticia” siga presente en la agenda internacional.

La presidenta georgiana, Salome Zourachvili, considera además que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede ser una gran oportunidad para Georgia. “Obligará a Europa a reformarse. Y como soy una optimista estoy segura de que nos abrirá nuevas puertas a nosotros", ha dicho.

Esperanza en la Alianza Atlántica

El comportamiento de Rusia en los últimos años, además de incentivar el acercamiento de Georgia a la UE, ha dado sentido de urgencia a su deseo de incorporación a la Alianza Atlántica.

En 2016 hubo en el Mar Negro varias maniobras conjuntas entre la OTAN y Georgia, donde recaló una flota de la coalición. Era evidencia de una creciente aproximación mutua que Georgia esperaba que condujera a su adhesión a la organización en la cumbre que la OTAN celebraba ese mismo año en Varsovia. Pero a pesar de la gran preparación que recibió el país en términos de defensa, seguridad e inteligencia, no fue allí invitada a entrar en el club: no se quería incomodar a Rusia.

La OTAN aseguraba, no obstante, mantener su política de puertas abiertas a los países del este y estimaba que Georgia seguía siendo un candidato ejemplar. A la espera de decisiones futuras, a Tiflis le quedaba reforzar la cooperación militar, ofreciendo como incentivación el “formato del Mar Negro”, una solución de compromiso que incluye a la OTAN, a Georgia y a Ucrania y que aumenta la influencia de la Alianza en la región del Mar Negro.

Georgia, siendo el capital aliado de la OTAN y la Unión Europeo en la zona del Cáucaso, aspira a una mayor protección de la Alianza Atlántica frente a Rusia. Desde el centro político europeo se observan los esfuerzos de la población georgiana por ingresar en la organización internacional y se opta por una estrategia de paciencia para la zona caucásica, como en los años de la Guerra Fría.

Acercarse a las fronteras rusas es problemático, y múltiples críticas han surgido hacia la OTAN acerca de la sencilla incorporación georgiana debido a su situación geoestratégica. Rusia ha expresado repetidas veces su preocupación por esa cooperación conjunta entre Estados Unidos, la OTAN y su vecina Georgia.

Intervención de la presidenta Zurabishvili en los actos celebrados en enero en Jerusalén en recuerdo del Holocausto [Presidencia de Georgia]

UNA RUSIA VIGILANTE

Las heridas de la guerra de Osetia del Sur de 2008 no han terminado de cerrarse en la sociedad georgiana. Y es que, a pesar de los intentos políticos de Georgia de acercamiento a las instituciones occidentales, Rusia se mantiene en guardia con suspicacia, de forma que las relaciones entre los dos países no dejan de ser conflictivas. Así, el verano pasado se registró un último episodio de tensión, que llevó a la presidenta de Georgia a calificar a Rusia de “enemiga y ocupante”.

Tras algún acercamiento en 2013 que supuso un aumento del comercio de alimentos y del turismo ruso que llegaba al país, Moscú ha pasado a una estrategia de intento de acercamiento a nivel religioso y político. Con esa intención, un pequeño grupo de legisladores rusos viajó a la capital georgiana para la Asamblea Interparlamentaria de la Ortodoxia. Esta organización internacional, liderada por Grecia y Rusia, es la única que reúne a los órganos legislativos de los países ortodoxos. El encuentro tuvo lugar en el salón plenario del Parlamento de Georgia, donde el diputado ruso Sergei Gabrilov, ocupó el asiento del presidente de la Cámara. Varios políticos de la oposición no vieron esto con buenos ojos y movilizaron a miles de ciudadanos, que protagonizaron graves desórdenes públicos en un intento de asalto al Parlamento. La delegación rusa a se vio obligada a abandonar el país, pero quedó claro el intento de influencia rusa a través de la religión, cuando hasta entonces la Iglesia se había mantenido apartada de todas las controversias políticas.

Los disturbios, en los que hubo numerosos heridos, motivaron que los miembros del Gobierno cancelaran todos sus desplazamientos al extranjero y que la presidenta interrumpiera su viaje a Bielorrusia, donde iba a asistir a la apertura de los Juegos Europeos, una presencia que se consideraba importante a ojos occidentales. Los manifestantes protestaron contra la sede de Sueño Georgiano, donde quemaron y asaltaron dependencias. Los diez días de revueltas no solo se justificaban por el incidente ocurrido en la Asamblea, sino también como reacción a la ocupación rusa. Además, también pudo contribuir el conflicto entre Sueño Georgiano y los partidos opuestos liderados por Saakashvili, actualmente exiliado en Ucrania.

La crisis terminó con la marcha del primer ministro Mamuka y el nombramiento de Georgi Gaharia como su sucesor, a pesar de las críticas que este había recibido por su gestión de los disturbios como ministro del Interior.

Las revueltas, aunque pudieran estar bien intencionadas, van contra los intereses de Georgia, según consideró la presidenta del país, pues lo que este necesita es “tranquilidad y estabilidad interna”, tanto para progresar internamente como para ganar simpatías entre los miembros de la UE, que no quieren más tensión en la región.  Salome Zurabishvili advirtió de los riesgos de cualquier desestabilización interna que pueda provocar Rusia.

Con motivo de las protestas de junio, el Kremlin promulgó un decreto en el que se prohibía el transporte de nacionales a Georgia por aerolíneas rusas. Con ello decía querer garantizar “la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos”, pero estaba claro Moscú estaba reaccionando frente a una revuelta de tinte anti-ruso. La decisión redujo la llegada de visitantes de Rusia, que venían constituyendo uno de cada cuatro turistas, lo que según el Gobierno podía significar una pérdida de mil millones de dólares y una reducción del 1% en del PIB.

La tensión llegó a los medios televisivos de la capital georgiana. Días después de las revueltas, el presentador del programa “Post Scriptum” de la cadena Rustavi 2 intervino en la emisión hablando en ruso y vertió varios insultos contra el presidente Vladimir Putin, algo que Rusia calificó como inaceptable y “rusofobia”. La cadena se disculpó, admitiendo que se habían vulnerado sus estándares éticos y editoriales, al tiempo que diversos políticos georgianos, incluida la presidenta, condenaron el episodio y lamentaron que hechos así no hacen más que aumentar las tensiones entre las dos naciones.

Los sucesos del pasado verano muestran el rechazo de los georgianos a una enemistad con Rusia que, además de acentuar la tensión con el gran vecino del norte, puede incidir en la relación de Georgia con la UE y otros organismos internacionales occidentales, pues estos no van a pisar sobre arenas movedizas, y menos teniendo a la gran Rusia enfrente.

BIBLIOGRAFÍA

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Cornell S. E. & Starr, F. The Guns of August 2008. Russia’s War in Georgia. London: M.E. Sharpe, 2009

De la Parte, Francisco P. El imperio que regresa. La Guerra de Ucrania 2014-2017: Origen, desarrollo, entorno internacional y consecuencias. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2017

Golz, Thomas. Georgia Diary: A Chronic of War and Political Chaos in The Post-Soviet Caucasus.New York: Taylor and Francis, 2006

The UN Conference did little to increase international commitment to climate change action, but did at least boost the assertiveness of the EU

In recent years, the temperature of the Earth has risen, causing the desertification of lands and the melting of the Poles. This is a major threat to food production and provokes the rise of sea levels. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has concluded that there is a more than 95% probability that human activities over the past 50 years are the cause of global warming. Since 1995 the United Nations has organized international meetings in order to coordinate measures to reduce CO2 emissions, which arguably are behind the increases in temperature. The latest meeting was the COP25, which took place in Madrid this past December. The COP25 could be labeled almost a missed opportunity.

ARTICLE / Alexia Cosmello and Ane Gil

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988 by the World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environment Programme. The IPCC’s Fifth Assessment Report concluded that: “Climate change is real and human activities are the main cause.” In recent years, rising temperatures on earth have contributed to the melting of the Polar Ice Cap and an increase in desertification. These developments have provoked the rise of sea levels and stresses on global food production, respectively.

In 1992, the IPCC formed the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) with the goal of minimizing anthropogenic damage to the earth’s climate. 197 countries have since ratified the UNFCCC, making it nearly universal. Since 1995, the UNFCCC has held an annual Conference of the Parties (COP) to combat climate change. These COPs assess the progress of national governments in managing the climate crisis, and establish the legally binding obligations of developed countries to combat climate change. The most significant international agreements emerging from UNFCCC annual COPs are the Kyoto Protocol (2005) and the Paris Agreement (2016). The most recent COP25 (25th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) took place in Madrid in December 2019.

The previous conference (COP24) marked a significant improvement in international regulation for implementing the Paris Agreement, but crucially ignored the issue of carbon markets (Article 6). Thus, one of the main objectives of COP25 was the completion of an operating manual for the Paris Accords that included provisions for carbon market regulation. However, COP25 failed to reach a consensus on carbon market regulation, largely due to opposition from Brazil and Australia. The issue will be passed onto next year’s COP26.

Another particularly divisive issue in COP25 was the low level of international commitment. In the end, only 84 countries committed to the COP25 resolutions; among them we find Spain, the UK, France and Germany. Key players such as the US, China, India and Russia all declined to commit, perhaps because together they account for 55% of global CO2 emissions. All states will review their commitments for COP26 in 2020, but if COP26 goes anything like COP25 there will be little hope for positive change.

COP25 also failed to reach an agreement on reimbursements for damage and loss resulting from climate change. COP15 set the goal of increasing the annual budget of the Green Climate Fund to 100 billion USD by 2020, but due to the absence of sufficient financial commitment in COP25, it appears that this goal will not be met.

It is worth noting that in spite of these grave failures, COP25 did achieve minor improvements. Several new policies were established and a variety of multilateral agreements were made. In terms of policies, COP25 implemented a global “Gender Action Plan,” which will focus on the systematic integration of gender equality into climate policies. Additionally,  COP25 issued a declaration calling for increased consideration of marine biodiversity. In terms of multilateral agreements, many significant commitments were made by a vast array of countries, cities, businesses, and international coalitions. Notably, after COP25, the Climate Ambitious Coalition now counts with the impressive support of  27 investors, 763 companies, 393 cities, 14 regions, and 70 countries.

But by far the saving grace of COP25 was the EU. The EU shone brightly during COP25, acting as a example for the rest of the world. And this is nothing new. The EU has been a forerunner in climate change action for over a decade now. In 2008, the EU established its first sustainability goals, which it called the “2020 Goals”. These goals included: reducing GHG emission by 20% (compared to 1990), increasing energy efficiency by 20%, and satisfying a full 20% of total energy consumption with renewable energy sources. To date, the EU has managed not merely to achieve these goals, but to surpass them. In fact, by 2017, EU GHG emissions had been reduced not just by 20%, but by 22%.

The EU achieved these lofty goals because it backed them up with effective policies. Note:

i) The launch by the EU Commission in June 2000 of the European Climate Change Programme (ECCP). Its main goal is to identify and develop all the necessary elements of an EU strategy to implement the UN Kyoto Protocol of COP3.

ii) The EU ECCP developed the ETS (EU emissions trading system), which has helped to reduce greenhouse gas emissions from energy-intensive industries and power plants.

iii)The EU adopted revised rules for the ETS in February 2018,  which set the limits on CO2 emissions of heavy industry and power stations.

iv)The EU opted for a “circular economy.” In May 2018, the EU decided on new rules for waste management and established legally binding targets for recycling. In May 2019, the EU adopted a ban on single-use plastic items.

v) The EU limited CO2 emissions on the roads. In April 2019, stricter emission limits for cars and vans were passed. By 2029, both cars and vans will be required to emit on average 15% less CO2.

vi) The EU approved new regulations in May 2018 for improved protection and management of lands and forests.

If the EU is anywhere near as successful at combating climate change in the decades to come as it has proved itself to be in the past decade, the EU seems primed to achieve both its 2030 Goals, and its 2050 Goals (the European Green Deal). The 2030 Goals include cutting GHG emissions by at least 40% by 2030 (compared to 1990). Such  new measures will make the EU’s economy and energy systems more competitive, more secure, and more sustainable. The 2050 Goals are even more ambitious: they include the complete elimination all CO2 emissions and the achievement of a climate-neutral EU by 2050. The EU’s 2030 and 2050 Goals, if achieved, will be a remarkable step in the right direction towards achieving the Paris Agreement objective to keep global temperature increase stabilized at 1.5ºC and well below 2ºC.

The European Green Deal and 2030 and 2050 Goals will demand far more effort than the 2020 Goals, especially in the political and economic spheres. Poland has yet to commit to the Deal, which has led the European Council to postpone the matter until June 2020. But progress in the EU towards the 2050 Goals is already underway. The Just Transition Mechanism was proposed in December 2019 to provide support for European regions projected to be most affected by the transition to climate neutrality. (This measure will also hopefully serve to assuage the concerns of Poland and other members.) The EU Commission is to prepare a long-term strategy proposal as early as possible in 2020 with the intention of its adoption by the Council and its submission to the UNFCCC shortly thereafter. Furthermore, the EU Commission has also been tasked with a proposal, after a thorough impact assessment, for an update of the EU’s nationally determined contribution for 2030 under the Paris Agreement. The EU’s example is reason to hope for a bright and sustainable future for the developed world.

Unfortunately, not every developed country is as committed to sustainability as the EU. While many efforts have been made at both the global and regional levels to combat climate change, it is abundantly clear that these efforts are horrendously insufficient. In order to properly address climate change, consistent commitment to sustainability from all parties is imperative. Those countries such as the US, China, India and Russia that abstained from commiting to the COP25 resolutions need to begin following in the EU’s sustainable footsteps and start behaving like true global citizens as well. If they do not, even the EU’s exemplary efforts will not be anywhere near enough to slow climate change.

El Brexit, con la salida de la UE de un adalid del libre mercado, ha potenciado la coordinación de los países librecambistas del norte de Europa

▲ Grabado del siglo XVI con una vista de Lübeck, cuando formaba parte de la Liga Hanseática

ANÁLISIS / Jokin de Carlos Sola

Compuesta por los pequeños de la costa norte de Europa, la Liga Hanseática controla el mar y el dinero que se mueve por él. Esta definición se aplica a dos organizaciones, una medieval y otra creada hace poco, lista para hacer oír su voz en el escenario europeo.

En 2017 ocho países del norte de Europa (Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) comenzaron el proceso de creación de la iniciativa Nueva Liga Hanseática. Su principal objetivo es mantener y aumentar la ortodoxia económica, ahora que el Reino Unido –uno de sus máximos defensores– abandona la Unión Europea, e impedir que Francia aproveche este momento para aplicar sus las políticas de economía expansiva.

La primera Liga

La primera liga Hanseática o simplemente la Hansa fue una alianza comercial y defensiva de ciudades comerciales y gremios de las principales ciudades marítimas del Báltico y del Atlántico Norte. Fundada en Lübeck en 1158, la primera alianza estaba formada por las ciudades marítimas libres alemanas de Lübeck, Hamburgo, Lüneburg, Wismar, Rostock y Stralsund.

Más adelante otras muchas ciudades se unieron a la Hansa, como Colonia, Groninga, Berlín o Estocolmo. Por otra parte, la Hansa fijó puestos comerciales en los puertos de casi todo el norte Europa, llegando incluso a establecer barrios propios –llamados kontors– en otros lugares como Londres, Amberes, Nóvgorod o Brujas.

Esta alianza adquirió una gran importancia comercial y también militar. Desde su fundación la Hansa había mantenido una relación casi simbiótica con el Estado Monástico de los Caballeros Teutónicos, establecido en el Báltico. Más adelante establecería su propia flota. Con el crecimiento de los estados nación y el declive de los gremios, la Hansa fue decreciendo hasta ser conformada únicamente por Lübeck, Hamburgo y Bremen, siendo finalmente disuelta con la unificación alemana.

Creación de la Nueva Hansa

Con la ampliación de la Unión Europea surgieron nuevas oportunidades de equilibrar el poder del bloque francoalemán (también llamado bloque de Aquisgrán), dominante en el Consejo Europeo. Así, se han creado el Grupo de Visegrado, la Iniciativa Tres Mares o el Grupo de Craiova, en el centro y este europeo. En los últimos años ha surgido la Nueva Liga Hanseática, en el norte del continente.

Esta última iniciativa nació a raíz del Brexit. Siendo el tercer país por peso económico en la UE, el Reino Unido ha tenido una gran influencia en la política económica de la Unión, defendiendo ideas como la estabilidad económica, el recorte del déficit, la reducción de la deuda, la desregulación económica y una política monetaria estable que evite la inflación, así como una política de libre comercio.

Estas ideas chocaban con la política económica francesa, de un mayor dirigismo e intervencionismo económicos, que pone el acento en los proyectos sociales y el proteccionismo. Mientras, la actitud de prudencia alemana actuaba como balanza y punto intermedio entre las dos posiciones. Las posiciones de Londres han tenido también el apoyo de los Países Bajos y Dinamarca, así como de otros países con tradición comercial marítima, quienes ante la perspectiva de la marcha del Reino Unido de la UE decidieron establecer una mayor coordinación entre sí.

Otra causa para la formación de la Nueva Hansa es la llegada al poder de Emmanuel Macron y su ascenso como hombre fuerte en la UE. Macron ha abandonado parte del discurso económico con el que fue elegido en 2017 para acercarse más a las posiciones tradicionales francesas, también seguidas por países como Italia o España.

Un último detonante de la iniciativa, de inspiración neerlandesa e irlandesa, fue el relevo en enero de 2018 de Jeroen Dijsselbloem como presidente del Eurogrupo por Mario Centeno, ministro socialista de Portugal. Para muchos políticos del norte de Europa la intransigencia de Dijsselbloem ante la crisis de la deuda griega en 2015 fue correcta y un camino a seguir en política económica y monetaria de la UE y la Eurozona.

Este grupo fue conocido al principio por nombres como “Los Vikingos” o “Coalición del mal tiempo”. En febrero de 2018 los ministros de finanzas de Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania firmaron el documento fundacional de la Nueva Liga Hanseática.     

Valores políticos y económicos

Los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática se basan en las ideas librecambistas, así como en mantener un presupuesto equilibrado. Sus principales objetivos pasan por el desarrollo del Mecanismo de Estabilidad Europeo, establecido en Luxemburgo. La idea sería que este desarrollo terminase convirtiendo el MEE en un pleno Fondo Monetario Europeo, el cual redistribuiría la riqueza entre los Estados miembros que tengan superávit y aquellos que tengan déficit comercial. La Hansa también es favorable a darle más poder al MEE para poder interferir en los presupuestos nacionales con el fin de evitar sobrepasar los límites del déficit.

Sin embargo, pese a que el documento fundacional se ciñe al Mecanismo de Estabilidad Europeo la Hansa no pretende detenerse ahí. Algunos representantes de esos países se han pronunciado en contra de un presupuesto para la eurozona, un ministro de finanzas de la eurozona y un sistema común de seguro de depósitos, como ha propuesto Macron. También criticaron a la Comisión Europea por su decisión de no iniciar un procedimiento disciplinario contra Italia por su déficit y su deuda.

Las posiciones de la Hansa han logrado popularidad general en sus respectivos países. Por un lado, los partidos de derecha en esos lugares defienden planteamientos librecambistas desde hace tiempo, mientras que los partidos de izquierda no quieren que se arriesgue el estado de bienestar de sus respectivas poblaciones para ayudar a los países del sur de Europa.

Los orígenes ideológicos de la Nueva Hansa podrían datarse en el Thatcherismo británico de los años 80. Esta ideología política incluía por una parte un planteamiento liberal de la economía, defendiendo ideas como desregularización, privatización y libre comercio. El Thatcherismo no advocaba por la ruptura de la UE, pero incluía una visión escéptica, defendiendo una unión que se limitara a la economía, sin avanzar en la unión política. Este pensamiento, adversario del tradicional dirigismo francés, ha tenido una clara influencia dentro de la política británica y dentro del Partido Conservador. Sin embargo, algo menos conocida es su influencia en otros políticos europeos, como diversos dirigentes de los Países Bajos y Dinamarca.

La defensa de una Europa liberal y capitalista, contraria a un fuerte poder central, es compartida por muchos países, todos ellos situados en la franja norte de la Unión. Esto los enfrenta con los países Mediterráneos, que han requerido de ayudas comunitarias en los últimos años.

Sin embargo, hay otros elementos que caracterizan a estos países más allá de su riqueza y posición geográfica, como es su tamaño y su dependencia del comercio, derivada de su carácter marítimo. Eso les hace favorables al aumento de los tratados comerciales y les obliga a procurarse recursos que no tienen en su territorio.

Liderazgo del grupo

La Nueva Liga Hanseática es una iniciativa y no una organización como tal, por lo que no tiene un líder oficial, las decisiones son tomadas en consejos no oficiales de los jefes de gobierno y de los ministros de finanzas. Sin embargo, se han destacado varias personalidades, principalmente Mark Rutte, premier neerlandés, y Wopke Hoekstra, su ministro de finanzas.  

Wopke Hoekstra es considerado arquitecto de la Nueva Hansa. De 41 años, es democristiano, protestante practicante, miembro de la hermandad remonstrante y antiguo estudiante del Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), la escuela de comercio más prestigiosa de Europa. Ha mostrado la faceta más intransigente en temas económicos del gobierno neerlandés en los últimos años. Ha llegado al punto de que el propio Dijsselbloem ha criticado la formación de la Nueva Liga porque, según él, daña la idea de solidaridad dentro de la Unión.

Mark Rutte, por otra parte, ha usado la creación de la Nueva Hansa para aumentar el peso de los Países Bajos en la política europea. Rutte es considerado como uno de los premieres neerlandeses más activos en política exterior desde la Segunda Guerra Mundial y ha tratado de hacer valer a los Países Bajos en la UE frente a Francia y Alemania. Al mismo tiempo Rutte ha tratado de ocupar la voz británica en el Consejo de Europa mostrándose como uno de los líderes más atlantistas.

Otros líderes que han mostrado participativos en este proyecto han sido el que hasta 2019 era ministro de finanzas danés, Kristian Jensen, y por el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney. Por otra parte, el papel de Dinamarca y Suecia fue clave para que los países bálticos se alejaran del Grupo de Visegrado y se unieran a la Nueva Hansa.

Peso económico, financiero y tecnológico

La Hansa ha logrado aglutinar un peso económico que otras iniciativas del mismo estilo no han conseguido reunir. Actualmente el PIB conjunto de los países de la Hansa es de más de 2,2 billones de euros, cerca de los 2,5 billones del PIB francés, segunda fuerza económica europea.

El grupo también cuenta con un claro peso financiero. Ciudades como Ámsterdam, Estocolmo o Dublín han estado escalando durante los últimos años entre las principales capitales financieras europeas, si bien todavía no logran sobrepasar a Paris o Frankfurt. Además, se trata de países donde existe innovación tecnológica, especialmente Estonia y Países Bajos.

El hecho de que el grupo no supere el 10% de la población europea mitiga algo su influencia, pues los votos de los países y bloques en el Consejo Europeo se hace en parte por número de habitantes, pero no por eso deja de ser un actor político relevante en la UE. En contraposición, los países del sur de Europa (España, Italia, Portugal y Grecia) abarcan el 30% de la población europea, pero se les considera menos decisivos.

Las posiciones de la Hansa representan una ruptura con el principio de la UE de que, por razones de cohesión social interterritorial, aquellos países que más tienen y están más desarrollados aportan más. Las ideas de los sectores más radicales de la Hansa pueden incluso ser tachados de un cierto neocolonialismo, en tanto que pretenden utilizar los mecanismos supranacionales de la UE para garantizar que los países deudores del sur devuelvan los préstamos, lo que les mantendrá en ciertos niveles de deuda.

Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Irlanda se encuentran entre los países que más aportan al presupuesto común europeo, estando detrás de los cuatro primeros (Italia, Reino Unido, Francia y Alemania). Si se mira desde una perspectiva de aportación per cápita, Países Bajos, Suecia y Dinamarca ocupan los primeros puestos. Si bien Estonia, Letonia y Lituania son beneficiarios, no lo son tanto como Polonia, Grecia o Rumanía.

Dada es mayor contribución a la UE, o menor dependencia de ayudas, la Hansa reclama un mayor peso en la dirección comunitaria. De momento, en el presupuesto de 2020 ha logrado imponer diversos criterios, frente al de los países receptores.

Ejercicio de influencia

Uno de los principales objetivos de la Nueva Liga Hanseática era asegurarse de que las dos figuras de mayor control sobre la economía europea (la presidencia del Banco Central, y la dirección del Fondo Monetario Internacional) eran de su agrado. En ambos casos ha fracasado, en gran medida por la intervención de Emmanuel Macron.

Los Países Bajos tenían un interés particular en el nombramiento del BCE, pues el presidente saliente, Mario Draghi, había presionado al gobierno neerlandés para activar políticas de estímulo económicas. El candidato de la Nueva Hansa era el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, conocido por sus críticas a las políticas estimulacioncitas de Mario Draghi y por defender una política de intereses altos. Macron acordó con Alemania que la Comisión Europea fuera a una alemana (Ursula von der Leyen) a cambio de que el BCE fuera presidido por Christine Laguard, que continuaría las políticas de Draghi.

Para el FMI Rutte propuso a Dijsselbloem, pese a las críticas que había hecho a la Hansa. La votación final quedó entre este y la economista búlgara Kristalian Georgieva. Pese a que Alemania terminó votando por el neerlandés, Georgieva se convirtió en la nueva directora del FMI. 

No obstante, la Hansa ha tenido también algunas victorias, como mantener firme a la Comisión en relación con el presupuesto italiano, el cual iba a sobrepasar los límites de déficit; ejercer influencia en el presupuesto europeo, que ha sufrido una drástica reducción, o ralentizar, si no si no bloquear completamente, el proyecto de Macron de un presupuesto común para la Eurozona.

Visita del ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra (dcha.), a su colega irlandés, Paschal Donohoe (izq.), a finales de 2018 [Gob. de Irlanda]

Estrategia de expansión y alianzas

Uno de los problemas previamente mencionados para la Hansa ha sido su falta de peso en el Consejo Europeo. Por esta razón sus líderes han buscado la sintonía política de países con los que pueda haber coincidencias ideológicas.

Uno de los primeros países que establecieron contacto con los países de la Hansa fue Austria. Esto tiene sentido puesto que Austria tiene una estructura económica similar al resto de países de la Hansa por su pequeño tamaño y población. Además de eso el gobierno de Sebastian Kurz, parecía tener un programa marcado hacia Europa muy en la línea de la Hansa. Famosa es la propuesta de varios políticos austriacos de la creación de dos monedas europeas, una para el norte y otra para el sur. Este tipo de conexiones serían muy importantes para más tarde poder influir en Alemania. Se logró que la Comisión de Finanzas fuera para Austria en la nueva Comisión von der Leyen, concretamente por el economista Johannes Hahn.

El cortejo austriaco parece tener también un objetivo estratégico como paso para comenzar también a influenciar a Alemania, que actúa como equilibrador de la balanza. Varios políticos alemanes de la CDU y la CSU son favorables a los pensamientos de la Hansa y han sido muy influyentes a lo largo del gobierno de Merkel. Mas cuando Wolfgang Schäuble fue removido del Ministerio de Finanzas y sustituido por el socialdemócrata Olof Scholz esas posiciones perdieron importancia.

De una forma similar, la Hansa (y sobre todo Países Bajos) han estado estableciendo contactos con el gobierno de Flandes en Bélgica. Sin bien Flandes es solo un estado más en la federación belga, la falta de gobierno en Bruselas le da gran importancia, junto al gobierno de Valonia. Además de eso, los flamencos controlan el puerto de Amberes y siembre se han mostrado más cercanos a las ideas de la Hansa.

Por otra parte, la Hansa parece haber comenzado contactos también con Eslovaquia y con Republica Checa. Esto se vio cuando en marzo de 2019 ambos países firmaron una declaración junto a los países de la Hansa contra el presupuesto italiano. Sería inusual ver a estos países acercarse mucho a la Hansa porque siguen siendo receptores natos de fondos europeos. Sin embargo, teniendo en cuenta que son países con cuentas saneadas se les podría ver aliados con la Hansa en algunas futuras actuaciones.

En cierta manera podríamos ver la diplomacia Hanseática como una evolución parcial de la diplomacia de Otto von Bismarck (alejar a Francia del poder mediante la formación de alianzas regionales). Se trata de formar un bloque suficientemente fuerte que pueda presentarse con solidez en el Consejo Europeo y convencer a Alemania de que incline la balanza hacia la ortodoxia presupuestaria y hacia los intereses de los países del norte. Junto a Francia se encuentran la mayoría de los países del sur. Se podría decir muy generalmente que los objetivos de la Hansa son: “Movilizar al Norte, seducir a Alemania, silenciar al Mediterráneo”.

Extrañas alianzas frente a la Hansa

La configuración Hanseática de alianzas alrededor de Europa y su influencia en el nuevo presupuesto europeo parece que ha creado curiosas alianzas, la mayor sin duda es la que puede surgir entre Polonia y Francia.

Esto puede sonar extraño, pues en lo que se refiere a política exterior, política social y en ciertos puntos de la construcción europea Polonia y Francia han estado en polos opuestos. Mas cuando se trata de política económica y lo que atañe al presupuesto europeo, Francia y Polonia coinciden y esto puede resultar en un frente común en contra de la Hansa.

Las razones para el acercamiento franco-polaco son variadas. Ambas naciones siguen la tradición del estado social del bienestar, Francia por su legado de fraternidad republicana y Polonia por su herencia católica, ambas contrarias al estado ausente hanseático. Además, ambos países tienen motivos para querer evitar unos presupuestos restrictivos. El gobierno polaco teme que una reducción drástica de la inversión en Polonia le fuerce a hacer recortes sociales, lo que provocaría inestabilidad. Francia se muestra contraria por una razón más ideológica: Macron ha defendido la idea de “Una Europa que protege” y tendría problemas para mantener esta idea.

No obstante, Polonia y Francia mantienen algunos puntos de fricción, especialmente con el intento de una nueva Ostpolik de Macron para calmar las relaciones con Rusia.

Conclusión

La creación de la Nueva Liga Hanseática es en última instancia una reacción a dos movimientos: la creación de sistemas regionales europeos y el abandono de políticas económicas que favorezcan al norte de Europa. 

Si los países de Europa se organizan en bloques, quizás sea más fácil realizar ciertas iniciativas al haber menos interlocutores entre los que negociar.

Por otra parte, la creación de una iniciativa con el objetivo específico de defender los intereses del norte puede suponer un riesgo para los países del sur, acentuando las diferencias norte-sur en Europa. Esto pondría en una situación complicada a Alemania, que quiere evitar verse en ese compromiso.

Lo más inteligente sería evitar estas confrontaciones directamente buscando otras fuentes de ingresos para la UE que no comprometan la riqueza de los países de la Hansa, como expresó Morawiecki y ha apuntado también Macron. Así, se ha hablado de algunos impuestos, como sobre el viaje aéreo, las transacciones financieras y el mundo digital. Pero de nuevo, con la importancia del sector financiero y de las nuevas tecnologías en países como Irlanda o Estonia, esto puede encontrar oposición. No es una tarea sencilla.

Convendría asegurarse, en cualquier caso, de que los políticos europeos tienen la visión suficiente y la comprensión necesaria para formalizar acuerdos que tengan en cuenta todas las idiosincrasias de la Unión Europea.

El éxito de varias reformas se ve ensombrecido por la impulsividad e intereses personales de un presidente con imagen deteriorada

▲ Jair Bolsonaro atiende a la prensa a comienzos de enero en la sede del Ministerio de Economía [Isac Nóbrega, PR]

ANÁLISIS / Túlio Dias de Assis

Hace un año, el 1 de enero de 2019, un excapitán del ejército brasileño, Jair Bolsonaro, subió las escaleras del Palácio do Planalto para la inauguración de su mandato presidencial. Era el más polémico líder en asumir la jefatura de estado y de gobierno de Brasil desde la presidencia del no menos extravagante populista Jânio Quadros, en la década de 1960. Los más catastrofistas anunciaban el inminente fin de la cuarta mayor democracia del mundo; los más ilusos, que Brasil despegaría y ocuparía su debido lugar en la arena internacional. Como era de esperar, ninguno de los dos extremos acertó: Brasil sigue manteniendo el nivel de democracia de los últimos 30 años, sin que haya habido ninguna intentona militar, como algunos habían temido; tampoco ha pasado Brasil a ser la potencia mundial que, según creen muchos brasileños, le corresponde por su excepcionalidad territorial, poblacional, cultural y política. Como suele pasar, la realidad ha sido menos simple de lo que se esperaba.

Economía

Entre los aspectos más atractivos de la candidatura de Bolsonaro para el público durante la campaña electoral se hallaba la promesa de recuperación económica bajo la administración del ministro Chicago Boy Paulo Guedes. A fin de cumplir dicho propósito, nada más comenzar su mandato, Bolsonaro unificó los antiguos ministerios de Hacienda, Planificación, Desarrollo y Gestión, Industria, Trabajo y Comercio Exterior y Servicios bajo el techo del Ministerio de Economía, todo al mando del liberal Guedes. Personaje que se convirtió en una especie de “superministro” responsable de toda la agenda económica del nuevo gobierno.

Desde un principio Guedes dejó claro que haría lo posible para levantar las barreras del proteccionismo comercial brasileño, doctrina adoptada en grado variable por cada gobierno desde hace más de medio siglo. A fin de desplegar su cruzada contra el estatismo y el proteccionismo, Guedes ha fomentado durante este año el acercamiento comercial bilateral a varios aliados estratégicos, los cuales, “a diferencia de gobiernos anteriores, no se elegirán en base a criterios ideológicos”, según Bolsonaro. Ya en enero hubo el anuncio de un Novo Brasil en el Foro Económico Mundial de Davos, definido por un mayor aperturismo, nula tolerancia a la corrupción y fortalecimiento de América Latina como bloque regional.

Comercio

Pese a su apoyo a la apertura económica, el equipo de Bolsonaro en ningún momento se ha mostrado excesivamente favorable al comercio con Mercosur –su bloque comercial multilateral regional–, llegando incluso Guedes a afirmar que este suponía un peso para Brasil, ya que lo consideraba una alianza más ideológica que económica. Sin embargo, esta aversión a Mercosur, y principalmente a Argentina, parece haber terminado tras la firma del acuerdo comercial Mercosur-UE, dado que el potencial volumen de comercio que se generaría con dicho pacto sería enormemente beneficioso para los productores agrícolas y ganaderos brasileños. De igual manera también se logró firmar un acuerdo con los países del Área Europea de Libre Comercio (EFTA), conformado por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

De estos dos acuerdos, el más controvertido ha sido el firmado con la Unión Europea, principalmente por los altos niveles de rechazo que ha producido en algunos Estados miembros como Francia, Irlanda o Austria, pues es visto como un posible riesgo hacia la Política Agraria Común. Por otra parte, algunos otros países se mostraron críticos alegando la política medioambiental de Bolsonaro, ya que el acuerdo se firmó durante el verano, que coincidió con la época de los incendios en la Amazonia. A consecuencia de ello varios Estados miembros siguen sin ratificar el tratado y el parlamento austríaco ha votado en contra.

No obstante, el hecho de que las relaciones comerciales multilaterales no parezcan haber avanzado demasiado, debido a las trabas impuestas desde Europa, no ha impedido que Brasil expandiera su actividad comercial. Al contrario de lo que se pensaría, por la cercanía ideológica con Donald Trump y su política exterior, el acercamiento en materia económica no se ha dado con EEUU, sino con el antagónico gigante asiático. En este proceso, destaca el viaje de Bolsonaro a Pekín, donde se mostró abierto al comercio chino, pese a sus anteriores declaraciones menos favorables al respecto. Durante la visita surgió la propuesta de un acuerdo de libre comercio con China, que todavía debe ser aprobada por la cúpula de Mercosur, y varios acuerdos menores, entre los que se destacan el relativo al comercio agropecuario.

Este interés repentino chino por amentar las importaciones agropecuarias procedentes de Brasil se debe al incremento de la demanda de carne en China, provocado sobre todo por la epidemia de peste porcina que asoló la producción nacional. Esto ha provocado una inmediata subida del precio de la carne bovina y porcina en Brasil, que en algunos cortes ha sido de hasta un 30% en poco más de un mes, lo que ha distorsionado el mercado nacional, pues la carne, principalmente el vacuno, suele estar muy presente en la dieta habitual del brasileño medio.

Cuentas públicas

Por lo que se refiere a las cuentas internas del país, destaca la aprobación de la reforma del sistema de pensiones (Reforma da Previdência), que en un principio tenía un carácter marcadamente liberal, con la pretensión de eliminar privilegios y pensiones desmesuradas de altos cargos públicos. Sin embargo, varias modificaciones durante su paso por la Cámara de los Diputados y el Senado hicieron que el ahorro para el erario público sea ligeramente menor que el previsto por Guedes. Con todo, supone un gran avance teniendo en cuenta que el sistema de pensiones tenía en 2018 un déficit de 195.000 mil millones de reales (cerca de 47.000 millones de dólares). Este déficit se debe a que Brasil contaba con uno de los sistemas con mayores prestaciones y menos exigencias del mundo, pues no eran pocos quienes se jubilaban a los de 55 años recibiendo un 70% del salario original.

Esta medida, junto con varios otros ajustes en las cuentas públicas, incluyendo la congelación de algunos gastos ministeriales, redujo el déficit público 138.218 millones de dólares en enero (6,67% del PIB) a 97.680 millones de dólares en noviembre (5,91% del PIB), la cifra más baja desde que hace cinco años comenzó la recesión económica. Entre otros datos relevantes está el descenso de la tasa de interés básico del Banco Central, a un mínimo histórico del 4,5%, mientras que la del desempleo pasó del 12% al 11.2%.

Como resultado de todo lo anterior, el PIB brasileño se ha visto incrementado en un 1,1%, una cifra tímida pero promisoria teniendo en cuenta la enorme recesión de la que acaba de salir Brasil. Las previsiones de crecimiento para el 2020 varían entre el 2,3 y el 3% del PIB, dependiendo de la aprobación de las tan esperadas reformas tributaria y administrativa.

Seguridad

Otra de las razones que llevaron a que el controvertido capitán de la reserva alcanzara la presidencia fue la histórica problemática del crimen en Brasil. Así como para afrontar la situación económica Bolsonaro se presentó con un nombre fuerte, para la seguridad reclutó a Sergio Moro, un exjuez federal conocido por su papel indispensable en la Operação Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de Brasil que supuso el encarcelamiento del mismísimo expresidente Lula. Con el objetivo de combatir la corrupción, disminuir la criminalidad y dinamitar el poder del crimen organizado, Moro se puso al frente de una fusión de departamentos, el nuevo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

En general, el resultado ha sido bastante positivo, con un notable descenso del número de crímenes violentos. Así, ha habido una reducción del 22% en el caso de los homicidios, que es uno de los indicadores más preocupantes en Brasil, ya que es el país con el mayor número absoluto de homicidios del mundo al año.

Entre los factores que explican este descenso de la criminalidad violenta, destaca principalmente la mayor integración entre las diferentes instituciones de fuerzas de seguridad del Estado (federales, de los estados y municipales). También ha influido la transferencia de jefes de bandas a presidios de mayor nivel de aislamiento, impidiendo así su posible comunicación con los demás integrantes del crimen organizado. Otro elemento ha sido el recién aprobado “pack anticrimen”, que consiste en una serie de leyes y reformas del código penal para dar más poder de actuación a las fuerzas de seguridad del Estado, además de establecer penas más duras para delitos de crímenes violentos, crimen organizado y corrupción.

Frente a esos avances también hay que mencionar el aumento de los muertos accidentales en operaciones policiales. Algunos casos han tenido un eco en la opinión pública, como el de un artista que terminó baleado en su coche cuando la policía lo confundió con un narcotraficante o los de niños fallecidos por balas perdidas en tiroteos entre bandas de narcos y las fuerzas de seguridad. Esto, junto a declaraciones polémicas del jefe de Estado al respecto, ha avivado el criticismo por la mayor parte de la oposición y de varias ONGs de derechos humanos.

Política social e infraestructuras

En lo relativo a las políticas sociales, el año transcurrido ha estado lejos de la distopía apocalíptica que se esperaba (por la actitud previa de Bolsonaro en relación homosexuales, afrobrasileños y mujeres), aunque tampoco ha sido tan destacable como en los apartados mencionados previamente. No ha habido progreso en áreas clave, pero tampoco ha habido cambios notables en cuanto a política social respecto a 2018. Por ejemplo, no se ha cancelado el emblemático programa social Bolsa Família, creado durante el gobierno Lula y que ayudó en gran medida a la reducción de la pobreza extrema.

Comenzando por la educación, a finales de 2019 Brasil salió clasificado con una de las notas más bajas del informe PISA, hecho que el ministro del ramo, Abraham Weintraub, achacó a la “educación de talante marxista progresista de administraciones anteriores”. Como resultado del fracaso del sistema público ordinario, e incluso la falta de seguridad de algunos centros, el gobierno ha promovido abiertamente la construcción de nuevos centros de educación cívico-militares por parte de los gobiernos de los estados. En dicho tipo de centro, los alumnos reciben una educación basada en valores militares a la vez que los mismos oficiales ofrecen protección en estos espacios públicos. Ha de destacarse que los centros ya existentes se encuentran entre las clasificaciones más altas de Brasil en materia de calidad educativa. Sin embargo, esto no quedado libre de controversias, ya que no son pocos los que consideran que no se trata de una solución adecuada, pues cabe que se termine educando desde una perspectiva militarista.

En materia de sanidad lo más destacable de este año ha sido el fin del programa de cooperación sanitaria con Cuba, Mais Médicos. Dicho acuerdo se inició en 2013, durante el mandato de Dilma Rousseff, y tenía como objetivo el proporcionar una mayor y más extensa asistencia médica universal a través de la contratación de varios médicos ‘exportados’ por el gobierno castrista. El programa recibió críticas porque los médicos cubanos solamente recibían un 25% del sueldo que les proporcionaba el gobierno brasileño y el restante 75% lo retenía La Habana. Bolsonaro rompió el acuerdo, causando así vacantes de personal sanitario que pudieron cubrirse en poco tiempo. A los profesionales cubanos se les dio la oportunidad de permanecer en Brasil bajo asilo político si revalidaban su titulación en medicina en el sistema brasileño. Dicho incidente no ha supuesto un cambio relevante en el precario sistema sanitario nacional; la única consecuencia de todo ello ha sido el deterioro de las relaciones con Cuba.

Pese a no lograr grandes progresos en lo social, la administración Bolsonaro sí ha introducido mejoras en las infraestructuras nacionales de logística. Bajo el mando del militar Tarcisio Gomes de Freitas, el Ministerio de Infraestructuras ha destacado por su capacidad de concluir obras no terminadas por previos gobiernos. Ello condujo a una diferencia notoria en cuanto al número y la calidad de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos operativos en comparación con el año anterior. Entre las fuentes de financiación para las nuevas obras está la reapertura de un fondo común establecido 2017 entre entidades financieras brasileñas y chinas, con un valor de 100.000 millones de dólares.

Bolsonaro, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una visita oficial a Nueva Deli a finales de enero [Alan Santos, PR]

Medioambiente

Una de las áreas que más se temía que se viera perjudicada por la administración de Jair Bolsonaro era la política medioambiental. Dicha preocupación se vio incrementada con los polémicos incendios de la Amazonia durante los meses de julio y agosto. Para comenzar, el Ministerio del Medio Ambiente, como todos los demás, se vio afectado por las políticas de austeridad de Paulo Guedes, a fin de equilibrar las cuentas públicas, aunque según el propio ministro Ricardo Salles fue el que menos sufrió el recorte presupuestario. A causa de esto, al comenzar el periodo de sequías en la Amazonia la protección forestal se vio comprometida.

Viendo el incremento de la deforestación en un 278% durante el mes de julio, Bolsonaro reaccionó impulsivamente y despidió al director del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), acusándole de favorecer a la oposición y de conspirar en su contra. La situación provocó la salida del Fondo de Protección de la Amazonia de Alemania y Noruega, los dos mayores contribuyentes, lo que fue acogido con críticas por parte de Bolsonaro, que además acusó a las ONGs de ser las causantes de los incendios. Finalmente, bajo la presión internacional, Bolsonaro terminó reaccionando y decidió enviar al ejército para combatir las llamas. Objetivo que logró en poco menos de un mes, lográndose en octubre la cifra más baja de la que se tiene registro.

Finalmente, el total anual terminó superando la cifra del año anterior en un 30%, pero sigue ubicándose dentro de la media de las dos últimas décadas. Sin embargo, el daño a la imagen nacional ya estaba hecho. Bolsonaro, gracias a su rivalidad con los medios, su vehemente afán de defender la “soberanía nacional” y su poca contención a la hora de hablar, había logrado ser considerado el culpable de una catástrofe distorsionada.

Adicionalmente, a finales del año, una polémica más azotó la administración de Bolsonaro: el misterioso derrame de petróleo en la costa noreste de Brasil. Miles de kilómetros de playas se vieron afectadas y aún a día no hay culpable oficial del delito. Hubo varias hipótesis al respecto; la más aceptada, que además recibió el respaldo del gobierno, fue la que afirmaba que el derrame provenía de un cargamento ilegal de petróleo venezolano que intentaba burlar el bloqueo comercial impuesto al régimen de Maduro. Según análisis realizados por la Universidade da Bahia, efectivamente, la estructura de dicho petróleo era muy similar a la del crudo de los yacimientos venezolanos.

Política exterior

En política exterior Bolsonaro puede distinguirse retóricamente de sus predecesores, pero no en cuanto a sus acciones. Aunque en ese ámbito le gustaría aplicar su ideología, él mismo ha aceptado que no es posible hacerlo. Ante la fuerza e intereses de las instituciones del Estado, como la tradición diplomática de Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), la política exterior brasileña se ha mantenido tan pragmática y neutral como en todos los gobiernos anteriores de la democracia, evitándose así el cierre de puertas por razones ideológicas.

Un buen ejemplo del pragmatismo brasileño es el acercamiento económico a China, pese a al rechazo de la ideología comunista por parte de Bolsonaro. Aunque no por ello se ha alejado de su aliado cuasi natural en lo referente a ideología, Donald Trump. No obstante, la relación con EEUU ha sido de una naturaleza diferente, puesto que ha habido mayor proximidad en la cooperación internacional y la seguridad. EEUU impulsó la designación de Brasil como socio estratégico de la OTAN, llegó a un acuerdo para el uso de la base espacial de Alcântara, muy próxima a la línea del Ecuador, y apoya la entrada de Brasil en la OCDE.

Sin embargo, en el ámbito económico, no parece haber tanta cercanía, e incluso se han producido ciertos roces. Uno de ellos fue la amenaza de Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Brasil y Argentina, que finalmente terminó retirando, aunque el daño en las relaciones comerciales y en las bolsas de São Paulo y Buenos Aires ya estaba hecho. Algunos analistas apuntan incluso que la poca reciprocidad de EEUU en materia económica, así como el rechazo de algunos miembros de la UE al acuerdo con Mercosur, fue lo que empujó a Bolsonaro a buscar una relación compensatoria con los BRICS, cuya cumbre de 2019 tuvo lugar en Brasilia.

Otro punto peculiar de la política exterior de Bolsonaro ha sido su posición sobre el conflicto palestino-israelí, que una vez más muestra la incongruencia entre retórica y su actuación. Durante la campaña electoral Bolsonaro prometió en varias ocasiones el traslado de la embajada brasileña de Tel-Aviv a Jerusalén, algo que por el momento no ha ocurrido y solo ha habido el trasladado de una oficina económica. Bolsonaro probablemente temió represalias comerciales por parte de los países árabes, a quienes Brasil exporta productos, en su mayoría cárnicos, por valor de casi 12.000 millones de dólares. La prudencia en esta cuestión le valió incluso la firma de varios acuerdos con países del Golfo Pérsico.

Pese a lo mencionado anteriormente, ha habido un aspecto de la política exterior en la que Bolsonaro sí que logró imponer su ideología frente al “pragmatismo histórico” del Itamaraty, y este es el ámbito latinoamericano. Brasil dejó de ser el gigante que en teoría se mantiene neutro para apoyar, tímidamente, el llamado Socialismo del Siglo XXI durante los gobiernos de Lula y Dilma, y ahora coordinarse con los gobiernos del otro lado político.

Lo más destacable es su enemistad con Nicolás Maduro, así como con el expresidente Evo Morales, al que Bolsonaro denegó abiertamente su petición de pasar por territorio brasileño. También ha habido un distanciamiento respecto al retornado peronismo en Argentina, con la ausencia de Bolsonaro y de cualquier alto representante brasileño en la ceremonia de inauguración de mandato del kirchnerista Alberto Fernández. En ese mismo contexto están los acercamientos a Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, así como al nuevo gobierno provisional de Bolivia, con los cuales Bolsonaro ve más similitudes. Con ellos ha promovido la creación de PROSUR frente a la antigua UNASUR controlada por la izquierda bolivariana. Aún y todo, pese a haber adoptado una política más ideológica en la región, Brasil sigue manteniendo la cordialidad diplomática ya que, aunque su líder lleve el conservadurismo liberal hacia los extremos en su retórica, sus políticas en la región apenas difieren del resto de gobiernos de derechas.

Bolsonaro

Por lo general, como ha quedado expuesto, en su primer año el gobierno de Bolsonaro ha obtenido resultados positivos, destacando principalmente sus avances en los ámbitos de la seguridad y de la economía. Sin embargo, mientras la labor de diversos ministros mejora la percepción de la administración, el propio Bolsonaro parece no hacer una contribución especialmente positiva. A lo largo del año, ha generado polémicas por temas sin importancia, que han acentuado su previa enemistad con la mayor parte de la prensa.

A causa de esto, poco a poco se ha ido deteriorando la imagen pública del presidente. A finales de 2019 su popularidad era del 30%, frente al 57,5% con que comenzó el año. Eso contrasta con el porcentaje de aprobación que tienen miembros de su gobierno, en especial Sergio Moro, que ha logrado mantenerse inamovible por encima del 50%. Además, su hijo Flavio, que es senador, ha pasado a ser investigado por un posible caso de corrupción, en un proceso que el presidente ha procurado impedir. Bolsonaro también causó escándalo a mitad del año al intentar nombrar embajador en Washington a su hijo Eduardo, siendo acusado de nepotismo. A las tensiones en su propio partido, que condujeron a una ruptura, se añade la poca compenetración entre Bolsonaro y los presidentes de ambas cámaras del fracturado Congreso Nacional, ambos investigados en operaciones anticorrupción convenientemente paralizadas.

¿Impeachment?

Todo este caos causado por el presidente ofrece la impresión de un Bolsonaro que va a contracorriente de su propio gobierno. El aparente éxito de las reformas ya realizadas termina viéndose maculado por la impulsividad e intereses personales del que otrora defendía la impersonalidad del Estado, lo cual acaba causando el deterioro de su imagen política. Además, se ha de sumar la reciente puesta en libertad del expresidente Lula, que conlleva el riesgo de la unificación de la oposición, dependiendo de cuán moderado sea el discurso que adopte. Así las cosas, es posible que el descabezado pero eficiente gobierno de Bolsonaro no tenga fácil mantenerse en el poder hasta final del mandato. Debe recordarse que la mano del Congreso brasileño no suele temblar a la hora de realizar impeachments; véase que en poco más de tres décadas ya ha habido dos.

Will success in parts of the Vision 2030's agenda –like diversifying the economy– have a parallel  opening up to religious moderation?

▲ King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

ANALYSIS / Marina García Reina

Since King Salman first envisioned the need of a reform of Saudi Arabia towards a less dependent economy on petroleum, gradual changes have been done upon the aim of progress, and, in a more precise way, not to be left behind in the world race led by western countries and the booming Asian giants. The crown prince Mohammed bin Salman Al Saud has positioned himself as the leader of the shift towards a religiously moderate Saudi Arabia within the frame of the Vision 2030 initiative. Predictably, however, the reforms held in the country have been subject to numerous criticism and double readings.

A succinct contextualization

It is convenient to recall the year 1979, when Shiite militants overthrew the secular Shah of Iran and Sunni fundamentalists besieged the Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Mecca. That same year, the country's Shiite minority started a revolt in Al-Hasa province, resulting in numerous deaths. The Saudi monarchy responded to those mishaps by moving closer to the Wahhabi (an extremely conservative conception of Islam) religious establishment and restoring many of its hardline stances. As a result, for instance, the government shut down the few cinemas that existed in the kingdom. It was not till 2015 (or 2014, depending on which reforms to base on) when King Salman bin Abdulaziz Al-Saud —along with Mohammed bin Salman (popularly known as MBS), who he promoted to crown prince—, proclaimed reforms in Saudi Arabia towards a more moderate political scenario, opening up a new era of Saudi politics. The two expressed their will to limit the authority of the religious police to arrest citizens. They allowed the first cinemas and music concerts since decades of prohibitions, condemned religious incitement, and gradually granted women several rights.

Vision 2030

First conceived by King Salman, Vision 2030 is meant to be the decisive plan to transform the country by a sweep in economy and society, and Crown Prince Muhammad bin Salman himself has positioned as its spearhead. It is basically the headline upon which all the modernization changes are framed. The plan aims to face the three major challenges that Saudi Arabia has nowadays: unemployment, diversification, and privatization.

It is worth mentioning that in contrast to the great majority of western countries, Saudi Arabia has a growing youthful population. Approximately, 70% of Saudi population is under 30 and the 29% of Saudis between 16 and 29 are unemployed. Vision 2030 includes greater investments in education to train future Saudi leaders, which seems quite unnecessary when noticing that Saudi citizens pay no taxes and receive free education (making up 25% of the total budget), free health care and subsidies for most utilities.

Economy is something that has been worrying most Saudis, since the country’s economy is almost entirely based on petroleum and recently the price of a barrel of oil has ranged between about $46 and $64 in 2019, much lower that what it has ranked for years. Diversifying the economy is crucial for the progress of Saudi Arabia. All in all, Vision 2030 will rely on earnings coming from the Aramco’s IPO (initial public offering), which will be placed in a sovereign wealth fund  —also sourced by Saudi fiscal assets and the sale of state-owned real estate and other government assets—, expectedly resulting into an investment-driven economy rather than a petroleum-based one as it has been for decades. It has also cast serious doubts the nature of the measures that are being developing to modernize the country, especially because the social aspects have been left apart by, for instance, the construction of Neom, a planned futuristic city in the middle of the desert, which is meant to be the great achievement of the crown prince MBS.

Additionally, the initiative has been configured as the political rebirth of the crown prince in the eyes of the international sphere, since it means diminishing the role of government by selling Aramco’s 5% of shares to investors, even so, the enterprise still is under tight control of the royal family. Without going any further, Khaled Al-Falih, the chairman of Aramco, is also the new minister of Energy, Industry, and Natural Resources, which once again brings to light the relation between these two.

The stated target is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% today to 65% by 2030. Much of this private sector growth will come through public-private partnerships, as said before, high-positioned Saudis will have been direct or indirectly pressured to invest in the IPO. The Saudi government has been criticized on several occasions for being corrupted and showing a lack of transparency over its acts. In this area, Vision 2030 hopes to ensure the law and the obligation of honestly reporting every business activities. Under proposal of MBS a follow-up department, headed by a ministerial rank official, has been set up to follow the implementation by government ministries of projects that have been approved.

Anti-terrorist positioning and extremist ideologies

Mohammed bin Salman has severely expressed his aim of not only dealing with extremist ideologies, but also of destroying them. As part of this determination, some clerics, which are meant to form part of the extremist ideology that the leader seems to condemn, have been targeted.

Nevertheless, organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists have demonstrated that these presumed extremist clerics have long records of advocating the type of reform and religious moderation MBS asserts to support. For instance, in September 2017, numerous clerics, journalists and scholars known for their reluctance to MBS policy, which they consider as half-measured and not going straight to the point, were arrested by Saudi security forces. On the other hand, certain state clerics continue unpunished despite publicly criticizing the reforms and inciting hatred against the Shia minority. In particular, two members of the Council of Senior Scholars —the highest religious body in the country, whose role is to advise the King on religious matters by issuing fatwas (judicial advice provided by a religious specialist)— have been in the spotlight for years. These are Saleh al-Fawzan and Samm leh al-Lohaidan, both close to bin Salman. These two scholars are owners of broadcasting channels funded and promoted by the Saudi government from which they divulge their ultra-conservative view of Islam and condemn with the death penalty whatever they consider as violations of religious and moral rules contrary to Islam. An example of such are the declarations made saying that Shiites are not Muslims or that Muslims are not allowed to protest or even publicly criticize rulers as this would lead to rebellion that would in turn justify rulers’ violent response, like those held in 2017.

Together with these personalities, there are others who also hold high-rank positions in the country’s politics and government. Abdulaziz al-Sheikh, for example, is the grand mufti (muslim religious who has the authority to interpret Sharia) of Saudi Arabia. In that capacity, he has issued numerous fatwas and statements preaching the virtues of obedience to existing authorities and submitting to their policies without question. This, once again, raises the question of whether or not Saudi Arabia is actually cleansing extremist ideologies. Some, as Abdullah Almalki —a religious academic—, argue that the sovereignty and free choice of the people must have precedence over any desire to implement Sharia and that justice and free choice must be the pillars of any political community.

Almalki’s father, Salman Alodah, like himself, advocates religious tolerance against calls of jihad in Iraq, Syria, and elsewhere, calling for a democratic change, supporting the empowerment of women, fighting against discrimination, and respecting the religious minorities who are marginalized in the Kingdom. Both Almalki and Alodah were also arrested in the 2017 detentions and referred the following year to court for a secret trial —something that has become common when the accused are moderate voices, feminists and intellectuals—, facing death penalty for their extra-progressive views. Besides these cases, probably the best known one was that of the Washington Post columnist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.

In contrast to some of these powerful men characterized by their severe religious stances, the Saudi society as a whole holds a somewhat more nuanced view of Islam and does not completely identify with them. On this, it is worth recalling the attack on the Shia mosques carried out by Daesh in May 2015. The event was followed by mass funerals in the Saudi streets, which exposed the unity of the Saudi people above sectarian lines.

Al Qaida was apparently eradicated from the country and, as a result of that, it moved its operations to Yemen, where Saudi Arabia’s military force together partnered with the UAE —with limited US support, it must be said— and the Yemeni government forces have been doing efforts to combat it, achieving, for instance, the liberation of Mukalla. Specifically, Saudi Arabia blames the failing states of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen as the reason why Al Qaida has not yet been definitively eradicated.

The Iraqi government broke down after the US invasion in 2003, which led to a sectarian  and corrupt government. In Syria, Bashar al Assad led the military uprising and breakdown of authority, providing al Qaida refuge, although he continuously expressed he was combating terrorists, actually al Qaida freely operated in both sides of the border. Saudi Arabia claims that further efforts must be made to remove Assad as an essential part of the battle against terrorism in the region. It also advocates efforts at the international level to stop with the use by terrorists of pro-Palestine propaganda to recruit young members.  

Aramco and the oil crisis

Petroleum prices have dropped considerably in recent years, exacerbating the need of a side Saudi economy which does not revolve around oil. This has become a rough task, taking into account that the petroleum sector employs around the 70% of the population in Saudi Arabia. Aramco’s IPO, which promises to sell shares to investors, has become the center of the Vision 2030 initiative for Mohammed bin Salman.

The reasons behind the IPO are two: money —Saudi Arabia needs greater money inputs in order to accomplish the reform plans and finance the war in Yemen— and the political rehabilitation of the crown prince (MBS) under the consent of the international sphere, portraying, in a way, that the IPO may not be motivated that much because of an economic interest (which of course it is) but more deeply because of a political benefit of claiming that Saudis are opened to the world by selling part of Aramco to foreigners.

The tremendous expectation raised around the IPO can be interpreted as a way of starting attention of the incidents of 2017 and Khashoggi’s murder mentioned before. Aramco’s initial public offering, which started this last December in Tadawul (Saudi Arabia’s domestic stock market), went resoundingly bad after the US attack in Bagdad resulting in the death of the Iranian military commander Qasem Soleimani as well as the Iraqi-Iranian deputy chief of the armed organization Popular Mobilization Committee. Shares of the State petroleum company have dropped in a 1.7%. However, in spite of this event, Aramco’s IPO went reasonably well and the company managed to be valued in $2 billion, which is not surprising considering that the Saudi government has actively encouraged Saudis to invest, meaning that there are investors (people within the orbit of the royal court and big business) who have no choice in the matter because their livelihoods and stature are dependent on proving they support Mohammed bin Salman’s program and retail investors who will invest because of all the hoopla and nationalist sentiment whipped up around the offering.

Women and the guardianship rule

Undoubtedly, changes have been done within the Saudi State to overcome the lack of involvement of women in everyday life. As an example of it, the permission to drive automobiles extended to women has found a significant echo globally. Women make up half of the population in Saudi Arabia. As part of the Saudi transformation of its economy plan, there is a need beyond the sole fact of integrating women in society, namely that of integrating this half of the Saudi population into the labor force.

Women conform nowadays just the 7% of the work force. After the implementation of the Vision 2030 plan, the number is expected to rise up to a 30% by that year. Following a worldwide tendency, more women than men graduate from universities in all disciplines. Furthermore, thanks to efforts attributed to the crown prince and to King Abdullah before him, women can be members of the Consultative Assembly since 2014. Currently, they occupy 20% of its seats. In September 2011, King Abdullah granted women the right to vote, a right they exercised in 2015 for the first time.

Further changes have been done within the country in favor of integrating women, which have gone unnoticed by the public eye. Princess Reema bin Bandar al Saud is an example of that. As president of the Saudi Federation for Community Sport, she has developed different initiatives, together with other ministries, to promote women; for instance, by creating football leagues. Moreover, opening women access to the armed forces has also been a huge step forward considering the impact in the shift of gender perspective. It cannot be omitted that Saudi Arabia has been for decades an extremely conservative country and that what may be seen as basic things for westerners in the 21st century, supposes a top-down reform within their principles, especially considering that they are being introduced in a considerably short time.

Conclusion

Saudi Arabia is facing —and will face in the following years— great challenges to redirect the country’s economy into one less dependent on oil, and to reeducate a youth that has been raised up with almost everything being granted by the government. Finally, there is also the challenge of making bin Salman’s vision more translatable to the western public, which, as said, see the reforms with some skepticism, notwithstanding official energetic and ambitious proclamations. As a summary, society, diversification of economy and governance and bylaws are crucial for the Saudi progress. What is true is that, regardless the reticence of westerners, MBS has gained huge support among his compatriots and is thought to be the reformer he repeatedly self-proclaims to be. This may lead us, Westerners, to consider whether an Islamic conception of renovation of Islam in appliance to govern is similar, and if so, to which extent, to our own conception of it.

Con su bloqueo a algunos candidatos el Parlamento Europeo busca el protagonismo negado al fracasar la proclamación del Spitzenkandidat

▲ Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que defendió su candidatura [Comisión Europea]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

En 1963 se firmaba el Tratado del Elíseo entre el presidente Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer, acabando con siglos de rivalidad franco-germana y comenzado la amistad entre estos dos países. Durante las siguientes décadas Francia y Alemania, como primeras economías de la Unión, marcarían en gran parte la agenda política y económica. Incluso en los momentos de crisis ambos países líderes evitaban dar imagen de confrontación.

Sin embargo, tras las elecciones europeas del pasado mes de mayo se produjo un público forcejeo entre Berlín y París sobre quién debía sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Por un lado, encabezados por Angela Merkel, estaban aquellos dirigentes que defendían la nominación del bávaro Manfred Weber, Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, integrado por formaciones de tendencia conservadora; por otro lado, dirigidos por Emmanuel Macron, estaban aquellos que, de tendencia liberal o socialdemócrata, se oponían a esta nominación en preferencia del holandés Frans Timmermans o la danesa Margrathe Vestager.

Después de semanas de negociación y tensión diplomática se accedió a retirar la candidatura de Weber, en parte por la debilidad política de Merkel en Alemania y la momentánea defenestración de Sebastián Kurz en Austria debido al Ibizagate. Pero el cargo no fue para Vestager o Timmermans sino para Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana y colega democristiana de Merkel, originaria de Hannover y de familia aristocrática. 

Y así termina el verano de nuestro descontento, con este sol de Hannover.

Elección

Uno de los principales problemas de la nueva presidenta de la Comisión va a ser cómo lograr consenso entre los líderes en el Consejo y entre los partidos en el Parlamento.

Von der Leyen fue elegida por unanimidad en el Consejo, sin embargo, su elección en el Parlamento Europeo fue la más ajustada de la historia, con solo nueve votos por encima de la mayoría necesaria. Esta votación contó con varias sorpresas, como el voto favorable del italiano Movimiento 5 Estrellas o el polaco PiS y el rechazo del SPD o la totalidad de los verdes.

Composición de la Comisión

El 9 de septiembre, Von der Leyen hizo públicos sus nominados para la nueva Comisión, compuesta por 28 miembros en atención a los 28 países miembros, si bien Reino Unido renuncia a tener un sitio por su programada partida de la Unión el 31 de octubre.

La Comisión von der Leyen ha sido organizada en forma de pilares, cada uno de los cuales dirigido por un vicepresidente e integrado por uno o varios comisarios con carteras específicas. Estos pilares son cinco: (a) Acuerdo verde europeo, que cubrirá temas como energía, transporte o agricultura; (b) una Europa lista para la era digital, para temas como innovación y competencia; (c) protegiendo nuestro modo de vida europeo, que abarcará las áreas de inmigración y seguridad; (d) una Economía que trabaje para el pueblo, destinado a comercio, trabajo y finanzas, y (e) una Europa fuerte en el mundo, que incluirá asuntos como las relaciones internacionales o la administración de crisis.

Para la composición de esta Comisión, Von der Leyen ha tratado de integrar a dos de los Spitzenkandidat que fueron descartados para la presidencia. El socialista Frans Timmermans, antiguo viceprimer ministro holandés, seguirá como vicepresidente y dirigirá el pilar del Acuerdo verde europeo, mientras que la liberal Margrethe Vestager, anterior viceprimera ministra danesa, habiendo sido comisaria de Competencia en la previa Comisión, dirigirá el pilar de Una Europa lista para la era digital. Se trata de dos de los comisarios más populares en la Comisión Juncker; en el caso de Vestager por su lucha contra la evasión fiscal de varias grandes empresas tecnológicas norteamericanas, como Google, Amazon o Apple.

Del resto de vicepresidentes, tres encabezarán los otros tres pilares: el nuevo Alto Representante de la Unión Josep Borrell, exministro español en varias carteras y expresidente del Parlamento Europeo, dirigirá Una Europa fuerte en el mundo; el democristiano y expremier letón Valdis Dombrovskis se ocupará del pilar económico, y el conservador griego Margaritis Schinas dirigirá el pilar de protección del modo de vida europeo.

Otras tres vicepresidencias, con áreas más reducidas, irán para la checa Verá Jorubá (Valores y Transparencia), el eslovaco Maroš Šefčovič (Relaciones Interinstitucionales) y la croata Dubravka Šuica (Democracia y Demografía).

Entre los nominados para comisarios se encuentra gente de prestigio que ha logrado puestos importantes en sus respectivos países, así como en previas comisiones europeas: Paolo Gentiloni, expremier italiano, será comisario de Economía, y Didier Reynders, exministro de Defensa, Finanzas y Exterior en Bélgica, estará al frente de Justicia.

Análisis

Hay dos características que se pueden remarcar de esta Comisión propuesta: (1) La primera es su carácter más político y (2) la segunda es una marcada francofilia. 

(1) En ocasiones anteriores los comisarios solían mostrar un perfil técnico y en muchos casos una preferencia por permanecer en la sombra. En cierta forma se les podría haber considerado el secretariat del Consejo Europeo. Sin embargo, la selección hecha por Von der Leyen parece querer acabar con esta tradición, al optar por nombres más conocidos. Así, Gentiloni o Dombrovskis han gobernado previamente sus países, mientras que otros como Vestager, Timmermans o Reynders han tenido un cierto protagonismo previo. Parece que el interés de los políticos de la UE ya no es tanto crear lo antes posible la Federación Europea como acercar más Bruselas a la gente. Si esta estrategia funciona o no, el tiempo lo dirá.

(2) La segunda característica de esta nueva Comisión es una clara dirección pro-francesa, para satisfacción de Emmanuel Macron. Muchos de los miembros de la Comisión son aliados políticos del presidente francés; el más claro es el caso de la propia Ursula von der Leyen, pese a haber formado parte del gabinete de Merkel y ser correligionaria suya. Hay que recordar que fue Macron quien la propuso para el cargo después del veto a Weber, que era el candidato inicial de Merkel. Pero eso no es todo. Tanto Timmermans como Vestager son aliados políticos de Macron (Vestager había sido su primera opción para presidir la Comisión). Josep Borrell también es un conocido francófilo, y Didier Reynerds es un belga francófono cuyo partido es aliado del de Macron, como ocurre con el comisario italiano Paolo Gentiloni. Así, pues, se trata de una Comisión mayoritariamente francófila, lo que podría aumentar el peso de Macron sobre la Unión y hacer avanzar su visión de Europa.

Fuera de la Comisión los otros cargos nominados por el Consejo Europeo fueron Christine Lagarde, exministra de Finanzas francesa, que ha dejado de dirigir el FMI para ponerse al frente del Banco Central Europeo, y Charles Michell, premier francoparlante de Bélgica y compañero liberal de Macron, nuevo presidente del Consejo Europeo.

Con estas nominaciones también se han querido cumplir una serie de objetivos:

i) El primero y más claro es que se ha querido acabar con una posible alienación de los países de Europa Central y del Sur. De ocho vicepresidentes, cuatro son de Europa Central, al frente de áreas tan importantes como el pilar económico o temas de justicia; otros dos son del Sur, con responsabilidad sobre temas de inmigración y política exterior.

ii) También se ha intentado acercar a grupos que pueden tener dudas sobre Von der Leyen o directamente votaron en su contra en la sesión parlamentaria. Mirando a los verdes, el portafolio Acuerdo verde europeo se propone reducir las emisiones de carbono un 55% de sus niveles en 1990 para 2030 y convertir a Europa en el primer continente de emisión cero de carbono para 2050. El pilar sobre inmigración, llamado Proteger nuestro modo de vida europeo, parece querer augurar una política más estricta en temas de inmigración con el objetivo de mantener el apoyo del PiS de Polonia y Fidesz de Hungría.

iii) Brevemente también hay que mencionar que la nominación de Gentiloni a la cartera económica parece una forma de recompensar a Italia por la formación de un gobierno favorable a Bruselas. Si bien la nominación de un italiano de izquierdas para economía podría preocupar a Alemania o a la Nueva Hansa, parece que la nominación de conservador austriaco Johannes Hahn para la Comisión Presupuestaria se ha hecho para equilibrar la de Gentiloni.

Retos y posibles complicaciones

Los cuatro principales retos de esta nueva Comisión parece que van a ser la ecología, la economía, la inmigración y la construcción de una política exterior común.

Como se ha dicho antes, la nominación de Borrell y otros comisarios puede llevar a una política exterior que siga las líneas francesas, lo que en ciertos momentos puede suponer conflictos con Polonia, los Países Bálticos o incluso Alemania si las tensiones entre Francia y Estados Unidos llevan a Washington a cuestionarse sus compromisos con la OTAN y con Rusia.

La inmigración parece que va a seguir siendo un asunto principal para la Comisión, aunque no tanto como los últimos años, en gran medida porque el número de personas que llega a Europa ha bajado drásticamente. De más de un millón en 2015 a menos de 150.000 en 2018. Todo parece indicar que la línea en inmigración ilegal va a ser más dura que en años previos, si bien va a intentarse evitar una retórica populista. Sin embargo, el propio nombre del portafolio, Proteger nuestro modo de vida europeo, ya ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores políticos y de la sociedad civil de Europa Occidental.

La economía será otro elemento clave. Con un Brexit que puede dañar la economía europea o provocar una desaceleración.

Otro de los principales problemas va a estar relacionado con Timmermans y su cargo. Como cabeza del pilar Acuerdo verde europeo, el holandés será el encargado de tratar con los países para reducir sus emisiones de carbono. Los países de Europa Central, especialmente Polonia, son todavía muy dependientes del sector del carbón, que ocupa a una sensible porción de mano de obra. Timmermans demostró cierta torpeza a la hora de tratar con Polonia y Hungría en temas de justicia siendo vicepresidente de Juncker, por lo que habrá que ver cómo se ocupa del asunto energético.

En relación a las nominaciones ha habido preocupación por el bloqueo del Parlamento a los comisarios de Rumanía, Hungría y Francia, que fueron rechazados por distintas razones. En el caso del nominado húngaro el veto se atribuyó a su relación con un bufete de abogados, y en el de la francesa, a la vinculación con un think tank americano. Sin embargo, el análisis general parece indicar que estos rechazos, sobre todo en el caso de la nominada francesa, parecen una represalia del Parlamento por haber sido apartado en la decisión sobre la presidencia de la Comisión –al desconsiderarse la proclamación del Spitzenkandidat más votado– por el Consejo Europeo, especialmente por Emmanuel Macron. La caída del gobierno rumano y el establecimiento de un gobierno provisional hasta las elecciones legislativas de 2020 puede retrasar la formación de la Comisión. Según el Alto Representante Josep Borrell, es esperable que la formación de la Comisión Von der Leyen se retrase hasta el 1 de diciembre.

Conclusión

Decir que la Comisión Von der Leyen va a ser continuista, como muchos afirman, sería parcialmente incorrecto. Si bien la ideología parece ser la misma, los objetivos marcados son muy distintos y mucho más políticos. Parece que algunos de los errores cometidos por la Comisión Juncker quieren ser solucionados y se está tratando de dar respuesta a algunas de las demandas que la ciudadanía plantea a Bruselas, en temas como el cuidado del medioambiente, la mejora económica, la correcta integración de Europa Central, el control de las fronteras, el desarrollo de una política internacional común y el acercamiento de Bruselas a los europeos.

Si esto será un fracaso o una victoria, on verra.

La necesidad de mano de obra ha llevado tradicionalmente a Suecia a acoger olas de inmigrantes; sectores de la sociedad lo viven hoy como un problema

▲ Puente de Oresund, entre Dinamarca y Suecia, visto desde territorio sueco [Wikipedia]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

Suecia ha tenido la reputación, desde la Segunda Guerra Mundial, de ser un país abierto a los inmigrantes y de desarrollar políticas sociales tolerantes y abiertas. Sin embargo, el aumento del número de inmigrantes, la lenta adaptación cultural de algunas de esas nuevas comunidades, especialmente la musulmana, y los problemas de violencia generados en áreas de mayor vulnerabilidad han provocado un intenso debate en la sociedad sueca. La opinión de que una generosa política migratoria puede estar destruyendo la identidad sueca y haciendo la vida más difícil para los suecos nativos ha alimentado el voto de cierta oposición de derechas, si bien los socialdemócratas revalidaron el año pasado el apoyo ciudadano para un Gobierno que mantiene las políticas tradicionales con cierto mayor énfasis en la expulsión de aquellos cuya solicitud ha sido rechazada.

Política migratoria

Uno de los problemas históricos de Suecia ha sido su baja tasa de fecundidad, que alrededor de la década de 1960 había ya caído al umbral de 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo poblacional. Eso era algo que amenazaba el célebre estado de bienestar sueco, por la necesidad de ingresos por impuestos que mantuvieran los generosos servicios públicos, de forma que el país promovió la llegada de inmigrantes. Al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra también era planteada por el desarrollo de la industria nacional.

Suecia surgió de la Segunda Guerra Mundial en buenas condiciones. No sufrió la destrucción de otras naciones, al quedar territorialmente en los márgenes del conflicto, y pudo consolidar una industria metalúrgica que, gracias a la producción de sus minas de hierro, se había beneficiado de vender a los dos bandos en guerra. Ese desarrollo industrial requería de una gran fuerza de trabajo que la baja natalidad propia y la concentración de la población en la costa y en el sur, fuera de los núcleos industriales, dificultaban reunir. Además, el estado de bienestar sueco y las continuas décadas de paz crearon una clase media que no quería trabajar en la nueva industria por los bajos salarios que esta ofrecía para resultar competitiva.

Para resolver la falta de mano de obra y así mantener el progreso económico, desde la década de 1950 Suecia recurrió a la inmigración. El Gobierno abrió primero la frontera a quienes buscaban asilo o trabajo y luego construyó grupos de viviendas, generalmente de baja calidad, cerca de las áreas industriales donde los recién llegados podían encontrar empleos sin ningún requisito de idioma. Cuando el impacto cultural de esas incorporaciones era demasiado grande en algunas áreas, el Gobierno procedía a cerrar las fronteras, restringiendo la inmigración. Cuando se necesitaran nuevos trabajadores, el Gobierno volvía a abrir la frontera.

Este sistema ayudó a un importante avance económico, pero también aisló a muchos grupos sociales, que se quedaron estancados en áreas de bajos ingresos sin apenas posibilidad de desarrollo ni integración social.

Desarrollo histórico

Tanto durante la Segunda Guerra Mundial como a su término, Suecia fue un destino importante para personas procedentes de Noruega, Dinamarca, Polonia, Finlandia y las Repúblicas Bálticas que escapaban de la guerra o de la destrucción que creó; también fue un destino neutral para muchos judíos. En 1944, había en Suecia más de 40.000 refugiados; si bien muchos regresaron a sus países tras la contienda, un grupo considerable de ellos se quedó, principalmente estonios, letones y lituanos, cuyas naciones de origen fueron incorporadas a la URSS.

En 1952, Suecia, Dinamarca y Noruega formaron el Consejo Nórdico, creando un área de libre comercio y libertad de movimiento, a la que Finlandia se unió en 1955. Con esto, miles de migrantes fueron a Suecia para trabajar en la industria, principalmente de Finlandia pero también de Noruega, que aún no había descubierto sus reservas de petróleo. Esto aumentó el porcentaje de la población inmigrante del 2% en 1945 al 7% en 1970. Todo esto ayudó a Tage Erlander (primer ministro de Suecia entre 1946 y 1969) a crear el proyecto "Sociedad Fuerte", dirigido a aumento del sector público y el estado del bienestar. Sin embargo, este flujo de mano de obra comenzó a dañar a los trabajadores suecos nativos y, en consecuencia, en 1967, los sindicatos comenzaron a presionar a Erlander para que limitara la inmigración laboral a los países nórdicos.

En 1969, Erlander renunció al cargo y fue sustituido por su protegido, Olof Palme. Palme era miembro del sector más radical de los socialdemócratas y quería aumentar aún más el estado de bienestar, continuando el proyecto de su predecesor a una mayor escala.

Con el fin de atraer una fuerza laboral más grande sin enojar a los sindicatos, Palme comenzó a utilizar la retórica a favor de los refugiados, abriendo las fronteras de Suecia a las personas que escapaban de las dictaduras y la guerra. Al mismo tiempo, estas personas serían trasladadas a vecindarios industriales, construidos especialmente para ellos en áreas industriales cercanas donde trabajarían. Al mismo tiempo, Palme trató de hacer de Suecia un país atractivo para los inmigrantes mediante políticas de asimilación a favor del multiculturalismo.

Durante este período, personas de muchas nacionalidades comenzaron a llegar al país: desde quienes escapaban del conflicto en Yugoslavia o la ley marcial en Polonia a quienes huían de Oriente Medio y América Latina. Estas nuevas poblaciones se establecieron lejos de núcleos demográficos nativos suecos; debido a esto muchos vecindarios de la clase trabajadora se convirtieron en guetos aislados. En 1986, Palme fue asesinado y su sucesor, Ingvar Carlsson, cambió la política de inmigración y comenzó a aceptar solo a aquellos que configuraran como refugiados de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.

Durante la década de 1990, el aumento de los conflictos en lugares como Somalia, Yugoslavia y varias naciones africanas hizo aumentar el flujo de refugiados de guerra, y muchos de ellos fueron a Suecia. En 1996 se creó el Ministerio de Migración y Política de Asilo. Sin embargo, los dos mayores movimientos de personas de países extranjeros se producirían a raíz de los siguientes conflictos de Irak e Siria. El gobierno conservador de Fredrik Reinfeldt comenzó a acoger a un gran volumen de refugiados iraquíes, que en 2006 se convirtieron en la segunda minoría más grande del país, después de los finlandeses. En 2015, el gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven abrió la frontera a los refugiados sirios, que llegaron en masa, huyendo de la Guerra Civil siria y del empuje de Daesh.

Esta sucesión de olas de inmigrantes de Oriente Medio agravaron algunos problemas: en muchos vecindarios, los llegados de fuera no se sienten como en Suecia, principalmente porque estos fueron construidos para "no ser Suecia"; además, la difícil integración y los trabajos mal pagados alimentan las pandillas y el crimen organizado. Todo esto llevó a Löfven a aplicar una política de migración más estricta en 2017, aceptando menos solicitantes de asilo y comenzando a expulsar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas.

Como se puede ver la tendencia en Suecia es abrir las fronteras a la inmigración cuando esta es necesaria y cerrarlas cuando esta comienza a provocar tensiones sociales.

Orígenes de la población inmigrante

Suecia se ha convertido en una sociedad étnicamente muy diversa, donde casi el 22% de la población tiene antecedentes extranjeros. Hasta 2015, la mayor minoría étnica en eran los finlandeses, que a finales del pasado siglo superaban los 200.000. A raíz de la guerra de Irak y de la crisis migratoria siria, las personas procedentes de Oriente Medio han pasado a ser el mayor grupo.

En la actualidad, el 8% de los habitantes de Suecia procede de un país de mayoría musulmana –básicamente de Siria e Irak, pero también de Irán–, si bien solo el 1,4% de la población practica la religión musulmana (alrededor de 140.000 personas en 2017), pues también existen inmigrantes procedentes de esos países con otras adscripciones religiosas, como cristianos, drusos, yazidis o zoroastrianos. Estos números pueden haber aumentado ligeramente, si bien no para provocar cambios muy drásticos en la demografía.

A pesar de no ser especialmente numerosa, la comunidad musulmana ha generado atención mediática a raíz de diversas polémicas. En 2006, Mahmoud Aldebe, miembro del Consejo Musulmán de Suecia, planteó por carta a los partidos políticos del Riksdag y al Gobierno sueco demandas especialmente controvertidas, como derecho a vacaciones islámicas específicas, financiamiento público especial para la construcción de mezquitas, que todos los divorcios entre parejas musulmanas sean aprobados por un imán, y que a los imanes se les permita enseñar el Islam a niños musulmanes en escuelas públicas. Esas demandas fueron rechazadas por las autoridades y la clase política de Suecia. También se ha dado el caso de que algunas asociaciones musulmanas o mezquitas han invitado a predicadores radicales, como Haitham al-Haddad o Said Rageahs, cuyas conferencias fueron finalmente prohibidas.

Áreas Vulnerables y crimen organizado

El Gobierno sueco ha designado algunos barrios como Áreas Vulnerables (Utsatt Område). No son propiamente “No-Go Zones”, porque en ellas tanto los agentes policiales, como los servicios sanitarios o los medios de comunicación pueden entrar. Se trata de áreas de menor seguridad que exigen una mayor atención de las autoridades.

Algunas de ellas se encuentran en Malmö, ciudad con la mayor tasa de criminalidad del país, principalmente debido a su ubicación. Malmö se encuentra al otro lado del puente de Oresund, que conecta Dinamarca con Suecia y es la única ruta por tierra entre Suecia y el continente sin tener que rodear el Báltico. Allí diversas pandillas y mafias participan en el tráfico de drogas y de personas, al tiempo que se enfrentan entre ellas en una pugna por el control del espacio. Grupos de este tipo también actúan en Rotterdam, en relación a la actividad generada por su importante puerto.

A pesar de la impresión dada por ciertos mensajes contrarios a la inmigración, la comisión de delitos en Suecia se encuentra en niveles parecidos a los de 2006. Después de ese año el número de delitos descendió, para subir de nuevo en 2010 y 2012. Podría establecerse una relación entre ese ascenso y la crisis económica, que supuso un aumento del desempleo, pero no está tan clara su vinculación con los registros de inmigración. La llegada de iraquíes en 2005 no conllevó una mayor inseguridad en las calles de Suecia y tampoco lo ha hecho la recepción de sirios en los recientes años. La tasa de homicidios en Suecia es de 1,1 por cada cien mil habitantes –por debajo de otros muchos países europeos–, y hay más delitos registrados por nativos suecos que por extranjeros, según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito.

No obstante, las mafias que operan en Suecia se componen en su mayoría de ciertos grupos étnicos. Su formación se derivó especialmente de la llegada de personas de Yugoslavia, tanto de trabajadores de la década de 1970 como de refugiados de las guerras balcánicas de la década de 1990. El principal de esos grupos, conocido como Yugo Mafia, está hoy liderada por Milan Ševo, apodado “El Padrino de Estocolmo”. Otros grupos son K-Falangen y Naserligan, compuestos por albaneses; la Legión Werefolf, formada por sudamericanos, y los Gangsters, originales por los asirios (minoría cristiana de Siria). No obstante, uno de los más grandes es Brödraskapet o la Hermandad, fundada en 1995, con más de 700 miembros que en su totalidad son suecos nativos y con mucha presencia en las cárceles suecas.

Movimientos migratorios de Suecia entre 1850 y 2007. En rojo, llegada de inmigrantes; en azul, salida de emigrantes [Wikipedia-Koyos]

Terrorismo

Desde 2011 en Suecia se han producido tres ataques terroristas; un cuarto ataque pudo se evitado al ser detectada con tiempo su preparación. El primero fue realizado por Anton Lundin Pettersson, un neonazi sueco que en 2015 atacó la Escuela Trollhättan, donde mató a cuatro personas, todas ellas inmigrantes. El siguiente fue perpetrado por el Movimiento de Resistencia Nórdica, una organización neonazi, que actuó contra un centro de refugiados y el café de una organización de izquierdas; en el ataque solo se produjo un herido. El tercero, el más conocido, fue perpetuado en 2017 por un hombre de Uzbekistán aparentemente reclutado por Daesh, que arremetió con un camión contra viandantes en el centro de Estocolmo, matando a cinco personas e hiriendo a catorce.

De los tres atentados, solo uno tuvo motivación yihadista, a diferencia del peso que el terrorismo islamista ha tenido en otros países europeos con mayor población musulmana. En cualquier caso, la segregación que se vive en algunas comunidades y el adoctrinamiento radical que se da en ellas llevó a jóvenes suecos musulmanes a marchar a Siria para encuadrarse en Daesh y las autoridades siguen de cerca su posible retorno.

Aciertos y errores

Durante mucho tiempo, desde la izquierda europea se puso a Suecia como ejemplo de modelo socialdemócrata exitoso; ahora, desde ciertos grupos de derecha, se le pone como ejemplo de multiculturalismo fallido. Probablemente ambas afirmaciones son una exageración con fines partidistas. No obstante, lo cierto es que Suecia cuenta con un bienestar generoso que está costando mantener, y que en su también generosa apertura de fronteras ha cometido errores que no han facilitado la integración de la nueva población. Todo parece indicar que Löfven continua el camino que empezó en 2017 y se ha aumentado la presencia policial en las calles así como un endurecimiento en las políticas de inmigración, siguiendo a su vez las políticas hechas en Dinamarca.

Tiempo tendrá que pasar para ver qué resultados estas políticas tendrán en una futura Suecia.

*En la mitología nórdica, el Valhalla es un enorme y majestuoso salón al que, en la otra vida, aspiran a entrar los héroes