El deterioro de los últimos años parece hacerse corregido en varios indicadores sobre salud democrática y entorno económico

Costa Rica ha constituido tradicionalmente un modelo de funcionamiento democrático en una región con serios déficits institucionales, lo que le ha valido un papel de mediador en diferentes conflictos. El aumento de los problemas internos –huelgas, protestas ciudadanas, crisis del bipartidismo...– han parecido laminar los últimos años el prestigio internacional costarricense. ¿Sufre Costa Rica un deterioro democrático e institucional?

▲ Fachada del Teatro Nacional de Costa Rica, en San José [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La inquietud política de los últimos años en Costa Rica, en un contexto regional de “voto del enojo” y del consiguiente “fenómeno outsider”, ha dado la impresión de un retroceso en las virtudes institucionales del país. El objetivo de este artículo es determinar, atendiendo a distintos indicadores sobre salud democrática y satisfacción económica y política, si existen datos objetivos que ratifiquen esa percepción.

Para este propósito se analizarán primero un conjunto de indicadores, elaborados por el Banco Mundial, la Fundación Konrad Adenauer y la revista The Economist, y luego se tendrán también en cuenta algunos resultados de la encuesta Latinobarómetro. Compararemos los valores registrados en 2010, 2013, 2016 y, cuando sea posible, 2018.

Indicadores

En cuanto al Democracy Index elaborado por The Economist, aunque Costa Rica mantiene su segundo puesto entre las democracias latinoamericanas, por detrás de Uruguay y por delante de Chile (son los tres países que suelen obtener mejor nota en los diferentes parámetros institucionales de la región), en el último decenio se observa un declive democrático costarricense, aparentemente superado en el más reciente informe. De una puntuación de 8,04 lograda en el Democracy Index de 2010, Costa Rica bajó a 8,03 en 2013 y 7,88 en 2016, para recuperar terreno en 2018 con un 8,07. El país sigue siendo la mejor democracia de Centroamérica, seguida a distancia de una estable Panamá.

El deterioro de los últimos años también ha sido recogido por el Índice de Desarrollo de las Democracias en Latinoamérica (IDD-LAT), de la Fundación Konrad Adenauer, que aún no ha publicado datos referidos a 2018, por lo que este índice no puede avalar si ha habido una reciente recuperación. En 2010, Costa Rica contaba con una puntuación media de 9,252; apenas varió en 2013, con un cifra de 9,277, pero bajó claramente en 2016, con 8,539 puntos. Los componentes del índice que más se resintieron fueron el de creación de políticas de bienestar y el de eficiencia económica, donde bajó del 1º y 5º puesto, respectivamente, al 8º y 12º. El hecho de que Costa Rica se mantuviera esos años entre el puesto 1º y 3º en derechos civiles y políticos y en eficiencia institucional y política muestra que la inquietud social de esos años estuvo más en la esfera económica que en la institucional.

Los indicadores de Buen Gobierno del Banco Mundial registran también un pequeño retroceso en el caso de Costa Rica entre los años 2013 y 2016 (datos más recientes aún no han sido publicados). En cuanto a los baremos de Estado de Derecho y Efectividad del Gobierno la puntuación bajó de 0,6 y 0,5, respectivamente, a 0,5 y 0,4. En el baremo de Control de Corrupción apenas ha habido cambios.

Valoración ciudadana

Los anteriores indicadores están elaborados por expertos, que al aplicar criterios estandarizados procurar ofrecer una estimación objetiva. Pero también hemos querido tener en cuenta la opinión de los mismos ciudadanos, manifestada en la encuesta Latinobarómetro. Estas pueden ser útiles para indicar la percepción que existe entre la población en torno a la salud institucional del país: la satisfacción que existe sobre el sistema de gobierno y sobre el sistema económico.

El valor de la democracia se mantiene en altos porcentajes en Costa Rica, a pesar de una tendencia negativa en el conjunto de la región. Atendiendo a cuatro valores que el Latinobarómetro ha incluido en sus encuestas correspondientes a los años aquí elegidos para nuestra comparación, vemos que efectivamente en 2016 la percepción ciudadana era la de un empeoramiento de la situación, pero en 2018 se observa una mejora, alcanzando niveles incluso más positivos que en 2013. En cuanto a la valoración de la democracia, su consideración como mejor sistema de gobierno bajó del 77% al 72% y luego ha subido de nuevo al 77%, mientras que su catalogación como sistema preferible ha ido en aumento: 53%, 60% y 63%.

La percepción del entorno económico, por su parte, tuvo un bache en 2013, pero hoy se sitúa en mejores condiciones. La afirmación de “se está progresando” bajó del 15% al 12%, pero en 2018 llegó al 22%, mientras que la satisfacción con las perspectivas económicas personales futuras descendió del 45% al 20% para estar en 2018 en el 52%.

Inquietud política

Costa Rica es un país que conserva unas instituciones fuertes, aunque el panorama político se encuentra más dividido. Prueba de ello es el fin del bipartidismo (1953-2014), propiciado por el menor apoyo al Partido de Liberación Nacional (PLN) y al Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) y el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), al que pertenece el actual presidente del país, Carlos Alvarado.

Asuntos de corrupción como el “caso cimentazo”, la elevada deuda pública que ha obligado a recortes en un país con ciertas prestaciones sociales muy consolidadas y un ambiente tanto regional como internacional proclive a soluciones populistas pueden estar detrás del desasosiego político observado en Costa Rica los últimos años.

Esto ocurre en un contexto del “voto del enojo” en Latinoamérica, que surge como consecuencia de las actuaciones políticas de los últimos veinte años en la región y de un fortalecimiento de las clases medias. La insatisfacción ciudadana ha propiciado el surgimiento de políticos outsider: gente con relativa popularidad, corta carrera política, sin estrategia determinada y con un discurso “anti-político”. Se trata de un patrón que, aunque está en el surgimiento del PAC, en cualquier caso no se corresponde plenamente con la personalidad del presidente Alvarado, quien en realidad parece haber contribuido a reconducir la inquietud costarricense.

Conclusiones

Así, del análisis de los datos aquí observados, cabe concluir que efectivamente hubo un ligero deterioro tanto de las circunstancias institucionales como especialmente de las condiciones o expectativas económicas entre 2013 y 2016, pero los distintos baremos han vuelto en 2018 a valores previos, incluso mejorando en algún caso cotas de hace diez años. Esto es algo que se observa tanto en los indicadores a cargo de expertos que siguen procedimientos objetivos estandarizados como en las encuestas de percepción subjetiva ciudadana.

La muestra utilizada y las catas temporales realizadas no han sido exhaustivas, por lo que no es posible especificar si las variaciones aquí constatadas son vaivenes circunstanciales o son parte de una tendencia que apunte en una determinada dirección.

[Condoleezza Rice, Amy B. Zegart, Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity. Hachette Book Group. New York, May 2019]

REVIEW / Rossina Funes Santimoni

Every year Stanford Graduate School of Business offers their students a seminar in Political Risk. The classes are taught by former U.S Secretary of State Condoleezza Rice and the renowned academic Amy B. Zegart. Motivated by their students, they decided to turn their classes into a book in order to allow more people and organizations to navigate the waters of political risk.

The work titled Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity is divided into ten chapters. The authors start by explaining the contemporary concept of political risk. Consequently, theoretical framework is added as they advance in the explanation, in this way making it useful for the reader in order to understand, analyze, mitigate and answer efficiently to political risks. Their ultimate objective is to provide functional framework that can be utilized in any organization or by any person to improve political risk management. 

Rice and Zegart define the twenty-first-century political risk as the probability that a political action could significantly affect a company’s business. Nowadays, the public and the private sphere are constantly changing and evolving. Everything is more complex and intertwined. Governments are no longer the only ones playing an important role in business decisions. The authors emphasize how companies need to efficiently deal with the political risks spawn by an increasing diversity of actors, among which is anyone with access to social media. In order to illustrate the latter, the authors make use of real-life examples, for instance the Blackfish Effect. It is named after a low-budget investigative documentary with the same title that depicted how SeaWorld Entertainment's treatment of orcas harmed both the animals and their human trainers. The film that started with one woman reading a story about orcas triggered political action at the grassroots, state and federal levels, ending up with devastating consequences from which the company has still have not recovered up to now. These cascading repercussions of the film have been denominated the Blackfish Effect. 

The work is well equipped with more examples about distinguished companies’ experience. Among the organizations cited are Lego Company Group, FedEx, Royal Caribbean and Nike. Some have excelled in dealing with political risk and some have failed. However, both sides of the coin are useful to learn and to understand how the convoluted world of political risks management work.

Nowadays, risk generators perform at five intersecting levels including individuals, local organizations and governments, national governments, transnational organizations, and supranational and international institutions. Therefore, today’s risks are different from the old ones, even if those still persist. With this in mind, Rice and Zegart shed a light on these days’ top ten political risks: geopolitics, internal conflict, policy change, braches of contract, corruption, extraterritorial reach, natural resource manipulation, social activism, terrorism and cyber threats.

Nevertheless, even if the theory is laid out, the question still haunts us: Why is good political risk management so hard? The authors dedicate a whole chapter investigating it and conclude that there are “Five Hards”. Political risk is hard to reward, hard to understand, hard to measure, hard to update, and hard to communicate. Therefore, in order to succeed at its management, one must get right the four basics: understanding, analyzing, mitigating and responding to risks. Rice and Zegart dedicate the remaining four chapters of the book expanding on each basic and, again, employing examples to better illustrate their knowledge.

The thing about political risks is that they are always there. They are imminent and we can do nothing more than try to prevent them and learn from them, to use the present in order to make the best of it for the future. It is not about predicting the future, which is impossible. “No one ever builds a disaster recovery plan that allows for the destruction of everybody in the office at 8:45 am. That is never the plan” assures Howard W. Lutnick, CEO at Cantor Fitzgerald on the how the company dealt with the 9/11 terrorist attack aftermath. Paradoxically, Rice and Zegart maintain that the best way to deal with crises is not having them. Henceforth, they dedicate a whole chapter to providing key takeaways in order to better respond to crises. Politics has always been an unpredictable business. There is no one that can discern accurately how human history is going to unfold. However, the authors are convinced that managing political risks does not have to be pure guesswork and that being prepare is essential and can improve companies performances in a great deal.

Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity completely revamps the way we reflect on the topic. It is easy to notice both authors proficiency in the field. On one hand, the past experiences of former U.S Secretary of State Condoleezza Rice serve as anecdotes to elucidate the build-up of the theoretical framework. It is valuable to have such a persona to act as a primary source that has lived among other high-end characters and important people in history. On the other hand we have Professor Amy B. Zegart, who with her natural eloquence excels in conveying the importance of political risk management nowadays. Consequently, everyone can get a precious lesson from this book, ranging from students that are interested in navigating the sphere, to everyday workers, company owners and public servants.

From Iranian strategic perspective the Sunni-Shi‘a divide is only part of its larger objective of exporting its revolution.

▲ Escena militar de un altorrelieve de la antigua Persia [Pixabay]

ESSAY / Helena Pompeya

At a first glance it may seem that the most important factor shaping the dynamics in the region is the Sunni-Shi’a divide materialized in the struggle between Saudi Arabia and Iran over becoming the main hegemonic power in the region. Nonetheless, from the strategic perspective of Iran this divide is only part of its larger objective of exporting its revolution.

This short essay will analyze three paths of action or policies Iran has been relying on in order to exert and expand its influence in the MENA region: i) it’s anti-imperialistic foreign policy; ii) the Sunni-Shi’a divide; and iii) opportunism. Finally, a study case of Syria will be provided to show how Iran made use of these three courses of action to its benefit within the war.

I. ANTI IMPERIALISM

The Sunni-Shi'a division alone would not be enough to rocket Iran into an advantaged position over Saudi Arabia, being the Shi’ites only a 13% of the total of Muslims over the world (found mainly in Iran, Pakistan, India and Iraq).[1] Even though religious affiliation can gain support of a fairly big share of the population, Iran is playing its cards along the lines of its revolutionary ideology, which consists on challenging the current international world order and particularly what Iran calls US’s imperialism.

Iran does not choose its strategic allies by religious affiliation but by ideological affinity: opposition to the US and Israel. Proof of this is the fact that Iran has provided military and financial support to Hamas and the Islamic Jihad in Palestine, both of them Sunni, in their struggle versus Israel.[2] Iran’s competition against Saudi Arabia could be understood as an elongation of its anti-US foreign policy, being the Saudi kingdom the other great ally of the West in the MENA region along with Israel.

II. SUNNI-SHI’A DIVIDE

Despite the religious divide not being the main reason behind the hegemonic competition among both regional powers Saudi Arabia (Sunni) and Iran (Shi’a), both states are exploiting this narrative to transcend territorial barriers and exert their influence in neighbouring countries. This rivalry materializes itself along two main paths of action: i) development of neopatrimonial and clientelistic networks, as it shows in Lebanon and Bahrain[3]; ii) and in violent proxy wars, namely Yemen and Syria.

a. Lebanon

Sectarian difference has been an inherent characteristic of Lebanon all throughout its history, finally erupting into a civil war in 1975. The Taif accords, which put an end to the strife attempted to create a power-sharing agreement that gave each group a political voice. These differences were incorporated into the political dynamics and development of blocs which are not necessarily loyal to the Lebanese state alone.

Regional dynamics of the Middle East are characterised by the blurred limits between internal and external, this reflects in the case of Lebanon, whose blocs provide space for other actors to penetrate the Lebanese political sphere. This is the case of Iran through the Shi‘ite political and paramilitary organization of Hezbollah. This organization was created in 1982 as a response to Israeli intervention and has been trained, organized and provisioned by Iran ever since. Through the empowerment of Iran and its political support for Shi’a groups across Lebanon, Hezbollah has emerged as a regional power.

Once aware of the increasing Iranian influence in the region, Saudi Arabia stepped into it to counterbalance the Shi’a empowerment by supporting a range of Salafi groups across the country.

Both Riyadh and Tehran have thus established clientelistic networks through political and economic support which feed upon sectarian segmentation, furthering factionalism. Economic inflows in order to influence the region have helped developed the area between Ras Beirut and Ain al Mraiseh through investments by Riyadh, whilst Iranian economic aid has been allocated in the Dahiyeh and southern region of the country.[4]

b. Bahrain

Bahrain is also a hot spot in the fight for supremacy over the region, although it seems that Saudi Arabia is the leading power over this island of the Persian Gulf. The state is a constitutional monarchy headed by the King, Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa, of the Sunni branch of Islam, and it is connected to Saudi Arabia by the King Fahd Causeway, a passage designed and built to prevent Iranian expansionism after the revolution. Albeit being ruled by Sunni elite, the majority of the country’s citizens are Shia, and have in many cases complaint about political and economical repression. In 2011 protests erupted in Bahrain led by the Shi’a community, Saudi Arabia and United Arab Emirates stepped in to suppress the revolt. Nonetheless, no links between Iran and the ignition of this manifestation have been found, despite accusations by the previously mentioned Sunni states.

The opposition of both hegemonic powers has ultimately materialized itself in the involvement on proxy wars as are the examples of Syria, Yemen, Iraq and possibly in the future Afghanistan.

c. Yemen

Yemen, in the southeast of the Arabian Peninsula, is a failed state in which a proxy war fueled mainly by the interests of Saudi Arabia and Iran is taking place since the 25th of March 2015. On that date, Saudi Arabia leading an Arab coalition against the Houthis bombarded Yemen.

The ignition of the conflict began in November 2011 when President Ali Abdullah Saleh was forced to hand over his power to his deputy and current president Abdrabbuh Mansour Hadi (both Sunni) due to the uprisings product of the Arab Spring.[5]

The turmoil within the nation, including here al-Qaeda attacks, a separatist rising in the south, divided loyalties in the military, corruption, unemployment and lack of food, led to a coup d’état in January 2015 led by Houthi rebels. The Houthis, Shi‘ite Muslims backed by Iran, seized control of a large territory in Yemen including here the capital Sana’a. A coalition led by Saudi Arabia and other Sunni-majority nations are supporting the government.

Yemen is a clear representation of dispute over regional sovereignty. This particular conflict puts the Wahhabi kingdom in great distress as it is happening right at its front door. Thus, Saudi interests in the region consist on avoiding a Shi’ite state in the Arabian Peninsula as well as facilitating a kindred government to retrieve its function as state. Controlling Yemen guarantees Saudi Arabia’s influence over the Gulf of Aden and the Strait of Baab al Mandeb, thus avoiding Hormuz Strait, which is currently under Iran’s reach.

On the other hand, Iran is soon to be freed from intensive intervention in the Syrian war, and thus it could send in more military and economic support into the region. Establishing a Shi’ite government in Yemen would pose an inflexion point in regional dynamics, reinforcing Iran’s power and becoming a direct threat to Arabia Saudi right at its frontier. Nonetheless, Hadi’s government is internationally recognized and the Sunni struggle is currently gaining support from the UK and the US.

III. OPPORTUNISM

The Golf Cooperation Council (GCC) is a political and economic alliance of six countries in the Arabian Peninsula which fail to have an aligned strategy for the region and could be roughly divided into two main groups in the face of political interests: i) those more aligned to Saudi Arabia, namely Bahrain and UAE; ii) and those who reject the full integration, being these Oman, Kuwait and Qatar.

Fragmentation within the GCC has provided Iran with an opportunity to buffer against calls for its economic and political isolation. Iran’s ties to smaller Gulf countries have provided Tehran with limited economic, political and strategic opportunities for diversification that have simultaneously helped to buffer against sanctions and to weaken Riyadh.[6]

a. Oman

Oman in overall terms has a foreign policy of good relations with all of its neighbours. Furthermore, it has long resisted pressure to align its Iran policies with those of Saudi Arabia. Among its policies, it refused the idea of a GCC union and a single currency for the region introduced by the Saudi kingdom. Furthermore, in 2017 with the Qatar crisis, it opposed the marginalization of Qatar by Saudi Arabia and the UAE and stood as the only State which did not cut relations with Iran.

Furthermore, the war in Yemen is spreading along Oman’s border, and it’s in its best interest to bring Saudi Arabia and the Houthis into talks, believing that engagement with the later is necessary to put an end to the conflict.[7] Oman has denied transport of military equipment to Yemeni Houthis through its territory.[8]

b. Kuwait

A key aspect of Kuwait’s regional policy is its active role in trying to balance and reduce regional sectarian tensions, and has often been a bridge for mediation among countries, leading the mediation effort in January 2017 to promote dialogue and cooperation between Iran and the Gulf states that was well received in Tehran.[9]

c. Qatar

It has always been in both state’s interest to maintain a good relationship due to their proximity and shared ownership of the North/South Pars natural gas field. Despite having opposing interests in some areas as are the case of Syria (Qatar supports the opposition), and Qatar’s attempts to drive Hamas away from Tehran. In 2017 Qatar suffered a blockade by the GCC countries due to its support for Islamist groups such as the Muslim Brotherhood and militant groups linked to al-Qaeda or ISIS. During this crisis, Iran proved a good ally into which to turn.. Iran offered Qatar to use its airspace and supplied food to prevent any shortages resulting from the blockade.[10] However as it can be deduced from previous ambitious foreign policies, Qatar seeks to diversify its allies in order to protect its interests, so it would not rely solely on Iran.

Iran is well aware of the intra-Arab tensions among the Gulf States and takes advantage of these convenient openings to bolster its regional position, bringing itself out of its isolationism through the establishment of bilateral relations with smaller GCC states, especially since the outbreak of the Qatar crisis in 2017.

IV. SYRIA

Iran is increasingly standing out as a regional winner in the Syrian conflict. This necessarily creates unrest both for Israel and Saudi Arabia, especially after the withdrawal of US troops from Syria. The drawdown of the US has also originated a vacuum of power which is currently being fought over by the supporters of al-Assad: Iran, Turkey and Russia.

Despite the crisis involving the incident with the Israeli F-16 jets, Jerusalem is attempting to convince the Russian Federation not to leave Syria completely under the sphere of Iranian influence.

Israel initially intervened in the war in face of increasing presence of Hezbollah in the region, especially in its positions near the Golan Heights, Kiswah and Hafa. Anti-Zionism is one of Iran’s main objectives in its foreign policy, thus it is likely that tensions between Hezbollah and Israel will escalate leading to open missile conflict. Nonetheless, an open war for territory is unlikely to happen, since this will bring the UyS back in the region in defense for Israel, and Saudi Arabia would make use of this opportunity to wipe off Hezbollah.

On other matters, the axis joining Iran, Russia and Turkey is strengthening, while they gain control over the de-escalation zones.  

Both Iran and Russia have economic interests in the region. Before the outbreak of the war, Syria was one of the top exporting countries of phosphates, and in all likelihood, current reserves (estimated on over 2 billion tons) will be spoils of war for al-Assad’s allies.[11]

The Islamic Revolutionary Guard Corps took control of Palmira in 2015, where the largest production area of phosphates is present. Furthermore, Syria also signed an agreement on phosphates with Russia.

Iran has great plans for Syria as its zone of influence, and is planning to establish a seaport in the Mediterranean through which to export its petroleum by a pipeline crossing through Iraq and Syria, both under its tutelage[12]. This pipeline would secure the Shi’ite bow from Tehran to Beirut, thus debilitating Saudi Arabia’s position in the region. Furthermore, it would allow direct oil exports to Europe.

In relation to Russia and Turkey, despite starting in opposite bands they are now siding together. Turkey is particularly interested in avoiding a Kurdish independent state in the region, this necessarily positions the former ottoman empire against the U.S a key supporter of the Kurdish people due to their success on debilitating the Islamic State. Russia will make use of this distancing to its own benefits. It is in Russia’s interest to have Turkey as an ally in Syria in order to break NATO’s Middle East strategy and have a strong army operating in Syrian territory, thus reducing its own engagement and military cost.[13]

Despite things being in favour of Iran, Saudi Arabia could still take advantage of recent developments of the conflict to damage Iran’s internal stability.

Ethnic and sectarian segmentation are also part of Iran’s fabric, and the Government’s repression against minorities within the territory –namely Kurds, Arabs and Baluchis- have caused insurgencies before. Saudi Arabia and other Gulf States aligned with its foreign policy, such as the UAE are likely to exploit resentment of the minorities in order to destabilized Iran’s internal politics.

The problem does not end there for Iran. Although ISIS being wiped off the Syrian territory, after falling its last citadel in Baguz[14], this is not the end of the terrorist group. Iran’s active role in fighting Sunni jihadists through Hezbollah and Shi’ite militias in Syria and Iraq has given Islamist organization a motivation to defy Tehran.

Returning foreign fighters could scatter over the region creating cells and even cooperating with Sunni separatist movements in Ahwaz, Kurdistan or Baluchistan. Saudi Arabia is well aware of this and could exploit the Wahhabi narrative and exert Sunni influence in the region through a behind-the-scenes financing of these groups.

La necesidad de mano de obra ha llevado tradicionalmente a Suecia a acoger olas de inmigrantes; sectores de la sociedad lo viven hoy como un problema

▲ Puente de Oresund, entre Dinamarca y Suecia, visto desde territorio sueco [Wikipedia]

ANÁLISIS / Jokin de Carlos

Suecia ha tenido la reputación, desde la Segunda Guerra Mundial, de ser un país abierto a los inmigrantes y de desarrollar políticas sociales tolerantes y abiertas. Sin embargo, el aumento del número de inmigrantes, la lenta adaptación cultural de algunas de esas nuevas comunidades, especialmente la musulmana, y los problemas de violencia generados en áreas de mayor vulnerabilidad han provocado un intenso debate en la sociedad sueca. La opinión de que una generosa política migratoria puede estar destruyendo la identidad sueca y haciendo la vida más difícil para los suecos nativos ha alimentado el voto de cierta oposición de derechas, si bien los socialdemócratas revalidaron el año pasado el apoyo ciudadano para un Gobierno que mantiene las políticas tradicionales con cierto mayor énfasis en la expulsión de aquellos cuya solicitud ha sido rechazada.

Política migratoria

Uno de los problemas históricos de Suecia ha sido su baja tasa de fecundidad, que alrededor de la década de 1960 había ya caído al umbral de 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo poblacional. Eso era algo que amenazaba el célebre estado de bienestar sueco, por la necesidad de ingresos por impuestos que mantuvieran los generosos servicios públicos, de forma que el país promovió la llegada de inmigrantes. Al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra también era planteada por el desarrollo de la industria nacional.

Suecia surgió de la Segunda Guerra Mundial en buenas condiciones. No sufrió la destrucción de otras naciones, al quedar territorialmente en los márgenes del conflicto, y pudo consolidar una industria metalúrgica que, gracias a la producción de sus minas de hierro, se había beneficiado de vender a los dos bandos en guerra. Ese desarrollo industrial requería de una gran fuerza de trabajo que la baja natalidad propia y la concentración de la población en la costa y en el sur, fuera de los núcleos industriales, dificultaban reunir. Además, el estado de bienestar sueco y las continuas décadas de paz crearon una clase media que no quería trabajar en la nueva industria por los bajos salarios que esta ofrecía para resultar competitiva.

Para resolver la falta de mano de obra y así mantener el progreso económico, desde la década de 1950 Suecia recurrió a la inmigración. El Gobierno abrió primero la frontera a quienes buscaban asilo o trabajo y luego construyó grupos de viviendas, generalmente de baja calidad, cerca de las áreas industriales donde los recién llegados podían encontrar empleos sin ningún requisito de idioma. Cuando el impacto cultural de esas incorporaciones era demasiado grande en algunas áreas, el Gobierno procedía a cerrar las fronteras, restringiendo la inmigración. Cuando se necesitaran nuevos trabajadores, el Gobierno volvía a abrir la frontera.

Este sistema ayudó a un importante avance económico, pero también aisló a muchos grupos sociales, que se quedaron estancados en áreas de bajos ingresos sin apenas posibilidad de desarrollo ni integración social.

Desarrollo histórico

Tanto durante la Segunda Guerra Mundial como a su término, Suecia fue un destino importante para personas procedentes de Noruega, Dinamarca, Polonia, Finlandia y las Repúblicas Bálticas que escapaban de la guerra o de la destrucción que creó; también fue un destino neutral para muchos judíos. En 1944, había en Suecia más de 40.000 refugiados; si bien muchos regresaron a sus países tras la contienda, un grupo considerable de ellos se quedó, principalmente estonios, letones y lituanos, cuyas naciones de origen fueron incorporadas a la URSS.

En 1952, Suecia, Dinamarca y Noruega formaron el Consejo Nórdico, creando un área de libre comercio y libertad de movimiento, a la que Finlandia se unió en 1955. Con esto, miles de migrantes fueron a Suecia para trabajar en la industria, principalmente de Finlandia pero también de Noruega, que aún no había descubierto sus reservas de petróleo. Esto aumentó el porcentaje de la población inmigrante del 2% en 1945 al 7% en 1970. Todo esto ayudó a Tage Erlander (primer ministro de Suecia entre 1946 y 1969) a crear el proyecto "Sociedad Fuerte", dirigido a aumento del sector público y el estado del bienestar. Sin embargo, este flujo de mano de obra comenzó a dañar a los trabajadores suecos nativos y, en consecuencia, en 1967, los sindicatos comenzaron a presionar a Erlander para que limitara la inmigración laboral a los países nórdicos.

En 1969, Erlander renunció al cargo y fue sustituido por su protegido, Olof Palme. Palme era miembro del sector más radical de los socialdemócratas y quería aumentar aún más el estado de bienestar, continuando el proyecto de su predecesor a una mayor escala.

Con el fin de atraer una fuerza laboral más grande sin enojar a los sindicatos, Palme comenzó a utilizar la retórica a favor de los refugiados, abriendo las fronteras de Suecia a las personas que escapaban de las dictaduras y la guerra. Al mismo tiempo, estas personas serían trasladadas a vecindarios industriales, construidos especialmente para ellos en áreas industriales cercanas donde trabajarían. Al mismo tiempo, Palme trató de hacer de Suecia un país atractivo para los inmigrantes mediante políticas de asimilación a favor del multiculturalismo.

Durante este período, personas de muchas nacionalidades comenzaron a llegar al país: desde quienes escapaban del conflicto en Yugoslavia o la ley marcial en Polonia a quienes huían de Oriente Medio y América Latina. Estas nuevas poblaciones se establecieron lejos de núcleos demográficos nativos suecos; debido a esto muchos vecindarios de la clase trabajadora se convirtieron en guetos aislados. En 1986, Palme fue asesinado y su sucesor, Ingvar Carlsson, cambió la política de inmigración y comenzó a aceptar solo a aquellos que configuraran como refugiados de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.

Durante la década de 1990, el aumento de los conflictos en lugares como Somalia, Yugoslavia y varias naciones africanas hizo aumentar el flujo de refugiados de guerra, y muchos de ellos fueron a Suecia. En 1996 se creó el Ministerio de Migración y Política de Asilo. Sin embargo, los dos mayores movimientos de personas de países extranjeros se producirían a raíz de los siguientes conflictos de Irak e Siria. El gobierno conservador de Fredrik Reinfeldt comenzó a acoger a un gran volumen de refugiados iraquíes, que en 2006 se convirtieron en la segunda minoría más grande del país, después de los finlandeses. En 2015, el gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven abrió la frontera a los refugiados sirios, que llegaron en masa, huyendo de la Guerra Civil siria y del empuje de Daesh.

Esta sucesión de olas de inmigrantes de Oriente Medio agravaron algunos problemas: en muchos vecindarios, los llegados de fuera no se sienten como en Suecia, principalmente porque estos fueron construidos para "no ser Suecia"; además, la difícil integración y los trabajos mal pagados alimentan las pandillas y el crimen organizado. Todo esto llevó a Löfven a aplicar una política de migración más estricta en 2017, aceptando menos solicitantes de asilo y comenzando a expulsar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas.

Como se puede ver la tendencia en Suecia es abrir las fronteras a la inmigración cuando esta es necesaria y cerrarlas cuando esta comienza a provocar tensiones sociales.

Orígenes de la población inmigrante

Suecia se ha convertido en una sociedad étnicamente muy diversa, donde casi el 22% de la población tiene antecedentes extranjeros. Hasta 2015, la mayor minoría étnica en eran los finlandeses, que a finales del pasado siglo superaban los 200.000. A raíz de la guerra de Irak y de la crisis migratoria siria, las personas procedentes de Oriente Medio han pasado a ser el mayor grupo.

En la actualidad, el 8% de los habitantes de Suecia procede de un país de mayoría musulmana –básicamente de Siria e Irak, pero también de Irán–, si bien solo el 1,4% de la población practica la religión musulmana (alrededor de 140.000 personas en 2017), pues también existen inmigrantes procedentes de esos países con otras adscripciones religiosas, como cristianos, drusos, yazidis o zoroastrianos. Estos números pueden haber aumentado ligeramente, si bien no para provocar cambios muy drásticos en la demografía.

A pesar de no ser especialmente numerosa, la comunidad musulmana ha generado atención mediática a raíz de diversas polémicas. En 2006, Mahmoud Aldebe, miembro del Consejo Musulmán de Suecia, planteó por carta a los partidos políticos del Riksdag y al Gobierno sueco demandas especialmente controvertidas, como derecho a vacaciones islámicas específicas, financiamiento público especial para la construcción de mezquitas, que todos los divorcios entre parejas musulmanas sean aprobados por un imán, y que a los imanes se les permita enseñar el Islam a niños musulmanes en escuelas públicas. Esas demandas fueron rechazadas por las autoridades y la clase política de Suecia. También se ha dado el caso de que algunas asociaciones musulmanas o mezquitas han invitado a predicadores radicales, como Haitham al-Haddad o Said Rageahs, cuyas conferencias fueron finalmente prohibidas.

Áreas Vulnerables y crimen organizado

El Gobierno sueco ha designado algunos barrios como Áreas Vulnerables (Utsatt Område). No son propiamente “No-Go Zones”, porque en ellas tanto los agentes policiales, como los servicios sanitarios o los medios de comunicación pueden entrar. Se trata de áreas de menor seguridad que exigen una mayor atención de las autoridades.

Algunas de ellas se encuentran en Malmö, ciudad con la mayor tasa de criminalidad del país, principalmente debido a su ubicación. Malmö se encuentra al otro lado del puente de Oresund, que conecta Dinamarca con Suecia y es la única ruta por tierra entre Suecia y el continente sin tener que rodear el Báltico. Allí diversas pandillas y mafias participan en el tráfico de drogas y de personas, al tiempo que se enfrentan entre ellas en una pugna por el control del espacio. Grupos de este tipo también actúan en Rotterdam, en relación a la actividad generada por su importante puerto.

A pesar de la impresión dada por ciertos mensajes contrarios a la inmigración, la comisión de delitos en Suecia se encuentra en niveles parecidos a los de 2006. Después de ese año el número de delitos descendió, para subir de nuevo en 2010 y 2012. Podría establecerse una relación entre ese ascenso y la crisis económica, que supuso un aumento del desempleo, pero no está tan clara su vinculación con los registros de inmigración. La llegada de iraquíes en 2005 no conllevó una mayor inseguridad en las calles de Suecia y tampoco lo ha hecho la recepción de sirios en los recientes años. La tasa de homicidios en Suecia es de 1,1 por cada cien mil habitantes –por debajo de otros muchos países europeos–, y hay más delitos registrados por nativos suecos que por extranjeros, según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito.

No obstante, las mafias que operan en Suecia se componen en su mayoría de ciertos grupos étnicos. Su formación se derivó especialmente de la llegada de personas de Yugoslavia, tanto de trabajadores de la década de 1970 como de refugiados de las guerras balcánicas de la década de 1990. El principal de esos grupos, conocido como Yugo Mafia, está hoy liderada por Milan Ševo, apodado “El Padrino de Estocolmo”. Otros grupos son K-Falangen y Naserligan, compuestos por albaneses; la Legión Werefolf, formada por sudamericanos, y los Gangsters, originales por los asirios (minoría cristiana de Siria). No obstante, uno de los más grandes es Brödraskapet o la Hermandad, fundada en 1995, con más de 700 miembros que en su totalidad son suecos nativos y con mucha presencia en las cárceles suecas.

Movimientos migratorios de Suecia entre 1850 y 2007. En rojo, llegada de inmigrantes; en azul, salida de emigrantes [Wikipedia-Koyos]

Terrorismo

Desde 2011 en Suecia se han producido tres ataques terroristas; un cuarto ataque pudo se evitado al ser detectada con tiempo su preparación. El primero fue realizado por Anton Lundin Pettersson, un neonazi sueco que en 2015 atacó la Escuela Trollhättan, donde mató a cuatro personas, todas ellas inmigrantes. El siguiente fue perpetrado por el Movimiento de Resistencia Nórdica, una organización neonazi, que actuó contra un centro de refugiados y el café de una organización de izquierdas; en el ataque solo se produjo un herido. El tercero, el más conocido, fue perpetuado en 2017 por un hombre de Uzbekistán aparentemente reclutado por Daesh, que arremetió con un camión contra viandantes en el centro de Estocolmo, matando a cinco personas e hiriendo a catorce.

De los tres atentados, solo uno tuvo motivación yihadista, a diferencia del peso que el terrorismo islamista ha tenido en otros países europeos con mayor población musulmana. En cualquier caso, la segregación que se vive en algunas comunidades y el adoctrinamiento radical que se da en ellas llevó a jóvenes suecos musulmanes a marchar a Siria para encuadrarse en Daesh y las autoridades siguen de cerca su posible retorno.

Aciertos y errores

Durante mucho tiempo, desde la izquierda europea se puso a Suecia como ejemplo de modelo socialdemócrata exitoso; ahora, desde ciertos grupos de derecha, se le pone como ejemplo de multiculturalismo fallido. Probablemente ambas afirmaciones son una exageración con fines partidistas. No obstante, lo cierto es que Suecia cuenta con un bienestar generoso que está costando mantener, y que en su también generosa apertura de fronteras ha cometido errores que no han facilitado la integración de la nueva población. Todo parece indicar que Löfven continua el camino que empezó en 2017 y se ha aumentado la presencia policial en las calles así como un endurecimiento en las políticas de inmigración, siguiendo a su vez las políticas hechas en Dinamarca.

Tiempo tendrá que pasar para ver qué resultados estas políticas tendrán en una futura Suecia.

*En la mitología nórdica, el Valhalla es un enorme y majestuoso salón al que, en la otra vida, aspiran a entrar los héroes

[Winston Lord, Kissinger on Kissinger. Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership. All Points Books. New York, 2019. 147 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

A sus 96 años, Henry Kissinger ve publicado otro libro en gran parte suyo: la transcripción de una serie de largas entrevistas en relación a las principales actuaciones exteriores de la Administración Nixon, en la que sirvió como consejero de seguridad nacional y secretario de Estado. Aunque él mismo ya ha dejado amplios escritos sobre esos momentos y ha aportado documentación para que otros escriban en torno a ellos –como en el caso de la biografía de Niall Ferguson, cuyo primer tomo apareció en 2015–, Kissinger ha querido volver sobre aquel periodo de 1969-1974 para ofrecer una síntesis de los principios estratégicos que motivaron las decisiones entonces adoptadas. No se aportan novedades, pero sí detalles que pueden interesar a los historiadores de esa época.

La obra no responde a un deseo de última hora de Kissinger de influir sobre una determinada lectura de su legado. De hecho, la iniciativa de mantener los diálogos que aquí se transcriben no partió de él. Se enmarca, no obstante, en una ola de reivindicación de la presidencia de Richard Nixon, cuya visión estratégica en política internacional quedó empañada por el Watergate. La Fundación Nixon promovió la realización de una serie de vídeos, que incluyeron diversas entrevistas a Kissinger, llevadas a cabo a lo largo de 2016. Estas fueron conducidas por Winston Lord, estrecho colaborador de Kissinger durante su etapa en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, junto a K. T. McFarland, entonces funcionaria a sus órdenes (y, durante unos meses, número dos del Consejo de Seguridad Nacional con Donald Trump). Pasados más de dos años, esa conversación con Kissinger se publica ahora en una obra de formato pequeño y breve extensión. Sus últimos libros habían sido “China” (2011) y “Orden Mundial” (2014).

El relato oral de Kissinger se ocupa aquí de unos pocos asuntos que centraron su actividad como gran artífice de la política exterior estadounidense: la apertura a China,  la distensión con Rusia, el fin de la guerra de Vietnam y la mayor implicación en Oriente Medio. Aunque la conversación entra en detalles y aporta diversas anécdotas, lo sustancial es lo que más allá de esas concreciones puede extraerse: son las “reflexiones sobre diplomacia, gran estrategia y liderazgo” que indica el subtítulo del libro. Pudiera resultar cansino volver a leer la intrahistoria de una actuación diplomática sobre la que el propio protagonista ya ha sido prolífico, pero en esta ocasión se ofrecen reflexiones que trascienden el periodo histórico específico, que para muchos puede quedar ya muy lejos, así como interesantes recomendaciones sobre los procesos de toma de decisión en posiciones de liderazgo.

Kissinger aporta algunas claves, por ejemplo, sobre por qué en Estados Unidos se ha consolidado el Consejo de Seguridad Nacional como instrumento de acción exterior del presidente, con vida autónoma –y en ocasiones conflictiva– respecto al Departamento de Estado. La Administración Nixon fue su gran impulsora, siguiendo la sugerencia de Eisenhower, de quien Nixon había sido vicepresidente: la coordinación interdepartamental en política exterior difícilmente podía ya hacerse desde un departamento –la Secretaría de Estado–, sino que debía llevarse a cabo desde la propia Casa Blanca. Mientras el consejero de Seguridad Nacional puede concentrarse en aquellas actuaciones que más le interesan al presidente, el secretario de Estado está obligado a una mayor dispersión, teniendo que atender multitud de frentes. Por lo demás, a diferencia de la mayor prontitud del Departamento de Defensa en secundar al comandante en jefe, el aparato del Departamento de Estado, habituado a elaborar múltiples alternativas para cada asunto internacional, puede tardar en asumir plenamente la dirección impuesta desde la Casa Blanca.

En cuanto a estrategia negociadora, Kissinger rechaza la idea de fijar privadamente un máximo objetivo y después ir recortándolo poco a poco, como las rodajas de un salami, a medida que se va alcanzando el final de la negociación. Propone en cambio fijar desde el principio las metas básicas que se desearían lograr –añadiendo tal vez un 5% por aquello de que algo habrá que ceder– y dedicar largo tiempo a explicárselas a la otra parte, con la idea de llegar a un entendimiento conceptual. Kissinger aconseja comprender bien qué mueve a la otra parte y cuáles son sus propios objetivos, pues “si tú impones tus intereses, sin vincularlos a los intereses de los otros, no podrás sostener tus esfuerzos”, dado que al final de la negociación las partes tienen que estar dispuestas a apoyar lo logrado.

Como en otras ocasiones, Kissinger no se abroga en exclusiva el mérito de los éxitos diplomáticos de la Administración Nixon. Si bien la prensa y cierta parte de la academia ha otorgado mayor reconocimiento al antiguo profesor de Harvard, el propio Kissinger ha insistido en que fue Nixon quien marcó decididamente las políticas, cuya maduración habían previamente realizado ambos por separado, antes de colaborar en la Casa Blanca. No obstante, es quizás en este libro donde las palabras de Kissinger más ensalzan al antiguo presidente, tal vez por haberse realizado en el marco de una iniciativa nacida desde la Fundación Nixon.

 “La contribución fundamental de Nixon fue establecer un patrón de pensamiento en política exterior, que es seminal”, asegura Kissinger. Según este, la manera tradicional de abordar la acción exterior estadounidense había sido segmentar los asuntos para intentar resolverlos como problemas individuados, haciendo su resolución la cuestión misma. “Nixon fue –dejando aparte a los Padres Fundadores y, yo diría, a Teddy Roosevelt– el presidente estadounidense que pensó la política exterior como gran estrategia. Para él, la política exterior era la mejora estructural de la relación entre los países de modo que el equilibrio de sus intereses propios promoviera la paz global y la seguridad de Estados Unidos. Y pensó sobre esto en términos de relativo largo alcance”.

Quienes tengan poca simpatía por Kissinger –un personaje de apasionados defensores pero también de acérrimos críticos– verán en esta obra otro ejercicio de autocomplacencia y enaltecimiento propio del exconsejero. Quedarse en ese estadio sería desaprovechar una obra que contiene interesantes reflexiones y creo que completa bien el pensamiento de alguien de tanta relevancia en la historia de las relaciones internacionales. Lo que de afirmación personal pueda tener la publicación se refiere más bien a Winston Lord, que aquí se reivindica como mano derecha de Kissinger en aquella época: en las primeras páginas aparece completa la foto de la entrevista de Nixon y Mao, cuyos márgenes aparecieron cortados en su día por la Casa Blanca para que la presencia de Lord no molestara al secretario de Estado, que no fue invitado al histórico viaje a Pekín.

The struggle for power has already started in the Islamic Republic in the midst of US sanctions and ahead a new electoral cycle

▲ Ayatollah Ali Khamenei speaking to Iranian Air Force personnel, in 2016 [Wikipedia]

ANALYSIS / Rossina Funes and Maeve Gladin

The failing health of Supreme Leader Sayyid Ali Hosseini Khamenei, 89, brings into question the political aftermath of his approaching death or possible step-down. Khamenei’s health has been a point of query since 2007, when he temporarily disappeared from the public eye. News later came out that he had a routine procedure which had no need to cause any suspicions in regards to his health. However, the question remains as to whether his well-being is a fantasy or a reality. Regardless of the truth of his health, many suspect that he has been suffering prostate cancer all this time. Khamenei is 89 years old –he turns 80 in July– and the odds of him continuing as active Supreme Leader are slim to none. His death or resignation will not only reshape but could also greatly polarize the successive politics at play and create more instability for Iran.

The next possible successor must meet certain requirements in order to be within the bounds of possible appointees. This political figure must comply and follow Khamenei’s revolutionary ideology by being anti-Western, mainly anti-American. The prospective leader would also need to meet religious statues and adherence to clerical rule. Regardless of who that cleric may be, Iran is likely to be ruled by another religious figure who is far less powerful than Khamenei and more beholden to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Additionally, Khamenei’s successor should be young enough to undermine the current opposition to clerical rule prevalent among many of Iran’s youth, which accounts for the majority of Iran’s population.

In analyzing who will head Iranian politics, two streams have been identified. These are constrained by whether the current Supreme Leader Khamenei appoints his successor or not, and within that there are best and worst case scenarios.

Mahmoud Hashemi Shahroudi

Mahmoud Hashemi Shahroudi had been mentioned as the foremost contender to stand in lieu of Iranian Supreme Leader Khamenei. Shahroudi was a Khamenei loyalist who rose to the highest ranks of the Islamic Republic’s political clerical elite under the supreme leader’s patronage and was considered his most likely successor. A former judiciary chief, Shahroudi was, like his patron, a staunch defender of the Islamic Revolution and its founding principle, velayat-e-faqih (rule of the jurisprudence). Iran’s domestic unrest and regime longevity, progressively aroused by impromptu protests around the country over the past year, is contingent on the political class collectively agreeing on a supreme leader competent of building consensus and balancing competing interests. Shahroudi’s exceptional faculty to bridge the separated Iranian political and clerical establishment was the reason his name was frequently highlighted as Khamenei’s eventual successor. Also, he was both theologically and managerially qualified and among the few relatively nonelderly clerics viewed as politically trustworthy by Iran’s ruling establishment. However, he passed away in late December 2018, opening once again the question of who was most likely to take Khamenei’s place as Supreme Leader of Iran.

However, even with Shahroudi’s early death, there are still a few possibilities. One is Sadeq Larijani, the head of the judiciary, who, like Shahroudi, is Iraqi born. Another prospect is Ebrahim Raisi, a former 2017 presidential candidate and the custodian of the holiest shrine in Iran, Imam Reza. Raisi is a student and loyalist of Khamenei, whereas Larijani, also a hard-liner, is more independent.

1. MOST LIKELY SCENARIO,  REGARDLESS OF APPOINTMENT

1.1 Ebrahim Raisi

In a more likely scenario, Ebrahim Raisi would rise as Iran’s next Supreme Leader. He meets the requirements aforementioned with regards to the religious status and the revolutionary ideology. Fifty-eight-years-old, Raisi is a student and loyal follower of the current Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Like his teacher, he is from Mashhad and belongs to its famous seminary. He is married to the daughter of Ayatollah Alamolhoda, a hardline cleric who serves as Khamenei's representative of in the eastern Razavi Khorasan province, home of the Imam Reza shrine.

Together with his various senior judicial positions, in 2016 Raisi was appointed the chairman of Astan Quds Razavi, the wealthy and influential charitable foundation which manages the Imam Reza shrine. Through this appointment, Raisi developed a very close relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), which is a known ideological and economic partner of the foundation. In 2017, he moved into the political sphere by running for president, stating it was his "religious and revolutionary responsibility". He managed to secure a respectable 38 percent of the vote; however, his contender, Rouhani, won with 57 percent of the vote. At first, this outcome was perceived as an indicator of Raisi’s relative unpopularity, but he has proven his detractors wrong. After his electoral defeat, he remained in the public eye and became an even more prominent political figure by criticizing Rouhani's policies and pushing for hard-line policies in both domestic and foreign affairs. Also, given to Astan Quds Foundation’s extensive budget, Raisi has been able to secure alliances with other clerics and build a broad network that has the ability to mobilize advocates countrywide.

Once he takes on the role of Supreme Leader, he will continue his domestic and regional policies. On the domestic front, he will further Iran's Islamisation and regionally he will push to strengthen the "axis of resistance", which is the anti-Western and anti-Israeli alliance between Iran, Syria, Hezbollah, Shia Iraq and Hamas. Nevertheless, if this happens, Iran would live on under the leadership of yet another hardliner and the political scene would not change much. Regardless of who succeeds Khamenei, a political crisis is assured during this transition, triggered by a cycle of arbitrary rule, chaos, violence and social unrest in Iran. It will be a period of uncertainty given that a great share of the population seems unsatisfied with the clerical establishment, which was also enhanced by the current economic crisis ensued by the American sanctions.

1.2 Sadeq Larijani

Sadeq Larijani, who is fifty-eight years old, is known for his conservative politics and his closeness to the supreme guide of the Iranian regime Ali Khamenei and one of his potential successors. He is Shahroudi’s successor as head of the judiciary and currently chairs the Expediency Council. Additionally, the Larijani family occupies a number of important positions in government and shares strong ties with the Supreme Leader by being among the most powerful families in Iran since Khamenei became Supreme Leader thirty years ago. Sadeq Larijani is also a member of the Guardian Council, which vetos laws and candidates for elected office for conformance to Iran’s Islamic system.

Formally, the Expediency Council is an advisory body for the Supreme Leader and is intended to resolve disputes between parliament and a scrutineer body, therefore Larijani is well informed on the way Khamenei deals with governmental affairs and the domestic politics of Iran. Therefore, he meets the requirement of being aligned with Khamenei’s revolutionary and anti- Western ideology, and he is also a conservative cleric, thus he complies with the religious figure requirement. Nonetheless, he is less likely to be appointed as Iran’s next Supreme Leader given his poor reputation outside Iran. The U.S. sanctioned Larijani on the grounds of human rights violations, in addition to “arbitrary arrests of political prisoners, human rights defenders and minorities” which “increased markedly” since he took office, according to the EU who also sanctioned Larijani in 2012. His appointment would not be a strategic decision amidst the newly U.S. imposed sanctions and the trouble it has brought upon Iran. Nowadays, the last thing Iran wants is that the EU also turn their back to them, which would happen if Larijani rises to power. However it is still highly plausible that Larijani would be the second one on the list of prospective leaders, only preceded by Raisi.

2. LEAST LIKELY SCENARIO: SUCCESSOR NOT APPOINTED

2.1 Islamic Revolutionary Guard Corps

The IRGC’s purpose is to preserve the Islamic system from foreign interference and protect from coups. As their priority is the protection of national security, the IRGC necessarily will take action once Khamenei passes away and the political sphere becomes chaotic. In carrying out their role of protecting national security, the IRGC will act as a support for the new Supreme Leader. Moreover, the IRGC will work to stabilize the unrest which will inevitably occur, regardless of who comes to power. It is our estimate that the new Supreme Leader will have been appointed by Khamenei before death, and thus the IRGC will do all in their power to protect him. In the unlikely case that Khamenei does not appoint a successor, we believe that there are two unlikely options of ruling that could arise.

The first, and least likely, being that the IRGC takes rule. Moreover, it is highly unlikely that the IRGC takes power. This would violate the Iranian constitution and is not in the interest to rule the state. What they are interested in is having a puppet figure who will satisfy their interests. As the IRGC's main role is national security, in the event that Khamenei does not appoint a successor and the country goes into political and social turmoil, the IRGC will without a doubt step in. This military intervention will be one of transitory nature, as the IRGC does not pretend to want direct political power. Once the Supreme Leader is secured, the IRGC will go back to a relatively low profile.

In the very unlikely event that a Supreme Leader is not predetermined, the IRGC may take over the political regime of Iran, creating a military dictatorship. If this were to happen, there would certainly be protests, riots and coups. It would be very difficult for an opposition group to challenge and defeat the IRGC, but there would be attempts to overcome it. This would be a regime of temporary nature, however, the new Supreme Leader would arise from the scene that the IRGC had been protecting.

2.2 Mohsen Kadivar

In addition, political dissident and moderate cleric Mohsen Kadivar is a plausible candidate for the next Supreme Leader. Kadivar’s rise to political power in Iran would be a black swan,  as it is extremely unlikely, however, the possibility should not be dismissed. His election would be highly unlikely due to the fact that he is a vocal critic of clerical rule and has been a public opposer of the Iranian government. He has served time in prison for speaking out in favor of democracy and liberal reform as well as publicly criticizing the Islamic political system. Moreover, he has been a university professor of Islamic religious and legal studies throughout the United States. As Kadivar goes against all requirements to become successor, he is highly unlikely to become Supreme Leader. It is also important to keep in mind that Khamenei will most likely appoint a successor, and in that scenario, he will appoint someone who meets the requirements and of course is in line with what he believes. In the rare case that Khamenei does not appoint a successor or dies before he gets the chance to, a political uprising is inevitable. The question will be whether the country uprises to the point of voting a popular leader or settling with someone who will maintain the status quo.

In the situation that Mohsen Kadivar is voted into power, the Iranian political system would change drastically. For starters, he would not call himself Supreme Leader, and would instill a democratic and liberal political system. Kadivar and other scholars which condemn supreme clerical rule are anti-despotism and advocate for its abolishment. He would most likely establish a western-style democracy and work towards stabilizing the political situation of Iran. This would take more years than he will allow himself to remain in power, however, he will probably stay active in the political sphere both domestically as well as internationally. He may be secretary of state after stepping down, and work as both a close friend and advisor of the next leader of Iran as well as work for cultivating ties with other democratic countries.

2.3 Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

Khamenei's son, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei is also rumored to be a possible designated successor. His religious and military experience and dedication, along with being the son of Khamenei gives strong reason to believe that he may be appointed Supreme Leader by his father. However, Mojtaba is lacking the required religious status. The requirements of commitment to the IRGC as well as anti-American ideology are not questioned, as Mojtaba has a well-known strong relationship with the Islamic Revolutionary Guard Corps. Mojtaba studied theology and is currently a professor at Qom Seminary in Iran. Nonetheless, it is unclear as to whether Mojtaba’s religious and political status is enough to have him considered to be the next Supreme Leader. In the improbable case that Khamenei names his son to be his successor, it would be possible for his son to further commit to the religious and political facets of his life and align them with the requirements of being Supreme Leader.

This scenario is highly unlikely, especially considering that in the 1979 Revolution, monarchical hereditary succession was abolished. Mojtaba has already shown loyalty to Iran when taking control of the Basij militia during the uproar of the 2009 elections to halt protests. While Mojtaba is currently not fit for the position, he is clearly capable of gaining the needed credentials to live up to the job. Despite his potential, all signs point to another candidate becoming the successor before Mojtaba.

3. PATH TO DEMOCRACY

Albeit the current regime is supposedly overturned by an uprising or new appointment by the current Supreme Leader Khamenei, it is expected that any transition to democracy or to Western-like regime will take a longer and more arduous process. If this was the case, it will be probably preceded by a turmoil analogous to the Arab Springs of 2011. However, even if there was a scream for democracy coming from the Iranian population, the probability that it ends up in success like it did in Tunisia is slim to none. Changing the president or the Supreme Leader does not mean that the regime will also change, but there are more intertwined factors that lead to a massive change in the political sphere, like it is the path to democracy in a Muslim state.

La sorpresa electoral de Thierry Baudet y la nueva derecha holandesa

Holanda ha conocido los últimos años no solo el declive de algunos de los partidos tradicionales, sino que incluso el nuevo partido del populista Geert Wilders se ha visto superado por una formación aún más reciente, liderada por Thierry Baudet, también marcadamente de derecha pero algo más sofisticada. El terremoto político de las elecciones regionales de marzo podría llevarse por delante la coalición de Gobierno del liberal Mark Rutte, quien ha dado continuidad a la política holandesa a lo largo de los últimos nueve años.

▲ Thierry Baudet, en un spot publicitario de su partido, Foro para la Democracia (FVD)

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

El pasado 20 de marzo se celebraron elecciones regionales en los Países Bajos. Los partidos que conforman la coalición que mantiene en el poder a Mark Rutte sufrieron un fuerte castigo en todas las regiones, y lo mismo ocurrió con el partido del celebre y polémico Geert Wilders. El gran ganador de estas elecciones fue el partido Foro para la Democracia (FvD), fundado y dirigido por Thierry Baudet, de 36 años y nueva estrella de la política neerlandesa. Estos resultados siembran dudas sobre el futuro del Gobierno de Mark Rutte una vez se renueve la composición del Senado el próximo mes de mayo.

Desde la Segunda Guerra Mundial tres fuerzas han protagonizado la política holandesa: la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), el Partido Laborista (PvA) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de tendencia liberal. Las tres sumaban el 83% del electorado neerlandés en 1982. Debido al sistema holandés de representación proporcional ningún partido ha tenido nunca mayoría absoluta, por lo que siempre han existido gobiernos de coalición. El sistema también propicia, al no ser castigados, que los pequeños partidos siempre logren representación, dándose así una gran variedad ideológica en el Parlamento.

Con el pasar de los años los tres partidos principales fueron perdiendo influencia. En 2010, tras ocho años de gobierno, la CDA paso del 26% y el primer puesto en el Parlamento al 13% y cuarto puesto. Esta caída llevó por primera vez al VVD al poder bajo el liderazgo de Mark Rutte y provocó la entrada de Geert Wilders y su Partido por la Libertad (PVV), una formación populista de derecha, en la política holandesa. Poco después Rutte formó una Gran Coalición con el PvA. Sin embargo, esta decisión causó que los laboristas bajaran del 24% al 5% en las elecciones de 2017. Estos resultados hicieron que tanto el VVD como Rutte quedasen como el último elemento de la antigua política neerlandesa.

Esas elecciones de 2017 generaron aún mayor diversidad en el Parlamento. En ellas lograron representación partidos como el Partido Reformado, de ideología Ortodoxa Calvinista; el bautizado como 50+, con el objetivo de defender los intereses de los jubilados, o el partido DENK, creado para defender los intereses de la minoría turca en el país. Sin embargo, ninguno de estos partidos tendría tanta relevancia posterior como el Foro para la Democracia y su líder Thierry Baudet.

Foro para la Democracia

El Foro para la Democracia fue fundado como un think tank en 2016, dirigido por el franco-neerlandés Thierry Baudet, de 33 años. Al año siguiente el FvD se convirtió en partido, presentándose como una formación conservadora o nacional conservadora, y logró dos parlamentarios en las elecciones regionales. Desde entonces ha ido creciendo, a costa principalmente de Geert Wilders y su PVV. Una de las principales razones de esto es que Wilders es acusado de no tener más programa que el rechazo de la inmigración y la salida de la Union Europea. Tan celebre como polémico fue el hecho que PVV presentó su programa en tan solo una página. Por el contrario, Baudet ha creado un programa amplio en el que se proponen temas como la introducción de la democracia directa, la privatización de ciertos sectores, el fin de los recortes militares y un rechazo al multiculturalismo en general. Por otra parte, Baudet se ha creado una imagen de mayor talla intelectual y respetabilidad que Wilders. No obstante, el partido también ha sufrido descensos de popularidad por ciertas actitudes de Baudet, como su negacionismo del cambio climático, su relación con Jean Marie Le Pen o Filip Dewinter y su negativa a responder si relacionaba el coeficiente intelectual con la raza.

Elecciones Regionales

Los Países Bajos están divididos en 12 regiones, cada región dispone de un Consejo, el cual puede tener entre 39 y 55 representantes. Cada consejo elige tanto al Comisario Real, quien actúa como máxima autoridad de la región, como al ejecutivo, generalmente formado mediante una coalición de partidos. Las regiones tienen una serie de competencias concedidas por el Gobierno central.

En las elecciones provinciales del pasado mes de marzo el FvD logró ser el primer partido en 6 de 12 regiones, incluidas las de Holanda del Norte y Holanda del Sur, donde se encuentran las ciudades de Amsterdam, Rotterdam y La Haya, que habían sido tradicionales bastiones del VVD. Además de esto consiguió ser el partido con más representantes de toda Holanda. Estos avances se lograron principalmente a expensas del PVV. Aunque estos resultados no garantizan al FvD tener el gobierno en ninguna región, si le dan influencia y eco mediático, algo que Baudet ha sabido aprovechar.

Varios medios relacionaron la victoria de Baudet con el asesinato días previos en Utrech de tres holandeses a manos de ciudadano turco, que según las autoridades tuvo muy posiblemente una motivación terrorista. No obstante, el FvD llevaba tiempo creciendo y ganando terreno. Las razones de su auge son varias: el declive de Wilders, las acciones del primer ministro Rutte en favor de empresas holandesas como Shell o Unilever (empresa donde él trabajó previamente), el desgaste de los partidos tradicionales, que a su vez daña a sus aliados, y el rechazo a ciertas políticas migratorias que Baudet relacionó con el atentado en Utrecht. También los Verdes holandeses han experimentado un gran crecimiento, acumulando el voto joven que antes apoyaba a Demócratas 66.

Impacto en la Política Holandesa

La victoria del partido Baudet sobre el de Rutte afecta directamente al Gobierno central, al sistema electoral holandés y al propio primer ministro. En primer lugar, muchos medios acogieron los resultados como una valoración de los holandeses sobre el Gobierno de Rutte. El mayor castigo fue para los aliados de Rutte, los Demócratas 66 y la Llamada Demócrata Cristiana, que fueron los que más apoyos perdieron en las regiones. Desde que llegó al poder en 2010, Rutte ha logrado mantener la fidelidad de su electorado, pero todos sus aliados han terminado siendo castigados por sus votantes. Por ello cabe la posibilidad que el Gobierno de Rutte no llegue a terminar su mandato, si sus aliados terminan dándole la espalda.

El resultado de las regionales de marzo puede tener un segundo impacto en el Senado. Los neerlandeses no designan a sus senadores de forma directa, sino que son los consejos regionales los que eligen a los senadores, por lo que los resultados de las elecciones regionales tienen un efecto directo en la composición de la cámara alta. Por ello es muy posible que los partidos que conforman el Gobierno de Rutte sufran un gran retroceso en el Senado y eso le complique al primer ministro la aprobación de sus iniciativas legislativas.

La tercera consecuencia afecta de forma directa al propio Rutte. En 2019 Donald Tusk termina su segundo mandato como presidente del Consejo Europeo y Rutte tenía muchas posibilidades de sucederle, pero siendo él el principal activo electoral de su partido, su marcha podría hundir al VVD. Podría ocurrir entonces como sucedió con la salida de Tusk de Polonia, que resultó en una victoria conservadora un año más tarde.

Cualquiera que sea el desenlace, la política holandesa ha demostrado en los últimos años una gran volatilidad y mucho movimiento. En 2016 se creía que Wilders ganaría las elecciones y anteriormente que el D66 arrebataría al VVD el liderazgo liberal. Es difícil predecir la dirección en la que el viento hará girar el molino.

▲ The Forbidden City, in Beijing [MaoNo]

ESSAY / Jakub Hodek

To fully grasp the complexities and peculiarities of Chinese domestic and foreign affairs, it is indispensable to dive into the underlying philosophical ideas that shaped how China behaves and understands the world. Perhaps the most important value to the Chinese is stability. Particularly when one considers the share of unpleasant incidents they have fared.

Climatic disasters have resulted in sub-optimal harvest and could also entail the loss of important infrastructure costing thousands of lives. For instance, the unexpected 2008 Sichuan earthquake resulted in approximately 80.000 casualties. Nevertheless, the Chinese have shown resilience and have been able to continue their day-to-day with relative ease.[1] Still, nature was not the only enemy. Various nomadic tribes such as the Xiong Nu presented a constant threat to the early Han Empire, who were forced to reinvent themselves to protect their own. [2]  These struggles only amplified their desire for stability.

All philosophical ideologies rooted in China highlight the benefits of stability over the evil of chaos.[3] In fact, Legalism, Daoism and Confucianism still shape current social and political norms. This is unsurprising as the Chinese interpret stability as harmony and the best mean to achieve development. This affirmation is cultivated from birth and strengthened on all societal levels.

Legalism affirms that “punishment” trumps “rights”. Thus, the interest of few must be sacrificed for the good of the many.[4] This translates to phenomenons present in modern China such as censorship of media outlets, autocratic teachers, and rigorous laws to protect “state secrets”. Daoism attests to the existence of a cosmological order that determines events.[5] Manifestations of this can be seen in fields of Chinese traditional medicine that deals with feng shui or the flows of energy. Confucianism puts stability as an antecedent of a forward momentum and regulates the relationship between the individual and society.[6] From the Confucianism stems a norm of submission to parental expectations, and the subjugation and blind faith to the Communist Party.

It follows that non-Sino readers of Chinese affairs must consider these philosophical roots when analysing current Chinese events. Seen through that lens, actions such as Xi Jinping declaring stability as an “absolute principle that needs to be dealt with using strong hands[7],” initiatives harshly targeting corrupt Party members, increased censorship on media outlets and the widespread reinforcement of nationalism should not come as a surprise. One needs power to maintain stability.

Interestingly, it seems that this level of scrutiny over the daily lives of average Chinese people has not incited negative feelings towards the Communist Party. One of the explanations behind these occurrences might be attributed to the collectivist vision of society that the Chinese individuals possess.  They strongly prefer social harmony over their own individual rights. Therefore, they are willing to trade their privacy to obtain heightened security and homogeneity.  

Of course, this way of living contrasts starkly with developed Western societies who increasingly value their individual rights. Nonetheless, the Chinese in no way fell their values to be inferior to the Western ones. They are prideful and portray a sense of exceptionalism when presenting their socioeconomic developments and societal order to the rest of the world. This is not to say that, on occasion, the Chinese have been known to replicate certain foreign practices in an effort to boost their geopolitical presence and economic results. 

In relation to this subtle sense of superiority shared by the Chinese, it is important to analyse the political conditionality of engaging with the People’s Republic of China (PRC) through economic or diplomatic relations. Although the Chinese government representatives have stated numerous times that, when they establish ties with foreign countries, they do not wish to influence socio-political realities of their recent partner, there are numerous examples that point to the contrary. One only has to look at their One China policy which has led many Latin American countries to sever diplomatic ties with Taiwan. In a way, this is understandable as most countries zealously protect their vision of the world. As such, the Chinese Communist Party (CCP) strategically establishes economic ties with countries harbouring resources they need or that are in need of infrastructure that they can provide. The One Belt One Road initiative represents the economic arm of this vision while their recent increased diplomatic activity, especially in Africa and Latin America, the political one. In short, the People’s Republic of China wants to be at the forefront of geopolitics in a multipolar world lacking clear leadership and certainty, at least in the opinion various experts.

One explanation behind this desire for being at the centre stage of international politics hides in the etymology of their own country’s name. The term “Middle Kingdom” refers to the Chinese “Zhongguó”, where the first character “zhong” means “centre” or “middle” and “guó” means “country”, “nation” or “kingdom”.[8] The first record of this term, “Zhongguó,” can be found in the Book of Documents (“Shujing”), which is one of the Five Classics of ancient Chinese literature. It is a piece which describes ancient Chinese figures and, in some measure, serves as a basis of the Chinese political philosophy, especially Confucianism. Although the Book of Documents dates back to 4th Century A.D., it wasn’t until the beginning of the 20th Century when the term “Zhongguó” became the official name of China.[9] While it is true that the Chinese are not the only country that believes they have a higher calling to lead others, China is the only nation whose name uses such a concept.

Such deep-rooted concepts as “Zhongguó”, strongly resonates within the social fabric of Chinese modern society and implies a vision of the world order where China is at the centre and leading countries both to the East and West. This vision is embodied in Xi Jinping, the designated “core” leader of the Chinese Communist Party (CCP), who is decisively dictating the tempo of China’s effort to direct the country on the path of national rejuvenation. In fact, at the 19th National Congress of the Communist Party of China in October 2017, Xi Jinping’s speech was centered around the need for national rejuvenation. An objective and a date were set out: “By 2049, China’s comprehensive national power and international influence will be at the forefront.”[10] In other words, China aims to restore its status as the Middle Kingdom by the year 2049 and become a leading world power.

The full-fleshed grand strategy can be found in “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era,” a document that is now part of China’s constitution and it’s as important of a doctrine as Mao Zedong’s political theories or anything the CCP’s has previously put forth. The Chinese are approaching these objectives promptly and efficiently and, as they have proven in the past, they are capable of great achievements when resources are available. Sure enough, the world is already experiencing Xi Jinping’s policies. Recently, Beijing has opted to invest in increased international presence to exert their influence and vision. Starting with continued emphasis on the Belt and Road Initiative (BRI), massive modernization of the People’s Liberation Army (PLA) and aggressive foreign policy.

The migration and political crisis in Europe and Trump’s isolationism have given China sufficient space to jump on the international stage and set in motion a new global order, albeit without the will to dynamite the existing one. Xi Jinping managed to renew a large part of the members of CCP’s executive bodies and left the 19th National Congress of the Communist Party of China notably reinforced. He did everything possible to have political capital to push the economic and diplomatic reforms to drive China to the promised land.

Another issue that is given China an opportunity to steal the spotlight is climate change. Especially, after the United States pulled out from the Paris Agreement in June 2017. Last January, Xi Jinping chose the Davos World Economic Forum to show that his country is a solid and reliable partner. Leaning on an economy with clear signs of stability and growth of around 6.7%, many who had predicted its spiralling fall had to listen as the President presented himself as a champion of free trade and the fight against global warming. After expressing its full support for the agreements reached against the emissions of gases at the climate summit held in Paris in 2016, Xi announced the will of “the Middle Kingdom” to guide the new economic globalization.

President Xi plans to achieve his vision with a two-pronged approach. First, a wide-ranging promotion abroad of “Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics in a New Era.” This is an unknown strategy to the Chinese as there is no precedent of the CCP’s ideas being promoted abroad. However, Xi views Western liberal democracy as an impediment to China’s rise and wants to offer an alternative in the form of Chinese socialism, which he perceives as practically and theoretically superior. The Chinese model of governing provides a way to catch up with the developed nations and avoid the regression to modern age colonialism.[11] This could turn out to be an attractive proposal to developing nations who might just be lured by China’s “benevolent” governance and “generosity” in the form of low-interest loans. Second, Xi wants to further develop and modernize the PLA so that it is capable to ensure national security and maintain Chinese positions in areas where their foreign policy has become more assertive (not to say aggressive) such as in the South China Sea.[12] Confirming that both strong military and economic sustainability are essential to achieve the strategic goal of becoming the centre of their proposed global order by 2049.

If one desires to understand China today, one must look carefully at its origin. What started off as an isolated nation turned out to be a dormant giant that was only waiting to get its home affairs in order before it went for the rest of the world. If there is any lesson behind recent Chinese actions across the political and socioeconomical spectrum is that they want to live up to their name and be at the forefront of the world. This is not to say that they wish an implosion of the current world order although it is clear they are willing to use force if need be. It merely implies that they believe their philosophical ideologies to be at least as good as those shared in Western societies while not forgoing what they find useful from them: free trade, service-based economy, developed financial markets, among other things. As things stand, China is sure to make some friends along the way. Especially in developing regions that might be tempted by their tremendous economic success in the last decades and offers of help “with no strings attached.” These realities imply that we live in a multipolar which is increasingly heterogenous in connection to values and references that rule it. Therefore, understanding Chinese mentality will prove essential to understand the future of geopolitics.  

La ruptura con Rusia de los ortodoxos de Ucrania traslada al ámbito religioso la tensión entre Kiev y Moscú

Mientras Rusia cerraba a Ucrania los accesos del Mar de Azov, a finales de 2018, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana avanzaba en su independencia respecto al Patriarcado de Moscú, cortando un importante elemento de influencia rusa sobre la sociedad ucraniana. En la “guerra híbrida” planteada por Vladimir Putin, con sus episodios de contraofensivas, la religión es un ámbito más de soterrada pugna.

▲ Proclamación de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, con asistencia del presidente ucraniano Poroshenko [Mykola Lazarenko]

ARTÍCULO / Paula Ulibarrena

El 5 de enero de 2019 fue un día importante para la Iglesia Ortodoxa. En la histórica Constantinopla, hoy Estambul, en la catedral ortodoxa de San Jorge, se verificó la ruptura eclesiástica entre el rus de Kiev y Moscú, naciendo así la decimoquinta Iglesia Ortodoxa autocéfala, la de Ucrania.

El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, presidió el acto junto al metropolitano de Kiev, Epifanio, que fue elegido en otoño pasado por parte de los obispos ucranianos que quisieron escindirse del Patriarcado de Moscú. Tras un solemne recibimiento coral a Epifanio, de 39 años, los dirigentes eclesiásticos colocaron en una mesa del templo el tomos (decreto), un pergamino escrito en griego que certifica la independencia de la Iglesia de Ucrania.

Pero quien realmente encabezó la delegación ucraniana fue el presidente de esa república, Petró Poroshenko. “Es un acontecimiento histórico y un gran día porque hemos podido escuchar una oración en ucraniano en la catedral de San Jorge”, escribió momentos después Poroshenko en su cuenta de la red social Twitter.

El acto contó con el frontal rechazo del Patriarcado de Moscú, que lleva tiempo enfrentado con el patriarca ecuménico de Constantinopla. El arzobispo Ilarión, jefe de relaciones exteriores de la Iglesia Ortodoxa Rusa, comparó la situación con el Cisma de Oriente y Occidente de 1054 y advirtió de que el conflicto actual puede prolongarse "por decenios e incluso siglos".

El gran cisma

Así se denomina al cisma o separación de la Iglesia de Oriente (Ortodoxa) de la Iglesia Católica de Roma. La separación se gestó a lo largo de siglos de desavenencias comenzando por el momento en que el emperador Teodosio el Grande dividió a su muerte (año 395) el Imperio Romano en dos partes entre sus hijos: Honorio y Arcadio. Sin embargo, no se llegó a la ruptura efectiva hasta 1054. Las causas son de tipo étnico por diferencias entre latinos y orientales, políticos por el apoyo de Roma a Carlomagno y de la Iglesia oriental a los emperadores de Constantinopla pero sobre todo por las diferencias religiosas que a lo largo de esos años fueron distanciando a ambas iglesias, tanto en aspectos como santorales, diferencias de culto, y sobre todo por la pretensión de ambas sedes eclesiásticas de ser la cabeza de la Cristiandad.

Cuando Constantino el Grande mudó la capital del imperio de Roma a Constantinopla, esta pasó a ser denominada la Nueva Roma. Tras la caída del imperio romano de Oriente a manos de los turcos en 1453 Moscú utilizó la denominación de “Tercera Roma”. Las raíces de este sentimiento comenzaron a gestarse durante el reinado del gran duque de Moscú Iván III, que había contraído matrimonio con Sofía Paleóloga quien era sobrina del último soberano de Bizancio, de manera que Iván podía reclamar ser el heredero del derrumbado Imperio Bizantino.

Las diferentes iglesias ortodoxas

La Iglesia Ortodoxa no tiene una unidad jerárquica, sino que está constituida por 15 iglesias autocéfalas que reconocen solo el poder de su propia autoridad jerárquica, pero mantienen entre sí comunión doctrinal y sacramental. Dicha autoridad jerárquica se equipara habitualmente a la delimitación geográfica del poder político, de modo que las diferentes iglesias ortodoxas han ido estructurándose en torno a los Estados o países que se han configurado a lo largo de la historia, en el área que surgió del Imperio Romano de Oriente, y posteriormente ocupó el Imperio Otomano.

Son las siguientes iglesias: la de Constantinopla, la rusa (que es la mayor, con 140 millones de fieles), la serbia, la rumana, la búlgara, la chipriota, de georgiana, la polaca, la checa y eslovaca, la albanesa y la ortodoxa de América, así como las muy prestigiosas pero pequeñas de Alejandría, Jerusalén y Antioquía (para Siria).

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania ha dependido históricamente de la rusa, paralelamente a la dependencia del país respecto a Rusia. En 1991 a raíz de la caída del comunismo y de la desaparición de la URSS, muchos obispos ucranianos autoproclamaron el Patriarcado de Kiev y se separan de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Esta separación fue cismática y no obtuvo apoyo del resto de iglesias y patriarcados ortodoxos, y de hecho supuso que en Ucrania coexistiesen dos iglesias ortodoxas: el Patriarcado de Kiev y la Iglesia Ucraniana dependiente del Patriarcado de Moscú.

Sin embargo esta falta de apoyos iniciales cambió el año pasado. El 2 de julio de 2018, Bartolomé, patriarca de Constantinopla, declaró que no existe ningún territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania ya que Moscú se anexionó la Iglesia Ucraniana en 1686 de forma canónicamente inaceptable. El 11 de octubre, el Santo Sínodo del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla decidió conceder la autocefalia del Patriarca Ecuménico a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y revocó la validez de la carta sinodal de 1686, que concedía el derecho al Patriarca de Moscú para ordenar al Metropolitano de Kiev. Esto llevó a la reunificación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y su ruptura de relaciones con la de Moscú.

El 15 de diciembre, en la Catedral de Santa Sofía de Kiev, se celebró el Sínodo Extraordinario de Unificación de las tres iglesias ortodoxas ucranianas, siendo elegido como Metropolitano de Kiev y toda Ucrania el arzobispo de Pereýaslav-Jmelnitski y Bila Tserkva Yepifany (Dumenko). El 5 de enero de 2019, en la Catedral patriarcal de San Jorge en Estambul el Patriarca Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I rubricó el tomos de autocefalia de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

La política, ¿acompaña la división o es su causa?

En el Este de Europa es casi una tradición la relación íntima entre religión y política, como ha sido desde los principios de la Iglesia Ortodoxa. Parece evidente que la confrontación política entre Rusia y Ucrania es paralela al cisma entre las iglesias ortodoxas de Moscú y Kiev, e incluso es un factor más que añade tensión a este enfrentamiento. De hecho, el simbolismo político del acto de Constantinopla se vio reforzado por el hecho de que fue Poroshenko, y no Epifanio, el que recibió el tomos de manos del patriarca ecuménico, al que agradeció el “coraje de tomar esta histórica decisión”. Anteriormente el mandatario ucraniano ya había comparado este hecho con el referéndum mediante el que Ucrania se independizó de la URSS en 1991 y con la “aspiración a ingresar en la Unión Europea y la OTAN”.

Aunque la separación llevaba años gestándose, curiosamente la búsqueda de esa independencia religiosa se ha intensificado tras la anexión por parte de Rusia de la península ucraniana de Crimea en 2014 y el apoyo de Moscú a milicias separatistas en el este de Ucrania.

El primer resultado se hizo público el 3 de noviembre, con una visita de Poroshenko a Fanar, la sede de Bartolomé en Estambul, tras la cual el patriarca subrayó su apoyo a la autonomía eclesiástica de Ucrania.

El reconocimiento de Constantinopla de una iglesia autónoma ucrania supone también un impulso para Poroshenko, que se enfrenta a una dura carrera electoral en marzo. En el poder desde 2014, Poroshenko ha centrado en el asunto religioso gran parte de su discurso. “Ejército, idioma, fe”, es su principal eslogan electoral. De hecho, tras la separación, el mandatario afirmó: “nace la Iglesia Ortodoxa Ucraniana sin Putin y sin Kirill, pero con Dios y con Ucrania”.

Kiev asegura que las iglesias ortodoxas respaldadas por Moscú en Ucrania —unas 12.000 parroquias— son en realidad una herramienta de propaganda del Kremlin, que las emplea también para apoyar a los rebeldes prorrusos del Donbás. Las iglesias lo niegan rotundamente.

En el otro lado, Vladímir Putin, que se erigió hace años como defensor de Rusia como potencia ortodoxa y cuenta con el patriarca de Moscú entre sus aliados, se opone fervientemente a la separación y ha advertido de que la división producirá “una gran disputa, si no un derramamiento de sangre”.

Además, para el patriarcado de Moscú —que rivaliza desde hace años con el de Constantinopla como centro de poder ortodoxo— supone un duro golpe. La Iglesia Rusa tiene alrededor de 150 millones de cristianos ortodoxos bajo su autoridad, y con esta separación perdería una quinta parte, aunque todavía seguiría siendo el patriarcado ortodoxo más numeroso.

También este hecho tiene un gemelo político, pues Rusia ha afirmado que romperá relaciones con Constantinopla. Vladimir Putin sabe que pierde una de las mayores fuentes de influencia que posee en Ucrania (y en lo que él llama “el mundo ruso"): el de la Iglesia Ortodoxa. Para Putin, Ucrania se encuentra en el centro del nacimiento del pueblo ruso. Esta es una de las razones, junto a la importante posición geoestratégica de Ucrania y su extensión territorial, por las que Moscú quiere seguir manteniendo la soberanía espiritual sobre la antigua república soviética, ya que políticamente Ucrania se está acercando a Occidente, tanto a la UE y como a Estados Unidos.

Tampoco hay que olvidar la carga simbólica. La capital ucraniana, Kiev, fue el punto de partida y origen de la Iglesia Ortodoxa Rusa, algo que acostumbra a recordar el propio presidente Putin. Fue allí donde el príncipe Vladimir, figura eslava medieval reverenciada tanto por Rusia como por Ucrania, se convirtió al Cristianismo en el año 988. “Si la Iglesia Ucraniana gana su autocefalia, Rusia perderá el control de esa parte de la historia que reclama como origen de la suya propia”, asegura a la BBC el doctor Taras Kuzio, profesor en la Academia de Mohyla de Kiev. “Perderá también gran parte de los símbolos históricos que forman parte del nacionalismo ruso que defiende Putin, tales como el monasterio de las Cuevas de Kiev o la catedral de Santa Sofía, que pasarán a ser enteramente ucranianos. Es un golpe para los emblemas nacionalistas de los que presume Putin”.

Otro aspecto a considerar es que las iglesias ortodoxas de otros países (Serbia, Rumanía, Alejandría, Jerusalén, etc) se empiezan a alinear a un lado u otro de la gran grieta: con Moscú o con Constantinopla. No está claro si esto quedará como un cisma meramente religioso, de producirse, o si arrastrará también al poder político, pues no hay que olvidar, como ya se ha señalado, que en ese área que denominamos Oriente siempre han existido unos lazos muy fuertes entre poder religioso y político desde el gran cisma con Roma.

¿Por qué ahora?

El anuncio de la escisión entre ambas iglesias es, para algunos, algo lógico en términos históricos. “Tras la caída del Imperio Bizantino, las iglesias ortodoxas independientes fueron configurándose en el siglo XIX de acuerdo a las fronteras nacionales de los países y este es el patrón que, con retraso, está siguiendo ahora Ucrania”, explica en la citada información de la BBC el teólogo Aristotle Papanikolaou director del Centro de Estudios Cristianos Ortodoxos de la Universidad de Fordham, en Estados Unidos.

Hay que considerar que es la oportunidad de Constantinopla de restar poder a la Iglesia de Moscú, pero sobre todo es la reacción del sentimiento general ucraniano frente a la actitud de Rusia. “¿Cómo pueden los ucranianos aceptar como guías espirituales a miembros de una iglesia que se cree implicada en las agresiones imperialistas rusas?”, se pregunta Papanikolau, reconociendo el impacto que la guerra de Crimea y su posterior anexión pudo haber tenido en la actitud de los eclesiásticos de Constantinopla.

Existe, pues, una relación clara y paralela entre el deterioro de las relaciones políticas entre Ucrania y Rusia, y la separación entre el rus de Kiev frente a la Iglesia de Moscú. Ambas iglesias ortodoxas están muy imbricadas, no solo en sus respectivas sociedades, sino también en los ámbitos políticos y estos a su vez utilizan para sus fines la importante ascendencia de las iglesias sobre los habitantes de los dos países. En definitiva, la tensión política arrastra o favorece la tensión eclesiástica, pero a su vez las aspiraciones de independencia de la Iglesia Ucraniana ven este momento de enfrentamiento político como el idóneo para independizarse de la moscovita.

Tras cuatro años de junta militar, las próximas elecciones abren la posibilidad de retornar a una legitimidad demasiado interrumpida por golpes de Estado

Tailandia ha conocido diversos golpes de Estado e intentos de vuelta a la democracia en su historia más reciente. La Junta militar que se hizo con el poder en 2014 ha convocado elecciones para el 24 de marzo. El deseo, sin éxito, de la hermana del rey Maha Vajiralongkorn de concurrir a las elecciones para acceder al puesto de primera ministra ha llamado la atención mundial sobre un sistema político que no logra atender las aspiraciones políticas de los tailandeses. 

▲ Escena de una calle de Bangkok [Pixabay]

ARTÍCULO / María Martín Andrade

Tailandia es uno de los países integrantes de ASEAN que más rápido se está desarrollando en términos económicos. No obstante, estos avances se encuentran con un difícil obstáculo: la inestabilidad política que el país arrastra desde principios del siglo XX y que abre un nuevo capítulo ahora, en 2019, con las elecciones que tendrán lugar el 24 de marzo. Estas elecciones suponen un antes y un después en la política tailandesa reciente, después de que en 2014, el general Prayut Chan-Ocha diese un golpe de Estado y se convirtiera en primer ministro de Tailandia encabezando el NCPO (Consejo Nacional para la Paz y el Orden), la junta de gobierno constituida para dirigir el país.

Sin embargo, no son pocos los que se muestran escépticos ante esta nueva entrada de la democracia. Para empezar, las elecciones se fijaron inicialmente para el 24 de febrero, pero poco tiempo después el Gobierno anunció un cambio de fecha y las convocó para un mes más tarde. Algunos han expresado sospechas acerca de una estrategia para que las elecciones no tengan lugar, ya que, según la ley, no pueden celebrarse una vez transcurridos ciento cincuenta días a partir de la publicación de las diez últimas leyes orgánicas. Otros temen que el NCPO se haya dado más tiempo para comprar votos, al tiempo que comentan su inquietud por la posibilidad de que la Comisión Electoral, que es una administración independiente, sea manipulada para lograr un éxito que a la junta militar le va a resultar difícil asegurar.

Centrando este análisis en lo que el futuro depara a la política tailandesa, es necesario remontarse a su trayectoria en el último siglo para darse cuenta de que sigue una estela circular.

Los golpes de Estado no son algo nuevo en el país (1). Ha habido doce desde que en 1932 se firmó la primera Constitución. Todo responde a una interminable pugna entre el “ala castrense”, que ve el constitucionalismo como una importación occidental que no termina de encajar con las estructuras tailandesas (también defiende el nacionalismo y venera la imagen del rey como símbolo de la nación, la religión budista y la vida ceremonial), y la “órbita izquierdista”, originariamente compuesta por emigrantes chinos y vietnamitas, que percibe la institucionalidad del país como similar a la de la “China pre-revolucionaria” y que a lo largo de todo el siglo XX se expresó por medio de guerrillas. A esta última ideología hay que añadir el movimiento estudiantil, que desde los comienzos de la década de 1960 critica la “americanización”, la pobreza, el orden tradicional de la sociedad y el régimen militar.

Con el boom urbano iniciado en la década de 1970, el producto interior bruto se quintuplicó y el sector industrial pasó a ser el de mayor crecimiento, gracias a la producción de bienes tecnológicos y a las inversiones que las empresas japonesas empezaron a hacer en el país. Durante esta época se produjeron golpes de Estado, como el de 1976, y numerosas manifestaciones estudiantiles y acciones guerrilleras. Tras el golpe de 1991 y nuevas elecciones se abrió un debate sobre cómo crear un sistema político eficiente y una sociedad adaptada a la globalización.

Estos esfuerzos se truncaron cuando llegó la crisis económica de 1997, que generó divisiones y despertó rechazo hacia la globalización, por considerarla la fuerza maligna que había llevado el país a la miseria. Es en este punto cuando entró en escena alguien que desde entonces ha sido clave en la política tailandesa y que sin duda marcará las elecciones de marzo: Thaksin Shinawatra.

Shinawatra, un importante empresario, creó el partido Thai Rak Thai (Thai ama Thai) como reacción nacionalista a la crisis. En 2001 ganó las elecciones y apostó por el crecimiento económico y la creación de grandes empresas, pero a la vez ejerció un intenso control sobre los medios de comunicación, atacando a aquellos que se atrevían a criticarle y permitiendo únicamente la publicación de noticias positivas. En 2006 se produjo un golpe de Estado para derrocar a Shinawatra, acusado de graves delitos de corrupción. No obstante,  Shinawatra volvió a ganar los comicios en 2007, esta vez con el Partido del Poder Popular.

En 2008 se produjo una nueva asonada, pero la marca Shinawatra, representada por la hermana del exprimer ministro, ganó las elecciones en 2011, esta vez con el partido Pheu Thai. Yingluck Shinawatra se convirtió así en la primera mujer en presidir el Gobierno de Tailandia. En 2014 otro golpe la apartó a ella e instauró una junta que ha gobernado hasta ahora, con un discurso basado en la lucha contra la corrupción, la protección de la monarquía, y el rechazo a las políticas electorales, consideradas como la epidemia nacional.

En este contexto, todo el esfuerzo de la junta, que se presenta en marzo bajo el nombre del partido Palang Pracharat, se ha centrado en debilitar a Pheu Thai y así eliminar del mapa todo rastro que quede de Shinawatra. Para conseguir esto, la junta ha procedido a reformar el sistema electoral (en 2016 una nueva Constitución sustituyó a la de 1997), de forma que el Senado ya no es elegido por los ciudadanos.

A pesar de todos los esfuerzos manifestados en la compra de votos, la posible manipulación de la Comisión Electoral y la reforma del sistema electoral, se intuye que la sociedad tailandesa puede hacer oír su voz de cansancio del gobierno militar, que además pierde apoyo en Bangkok y en el sur. A esto se añade el convencimiento colectivo de que, más que perseguir el crecimiento económico, la Junta se ha centrado en conseguir la estabilidad haciendo más desigual la economía de Tailandia, según datos de Credit Suisse. Por ello mismo, el resto de los partidos que se presentan a estas elecciones, Prachorath, Pheu Thai, y Bhumjaithai, coinciden en que Tailandia se tiene que volver a integrar en la competencia global y que el mercado capitalista tiene que crecer.

A principios de febrero el contexto se complicó aún más, cuando la princesa Ulboratana, la hermana del actual rey, Maha Vajiralongkorn, comunicó la presentación de su candidatura en las elecciones como representante del partido Thai Raksa Chart, aliado de Thaksin Shinawatra. Esta noticia supuso una gran anomalía, no únicamente por el hecho de que un miembro de la monarquía mostrase su intención de participar activamente en política, algo que no ocurría desde que en 1932 se pusiera fin a la monarquía absoluta, sino porque además todos los golpes de estado que se han dado en el país han contado con el respaldo de la familia real. El último, de 2014, contó con la bendición del entonces rey Bhumibol. Asimismo, la familia real siempre ha contado con el apoyo de la Junta militar.

En aras de evitar un enfrentamiento que dañaba a la monarquía, el rey reaccionó con rapidez y mostró públicamente su rechazo a la candidatura de su hermana; finalmente la Comisión Electoral decidió retirarla del proceso de elecciones.

Gobierno deficiente

Durante los últimos años la Junta militar ha sido responsable de mala gobernanza, de la débil institucionalidad del país y de una economía amenazada por las sanciones internacionales que buscan castigar la falta de democracia interna.

Para empezar, siguiendo el artículo 44 de la Constitución proclamada en 2016, el NCPO tiene legitimidad para intervenir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo con el pretexto de proteger a Tailandia de amenazas contra el orden público, la monarquía o la economía. Esto no solo impide toda posibilidad de interacción y resolución efectiva de conflictos con otros actores, sino que es un rasgo inequívoco de un sistema autoritario.

Han sido precisamente sus características de régimen autoritario, que es como se puede calificar a su sistema gubernamental, las que han hecho a la comunidad internacional reaccionar desde el golpe de 2014, imponiendo diversas sanciones que pueden afectar a Tailandia seriamente. Estados Unidos suspendió 4,7 millones de dólares de asistencia financiera, mientras que Europa ha puesto objeciones en la negociación de un acuerdo de libre comercio, pues como ha indicado Pirkka Tappiola, representante de la UE ante Tailandia, solo será posible establecer un acuerdo de ese tipo con un gobierno democráticamente elegido. Además, Japón, principal inversor en el país, ha empezado a buscar vías alternativas, implantando fábricas en otros lugares de la región como Myanmar o Laos.

Ante el cuestionamiento de su gestión, la Junta reaccionó dedicando 2.700 millones de dólares a programas destinados a los sectores más pobres de la población más pobres, especialmente los campesinos, e invirtiendo cerca de 30.000 millones en la construcción de infraestructuras en zonas aún no explotadas.

Dado que las exportaciones en Tailandia son el 70% de su PIB, el Gobierno no se puede permitir el lujo de tener a la comunidad internacional enfrentada. Eso explica que la Junta creara un comité para gestionar problemas referentes a los derechos humanos, denunciados desde el exterior, si bien el objetivo de la iniciativa parece haber sido más bien publicitario.

De cara a una nueva etapa democrática, la Junta tiene una estrategia. Habiendo puesto la mayor parte de sus esfuerzos en la creación de nuevas infraestructuras, espera abrir un corredor económico, el Eastern Economic Corridor (EEC), con el que convertir las tres principales provincias costeras (Chonburi, Rayong, y Chachoengsao) en zonas económicas especiales donde se potencien industrias como las del automóvil o la aviación, y que sean atractivas para la inversión extranjera una vez despejada la legitimación democrática.

Es difícil prever qué ocurrirá en Tailandia en las elecciones del 24 de marzo. Aunque casi todo habla de una nueva vuelta a la democracia, está por ver el resultado del partido creado por los militares (Pralang Pracharat) y su firmeza en el compromiso con un juego institucional realmente honesto. Si Tailandia quiere seguir creciendo económicamente y atraer de nuevo a inversores extranjeros, los militares debieran dar pronto paso a un proceso completamente civil. Posiblemente no será un camino sin contratiempos, pues la democracia es un vestido que hasta ahora le ha venido un tanto ajustado al país.

(1) Baker, C. , Phongpaichit, P. (2005). A History of Thailand. Cambridge, Univeristy Press, New York.