La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

Con una producción petrolera bajo mínimos, el régimen de Maduro ha echado mano del metal precioso para pagar los servicios de Teherán

° Sin más créditos de China o Rusia, Caracas consolidó en 2020 la renacida relación con los iraníes, encargados de intentar reactivar las paralizadas refinerías del país

° En el último año, cargueros despachados por Irán han llevado a la nación caribeña más de 5 millones de barriles de gasolina, así como productos para su supermercado Megasis

° La implicación de entidades relacionadas con la Guardia Revolucionaria, declarada grupo terrorista por Washington, dificulta cualquier gesto hacia la Administración Biden

► La vicepresidenta venezolana y el viceministro de Industria iraní inauguran el supermercado Megasis en Caracas, en julio de 2020 [Gob. de Venezuela]

INFORME SRA 2021 /  María Victoria Andarcia  [versión en PDF]

La relación de Venezuela con potencias extrahemisféricas ha estado caracterizada en el último año y medio por la reanudación de la estrecha vinculación con Irán ya vista durante las presidencias de Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad. Agotadas las posibilidades de financiación facilitadas por China (no concede créditos a Caracas desde 2016) y por Rusia (su interés petrolero en Venezuela, a través de Rosneft, se vio especialmente constreñido en 2019 por las sanciones de la Administración Trump a los negocios de Pdvsa), el régimen de Nicolás Maduro llamó de nuevo a la puerta de Irán.

Y Teherán, otra vez cercado por las sanciones de Estados Unidos, como ocurriera durante la era de Ahmadineyad, ha vuelto a ver en la alianza con Venezuela la ocasión de plantar cara a Washington, al tiempo que saca algún rendimiento económico en tiempos de gran necesidad: cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones de dólares, según Bloomberg, habrían salido de Venezuela en 2020 como pago de los servicios prestados por Irán. Si los créditos de China o Rusia eran a cambio de petróleo, ahora el régimen chavista debía además echar mano del oro, pues la producción de la estatal Pdvsa estaba bajo mínimos históricos, con 362.000 barriles diarios en el tercer trimestre del año (Chávez tomó la compañía con una producción de 3,2 millones de barriles diarios).

El cambio de pareja se simbolizó en febrero de 2020 con la llegada de técnicos iraníes para poner en marcha la refinería de Armuy, abandonada el mes anterior por los expertos rusos. La falta de inversión había llevado al descuido del mantenimiento de las refinerías del país, lo que estaba provocando una gran escasez de gasolina y largas filas en las estaciones de servicio. La asistencia iraní apenas lograría mejorar la situación refinadora, y Teherán tuvo que suplir esa ineficiencia con el envío de cargueros de gasolina. Asimismo, la escasez de alimentos ofreció otra vía de auxilio para Teherán, que también despachó barcos con comestibles.

Gasolina y alimentos

La relación venezolano-iraní, que sin eliminarse del todo se había reducido durante la presidencia de Hasán Rohaní, al focalizarse esta en la negociación internacional del acuerdo nuclear que se alcanzaría en 2015 (conocido como JCPOA por sus siglas en inglés), se reanudó a lo largo de 2019. En abril de ese año la controvertida aerolínea iraní Mahan Air recibió permisos de operaciones en Venezuela para cubrir la ruta Teherán-Caracas. Aunque la aerolínea no ha comercializado la ruta aérea, sí ha fletado varios vuelos a Venezuela a pesar del cierre del espacio aéreo territorial ordenado por Maduro debido a la pandemia de Covid-19. Las operaciones de Mahan Air sirvieron para transportar a los técnicos iraníes que iban a emplearse en los esfuerzos de reiniciar la producción de gasolina en las refinerías del complejo de Paraguaná, así como material necesario para esas tareas.

Esas y otras gestiones habrían estado preparadas por la embajada de Irán en Venezuela, que desde diciembre de 2019 está dirigida por Hojatolá Soltani, alguien conocido por “mezclar la política exterior de Irán con las actividades” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según el investigador Joseph Humire. Este considera que Mahan Air habría realizado unos cuarenta vuelos en la primera mitad de 2020.

De la misma manera, Irán estuvo enviando múltiples buques de combustible a Venezuela para hacer frente a la escasez de gasolina. El primer envío llegó en una flotilla de tanqueros que, desafiando las sanciones de Estados Unidos, entraron en aguas venezolanas entre el 24 y el 31 de mayo, transportando en conjunto 1,5 millones de barriles de gasolina. En junio llegó otro buque con unos estimados 300.000 barriles, y otros tres aportaron 820.000 barriles entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021 otra flotilla habría transportado 2,3 millones de barriles. A ese total de al menos 5 millones de barriles de gasolina habría que sumar la llegada 2,1 millones de barriles de condensado para aplicarse como diluyente del petróleo extrapesado venezolano.

Además de combustible, Irán también ha enviado en este tiempo suministros médicos y alimentos para ayudar a combatir emergencia humanitaria que sufre el país. Así, resulta importante destacar la apertura del supermercado Megasis, a la que se vincula con la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar iraní que la Administración Trump incluyó en el catálogo de grupos terroristas. El establecimiento comercial vende productos de marcas propiedad del ejercito iraní, como Delnoosh y Varamin, que son dos de las subsidiarias de la compañía Ekta, supuestamente creada como un fideicomiso de seguridad social para veteranos militares iraníes. La cadena de supermercados Ekta se encuentra subordinada al Ministerio de Defensa iraní y a las Fuerzas Armadas de Logística, entidad sancionada por Estados Unidos por su papel en el desarrollo de misiles balísticos.

El oro y Saab

Esta actividad preocupa a Estados Unidos. Un reporte del Atlantic Council detalla cómo las redes respaldadas por Irán apuntalan al régimen de Maduro. El ministro de petróleo venezolano, Tareck El Aissami ha sido identificado como el actor clave de la red ilícita. Éste presuntamente acordó con Teherán la importación de combustible iraní a cambio de oro venezolano. De acuerdo con la información de Bloomberg antes citada, el Gobierno de Venezuela había entregado a Irán, hasta abril de 2020, alrededor de nueve toneladas de oro con un valor de aproximadamente 500 millones de dólares, a cambio de su asistencia en la reactivación de las refinerías. El oro fue aparentemente trasladado en los vuelos de Mahan Air hacia Teherán.

En las negociaciones pudo haber intervenido el empresario de origen colombiano Alex Saab, que ya centralizó buena parte de las importaciones de alimentos realizadas por el régimen chavista bajo el programa Clap y se estaba implicando en los suministros iraníes de gasolina. Saab fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión particular repostaba en un aparente vuelo a Teherán. Solicitado a Interpol por Estados Unidos como principal testaferro de Maduro, el proceso de extradición sigue abierto.

Las entidades participantes en buena parte de estos intercambios están sancionadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense por su conexión a la IRGC. La capacidad de la IRGC de operar en Venezuela se debe al alcance de la red de soporte de Hezbolá, organización señalada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Hezbolá ha logrado infiltrar las comunidades expatriadas libanesas de Venezuela, dando paso a Irán para crecer su influencia en la región. Esos vínculos dificultan cualquier gesto que Caracas pueda intentar para propiciar cualquier desescalada por parte de la nueva Administración Biden de las sanciones aplicadas por Washington.

Pekín ya no es solo socio comercial y otorgador de créditos para infraestructuras: se pone a la par de Occidente en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario

° Solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas; en Brasil y México predominan las de EEUU y Europa, como en el resto de los países de la región

° Huawei logra entrar en el concurso del 5G brasileño a cambio de vacunas; Pekín las ofrece a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán

° Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio

► Llegada de un cargamento de vacunas Sputnik V a Venezuela, en febrero de 2021 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2021 /  Emili J. Blasco  [versión en PDF]

La vacunación en Latinoamérica se está haciendo sustancialmente con preparados desarrollados en Estados Unidos y Europa, aunque la atención mediática haya privilegiado las dosis procedentes de China y Rusia. La particular diplomacia de las vacunas ejecutada a lo largo de los últimos meses por Pekín y Moscú –que con fondos públicos han promovido la exportación de inyecciones, por delante de las necesidades de sus propios habitantes– ha sido ciertamente activa y ha logrado dar la impresión de una influencia mayor de la real, con la promesa muchas veces de volúmenes de suministros que raras veces se han cumplido en sus plazos.

Cuando, a partir de junio, inmunizada ya gran parte de los estadounidenses, la Administración Biden se vuelque en hacer su aportación de vacunas a la región, el desequilibrio a favor de fórmulas de los laboratorios “occidentales” –también utilizadas básicamente en los acopios del sistema Covax de Naciones Unidas– será aún mayor. No obstante, el desarrollo de la crisis sanitaria en el último año habrá servido para consolidar el pie puesto por China y Rusia en América Latina.

Hasta la fecha, solo Perú, Chile y Argentina han contratado más vacunas de China (CanSino, Sinopharm y Sinovac) y Rusia (Sputnik V) que de Estados Unidos y Europa (AstraZeneca, J&J, Moderna y Pfizer). En el caso de Perú, de los 116 millones de dosis comprometidas, 51 corresponden a laboratorios europeos y/o estadounidenses, 45 millones a los chinos y 20 millones al ruso. En el caso de Chile, de los 79,8 millones de dosis, 18 millones son vacunas del primer grupo, mientras que 61,8 millones son chinas. Por lo que afecta a Argentina, de los 62,4 millones de dosis reservadas, 22,4 millones son “occidentales”, 10 millones rusas y 30 millones chinas. Son datos de AS/COA, que sigue un detallado cómputo de diversos aspectos de la evolución de la crisis sanitaria en Latinoamérica.

En cuanto a los dos mayores países de la región, la preferencia por las fórmulas de EEUU y Europa es notoria. De los 661,4 millones de dosis apalabradas por Brasil, 481,4 tienen esa procedencia, frente a 100 millones de dosis chinas y 80 millones de Sputnik V (además, no está claro que estas últimas acaben llegando, dada el reciente rechazado a su autorización por parte de los reguladores brasileños). De los 310,8 millones contratados por México, 219,8 millones son de vacunas “occidentales”, 67 millones de vacunas chinas y 24 millones de Sputnik V.

Tablas: reproducción de AS/COA, base de datos online, información a 31 de marzo de 2021

Ensayos y producción

Las vacunas de China y Rusia no eran desconocidas en la opinión pública latinoamericana, pues en la segunda mitad de 2020 fueron noticia con frecuencia a raíz de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en algunos países. Sudamérica presentaba un especial interés para los principales laboratorios del mundo, ya que acogía una alta incidencia de la epidemia junto con cierto desarrollo médico que permitía un serio seguimiento de la eficacia de los preparados, compatible con un nivel de necesidad económica que facilitaba contar con miles de voluntarios para las pruebas. Eso hizo que la región centrara el campo de ensayos clínicos mundiales de las principales vacunas anti Covid-19, siendo Brasil el epicentro de la carrera en la experimentación. Además de las pruebas llevadas a cabo por Johnson & Johnson en seis países, y de Pfizer y Moderna en dos, Sputnik V se experimentó en tres (Brasil, México y Venezuela) y en dos lo hicieron Sinovac (Brasil y Chile) y Sinopharm (Argentina y Perú).

La experimentación, no obstante, se debía a acuerdos particulares entre laboratorios, que apenas exigía implicación de las autoridades sanitarias o políticas del país en cuestión. El compromiso de determinados gobiernos con las vacunas de China y Rusia vino con las negociaciones de compra y luego con su consiguiente autorización de uso, último paso que no siempre se ha producido. Una ulterior alianza en el caso de Sputnik V ha sido el proyecto de Argentina de producir en su territorio el preparado ruso a partir del próximo mes de junio, para vacunación propia y reparto a países vecinos, así como el de México para el envasado de las dosis, también a partir de junio. Argentina fue el primer país en registrar y aprobar Sputnik V, utilizando una información que luego ha compartido con otros países de la región. El movimiento de México ha sido interpretado como un modo de presionar a Estados Unidos para que liberalice cuanto antes la exportación de sus vacunas.

También China ha ejercido presiones sobre algunos países sudamericanos. Ha aprovechado la extrema necesidad de vacunas de Brasil para forzar que el Gobierno de Jair Bolsonaro tenga que admitir que Huawei opte al concurso para la red de 5G brasileña, a pesar de haber vetado inicialmente a la empresa china. Igualmente, Pekín parece haber prometido vacunas a Paraguay a cambio de que este país deje de reconocer a Taiwán. Por lo demás, el Gobierno chino promedió el año pasado un crédito de mil millones de dólares para la adquisición de material sanitario, como ha advertido el jefe del Comando Sur estadounidense, llamando la atención sobre el uso de la crisis que está haciendo China para lograr más penetración en el hemisferio.

Consolidación

Sea cual sea el mapa final de la aplicación de cada preparado en el proceso de vacunación, lo cierto es que sobre todo Pekín, pero de algún modo también Moscú, han logrado una importante victoria, por más que sus vacunas puedan quedar muy por detrás en el número total de dosis inyectadas en Latinoamérica. En una región acostumbrada a identificar a Estados Unidos y Europa con la capacidad científica y el alto desarrollo médico y farmacéutico, por primera vez se ve a China no ya como origen de productos baratos y de confección poco sofisticada, sino a la par en investigación y eficacia sanitaria. Más allá de la exitosa gestión que ha hecho Pekín de la pandemia, que puede relativizarse considerando el carácter autoritario de su sistema político, China surge como un país puntero, capaz de alcanzar una vacuna tan rápidamente como Occidente y, en cierta forma, homologable a este. La imagen de Rusia queda algo por debajo, pero Sputnik V permite consolidar el “regreso” ruso a una posición de referencia que había perdido absolutamente en recientes décadas.

A raíz de la emergencia por Covid-19, en el imaginario colectivo latinoamericano China ya no constituye solo un factor de comercio, de construcción de infraestructuras y de otorgador de créditos para el desarrollo de estas, sino que asienta su penetración como una potencia con dimensiones plenas, también en lo referente a un elemento central en la vida de los individuos como es la superación de la pandemia.

Y es que los países latinoamericanos han sufrido la crisis sanitaria y económica del coronavirus como ninguna otra región del mundo. Con el 8,2% de la población mundial, para octubre de 2020 acogía el 28% de los casos positivos globales por Covid-19 y el 34% de las muertes. El agravamiento de la situación luego en países como India pudo modificar algo esos porcentajes, pero la región ha mantenido importantes focos de infección, como Brasil, seguido de México y Perú. Para hacer frente a esta situación, Latinoamérica recibe dos tercios de la ayuda mundial del FMI por la pandemia: la región cuenta con 17 millones más de pobres y no recuperará la anterior renta per cápita hasta 2025, más tarde que el resto del mundo.

El aumento de las flotas de pesqueros de China provoca quejas sobre presunta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal

° La presencia de más de 500 embarcaciones crea inquietud por continua evasión de radares, uso de sistemas de extracción no permitidos y desobediencia a los guardacostas

° Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional

° La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional; aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca

► El buque chino Hong Pu 16, seguido por el patrullero argentino ARA Bouchard, en mayo de 2020 [Armada argentina]

INFORME SRA 2021 /  Paola Rosenberg  [versión en PDF]

Diversos países latinoamericanos se han quejado a lo largo del último año de depredación económica china, por la presencia masiva de barcos de pesca chinos en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la presenta penetración furtiva en ella. También han denunciado el uso por parte de pesqueros chinos de técnicas de captura no permitidas que esquilman los principales caladeros y erosionan la sostenibilidad marina.

La llegada desde China de embarcaciones pesqueras de lo que normalmente se categoriza como Flota en Aguas Distantes (DWF por sus siglas en inglés) comenzó a producirse en el contorno marítimo latinoamericano en 2001 con una veintena de barcos; desde entonces su número ha ido en rápido aumento y las cifras más recientes hablan de unas 500 naves. El malestar de los países más afectados no es nuevo, pero en 2020 las quejas fueron más altas y formales. Además, en la abierta era de confrontación con Pekín, Washington salió en defensa de los intereses de sus vecinos hemisféricos.

China cuenta con la flota pesquera de altura más grande del mundo, que se halla en expansión cuando las flotas de otros países pesqueros están disminuyendo. No está claro su volumen, pues muchas veces opera mediante pequeñas empresas pantalla que difuminan su origen nacional, pero se ha llegado a estimar un total de 17.000 embarcaciones. En esa actividad lejos de la propia China la flota captura dos millones de toneladas de pescado, lo que supone el 40% del total mundial en aguas distantes. Parte de las capturas que lleva a cabo son resultado de pesca ilegal; China es el país con peor notal del mundo en cuanto a prácticas pesqueras no permitida, según la valoración de Global Initiative.

Mapa tomado de China Dialogue y Global Fishing Watch

Las estratégicas Galápagos

La pesca es uno de los recursos más importantes para varios países latinoamericanos, de ahí que la masiva presencia china en la cercanía de sus aguas de explotación, si es que además no ha habido penetración en ellas, ha generado inquietud. En el último año abundaron las noticias de pesca china a la altura de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, sobre todo vinculada con la captura del calamar, pero también de otras especies como el jurel, la caballa, el atún y la merluza austral. Esos países creen que se está dando una sobrepesca y la captura de especies en peligro de extinción, como el calamar gigante, con la consiguiente amenaza para la preservación de la riqueza pesquera y la biodiversidad; además, estiman que también se da la posesión de licencias falsas y la violación de la soberanía de los estados ribereños al presumiblemente entrar ilegalmente en su ZEE. Los pescadores de esos países ribereños reportan cada vez más la presencia de barcos chinos en actitud intimidatoria, realizando actos que amenazan no solo sus recursos naturales sino también su seguridad.

Las principales acusaciones se produjeron a partir de julio en Ecuador. A principios de ese mes, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de una flota pesquera china de unos 260 barcos faenando justo en el límite de la ZEE de las Islas Galápagos, de soberanía ecuatoriana. A finales del mes, la flota había incrementado a más de 342 naves. El archipiélago de las Galápagos fue declarado por la Unesco como reserva de la biósfera, debido a que alberga cientos de especies de flora y fauna única en el mundo. Por esta razón, la explotación en esta zona implica pérdidas muy grandes en cuanto a la biodiversidad marina.

Además, la mitad de la flota china tuvo un comportamiento sospechoso, al apagar el sistema de rastreo y de identificación. Fue una evasión de radares marinos que se llegó a prolongar durante casi tres semanas, como denunció el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín. El ministro dio a entender que esa actitud buscaba esconder pesca ilegal y tal vez también incursión en aguas tuteladas por Ecuador para faenar en ellas. De todos modos, precisó que la armada ecuatoriana solo pudo hallar un par de embarcaciones dentro de la ZEE de las Galápagos, que alegaron estar haciendo uso de “paso inocente”.

El presidente del país, Lenín Moreno, elevó formalmente las quejas a las autoridades de Pekín, comunicándoles que Ecuador haría valer con fortaleza los derechos marítimos sobre su ZEE, y anunció una posición coordinada con otros gobiernos latinoamericanos. De hecho, enseguida otros países de la región vieron llegar la flota china a la proximidad de sus aguas. Los barcos salieron del pasillo de aguas internacionales que existe entre la ZEE de las Galápagos y la que corresponde a la costa de Ecuador, en el que estuvieron cierto tiempo para capturar la pesa que migra de un lado a otro, para desplazarse luego hacia el sur, primero en las inmediaciones de las aguas de Perú y de Chile y después, pasando del Pacífico al Atlántico, de Argentina.

Esos países contaron con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado aseguró en agosto que la masiva presencia de pesqueros chinos y su práctica de desactivar los sistemas de rastreo, cambiar el nombre de los barcos y eliminar desechos marinos era algo “muy preocupante”. El presidente Donald Trump también se pronunció negativamente con ocasión de su discurso de septiembre ante Naciones Unidas. Washington lleva tiempo atento a la creciente presencia china en el continente, no solo comercial, sino también en la gestión de infraestructuras estratégicas como terminales portuarias. Las Galápagos, específicamente, tienen un especial valor estratégico por su situación en rutas de acceso al Canal de Panamá.

Petición de inspecciones

Después de Ecuador, debido a la amenaza frente a sus aguas, Perú y Chile activaron la Vigilancia Pesquera Global y movilizaron patrullas aéreas y navales para seguir de cerca el avance de la flota pesquera china. Cuando esta pasó al Atlántico, en diciembre de 2020, la fuerza naval argentina también desplegó unidades navales y aéreas para garantizar el control sobre sus espacios marítimos.

En noviembre, los gobiernos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia (la ZEE de este último país limita con el pasillo entre las dos áreas marítimas ecuatorianas) emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por la presencia “de una gran flota de embarcaciones de pabellón extranjero que ha desarrollado actividades pesqueras durante los últimos meses en aguas internacionales, cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales”. La nota prefirió no mencionar expresamente a China (además, diversos barcos de la flota tenían un pabellón diferente, aunque eran chinos a todos los efectos), pero quedaba claro en qué dirección dirigían su denuncia de “actividades pesqueras no sometidas a control o reporte”.

Los países latinoamericanos reclaman que China acepte la realización de inspecciones, en presencia de personal chino si es necesario, de aquellos barcos que levanten sospechas, aunque su navegación se haya mantenido en aguas internacionales. Pekín responde que ya ha establecido moratorias en determinados momentos del año para la pesca del calamar en la región. No obstante, la falta de cooperación evidenciada hasta ahora y la creciente demanda del mercado chino hace suponer que este tipo de actividades seguirán aumentando.

Como ha hecho en el Pacífico, para hacer frente a las incursiones chinas Estados Unidos ha enviado navíos de la Guardia Costera al Atlántico Sur, en este caso en ejercicios conjuntos con Brasil y con Uruguay. Precisamente, con este último país Washington está intentando concretar algún tipo de colaboración que permita una mayor inspección del área marítima, al considerar que Argentina puede prestarse en exceso a los requerimientos chinos.

A brief outline of the European defense system, integrated into the European External Action Service and its importance to the Union

The European Union will launch the Conference on the Future of Europe on May 9th, marking the beginning of the event that will feature debates between institutions, politicians and civil society on several topics that concern the community, including security and defense. It is clear that the majority of the European Union favors a common defense effort, and the Union has taken steps to ensure a solid structure to lay the framework for a possible integration of forces. Following the efforts to unify foreign policy objectives, a unified defense is the next logical step for European integration.

Course for the Somali National Armed Forces, led by a Spanish Colonel with instructors from Italy, Sweden, Finland and Spain [EUTM-Somalia]

ARTICLE /  José Antonio Latorre      

According to the last standard Eurobarometer, around 77% of Europeans support a common defense and security policy among European Union member states. The support for this cause is irregular, with the backing spanning from 58% (Sweden) to 93% (Luxembourg). Therefore, it is expected that security and defense will definitely take a prominent role in the future of the Union.

In 2017, the European Commission launched the “White Paper on the Future of Europe,” a document that outlines the challenges and consequently the possible scenarios on how the Union could evolve by 2025. In the field of security, the document considers three different scenarios: Security and Defense Cooperation, Shared Security and Defense, and Common Defense and Security. In the first scenario, the member states would cooperate on a voluntary basis, similarly to an ad-hoc system. The second scenario details one where the tendency would be to project a stronger security, sharing military and economic capabilities to enhance efficiency. The final scenario would be one where members expand mutual assistance and take part in the integration of defense forces; this includes a united defense spending and distribution of military assets to reduce costs and boost capabilities.

Although these are three different predictions, what is clear is that the enhancement of European security is of greatest importance. As former European Commission President Jean-Claude Juncker said in the 2016 State of the Union address: “Europe can no longer afford to piggyback on the military might of others. We have to take responsibility for protecting our interests and the European way of life. It is only by working together that Europe will be able to defend itself at home and abroad.” He was referring to the paramountcy of a strategic autonomy that will permit the union to become stronger and have more weight in international relations, while depending less on the United States.

The existing framework on security

The European Union does not have to start from scratch to achieve these goals, since it currently has a Military Planning and Conduct Capability (MPCC) branch. The bureau is situated within the EU Military Staff, part of the European External Action Service in Brussels. This operational headquarters was established on June 8th, 2017, with the aim of boosting defense capabilities for the European Union outside its borders. It was created in order to strengthen civil/military cooperation through the Joint Support Coordination Cell and the Civil Planning and Conduct Capability, avoiding unnecessary overlap with NATO. Its main responsibilities include operational planning and conduct of the current non-executive missions; namely the European Union Training Missions (EUTM) in Mali, Somalia and Central African Republic.

A non-executive mission is an operation conducted to support a host nation with an advisory role only. For example, EUTM Somalia was established in 2010 to strengthen the Somali federal defense institutions through its three-pillar approach: training, mentoring and advising. The mission is supporting the development of the Somali Army General Staff and the Ministry of Defense through advice and tactical training. The mission has no combat mandate, but it works closely with the EU Naval Force – Operation ATALANTA (prevention and deterrence of privacy and protection of shipping), EUCAP Somalia (regional civilian mission), and AMISOM (African Union peacekeeping mission in Somalia), in close cooperation with the European Union. The mission, which is located in Mogadishu, has a strength of over 200 personnel, with seven troop contributing states, primarily from Italy and Spain. Non-executive missions have a clear mandate of advising, but they can be considered as a prototype of European defense cooperation for the future.

The Common Security and Defense Policy (CSDP) is the framework for cooperation between EU member states in order to conduct missions to maintain security and establish ties with third countries through the use of military and civilian assets. It was launched in 1999 and it has become a bedrock for EU foreign policy. It gives the Union the possibility to intervene outside its borders and cooperate with other organizations, such as NATO and the African Union, in peacekeeping and conflict prevention. The CSDP is the umbrella for many branches that are involved with security and defense, but there is still a need for an enhancement and concentration of forces that will expand its potential.

Steppingstones for a larger, unified project

Like all the European Union, the CSDP is still a project that needs construction, and a European Union military should be a priority. In recent years, there have been efforts to implement measures to advance towards this goal. Firstly, Permanent Structured Cooperation (PESCO) was launched in 2017 to reinforce defense capabilities and increase military coordination at an interoperable level. Participation is voluntary, but once decided, the country must abide by legally binding commitments. So far, 25 member states have joined the integrated structure, which depends on the European External Action Service, EU Military Staff and the European Defense Agency. Presently, there are 46 projects being developed, including a Joint EU Intelligence School, the upgrade of Maritime Surveillance, a European Medical Command and a Cyber and Information Domain Coordination Center, among the many others. Although critics have suggested that the structure will overlap with NATO competences, Secretary General Jens Stoltenberg said that he believed “that PESCO can strengthen European defense, which is good for Europe but also good for NATO.” It is important to add that its alliance with NATO was strengthened through common participation in the cybersecurity sector, joint exercises, and counterterrorism. Secondly, the launch of the European Defense Fund in 2017 permits co-funded defense cooperation, and it will be part of the 2021-2027 long-term EU budget. Finally, the mentioned Military Planning and Conduct Capability branch was established in 2017 to improve crisis management and operational surveillance.

Therefore, it is a clear intention of the majority of the European Union to increase capabilities and unify efforts to have a common defense. Another aspect is that a common military will make spending more efficient, which will permit the Union to compete against powers like China or the United States. Again, the United States is mentioned because although it is an essential ally, Europeans cannot continue to depend on their transatlantic partner for security and defense.

A European Union military?

With a common army, the European Union will be a significant player in the international field. The integration of forces, technology and equipment reduces spending and boosts efficiency, which would be a historical achievement for the Union. European integration is a project based on peace, democracy, human dignity, equality, freedom and the protection and promotion of human rights. If the Union wants to continue to be the bearer of these values and protect those that are most vulnerable against the injustices of this century, then efforts must be concentrated to reach this objective.

The Union is facing tough challenges, from nationalisms and internal divides to economic and sanitary obstacles. However, it is not the first time that unity has been put at risk. Brexit has shown that the European project is not invulnerable, that it is still not fully constructed. The European way of life is a model for freedom and security, but this must be fought for and protected; it can never be taken for granted.

Europe has lived an unprecedented period of peace and prosperity due to past endeavors at its foundation. It is evident that there will always be challenges and critics, but the only way to continue to be a leader is through unification; and it starts with a European Army. There are already mechanisms in place to ensure cooperation, such as those explored with non-executive missions. These are the stepping-stones for defense coordination and partnerships in the future. Although it is a complex task, it seems more necessary than ever before. For the protection of Western values and culture, for the promotion of human rights and dignity, and for the defense of freedom and democracy, European integration at the defense level is the next step in the future of the European Union.

El expresidente del BCE se pone al frente de Italia con una agenda de reformas y una vuelta al atlantismo

Después de unos años de inestabilidad política, Italia estrenó a mediados de febrero un Gobierno en principio más fuerte, presidido por Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo. Su perfil técnico, su prestigio tras ocho años en la gobernanza europea y la conformación de un Gobierno de cierto carácter de unidad nacional constituyen una oportunidad para que Italia supere la actual crisis sanitaria y económica y emprenda las reformas que el país necesita.

Mario Draghi, al aceptar el encargo de formar Gobierno, en febrero de 2021 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO /  Matilde Romito, Jokin de Carlos Sola

Desde hacía más de un año el Gobierno del primer ministro italiano Giuseppe Conte estaba siendo fuertemente contestado desde dentro, especialmente por las discrepancias de Italia Viva, el partido liderado por Matteo Renzi, en materia económica. La gota que colmó el vaso fue la oposición de Renzi al plan propuesto por Conte para el uso de las ayudas provenientes del Fondo de Recuperación puesto en marcha por la Unión Europea para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de Covid-19. Conte perdió la mayoría el 13 de enero a raíz de la dimisión de tres ministros pertenecientes a Italia Viva y el 26 de enero presentó su renuncia. El 3 de febrero el presidente de la República, Sergio Mattarella, encargó la formación del nuevo Gobierno a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE).

En el arranque de su mandato, Mario Draghi estableció sus objetivos. Destacó la importancia de que el país mantenga cierta unidad en un momento histórico tan difícil e indicó que su prioridad será ofrecer más oportunidades y luchar contra el statu quo que impide la aplicación de reformas.

El 17 de febrero, Mario Draghi obtuvo la confianza del Parlamento, registrando una de las mayorías más amplias desde la Segunda Guerra Mundial. Draghi formó entonces un Gobierno integrado por diferentes fuerzas políticas, con el propósito de afrontar en un marco de unidad nacional la gestión de las consecuencias de la pandemia: además de diversos ministros técnicos (8) en el Gabinete están representados el Movimiento 5 Estrellas (4), el Partido Democrático (3), la Lega (3), Forza Italia (3), Liberi e Uguali (1) e Italia Viva (1). Esa diversidad interna, que en algunos temas se manifiesta en posiciones opuestas, podría acarrear cierta inestabilidad gubernamental.

Política nacional: recuperación y reformas

El Gobierno Draghi se ha propuesto como prioridad la campaña de vacunación y la reactivación económica, así como reformas en el sistema fiscal y en la administración pública y de la Justicia. El expresidente del BCE ha mostrado cierta capacidad tanto de innovación en las estructuras organizativas como de delegación de tareas, todo ello afrontado con celeridad, según su máxima de que “lo haremos pronto, lo haremos prontísimo”.

Acelerar la vacunación

En cuanto a la campaña de vacunación, Draghi está aplicando maximización y firmeza. En primer lugar, reformó las cumbres administrativas encargadas del plan de vacunación y designó nuevo comisario extraordinario para la emergencia Covid-19 al general Francesco Paolo Figliuolo, un militar experto en logística. Para entonces la dosis suministradas diariamente llegaban 170.000, pero Figliuolo, junto con el director de la Protección Civil, Fabrizio Curcio, y el ministro de Salud, Roberto Speranza, han puesto como objetivo triplicar ese número. Para ello se han establecido nuevos lugares de vacunación, como empresas, gimnasios o aparcamientos vacíos, y se ha promovido una movilización de personal sanitario en labores de vacunación.

También el Gobierno Draghi ha adoptado mayor firmeza a nivel internacional, como fue la decisión de bloquear la exportación a Australia de 250.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. Aunque apoyada por la UE, la medida cogió por sorpresa a muchos países y convirtió a Italia en el primer miembro de la UE en aplicar dicho mecanismo legal. El 12 de marzo el Gobierno anunció la posibilidad de la futura producción en Italia de alguna de las vacunas ya aprobadas internacionalmente.

Economía: reformas estructurales

La agenda económica del nuevo Gobierno será caracterizada por reformas estructurales para promover la productividad, así como por la aplicación de ayudas económicas dirigidas a los más afectados por la crisis, con el objetivo de relanzar el país y luchar contra las nuevas desigualdades sociales. El Gobierno está ultimando el Plan de Recuperación que debe presentar a Bruselas para la obtención de los fondos previstos por la UE.

Durante su mandato como presidente del BCE Draghi promovió reformas estructurales en varios países europeos; por consiguiente, su liderazgo será clave para la promoción de reformas que miren al aumento de la productividad, la reducción de la burocracia y la mejora de la calidad de la educación. El Gobierno promete mayor gasto en la educación y la promoción de una economía más sostenible y digitalizada, como reclama el Green Deal de la UE.

A través del decreto legislativo “Sostegni”, el Gobierno está poniendo en marcha un plan de ayudas. Algunas de ellas van dirigidas a sufragar la modificación del marco de despidos implementado por Conte, pero ello requiere una negociación de mayor consenso.

Agilización de la Administración Pública y la Justicia

La reforma de la administración pública ha sido confiada a Marco D’Alberti, abogado y profesor de Derecho Administrativo en La Sapienza de Roma. La reforma seguirá dos caminos: mayor conectividad y una puesta al día de las competencias de los funcionarios públicos.

En relación con la Justicia, el propósito es aplicar varias de las recomendaciones trasladadas por la UE en 2019 y 2020. Entre otras medidas, la UE pide una mayor eficiencia del sistema judicial civil italiano, mediante una mayor rapidez del trabajo de los tribunales, una mejor distribución de la carga de trabajo, la adopción de normas procedurales más simples y una activa represión de la corrupción.

Política Exterior: atlantismo y menor entusiasmo con China

Una de las primeras consecuencias de la elección de Draghi como primer ministro ha sido la nueva imagen de estabilidad y disposición a la cooperación que Italia ha pasado a proyectar no solo en Bruselas sino también en Washington, tanto desde el punto de vista político como económico. No obstante, muchos aspectos de la política exterior de Conte van a ser mantenidos, dada la continuidad de Luigi di Maio como ministro de Exteriores.

Más allá de Europa, las prioridades de Draghi van a ser principalmente dos: el nuevo acercamiento a Washington –en el marco de un convencido atlantismo, dentro del multilateralismo­– y el refuerzo de la política italiana en el Mediterráneo. La llegada de Draghi también tiene el potencial de romper con el acercamiento a China efectuado por Conte, como la inclusión de puertos italianos en la Nueva Ruta de la Seda. Si bien esto puede asegurar a Italia como un aliado principal estadounidense, cualquier decisión deberá tener en cuenta la inversión china que puede comprometerse.

Contribución a la gobernanza europea

Italia es la tercera economía de la UE y la octava del mundo, por lo que su desempeño económico tiene cierta repercusión internacional. Draghi ha asegurado su compromiso con la recuperación y sus contactos con las élites europeas pueden ayudar a rebajar la tensión en las discusiones con los demás miembros de la UE sobre el reparto de fondos, especialmente el llamado Next Generation EU. Durante la Crisis del Euro Draghi fue uno de los principales defensores de reformas estructurales y ahora estas vuelven a ser vitales para evitar un aumento del gasto que pueda hacer crecer demasiado la deuda o recortes de presupuesto que dañen el crecimiento.

Draghi ha declarado que “sin Italia no hay Europa, pero sin Europa hay menos Italia” y se propone hacer de Italia un sujeto más activo y comprometido en Europa, al tiempo que trata de equilibrar los intereses de Francia, Alemania y Países Bajos. La partida de Merkel a finales de 2021 abre la posibilidad de un vacío de poder en el Consejo Europeo; siendo Francia e Italia la segunda y tercera economía su colaboración podría aportar estabilidad y garantizar la persistencia del Fondo de Recuperación. Esto a su vez puede terminar ocasionando problemas de gobernanza con Alemania y Países Bajos en caso de que hubiera desacuerdos a la hora del uso de los fondos. No obstante, Draghi se ha mostrado reticente a las propuestas geopolíticas de Francia de establecer a Europa como un actor independiente de Estados Unidos. Esto puede terminar envenenando la potencial nueva relación especial entre Roma y Paris.

El anuncio de voluntad de diálogo y concordia tanto con Turquía como Rusia puede acabar provocando problemas en Bruselas con otros países. En el caso turco puede comprometer las relaciones con Grecia en el Mediterráneo. Sin embargo, la fuerte crítica a Erdogan, al que llamó dictador, por haber humillado diplomáticamente a Ursula von der Leyen en su visita a AnKara, parece descartar aproximaciones contraproducentes. Por otra parte, su deseo de diálogo también con Moscú puede acabar sentado mal en las capitales bálticas, así como en Washington. 

El Mediterráneo: inmigración, Libia y Turquía

Draghi también se ha referido a zonas estratégicas fuera de la UE cercanas a Italia: el Magreb, Oriente Medio y el Mediterráneo. Respecto a este último las prioridades italianas no parece que vayan a cambiar: el objetivo es controlar la inmigración. Para ello Draghi espera establecer cooperación con España, Grecia y Chipre.

En esta área la estabilidad de Libia es importante, y seguirá el apoyo italiano al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) establecido en Trípoli, uno de cuyos principales defensores en la UE ha sido Luigi Di Maio, que continúa al frente de Exteriores. El primer ministro libio Abdul Hamid Dbeibah ha declarado estar preparado para colaborar en temas de Inmigración con Draghi, pero este parece ser escéptico hacia los tratos bilaterales y preferirá que se realice en un marco europeo.

Esto va en contra de la política de Grecia y Francia, quienes apoyan al Ejército Nacional Libio, establecido en Tubruk, debido a las conexiones islamistas del GNA y el apoyo de Turquía a estos. Estas diferencias en relación con Libia ya han causado problemas y han dificultado la posibilidad de establecer sanciones contra Ankara.

Aprovechar la oportunidad

El nuevo Gobierno Draghi supone la oportunidad para Italia de poder alcanzar cierta estabilidad política después de unos años de vaivenes. La integración en el mismo Gobierno de personas de diferentes procedencias ideológicas puede contribuir a la unidad nacional que requiere la presente situación. La emergencia y excepcionalidad que supone la crisis de Covid-19 dan a Italia una oportunidad para aplicar no solo medidas contra la pandemia sino también cambios estructurales radicales que transformen la economía y la administración pública, algo que en otras circunstancias encontraría demasiadas trabas.

Por otra parte, aunque dentro de cierta continuidad, el Gobierno de Draghi supone un cambio en el tablero estratégico internacional, no solo para Bruselas, Berlín y París sino también para Washington y Pekín, dado que las tendencias más atlantistas lo alejarán tanto de Rusia como de China.

Los gobiernos italianos no son famosos por su duración y tampoco este ofrece garantías de permanencia, teniendo en cuenta además que el esfuerzo de unidad realizado obedece a la temporalidad de la crisis. No obstante, el perfil del propio Draghi proyecta una imagen de seriedad y responsabilidad.

España, aunque afectada, no se ve tan perjudicada como otros socios europeos

La salida del Reino Unido de la Unión Europea finalmente se materializó el último día de 2020. El compromiso sobre la pesca fue el último punto de las arduas negociaciones y las diferencias solo se superaron unas jornadas antes del inaplazable ‘deadline’. El acuerdo de pesca alcanzado contempla que durante cinco años y medio los buques comunitarios seguirán teniendo acceso para pescar en aguas británicas. Aunque afectada, España no se ve tan perjudicada como otros socios europeos.

Flota pesquera en la localidad gallega de Ribeira [Luis Miguel Bugallo]

ARTÍCULO /  Ane Gil

El Acuerdo de Retirada que culminaba el Brexit se encalló en su recta final en la cuestión de la pesca, a pesar de que la actividad pesquera del Reino Unido en sus aguas solo contribuye al 0,12% del PIB británico.

Esa discusión, que estuvo a punto de hacer descarrilar las negociaciones, se centró en la delimitación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el ámbito más allá de las aguas territoriales –a una distancia máxima de la costa de 200 millas náuticas (unos 370 kilómetros)– en las que un país ribereño tiene derechos soberanos para explorar y explotar, conservar y administrar los recursos naturales, ya sean vivos o no vivos. En la ZEE del Reino Unido hay caladeros muy ricos en pescado, que representan, con una media de 1.285 millones de toneladas de pescado al año, según un estudio de 2019 de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el 15% del total de la pesca de la UE. De estas capturas, solo el 43% fue realizado por pescadores británicos, mientras que el 57% restante fue llevado a cabo por los demás países de la UE. Los países europeos que tuvieron acceso a la pesca en aguas británicas fueron España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Irlanda y Suecia.

Por tanto, la entrada en vigor del Brexit marcaría el abandono del Reino Unido de la Política Pesquera Común, que define el acceso de los buques europeos a la Zona Económica Exclusiva.

Perspectivas iniciales

Durante su permanencia en la UE, El Reino Unido formó parte de la Política Pesquera Común, por la que todas las flotas pesqueras de los estados miembros de la UE tienen igual acceso a las aguas europeas. En la UE, los derechos de pesca son negociados anualmente por los ministros de cada estado miembro y las cuotas nacionales (cantidad de pescado de cada especie que la flota de cada país puede capturar) se establecen utilizando datos históricos como referencia.

La flota pesquera española siguió de cerca las negociaciones, ya que tenía mucho que perder con un mal convenio. Por un lado, un Brexit sin acuerdo podía suponer una reducción de ingresos de 27 millones de euros relacionados con la pesca en aguas británicas; también conllevaría una drástica reducción de las capturas de merluza, pez gallo y caballa para los barcos pesqueros españoles especializados en estas especies. Por otro lado, el empleo también se vería afectado si el Acuerdo establecía una reducción drástica de las capturas. Son ochenta las embarcaciones españolas que tienen licencia para pescar en aguas británicas, lo que supone casi 10.000 puestos de trabajo relacionados con esta actividad.

Las negociaciones

Hasta el Brexit, las aguas británicas y su explotación se negociaban en conjunto con el resto de las áreas marítimas de la Unión Europea. Bruselas intentó mantener esta relación aunque el Reino Unido abandonara la UE, por lo que la posición de los negociadores europeos se centró en preservar el sistema de cuotas de pesca que había estado vigente, por un plazo de quince años. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, siempre descartó cualquier acuerdo comercial que otorgara a los barcos europeos acceso a aguas británicas, a cambio de mejores condiciones para los servicios financieros británicos en el mercado único como ofrecía Bruselas. Londres quería implementar un régimen similar al noruego, que negocia año a año las capturas de las flotas de la UE en sus aguas, con la diferencia de que en el caso noruego el pacto se refiere a media docena de especies, frente a las casi cien que hay en aguas británicas.

Debemos tener en cuenta que el sector de servicios representa el 80% del PIB del Reino Unido, mientras que las actividades pesqueras son solo el 0,12%. Por lo tanto, es bastante evidente que las posiciones de Londres en el apartado de pesca fueron más políticas que económicas. Y es que, aunque las actividades pesqueras tienen escasa incidencia en la economía británica, el sector pesquero sí tiene importancia política para la causa euroescéptica, ya que recuperar el control de las aguas era una de las promesas en el referéndum del Brexit. Así, este asunto convirtió en un símbolo de soberanía nacional.

El punto de partida de las negociaciones fue la exigencia del Gobierno británico de repatriar hasta el 80% de las capturas en sus aguas de control, mientras que la UE ofreció devolver al Reino Unido entre un 15% y un 18%. Johnson quería mantener la gestión de la explotación de sus aguas y negociar con la Unión Europea como socio preferente. Expresó su intención inicial de establecer, a partir de enero de 2021, negociaciones más frecuentes sobre cómo pescar en su ZEE. Esto dio lugar a un acuerdo final que implica que los buques europeos seguirán pudiendo pescar en aguas británicas durante cinco años y medio, a cambio de devolver el 25% de las cuotas que los buques comunitarios pesquen allí, volumen cuyo valor se estima en unos 161 millones de euros. A cambio, los productos pesqueros seguirán entrando en el mercado europeo con arancel cero. Tras esa etapa de transición, la UE y el Reino Unido deberán renegociar año tras año. Si el acuerdo es vulnerado, existen mecanismos que garantizan compensaciones, como el establecimiento de tarifas.

Consecuencias para España y vecinos europeos

El acuerdo provocó descontento en el sector pesquero del Reino Unido, que acusó a Johnson de ceder en este acuerdo. La Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores expresó su decepción al ver que solo se habían introducido cambios marginales en las cuotas y que las flotas de la UE seguirían teniendo acceso a aguas británicas hasta el límite de las seis millas. El primer ministro respondió que el Reino Unido podría capturar ahora “cantidades prodigiosas de pescado extra”.

Por el momento, Reino Unido ya se ha encontrado con algunos problemas. El nuevo acuerdo aduanero ha estado provocando retrasos y los camiones deben ser revisados en las fronteras. Con un repentino exceso de producción, no habrá suficientes veterinarios para realizar los certificados sanitarios de exportación necesarios. Por lo tanto, los nuevos requisitos burocráticos han provocado varios casos de mariscos que se pudren en los muelles antes de que puedan exportarse a la UE. Se estima que la industria pesquera está perdiendo 1 millón de libras por día debido a estos nuevos requisitos, lo que ha provocado que muchos pescadores reduzcan sus capturas diarias.

Pero los pescadores de la UE también se verán afectados, pues hasta ahora obtenían capturas en aguas británicas con un valor total anual de 650 millones de euros, según el Parlamento Europeo, especialmente a cargo de buques daneses, holandeses y franceses. Además, Bélgica es uno de los países que más se ve más afectado, pues el 43% de sus capturas se da en aguas británicas; ahora tendrá que reducir sus capturas en un 25% durante los próximos 5 años. Además, los pescadores belgas solían desembarcar su pescado en puertos británicos y luego llevarlo en camión a Bélgica. Sin embargo, esto ya no será posible. Junto a Bélgica, otros países que más sufrirán por la pérdida de los derechos de pesca a causa del Brexit son Irlanda, Dinamarca y Países Bajos.

En cuanto a España, el sector pesquero ha reconocido su malestar por la negociación anual que tendrá lugar tras el quinquenio inicial, así como por las consecuencias en la futura distribución del resto de cuotas de pesca, en la propia Política Pesquera Común, en el intercambio de cuotas entre países y en la gestión sostenible de las poblaciones marinas. No obstante, a corto plazo la flota española no parece verse tan afectada en comparación con otros países europeos.

De hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró positivamente este acuerdo, considerándolo un “buen acuerdo, que aporta estabilidad y seguridad jurídica”. Planas argumentó que la reducción del 25% del valor medio de las capturas de los ocho países europeos que pescan en aguas británicas tiene efectos limitados sobre la actividad pesquera española y, a modo de ejemplo, afirmó que las capturas de merluza solo se reducirán en un 1%. Es decir, la cuota actual del 29,5% bajaría hasta el 28,5% en 2026. Además, otras especies de mayor interés para España (como la caballa, el jurel y la bacaladilla) no se han incluido en el acuerdo y no hay rebajas en especies de aguas profundas de gran demanda (como el sable negro o los granaderos). En conclusión, Planas afirmó que España solo ha cedido en 17 de los 32 recursos pesqueros que el país tiene asignados. Sin embargo, le toca a Bruselas entrar en detalles y decidir las cuotas de pesca durante el período de transición abierto el 1 de enero, en el que los ocho países que pescan en aguas británicas tendrán cuotas más bajas.

En conclusión, Gran Bretaña ahora tiene la capacidad de dictar sus propias reglas en materia de pesca. Para 2026, el Reino Unido puede decidir retirar completamente el acceso de los barcos de la UE a aguas británicas. Pero la UE podría entonces responder suspendiendo el acceso a sus aguas o imponiendo aranceles a las exportaciones de pescado del Reino Unido.

An update on the Iranian nuclear accord between 2018 and the resumed talks in April 2021

The signatories of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), reached in 2015 to limit Iran's nuclear program, met again on April 6 in Vienna to explore the possibility of reviving the accord. The US withdrawal after Donald Trump becoming president put the agreement on hold and lead Tehran to miss its commitments. Here we offer an update on the issue until the international talks resumed.

Trump's announcement of the US withdrawal from the JCPOA on May 8, 2018 [White House]

ARTICLE /  Ana Salas Cuevas

The Islamic Republic of Iran is a key player in the stability of its regional environment, which means that it is a central country worth international attention. It is a regional power not only because of its strategic location, but also because of its large hydrocarbon reserves, which make Iran the fourth country in oil reserves and the second one in gas reserves.

In 2003, the International Atomic Energy Agency (IAEA) brought to the light and warned the international community about the existence of nuclear facilities, and of a covert program in Iran which could serve a military purpose. This prompted the United Nations and the five permanent members of the UN Security Council (the P5: France, China, Russia, the United States and the United Kingdom) to take measures against Iran in 2006. Multilateral and unilateral economic sanctions (the UN and the US) were implemented, which deteriorated Iran’s economy, but which did not stop its nuclear proliferation program. There were also sanctions linked to the development of ballistic missiles and to the support of terrorist groups. These sanctions, added to the ones the United States imposed on Tehran in the wake of the 1979 revolution, and together with the instability that cripples the country, caused a deep deterioration of Iran’s economy.

In November 2013, the P5 plus Germany (P5+1) and Iran came to terms with an initial agreement on Iran's nuclear program (a Joint Plan of Action) which, after several negotiations, translated in a final pact, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), signed in 2015. The European Union adhered to the JCPOA.

The focus of Iran's motives for succumbing and accepting restrictions on its nuclear program lies in the Iranian regime’s concern that the deteriorating living conditions of the Iranian population due to the economic sanctions could result in growing social unrest.

The Joint Comprehensive Plan of Action

The goal of these negotiations was to reach a long-term comprehensive solution agreed by both parties to ensure that Iran´s nuclear program would be completely peaceful. Iran reiterated that it would not seek or develop any nuclear weapons under any circumstances. The real aim of the nuclear deal, though, was to extend the time needed for Iran to produce enough fissile material for bombs from three months to one year. To this end, a number of restrictions were reached.

This comprehensive solution involved a mutually defined enrichment plan with practical restrictions and transparent measures to ensure the peaceful nature of the program. In addition, the resolution incorporated a step-by-step process of reciprocity that included the lifting of all UN Security Council, multilateral and national sanctions related to Iran´s nuclear program. In total, these obligations were key to freeze Iran’s nuclear program and reduced the factors most sensitive to proliferation. In return, Iran received limited sanctions relief.

More specifically, the key points in the JCPOA were the following: Firstly, for 15 years, Iran would limit its uranium enrichment to 3.67%, eliminate 98% of its enriched uranium stocks in order to reduce them to 300 kg, and restrict its uranium enrichment activities to its facilities at Natanz. Secondly, for 10 years, it would not be able to operate more than 5,060 old and inefficient IR-1 centrifuges to enrich uranium. Finally, inspectors from the IAEA would be responsible for the next 15 years for ensuring that Iran complied with the terms of the agreement and did not develop a covert nuclear program.

In exchange, the sanctions imposed by the United States, the European Union and the United Nations on its nuclear program would be lifted, although this would not apply to other types of sanctions. Thus, as far as the EU is concerned, restrictive measures against individuals and entities responsible for human rights violations, and the embargo on arms and ballistic missiles to Iran would be maintained. In turn, the United States undertook to lift the secondary sanctions, so that the primary sanctions, which have been in place since the Iranian revolution, remained unchanged.

To oversee the implementation of the agreement, a joint committee composed of Iran and the other signatories to the JCPOA would be established to meet every three months in Vienna, Geneva or New York.

United States withdrawal

In 2018, President Trump withdrew the US from the 2015 Iran deal and moved to resume the sanctions lifted after the agreement was signed. The withdrawal was accompanied by measures that could pit the parties against each other in terms of sanctions, encourage further proliferation measures by Iran and undermine regional stability. The US exit from the agreement put the Joint Comprehensive Plan of Action on hold.

The United States argued that the agreement allowed Iran to approach the nuclear threshold in a short period of time. With the withdrawal, however, the US risked bringing this point closer in time by not waiting to see what could happen after the 10 and 15 years, assuming that the pact would not last after that time. This may make Iran's proliferation a closer possibility.

Shortly after Trump announced the first anniversary of its withdrawal from the nuclear deal and the assassination of powerful military commander Qasem Soleimani by US drones, Iran announced a new nuclear enrichment program as a signal to nationalists, designed to demonstrate the power of the mullah regime. This leaves the entire international community to question whether diplomatic efforts are seen in Tehran as a sign of weakness, which could be met with aggression.

On the one hand, some opinions consider that, by remaining within the JCPOA, renouncing proliferation options and respecting its commitments, Iran gains credibility as an international actor while the US loses it, since the agreements on proliferation that are negotiated have no guarantee of being ratified by the US Congress, making their implementation dependent on presidential discretion.

On the other hand, the nuclear agreement adopted in 2015 raised relevant issues from the perspective of international law. The Joint Comprehensive Plan of Action timeline is 10 to 15 years. This would terminate restrictions on Iranian activities and most of the verification and control provisions would expire. Iran would then be able to expand its nuclear facilities and would find it easier to develop nuclear weapons activities again. In addition, the legal nature of the Plan and the binding or non-binding nature of the commitments made under it have been the subject of intense debate and analysis in the United States. The JCPOA does not constitute an international treaty. So, if the JCPOA was considered to be a non-binding agreement, from the perspective of international law there would be no obstacle for the US administration to withdraw from it and reinstate the sanctions previously adopted by the United States.

The JCPOA after 2018

As mentioned, the agreement has been held in abeyance since 2018 because the IAEA inspectors in Vienna will no longer have access to Iranian facilities.

Nowadays, one of the factors that have raised questions about Iran’s nuclear documents is the IAEA’s growing attention to Tehran’s nuclear contempt. In March 2020, the IAEA “identified a number of questions related to possible undeclared nuclear material and nuclear-related activities at three locations in Iran”. The agency’s Director General Rafael Grossi stated: “The fact that we found traces (of uranium) is very important. That means there is the possibility of nuclear activities and material that are not under international supervision and about which we know not the origin or the intent”.

The IAEA also revealed that the Iranian regime was violating all the restrictions of the Joint Comprehensive Plan of Action. The Iranian leader argued that the US first violated the terms of the JCPOA when it unilaterally withdrew the terms of the JCPOA in 2018 to prove its reason for violating the nuclear agreement.

In the face of the economic crisis, the country has been hit again by the recent sanctions imposed by the United States. Tehran ignores the international community and tries to get through the signatory countries of the agreement, especially the United States, claiming that if they return to compliance with their obligations, Iran will also quickly return to compliance with the treaty. This approach has put strong pressure on the new US government from the beginning. Joe Biden's advisors suggested that the agreement could be considered again. But if Washington is faced with Tehran's full violation of the treaty, it will be difficult to defend such a return to the JCPOA.

In order to maintain world security, the international community must not succumb to Iran’s warnings. Tehran has long issued empty threats to force the world to accept its demands. For example, in January 2020, when the UK, France and Germany triggered the JCPOA’s dispute settlement mechanism, the Iranian Ministry of Foreign Affairs issued a direct warning, saying: “If Europeans, instead of keeping to their commitments and making Iran benefit from the lifting of sanctions, misuse the dispute resolution mechanism, they’ll need to be prepared for the consequences that they have been informed about earlier”.

Conclusions

The purpose of the agreement is to prevent Iran from becoming a nuclear power that would exert pressure on neighboring countries and further destabilize the region. For example, Tehran's military influence is already keeping the war going in Syria and hampering international peace efforts. A nuclear Iran is a frightening sight in the West.

The rising in tensions between Iran and the United States since the latter unilaterally abandoned the JCPOA has increased the deep mistrust already separating both countries. Under such conditions, a return to the JCPOA as it was before 2018 seems hardly imaginable. A renovated agreement, however, is baldly needed to limit the possibilities of proliferation in an already too instable region. Will that be possible?

Tras sendos referéndums en 2018 y 2019, el gobierno guatemalteco presentó su memoria ante La Haya en 2020 y el beliceño tiene un año para replicar

Guatemala presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado mes de diciembre, con medio año de retraso atribuido a la situación de emergencia del Covid-19; ahora Belice tendrá un año para responder. Aunque después la CIJ se tomará su tiempo para redactar una sentencia, puede decirse que el diferendo territorial entre ambos vecinos ha comenzado su recta final, teniendo en cuenta que la disputa por ese enclave centroamericano viene del siglo XVIII.

Escudos de Guatemala (izq.) y de Belice (dcha.) sobre sus respectivas banderas

ARTÍCULO /  Álvaro de Lecea

El conflicto territorial entre Guatemala y Belice tiene su raíz en el pulso entre el Imperio Español en América y la actividad de Inglaterra en el Caribe durante la era colonial. La inacción de la Corona española a finales del siglo XVIII frente a las invasiones británicas en lo que hoy es Belice y que en esa época era territorio español, permitió a los ingleses asentar un pie en Centroamérica y comenzar a explotar tierras continentales en busca de maderas preciosas, como el palo de tinte y la caoba. No obstante, las reservas puestas por Guatemala sobre parte del terreno beliceño –reclama más de 11.000 km2, casi la mitad del vecino país; también reivindica la correspondiente extensión marítima y algunos cayos– generaron una situación de tensión y conflicto que se ha mantenido hasta la actualidad.

En 2008 ambos países decidieron celebrar sendos referéndums sobre la posibilidad llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que sea quien dictamine sobre el reparto de soberanía. Los beliceños aprobaron dar ese paso en 2018 y los guatemaltecos el año siguiente. La cuestión se formalizó ante la CIJ, en La Haya, el 12 de junio de 2019

Contexto histórico

El territorio del actual Belice fue colonizado por España a mediados del siglo XVI, como parte del Virreinato de Nueva España y dependiente de la capitanía de Guatemala. No obstante, al no haber allí recursos minerales y no existir apenas población, la metrópoli prestó poca atención a la zona. Esa escasa presencia española favoreció el ataque de piratas y para evitarlos la Corona España permitió una creciente actividad explotadora inglesa a cambio de defensa. Parecida penetración llevó a cabo Inglaterra en las costas caribeñas de Nicaragua, pero mientras que los españoles consiguieron expulsar a los ingleses de allí, en el área de Belice estos consolidaron su asentamiento y finalmente obtuvieron el territorio por el Tratado de París de 1783, por el que España se desentendía de ese rincón centroamericano. Esa concesión y otra tres años después cubrían apenas 6.685 km2, un espacio próximo a la costa que luego Inglaterra fue agrandando, tierra adentro y hacia el sur, dado que España no actuaba en la zona. Desde entonces el enclave fue conocido como la “Honduras británica”.

La cesión no tuvo en cuenta las reclamaciones de los guatemaltecos, que consideraban como propio el espacio entre los ríos Sarstún y Sibún. Ambos con cauce oeste-este, el primero dibuja, en el sur de lo que hoy es Belice, la frontera con Guatemala; el otro, más al norte, discurre por el centro de Belice, con desembocadura junto a su capital, partiendo el país en dos. No obstante, dadas la urgencia de reconocimiento internacional que tuvo cuando declaró su independencia en 1821, Guatemala firmó varios acuerdos con Inglaterra, la gran potencia del momento, para garantizar la viabilidad del nuevo estado. Uno de ellos fue el Tratado Aycinena-Wyke (1859), por el que Guatemala aceptaba las fronteras beliceñas a cambio de la construcción de una carretera que mejorara su acceso de su capital al Caribe. No obstante, ambas partes culparon a la otra de no cumplir el Tratado (la carretera no se llevó a cabo, por ejemplo) y Guatemala lo dio por anulado en 1939.

En la Constitución promulgada en 1946, Guatemala incluyó el reclamo en el redactado, y ha insistido en esa posición desde que el vecino país, con el nombre de Belice, obtuvo su independencia del Reino Unido en 1981. Ya en 1978 la ONU aprobó una resolución garantizando los derechos a la autodeterminación y protección territorial del pueblo beliceño, donde también se pedía una resolución pacífica del conflicto vecinal. Hasta 1991 Guatemala no reconoció la existencia del nuevo estado soberano y aún hoy sigue poniendo algunos límites en el progresivo acoplamiento de Belice en el Sistema de Integración Centroamericano. Por su matriz inglesa, Belice ha mantenido históricamente más relación con las islas anglófonas del Caribe.

Mapa de Centroamérica y, en detalle, el diferendo territorial entre Guatemala y Belice [Rei-artur / Janitoalevic Bettyreategui]

Línea de Adyacencia y el papel de la OEA

Desde el año 2000, la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que ambas naciones forman parte, se ha prestado a mediar entre los dos países. Ese mismo año, la OEA propició un acuerdo con el objetivo de fomentar la confianza y las negociaciones entre ambos vecinos. A fin de conseguir estos objetivos, la OEA, a través de su Fondo de Paz, apoyó de forma activa la búsqueda de una solución, brindando apoyo técnico y político. De hecho, gracias a este acercamiento se reanudaron las conversaciones sobre el diferendo y se acordó la creación de la “Línea de Adyacencia”.

Esta es una línea imaginaria que básicamente sigue el trazado que de norte a sur venía separando “de hecho” los dos países y es donde tienen lugar la mayoría de las tensiones. A lo largo de los años, ambas partes han incrementado ahí su presencia militar, a modo de respuesta por incidentes atribuidos al otro lado. Debido a esas frecuentes discusiones, en 2015 Belice tuvo que pedir ayuda militar de la armada inglesa. Precisamente en esa Zona de Adyacencia se encuentra una oficina de la OEA, cuyo propósito es promover contactos entre las comunidades y verificar ciertas transgresiones a los acuerdos ya firmados.

Uno de los avances más prometedores que tuvo lugar bajo el paraguas de la OEA fue la firma en 2008 de lo que se denominó “Acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia”. Bajo este acuerdo ambos países se comprometieron a someter a consultas populares simultáneas la aceptación de la mediación de la Corte. No obstante, en 2015, a través del Protocolo del Acuerdo Especial entre Belice y Guatemala, se permitió que dichas consultas populares no se realizaran al mismo tiempo. Ambas partes se comprometieron a aceptar la decisión del Tribunal como “decisiva y vinculante” y a cumplirla y aplicarla “de manera plena y de buena fe”.

La Haya y el impacto de la futura resolución

Los referéndums se realizaron en 2018, en el caso de Guatemala, y en 2019, en el caso de Belice. Aunque los porcentajes de ambas consultas populares fueron algo dispares, los resultados resultaron positivos. En Belice, el sí consiguió el 55,37% de los votos y el no, el 44,63%. Por su lado, en Guatemala los resultados fueron mucho más favorables para el sí, con el 95,88% de los votos, frente al 4,12% del no.

Estos resultados muestran cómo los beliceños miran con recelo acudir a la decisión de La Haya ya que, si bien con la fijación definitiva de la frontera cerrarán por siempre cualquier reclamo, se arriesgar a perder parte de su territorio. En cambio, la perspectiva de ganancia es mayor en el caso guatemalteco, pues de aceptarse su planteamiento –o al menos parte de él– ampliaría estratégicamente su acceso al Caribe, ahora algo limitado, y en el caso de perder se quedaría simplemente como ha estado hasta ahora, lo no que constituye ningún grave problema para el país.

La definición de una frontera clara y respetada es necesaria a estas alturas. La línea adyacente, observada por la misión de paz y seguridad de la OEA, ha conseguido limitar las tensiones entre ambos países, pero la realidad es que ciertos incidentes siguen teniendo lugar en esa zona tan desprotegida. Esos incidentes, como los asesinatos a ciudadanos de ambos países o maltratos atribuidos a los militares guatemaltecos, provocan que el conflicto se alargue y las tensiones aumenten. Por otro lado, el hecho de que no exista una definición clara de las fronteras facilita el narcotráfico y el contrabando.

Asimismo, este conflicto ha afectado a las relaciones económicas y comerciales de Belice con sus vecinos de la región, sobre todo México y Honduras. No solo debido a la falta de límites terrestres, sino también marítimos. Esta zona es muy rica en recursos naturales y cuenta con la segunda reserva coralina más grande del mundo, después de la de Australia. Además, esto ha afectado, como era de esperar, a las relaciones bilaterales entre ambos países. Mientras los organismos regionales apuestan por una integración regional más relevante, las tensiones entre Belice y Guatemala impiden que pueda haber una mejoría en este aspecto.

El presidente de Guatemala ha manifestado que, independientemente del resultado del Tribunal, tiene intención de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en campos como el comercio y el turismo, con su vecino Belice. Por su parte, los jefes de estado de Caricom expresaron en octubre de 2020 su apoyo a Belice, su entusiasmo respecto a la intervención del CIJ y su felicitación a la OEA por su labor mediadora.

El refuerzo económico catarí y la ampliación de sus relaciones con Rusia, China y Turquía restaron eficacia al bloqueo que le habían impuesto sus vecinos del Golfo

Es una realidad: Catar ha vencido en su pulso contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí tras más de tres años de ruptura diplomática en los que ambos países, junto con otros vecinos árabes, aislaron comercial y territorialmente a la península catarí. Razones económicas y de configuración geopolítica explican que el bloqueo impuesto finalmente se haya desvanecido sin que Catar haya cedido en su línea diplomática autónoma.

El emir de Catar, Tamim Al Thani, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018 [Kuhlmann/MSC]

ARTÍCULO /  Sebastián Bruzzone

En junio de 2017, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Yemen y Maldivas acusaron a la familia Al Thani de apoyar el terrorismo islámico y a los Hermanos Musulmanes e iniciaron un bloqueo total al comercio con origen y destino en Catar hasta que Doha cumpliera con trece condiciones. Sin embargo, el pasado 5 de enero de 2021, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, recibió al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con un inesperado abrazo en la ciudad saudí de Al-Ula, sellando el final de un capítulo oscuro más de la historia moderna del Golfo Pérsico. Pero, ¿cuántas de las trece exigencias ha cumplido Catar para reconciliarse con sus vecinos? Ninguna.

Como si nada hubiera pasado. Tamim Al Thani llegó a Arabia Saudí para participar en la 41º Cumbre del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la que los estados miembros se comprometieron a realizar esfuerzos para fomentar la solidaridad, la estabilidad y el multilateralismo ante los desafíos de la región, que se enfrenta al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como a sus planes de sabotaje y destrucción. Además, el CCG en su conjunto agradeció el papel mediador de Kuwait, del entonces presidente estadounidense Donald J. Trump y de su yerno, Jared Kushner.

La reunión de los líderes árabes del Golfo ha sido el deshielo en el desierto político tras una tormenta de acusaciones mutuas e inestabilidad en lo que se denominó “crisis diplomática de Catar”; ese acercamiento, como efecto inmediato, despeja la normal preparación de la Copa del Mundo de fútbol prevista en Catar para el próximo año. Siempre es positivo el retorno del entendimiento regional y diplomático en situaciones de urgencia como una crisis económica, una pandemia mundial o un enemigo común chiíta armando misiles en la otra orilla del mar. En todo caso, el Catar de los Al Thani puede coronarse como el vencedor del pulso económico frente a los emiratíes Al Nahyan y los saudíes Al Saud incapaces de asfixiar a la pequeña península.

Los factores

La pregunta relevante nos devuelve al título inicial previo a estas líneas: ¿cómo Catar ha conseguido resistir la presión sin doblegarse lo más mínimo frente a las trece condiciones exigidas en 2017? Varios factores contribuyen a explicarlo.

Primero, la inyección de capital por QIA (Qatar Investment Authority). A principios del bloqueo, el sistema bancario sufrió una fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares y la inversión extranjera disminuyó notablemente. El fondo soberano catarí respondió ingresando 38.500 millones de dólares para proveer de liquidez a los bancos y reactivar la economía. El bloqueo comercial repentino de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí supuso una espantada financiera que llevó a inversores extranjeros, e incluso residentes cataríes, a transferir sus activos fuera del país y liquidar sus posiciones ante el miedo a un colapso del mercado.

Segundo, el acercamiento a Turquía. En 2018, Catar salió al rescate de Turquía comprometiéndose a invertir 15.000 millones de dólares en activos turcos de todo tipo y, en 2020, a ejecutar un acuerdo de permuta o swap de divisas con el fin de elevar el valor de la lira turca. En reciprocidad, Turquía aumentó en un 29% la exportación de productos básicos a Catar e incrementó la presencia militar en la península catarí frente a una posible invasión o ataque de sus vecinos, construyendo una segunda base militar turca cerca de Doha. Además, como medida de refuerzo interna, el gobierno catarí ha invertido más de 30.000 millones de dólares en equipamiento militar, artillería, submarinos y aviones de empresas americanas.

Tercero, la aproximación a Irán. Catar comparte con el país persa el yacimiento de gas South Pars North Dome, considerado el más grande del mundo, y se posicionó como mediador entre la Administración Trump y el gobierno ayatolá. Desde 2017, Irán ha suministrado 100.000 toneladas diarias de alimentos a Doha ante una posible crisis alimenticia causada por el bloqueo de la única frontera terrestre con Arabia Saudí por la que entraba el 40% de los alimentos.

Cuarto, el acercamiento a Rusia y China. El fondo soberano catarí adquirió el 19% del accionariado de Rosneft, abriendo las puertas a la colaboración entre la petrolera rusa y Qatar Petroleum y a más joint ventures empresariales entre ambas naciones. En la misma línea, Qatar Airways aumentó su participación hasta el 5% del capital de China Southern Airlines.

Quinto, su refuerzo como primer exportador mundial de GNL (Gas Natural Licuado). Es importante saber que el principal motor económico de Catar es el gas, no el petróleo. Por ello, en 2020, el gobierno catarí inició su plan de expansión aprobando una inversión de 50.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de licuefacción y de transporte con buques metaneros, y otra de 29.000 millones de dólares para construir más plataformas marítimas extractoras en North Dome. El gobierno catarí ha previsto que su producción de GNL crecerá un 40% para 2027, pasando de 77 a 110 millones toneladas anuales.

Debemos tener en cuenta que el transporte de GNL es mucho más seguro, limpio, ecológico y barato que el transporte del petróleo. Además, la Royal Dutch Shell vaticinó en su informe “Annual LNG Outlook Report 2019” que la demanda mundial de GNL se duplicaría para 2040. De confirmarse este pronóstico, Catar estaría a las puertas de un impresionante crecimiento económico en las próximas décadas. Por lo tanto, lo que más le conviene en esa situación es mantener sus arcas públicas solventes y un clima político estable en la región de Oriente Medio. Por si fuera poco, el pasado noviembre de 2020, Tamim Al Thani anunció que los presupuestos estatales futuros se configurarán en base a un precio ficticio de 40 dólares por barril, un valor bastante más pequeño que el WTI Oil Barrel o Brent Oil Barrel que se encuentra en torno a 60-70 dólares. Es decir, el gobierno catarí indexará su gasto público considerando la volatilidad de los precios de los hidrocarburos. En otras palabras, Catar busca ser previsor frente a un posible desplome del precio del crudo, impulsando una política de gasto público eficiente.

Y sexto, el mantenimiento del portafolio de inversiones de Qatar Investment Authority, valorado en 300.000 millones de dólares. Los activos del fondo soberano catarí constituyen un seguro de vida para el país que puede ordenar su liquidación en situaciones de necesidad extrema.

Catar tiene un papel muy importante para el futuro del Golfo Pérsico. La dinastía Al Thani ha demostrado su capacidad de gestión política y económica y, sobre todo, su gran previsión a futuro frente al resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo. La pequeña “perla” peninsular ha dado un golpe sobre la mesa imponiéndose sobre el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y sobre el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, que ni se presentó en Al-Ula. Este movimiento geopolítico, más la decisión de la Administración Biden de mantener la política de línea dura frente a Irán, parece garantizar el aislamiento internacional del régimen ayatolá del país persa.