COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

▲ Terrazas de campos de arroz en Vietnam [Pixabay]

COMENTARIO / Eduardo Arbizu

La combinación de una economía de mercado y un régimen autoritario dominado por el Partido Comunista de Vietnam (PCV) ha llevado a Vietnam, un país con más de 90 millones de habitantes, a convertirse en una pieza esencial para el futuro del Sudeste Asiático

El Vietnam actual es la consecuencia de un proceso de cambio confuso y contradictorio que ha transformado no solo la economía del país, sino que ha tenido también un profundo impacto en la vida social, la configuración urbana, el medio ambiente, las políticas internas y exteriores y cuyos efectos finales se verán en el largo plazo.

Un impresionante cambio económico

La transformación del modelo económico en Vietnam deriva formalmente de la decisión adoptada en el sexto congreso del PCV en diciembre de 1986 de abrir el país a la economía de mercado, pero sus raíces las encontramos antes, en la crisis económica que siguió a la guerra, en el colapso de la producción agrícola que la radical implantación de un modelo comunista provocó en 1979. Esta debacle obligó a permitir el comercio privado de cualquier excedente de producción que superara los objetivos establecidos por el Estado para las empresas o tierras públicas. Esta especie de capitalismo de Estado abonó el terreno para la liberalización que siguió al fallecimiento del líder estalinista, Le Duan, en 1986. La aprobación de la política de do-moi o renovación supuso el abandono de la planificación y la opción por el libre mercado. No fue una decisión ideológica sino instrumental. Si el PC quería mantener el control del país necesitaba generar un millón de puestos de trabajo al año, garantizar el alimento para 90 millones de habitantes y reducir la pobreza.

Ha sido un éxito económico y social: la renta per cápita se ha incrementado radicalmente y la población bajo el umbral de la pobreza se ha reducido del 60 al 20 %. El embargo de Estados Unidos acabó en 1993 y en 1997 ambos países firmaron un nuevo acuerdo de comercio. En 2007 Vietnam fue admitido en la OMC. En ese contexto de apertura, más de 150.000 nuevas empresas se crearon bajo la nueva ley de empresas y grandes compañías internacionales como Clarks, Canon, Samsung e Intel instalaron centros de producción en Vietnam.

Los logros del proceso, sin embargo, no deben ocultar sus debilidades: una economía controlada por el Estado a través de joint ventures y empresas estatales, un frágil Estado de Derecho, corrupción masiva, un entramado de familias leales al PCV que acumulan riqueza y poseen la mayoría de los negocios privados, una desigualdad creciente y un profundo deterioro ecológico.

La agricultura ha evolucionado desde la súbita caída de producción que siguió a la colectivización comunista a la situación actual en la que Vietnam es el segundo mayor exportador de arroz en el mundo, cultivo que representa el 20% de sus exportaciones. La industrialización de la economía ha hecho que la agricultura, que era el 40% del PIB, sea hoy solo el 20%. La vida sigue dependiendo del cultivo del arroz, todavía la principal fuente de ingresos en los hogares rurales, donde vive la mitad de la población. Las exportaciones de arroz se gestionan por una combinación del libre mercado y un funcionariado corrupto, con las negativas consecuencias vividas en la crisis especulativa del 2008. Se ha experimentado una intensa migración del campo a las grandes ciudades donde los salarios son cinco veces superiores. La presión en busca de la riqueza está convirtiendo la tierra agrícola en parcelas residenciales o industriales. Cada año se recalifican 10.000 nuevas hectáreas. La transformación del mundo rural está apartando las antiguas estructuras que proporcionaban seguridad, sentido y propósito y está por ver como afecta a la estabilidad futura.

Un cambio social y medioambiental

La construcción de ciudades proletarias tras la guerra, bajo el programa comunista de vivienda, no ha impedido la superpoblación ni la continuidad de una vida comunal. Los emigrantes continúan llegando en búsqueda de trabajo, dinero y protección. Toneladas de desechos industriales siguen sin tratarse; los ríos alrededor de la ciudad de Ho Chi Min están biológicamente muertos y la polución en Hanói se sitúa muy por encima de los niveles internacionalmente aceptados. Problemas como la prostitución, con más del 1 % de las mujeres trabajando en tráfico sexual ilícito, o los niños abandonados en las calles son una realidad. Sin embargo, mientras doblaba o triplicaba su población urbana, Vietnam ha gestionado mejor estos problemas que sus países vecinos, evitando en mayor medida las ciudades fantasmas y sus problemas de criminalidad, pobreza extrema y drogadicción tan comunes en el resto de Asia.

El dinamismo comercial y urbano se refleja en miles de negocios ilegales de venta de alimentos en la calle y pequeñas empresas, pioneras del capitalismo a menor escala, que hoy constituyen un símbolo turístico de Vietnam. En ciudades llenas de jóvenes que identifican la libertad con una motocicleta contaminante, la juventud se rebela contra años de austeridad comunista pero no contra las tradiciones familiares.

Vietnam es un país donde una maravilla natural como la Bahía de Ha Long, una de las imágenes icónicas del país, es simultáneamente una atracción turística y un desastre medioambiental. Es también una de las zonas más expuestas a los efectos del cambio climático, debido a su poca altura y su dependencia en la producción agrícola en el Delta de Mekong y al turismo. El respeto por la vida silvestre y el medioambiente son cuestiones de una prioridad baja para las autoridades.

El PCV sigue al mando

Hay cuestiones que no han cambiado con la misma intensidad. Vietnam vive todavía bajo un “sistema natural de control”, el profundo sistema de vigilancia puesto en marcha por el régimen comunista para controlar los valores y el comportamiento de su pueblo. Un sistema en el que uno de cada seis vietnamitas acabo trabajando en las fuerzas de seguridad y que desembocó en un control de las “familias cultivadas”, aquellas que se comportan de acuerdo con los valores establecidos por el partido. Aunque ha probado su eficacia en crisis como la gripe aviar y en parte ahora en la del Covid-19, el sistema resulta hoy controvertido por la difusión de Internet y las redes sociales y de cambios sociales radicales que plantean la exigencia de más libertad. A pesar de este control, la corrupción está extendida y perjudica el futuro del país.

El PCV sigue teniendo el poder. Manteniendo sus raíces leninistas, es ahora una organización elitista e inteligente en búsqueda de su propia supervivencia. Un nuevo mandarinato que ha evolucionado de un poder centralizado presente en todos los aspectos de la vida pública y social a un control frágil y parcial; de un “insignificante sistema legal”, donde las decisiones se adoptaban directamente por el PCV y su adecuación a la ley era irrelevante, a un “Estado basado en la Ley”, donde las normas son la herramienta para supervisar a emprendedores e inversores, permitiéndoles crear riqueza y empleo pero simultáneamente cumplir con las expectativas del PCV. De manera similar el partido controla el poder legislativo, los tribunales e indirectamente la prensa, los medios y la cobertura de las noticias, lo que impide considerar a Vietnam como un país realmente libre.

La vida ha sido difícil y solitaria para aquellos pocos que intentaron oponerse al régimen y promover una democracia real. El nombre del sacerdote católico padre Ly y el de sus seguidores, brutalmente reprimidos, juzgados y condenados en marzo de 2007, una vez el país fue admitido en la OMC, ensombrece la esperanza de una transición hacia una libertad política efectiva.

Política exterior y futuro

La política exterior vietnamita trata de encontrar un equilibrio en sus relaciones con dos actores principales: Estados Unidos y China, con el contrapeso de un conjunto de alianzas con terceros países. Superar las heridas de guerra y establecer una cooperación confiada en materia de seguridad es el objetivo de la política de aproximación con Estados Unidos, que ya es un inversor significativo en el país. La relación especial con China, el mayor importador de productos vietnamitas, un gigante industrial y el mayor ejército de Asia, es el otro eje de su política a pesar de los viejos conflictos territoriales.

La sobrexplotación del entorno, la desigualdad, el atrincheramiento de las élites y, sobre todo, la incertidumbre sobre la evolución del Partido Comunista de Vietnam y del sistema político son aspectos que lastran las perspectivas. Sin embargo, una población joven y bien educada, así como el flujo de inversión extranjera, constituyen razones para el optimismo sobre una mayor liberalización del país, también política.

▲ Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

En una controvertida declaración pública hecha el pasado 2 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump amagó con desplegar unidades de las Fuerzas Armadas para contener las revueltas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, y para mantener el orden público si estas llegaran a escalar en el nivel de violencia.

Con independencia de la gravedad del hecho, y más allá de que el incidente haya sido politizado y esté siendo empleado como una plataforma de expresión de rechazo a la presidencia de Trump, la posibilidad apuntada por el presidente plantea un reto casi inédito a las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos.

Por razones enraizadas en su pasado anterior a la independencia, Estados Unidos mantiene una cierta prevención contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas domésticamente contra los ciudadanos por quien ostente el poder. Por tal razón, cuando los Padres Fundadores redactaron la Constitución, a la vez que autorizaron al Congreso a organizar y mantener Ejércitos, limitaron explícitamente su financiación a un máximo de dos años.

Con este trasfondo, y con el de la tensión entre la Federación y los estados, la legislación norteamericana ha tratado de acotar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas domésticas. Así, desde 1878, la Ley de Posse Comitatus limita la posibilidad de emplearlas en el cumplimiento de misiones de mantenimiento del orden público que corresponde ejecutar a los estados con sus medios, entre los que se cuenta la Guardia Nacional.

Una de las excepciones a esta regla la constituye la Ley de Insurrección de 1807, invocada, precisamente, por el presidente Trump como argumento en favor de la legalidad de una eventual decisión de empleo. Ello, pese a que dicha ley tiene un espíritu restrictivo, pues exige en su aplicación el concurso de los estados, y porque está pensada para casos extremos en los que estos no sean capaces, o no quieran, mantener el orden, circunstancias que no parecen aplicables al caso que nos ocupa.

De lo polémico del anuncio da fe el hecho de que voces tan autorizadas y tan poco proclives a romper públicamente su neutralidad como la del teniente general (ret.) James Mattis, secretario de Defensa de la Administración Trump hasta su prematuro relevo en diciembre de 2018, o la del teniente general (ret.) Martin Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre 2011 y 2015, se hayan alzado en contra de este empleo, uniéndose con ello a las manifestaciones hechas por expresidentes tan dispares como George W. Bush o Barak Obama, o a las del propio secretario de Defensa, Mark Esper, cuya posición en contra de la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas en esta situación ha quedado clara recientemente.

El anuncio presidencial ha abierto una crisis en las habitualmente estables relaciones cívico-militares (CMR) norteamericanas. Trascendiendo el ámbito de Estados Unidos, la cuestión, de hondo calado, y que afecta a la entraña de las CMR en un estado democrático, no es otra que la de la conveniencia o no de emplear las Fuerzas Armadas en cometidos de orden público o, en un sentido más amplio, domésticos, y la de los riesgos asociados a tal decisión.

En la década de los noventa del pasado siglo, Michael C. Desch, una de las principales autoridades en el campo de las CMR, identificó la correlación existente entre las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas por un estado y la calidad de sus relaciones cívico-militares, concluyendo que las misiones militares orientadas al exterior son las que más facilitan unas CMR saludables, mientras que las misiones internas no puramente militares son susceptibles de generar diversas patologías en dichas relaciones.

De forma general, la existencia de las Fuerzas Armadas en cualquier estado obedece primordialmente a la necesidad de proteger al mismo contra cualquier amenaza que proceda del exterior. Para llevar a cabo con garantías tan alto cometido, los Ejércitos están equipados y adiestrados para el empleo letal de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los cuerpos policiales, que lo están para un uso mínimo y gradual de la misma, que solo llega a ser letal en los casos, excepcionales, más extremos. En el primer caso, se trata de confrontar un enemigo armado que intenta destruir las fuerzas propias. En el segundo, con la fuerza se hace frente a ciudadanos que pueden, en algunos casos, emplear la violencia, pero que siguen siendo, al fin y al cabo, compatriotas.

Cuando se emplean fuerzas militares en cometidos de esta naturaleza, se incurre siempre en el riesgo de que produzcan una respuesta conforme a su adiestramiento, que puede resultar excesiva en un escenario de orden público. Las consecuencias, en tal caso, pueden ser muy negativas. En el peor de los casos, y por encima de cualquier otra consideración, el empleo puede derivar en una, quizás, evitable pérdida de vidas humanas. Además, desde el punto de vista de las CMR, los soldados que la nación entrega para su defensa exterior podrían convertirse, a ojos de la ciudadanía, en los enemigos de aquellos a los que deben defender.

El daño que esto puede producir para las relaciones cívico-militares, para la defensa nacional y para la calidad de la democracia de un estado es difícilmente mensurable, pero puede intuirse si se considera que, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas no pueden vivir sin el apoyo de sus conciudadanos, que las ven como una fuerza benéfica para la nación y a cuyos miembros extienden su reconocimiento como sus leales y desinteresados servidores.

El abuso en el empleo de las Fuerzas Armadas en cometidos domésticos puede, además, deteriorar su preparación, de por sí compleja, debilitándolas para la ejecución de las misiones para las que fueron concebidas. Puede, también, terminar condicionando su organización y equipamiento en detrimento, de nuevo, de sus tareas esenciales.

Por otra parte, y aunque hoy en día nos veamos muy lejos y a salvo de un escenario así, este empleo puede derivar, paulatinamente, hacia una progresiva expansión de los cometidos de las Fuerzas Armadas, que extenderían su control sobre actividades netamente civiles, y que verían ampliada cada vez más su paleta de cometidos, desplazando en su ejecución a otras agencias, que podrían, indeseablemente, atrofiarse.

En tal escenario, la institución militar podría dejar de ser percibida como un actor desinteresado para pasar a ser considerada como un competidor más con intereses particulares, y con una capacidad de control que podría utilizar en su propio beneficio, incluso si éste estuviera contrapuesto al interés de la nación. Tal situación, con el tiempo, llevaría de la mano a la politización de las Fuerzas Armadas, de donde se seguiría otro daño a las CMR difícilmente cuantificable.

Decisiones como la apuntada por el presidente Trump pueden, finalmente, poner a los miembros de las Fuerzas Armadas frente al grave dilema moral de emplear la fuerza contra sus conciudadanos, o desobedecer las órdenes del presidente. Por su gravedad, por tanto, la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas en estos cometidos debe ser tomada de forma excepcional y tras haberla ponderado cuidadosamente.

Es difícil determinar si el anuncio hecho por el presidente Trump fue tan solo un producto de su temperamento o si, por el contrario, encerraba una intención real de emplear a las Fuerzas Armadas en los disturbios que salpican el país, en una decisión que no se ha producido desde 1992. En cualquier caso, el presidente, y quienes le asesoren, deben valorar el daño que de ella puede inferirse para las relaciones cívico-militares y, por ende, para el sistema democrático norteamericano. Ello sin olvidar, además, la responsabilidad que recae sobre los hombros de Norteamérica ante la realidad de que una parte de la humanidad mira al país como una referencia y modelo a imitar.

COMENTARIO / Carlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

▲ Personal de ACNUR construyendo una carpa para refugiados venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta [ACNUR]

COMENTARIO / Paula Ulibarrena

Las restrictivas medidas impuestas por los estados para tratar de contener la epidemia de coronavirus implican para millones de personas dejar de ir a trabajar o hacerlo desde casa. Pero no todos pueden parar su actividad o pasar al teletrabajo. Hay trabajadores por cuenta propia, pequeños comercios, tiendas de barrio, comerciantes ambulantes o vendedores callejeros, y artistas independientes que viven prácticamente al día. Para ellos y para amuchas otras personas que queden sin ingresos o los vean reducidos, los gastos seguirán igualmente corriendo: pago de servicios, alquileres, hipotecas, colegiaturas y, por supuesto, alimentos y medicinas.

Todos estos impactos sociales que está acarreando la crisis por el coronavirus ya empiezan a cuestionarse entre quienes viven en la “zona roja” de la epidemia. En Italia, por ejemplo, algunos colectivos políticos han demandado que las ayudas no sean para las grandes empresas, sino para este conjunto de trabajadores precarios o familias necesitadas y están exigiendo una “renta básica de cuarentena”.

Planteamientos semejantes están surgiendo en otras partes del mundo e incluso ha llevado a que algunos mandatarios a adelantarse a las exigencias de la población. En Francia, Emmanuel Macron anunció que el gobierno asumirá los créditos, y suspendió el pago de alquileres, impuestos y recibos de luz, gas y agua. En Estados Unidos el gobierno de Donald Trump anunció que se enviarán cheques a cada familia para enfrentar los gastos o riesgos que implica la pandemia.

En otras grandes crisis el Estado ha salido a rescatar a las grandes empresas y bancos. Ahora se reclama que los recursos públicos se dediquen a rescatar a los más necesitados.

En toda crisis, son los más desfavorecidos los que peor lo pasan, hoy hay en el mundo más de 126 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos 70 millones de desplazados forzosos. Dentro de estos colectivos comenzamos a conocer los primeros casos de infectados (campo de desplazados de Ninive-Irak, Somalia, Afganistán, Nigeria, Sudán, Venezuela….), el informe de casos en Burkina Faso es particularmente ilustrativo del desafío de responder en un contexto donde la atención médica es limitada. Los refugiados malienses que una vez fueron desplazados a Burkina Faso están siendo obligados a regresar a Malí, y la violencia continua inhibe el acceso humanitario y médico a las poblaciones afectadas.

Muchos campos de refugiados sufren de insuficientes instalaciones de higiene y saneamiento, lo que crea condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Los planes oficiales de respuesta en los Estados Unidos, Corea del Sur, China y Europa requieren distanciamiento social, lo que es físicamente imposible en muchos campamentos de desplazados y en los contextos urbanos abarrotados en los que viven muchas personas desplazadas por la fuerza. Jan Egeland, director general del Consejo Noruego para los Refugiados, advirtió que COVID-19 podría "diezmar las comunidades de refugiados". 

Jacob Kurtzer, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, advierte que las políticas nacionales de aislamiento en reacción a la propagación de COVID-19 también tienen consecuencias negativas para las personas que enfrentan emergencias humanitarias. Así el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones han anunciado el fin de los programas de reasentamiento de refugiados, ya que algunos gobiernos anfitriones han detenido la entrada de refugiados e impusieron restricciones de viaje como parte de su respuesta oficial.

Para agravar estos desafíos está la realidad de que la financiación humanitaria, que apenas puede satisfacer la demanda mundial y que puede verse afectada ya que los estados donantes consideran que en este momento deben enfocar dichos fondos a la respuesta al Covid-19.

En el lado contrario el coronavirus podría suponer una oportunidad de reducción de algunos conflictos armados. Por ejemplo, la Unión Europea ha pedido el cese de las hostilidades y el cese de las transferencias militares en Libia para permitir que las autoridades se concentren en responder a la emergencia de salud. El Estado Islámico ha publicado repetidos mensajes en su boletín informativo de Al-Naba pidiendo a los combatientes que no viajen a Europa y que reduzcan los ataques mientras se concentran en mantenerse libres del virus. 

Kurtzer sugiere que esta es una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del trabajo humanitario en el extranjero y garantizar que no se pase por alto. Curiosamente los países desarrollados se enfrentan a una vulnerabilidad médica real, de hecho Médicos Sin Fronteras ha abierto instalaciones en cuatro ubicaciones en Italia. Cooperar con organizaciones humanitarias confiables a nivel nacional será de vital importancia para responder a las necesidades de la población y al mismo tiempo desarrollar una mayor comprensión del trabajo vital que realizan en entornos humanitarios en el extranjero.

▲ Vista nocturna de Shanghái [Pixabay]

COMENTARIO / Jimena Puga

La nueva Ley china sobre inversión extranjera, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene como principal objetivo acelerar las reformas de política económica del país para abrir el mercado interior y eliminar trabas y contradicciones de la ley anterior. Tal y como ha comunicado el presidente de la Republica Popular, la nueva norma pretende construir un mercado basado en la estabilidad, la transparencia, la previsibilidad y la competencia leal para los inversores extranjeros. Además, las autoridades chinas aseguran que esta nueva ley representa una parte fundamental de la política del Estado para abrirse al mundo y atraer una mayor cantidad de inversión extranjera directa.

El borrador de la norma, redactado en 2015, creó altas expectativas entre los reformistas chinos y los inversores extranjeros sobre un cambio en el régimen de la política de inversiones extranjeras del país. Y su publicación en 2019, año al final del cual el presidente de Estados Unidos y el de la Republica Popular acordaron un paréntesis en la guerra comercial de la que ambos son protagonistas, significó un avance en este cambio.

No obstante, la realidad es distinta. La postura de Pekín en cuanto a la inversión extranjera sigue siendo significativamente diferente en comparación con la concepción de inversión existente en la arena internacional, pero parte del sector reformista de la sociedad sabe que el gobierno no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de mejora tras la paulatina ralentización de la inversión nacional en el mercado chino en la última década.

Por el contrario, y teniendo en cuenta la imagen que el Imperio del Centro ha querido proyectar al mundo desde la apertura del régimen, podría pensarse que el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista habrían aprovechado la oportunidad de dar un lavado de cara a una nueva política que, en comparación con la laberíntica y anterior ley, sería sistemática y percibida de manera más amable por los países inversores, como medio para revivir los decrecientes índices de progreso económico. El nuevo acercamiento de la potencia asiática al libre mercado es, por tanto, una cortina de humo sustentada en el establecimiento de protocolos que definen vagamente los límites de los derechos de los que gozan los inversores extranjeros.

Como complemento al contenido de la ley de inversión extranjera, la regulación destaca su promoción y protección y detalla las medidas necesarias para asegurar su efectiva implementación. Esta promueve la inversión por la vía de protección de los derechos e intereses de los inversores, normalizando la administración de la inversión extranjera, mejorando el entorno de los establecimientos mercantiles, así como fomentando el avance de la apertura del mercado con un mayor alcance.

En concreto, el precepto estipula que las empresas de inversión extranjera gozarán de las mismas políticas favorables que las compañías domésticas. Además, detalla las medidas para proteger los negocios de forma confidencial y mejorar el mecanismo para la presentación de sugerencias de las firmas extranjeras a las autoridades.

También recoge y clarifica la implementación de un mecanismo de listas negativas de acceso a inversión extranjera y detalla el sistema de registro y notificación de este tipo de inversiones. Por ultimo, regula también las políticas de inversión para empresas establecidas en Hong Kong, Macao y Taiwán, y las responsabilidades legales para las violaciones de esta regulación.

Desde el plano estrictamente jurídico, el artículo 2 del precepto define el concepto de inversión extranjera como “actividad de invertir de forma directa o indirecta llevada a cabo por personas naturales, empresas u otras organizaciones extranjeras”, y además contempla cuatro circunstancias que se consideran parte de este tipo de inversión:

• Quien establece una empresa en el territorio chino tanto solo como con otro inversor

• Quien adquiere participaciones, acciones… u otros derechos e intereses de una empresa en el territorio chino

• Quien invierte en cualquier proyecto nuevo en China, tanto solo como con otro inversor

• Quien invierte en cualquier otro modo estipulado por ley, reglamentos administrativos o provisiones del Consejo de Estado

Con el término “empresa de inversión extranjera”, se refiere a una empresa incorporada al territorio chino bajo la ley de China y con toda o parte de su inversión financiada de un inversor extranjero.

No obstante, y tal y como se menciona anteriormente, a pesar de las importantes innovaciones de esta ley, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, no especifica qué es la inversión indirecta. Tampoco especifica el alcance de “persona natural extranjera”: ¿qué ocurre con los chinos que adquieren otra nacionalidad? ¿y con los extranjeros que adquieren la ciudadanía china? Además, el legislador tampoco clarifica si la inversión proveniente de Hong Kong, Macao o Taiwán será considerada inversión extranjera.

Los artículos 4 y 28 de la nueva ley establecen que China adoptará el sistema de gestión del pre-establecimiento de tratamiento nacional (principio que garantiza a los inversores extranjeros y a sus inversiones acceso a los mercados sin desventajas, y por tanto en las mismas condiciones que los nacionales). Y el sistema de la Lista Negativa para la inversión extranjera, el cual consiste en medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a determinados campos. Es decir, el gobierno tratará como nacionales a todas aquellas inversiones extranjeras fuera de la Lista Negativa.

Este sistema de Lista Negativa fue probado por primera vez en la ZEE de Shanghái y expandido por el país en 2018. Tanto el artículo 4 como el 28 clarifican que la nueva Lista Negativa será promulgada previo acuerdo del Consejo de Estado. Lo cual supone que ni los ministros ni los gobiernos locales podrán establecer restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué falta? Si los inversores quieren acceder a los sectores restringidos bajo la Lista Negativa, deben recibir autorización del Ministerio de Comercio, trámite que el legislador no recoge en la normativa.

Por otro lado, los artículos 34 y 37 de la nueva ley establecen el sistema de comunicación sobre el establecimiento de nuevas inversiones para la gestión y organización de las mismas.

De acuerdo con esos puntos, los inversores extranjeros están obligados a comunicar toda información relevante al departamento de comercio regulado por la Empresa de Sistema de Registro o la Empresa de Sistema de Publicidad de Información Crediticia. En estos artículos se recogen también las penalizaciones por incumplimiento. Pero una vez más, en este campo faltan requisitos de forma en cuanto a cómo y qué contenido se requiere para la comunicación de la información al departamento de comercio.

Este nuevo giro en la política económica se traduce, una vez más, en una estrategia mediante la cual Pekín pretende proyectarse en el panorama internacional como potencia económica poderosa e innovadora, tratando de ocultar la ralentización de su mercado interior y los daños sufridos por la guerra comercial contra Washington. Sin embargo, teniendo en cuenta los vacíos legales analizados en los artículos mencionados y su vaga y ambigua escritura, las empresas extranjeras tendrán que esperar a determinar lo que esta reforma supone realmente tras su puesta en práctica.

▲ Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

COMENTARIO* / Salvador Sánchez Tapia

La muerte en Irak del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza iraní Quds, a manos de un dron norteamericano es un eslabón más en el proceso de creciente deterioro de las, ya de por sí malas, relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo último capítulo se vive desde 2018, año en que el presidente Trump decide romper el denominado “acuerdo nuclear” (JCPOA) suscrito con Irán en 2015 por la administración Obama y los demás miembros del G 5+1.

El ataque sobre Soleimani, ejecutado como represalia por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque lanzado, al parecer, por la milicia irakí chiíta Kataib Hezbollah sobre la base K1 de los Estados Unidos en Kirkuk el pasado 27 de diciembre, ha supuesto un cambio cualitativo en el tipo de respuesta que Estados Unidos acostumbran a dar a incidentes de este tipo pues, por primera vez, el objetivo ha sido un alto responsable militar de la República Islámica de Irán.

Inmediatamente después del asesinato, durante las exequias por el general fallecido, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, anunció en términos un tanto apocalípticos que el ataque no quedaría sin respuesta, y que esta vendría directamente de manos iraníes, no a través de proxies. Ésta llegó, en efecto, la noche del pasado 8 de enero en forma de un ataque masivo con misiles sobre dos bases militares estadounidenses situadas al oeste de Irak y en el Kurdistán iraquí. Contradiciendo declaraciones iraníes que hablaban de que los bombardeos habrían producido unos ochenta muertos norteamericanos, la administración estadounidense se apresuró a asegurar que no se había registrado ninguna baja por los ataques.

Tras este nuevo ataque, el mundo contuvo la respiración esperando una escalada por parte de Washington. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump del propio 8 de enero parecieron rebajar la tensión con el argumento de que la ausencia de bajas norteamericanas era indicativa de un intento iraní de desescalar. Estados Unidos no responderá militarmente, aunque anunció la intención de endurecer el régimen de sanciones económicas hasta que el país cambie de actitud. Con ello, el riesgo de una guerra abierta en la región parece conjurado, al menos momentáneamente.

¿Nos afecta la tensión entre Estados Unidos e Irán?

Evidentemente, sí, y de varias formas. En primer lugar, no podemos obviar que varios países de Europa, entre los que se encuentra España, mantienen importantes contingentes militares desplegados en la región, operando en los marcos de la OTAN, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en misiones como “Inherent Resolve” en Irak, “Resolute Support” en Afganistán, UNIFIL en Líbano, “Active Fence” en Turquía, o “Atalanta” en la zona del Cuerno de África.

En los casos de Irak y Afganistán en particular, las tropas españolas desplegadas en las misiones antes mencionadas trabajan en estrecha colaboración con otros aliados de la OTAN, entre los que se encuentra Estados Unidos. Aunque en principio los soldados españoles –o, para el caso, los de las otras naciones OTAN– no están en el punto de mira de las respuestas iraníes, dirigidas específicamente contra Norteamérica y sus intereses, no cabe duda de que cualquier ataque de Irán sobre unidades estadounidenses podría afectar de forma colateral a los contingentes de otras naciones operando con ellas, aunque sólo sea por una cuestión de mera proximidad geográfica.

Menos probable es que Irán intentara una respuesta contra algún contingente no norteamericano a través de alguno de sus proxies en la región. Este sería el caso, por ejemplo, de Hezbollá en Líbano, país en el que España mantiene un importante contingente cuya seguridad podría verse afectada si este grupo, bien por iniciativa propia, o a instancias de Irán, intentara atacar a alguna unidad o instalación de UNIFIL. Esta opción, como decimos, es considerada como poco probable por el impacto negativo que tendría sobre la comunidad internacional en general, y por la proximidad a Israel del despliegue de UNIFIL.

La escalada ha producido un incremento del nivel de alerta y un refuerzo de las tropas que Estados Unidos mantiene en la región. Si el incremento de la tensión continuara, no sería descartable que Washington llegara a articular algún tipo de respuesta militar directa sobre Irán para la que podría apelar al apoyo de sus socios y aliados, sea con tropas o con recursos. Es difícil determinar en qué momento y condiciones se podría producir tal solicitud, con qué objeto y, muy importante, qué respuesta daría Europa a la misma, teniendo en cuenta la preocupación con que el Viejo Continente observa una escalada en la que no está interesada, y el estado de relativa frialdad que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Como consecuencia del asesinato, Irán ha hecho pública su intención de desvincularse totalmente de las cláusulas del acuerdo nuclear que aún observaba. En otras palabras, manifiesta sentirse libre para continuar con su programa nuclear. Indudablemente, este último clavo en el ataúd del JCPOA puede desembocar en una abierta carrera nuclear en la región con consecuencias negativas para la seguridad regional, pero también para la europea. El aumento del número de potencias nucleares es, por sí mismo y desde nuestro punto de vista, una mala noticia.

Por último, y como efecto secundario de la escalada, el precio del barril de petróleo comienza a mostrar una inquietante tendencia alcista. Si no hay medidas correctoras por la vía del incremento de producción de otros países, la tendencia podría mantenerse. No es necesario abundar en lo que el aumento del precio del petróleo significa para la economía europea y, desde luego, para la nacional.

Rusia y China en la crisis

Rusia está haciendo esfuerzos para reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia en la región y para presentar a Norteamérica como un socio poco fiable, que abandona a sus aliados en dificultades. La escalada de la crisis puede tener un impacto negativo en ese esfuerzo, retardándolo o, en el peor de los casos, terminando con él si, finalmente, Estados Unidos llegara a revertir su política de paulatino abandono de Oriente Medio por mor de un aumento de la tensión con Irán. La retórica rusa será contraria a Washington. A la postre, sin embargo, no hará nada para que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumente y sí, probablemente, para que se mantenga dentro de un nivel tolerable o disminuya.

Rusia no es tanto un aliado incondicional de Irán, como uno de conveniencia. Irán es un competidor de Rusia por influencia en la región –en particular, en Siria–, y puede intentar influir negativamente sobre el islamismo de la Federación Rusa. Por otro lado, Rusia no está entusiasmada con la idea de que Irán se dote de armas nucleares.

La postura de China está condicionada por su gran dependencia del flujo estable de petróleo de Oriente Medio. Por este motivo, no tiene ningún interés en la inestabilidad que acarrea este incremento de la tensión. Previsiblemente actuará como un elemento moderador, tratando de utilizar la crisis como una oportunidad para incrementar su influencia en la región. China no está interesada per se en convertirse en árbitro de la seguridad en la región, pero sí está interesada en una región estable, amigable para el comercio.

El proyecto “One Belt, One Road” es otra de las razones por las que China tratará de mantener la crisis dentro de unos límites asumibles. Oriente Medio es un elemento clave en el proyecto chino de recreación de una suerte de nueva Ruta de la Seda. Una guerra abierta entre USA e Irán podría afectar negativamente a este proyecto.

En resumen, ni Rusia ni China están interesados en una escalada entre Estados Unidos e Irán que pueda desembocar en una guerra abierta entre ambas naciones que ponga en peligro el suministro de petróleo, en el caso de China, y el asentamiento como principal potencia internacional en la región, en el caso de Rusia. Ambos tratarán de atemperar la respuesta iraní, incluso si, a nivel de declaraciones, se manifiestan en contra del asesinato de Soleimani.

* Este texto alarga un comentario previo realizado por el autor a El Confidencial Digital.

Con el acuerdo alcanzado entre la UE y Johnson y los sondeos favorables a este en las elecciones del 12 de diciembre, se vislumbra un posible final del Brexit

▲ Instalación contra el Brexit, durante una protesta en Manchester en 2017 [Robert Mandel, Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Pablo Gurbindo

Desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la salida de los británicos ha ensombrecido cualquier otro tema, como las trascendentales pasadas elecciones europeas, y ha provocado la división del espectro político británico entre los que apoyan la permanencia y los que apoyan la salida.

 El “Brexit” también se ha llevado por delante a dos primeros ministros: David Cameron, tras el referéndum, y a su sucesora, Theresa May, quien dejó el cargo al no conseguir que su acuerdo alcanzado con la UE fuera aprobado por el Parlamento británico. Y puede ser su sucesor, Boris Johnson, el polémico exalcalde de Londres que hizo campaña por el voto para la salida de la Unión, el que consiga sacar a su país de estos más de tres años de incertidumbre.

La llegada de Johnson al 10 de Downing Street preocupó mucho en las capitales europeas. Desde el principio, afirmó que conseguiría sacar a su país de la Unión Europea, con acuerdo o sin él, antes del 31 de octubre. Y, en septiembre, no se cortó en suspender temporalmente el Parlamento para que la oposición no pudiera vetar una posible salida sin acuerdo. Este cierre fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y la oposición consiguió que la hipotética salida sin acuerdo solo pudiera ser acordada por el Parlamento. A pesar de todo esto, las negociaciones en Bruselas no se detuvieron y, el 17 de octubre, se anunció que se había llegado a un acuerdo.

El acuerdo alcanzado es, en gran medida, similar al que se llegó con Theresa May. El principal cambio ha sido la “salvaguarda” irlandesa, el apartado más criticado en su momento por la oposición y por el ala más dura de los “tories”. Esta medida implicaba que, si la Unión Europea y el Reino Unido no llegaban a un acuerdo para 2020, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido sí que los abandonaría.

Este sistema provocó un gran rechazo, especialmente en el Partido Unionista Democrático (DUP en sus siglas en inglés). De este partido unionista norirlandés, May y todavía Johnson, dependían y dependen para poder aprobar el acuerdo en el Parlamento británico. Esta preocupación por la nueva frontera entre las dos Irlandas responde al riesgo que supone para los Acuerdos de Viernes Santo. Gracias a estos acuerdos se devolvió la paz a Irlanda del Norte, enfrentada en el siglo pasado entre grupos católicos, que defendían la unificación con Irlanda, y los unionistas protestantes, que defendían mantener los lazos con el Reino Unido. La ruptura de estos acuerdos podría provocar el regreso de la violencia a la isla.

Acuerdo alcanzado

Este nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte, propuesto por Johnson, está basado en tres elementos principales, según indicó el negociador para el Brexit de la Unión Europea, el francés Michel Barnier:

(1) Irlanda del Norte seguirá cumpliendo ciertas reglas aduaneras de la UE, especialmente las relacionadas con bienes y productos. Pero, para evitar cualquier tipo de frontera con Irlanda, los controles solo se harán con los productos que lleguen a los puertos norirlandeses. Estas verificaciones serán llevadas a cabo por los británicos cumpliendo para ello con las normas comunitarias.

(2) Sin embargo, continuará formando parte de la Unión Aduanera Británica, por lo que cualquier acuerdo de comercio que alcance el Reino Unido tras el Brexit incluirá a Irlanda del Norte. El problema es que estos dos elementos entran en conflicto: Irlanda del Norte formaría parte de las uniones aduaneras británicas y también de las comunitarias. Para solucionar el problema que pudiera producir esta “bicefalia aduanera”, a los productos de terceros países –que no vayan después a pasar a otro país del mercado común– se les aplicarán los impuestos del Reino Unido. Pero si los productos tienen el riesgo de pasar al mercado común, las autoridades británicas aplicarán las tarifas comunitarias.

(3) Por último, el acuerdo con Johnson será un acuerdo permanente siempre que la Asamblea de Irlanda del Norte no decida lo contrario. Dicho acuerdo habilita a este órgano a votar si decide mantener o abandonar el estatus acordado, una vez que transcurran cuatro años desde que el protocolo entre en vigor. En el caso de que ratifiquen el acuerdo se extenderá cuatro u ocho años, dependiendo de si es una mayoría simple o si tiene un apoyo mayoritario (con el apoyo de las comunidades protestantes y católicas). En caso contrario, se seguirán aplicando las leyes europeas dos años más, tiempo en el que la UE y el Reino Unido deberán llegar a un nuevo acuerdo.

La prórroga y convocatoria de elecciones

Tras el anuncio del acuerdo alcanzado, restaba lo más complicado: ratificarlo en el Parlamento británico, y en tiempo récord, ya que la fecha límite era el 31 de octubre. Johnson fue forzado por el Parlamento a pedir una extensión a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020, en contra de sus deseos de mantener su promesa de salir el 31 de octubre. Esta petición no se libró de polémica al enviar Johnson dos cartas: una pidiendo la extensión, que no firmó, y otra firmada en la que expresaba que vería la extensión como un “error” y que sería “profundamente corrosivo” para su país.

El 29 de octubre el Consejo Europeo aceptó la prórroga al 31 de enero de 2020 para dejar tiempo a la ratificación del Acuerdo de Salida. El Reino Unido podría abandonar la Unión antes, el 1 de diciembre de 2019 (fecha que ya ha pasado) o el 1 de enero de 2020 en caso de que ambas partes ratificaran el apoyo. Esta prórroga fue aprobada por los 27 de forma unánime, a pesar de las reticencias por parte de Francia. El país galo defendía que esta prórroga larga se debía otorgar solo si había seguridad de que habría elecciones en el Reino Unido; de lo contrario, abogaban por una extensión técnica más corta, para que hubiera tiempo para ratificar el Acuerdo de Salida.

Para llevar a cabo el Brexit, Johnson, ante el “obstruccionismo parlamentario” pidió la convocatoria de elecciones anticipadas para cambiar la aritmética del Parlamento y poder aprobar el acuerdo alcanzado con la UE. Esta convocatoria fue rechazada dos veces por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, principal partido de la oposición. Pero tras conocer que el Consejo Europeo aceptaba la prórroga apoyó la convocatoria.

Conclusión

Con elecciones previstas para el próximo 12 de diciembre el viento parece soplar a favor de Johnson. Las encuestas le favorecen con un porcentaje del 40% del voto. Muy por detrás, los laboristas, con un 29%, perderían apoyo a favor del Partido Liberal Demócrata de Jo Swinson, que subiría al 15% (de 7,4% en las anteriores elecciones). Este ascenso de los “Lib Dems” se debería principalmente a su firme apoyo a la permanencia en la UE, a diferencia de Corbyn, que ha mantenido una posición neutral a pesar de que el 70% de los votantes laboristas apoyan la permanencia. Por otro lado, la mayoría conservadora permitiría a los “tories” dejar de depender del DUP para alcanzar mayorías parlamentarias suficientes.

Por si no fuera suficiente, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha anunciado que para facilitar una mayoría conservadora su partido no se presentará en las circunscripciones donde el Partido Conservador ganó en las anteriores elecciones. Para así asegurar la salida del Reino Unido de la Unión y evitar un nuevo referéndum.

Si se cumplen estos sondeos Johnson obtendría su tan ansiada mayoría para poder aprobar la salida.

Después de más de tres años se vislumbra un final plausible al Brexit.