▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISIS / Camila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de  Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz. 

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.

▲ISIS Toyota convoy in Syria [ISIS video footage]

ANALYSIS / Ignacio Yárnoz

When you go to a Toyota distributor to buy a Toyota Land Cruiser or a Toyota Hilux, what they proudly tell you is how resistant, fast and reliable the truck is. However, what they do not tell you is how implicated in wars and conflicts the truck has been due to the very same characteristics. We have seen in recent newscasts that in many of today´s conflicts, there’s a Toyota truck; no matter how remote the country is. This is because, if the AK47 is the favourite weapon for militias in developing countries, the Toyota Hilux and Land Cruiser are the militia’s trucks of choice.

This is no surprise when one considers that the Toyota Land Cruiser was initially designed to be a military car inspired by the famous Jeep Willis at the time Japan was occupied by the US after Japan´s defeat in World War II. However, its popularity among terrorist groups, militias, as well as developing countries’ national armies only gained ground in the 80’s when a conflict between Chad and Libya proved the trucks’ effectiveness as war machines; simultaneously calling into question the efficacy of traditional war strategies and military logistics.

This little-known story is about how an army comprising 400 Toyota pickups of the Chadian army outmanoeuvred and overwhelmed a vastly superior force equipped with soviet-era tanks and aircrafts of the Libyan army. The historical event demonstrated how a civilian truck was able to shape international borders, tipping the balance in favour of the inferior party to the conflict.

The Toyota War

The Toyota War is the name given to the last phase of the Chad-Libyan War that raged on for almost a decade, yet did not have relevance until its last phase. This last phase began in 1986 and ended a year later with a heavy defeat inflicted on the Libyan army by the Chadians. In total, 7,500 men were killed and 1.5 billion dollars worth of military equipment was destroyed or captured. Conversely, Chad only lost 1,000 men and very little military equipment (because they hardly had any).

The last phase of the conflict developed in the disputed area of the North of Chad, an area that had been occupied by Libyan forces in 1986 due to its natural resources such as uranium (highly interesting for Gadhafi and his nuclear armament project). At the beginning of 1987, the last year of the war, the Libyan expeditionary force comprised 8,000 soldiers, 300 T-55 battle tanks, multiple rocket launchers and regular artillery, as well as Mi-24 helicopters and sixty combat aircrafts. However, the Libyan soldiers were demotivated and disorganized. The Chadians, on the other hand, had nothing but 10,000 brave and motivated soldiers with neither air support nor armoured tanks. However, by 1987, Chad could count on the French Air Force to keep Libyan aircraft grounded but, perhaps more importantly, a 400 Toyota pickups fleet equipped with MILAN (Missile d´infanterie léger antichar) anti-tank guided missiles sent by the French Government. Additionally, it could also be equipped with .50 calibre machine guns, with archaic flak cannons for anti-air purposes or even rocket clusters to be used as WWII-style artillery.

This logistical combination proved to be superior to that employed by the Libyan army as Toyota pickup trucks could easily outmanoeuvre the heavily armoured Russian tanks. Whereas the latter consumed around 200 L/100 km, the Toyota trucks consumed a fraction, at 10L/100 km. In addition, Toyota Trucks could mobilize groups of 20 people in a single truck, enabling faster transport and deployment of troops to the conflict scene; an advantage the Russian tanks did not have.

Reminiscent of the Maginot line when the Nazi army challenged the old trenches system utilizing a fixed artillery method with the innovative Thunder war strategy, the Chad Army emerged victorious over the Libyans through a simple strategic innovation in military logistics. Something clearly demonstrated in the Battle of Fada. In this instance, a Libyan armoured brigade defending Fada was almost annihilated: 784 Libyans and CDR (Democratic Revolutionary Council) militiamen died, 92 T-55 tanks and 33 BMP-1 infantry fighting vehicles were destroyed, and 13 T-55s and 18 BMP-1s were captured, together with the 81 Libyan soldiers operating them. Chadian losses, on the other hand, were minimal: only 18 soldiers died and three Toyotas were destroyed.

All in all, this situation was one of the first deployments of the Toyota Hilux in a conflict zone, demonstrating the reliability of the truck and its high performance in harsh environments. A testament to the Toyota’s endurance was its featuring in the famous TV show “Top Gear” where a 1980’s Toyota Hilux was put to a wrecking ball, set on fire, submerged in a sea bay for 5 hours, then left on the top of a building waiting its final demolishment, yet still rolled.

Ever since, Toyota trucks have been sighted in conflicts in Nicaragua, Ethiopia, Rwanda, Liberia, the Democratic Republic of the Congo (CDR), Lebanon, Yemen, Sudan, and Pakistan and as the New York Times has reported, the Hilux remains the pirates' 'ride of choice.'  The deployment of Daesh of a fleet of hundreds of Toyotas in Mosul in 2014 was a lasting testament of the trucks’ durability.

Adaptability

How could the West deal with this issue? To deploy a massive fleet of Humvees? It would be naïve to attack an enemy with their own means. This hardly appears to constitute an effective solution. Humvees are already being substituted by JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) due to their vulnerability to IED’s (Improvised Explosive Devices); something insurgents are allowed to use but western countries are not due to international treaties and ethical values (how can a mine be designed such that it can distinguish a civilian truck from a Toyota driven by insurgents?). This proves the challenge that counterinsurgency policies (COIN) entail and the need to move to a next generation as far as COIN strategies are concerned.

The Toyota example is one of many that clearly signals a need for conventional state armies to adapt their logistical capabilities to better match the challenges of non-conventional warfare and insurgencies; the primary forms of conflict in which our nations are today engaged. The first lesson is clearly that the traditional focus on high power and the availability of resources is poorly suited to respond to contemporary insurgencies and military engagement with primarily non-state entities. Rather, there is a growing need for logistical versatility, combining both attack power and high manoeuvrability. The Toyota issue is an interesting example that illustrates how groups like Daesh have been able to mobilize an easily accessible, relatively non-expensive market commodity that has proven to be effective in lending the group precisely the kind of logistical aid required to successfully wage its insurgency. This being said, there are a number of dilemmas posed to nation states engaging in COIN strategies that prevent them from being able to employ the same methodology. Clearly there is a need to constantly engage in the adaptation of COIN strategies to respond to new threats and the surprising innovation of the adversary. However, COIN campaigns have been difficult to manage, and even harder to win, since time immemorial.

Recent research in political science and economics investigates a number of difficulties security forces face during conflicts with insurgent actors (Trebbi et al., 2017). Development and military aid spending have uneven effects, and conventional military strategies, including aerial bombardment, can erode civilian support for the COIN. Although states have historically used mass killings of non-combatants to undermine logistical support for guerrilla actors, evidence from modern insurgencies indicates that these measures may have the opposite effect: in some cases, such measures may encourage recruitment and mobilization (Trebbi et al., 2017). As such, the challenge is to constantly adapt to meet the requirements of contemporary warfare, whilst simultaneously assessing and remaining cognizant of the effects that COIN measures have on the overall campaign.

Adaptation through learning and innovation occurs on a much different time-scale than evolution. Although both involve information exchange with the environment and with elements within the system, evolution occurs over long periods of time through successive generations that have been able to successfully survive to changes (Hayden, 2013). Learning is the process of modifying existing knowledge, behaviours, skills, values, or preferences, and innovation involves the incorporation of a previously unused element into the system, or the recombination of existing elements in new ways.

Airstrikes

In the previous example of the conflict between Chad and Libya, it was mentioned that the Libyan army had its air force inoperative due to the presence of French air support. Another important point to make is that Toyotas may have been effective war machines for the terrain and surrounding environment, yet would nevertheless have been vulnerable to airstrikes had the Libyan army been able to engage air power against the Chadians. Air and space are part of the future of COIN strategies, despite composing only one element of them. They are our eyes (UAV systems), our way to get away or deploy forces (Chinook helicopters for example) and also the sword that can eliminate the threat (e.g. Predator drones). However, maintaining complete dominance over the battle space does not guarantee victory.

Due to the success of the air campaign in Operation Desert Storm, airpower seemed to be the predominating weapon of choice for future warfare. Yet, recent operations in Afghanistan and Iraq have called that assertion into question. Airstrikes in ground operations have proven to be controversial in small wars, especially when it comes to civilian casualties and its impact on civilian morale (an element that could enhance local support to insurgents). This is why, to win popular support, the US air force had to rethink its operations in Afghanistan and Iraq to win popular support (this also a result of Taliban and Pakistani propaganda and political pressure). Most recently, the US, along with France and the UK, have engaged in massive airstrikes on strategic infrastructure devoted to chemical development supposedly for a military use. Although being calibrated, proportional and targeted, those attacks have created a lot of internal debate in the West and have divided society. As such, the future environment seems certain to further limit the kind of strikes it can make with airpower and missiles.

Consequently, technologically superior air assets nowadays face significant challenges in engaging dispersed and oftentimes unseen opponents. The Air Force must determine how modern airpower can successfully engage an irregular opponent. Air power, the “strategic panacea” of Western policymakers (Maxey, 2018), will no longer maintain the same utility that it does against rural insurgents. Although tactical Predator strikes and aerial reconnaissance may have shifted the street-to-street fighting against Daesh, such operations are severely limited within expansive megacities. The threat of civilian casualties is often too high, even for precision-guided munitions with limited blast radius. Further. buildings and layers of infrastructure often obscure a clear overhead view.

For 2030, the United Nations (UN) suggests that around 60 percent of global population will live in urban areas. There are 512 cities of at least one million inhabitants around the world, and this is expected to grow to 662 cities by 2030. Many of the megacities that will emerge will come from the developing world. That is why it is so urgent to design strategies to adapt to operating within metropolitan environments where small roads prevent large tanks to manoeuvre, where buildings give cover to heavy cannon targets and where one is more exposed to the crosshairs of insurgents taking cover in civilian infrastructure. 

As U.S. Army Chief of Staff Gen. Mark Milley remarked in 2016; “In the future, I can say with very high degrees of confidence, the American Army is probably going to be fighting in urban areas. We need to man, organize, train and equip the force for operations in urban areas, highly dense urban areas, and that’s a different construct. We’re not organized like that right now”.

In addition to this, National armies must be able to work through host governments, providing training, equipment and on-the-ground assistance to their local partners. The mere presence of a foreign army in the area often creates a negative perception among the local population and, unfortunately, in other cases, violent opposition. However, if the army patrolling the city wears the national flag, things change. Defeating an insurgency depends upon effective state building.

REFERENCES

Engel, P. (2018). These Toyota trucks are popular with terrorists — here's why. Business Insider. [Accessed 21 Apr. 2018].

S.L.P., I. (2018). La guerra de los Toyota en Siria. Instituto de Estrategia S.L.P. [Accessed 21 Apr. 2018].

Wang, A. (2018). How did the Toyota pickup become terrorists’ favorite truck?. Quartz.

Maxey, L. (2018). Preparing for the Urban Future of Counterinsurgency.

Smallwarsjournal.com. (2018). Air and Space Power COIN / IW | Small Wars Journal.

Costas, J. (2018). El lado oscuro y bélico del Toyota Land Cruiser. Motorpasion.com.

Tomes, R. R. (2004). Relearning counterinsurgency warfare. Parameters, 34(1), 16-29.

Hayden, N. K. (2013). Innovation and Learning in Terrorist Organizations: Towards Adaptive Capacity and Resiliency. System Dynamics Society.

Ryan, A., & Dila, M. (2014). Disruptive Innovation Reframed: Insurgent Design for Systemic Transformation.

Trebbi, F., Weese, E., Wright, A. L., & Shaver, A. (2017). Insurgent Learning (No. w23475). National Bureau of Economic Research.

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

[Javier Lesaca, Armas de seducción masiva. Ediciones Península, 2017. 312 páginas]

RESEÑA / Alejandro Palacios Jiménez

¿Qué es lo que le lleva a un joven a abandonar a sus amigos y familia y a despojarse libremente de sus sueños para unirse al Estado Islámico? Con esta pregunta en mente, Javier Lesaca nos sumerge en esta narrativa en la que se disecciona el aparato comunicativo que utiliza el ISIS para ganar adeptos y extender sus ideas e influencia a través del Califato virtual.

Gracias a su amplia trayectoria profesional, el autor muestra en Armas de seducción masiva un alto grado de profundidad y análisis, el cual no está reñido con una narrativa amena y convincente. Javier Lesaca Esquiroz (Pamplona, 1981), licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, trabaja como investigador en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo. Su amplio conocimiento sobre el tema le ha permitido desempeñar labores en organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Gobierno de Navarra. Experiencias laborales que complementa con la participación en foros como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Diálogo Euro-Árabe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Su principal hipótesis es que la crisis de credibilidad en las instituciones tradicionales, potenciada por la crisis económica y financiera de 2008 y palpable en el movimiento 15-O, unido a la revolución tecnológica del siglo XXI, ha permitido al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés; o Dáesh, por su nomenclatura árabe) influir de una manera nunca antes vista en las percepciones de los ciudadanos occidentales, en concreto en las de los millenials. Estos, que no se sienten representados por sus respectivas instituciones estatales, buscan sentirse importantes y participar en un proyecto nuevo que les ayude a dar sentido a sus vidas y a levantarse cada día por una causa por la que valga la pena luchar. Y Dáesh les ofrece justamente eso.

Pero, ¿qué es Dáesh? Lejos de explicaciones históricas y religiosas, Lesaca nos presenta una respuesta inédita: el Estado Islámico encarna lo que se denomina el terrorismo moderno, el cual utiliza instrumentos propios de las nuevas generaciones para hacer llegar sus mensajes. En otras palabras, Dáesh se presenta como un movimiento social global que utiliza campañas de comunicación locales que se difunden en todo el mundo y cuyos actos terroristas se usan como mera “performance” dentro de toda una estrategia de comunicación más amplia. Así, Dáesh se define como un movimiento sin líderes que, paradójicamente, se aleja de los elementos más puramente religiosos para adecuarse así a las inquietudes de la audiencia juvenil a la que planean seducir.

El hecho de ser un movimiento descabezado no implica que internamente no esté organizado. Al contrario, el ISIS es un grupo terrorista que utiliza las redes sociales de manera muy eficaz y que cuya estructura interna le permite no solo influir, sino también estar en posesión de algunos medios de comunicación. Su estrategia consiste tanto en desarrollar medios propios como en utilizar lo que se llaman los “medios ganados”. Los primeros hacen referencia a la gran estructura comunicativa de Dáesh fundamentada en: notas de prensa, infografías, reportajes fotográficos, revistas en diferentes idiomas, la agencia de noticias Al Amaaq, radio Al Bayan, producciones musicales Ajnabá, la página web Isdarat (clausurada), productoras audiovisuales y el marketing offline en algunos lugares de Irak y Siria (vallas, carteles publicitarios o cibercafés). Por su parte, los medios ganados se miden en función de las veces que el grupo terrorista consigue que sus acciones condicionen la agenda de los medios de comunicación tradicionales.

El uso de tal cantidad de vías de comunicación con el objetivo de crear un mundo paralelo, que sus activistas llaman el Califato, y de segmentar geográficamente a la audiencia para modificar el encuadre del mensaje –todo ello amparándose en torticeras interpretaciones del Corán–, es lo que se conoce como terrorismo transmedia. Para hacer que esta estrategia sea lo más eficaz posible, nada se deja a la improvisación. Un ejemplo que se muestra en el libro es el del control que el todopoderoso productor ejecutivo sirio Abu Mohamed Adnani, amigo del líder del califato, Abu Bakr al Baghdadi, ejercía sobre sus subordinados, a los cuales les supervisaba y aprobaba los contenidos y mensajes que ISIS transmitía a la opinión pública. Tanto es así que Adnani fue considerado por Occidente como el hombre que de facto ejerció el verdadero liderazgo diario dentro de la organización terrorista hasta su muerte en 2016.

Toda esta estrategia comunicativa es desgranada en el libro de manera precisa gracias a la gran cantidad de ejemplos concretos que el autor aporta sobre matanzas que Dáesh ha llevado a cabo desde su existencia y de la manera en que estas han sido transmitidas. En este sentido, Lesaca pone énfasis en la eficacia con la que el ISIS, haciendo uso de los nuevos medios de comunicación, camufla ejecuciones reales entre imágenes de videojuegos (Call of Duty) o de películas de ficción (Saw, Juegos del hambre, Sin City) para así difuminar la línea que separa la realidad de la ficción, creando lo que se denomina una narrativa transmedia. La idea es simple: ¿cómo te van a parecer crueles estas imágenes si son parecidas a las que ves en una sala de cine comiendo palomitas?

En última instancia, Javier Lesaca intenta definir una estrategia útil para hacer frente al terrorismo del futuro. Él asegura que no está claro de qué herramientas se deben dotar los Estados para hacer frente a esta nueva forma de terrorismo. Sin embargo, una buena forma de hacerlo sería poniendo de moda la democracia, es decir, reforzar los valores que han permitido la construcción de la sociedad del bienestar y el desarrollo del mayor periodo de prosperidad de nuestra historia. “El Estado Islámico ha conseguido ganar la victoria de la estética, es por ello que debemos conseguir que valores como la democracia, libertad e igualdad sean productos culturales atractivos”, afirma Lesaca. Pero no sólo basta con esto, dice. Además, “debemos impulsar el fortalecimiento institucional mediante la erradicación de la corrupción y la puesta en marcha de políticas que permitan crear una economía capaz de absorber todo el talento de las nuevas generaciones y conseguir una gestión eficaz de los servicios públicos”.

En resumen, se trata de un libro de conveniente a lectura para todos aquellos que se quieran familiarizar con la organización interna y estructuras del poder de Dáesh, sus objetivos y los medios que este grupo utiliza para su consecución. Además, resulta una guía valiosísima para el estudio y posterior reacción de Occidente a las campañas de comunicación no solo del Estado Islámico, sino también de posteriores organizaciones terroristas las cuales formarán parte de lo que ya se denomina el terrorismo moderno.

China, India y Japón están invirtiendo en sus respectivas fuerzas aéreas con la mirada puesta en el vecino

Corea del Norte es quien llena los titulares de prensa sobre armamento que atraviesa el espacio, pero son las grandes potencias de Asia –China, India y Japón– las que se están esforzando por tener una completa potencialidad aérea.

▲Caza furtivo chino J-20

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone

Corea del Norte no es el poder aéreo militar más poderoso de Asia. Los desfiles exuberantes y frecuentes lanzamientos de misiles balísticos por parte de esta nación están ciertamente lejos de su poder armamentístico real, aunque invierten aproximadamente el 15% de su PIB en él. La hegemonía aérea militar está principalmente en tres centros-Estados:

Japón. La fuerza aérea japonesa, establecida en 1954, combina su nivel de técnica y sofisticación con aviones de Estados Unidos. Ambos países, también con Corea del Sur, realizan prácticas en el espacio aéreo del Océano Pacífico. Su flota de aviación varía de generación en generación. Cuenta con modernos aviones F-15 y F-2 fabricados por Mitsubishi Industries (compañía japonesa, nacional) y Lockheed Martin (compañía estadounidense), y con aviones más antiguos como el Phantom F-4. Del mismo modo, tiene un equipo de alerta temprana y asistencia inmediata, y otro de aviones cisterna para mantener el resto de los aparatos en el aire el mayor tiempo posible.

India. La Fuerza Aérea de la India posee tecnología soviética y nacional, al mismo tiempo que un sistema de entrenamiento y gestión de la Royal Air Force británica. Su flota tiene 300 cazas de última generación complementados con MiG-21, más antiguo. Además, 200 aviones de ataque terrestre ofensivos y C-17 Globemaster en el campo de la logística para garantizar el transporte de carga y el reabastecimiento de combustible y la advertencia inmediata.

China. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno chino ha invertido en su armamento aéreo para convertirse en la principal potencia militar del continente. Hoy, tiene 600 cazas de las generaciones 4 y 4.5, así como los aviones de los países antes mencionados. A diferencia de Japón y la India, el principal fabricante de sus equipos es el propio país y no han sido importados de ninguna otra nación. Lo que más destaca de la Fuerza Aérea de China es la evolución en los últimos años. Ha pasado de tener una flota muy grande y poco entrenada a estar formada por pilotos que pueden pasar más de 24 horas en un avión. Sin embargo, la industria de la aviación china todavía tiene problemas de calidad en sus motores. Aun así, podemos estar hablando del poder aéreo más importante de Asia.

▲Gran Muralla de China, cerca de Jinshanling [Jakub Halin-Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Paulina Briz Aceves

La Gran Muralla de China se completó después de décadas de sucesivos esfuerzos de diferentes dinastías, no solo como una línea defensiva, sino también como una señal de la actitud china hacia el mundo exterior. Aunque este muro en la actualidad no tiene uso alguno, más que el ser un atractivo turístico, ha sido ejemplo para la creación de otro gran muro, que aunque no sea físico, tiene los mismos efectos que el original: aislar a la comunidad china del exterior y protegerse de los ataques que atenten contra su soberanía.

El "Gran Cortafuegos de China" –el esfuerzo de vigilancia y de censura en línea del gobierno–monitorea todo el tráfico en el ciberespacio chino y permite a las autoridades tanto denegar el acceso a una variedad de sitios web seleccionados, como desconectar todas las redes chinas de la red mundial de Internet. Además del Gran Cortafuegos, el gobierno chino también ha creado un sistema de vigilancia doméstica llamado "Escudo de Oro", que es administrado por el Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos gubernamentales y agencias locales. El gobierno chino entiende cuán valiosas y poderosas son la tecnología, la innovación e Internet, por eso es cauteloso sobre la información difundida en suelo chino, debido a su temor constante de un posible cuestionamiento del Partido Comunista y desbaratamiento el orden político de China.

Las políticas y estrategias cibernéticas de China son apenas conocidas en el mundo internacional, pero lo que se sabe es que las prioridades de seguridad de las redes de China están motivadas por el objetivo principal del Partido Comunista de mantenerse en el poder. Los gobernantes chinos entienden que lo cibernético es algo ya completamente integrado en la sociedad. Por lo tanto, consideran que para mantener la estabilidad política deben vigilar sobre sus ciudadanos y controlarlos, dejándolos en la sombra mediante la censura, no solo de información general, sino de temas delicados como la masacre en la Plaza Tiananmén o la Revolución de los Paraguas de Hong Kong.

Los filtros que controlan lo que los ciudadanos ven en la web se han vuelto más sofisticados. Además, el gobierno ha empleado alrededor de 100.000 personas para vigilar el internet chino, para controlar la información no solo proveniente del Oeste, sino incluso la que se genera en la propia China. Es cierto que esta intromisión en los medios de comunicación, sin duda, ha hecho que el gobierno chino afirme su poder sobre la sociedad, porque es claro que quien tiene la información definitivamente tiene el poder.

▲Movilización de las Reales Fuerzas Armadas de Tailandia en 2010 [Roland Dobbins-WC]

COMENTARIO / Álvaro Aramendi Baro

El terrorismo cada vez golpea con más fuerza en Tailandia. Las causas de este incipiente crecimiento son difíciles de precisar. No obstante, juega un papel de gran relevancia el golpe de Estado de las Reales Fuerzas Armadas lideradas por el general Prayuth Chan-ocha el 22 de mayo del 2014 y, evidentemente, las posteriores represiones políticas. Tampoco debemos olvidar la presión que ejerce el BRN (Barisan Revolusi Nasional), que durante décadas lucha por la independencia de Pattani (situado en el sur de Tailandia) Dicho grupo revolucionario también actúa en el norte de Malasia. De esta organización terrorista se vale actualmente ISIS. La estrategia de ISIS, así como la de Al-Qaeda, se basa en alentar e incentivar las insurgencias nacionalistas para tener un más sencillo acceso a aquéllos territorios bajo su punto de mira.

A pesar de ello, el influjo yihadista ha tomado cauces distintos de los que ya conocemos, como en Irak o en Siria. Basta seguir los medios de comunicación para adivinar que el autodenominado Estado Islámico prefiere la expansión mediática global a la nacional. Esto no ocurre en Tailandia. Tanto los objetivos del terrorismo como su estrategia de comunicación son nacionales y más bien ocultos, en las sombras. Debido a ello, la relación entre ellos no es del todo evidente a día de hoy.

La situación no es la que debiera ser. Si algo necesita Tailandia hoy día es un periodo de paz para poder recuperarse de los pasados acontecimientos. En el último siglo han ocurrido al menos doce golpes de Estado exitosos, el último de ellos, y sin contar el de 2014, en 2006. Urge la necesidad de un periodo tranquilo en el que poder establecer unos fuertes cimientos, y demás estructura, para su monarquía constitucional (similar a la de Inglaterra).

Quizá la mejor manera de resolver el conflicto sea evitar caer en el error de otros países, como Birmania o Filipinas, y evitar las fuertes represiones. Por eso, tal y como advierte Crisis Group, la mejor opción sería el diálogo y no la exclusión de minorías étnicas como los Rohingya, en el caso de Birmania, o el colectivo musulmán en Tailandia (de mayoría budista) Si bien la influencia yihadista es potencial todavía, no se puede descuidar a ningún sector de la población. En caso de que esto ocurriera, la presión terrorista se haría cada vez más insoportable, hasta que la olla sólo pudiera explotar. La anexión a grupos como el ISIS puede darse por causas diversas, no añadir una más a la lista es esencial.

El nuevo programa de cooperación de la UE deberá llevar a una mayor inversión en seguridad y defensa

Tras siete largos años de hibernación, el pasado 11 de diciembre se puso en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea, cuya misión es lograr una mayor convergencia en asuntos de seguridad y defensa. La iniciativa supone un salto hacia adelante en el proceso de integración europea, que viene a superar la etapa de estancamiento y dudas que trajo consigo la última crisis económica y financiera.

▲Soldados llevando la bandera de la Unión Europea frente a las instituciones comunitarias, en 2014 [Parlamento Europeo]

ARTÍCULO / Manuel Lamela Gallego

El mismo año en el que se conmemoraba el 60º aniversario de los Tratados de Roma finalizó con un cierto sentido de reivindicación y reafirmación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, al conseguir contra todo pronóstico generar inversión y cooperación en las áreas de seguridad y defensa. La puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) es la respuesta a la urgente necesidad de inversión en estas dos áreas, necesidad que la UE tiene planteada desde hace décadas y que ni el fracaso en los Balcanes consiguió que fuera afrontada.

Hablamos de reafirmación frente a la evidente crisis que ha sufrido la Unión Europea en estos últimos años, en los que ha visto cómo se generaban dudas acerca de su propia continuidad. Pese a esta delicada situación, la UE ha actuado con una admirable flexibilidad y se ha planteado su propio rol en el escenario mundial con el objetivo poder seguir marcando una diferencia positiva en el mundo. En este contexto de reflexión y cambio es dónde debemos enmarcar la puesta en marcha de PESCO.

A esta reciente pérdida de credibilidad hay que sumarle la colección de “fracasos” que acumula la UE a la hora de generar una estrategia común de defensa. Las palabras de Javier Solana en 2003 al reconocer el fracaso y la fractura de la Unión en la gestión de la crisis de Irak generaron una sombra de impotencia e ineptitud que la UE no ha conseguido desprenderse hasta el momento. La aplicación de PESCO supone un gran destello de luz en la acción europea de cara al exterior, ya que pone de manifiesto la unidad dentro del proyecto europeo en un área tan delicada como es la seguridad y la defensa.   

De esta manera y cumpliendo con lo que se establece en la Tratado de Lisboa, el pasado 13 de noviembre y tras varios meses de insistencia por parte del Consejo Europeo, 23 Estados miembros firmaron una notificación que supone el primer paso para la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente. Este momento es declarado como “histórico” por parte de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Sin ninguna duda nos encontramos ante un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Europea, pues tras varias décadas se consigue romper con la tendencia que reducía la cooperación europea al ámbito de la integración económica.  PESCO aspira a sentar la base desde la cual, con proyectos verdaderamente vinculantes, se puedan generar estrategias comunes y compartidas que poco a poco vayan configurando a la nueva Europa de la seguridad y la defensa. En su medida, la Cooperación Estructurada Permanente se posiciona como en lo que su día fue la Comisión de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuya dimensión decisoria constituyó uno de los pilares para la expansión del supranacionalismo europeo hacia otras áreas más ambiciosas.      

Base legal

La base legal de PESCO la encontramos en los Artículos 42(6) y 46, junto con el Protocolo número 10, del Tratado de Lisboa (2009).

Artículo 42(6): “Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no afectará a lo dispuesto en el artículo 43”.

Si algo se debe destacar de la Cooperación Estructurada Permanente es su naturaleza vinculante, por lo que los Estados se verán verdaderamente obligados a cumplir sus compromisos, como podemos observar en el Artículo 46(4): “Si un Estado miembro participante ya no cumple los criterios o ya no puede asumir los compromisos contemplados en los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la cooperación estructurada permanente, el Consejo podrá adoptar una decisión por la que se suspenda la participación de dicho Estado”.

La nula influencia que PESCO posee sobre la soberanía estatal es una de sus características fundamentales. Esto se ve claramente reflejado en los artículos 46(5) y 46(6) del Tratado de Lisboa. El primero clarifica los pasos que deberá seguir un Estado miembro para abandonar el proyecto: solamente será necesario que notifique al Consejo su abandono. El segundo trata de la toma de decisiones dentro de la Cooperación Estructurada Permanente: se tomarán de forma unánime, en una unanimidad constituida por los votos de los representantes de todos los Estados miembros que participen en PESCO.

Gasto del 2%

El 11 de diciembre el Consejo Europeo decidió finalmente poner en marcha PESCO, iniciativa a la que se sumaron Irlanda y Portugal, elevando el número de integrantes a 25 países. De esta manera se adoptaron los primeros 17 proyectos en los que los Estados participantes se comprometen a cooperar y que se adoptarán formalmente por el Consejo en 2018. Estos proyectos abarcarán diversos ámbitos dentro de la seguridad y la defensa europea, como pueden ser la formación de tropas o la estandarización y facilitación del transporte militar transfronterizo (este último altamente demandado por parte de la OTAN en los últimos años). Aparte de esta lista de proyectos cabe destacar el compromiso de los Estados de aumentar de forma constante y continuada los presupuestos de defensa en términos reales. Tras varios años de recesión económica y financiera en la mayoría de Estados europeos, los gastos en defensa no alcanzan el 2% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Esta es sin duda una de las tareas más importantes que PESCO ha de cumplir para poder continuar con un desarrollo estable.

La iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente la tuvieron Francia, Alemania, España e Italia, lo que confirma el funcionamiento de la Europa de las dos velocidades, aunque finalmente al proyecto se ha sumado prácticamente la Unión en su conjunto, con las únicas ausencias de Malta, Dinamarca (que no participa en la defensa europea) y obviamente Reino Unido, que tiene pensada su salida para marzo de 2019. Habrá que ver si esta alta participación no pone en riesgo la ambición inicial del proyecto. Aunque la propia naturaleza de PESCO facilita la convivencia de las dos Europas siempre que se cumplan con los compromisos mínimos.

La fricción que PESCO y la OTAN puedan tener o la futura posición que Reino Unido detentará en la defensa europea tras su salida de la UE, son otros de los interrogantes que PESCO genera. Solo su puesta en marcha despejará esas incertidumbres. Dejando de lado estas dudas por un momento, lo que sí se puede afirmar es que la Cooperación Estructurada Permanente abre un amplio horizonte y que está exclusivamente en manos de los ciudadanos europeos poder aprovecharlo.

Como afirma el actual ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno le Maire: “Europa no es una certeza, es un combate”.

Bibliografía

Council of the EU. (11 de 12 de 2017). consilium.europa.eu. Obtenido de Cooperación en materia de defensa: Comunicado de prensa

Council of the European Union. (2017). Legislative acts and other instruments (PESCO), (pág. 20). Brussels.

European Union. (2009). Treaty of Lisbon. Lisbon, Portugal.

The Council and the High Representative of foreign affairs and security policy (2017). Notificaction on Permanent Structured Cooperation, (pág. 10).

Moscú continúa la militarización de la península para impedir el acceso de otras fuerzas a la región

Desde comienzos de siglo, Rusia había ido perdiendo influencia económica, política y militar en varios países ribereños del Mar Negro; la toma de Crimea intentó corregir la situación. El Kremlin acaba de desplegar un nuevo grupo de misiles en la península, en el marco de un programa de rearme a largo plazo que busca garantizar que operacionalmente el Mar Negro es un 'lago' ruso.

▲Putin en Sebastopol durante la celebración en 2014 de la victoria en la Segunda Guerra Mundial [Kremlin]

ARTÍCULO / Vitaliy Stepanyuk

“El oso no pedirá permiso a nadie”. Esta fue la alegoría utilizada por el presidente ruso Vladímir Putin, en una reunión del Valdai Discussion Club en octubre de 2014, para reflejar que Rusia no buscará el permiso de nadie a la hora de perseguir sus intereses nacionales y los de su pueblo.

Esas palabras eran pronunciadas pocos meses después de la anexión rusa de la península de Crimea. El proceso de cambio de gobierno había sido iniciado y las tropas habían sido movilizadas al nuevo territorio incorporado, imposibilitando cualquier tipo de intervención ucraniana para recuperar su terreno. Aproximadamente cuatro años más tarde, la militarización de la península continúa su curso por parte de la Federación Rusa.

Así, se acaba de conocer el despliegue de un nuevo sistema de defensa en Crimea, una acción justificada por Moscú como medida para proteger el espacio aéreo sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, y también para hacer frente a la continua actividad amenazadora en la frontera, surgida sobre todo por la presencia de la OTAN.

Desde la ocupación de Crimea, el Kremlin ha iniciado un programa de rearme a largo plazo para conseguir una zona (A2/AD) que impida el acceso de otras fuerzas a la región. Esta zona limitaría la libertad de maniobra tanto aérea como por tierra a posibles invasores. Junto con otros sistemas de misiles en Armenia, Krasnodar y otros lugares, se establece así una zona anti-acceso realmente amplia. El establecimiento de sistemas de defensa avanzados, la actualización de los radares, la modernización de la Flota del Mar Negro y el despliegue de aviones de combate son algunas de las iniciativas llevadas a cabo para crear esa zona de bloqueo frente a cualquier avance exterior. En los próximos años se planea añadir a esa Flota seis nuevos submarinos de ataque y seis nuevos buques de superficie, que podrían operar más allá del Mar Negro, apoyando incluso las operaciones militares en Siria.

Alejamiento de los antiguos satélites

El aumento de las tropas de la OTAN y de su presencia en los países fronterizos con Rusia es visto por esta como una amenaza a su seguridad. Países como Polonia, donde la OTAN movilizó en enero de 2017 cerca de 3.500 soldados, y otros como Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Hungría ven necesario el despliegue ante la situación ocurrida en Ucrania y ante los ejercicios militares rusos cerca de sus fronteras: un claro ejemplo es el Zapad 2017, un conjunto de ejercicios estratégicos y militares llevados a cabo conjuntamente por las tropas rusas y bielorrusas, en Bielorrusia, en la Óblast de Kaliningrado y a lo largo de toda la franja norte limítrofe con los países de la OTAN.

Echando un vistazo a la historia reciente de los últimos 20 años, podemos observar cómo Rusia ha ido perdiendo influencia económica, política y militar desde inicios de siglo sobre los territorios que limitan con el Mar Negro. Así, en Georgia (2004) y en Ucrania (2005), presidentes más afines a Rusia fueron sustituidos por otros más pro-occidentales. Además, Bulgaria y Rumanía habían pasado a ser miembros de la OTAN, mientras Georgia y Ucrania trabajaban en ello.

Actuación en la zona del Mar Negro

Viéndose amenazada por esta situación, Rusia decidió realizar todo lo posible por impedir que Georgia y Ucrania se convirtiesen en miembros de la OTAN, al tiempo que desarrollaba estrategias para alejar a los estados restantes de la influencia de esa organización.

Con la invasión de Georgia en 2008, el Kremlin mostraba su determinación de contener a la OTAN, manteniendo a día de hoy una notable influencia militar en diversas regiones de ese país. Lo mismo ocurrió en Ucrania tras la huida del expresidente Víctor Yanukovich, cuando Rusia invadió Crimea en marzo de 2014. De esta forma, aseguraba el control sobre la base naval de su Flota del Mar Negro situada en Sebastopol (Crimea). También apoya militarmente a los separatistas pro-rusos en la guerra del Este de Ucrania, desestabilizando el país.

En otros países limítrofes con el Mar Negro, Rusia ha actuado de manera distinta. En el caso de Bulgaria y Rumanía, los únicos países ribereños del Mar Negro que son miembros de la Unión Europea, la influencia rusa prevalece en el apoyo a los partidos políticos pro-rusos y en el establecimiento de fuertes vínculos en materia de negocios. Sin embargo, Rumanía es otra de las regiones que constituyen un desafío a la política exterior rusa, debido a su ímpetu en la defensa de la presencia de la OTAN en el Mar Negro.

En el caso de Turquía, que a diferencia de varios de los países mencionados no fue parte de la URSS ni del bloque soviético, el Kremlin ha apoyado el autoritarismo llevado a cabo por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, buscando principalmente dos objetivos básicos: desvincular a Turquía de la OTAN, a la que pertenece casi desde sus inicios (1952), y asegurar su amistad con el país que ejerce control sobre los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, los cuales permiten el acceso al Mar Mediterráneo. Si Turquía cerrase los estrechos, la flota rusa quedaría aislada sin poder ejercer su influencia más allá del Mar Negro. Ello podría ocurrir en el supuesto de que Turquía y Rusia se encontrasen enfrentadas una a la otra en un conflicto. En tal caso, constituyendo la segunda potencia militar más fuerte de la región, Turquía podría ser una clara amenaza para las tropas rusas aisladas. Por otra parte, la relación con Turquía presenta numerosos desafíos para Moscú: un ejemplo es el desacuerdo que existe sobre el conflicto de Siria, donde Turquía se opone al régimen de Assad, mientras que Rusia le apoya. 

Importancia del Mar Negro

En definitiva, Rusia trata de afianzar su influencia y su dominio sobre el Mar Negro. Esto es debido principalmente a unas características esenciales: en primer lugar, este mar es un importante punto estratégico, ya que permitiría el acceso a los diversos territorios colindantes; en segundo lugar, el control sobre los puertos y las rutas comerciales darían el poder de obstruir el comercio y los suministros energéticos (se trata de un territorio atravesado por multitud de tuberías de transporte de energía); por último, Rusia podría influir enormemente en unas regiones que comparten una historia común con Rusia, vulnerando su relación con la OTAN.

Desafío inmediato

Para concluir, resulta interesante comprender que el desafío principal al que debe hacer frente Rusia es el de mantener el status quo, según afirma Yuval Weber, profesor de la Universidad de Harvard.  Para ello, Rusia tiene que ser capaz de mantener el grupo separatista en la guerra de Ucrania, hasta que el gobierno de Kiev caiga y pueda entonces entablar conversación con un posible gobierno títere que acepte una solución en términos rusos. Sin embargo, mantener ese estado de las cosas implica tener que hacer frente de manera simultánea a la intervención internacional y a la débil situación económica interna de la propia Rusia, donde existe una creciente insatisfacción social en relación con los salarios, el recorte de los servicios, la pobreza en algunas regiones, entre otros problemas.

Tanto la situación interna y externa de Rusia, como la de sus territorios de influencia, quedan supeditadas a los resultados de las próximas elecciones presidenciales rusas, que se celebrarán el 18 de marzo de 2018. El mundial de fútbol no es lo único que está en juego.

▲Cumbre trilateral de Rusia, Turquía e Irán en Sochi, en noviembre de 2017 [Presidencia de Turquía]

ANÁLISIS / Albert Vidal y Alba Redondo [Versión en inglés]

La respuesta de Turquía a la Guerra Civil Siria (SCW) ha pasado por varias fases, condicionadas por las circunstancias cambiantes del conflicto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional: desde dar apoyo a los rebeldes sunitas con afiliaciones cuestionables, hasta ser uno de los objetivos del Estado Islámico (ISIS), pasando por un intento fallido de golpe de estado en 2016, y condicionando siempre sus decisiones de política exterior a la cuestión kurda. A pesar de una postura inicialmente agresiva contra Assad al comienzo de la guerra en Siria, el éxito y la fuerza creciente de la oposición kurda, como resultado de su papel en la coalición anti-ISIS, ha influido significativamente en la política exterior de Turquía. 

Las relaciones entre Turquía y Siria estuvieron plagadas de dificultades durante el siglo pasado. El río Éufrates, que nace en Turquía, ha sido una de las principales causas de enfrentamiento entre ambos países. La construcción de presas por parte de Turquía limita el flujo de agua a Siria, causando pérdidas en su agricultura y generando un impacto negativo en la economía siria. Este problema no se limita al pasado, ya que en la actualidad el proyecto GAP (Proyecto de Anatolia Suroriental) amenaza con comprometer aún más el suministro de agua de Irak y de Siria a través de la construcción de 22 presas y 19 presas hidroeléctricas en el sur de Turquía .

Además de las disputas por los recursos naturales,  el apoyo de Hafez al-Assad al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en las décadas de 1980 y 1990 dificultó enormemente las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el conflicto se evitó por completo con la firma del Protocolo de Adana en 1998. Otra fuente de discordia entre Siria y Turquía han sido las reclamaciones territoriales hechas por ambas naciones sobre la provincia de Hatay, todavía reivindicada por Siria, pero administrada por Turquía, quien la incorporó a su territorio en 1939.

A pesar de las cuestiones mencionadas, Siria y Turquía disfrutaron de una buena relación durante la década anterior a la Primavera Árabe y a las revoluciones del verano de 2011. La respuesta internacional a la reacción del régimen sirio ante los levantamientos fue variada, y Turquía no estuvo segura de qué posición tomar hasta que, finalmente, optó por apoyar a la oposición rebelde. Así, Turquía ofreció protección en su territorio a los rebeldes y abrió sus fronteras a los refugiados sirios. Esta decisión señaló la etapa inicial del declive de las relaciones entre Siria y Turquía, pero la situación empeoró significativamente después del derribo de un avión turco el 22 de junio de 2012 por parte de las fuerzas sirias. Esto dio lugar a enfrentamientos fronterizos, pero sin la intervención directa de las Fuerzas Armadas turcas.

Desde la perspectiva de la política exterior, hubo dos razones principales para revertir la política de no intervención de Turquía. El primer motivo fue una serie creciente de ataques del Estado Islámico (ISIS) en julio de 2015 en Suruc, la Estación Central en Ankara y el Aeropuerto Atatürk en Estambul. La segunda razón, y posiblemente la más importante, fue el temor de Turquía a la creación de un protoestado kurdo en sus países vecinos: Siria e Irak. Esto condujo al lanzamiento de la Operación Escudo del Éufrates (también conocida como Ofensiva de Jarablus), considerada una de las primeras acciones militares directas de Turquía en Siria desde que comenzó la SCW. El objetivo principal era asegurar un área en el norte de Siria libre de control de las facciones ISIS y del Partido de la Unión Democrática (PYD). La Ofensiva de Jarablus fue apoyada por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (el derecho de las naciones a la legítima defensa), así como varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Nos. 1373, 2170, 2178) correspondientes a la responsabilidad global de los países para luchar contra el terrorismo. A pesar de ser un éxito en el cumplimiento de sus objetivos, la ofensiva de Jarablus terminó prematuramente en marzo de 2017, sin que Turquía descartase la posibilidad de intervenciones futuras similares.

Internamente, la intervención militar y la postura asertiva de Erdogan apuntaban a obtener el apoyo público de los partidos nacionalistas turcos, especialmente el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y el Partido de la Gran Unidad (BBP), así como el respaldo general del público para los cambios constitucionales que entonces se proponían. Eso le daría a Erdogan mayores poderes ejecutivos como presidente. Consecuentemente, una campaña de distracción en el extranjero fue más que bienvenida, dado el malestar interno creciente y el descontento general, tras el intento de golpe en julio de 2016.

A pesar de la asertividad que Turquía muestra hacia Siria, la intervención militar turca no indica fortaleza. Por el contrario, la invasión efectiva de Erdogan en el norte de Siria ocurrió tras las disputas (entre Siria e Irak) que amenazaban con socavar los objetivos turcos, tanto en el interior como en el exterior. Por ello, la injerencia limitada de Estados Unidos (EE.UU.) y el fracaso de las fuerzas rebeldes para derribar el régimen de Assad significó la perpetuación de la amenaza terrorista; y, lo que es más importante, el continuo fortalecimiento de las facciones kurdas, que suponían la fuerza más efectiva contra el ISIS. En efecto, el éxito de los kurdos en la coalición anti-ISIS les había ayudado a obtener un reconocimiento mundial similar al de la mayoría de los estados-nación; reconocimiento que supuso un mayor apoyo financiero y el aumento de provisión de armas. Una región kurda, armada y ganando legitimidad por sus esfuerzos en la lucha contra el ISIS, es sin duda la razón principal de la intervención militar turca. De todos modos, la creciente influencia kurda ha dado lugar a una actitud cambiante y ambigua de Turquía frente al Assad a lo largo de la SCW.

Postura cambiante de Turquía frente a Assad

Mientras que Turquía apoyó agresivamente la destitución de Assad al comienzo de la SCW, esta postura ha ido quedando relegada, cada vez más, a un segundo plano; con respecto a otras cuestiones más importantes de la política exterior de Turquía con sus estados vecinos, Siria e Irak. De hecho, declaraciones recientes de funcionarios turcos reconocen abiertamente la resiliencia del gobierno de Assad, un hecho que abre la puerta a la futura reconciliación entre ambas partes. Estas declaraciones también refuerzan una opinión muy profusa, según la cual, Assad será una pieza clave en cualquier futuro acuerdo sobre Siria. Así, el 20 de enero de 2017, el vice-primer ministro de Turquía, Mehmet Şimşek, dijo: "No podemos seguir diciendo que Assad debería irse. Un acuerdo sin Assad no es realista".

Esta relajación de la retórica hacia Assad coincide con un cambio positivo en las relaciones de Turquía con los aliados del régimen sirio en el conflicto (Irán y Rusia), en sus intentos por lograr una resolución del conflicto. Sin embargo, la posición oficial turca respecto a Assad carece de consistencia, y parece ser muy dependiente de las circunstancias.

Recientemente, tuvo lugar una guerra de palabras iniciada por Erdogan con el presidente sirio, en la que el presidente turco acusó a Assad de ser un terrorista. Además, Erdogan rechazó cualquier tipo de negociación con Assad sobre el futuro de Siria. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid Muallem, respondió acusando a Erdogan de ser responsable del derramamiento de sangre del pueblo sirio. El 2 de enero de 2018, fuerzas leales a Assad dispararon proyectiles hacia territorio turco. Dicho lanzamiento provocó una respuesta inmediata de Turquía. El 18 de enero, Mevlüt Çavusoglu (ministro de Exteriores turco) anunció que su país tenía la intención de llevar a cabo una intervención aérea en las regiones sirias de Afrin y Manbij.

Unos días más tarde, la Operación Rama de Olivo fue lanzada, con el pretexto de crear una "zona de seguridad" en Afrin (en la provincia siria de Alepo); aunque se ha centrado casi totalmente en expulsar lo que Erdogan llama "terroristas" kurdos, que en realidad se componen de facciones kurdas respaldadas por EE.UU. Estos grupos kurdos han desempeñado un papel crucial en la coalición anti-ISIS. La operación se inició, supuestamente, en respuesta a los planes de EE.UU. de crear una fuerza fronteriza de 30.000 kurdos sirios. Erdogan declaró en un discurso reciente: "Un país al que llamamos aliado insiste en formar un ejército del terror en nuestras fronteras. ¿A quién puede atacar ese ejército terrorista sino a Turquía? Nuestra misión es estrangularlo antes de que nazca". Esto ha empeorado significativamente las relaciones entre ambos países, y ha desencadenado una respuesta oficial de la OTAN, en un intento por evitar la confrontación entre aliados de la OTAN en Manbij.

EE.UU. está buscando un equilibrio entre los kurdos y Turquía en la región, pero ha mantenido su apoyo formal a las SDF. Sin embargo, según el analista Nicholas Heras, EE.UU. no ayudará a los kurdos en Afrin, ya que solo intervendrá en las áreas de misión contra  el ISIS; comenzando por Manbij y hacia el Este (por lo tanto, Afrin no está bajo la protección militar de los EE. UU.).

Impacto del conflicto sirio en las relaciones internacionales de Turquía

El conflicto sirio ha tenido un fuerte impacto en las relaciones turcas con un amplio abanico de actores internacionales; de los cuales, los más importantes tanto para Turquía como para el conflicto son Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán.

El derribo de un avión ruso SU-24 en 2015 provocó un deterioro de las relaciones entre Rusia y Turquía. Sin embargo, gracias a las disculpas del presidente turco a Putin en junio de 2016, las relaciones se normalizaron, dando comienzo a una nueva era de cooperación entre ambos países. Esta cooperación alcanzó su culmen en septiembre del mismo año cuando Turquía compró un sistema de misiles de defensa S-400 a Rusia, a pesar de las advertencias de sus aliados de la OTAN. Además, la empresa rusa ROSATOM ha planificado la construcción de una planta nuclear en Turquía por un valor de 20 mil millones de dólares. Así, la colaboración entre ambas naciones se ha fortalecido en la esfera militar y la económica.

Sin embargo, a pesar del acercamiento, aún existen diferencias significativas entre ambos países, en particular con respecto a las perspectivas de política exterior. Por un lado, Rusia ve a los kurdos como aliados importantes en la lucha contra ISIS; y los considera miembros esenciales en las reuniones de resolución pacífica del posconflicto (PCR). Por otro lado, la prioridad de Turquía es llevar la democracia a Siria y prevenir el federalismo kurdo, lo que se traduce en su rechazo a incluir a los kurdos en las conversaciones de PCR. No obstante, los lazos entre Turquía y Rusia parecen ser bastante fuertes en este momento. Esto puede deberse al hecho de que la hostilidad (en el caso de Turquía, en aumento) de ambos países hacia sus contrapartes occidentales supera a sus diferencias con respecto al conflicto sirio.

La relación entre Turquía y Estados Unidos es más ambigua. Como miembros importantes de la OTAN, ambos países comparten importantes lazos de trabajo. Sin embargo, observando los acontecimientos recientes, se puede ver cómo estas relaciones se han ido deteriorando. El principal problema entre Washington y Ankara ha sido la cuestión kurda. EE.UU. apoya a las milicias de las Unidades de Protección Popular (YPG) en el SCW, sin embargo, las YPG son consideradas un grupo terrorista por Turquía. Aún no se sabe cómo evolucionará su relación, pero posiblemente ambas partes lleguen a un acuerdo con respecto a la cuestión kurda. A día de hoy (enero de 2018), el enfrentamiento en el norte de Siria está en punto muerto. Por un lado, Turquía no piensa dar su brazo a torcer en la cuestión kurda, y por otro lado, EE.UU. perdería su prestigio como superpotencia si decidiera sucumbir a las exigencias turcas. El apoyo a los kurdos se ha basado, tradicionalmente, en su papel en la campaña anti-ISIS. Sin embargo, a medida que la campaña va terminando, EE.UU. se está viendo en un compromiso intentando justificar su presencia en Siria de cualquier manera. Su presencia es crucial para mantener su influencia en la región y, lo que es más importante, para evitar la dominación del escenario en conflicto por parte de Rusia e Irán.

La negativa de los EE.UU. a extraditar a Fethullah Gülen, un enemigo acérrimo que, según Ankara, fue uno de los instigadores del fallido golpe de estado de 2016, ha tensado aún más sus relaciones. Según una encuesta del Pew Research Center, solo el 10% de los turcos confía en el presidente Donald Trump. A su vez, Turquía declaró recientemente que sus acuerdos con los EE.UU. están perdiendo validez. Erdogan subryaó que la disolución de los lazos entre ambos países afectaría seriamente el ámbito legal y económico. Además, el turco Zarrab fue declarado culpable en un juicio en Nueva York, por ayudar a Irán a evadir sanciones al permitir un plan de lavado de dinero, que se filtraba a través de bancos estadounidenses. Este ha sido un gran problema para Turquía, puesto que uno de los acusados ​​tenía vínculos con el partido AKP de Erdogan. Sin embargo, Erdogan ha calificado el juicio como una continuación del intento de golpe de estado, y ha hecho frente a las posibles críticas organizando una campaña mediática para difundir la idea de que Zarrab fue uno de los autores de la conspiración contra Turquía en 2016.

Con respecto a la Unión Europea, las relaciones también se han deteriorado, a pesar de que Turquía y la UE mantienen fuertes lazos económicos. Como resultado de la "purga" de Erdogan después del fallido golpe de estado, el continuo deterioro de las libertades en Turquía ha tensado las relaciones con Europa. En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo votó a favor de suspender las negociaciones de adhesión a la UE con Turquía, justificando su decisión en el abuso de  los derechos humanos y el declive del estado de derecho en Turquía. Al adoptar, cada vez más, las prácticas de un régimen autocrático, el acceso de Turquía a la UE se está volviendo imposible. En un reciente encuentro entre los presidentes turco y francés, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo hincapié en los lazos entre la UE y Turquía, pero sugirió que no había posibilidades realistas de que Turquía se uniese a la UE en un futuro cercano.

Desde 2017, después de la victoria de Erdogan en el referéndum constitucional a favor del cambio de sistema (de un sistema parlamentario a uno presidencial), las negociaciones de acceso a la UE han cesado. Además, varios órganos europeos, que se ocupan de cuestiones de derechos humanos, han colocado a Turquía en lista "negra", basándose una evaluación, según la cual el estado de la democracia en Turquía está en grave peligro debido al AKP.

Otro tema relacionado con el conflicto sirio entre la UE y Turquía son los refugiados. En 2016, la UE y Turquía acordaron transferir 6.000 millones de euros para apoyar la recepción turca de cientos de miles de refugiados sirios. Aunque esto pareció ser el comienzo de una cooperación fructífera, las tensiones han seguido aumentando debido a la capacidad limitada de Turquía para acoger a tal número de refugiados. La crisis humanitaria en Siria es insostenible: más de 5 millones de refugiados han abandonado el país y solo un pequeño número de ellos ha recibido suficientes recursos para recomenzar sus vidas. Este problema continúa creciendo día a día, y más de 6 millones de sirios han sido desplazados dentro de sus fronteras. Turquía acoge, a día de hoy, a más de 3 millones de refugiados sirios y, por consiguiente, las políticas de Ankara han resultado influenciadas en gran medida por esta crisis. El 23 de enero, el presidente Erdogan afirmó que las operaciones militares de Turquía en Siria terminarían cuando todos los refugiados sirios en Turquía pudieran regresar sanos y salvos a su país. La ayuda humanitaria está siendo enviada a los civiles en Afrin, en donde Turquía lanzó la última ofensiva contra los milicianos kurdos del YPG.

Con respecto a la relación entre Irak y Turquía, en noviembre de 2016, cuando las fuerzas iraquíes llegaron a Mosul para luchar contra el Estado Islámico, Ankara anunció que enviaría el ejército a la frontera iraquí, para prepararse ante los posibles desenlaces en la región. El ministro de Defensa turco agregó que no dudaría en actuar si se cruzaba la línea roja de Turquía. Este recibió una respuesta inmediata del primer ministro iraquí, Haidar Al-Abadi, quien advirtió a Turquía que no invadiera Irak. A pesar de esto, en abril de 2017, Erdogan sugirió que en etapas futuras, la Operación Escudo del Eufrates se extendería al territorio iraquí: "una operación futura no solo tendrá una dimensión siria, sino también una dimensión iraquí. Al Afar, Mosul y Sinjar están en Irak "

Finalmente, Rusia, Turquía e Irán han cooperado en el marco de las negociaciones de Astana por la paz en Siria, a pesar de tener intereses algo divergentes. En una reciente llamada entre el presidente iraní Rouhani y Erdogan, el presidente turco expresó su esperanza de que las protestas en Irán, que ocurrieron a fines de 2017, terminen. Las relaciones entre los dos países son extrañas: en la SCW, Irán apoya al gobierno sirio (chiíta), mientras que Turquía apoya a la oposición siria (suní). Algo similar ocurrió en la intervención de 2015 en Yemen, donde Turquía e Irán apoyaron a las facciones opuestas. Esto ha llevado a disputas entre los líderes de ambos países, sin embargo, tales tensiones se han aliviado desde que Erdogan realizó una visita a Irán para mejorar su relación. La crisis diplomática de Qatar también ha contribuido a esta dinámica, ya que colocó a Irán y Turquía contra Arabia Saudí y a favor de Qatar. Aunque existe un elemento duradero de inestabilidad en las relaciones entre ambos países, su relación ha ido mejorando en los últimos meses, ya que Ankara, Moscú y Teherán han logrado cooperar en un intento de superar sus diferencias para encontrar una solución al conflicto sirio.

¿Qué le espera a Turquía en Siria?

Gracias a las negociaciones en Astana, un futuro acuerdo de paz en la región parece posible. Las zonas de “cese de hostilidades” son un primer paso necesario, para preservar algunas áreas de la violencia de la guerra, como señalaba el plan estratégico turco desde los inicios. Dicho esto, el resultado se complica por una serie de factores: la fortaleza de las facciones kurdas es un elemento de discordia importante, así como una fuente de conflicto para los poderosos que manejarán la transición en el posconflicto.

Hay dos factores principales que, claramente, han impactado las decisiones sobre política exterior de Turquía, en relación con el conflicto sirio. El primero tiene que ver con la larga y compleja historia de Turquía y sus minorías kurdas, así como su obsesión por evitar que los kurdos alcancen un grado de autonomía territorial. De conseguirse, ello envalentonaría a los kurdos turcos y amenazaría la integridad territorial de Turquía. Turquía atacó unilateralmente posiciones de la oposición kurda, incluidas algunas respaldadas por un aliado de la OTAN (los EE.UU.), demostrando así hasta donde es capaz llegar para asegurarse que los kurdos no formen parte de la solución al finalizar la guerra civil. Todo esto produce incertidumbre y aumenta las posibilidades de que surjan nuevos conflictos en Siria.

El segundo factor está relacionado con la naturaleza cambiante del gobierno en Turquía, con un alejamiento del modelo occidental-democrático hacia un modelo más autoritario y cuasi teocrático, tomando a Rusia e Irán como aliados políticos. En su pivote hacia el este, Turquía mantiene un frágil equilibrio, teniendo en cuenta que sus objetivos difieren de los de sus nuevos amigos (Rusia e Irán), con respecto al resultado político en Siria. Los acontecimientos recientes indican, sin embargo, que Turquía parece estar llegando a un acuerdo sobre la cuestión de Assad, a cambio de obtener más flexibilidad para tratar con la cuestión kurda (parte de la coalición anti-ISIS), que considera una amenaza para su seguridad nacional.

Actualmente, en enero de 2018, la relación entre Turquía y EE.UU. parece estar en un punto muerto, especialmente en relación al grupo SDF respaldado por EE.UU. Erdogan ha declarado que, después de su operación en Afrin, continuará con un movimiento hacia Manbij. Por tanto, bajo los auspicios de la OTAN, se está negociando un acuerdo para delinear claramente las zonas en las que ambos países están militarmente activos. Existe una gran incertidumbre, con respecto a cuánto tiempo pueden durar tales acuerdos de partición (bajo el pretexto de una coalición anti-ISIS), antes de que estalle un nuevo conflicto. Sin embargo, parece probable que uno de los dos escenarios posibles ocurrirá para evitar el posible estallido de la guerra entre las grandes potencias en Medio Oriente.

Existen dos opciones. O se llega a un acuerdo con respecto al futuro papel de las SDF y otras facciones kurdas, con el consentimiento de Turquía, o bien, de lo contrario, EE.UU. retirará su apoyo a los kurdos, basándose en el mandato según el cual su alianza se limitaba a la lucha conjunta en la coalición anti-ISIS. En este último caso, EE.UU. se arriesga a perder la ventaja política y militar que le otorgan los kurdos en la región. También se arriesga a perder la confianza de sus aliados kurdos, un hecho que podría tener serias repercusiones estratégicas en la implicación de EE.UU. en esta región.