15 de junio, 2021

ENSAYO / Paula Mora Brito  [Versión en inglés]

El terrorismo en el Sahel es una realidad ignorada que afecta a millones de personas. No es de extrañar que la región sea una de las más afligidas por esta práctica. Sus complejas características geográficas dificultan el control de las fronteras (especialmente las del desierto del Sáhara), y la falta de homogeneidad cultural y religiosa, junto a los continuos retos económicos y sociales, agravados por la pandemia del COVID-19, hacen de la región un escenario frágil y conveniente para los grupos terroristas. Además, los países occidentales (principalmente Francia) están presentes en la zona, provocando cierto rechazo en lo relativo a su intervención a los ojos de la población saheliana. Aunque los datos sobre esta problemática son escasos, lo que dificulta su estudio, este artículo tratará de ampliar los conceptos y conocimientos sobre el terrorismo en el Sahel, ampliando su espectro geográfico, para mostrar la vida cotidiana de sus habitantes desde hace varios años. Se pondrá el foco del análisis en la intervención occidental en la lucha contra el terrorismo. 

El fenómeno terrorista 

El terrorismo es un concepto controvertido, pues está sujeto a la interpretación individual: mientras unos condenan a un grupo por el uso de violencia indiscriminada bajo un objetivo político/social/económico, otros consideran a sus integrantes héroes de la libertad. Solamente su fin define esta actividad: coaccionar e intimidar la intención general sobre una cuestión. Se desarrolla bajo diferentes formas: por el ámbito geográfico (regional, nacional o internacional) o por su objetivo (etno-nacionalista, ideología política y/o económica, religioso o asuntos concretos). Es por ello que cada uno posee unas características distintas. 

El terrorismo religioso, como resaltó Charles Townshend en su libro Terrorism: A very short introduction, posee unas características propias. Citando a Hoffman, explica que el objetivo transciende más allá de la política debido a que se considera una demanda teológica. Es una relación bilateral entre los fanáticos y Dios, en la que no cabe posibilidad de diálogo o entendimiento, solo el establecimiento de la demanda. Esta concepción conlleva a que sea un terrorismo internacional, aunque empiece a nivel regional o nacional, pues el grupo de “enemigos” es más amplio. El mesianismo es el motor de esta actividad, y el martirio su arma más potente. La muerte proveniente de la lucha, se presenta como un acto sagrado y refleja la certeza de los integrantes de estos grupos a su ideología.

Occidente tiene dificultades para abordar estas amenazas, pues entiende el mundo de manera secular. Sin embargo, los Estados en los que se desarrollan estos grupos, la religión representa la nación, los valores y el estilo de vida: el individuo es religión y viceversa. Como dijo Edward Said: “El arraigado Occidente, es ciego ante los matices y al cambio en el mundo islámico”. Y es que el terrorismo religioso islámico surge como una respuesta al colonialismo y a la práctica de soft power en las culturas árabes e islámicas, que se ha reforzado a través de la corriente del fundamentalismo islámico. 

El terrorismo en el Sahel

El Sahel (“borde, costa” en árabe) es una ecorregión que hace de transición entre el norte y el sur del continente africano, así como de oeste a este, con un área total de 3.053.200 km², constituyendo un cinturón de 5.000 km. Está compuesto por Senegal, Mauritania, Malí, Argelia, Burkina-Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Se trata de una zona privilegiada, pues el desierto se entiende como una vía de comunicación.

El área cuenta con 150 millones de habitantes, de los que el 64% son menores de 25 años y mayoritariamente islámicos suníes. En 2018, el último año que hay datos sobre estos países, la tasa de mortalidad anual por cada 1.000 personas era de 8,05, un índice muy alto comparado con el 2,59 de España en el 2019. La tasa de alfabetización de adultos (mayores de 15 años), de las que solo hay datos de siete de los diez países, es de un 56,06 %. En realidad, es muy desigual: mientras que Argelia posee un 81,40%, Níger o Malí tienen un 35%. La tasa sobre la incidencia de la pobreza sobre la base de la línea de pobreza nacional es de del 41,15% (solo cuatro países tienen datos del 2018). La esperanza de vida es de 63 años.

El territorio encara una crisis económica, política y social. El Sahel es una de las regiones más pobres del mundo, con el norte de Nigeria como uno de los territorios con la mayor cantidad de población extremadamente pobre del planeta. La situación empeoró este año con una caída histórica del precio de las materias primas (más del 20%), que representan un 89% de sus exportaciones. La crisis medioambiental dificulta el desarrollo económico. 

El cambio climático ha provocado que el aumento de temperaturas vaya a un ritmo 1,5 veces más rápido que el de la media mundial, lo que ha multiplicado las sequías (de una cada diez años a una cada dos). La inestabilidad política de algunos países, como el Golpe de Estado del 2012 en Malí, dificultan su desarrollo económico. 

En este contexto, la inseguridad se ha incrementado desde los ataques del 2004 en el Borno, estado de Nigeria que hace frontera con Camerún y Chad, por parte del grupo terrorista islámico Boko Haram. La actividad terrorista se ha extendido a través de la dirección de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM), presentes en el norte de Malí, el este de Mauritania, Níger y el oeste de Chad. Esto ha propiciado una crisis demográfica, provocando que 4,2 millones de personas se hayan desplazado y más de un millón se vea incapaz de encontrar trabajo. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que, de hoy a 2050, más de 85 millones de sahelianos se verán obligados a emigrar. 

La mayoría de ataques tienen lugar en las triple frontera de Malí, Burkina-Faso y Níger; y la de Níger, Nigeria y Chad. Desde el Tratado de Berlín de 1885, las fronteras africanas han supuesto un grave problema ya que fueron una imposición europea que no respetó la realidad tribal y étnica de muchas regiones, obligando y creando una nación de la que sus habitantes no se sienten parte. Esta realidad se reflejó con el caso de Malí, mostrando la fragilidad preexistente de la región. 

AQMI ha dividido en katibas (ramas) el Sahel: la Yahia Abou Ammar Abid Hammadu, que se establece entre el sur de Argelia y Túnez y el norte de Níger; y Tarik Ben Ziyad, activa en Mauritania, el sur de Argelia y el norte de Mali. La primera, es conocida por ser más “terrorista”, mientras que la segunda es más bien “criminal”. Esto se debe al mayor grado de crueldad empleado por la Hammadu, pues siguen el takfirismo (guerra contra los musulmanes “infieles”) de Zarqawi (ISIS). 

Se apoderan de los territorios a través de negociaciones, en los que establecen un mercado de trafico ilegal. Una vez adquirida un área, establecen sus asentamientos, sus campamentos de entrenamiento y preparan sus próximos atentados. Otro medio de financiación es el secuestro. Es una forma de subyugar, humillar y conseguir ingresos de Occidente. La necesidad de dinero, a diferencia de una organización criminal, no es para el enriquecimiento personal de los componentes, sino para seguir financiando la actividad: comprar lealtades, armas, etc. Del reclutamiento no existen datos de su desarrollo, condiciones, ni objetivos por edades, clase ni sexo.

Las características geográficas y sociopolíticas de la ecorregión han obligado a AQMI ha desarrollar su capacidad de adaptación, como la subdivisión del grupo (Boko Haram), que muestra que ya no necesitan una base física fija como en los años 90s (AQ en Afghanistán). Además, se ha registrado un cambio de estrategia, pues estos grupos están aumentando en un 250%, sus ataques a organizaciones internacionales o infraestructuras del gobierno, y decreciendo los atentados a civiles. Esto puede ser una nueva forma de atraer a los locales pues se promocionan como protectores frente al abuso estatal.

En el 2019 hubo una media de 69,5 ataques mensuales en el Sahel y el Magreb, y el pasado mes de marzo se registraron 438 fallecidos. En 2020 ha disminuido la actividad debido al COVID-19. El terrorismo trae inseguridad política y social, así como económica, pues los inversores no se ven atraídos para hacer negocios en una zona inestable, provocando el mantenimiento de la precariedad. Esto provoca y/o mantiene el subdesarrollo de un estado, ocasionando un gran flujo de migración. Se entra entonces en el círculo vicioso del subdesarrollo y pobreza.

Para España, el suceso más reciente e impactante tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2021, cuando los periodistas David Beriain y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina-Faso por la Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes en español; un grupo terrorista vinculado a Al-Qaeda.

La reciente y repentina muerte del presidente chadiano Idris Déby Itno, el 19 de abril de 2021, a manos de los Combatientes del Frente para el Cambio y la Concordia en el Chad (FACT por sus siglas en inglés Fighters of the Front for Change and Concord in Chad), ha aumentado aún más la inestabilidad en la región. El presidente de las últimas tres décadas luchaba contra este grupo rebelde, creado en 2016 en Libia, que pretendía arrojar a Déby y al régimen dinástico de Chad. Desde que se produjo este suceso, masivas protestas han cubierto las calles de Chad, pidiendo una transición democrática en el país, a lo que el ejército ha respondido matando a algunos de los manifestantes. Este levantamiento se debe a lo que a los chadianos les parece una repetición de su historia y la violación de la constitución de la nación. El ejército chadiano había anunciado la formación de un Consejo de Transición, que duraría 18 meses, bajo el liderazgo de Mahamat Idriss Déby, el hijo del anterior presidente. El problema es que su padre, en 1999, creó el mismo órgano político y prometió lo mismo. Sin embargo, sus promesas no se cumplieron. El Consejo Militar de Transición suspendió la Constitución, en la que se establece en su Título Decimoquinto que el presidente transnacional debe ser el presidente de la Asamblea Nacional.

La situación del Chad es clave en la lucha contra el terrorismo en el Sahel. El país se encuentra entre el Sahel y el Cuerno de África. La retirada o el debilitamiento de las tropas en las fronteras del país suponen un gran riesgo no sólo para Chad, sino también para sus vecinos. Los países fronterizos con el Chad, se verán expuestos a los violentos ataques de los grupos terroristas, ya que Chad cuenta con la mayor fuerza conjunta del G5 Sahel. El país es el estabilizador de la región. Al este, impide que la inestabilidad política sudanesa se extienda por las fronteras. Al sur, Chad ha sido el nuevo hogar de más de 500.000 refugiados que provienen de la República Centroafricana y su enorme crisis migratoria. Al oeste, contrarresta principalmente a Boko Haram, que ahora es un actor importante en Níger y Nigeria. Al norte, contrarresta a los grupos rebeldes libios. Es importante entender que, aunque Libia no forme parte del Sahel, su inestabilidad resuena con fuerza en la región, ya que el país es el nuevo centro de los grupos terroristas en el Sahel, como parece demostrar la muerte del expresidente. El país se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de los grupos terroristas de África que pretenden imponer su voluntad en todo el continente. Queda por ver lo que ocurre en Chad, porque cambiará por completo el actual paradigma saheliano.

La lucha occidental contra el terrorismo

Existen iniciativas institucionales para abordar estas cuestiones regionales de forma conjunta, como el grupo G5 Sahel, compuesto por Mauritania, Mali, Níger, Burkina- Faso y Chad, contando con el apoyo de la Unión Africana, la Unión Europea, las Naciones Unidas o el Banco Mundial, entre otros.

También hay ayuda internacional a la región, principalmente de Francia y la Unión Europea. Desde 2013, a petición del gobierno de Malí, el gobierno francés puso en marcha la Operación "Serval" con el objetivo de expulsar a los grupos terroristas en el norte de Malí y otras naciones del Sahel. Le sucedió un año después la Operación "Barkhan", que se centra en la asistencia a los Estados miembros del G5 del Sahel, tratando de proporcionar los recursos y la formación necesarios para que estos países puedan gestionar su propia seguridad de forma independiente. En esta Operación también participan España, Alemania, Estonia y el Reino Unido. El año pasado, 2020, se puso en marcha la Task Force "Takuba", compuesta por fuerzas especiales francesas y estonias, en el cinturón Sáhara-Sahel. A día de hoy, Francia ha desplegado 5.100 militares, ha entrenado a más de 7.000 soldados del G5 Sahel, ha desplegado 750 actividades de entrenamiento o apoyo al combate y tiene 75 oficiales de cooperación en la región.

Francia también ha liderado la intervención internacional en el Sahel. En 2012, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas promovió la Resolución 2085 para subrayar la necesidad de asistencia internacional en la región. En 2017, Francia fue la precursora de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), creada en virtud de la Resolución 2391 para prestar asistencia al gobierno de Malí en la estabilización de su país. Cuenta con más de 15.000 efectivos civiles y militares que prestan apoyo logístico y operacional.

La Unión Europea también ha participado a través de tres misiones principales en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD): Misión de Formación de la Unión Europea (EUTM) Malí, EUCAP Sahel Malí y EUCAP Sahel Níger. La primera se creó en 2013 para formar y asesorar a las fuerzas armadas malienses. También coopera con los Estados miembros del G5 Sahel para mejorar el control de las fronteras. Las otras dos son misiones civiles cuyo objetivo es formar a la policía, la gendarmería y la guardia nacionales, así como asesorar las reformas de seguridad del gobierno nacional. La EUCAP Sahel Níger se creó en 2012 y sigue en vigor. En cuanto a la EUCAP Sahel Malí, se creó en 2014 y se ha prolongado hasta 2023. Además, Francia y la Unión Europea también contribuyen financieramente a la región. El año pasado, la Unión Europea aportó 189,4 millones de euros a la región. Francia aportó alrededor de 3.970 millones de euros durante 2019-2020.

Sin embargo, la incertidumbre por la muerte de Déby ha reconfigurado la percepción local de la intervención occidental, principalmente la francesa. Las protestas que han tenido lugar estas últimas semanas en el Chad también han supuesto una acusación a Francia por respaldar al consejo militar en contra de la voluntad del pueblo. Junto con la Unión Africana y la Unión Europea, Macron declaró en el funeral de Déby "Francia nunca podrá hacer que nadie cuestione (...) y amenace, ni hoy ni mañana, la estabilidad y la integridad de Chad", tras las promesas de Mahamat de "mantenerse fiel a la memoria" de su padre. Estas declaraciones fueron entendidas por los chadianos como que Mahamat seguirá el estilo de liderazgo de su padre y que a Francia no le importa la opresión que ha sufrido el pueblo durante décadas. Es en este punto donde Francia se arriesga a sólo preocuparse por la estabilidad que aportaba Chad en la región, sobre todo en sus intereses geopolíticos en lo que respecta especialmente a Libia y África Occidental. Quizás por ello Macron sintió la necesidad de aclarar una semana después sus palabras: "Seré muy claro: apoyé la estabilidad y la integridad de Chad cuando estuve en N'Djamena. Estoy a favor de una transición pacífica, democrática e inclusiva, no estoy a favor de una sucesión", dijo. No obstante, los sahelianos se están cansando de ser las marionetas de los juegos occidentales, como se ha demostrado este año en Malí con las protestas de los habitantes contra la presencia militar francesa en el país. Occidente debe mostrar su compromiso real con el fomento de los derechos humanos presionando por una transición democrática mientras mantiene su lucha contra el terrorismo.

En conclusión, el terrorismo religioso islamista ha ido en aumento en los últimos años como contrapunto al poder de Estados Unidos en la Guerra Fría. El Sahel es uno de los escenarios predominantes de estas actividades, ya que es una zona con inestabilidad político-económica preexistente que los terroristas han aprovechado. El terrorismo está cambiando sus formas de actuar, mostrando su adaptabilidad en términos de geografía, métodos de actuación y adquisición de recursos. Francia ha demostrado ser el líder de la iniciativa occidental en la región y ha hecho progresos en la misma. Sin embargo, Occidente, especialmente los países europeos, deben empezar a prestar más atención a las causas de los problemas de esta región, recopilando datos y conociendo su realidad. Sólo entonces podrán abordar estos problemas con eficacia, ayudando a las instituciones regionales existentes, buscando soluciones a largo plazo que satisfagan a la población.

COMMENTARY / Jairo Císcar          

Since the end of the Second World War, collective security on the European continent and with it, peace, has been a priority. The founding fathers of the European Union themselves, aware of the tensions that resulted from the First and Second World Wars, devised and created security structures to prevent future conflicts and strengthen relations between former enemies. The first structure, although not purely military, obeys this logic: the European Coal and Steel Community (ECSC), essential for the creation and maintenance of industry and armies, was created by the Treaty of Paris in 1951, introducing a concept as widely used today as “energy security”. This was arguably the first major step towards effective integration of European countries.

However, for the issue at hand, the path has been much more complicated. In the same period in which the ECSC was born, French Prime Minister René Pleven, with the encouragement of Robert Schuman and Jean Monet, wanted to promote the European Defence Community. This ambitious plan aimed to merge the armed forces of the six founding countries (including the Federal Republic of Germany) into a European Armed Forces that would keep the continent together and prevent the possibility of a new conflict between states. Ambitious as it was, the project failed in 1954, when the deeply nationalist Gaullist deputies of the French National Assembly refused to ratify the agreement. European integration at the military level thus suffered a setback from which it would not begin to recover until the present century, although it continues to face many of the reluctances it once did.

Why did the European Defence Community fail, and what makes the European Armed Forces still a difficult debate today? This is a question that needs to be analysed and understood, for while political and economic integration has advanced with a large consensus, the military problem, which should go hand in hand with the two previous issues, has always been the Achilles' tendon of the common European project.

There are basically two factors to take into account. The first is the existence of a larger defence community, NATO. Since 1948, NATO has been the principal military alliance of Western countries. Born to counter Soviet expansionism, the Alliance has evolved in size and objectives to its current configuration of 30 member states and a multitude of other states in the form of strategic alliances. Although NATO's primary purpose was diluted after the fall of the Berlin Wall, it has evolved with the times, remaining alert and operational all around the globe. The existence of this common, powerful and ambitious project under U.S. leadership largely obscured efforts and intentions to create a common European defence project. Why create one, overlapping, structure if the objectives were practically the same and NATO guaranteed greater logistical, military superiority and a nuclear arsenal? For decades, this has been the major argument against further European integration in the field of defence - as protection was secured but delegated.

Another issue was the nationalism still prevalent among European states, especially in the aforementioned Gaullist France. Even today, with an ongoing and deep political, economic and, at a certain level, judicial integration, military affairs are still often seen as the last bastion of national sovereignty. In Schengen Europe, they remain for many the guarantee of those borders that fell long ago. 

Other issues to take into account are the progressive detachment of the population from the armed forces (a Europe that has not seen war on its own territory in 70 years, except for the Balkans, has tended to settle into peace, nearly oblivious to wars) and its progressive ageing, with a future with fewer people of military age, and who, as we have mentioned, often have an ideological and motivational gap with previous generations with respect to the concept and utility of the military.

It was not until relatively recently, with the Treaty of Amsterdam in 1999, that the embryonic mechanisms of the current Common Security and Defence Policy (CSDP), supervised by the European Defence Agency, began to be implemented. In the 2010s, with the entry into force of the Lisbon Treaty, these mechanisms were established. The Military Staff of the European Union (EUMS) is one of them. It constitutes the EU's first permanent strategic headquarters. The final impetus came in 2015, with the European Union Global Strategy. This led to the creation of various far-reaching initiatives, most notably the Permanent Structured Cooperation (PESCO), which since 2017 has been pursuing the structural integration of the Armed Forces of all EU countries except Denmark and Malta. It is not only limited to proper integration, but also leads capability development projects such as the EU Collaborative Warfare Capabilities (ECOWAR) or the Airborne Electronic Attack (AEA), as well as defence industry endeavors such as the MUSAS project, or the CYBER-C4ISR capabilities level.

Although it is too early to say for sure, Europe may be as close as it can get to René Pleven's distant dream. The EU's geopolitical situation is changing, and so is its own language and motivation. If we used to talk about Europe delegating its protection for years, now Emmanuel Macron advocates ‘strategic autonomy” for the EU. It should be recalled that just over a year ago he claimed that “NATO is brain-dead”. Some voices in the EU’s political arena claim and have realised that it can no longer delegate the European protection and defence of its interests, and they are starting to take steps towards doing so. Despite these advances, it is true that is not a shared interest, at least, as a whole. France and other Mediterranean member states are pushing towards it, but those in the East, as Poland or Latvia, are far more concerned about the rise of Russia, and are comfortable enough for U.S. troops to be established in their terrain. 

Having said that, I truly believe that the advantages of the European Armed Forces project outweigh its negative aspects. First of all, a Europe united in defence policies would not imply the disappearance of NATO, or the breaking of agreements with third countries. In fact, these alliances could even be strengthened and fully adapted to the 21st century and to the war of the future. As an example, in 2018 the EU and NATO signed collaboration agreements on issues such as cybersecurity, defence industry and military mobility.        

While NATO works, Europe is now facing a dissociation between U.S. interests and those of the other Allies, especially the European ones. In particular, countries such as France, Spain and Italy are shifting their defence policies from the Middle East, or the current peace process in Afghanistan (which, despite 20 years of war, sounds like a long way off), to sub-Saharan Africa (Operation “Barkhane” or EUTM Mali), a much closer region with a greater impact on the lives of the European citizens. This does not detract from the fact that NATO faces global terrorism in a new era that is set to surpass asymmetric warfare and other 4th generation wars: the era of hybrid warfare. Russia's military build-up on the EU's eastern flank and China's penetration into Africa do not invite a loosening of ties with the United States, but European countries need to prioritise their own threats over those of the U.S., although it is true that the needs of countries to the west of the EU are not the same as those to the east. This could be the main stumbling block for a joint European Army, as weighting the different strategic priorities could be really arduous.

It is true that this idea of differing policies is not shared in the EU as a whole. Countries such as Poland, those in the Balkans or the Baltic have different approaches and necessities when talking about a European Union common security strategy. The EU is a 27 country-wide body that often is extremely difficult to navigate within. Consensus is only reached after very long discussions (see the soap opera on the COVID relief package negotiations), and being defence as important as it is, and in need of fast, executive decision making, the intricate bureaucracy of the EU could not help with it. But if well managed, it could be an opportunity to develop new strategies for decision-making and reforming the European system as a whole, fostering a new, more effective Europe.

Another debate, probably outdated, is the one who claims that the EU is not capable of planning, organising and conducting operations outside the NATO umbrella. In this case, apart from the aforementioned guidelines and policies, one simply has to look at the facts: the EU today leads six active (and 18 completed) military missions with close to 5,000 troops deployed. The “Althea” (Bosnia & Herzegovina) and “Atalanta” (in the Indian Ocean) missions are particularly noteworthy. It is true that these examples are of low-intensity conflicts but, given the combat experience of EU nations under NATO or in other missions (French and Portuguese in Africa, etc.) combat-pace could be quickly achieved. The NATO certification system under which most European armed forces operate guarantees standardisation in tactics, logistics and procedures, so that standardisation at the European level would be extremely simple if existing models are taken into account.

Another issue is the question of whether the EU could politically and economically engage in a long, high-intensity operation without getting drowned by the public opinion, financial administration, and, obviously, with the planning and carrying out of a whole campaign. This is one of the other main problems with future European armed forces because, as mentioned earlier, Europeans are not prepared in any way to be confronted with the reality of a situation of war. What rules of engagement will be used? How to cope with casualties? And even more, how to create an effective chain of command and control among 27 countries? And what will happen if one does not agree with a particular intervention or action? How could it be argued that the EU, world’s leading beacon of human rights, democracy and peace, gets engaged in a war? Undoubtedly, these questions have rational and objective answers, but in an era of social media, populism, empty discourses, and fake news, it would be difficult to engage with the public (and voters) to support the idea.

Having said that, there is room for optimism. Another reason pointing towards Europe's armed forces is the collaboration that exists at the military industrial level. PESCO and the European Defence Fund encourage this, and projects such as the FCAS and EURODRONE lay the foundations for the future of European armed forces capabilities. It should not be forgotten that the European defence industry is the world leader behind that of the United States and is an increasingly tough competitor for the latter.

In addition, the use of military forces in European countries during the current coronavirus pandemic has served to reinforce the message of their utility and need for collaboration beyond the purely military. While the militarisation of emergencies must be avoided and the soldier must not be reduced to a mere “Swiss army knife” at disposition of the government trying to make up their own lack of planning or capacity to deal with the situation, it has brought the military closer to the streets, and to some extent may have helped to counteract the disaffection with the armed forces that exists in many European countries (due to the factors mentioned above). 

Finally, I believe that European-level integration of the armed forces will not be merely beneficial, but necessary for Europe. If the EU wants to maintain its diplomacy, its economic power, it needs its own strategic project, an “area of control” over its interests and, above all, military independence. This does not preclude maintaining and promoting the alliances already created, but this is a unique and necessary opportunity to fully establish the common European project. The political and economic framework cannot be completed without the military one; and the military one cannot function without the former. All that remains is to look at the direction the EU is taking and hope that it will be realised. It is more than possible and doable, and the reality is that work is being done towards it.

COMMENTARY /  Marina G. Reina

After weeks of rockets being fired from Gaza and the West Bank to Israel and Israeli air strikes, Israel and Hamas have agreed to a ceasefire in a no less heated environment. The conflict of the last days between Israel and Palestine has spread like powder in a spiral of violence whose origin and direct reasons are difficult to draw. As a result, hundreds have been killed or injured in both sides.

What at first sight seemed like a Palestinian protest against the eviction of Palestinian families in the Jerusalem’s neighborhood of Sheikh Jarrah, is connected to the pro-Hamas demonstrations held days before at Damascus Gate in Jerusalem. And even before that, at the beginning of Ramadan, Lehava, a Jewish far-right extremist organization, carried out inflammatory anti-Arab protests at the same Damascus Gate. Additionally, the upcoming Palestinian legislative elections that Palestinian PM Mahmoud Abbas indefinitely postponed must be added to this cocktail of factors. To add fuel to the flames, social media have played a significant role in catapulting the conflict to the international arena—especially due to the attack in Al-Aqsa mosque that shocked Muslims worldwide—, and Hamas’ campaign encouraging Palestinian youth to throw into the streets at point of rocks and makeshift bombs. 

Sheikh Jarrah was just the last straw

At this point in the story, it has become clear that the evictions in Sheikh Jarrah have been just another drop of water in a glass that has been overflowing for decades. The Palestinian side attributes this to an Israeli state strategy to expand Jewish control over East Jerusalem and includes claims of ethnic cleansing. However, the issue is actually a private matter between Jews who have property documents over those lands dating the 1800s, substantiated in a 1970 law that enables Jews to reclaim Jewish-owned property in East Jerusalem from before 1948, and a group of Palestinians, not favored by that same law.

The sentence ruled in favor of the right-wing Jewish Israeli association that was claiming the property. This is not new, as such nationalist Jews have been working for years to expand Jewish presence in East Jerusalem’s Palestinian neighborhoods. Far from being individuals acting for purely private purposes, they are radical Zionist Jews who see their ambitions protected by the law. This is clearly portrayed by the presence of the leader of the Jewish supremacist Lehava group—also defined as opposed to the Christian presence in Israel—during the evictions in Sheikh Jarrah. This same group marched through Jerusalem’s downtown to the cry of “Death to Arabs” and looking for attacking Palestinians. The fact is that Israel does not condemn or repress the movements of the extreme Jewish right as it does the Islamic extremist movements. Sheikh Jarrah is one, among other examples, of how, rather, he gives them legal space. 

Clashes in the streets of Israel between Jews and Palestinians

Real pitched battles were fought in the streets of different cities of Israel between Jewish and Palestinians youth. This is the case in places such as Jerusalem, Acre, Lod and Ashkelon —where the sky was filled with the missiles coming from Gaza, that were blocked by the Israeli antimissile “Iron Dome” system. Palestinian neighbors were harassed and even killed, synagogues were attacked, and endless fights between Palestinians and Israeli Jews happened in every moment on the streets, blinded by ethnic and religious hatred. This is shifting dramatically the narrative of the conflict, as it is taking place in two planes: one militarized, starring Hamas and the Israeli military; and the other one held in the streets by the youth of both factions. Nonetheless, it cannot be omitted the fact that all Israeli Jews receive military training and are conscripted from the age of 18, a reality that sets the distance in such street fights between Palestinians and Israelis.

Tiktok, Instagram and Telegram groups have served as political loudspeakers of the conflict, bombarding images and videos and minute-by-minute updates of the situation. On many occasions accused of being fake news, the truth is that they have achieved an unprecedented mobilization, both within Israel and Palestine, and throughout the world. So much so that pro-Palestinian demonstrations have already been held and will continue in the coming days in different European and US cities. Here, then, there is another factor, which, while informative and necessary, also stokes the flames of fire by promoting even more hatred. Something that has also been denounced in social networks is the removal by the service of review of the videos in favor of the Palestinian cause which, far from serving anything, increases the majority argument that they want to silence the voice of the Palestinians and hide what is happening.

Hamas propaganda, with videos circulating on social media about the launch of the missiles and the bloodthirsty speeches of its leader, added to the Friday’s sermons in mosques encouraging young Muslims to fight, and to sacrifice their lives as martyrs protecting the land stolen from them, do nothing but promote hatred and radicalization. In fact, 

It may be rash to say that this is a lost war for the Palestinians, but the facts suggest that it is. The only militarized Palestinian faction is Hamas, the only possible opposition to Israel, and Israel has already hinted to Qatari and Egyptian mediators that it will not stop military deployment and attacks until the military wing of Hamas surrenders its weapons. The US President denied the idea of Israel being overreacting. 

Hamas’ political upside in violence and Israel’s catastrophic counter-offensive 

Experts declare that it seems like Hamas was seeking to overload or saturate Israel’s interception system, which can only stand a certain number of attacks at once. Indeed, the group has significantly increased the rate of fire, meaning that it has not only replenished its arsenal in spite of the blockade imposed by Israel, but that it has also improved its capabilities. Iran has played a major role in this, supplying technology in order to boost Palestinian self-production of weapons, extend the range of rockets and improve their accuracy. A reality that has been recognized by both Hamas and Iran, as Hamas attributes to the Persian country its success. 

This translates into the bloodshed of unarmed civilians to be continued. If we start from the basis that Israeli action is defensive, it must also be said that air strikes do not discriminate against targets. Although the IDF has declared that the targets are bases of Hamas, it has been documented how buildings of civilians have been destroyed in Gaza, as already counted by 243 the numbers of dead and those of injured are more than 1,700 then the ceasefire entered into effect. On the Israeli side, the wounded reported were 200 and the dead were counted as 12. In an attempt to wipe out senior Hamas officials, the Israeli army was taking over residential buildings, shops and the lives of Palestinian civilians. In the last movement, Israel was focusing on destroying Hamas’ tunnels and entering Gaza with a large military deployment of tanks and military to do so.

Blood has been shed from whatever ethnical and religious background, because Hamas has seen a political upside in violence, and because Israel has failed to punish extremist Jewish movements as it does with Islamist terrorism and uses disproportionated defensive action against any Palestinian uprising. A sea of factors that converge in hatred and violence because both sides obstinately and collectively refuse to recognize and legitimate the existence of the other.

China, Rusia e Irán han aumentado su relación con una Latinoamérica más necesitada debido al Covid, que también ha supuesto una oportunidad para el crimen organizado

► Nicolás Maduro Guerra, tras ponerse la vacuna Sputnik V, con el embajador ruso en Caracas, en diciembre de 2020 [Embajada de Rusia]

INFORME SRA 2021 /  Resumen Ejecutivo  [versión en PDF]

La grave crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado las vulnerabilidades de América Latina, también en términos de seguridad regional. Por un lado, ha aumentado la dependencia respecto de potencias exteriores, cuya influencia ha crecido mediante el envío de vacunas (China y Rusia) o de gasolina y alimentos (Irán). Por otro, ha restado a los estados medios para el combate contra el crimen organizado, el cual ha protagonizado algunos movimientos estratégicos, como la consolidación de Paraguay como importante foco de narcotráfico. Si bien la situación de prolongados confinamientos ha permitido reducir en algunos lugares el número de homicidios, como en el caso de Colombia, el deterioro de la estabilidad regional ha llevado a una mayor atención de Estados Unidos hacia el resto del Hemisferio Occidental, con una clara alerta dada por el Comando Sur estadounidense.

Las necesidades impuestas por el Covid-19 en todo el planeta han hecho más acuciante algunos requerimientos de seguridad en determinados países. Con el comercio internacional trastocado por las limitaciones de movimiento, la seguridad alimentaria de China ha empujado a adoptar comportamientos más agresivos a sus flotas pesqueras de gran distancia. Aunque ya desde hace unos años se ha detectado una creciente afluencia de pescadores chinos en aguas que bañan Sudamérica, en 2020 la situación supuso un salto cualitativo. La presencia de más de 500 embarcaciones creó inquietud por la continua evasión de radares, el uso de sistema de extracción no permitidos y la desobediencia a los guardacostas. Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional. La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional, si bien aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca. Washington expresó inquietud a raíz de la actividad de China tanto en torno a las Galápagos como en el Atlántico Sur.

La pandemia ha sido ocasión propicia para la consolidación de la penetración en Latinoamérica por parte de China y, en menor medida, de Rusia. Gracias a la “diplomacia de las vacunas”, Pekín ya es un socio plenamente global: no solo comercial y otorgador de créditos para infraestructuras, sino que se pone a la par de Estados Unidos y Europa en excelencia farmacéutica y proveedor sanitario. Si bien es cierto que América Latina está poniendo más vacunas “occidentales” –solo Perú, Chile y Argentina han contratado más dosis chinas y rusas– la exportación de inyectables desde China y Rusia ha permitido aumentar su influencia en la región. Huawei ha logrado entrar en el concurso del 5G en Brasil a cambio de vacunas, y Pekín se las ha ofrecido a Paraguay si abandona su reconocimiento a Taiwán. Además de los ensayos clínicos que hubo en varias naciones latinoamericanas en la segunda mitad de 2020, Argentina y México van a producir o envasar Sputnik V a partir del mes de junio.

El agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela a lo largo de 2020, por otra parte, facilitó que Irán estrechase sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, reanudando una relación especial ya dada durante las presidencias de Chávez y Ahmadineyad. Sin más créditos de China o Rusia, Venezuela buscó a los iraníes para que intentaran reactivar las paralizadas refinerías del país. Sin especial éxito en ese cometido, Irán acabó convirtiéndose en suministrador de más de 5 millones de barriles de gasolina mediante cargueros; también entregó alimentos para abastecer un supermercado abierto por los iraníes en Caracas. Con una producción petrolera bajo mínimos, Maduro pagó los servicios de Teherán con cargamentos de oro, por valor al menos de 500 millones dólares.

Toda esa actividad de potencias extrahemisféricas en la región es señalada por el Comando Sur estadounidense, la estructura militar de EEUU que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe, como motivo de seria preocupación para Washington. En sus comparecencias anuales ante el Congreso, el jefe del SouthCom ha ido elevando progresivamente el grado de amenaza. En su última aparición, a comienzos de 2021, el almirante Craig Faller fue especialmente alarmante sobre el avance de China en la región: se refirió a la controversia sobre los pescadores chinos –su supuesta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal– y al crédito de mil millones de dólares anunciado por Pekín para ayuda en material sanitario contra el Covid-19. Faller indicó que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional” y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”.

Otra de las preocupaciones de Washington se refiere al crimen trasnacional, específicamente al perpetrado por bandas latinas en Estados Unidos. En el último año fiscales federales estadounidenses han presentado por primera vez cargos contra miembros de la mara Salvatrucha por delitos contra la seguridad nacional. EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en cargos elevados en julio de 2020 y en enero de 2021, dirigidos contra la cúpula de la MS-13 encarcelados en El Salvador, ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes. El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas en las cárceles salvadoreñas con crímenes cometidos en EEUU. En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua.

En cuanto a seguridad ciudadana, los prolongados confinamientos por el Covid-19 han permitido reducir ligeramente las cifras de violencia en algunos países, especialmente en la primera mitad de 2020. En el caso de Colombia, ese efecto coyuntural se unió a la tendencia a la baja en el número de homicidios que se viene observando en el país desde el comienzo de las negociaciones para el proceso de paz en 2012, de tal forma que las cifras de 2020 han representado un mínimo histórico, con una tasa de 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la más baja desde 1975. Varios estudios consideran que existe relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país. Se trata de una evolución positiva que se ve empañada por el asesinato de dirigentes sociales y exguerrilleros, que a comienzos de 2021 se elevó ya a más de mil desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El capítulo del narcotráfico ha conocido en el último año dos notables desarrollos. Uno de ellos es el aumento de los “ensayos” de cultivo de coca en Honduras y Guatemala, que antes solo eran países de paso de la cocaína. Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada. Después de haberse localizado en ambos países laboratorios para la elaboración de cocaína, las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han detectado más de cien hectáreas de arbusto de coca, una cifra de momento muy reducida. A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19. Parte de esa infraestructura de producción propia salió a la luz en juicio mantenido en EEUU contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, que en marzo de 2021 fue condenado a cadena perpetua.

Por su parte, Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La mayor parte del cultivo de marihuana se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país. Las plantaciones alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina. A comienzos de 2021, se localizaron en puertos del norte de Europa más de 30 toneladas de cocaína enviada desde Paraguay, lo que le convierte en decisivo “hub” de distribución de esa droga.

La mayoría del cultivo se realiza en el entorno de Pedro Juan Caballero, junto a la frontera con Brasil, que es el centro delictivo del país

° Las plantaciones de marihuana alcanzan unas 8.000 hectáreas, con una producción que llega a las 30.000 toneladas, de las cuales el 77% van a Brasil y el 20% a Argentina

° Lugar de paso de la cocaína de Perú y Bolivia, Paraguay ha dado un salto en el volumen de los envíos a Europa: a comienzos de 2021 hubo un cargamento récord de 23 toneladas

° El Congreso paraguayo ha aprobado el uso medicinal de la marihuana; de momento no sigue los pasos de México, primer productor en América, que debate su plena legalización

► El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y la entonces ministra de Seguridad argentina, erradicando plantas de marihuana en PJC [Gob. de Paraguay]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Uranga  [versión en PDF]

Paraguay se encuentra en un momento ascendente en el mapa del narcotráfico, como mayor productor de marihuana en Sudamérica y como distribuidor de la cocaína procedente de Perú y Bolivia. Con una extensión de cultivo de cannabis estimada en casi 8.000 hectáreas y una producción anual que puede acercarse a las 30.000 toneladas, Paraguay exporta este estupefaciente a Brasil y Argentina. La cocaína que pasa por el país se destina a esos dos grandes vecinos y sobre todo a Europa: en febrero de 2021 las autoridades alemanas interceptaron un alijo de 16 toneladas de cocaína, el mayor remitido nunca desde Paraguay, un hallazgo que se elevó a 23 toneladas contando un envío localizado dos días antes en Amberes. En ese mismo puerto, a comienzos de abril fueron halladas otras 11 toneladas.

Si bien, en el caso paraguayo, lo más sorprendente en el último año ha sido ese salto en la capacidad de generar grandes cargamentos de cocaína, la rápida evolución del contexto internacional con relación a la marihuana –por ejemplo, la ONU la reclasificó en diciembre de 2020, señalando su potencial terapéutico– pone de especial actualidad este otro lucrativo comercio de ilícitos.

La creciente legalización de la hoja de cáñamo que comienza a darse en algunos países, generando producciones propias (a diferencia de la coca, que por sus condiciones específicas casi solo se cultiva en Colombia, Perú y Bolivia, la marihuana puede crecer en lugares diversos, también en invernadero) ofrece perspectivas de negocio a los agricultores que hoy en Paraguay se ocupan de su cultivo ilegal (no tanto a la estructura de las mafias, de origen brasileño, pues para competir en Uruguay, el único país próximo que ha legalizado la producción nacional para uso abierto, la marihuana paraguaya debiera venderse más barata que la uruguaya). México, que es el mayor productor en América, se encuentra en proceso de despenalizar su uso recreativo; Paraguay no ha llegado de momento ahí, pero la ley aprobada en agosto de 2020 para permitir el uso medicinal, admite el cultivo individual si hay justificante médico.

Producción y erradicación

La producción de marihuana está vinculada al crimen organizado que opera muy especialmente en las zonas fronterizas con Brasil. Según las cifras que ofrece la Secretaría Nacional Antidroga (SENAD), las mayores operaciones contra el cultivo de ese narcótico se desarrollan en el departamento de Amambay, cuya capital, Juan Pedro Caballero, constituye el centro delictivo del país. Esa ciudad está adosada a la frontera con Brasil y comparte masa urbana con la localidad brasileña de Punta Porá. También el adyacente departamento de Canindeyú, igualmente fronterizo con Brasil, acoge extensas plantaciones.

En la década 2009-2019, el SENAD destruyó 9.838 hectáreas de cultivo de plantas de marihuana en Amambay y 2.432 en Canindeyú, representando conjuntamente alrededor del 90% de las 15.045 hectáreas erradicadas en todo el país. En 2019, último daño referenciado por el SENAD, las autoridades erradicaron 1.468,5 hectáreas, la mayor cifra de la década, lo que no solo indica un incremento del esfuerzo antinarcóticos, sino que también sugiere un aumento en las extensiones cultivadas.

Se calcula que Paraguay existen entre 6.000 y 8.000 hectáreas con plantas de marihuana. Una semilla mejorada introducida hace unos pocos años ha permitido ampliar las dos cosechas anuales habituales a tres o incluso cuatro cosechas, elevando así la productividad a dos y tres toneladas de hierba de marihuana por hectárea, con lo que la producción total podría llegar a las 20.000 toneladas por año. Estas cifras podrían haberse quedado pequeñas, pues la SENAD ha llegado a calcular que hasta 30.000 toneladas de hierba han podido a salir del país en el último año.

El World Drug Report de la Oficina para la Droga y el Crimen Naciones Unidas (UNODC) de 2020 sitúa a Paraguay como el país con mayor incautación de marihuana, por encima de las 1.000 toneladas al año. El informe también indica que la producción de resina del cáñamo es mínima (1,1 toneladas en 2016) y que el 77% de la marihuana generada en Paraguay se destina al mercado brasileño y el 20% al argentino.

En América, la producción de Paraguay solo es superada por México, que cuenta con unas estimadas 12.000 hectáreas de plantaciones, de acuerdo con el International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) del gobierno de Estados Unidos de 2021. También es mayor el área cultivada erradicada por las autoridades mexicanas, aunque ese esfuerzo ha caído en los últimos años (5.478 hectáreas en 2016, 4.193 en 2017 y 2.263 en 2018), como indica el informe de la UNODC, que al mismo tiempo apunta que en México se incautaron en 2018 unas 200 toneladas de marihuana, frente a las 400 de 2017.

Corrupción

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico de su actuación criminal. Situado entre los centros de producción de coca de Perú-Bolivia y los crecientes mercados de Argentina y sobre todo Brasil, que son también destino de la marihuana paraguaya, el país es lugar de operaciones de las mafias, especialmente brasileñas. También las condiciones de la Triple Frontera –la conurbación que forman Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguaçú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina)– fomentan el contrabando, la falsificación de productos y el lavado de dinero, así como la financiación de grupos terroristas (tal es el caso de Hezbolá). 

​También influyen los factores económicos. La marginalidad económica y social es un elemento al que recurren estas bandas del crimen organizado para reclutar “empleados”. No obstante, este factor puede explicar solo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción. Paraguay consta, en este sentido, con las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes. Esto se debe a sus altos niveles de corrupción estatal, señalados en el Indice de Percepción de Corrupción.

Recalcando el obstáculo que la corrupción en Paraguay supone ante la lucha contra el narcotráfico, en enero de 2020 tuvo lugar una fuga masiva de un penal de Pedro Juan Caballero de 75 presos, en su mayoría miembros de una banda criminal brasileña Primer Comando Capital (CCP). La fuga estuvo facilitada por la connivencia de funcionarios y puso de relieve la impunidad con que muchos de los narcotraficantes actúan.

Los dos están consolidando sus inicios como países productores, lo que supone un salto cualitativo importante a pesar de que la producción es aún muy limitada

° Las primeras plantaciones fueron descubiertas en 2017 en Honduras y en 2018 en Guatemala; desde entonces se han localizado más de cien hectáreas de arbusto de coca

° A lo largo de 2020, Honduras erradicó 40 hectáreas de cultivo y Guatemala 19; además se destruyeron casi una veintena de laboratorios de elaboración de cocaína

° La extensión de la producción de coca a Centroamérica es obra de carteles mexicanos, que emplean a colombianos expertos en localizar las mejoras zonas para el cultivo

► Acción antinarcóticos hondureña en una plantación de coca, en octubre de 2020 [Gob. de Honduras]

INFORME SRA 2021 /  Eduardo Villa Corta  [versión en PDF]

La producción de cocaína ha comenzado a extenderse a países de Centroamérica, que hasta hace poco solo eran lugares de paso de la cocaína procedente sobre todo de Colombia, que es el mayor productor del mundo, junto con Perú y Bolivia.

El hallazgo de laboratorios para la elaboración de la droga en Honduras en 2009 ya sugirió el comienzo de un cambio, confirmado con la localización de los propios cultivos de arbusto de coca en 2017 en ese mismo país y en 2018 en Guatemala. Desde entonces, se han localizado en ambos países más de cien hectáreas: esos dos primeros años se contabilizaron conjuntamente unas 50 hectáreas, cifra que se vio duplicada en 2020 en lo que parece una aceleración del proceso.

De todos modos, se trata de extensiones muy reducidas, comparadas con las estimadas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen en su informe de 2020 para Colombia (cerca de 180.000 hectáreas), Perú (casi 50.000) y Bolivia (alrededor de 25.000). Además, de momento Estados Unidos asegura no tener constancia de la entrada en su territorio de cocaína generada en el Triángulo Norte centroamericano.

Todo indica que por ahora nos encontramos en un estadio de experimentación o ensayo por parte de carteles mexicanos, que estarían probando la aptitud de terreno y clima de diferentes áreas y la calidad del producto, con la ayuda de expertos colombianos. Los cambios en la cadena del narcotráfico desde que la mayor parte de las FARC abandonó el negocio ilícito en Colombia y el deseo de reducir la compleja logística en transporte de la droga hacia Estados Unidos explican estas tentativas en el Triángulo Norte.

Honduras 

En Honduras la localización de cultivos ha aumentado en los dos últimos años. El último Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos (INCSR), de marzo de 2021, elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, recoge información oficial hondureña contabilizando la erradicación en los diez primeros meses de 2020 de 40 hectáreas de arbustos de coca. Esto supone un incremento en la contabilización de áreas de cultivo respecto a años anteriores, que estimaba la acumulación de 50 hectáreas a lo largo de 2017 y 2018 en Honduras y Guatemala conjuntamente.

La primera evidencia en Honduras de que el narcotráfico no solo usaba su territorio como lugar de tránsito fue el hallazgo en 2009 en la provincia de Cortés de un laboratorio para la transformación de hojas de coca en clorhidrato de cocaína. En diez años se descubrieron doce laboratorios y solo en 2020 las autoridades procedieron a destruir al menos otros once localizados, como indica el INCSR. Aunque alguno tenía capacidad para producir hasta 3,6 toneladas de cocaína al año, sus instalaciones eran más bien “rudimentarias”, según las agencias policiales hondureñas.

La existencia de esos laboratorios permitió concluir que al menos desde 2012 se podría estar cultivando alguna cantidad de hoja de coca en el país, pero no fue hasta 2017 que se halló una zona cultivada, en la provincia de Orlando, con unas 10.000 plantas. En 2018 se ubicaron otras tres explotaciones, una de ellas de 20 hectáreas. La actividad de cultivo y laboratorio no está concentrada en una zona específica, si bien la mitad de los hallazgos han sido realizados en las mencionadas provincias de Orlando y Colón.

La última localización especialmente reseñada, en un proceso de ubicación de siembras cada vez más visibles, fue la realizada por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) en marzo del 2020, que correspondía a un campo de unas 4,2 hectáreas de cultivo y narco-laboratorio en la comunidad Nueva Santa Bárbara. En 2020 se decomisaron al menos 15 campos de coca, con un total de 346.500 plantas.

La DLCN estima que carteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco, son los que están detrás de esa penetración, aunque no operan directamente, con un despliegue de individuos armados, sino en diversas ocasiones a través de cultivadores de origen colombiano, conocedores de los cuidados que necesita la planta de coca.

Recientes condenas en Estados Unidos, como la del hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, han dado detalles sobre el corredor de narcotráfico que supone Honduras, pero también la incipiente producción propia. Como se expuso en su juicio, Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en marzo de 2021, tuvo relación directa con un laboratorio de cocaína local.

Guatemala

En el caso de Guatemala, el primer descubrimiento de cultivo de hojas de coca se realizó en 2018. Aunque se trataba de solo una hectárea de extensión, con 75.000 plantas, significó también el salto a incipiente país productor. Además de haber sido, como Honduras, un canal de paso para la cocaína procedente de Colombia, Guatemala ya se había distinguido por una producción moderada de marihuana y por haber comenzado a cultivar amapola, por extensión de la actividad de carteles mexicanos implicados en el mercado de la heroína, de la cual México es líder productor en el continente americano. Ahora Guatemala, donde igualmente han aparecido narco-laboratorios, incluía la coca entre sus cultivos ilícitos de narcóticos.

En 2019 las autoridades guatemaltecas hicieron un esfuerzo para combatir esa actividad. El 4 de septiembre de ese año declararon un estado de sitio por 30 días en 22 municipios del norte del país. Las operaciones policiales supusieron diversos decomisos especialmente en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Zacapa. Unas 23 áreas de cultivo fueron localizadas, ocho de ellas en Izabal.

A raíz de esos hallazgos, el ministro del Interior, Enrique Degenhart, admitió que Guatemala pasaba a ser una nación productora de cocaína.

En los diez primeros meses de 2020 fueron erradicadas 19 hectáreas de cultivo de coca y se destruyeron siete laboratorios, como indica el último INCSR, precisando, en cualquier caso, que la producción cocalera tiene en Guatemala una “escala limitada” (como en Honduras, pero incluso por debajo del vecino país), a distancia de la registrada los mayores productores sudamericanos.

Mayor papel para las maras

Las autoridades de Honduras y Guatemala temen, debido al aumento de actividad de producción de droga, que algunas zonas de sus países se conviertan en los nuevos “Medellín de Pablo Escobar”. La existencia de áreas de difícil acceso y la falta de medios para la supervisión y combate del crimen organizado complica la actuación antinarcóticos.

Existe el riesgo también de que las pandillas o maras ganen todavía más poder, con un enquistamiento o incluso agravamiento del problema que suponen. Debido a su dominio del espacio, hasta ahora han cobrado peaje por el paso de la droga a lo largo del territorio, pero con la producción en el propio Triángulo Norte además podrían pasar a controlar el origen mismo de la droga, dándoles las prerrogativas de los carteles.

Al mismo tiempo se complica la coordinación internacional contra el narcotráfico, al hacerse más difícil la localización de centros de producción y la determinación de los actores implicados en esa actividad.

El elevado número de dirigentes sociales asesinados sigue consternando al país: 904 asesinatos desde el Acuerdo de Paz de 2016

° En 2020 hubo en Colombia 24,3 homicidios por 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975, en que hubo una tasa similar, y por debajo de la de otros países de la región

° El número de homicidios fue en 2020 de 12.018, siguiendo el progresivo descenso que se registra desde 2002, solo abiertamente roto en 2012, cuando los asesinados fueron 16.033

° Los estudios concluyen que existe una relación entre la desmovilización de las FARC y el consistente descenso del nivel de violencia que está experimentando el país

Ceremonia religiosa en Dabeiba en febrero de 2020, tras recuperar los restos de un desaparecido en 2002 [JEP]g

INFORME SRA 2021 /  Isabella Izquierdo [versión en PDF]

Colombia está reduciendo paulatinamente sus niveles de violencia, al menos en cuanto a tasa de homicidios se refiere, que en 2020 descendió a 24,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1975. Aunque el drama del asesinato de líderes sociales ha sobrecogido a la sociedad colombiana en la gestión del posconflicto, la objetividad de las cifras totales habla de una reducción de las muertes violentas. Ese descenso ha estado auspiciado en los últimos años por el abandono de la lucha armada por parte de las FARC y presumiblemente se ha visto favorecido en 2020 por los prolongados confinamientos establecidos para hacer frente a la propagación de pandemia de Covid-19.

El país cerró 2020 con 12.018 homicidios, la cifra más baja en décadas, constituyendo menos de la mitad de los que se producían a comienzos de los años 90, en el periodo más duro del conflicto armado. En aquella época el número de homicidios superaba los 28.000 anuales, lo que constituía alrededor de 80 homicidios por 100.000 habitantes. Desde entonces, con leves repuntes en 2002 y en 2012, Colombia ha ido reduciendo sus niveles de violencia y hoy su tasa de homicidios está lejos de los récords que están marcando otros países de la región: a pesar de que en algunos casos la emergencia sanitaria también ha ayudado a rebajar las cifras, en 2020 las mayores tasas fueron las de Jamaica (46,5 homicidios por 100.000 habitantes), Venezuela (45,6), Honduras (37,6), Trinidad y Tobago (28,2) y México (27).

[En el caso de Colombia, las autoridades hablaron al término de 2020 de una tasa de 23,79, aunque cifras ulteriores de homicidios de la Policía Nacional y datos de población dan como resultado del cálculo el 24,3 por el que aquí se ha optado).

Conflicto y posconflicto

Si bien la guerrilla del ELN se mantiene activa y varias disidencias de las FARC siguen en actividades criminales, alrededor de 8.000 excombatientes se incorporaron a la vida civil a raíz del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, comenzado a negociar en 2012 y firmado en 2016.

Los años anteriores al comienzo de los contactos registraron un aumento de la violencia, para luego decrecer de modo sostenido desde entonces, no solo la relativa al conflicto político sino también la relativa a la criminalidad en general. Al investigar las tasas de homicidio en los años de los diálogos de paz con las FARC, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en Colombia evidenciaron una estrecha relación: cuando la confrontación armada crecía o disminuía, en función de los intereses de los negociadores, en igual medida lo hacía la cifra total de homicidios. La buena marcha de la negociación marcó una dinámica de desescalada del conflicto armado, con una reducción del 8,57% en la tasa de homicidios entre 2012 y 2015.

En 2017, firmado ya el Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia alcanzó sus números más bajos en 30 años, con 12.079 homicidios y una tasa de 25,02 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en 2018 la tendencia varió ligeramente (12.130 homicidios), algo que se pronunció en 2019 (12.667), lo que alertó sobre la necesidad de implementar con rapidez las condiciones de reinserción de los excombatientes, mejorar la seguridad en las zonas desmilitarizadas y aumentar la presencia estatal en el territorio.

El Instituto de Medicina Legal concluyo que las cifras de homicidios de 2018 parecían evidenciar una reactivación del conflicto armado colombiano. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en 2019 un informe evaluando la situación de derechos humanos en Colombia, con énfasis en la implementación de los contenidos en el Acuerdo de Paz: la mayores cifras de homicidios se daban en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, donde los enfrentamientos por el control de las economías ilícitas eran más violentos.

Efecto del Covid

Las medidas adoptadas en relación con el posconflicto y la llegada de la pandemia, con sus restricciones de movimiento, volvieron a conducir en 2020 a un descenso de los homicidios. En el período del 20 de marzo al 17 de agosto de 2020, cuando se dieron los confinamientos más estrictos, los homicidios diarios por municipio cayeron, en promedio, un 16% respecto de la tendencia que exhibían antes de las medidas de distanciamiento social. En las semanas de cuarentena total, el número diario de homicidios cayó incluso alrededor de un 40% respecto de la tendencia previa a la cuarentena. A partir de junio de 2020, el número de homicidios retornó a las tendencias anteriores a la emergencia sanitaria. La criminalidad bajó los primeros meses por el miedo al contagio, pero rápidamente volvió a las cifras acostumbradas, especialmente en cuanto a robos y hurtos, cuando empeoró la situación económica y aumentó la necesidad de alimentación entre la población de escasos recursos. Sin embargo, por lo ocurrido el primer semestre del año, Colombia cerró 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años.

Un dato claramente negativo de 2020, no obstante, fue la continuación de la violencia dirigida contra líderes sociales y excombatientes. El año pasado 297 dirigentes locales fueron asesinados, lo que eleva a 904 los agentes sociales muertos desde 2016 hasta febrero de 2021. En ese mismo periodo, 276 antiguos guerrilleros resultaron asesinados, la mayor parte de ellos implicados en comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”

La comparecencia del jefe del USSOUTHCOM en el Capitolio eleva cada año el grado de alerta ante la influencia china y el retroceso estadounidense

° En su última aparición, el almirante Craig Faller advirtió que EEUU “está perdiendo su ventaja posicional’ y reclamó “acción inmediata para revertir esta tendencia”

° En los últimos años el discurso del Comando Sur ante el Congreso ha destacado la penetración de China, Rusia e Irán, de la mano de Cuba, Venezuela y Nicaragua

° El análisis de las intervenciones del jefe del Pentágono para la región muestra la creciente involucración del régimen de Maduro en actividades delictivas

► Visita del jefe del Comando Sur estadounidense a Montevideo, en abril de 2021 [SouthCom]

INFORME SRA 2021 /  Diego Diamanti  [versión en PDF]

El Comando Sur de Estados Unidos –la estructura militar, dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tiene encomendada la atención a Latinoamérica y el Caribe– ha ido elevando progresivamente la voz de alerta sobre la creciente influencia de Rusia y sobre todo de China en el Hemisferio Occidental, en detrimento de la posición de EEUU. Esto, combinado con la amenaza que proviene de las organizaciones de crimen organizado, especialmente implicadas en el narcotráfico, llevaron al jefe del USSOUTHCOM, el almirante Craig Faller, a confesar en marzo sentir “un increíble sentido de urgencia”: “el hemisferio en el que vivimos está bajo ataque”, dijo en su anual comparecencia ante el Congreso estadounidense, dedicada a analizar las amenazas y las oportunidades que presenta la región en términos de seguridad.

En su tercer “posture statement” ante el Congreso desde que dirige el Comando Sur, Faller advirtió que Estados Unidos está perdiendo su “posición de ventaja” en el hemisferio y planteó que “se necesita una acción inmediata para revertir la tendencia”. Analizando sus intervenciones de 2019 y 2020, así como la de 2018 de su predecesor, el almirante Kurt Tidd, se aprecia un agravamiento en la percepción de la rivalidad con China. Cada vez la referencia a la amenaza china es más explícita y ocupa más espacio. Lo que primero se vio como una influencia económica, por el incremento del comercio y la adjudicación de créditos, ahora se presenta como algo más global y estratégicamente más peligroso. Según Faller, China está buscando “establecer una logística global y una infraestructura de base en nuestro hemisferio para proyectar y sostener el poder militar a mayores distancias”.

El cambio de Administración no ha supuesto ninguna variación en ese agravamiento de la percepción sobre los riesgos que se están generando en Latinoamérica. Si bien la presidencia de Joe Biden ha supuesto un giro en el tono mantenido por su predecesor, se mantiene la hostilidad hacia Pekín y el deseo de marcar de cerca otros regímenes autoritarios como Rusia o Venezuela. De ahí que el “posture statement” presentado este año por el jefe del Comando Sur sea consistente con los anteriores en apuntar a la creciente actividad de Rusia y China en la región (y de Irán, en coordinación con Hezbolá), así como su colaboración con Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Faller llamó “actores estatales regionales malignos”.

El uso de Cuba

Una de las amenazas constantes que se repiten y que se ve cómo aumenta de manera gradual es la estrategia de diplomacia económica que implementa China en varios países de la región: cómo a través de préstamos e inversiones Pekín incorpora a esos países a su red de comercio internacional, en ocasiones integrándolos en la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda. La declaración de 2018 no mencionaba el número de naciones latinoamericanas que participaban en la iniciativa; la de 2019 contabilizaba 16, y la de 2020 hablaba de 19, indicando una clara tendencia de que poco a poco China está aumentando sus actividades y su influencia en el hemisferio. La estrategia de 2020 decía además que 25 de los 31 países de la región tienen proyectos chinos de infraestructura, los cuales, como expresamente destaca el jefe del Comando Sur, podrían ser utilizados en un futuro como apoyo para intereses militares chinos. A todo esto se suma la crisis del COVID-19, que China ha aprovechado para aumentar su influencia regional gracias a potencial de material sanitario y vacunas.

Venezuela ocupa un lugar destacado en las últimas cuatro declaraciones. A lo largo de los años se aprecia cómo la situación empeora progresivamente y se endurece la postura del Comando Sur hacia el régimen de Maduro: pasa de no llamarlo ilegítimo a sí hacerlo, y luego lo acusa abiertamente de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. Subraya su estrecha colaboración militar con Rusia y con los grupos narcoterroristas colombianos –el ELN y las disidencias de las FARC–, a los que acoge en su territorio.

Otro aspecto que se reitera es el énfasis en el papel desestabilizador de Cuba: cómo La Habana interfiere en asuntos internos en Venezuela y Nicaragua, aleccionando a esos regímenes opresores sobre cómo reprimir movimientos y manifestaciones de opositores, en ocasiones enviando a sus propios agentes para cumplir esa función represiva. Además en la estrategia se plantea el hecho de como Rusia utiliza a Cuba como base para sus operaciones de inteligencia hacia los Estados Unidos y para proyectar su poder en la región.

Las declaraciones del Comando Sur están en consonancia con las preocupaciones expresadas en el documento Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional en 2020. Aunque la Administración Trump deberá formular su propio plan estratégico para la región, no cabe esperar sustanciales cambios, dado que existe el mismo interés en recuperar la democracia para Nicaragua, Venezuela y Cuba; en la promover la transparencia y luchar contra la corrupción; en combatir actividades ilícitas, como en el caso del narcotráfico y el tráfico de personas, y en hacer frente la creciente presencia china en la región.

El aumento de las flotas de pesqueros de China provoca quejas sobre presunta invasión de zonas económicas exclusivas y actividad ilegal

° La presencia de más de 500 embarcaciones crea inquietud por continua evasión de radares, uso de sistemas de extracción no permitidos y desobediencia a los guardacostas

° Los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú emitieron un comunicado llamando a la supervisión de una actividad que Pekín rechaza someter a inspección internacional

° La intimidación recuerda al uso de pescadores chinos como “fuerza de choque” en el Mar de China Meridional; aquí el objetivo no es ganar espacio de soberanía, sino de pesca

► El buque chino Hong Pu 16, seguido por el patrullero argentino ARA Bouchard, en mayo de 2020 [Armada argentina]

INFORME SRA 2021 /  Paola Rosenberg  [versión en PDF]

Diversos países latinoamericanos se han quejado a lo largo del último año de depredación económica china, por la presencia masiva de barcos de pesca chinos en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la presenta penetración furtiva en ella. También han denunciado el uso por parte de pesqueros chinos de técnicas de captura no permitidas que esquilman los principales caladeros y erosionan la sostenibilidad marina.

La llegada desde China de embarcaciones pesqueras de lo que normalmente se categoriza como Flota en Aguas Distantes (DWF por sus siglas en inglés) comenzó a producirse en el contorno marítimo latinoamericano en 2001 con una veintena de barcos; desde entonces su número ha ido en rápido aumento y las cifras más recientes hablan de unas 500 naves. El malestar de los países más afectados no es nuevo, pero en 2020 las quejas fueron más altas y formales. Además, en la abierta era de confrontación con Pekín, Washington salió en defensa de los intereses de sus vecinos hemisféricos.

China cuenta con la flota pesquera de altura más grande del mundo, que se halla en expansión cuando las flotas de otros países pesqueros están disminuyendo. No está claro su volumen, pues muchas veces opera mediante pequeñas empresas pantalla que difuminan su origen nacional, pero se ha llegado a estimar un total de 17.000 embarcaciones. En esa actividad lejos de la propia China la flota captura dos millones de toneladas de pescado, lo que supone el 40% del total mundial en aguas distantes. Parte de las capturas que lleva a cabo son resultado de pesca ilegal; China es el país con peor notal del mundo en cuanto a prácticas pesqueras no permitida, según la valoración de Global Initiative.

Mapa tomado de China Dialogue y Global Fishing Watch

Las estratégicas Galápagos

La pesca es uno de los recursos más importantes para varios países latinoamericanos, de ahí que la masiva presencia china en la cercanía de sus aguas de explotación, si es que además no ha habido penetración en ellas, ha generado inquietud. En el último año abundaron las noticias de pesca china a la altura de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, sobre todo vinculada con la captura del calamar, pero también de otras especies como el jurel, la caballa, el atún y la merluza austral. Esos países creen que se está dando una sobrepesca y la captura de especies en peligro de extinción, como el calamar gigante, con la consiguiente amenaza para la preservación de la riqueza pesquera y la biodiversidad; además, estiman que también se da la posesión de licencias falsas y la violación de la soberanía de los estados ribereños al presumiblemente entrar ilegalmente en su ZEE. Los pescadores de esos países ribereños reportan cada vez más la presencia de barcos chinos en actitud intimidatoria, realizando actos que amenazan no solo sus recursos naturales sino también su seguridad.

Las principales acusaciones se produjeron a partir de julio en Ecuador. A principios de ese mes, la armada ecuatoriana alertó sobre la presencia de una flota pesquera china de unos 260 barcos faenando justo en el límite de la ZEE de las Islas Galápagos, de soberanía ecuatoriana. A finales del mes, la flota había incrementado a más de 342 naves. El archipiélago de las Galápagos fue declarado por la Unesco como reserva de la biósfera, debido a que alberga cientos de especies de flora y fauna única en el mundo. Por esta razón, la explotación en esta zona implica pérdidas muy grandes en cuanto a la biodiversidad marina.

Además, la mitad de la flota china tuvo un comportamiento sospechoso, al apagar el sistema de rastreo y de identificación. Fue una evasión de radares marinos que se llegó a prolongar durante casi tres semanas, como denunció el ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín. El ministro dio a entender que esa actitud buscaba esconder pesca ilegal y tal vez también incursión en aguas tuteladas por Ecuador para faenar en ellas. De todos modos, precisó que la armada ecuatoriana solo pudo hallar un par de embarcaciones dentro de la ZEE de las Galápagos, que alegaron estar haciendo uso de “paso inocente”.

El presidente del país, Lenín Moreno, elevó formalmente las quejas a las autoridades de Pekín, comunicándoles que Ecuador haría valer con fortaleza los derechos marítimos sobre su ZEE, y anunció una posición coordinada con otros gobiernos latinoamericanos. De hecho, enseguida otros países de la región vieron llegar la flota china a la proximidad de sus aguas. Los barcos salieron del pasillo de aguas internacionales que existe entre la ZEE de las Galápagos y la que corresponde a la costa de Ecuador, en el que estuvieron cierto tiempo para capturar la pesa que migra de un lado a otro, para desplazarse luego hacia el sur, primero en las inmediaciones de las aguas de Perú y de Chile y después, pasando del Pacífico al Atlántico, de Argentina.

Esos países contaron con el respaldo de Estados Unidos, cuyo Departamento de Estado aseguró en agosto que la masiva presencia de pesqueros chinos y su práctica de desactivar los sistemas de rastreo, cambiar el nombre de los barcos y eliminar desechos marinos era algo “muy preocupante”. El presidente Donald Trump también se pronunció negativamente con ocasión de su discurso de septiembre ante Naciones Unidas. Washington lleva tiempo atento a la creciente presencia china en el continente, no solo comercial, sino también en la gestión de infraestructuras estratégicas como terminales portuarias. Las Galápagos, específicamente, tienen un especial valor estratégico por su situación en rutas de acceso al Canal de Panamá.

Petición de inspecciones

Después de Ecuador, debido a la amenaza frente a sus aguas, Perú y Chile activaron la Vigilancia Pesquera Global y movilizaron patrullas aéreas y navales para seguir de cerca el avance de la flota pesquera china. Cuando esta pasó al Atlántico, en diciembre de 2020, la fuerza naval argentina también desplegó unidades navales y aéreas para garantizar el control sobre sus espacios marítimos.

En noviembre, los gobiernos de Ecuador, Chile, Perú y Colombia (la ZEE de este último país limita con el pasillo entre las dos áreas marítimas ecuatorianas) emitieron una declaración conjunta, en la que expresaron su preocupación por la presencia “de una gran flota de embarcaciones de pabellón extranjero que ha desarrollado actividades pesqueras durante los últimos meses en aguas internacionales, cercanas a nuestras aguas jurisdiccionales”. La nota prefirió no mencionar expresamente a China (además, diversos barcos de la flota tenían un pabellón diferente, aunque eran chinos a todos los efectos), pero quedaba claro en qué dirección dirigían su denuncia de “actividades pesqueras no sometidas a control o reporte”.

Los países latinoamericanos reclaman que China acepte la realización de inspecciones, en presencia de personal chino si es necesario, de aquellos barcos que levanten sospechas, aunque su navegación se haya mantenido en aguas internacionales. Pekín responde que ya ha establecido moratorias en determinados momentos del año para la pesca del calamar en la región. No obstante, la falta de cooperación evidenciada hasta ahora y la creciente demanda del mercado chino hace suponer que este tipo de actividades seguirán aumentando.

Como ha hecho en el Pacífico, para hacer frente a las incursiones chinas Estados Unidos ha enviado navíos de la Guardia Costera al Atlántico Sur, en este caso en ejercicios conjuntos con Brasil y con Uruguay. Precisamente, con este último país Washington está intentando concretar algún tipo de colaboración que permita una mayor inspección del área marítima, al considerar que Argentina puede prestarse en exceso a los requerimientos chinos.