[Joseph S. Nye. Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. Oxford University Press. New York, 2020. 254 pag.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

La pregunta que sirve de título al nuevo libro de Jospeh Nye, conocido por el gran público por haber acuñado la expresión poder blando, no es una concesión al pensamiento secularizado, como una falta de atrevimiento para aseverar de entrada la conveniencia de la reflexión ética en las decisiones sobre política exterior, una importancia que, a pesar del interrogante, se intuye que es defendida por el autor.

En realidad, la pregunta, en sí misma, es un planteamiento clave en la disciplina de las relaciones internacionales. Un enfoque común es ver el escenario mundial como una conjunción de estados que pugnan entre sí, en una dinámica anárquica donde impera la ley del más fuerte. Internamente, el estado puede moverse por criterios de bien común, atendiendo a las distintas necesidades de sus habitantes y tomando decisiones de ámbito nacional o local a través de procesos democráticos. Pero más allá de las propias fronteras, la legitimidad otorgada por los propios electores ¿no exige al mandatario que sobre todo garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a amenazas exteriores y que vele por el interés nacional frente al de otros estados?

El hecho de que el estado sea el sujeto básico en las relaciones internacionales marca, desde luego, una línea divisoria entre los dos ámbitos. Y por tanto la pregunta de si el discernimiento ético que se exige al mandatario en el ámbito interior debe reclamársele también en el exterior es plenamente pertinente.

Solo desde posiciones extremas que consideran que el estado es un lobo para el estado, aplicando al orden (desorden) internacional el principio hobbesiano (y aquí no habría un supraestado que disciplinara esa tendencia del estado-individuo), puede defenderse que la amoralidad rija el todos contra todos. En un escalón más abajo está el llamado realismo ofensivo y, en un peldaño inferior, el defensivo.

Nye, estudioso de las relaciones internacionales, considera que la teoría realista es un buen punto de partida para todo mandatario a la hora de definir la política exterior de un país, dado que debe guiarse especialmente por la ética de la responsabilidad, pues cumple un “papel fiduciario”. “El primer deber moral de un presidente es el de un fideicomiso, y esto comienza por asegurar la supervivencia y seguridad de la democracia que le ha elegido”. Pero a partid de aquí también debe explorarse qué posibilidades existen para la colaboración y el beneficio mutuo internacional, no cerrando de entrada la puerta a planteamientos del liberalismo o cosmopolitismo.

“Cuando la supervivencia está en peligro, el realismo es una base necesaria para una política exterior moral, aunque no suficiente”, afirma Nye, para quien se trata de una “cuestión de grado”. “Dado que nunca hay perfecta seguridad, la cuestión moral es qué grado de seguridad debe ser asegurada antes que otros valores como el bienestar, la identidad o los derechos formen parte de la política exterior de un presidente”. Y añade: “Muchas de las decisiones morales más difíciles no son todo o nada [...] Las decisiones morales difíciles están en el medio. Si bien es importante ser prudente acerca de los peligros de una pendiente resbaladiza, las decisiones morales descansan en ajustar los fines y los medios entre sí”. Llega a concluir que “el mantenimiento de instituciones y regímenes internacionales es parte del liderazgo moral”.

Nye echa mano desde el comienzo del libro a las tres condiciones que tradicionalmente han puesto los tratados de moral para juzgar una acción como éticamente buena: que sean buenos a la vez la intención, los medios y las consecuencias.

Utilizando esos tres baremos, el autor analiza la política exterior de cada uno de los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y establece una clasificación final en la que combina tanto la moralidad de su actuación en la escena internacional como la efectividad de su política (porque puede darse el caso de una política exterior ética, pero que favorezca poco los intereses nacionales de un país).

Así, de los catorce presidentes, considera que los cuatro con mejor nota en esa combinación son Roosevelt, Truman, Eisenhower y Bush I. En el medio sitúa a Reagan, Kennedy, Ford, Carter, Clinton y Obama. Y como los cuatro peores menciona a Johnson, Nixon, Bush II y (“tentativamente por incompleto”) Trump. Hecha la clasificación, Nye advierte que puede haber primado las administraciones demócratas para las que trabajó.

El libro es un rápido repaso de la política exterior de cada presidencia, destacando las doctrinas de los presidentes, sus aciertos y fracasos (además de examinar el componente ético), por lo que también es interesante como historia sucinta de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los últimos ochenta años.

Al aspecto de la moralidad quizá le falte un mayor fundamento académico, tratándose de una disciplina especialmente estudiada ya desde la era escolástica. Pero el propósito de Nye no era profundizar en esa materia, sino ofrecer un breve estudio de moral aplicada.

Leer a Nye siempre resulta sugerente. Entre otras reflexiones que realiza podría destacarse la idea de las nuevas perspectivas que se habrían abierto para el mundo si tiempos especialmente propicios hubieran coincidido en el calendario. En concreto, sugiere que si Breznev y su generación gerontocrática se hubieran marchado antes y la URSS se hubiera visto acuciada también antes por los graves problemas económicos, Gorbachov hubiera podido llegar al poder coincidiendo con la presidencia de Carter; lo que hubieran logrado juntos es, no obstante, terreno de la especulación.

[George Friedman. The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond. Doubleday. New York, 2020. 235 pag.]

RESEÑA / E. Villa Corta, E. J. Blasco

El título del nuevo libro de George Friedman, impulsor en su día de la agencia de análisis geopolítico e inteligencia Stratfor y luego creador de Geopolitical Futures, no hace referencia a la crisis mundial creada la pandemia del Covid-19. Cuando habla de crisis de la década de 2020, que Friedman lleva anticipando hace algún tiempo en sus comentarios y ahora explica por extenso en este libro, se refiere a movimientos históricos profundos y de larga duración, en este caso circunscritos a Estados Unidos.

Más allá, pues, de la pandemia de estos momentos, de algún modo coyuntural y no abordada en el texto (su composición es previa), Friedman avanza que EEUU se reinventará a finales de esta década. Como una máquina que, casi automáticamente, incorpora cambios y correcciones sustanciales cada determinado periodo de tiempo, EEUU se prepara para un nuevo salto. Habrá crisis prolongada, pero EEUU saldrá de ella triunfante, vaticina Friedman. ¿Declive de EEUU? Todo lo contrario.

A diferencia de otros libros suyos anteriores, como Los próximos cien años o Flashpoints, Friedman deja esta vez el análisis geopolítico global de Friedman para centrarse en EEUU. En su reflexión sobre la historia estadounidense, Friedman ve una sucesión de ciclos de aproximada duración. Los actuales están ya en sus fases finales, y la reposición de ambos será coincidente a finales de la década de 2020, en un proceso de crisis y posterior resurgimiento del país. En el terreno institucional se está agotando el ciclo de 80 años comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (el previo venía desde el término de la Guerra de Secesión, en 1865); en el campo socioeconómico, está acabando el ciclo de 50 años iniciado con Ronald Reagan en 1980 (el previo se había prolongado desde el fin de la Gran Recesión y la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca).

Friedman no ve a Donald Trump como el catalizador del cambio (su esfuerzo ha sido simplemente el de recuperar la situación creada por Reagan para la clase media trabajadora, afectada por el paro y la pérdida de poder adquisitivo), ni tampoco cree que lo vaya a ser quien pueda sustituirle los próximos años. Más bien sitúa el giro hacia 2028. El cambio, gestado en un tiempo de gran desconcierto, tendrá que ver con el fin de la tecnocracia que domina la vida política e institucional estadounidense y con la disrupción creativa de nuevas tecnologías. El autor quiere denotar la habilidad de EEUU para superar las adversidades y sacar provecho del “caos” para luego tener un crecimiento fructífero.

Friedman divide el libro en tres partes: la creación de la nación como la conocemos, los ciclos atravesados y el pronóstico sobre el que viene. En esta última parte presenta los retos o adversidades a los que se deberá enfrentar el país.

En cuanto a la creación del país, el autor razona sobre el tipo de gobierno creado en Estados Unidos, el territorio en el que se encuentra el país y el pueblo americano. Este último aspecto es, quizá, el más interesante. Define al pueblo estadounidense como un constructo meramente artificial. Eso le lleva a ver a EEUU como una máquina que afina su funcionamiento automáticamente cada cierto tiempo. Como país “inventado”, EEUU se reinventa cuando sus ciclos se agotan.

Friedman presenta la formación del pueblo estadounidense a través tres tipos superpuestos: el vaquero, el inventor y el guerrero. Al vaquero, que busca empezar algo completamente nuevo y de forma “americana”, se debe especialmente el constructo social tan único de EEUU. Al inventor corresponde el ímpetu por el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Y la condición de guerrero ha estado presente desde los inicios.

En la segunda parte del libro se aborda la cuestión ya apuntada de los ciclos. Friedman considera que el crecimiento de EEUU ha sido cíclico, en un proceso en el que el país se reinventa cada cierto tiempo para seguir progresando. Después de hacer un recuento de los periodos vividos hasta hora, sitúa el próximo gran cambio de EEUU en esta década que acaba de comenzar. Advierte que la gestación de la siguiente etapa será complicada debido a la acumulación de eventos de los ciclos pasados. Uno de los aspectos sobre los que el país deberá resolver tiene que ver con la paradoja entre el deseo de internacionalizar la democracia y los derechos humanos y el de mantener su seguridad nacional: “liberar al mundo” o asegurar su posición en la esfera internacional.

El momento de cambio presente, en el que de acuerdo con el autor el ciclo institucional y el socioeconómico van a chocar, supone un tiempo de profunda crisis, pero tras ella llegará un largo periodo de calma. Friedman cree que los primeros “temblores” de la crisis se sintieron en las elecciones de 2016, que mostraron una radical polarización de la sociedad estadounidense. El país deberá reformar no solo su complejo sistema institucional, sino también diversos aspectos socioeconómicos.

Esta última parte del libro –dedicada a la resolución de problemas como la crisis de las deudas estudiantiles, el uso de las redes sociales, las construcciones sociales nuevas o la dificultad en el sector educativo–, es probablemente la más importante. Si la mecanicidad y el automatismo en la sucesión de ciclos determinada por Friedman, o incluso su existencia misma, son cuestionables (otros análisis podrían llevar a otros autores considerar distintas etapas), los problemas reales que el país tiene en la actualidad son fácilmente constatables. Así que la presentación de propuestas para su resolución tiene un indudable valor.

The Trump Administration’s Newest Migration Policies and Shifting Immigrant Demographics in the USA

New Trump administration migration policies including the "Safe Third Country" agreements signed by the USA, Guatemala, El Salvador, and Honduras have reduced the number of migrants from the Northern Triangle countries at the southwest US border. As a consequence of this phenomenon and other factors, Mexicans have become once again the main national group of people deemed inadmissible for asylum or apprehended by the US Customs and Border Protection.

▲ An US Border Patrol agent at the southwest US border [cbp.gov]

ARTICLE / Alexandria Casarano Christofellis

On March 31, 2018, the Trump administration cut off aid to the Northern Triangle countries in order to coerce them into implementing new policies to curb illegal migration to the United States. El Salvador, Honduras, and Guatemala all rely heavily on USAid, and had received 118, 181, and 257 million USD in USAid respectively in the 2017 fiscal year.

The US resumed financial aid to the Northern Triangle countries on October 17 of 2019, in the context of the establishment of bilateral negotiations of Safe Third Country agreements with each of the countries, and the implementation of the US Supreme Court’s de facto asylum ban on September 11 of 2019. The Safe Third Country agreements will allow the US to ‘return’ asylum seekers to the countries which they traveled through on their way to the US border (provided that the asylum seekers are not returned to their home countries). The US Supreme Court’s asylum ban similarly requires refugees to apply for and be denied asylum in each of the countries which they pass through before arriving at the US border to apply for asylum. This means that Honduran and Salvadoran refugees would need to apply for and be denied asylum in both Guatemala and Mexico before applying for asylum in the US, and Guatemalan refugees would need to apply for and be denied asylum in Mexico before applying for asylum in the US. This also means that refugees fleeing one of the Northern Triangle countries can be returned to another Northern Triangle country suffering many of the same issues they were fleeing in the first place.

Combined with the Trump administration’s longer-standing “metering” or “Remain in Mexico” policy (Migrant Protection Protocols/MPP), these political developments serve to effectively “push back” the US border. The “Remain in Mexico” policy requires US asylum seekers from Latin America to remain on the Mexican side of the US-Mexico border to wait their turn to be accepted into US territory. Within the past year, the US government has planted significant obstacles in the way of the path of Central American refugees to US asylum, and for better or worse has shifted the burden of the Central American refugee crisis to Mexico and the Central American countries themselves, which are ill-prepared to handle the influx, even in the light of resumed US foreign aid. The new arrangements resemble the EU’s refugee deal with Turkey.

These policy changes are coupled with a shift in US immigration demographics. In August of 2019, Mexico reclaimed its position as the single largest source of unauthorized immigration to the US, having been temporarily surpassed by Guatemala and Honduras in 2018.

US Customs and Border Protection data indicates a net increase of 21% in the number of Unaccompanied Alien Children from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador deemed inadmissible for asylum at the Southwest US Border by the US field office between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February). All other inadmissible groups (Family Units, Single Adults, etc.) experienced a net decrease of 18-24% over the same time period. For both the entirety of fiscal year 2019 and fiscal year 2020 through February, Mexicans accounted for 69 and 61% of Unaccompanied Alien Children Inadmisibles at the Southwest US border respectively, whereas previously in fiscal years 2017 and 2018 Mexicans accounted for only 21 and 26% of these same figures, respectively. The percentages of Family Unit Inadmisibles from the Northern Triangle countries have been decreasing since 2018, while the percentage of Family Unit Inadmisibles from Mexico since 2018 has been on the rise.

With asylum made far less accessible to Central Americans in the wake of the Trump administration's new migration policies, the number of Central American inadmisibles is in sharp decline. Conversely, the number of Mexican inadmisibles is on the rise, having nearly tripled over the past three years.

Chain migration factors at play in Mexico may be contributing to this demographic shift. On September 10, 2019, prominent Mexican newspaper El Debate published an article titled “Immigrants Can Avoid Deportation with these Five Documents.” Additionally, The Washington Post cites the testimony of a city official from Michoacan, Mexico, claiming that a local Mexican travel company has begun running a weekly “door-to-door” service line to several US border points of entry, and that hundreds of Mexican citizens have been coming to the municipal offices daily requesting documentation to help them apply for asylum in the US. Word of mouth, press coverage like that found in El Debate, and the commercial exploitation of the Mexican migrant situation have perhaps made migration, and especially the claiming of asylum, more accessible to the Mexican population.

US Customs and Border Protection data also indicates that total apprehensions of migrants from Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador attempting illegal crossings at the Southwest US border declined 44% for Unaccompanied Alien Children and 73% for Family Units between fiscal year 2019 (through February) and fiscal year 2020 (through February), while increasing for Single Adults by 4%. The same data trends show that while Mexicans have consistently accounted for the overwhelming majority of Single Adult Apprehensions since 2016, Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions until the past year were dominated by Central Americans. However, in fiscal year 2020-February, the percentages of Central American Family Unit and Unaccompanied Alien Children Apprehensions have declined while the Mexican percentage has increased significantly. This could be attributed to the Northern Triangle countries’ and especially Mexico’s recent crackdown on the flow of illegal immigration within their own states in response to the same US sanctions and suspension of USAid which led to the Safe Third Country bilateral agreements with Guatemala, Honduras, and El Salvador.

While the Trump administration’s crackdown on immigration from the Northern Triangle countries has effectively worked to limit both the legal and illegal access of Central Americans to US entry, the Trump administration’s crackdown on immigration from Mexico in the past few years has focused on arresting and deporting illegal Mexican immigrants already living and working within the US borders. Between 2017 and 2018, ICE increased workplace raids to arrest undocumented immigrants by over 400% according to The Independent in the UK. The trend seemed to continue into 2019. President Trump tweeted on June 17, 2019 that “Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in.” More deportations could be leading to more attempts at reentry, increasing Mexican migration to the US, and more Mexican Single Adult apprehensions at the Southwest border. The Washington Post alleges that the majority of the Mexican single adults apprehended at the border are previous deportees trying to reenter the country.

Lastly, the steadily increasing violence within the state of Mexico should not be overlooked as a cause for continued migration. Within the past year, violence between the various Mexican cartels has intensified, and murder rates have continued to rise. While the increase in violence alone is not intense enough to solely account for the spike that has recently been seen in Mexican migration to the US, internal violence nethertheless remains an important factor in the Mexican migrant situation. Similarly, widespread poverty in Mexico, recently worsened by a decline in foreign investment in the light of threatened tariffs from the USA, also plays a key role.

In conclusion, the Trump administration’s new migration policies mark an intensification of long-standing nativist tendencies in the US, and pose a potential threat to the human rights of asylum seekers at the US-Mexico border. The corresponding present demographic shift back to Mexican predominance in US immigration is driven not only by the Trump administration’s new migration policies, but also by many other diverse factors within both Mexico and the US, from press coverage to increased deportations to long-standing cartel violence and poverty. In the face of these recent developments, one thing remains clear: the situation south of the Rio Grande is just as complex, nuanced, and constantly evolving as is the situation to the north on Capitol Hill in the USA.

Los cambios, aunque significativos en algunos casos, no modificarán sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México ha quedado listo para su aplicación, tras la ratificación llevada a cabo en los congresos de los tres países. La revisión del anterior tratado, que entró en vigor en 1994, fue reclamada por Donald Trump en su llegada a la Casa Blanca, alegando el déficit comercial generado para EEUU en relación a Canadá y especialmente a México. Aunque se han introducido algunas correcciones significativas, siguiendo los principales planteamientos estadounidenses, no parece que el revisado acuerdo vaya a modificar sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países.

▲ Los presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el acuerdo de libre comercio en noviembre de 2019 [US Gov.]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o su versión en inglés, NAFTA). Más de veinte años después y bajo la administración del presidente Donald Trump, los tres países socios abrieron un proceso de revisión del acuerdo, ahora denominado Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México (al que cada país, poniéndose por delante, le ha dado unas siglas distintas: los mexicanos lo llaman T-MEC o TMEC, los estadounidenses USMCA y los canadienses CUSMA).

El texto del TMEC (sus siglas en español) finalmente ratificado por los tres países es coherente en general con el antiguo TLCAN. No obstante, hay distinciones particulares. Así, incluye normas de origen más estrictas en los sectores automovilístico y textil, un requisito de contenido de valor laboral actualizado en el sector del automóvil, un mayor acceso de Estados Unidos a los mercados gestionados por la oferta canadiense, disposiciones novedosas relacionadas con los servicios financieros y una especificación sobre el establecimiento de acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado. El objetivo conjunto es incentivar la producción en América del Norte.

Novedades negociadas en 2017–2018

Las tres partes comenzaron la negociación en verano de 2017 y al cabo de algo más un año cerraron un acuerdo, firmado por los presidentes de los tres países en noviembre de 2018. Las principales novedades introducidas hasta entonces fueron las siguientes:

1) El acuerdo revisa el porcentaje del contenido de valor regional (RVC) referido a la industria del automóvil. En el TLCAN se establecía que al menos el 62,5% de un automóvil debía estar hecho con piezas procedentes de América del Norte. El TMEC eleva el porcentaje al 75% con la intención de fortalecer la capacidad de fabricación de los países y aumentar la fuerza de trabajo en la industria automotriz.

2) En esta misma línea, para apoyar el empleo en América del Norte, el acuerdo contiene ​nuevas reglas de origen comercial para impulsar los salarios más altos al obligar a que el 40-45% de la fabricación de automóviles sea realizada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora de promedio para el año 2023; eso es aproximadamente tres veces el pago que normalmente recibe hoy un operario mexicano.

3) Aparte de la industria automotriz, el mercado de productos lácteos se abrirá para asegurar un mayor acceso de los productos lácteos de EEUU, una demanda clave para Washington. En la actualidad, Canadá tiene un sistema de cuotas nacionales que se establecieron para proteger a sus agricultores de la competencia extranjera; sin embargo, en virtud del nuevo acuerdo del TMEC, los cambios permitirán a Estados Unidos exportar hasta el 3,6% del mercado de productos lácteos de Canadá​, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a la disposición original del TLCAN. Otro logro clave para Trump fue la negociación de la eliminación por parte de Canadá de lo que se conoce como sus ​clases de leche 6 y 7​.

4) Otro aspecto nuevo es la cláusula de extinción. El TLCAN tenía una cláusula de extinción automática o una fecha de finalización predeterminada del acuerdo, lo que significaba que cualquiera de las tres partes podía retirarse del acuerdo, previo aviso de seis meses sobre el retiro; si esto no ocurría, el acuerdo se mantenía indefinido. Sin embargo, el TMEC prevé una duración 16 años, con la opción de reunirse, negociar y revisar el documento después de seis años, así como con la posibilidad de renovar el acuerdo una vez transcurridos los 16 años.

5) El pacto de los tres países también incluye un capítulo sobre el trabajo que ancla en el núcleo del acuerdo las obligaciones laborales, haciendo más exigente su ejecución.

Reformas en México

Precisamente para hacer más creíble ese último punto, los negociadores de EEUU y Canadá exigieron que México hiciera cambios en sus leyes laborales para acelerar el proceso de aprobación y ratificación del TMEC por parte de los legisladores de Washington y Ottawa. Los líderes de la Cámara de Representantes de EEUU habían dudado de la capacidad de México para cumplir específicamente con los puntos de derechos laborales del acuerdo. Uno de los principales objetivos del presidente Trump en la renegociación era asegurar a los trabajadores estadounidenses que se superaría la situación de competencia desigual.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Congreso de EEUU garantizando la implementación de un plan de cuatro años para asegurar el logro de los derechos laborales adecuados. López Obrador se comprometió a un desembolso de 900 millones de dólares en los siguientes cuatro años para cambiar el sistema de justicia laboral y asegurar que las disputas entre trabajadores y empleadores se resuelvan de manera oportuna. México también ha invertido en la construcción de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde los conflictos laborales serán abordados antes de su audiencia en la corte.

Obrador mostró su compromiso con las reformas laborales asegurando al menos un aumento del 2% del ​salario mínimo en México​. Lo más notable es que la exigencia del voto directo de los líderes sindicales modificará el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Con elecciones directas, las decisiones sobre los convenios colectivos serán más transparentes. El plan mexicano para mejorar el entorno laboral comenzará en 2020.

Novedades de 2019 para facilitar la ratificación

Ante las demandas planteadas en el Congreso de EEUU, sobre todo por la mayoría demócrata, para ratificar el tratado, los negociadores procedieron a dos revisiones importantes del TCLAN. Una de ellas dirigida principalmente a revisar una amplia cantidad de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos y la economía digital:

6) El capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual busca responder a inquietudes de EEUU para impulsar la innovación, generar crecimiento económico y respaldar puestos de trabajo. Por primera vez, según el representante de ​Comercio de Estados Unidos​, las adiciones incluyen: normas estrictas contra la elusión de las medidas de protección tecnológica de música, películas y libros digitales; una fuerte protección para la innovación farmacéutica y agrícola; una amplia protección contra el robo de secretos comerciales, y autoridad de oficio para que los funcionarios detengan mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas.

7) También se ha incluido un nuevo capítulo sobre comercio digital que contiene controles más estrictos que cualquier otro acuerdo internacional, lo que consolida los cimientos para la expansión del comercio y la inversión en esferas en las que EEUU tiene una ventaja competitiva.

8) El redactado final elimina una garantía de 10 años de protección de la propiedad intelectual para los ​medicamentos biológicos​, que son algunos de los medicamentos más caros del mercado. Asimismo, suprime conceder tres años adicionales de excluvisidad de propiedad intelectual para medicamentos a los que se encuentre un nuevo uso.

Un segundo grupo de cambios de última hora hace referencia a mayores protecciones medioambientales y laborales:

9) Lo relativo al medio ambiente cubre 30 páginas, que esbozan las obligaciones para combatir el tráfico de vida silvestre, madera y pescado; fortalecer la aplicación de la ley para detener dicho tráfico, y abordar cuestiones ambientales críticas como la calidad del aire y los residuos marinos. Entre las ​nuevas obligaciones figuran: la protección de diversas especies marinas, la implantación de métodos adecuados para las evaluaciones de impacto ambiental, y la adecuación a las obligaciones de siete acuerdos ambientales multilaterales. En particular, México está de acuerdo en mejorar la vigilancia para poner fin a la pesca ilegal, y los tres países acuerdan dejar de subvencionar la pesca de especies sobreexplotadas. Para aumentar la responsabilidad ambiental, los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU instaron a que se cree un comité interinstitucional de supervisión. Sin embargo, el tratado no en asuntos de cambio climático.

10) Para asegurar que México cumple lo prometido respecto al ámbito laboral, los demócratas de la Cámara de Representantes forzaron la creación de un comité interagencial que monitoree la implementación de la ​reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales. A pesar del nuevo y único requisito de la ‘LVC’, una regla de contenido de valor laboral, todavía será difícil imponer un salario mínimo a los fabricantes de automóviles mexicanos. No obstante, los demócratas estadounidenses esperan que la condición obligue a los fabricantes de automóviles a comprar más suministros de Canadá o EEUU o que haga que los salarios de los fabricantes de automóviles en México aumenten.

El acuerdo finalmente ratificado reemplazará el que está vigor desde hace 25 años. En general el paso del TLCAN al TMEC no debería causar un efecto drástico en los tres países. Es un acuerdo progresivo que supondrá ligeros cambios: ciertas industrias se verán afectadas, como la automotriz y la lechera, pero en una pequeña proporción. A largo plazo, dadas las modificaciones introducidas, los salarios debieran aumentará en México, lo que disminuiría la migración mexicana a EEUU. Las empresas se verán afectadas a largo plazo, pero con planes de respaldo y nuevos rediseños es de esperar que el proceso de transición sea suave y mutuamente beneficioso.

[Jim Sciutto, The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America. Hasper-Collins. New York, 2019. 308 p.]

RESEÑA / Álvaro de Lecea

Con el fin de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos de América, país que salió vencedor, el sistema internacional pasó de ser bipolar a una hegemonía liderada por esta segunda potencia. Con Estados Unidos en cabeza, Occidente se centró en la extensión de la democracia y la globalización comercial y si algo concentró su preocupación geoestratégica fueron los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del 11-S, de modo que el foco de atención cambió y la actual Rusia fue dejada en un segundo plano. Sin embargo, Rusia continuó reconstituyéndose lentamente, a la sombra de su antiguo enemigo, que ya no le mostraba demasiado interés. A Rusia se le sumó China, que comenzó a crecer a pasos agigantados. Llegados a este punto, Estados Unidos empezó a percatarse de que tiene a dos grandes potencias pisándoles los talones y de que se encuentra enzarzado en una guerra que ni sabía que existía: la Shadow War.

Ese el término que utiliza Jim Sciutto, corresponsal jefe de seguridad nacional de CNN, para designar lo que a lo largo de su libro describe con detalle y que en gran medida ha dado en llamarse también guerra híbrida o de zona gris. Sciutto prefiere hablar de Shadow War, que se podría traducir como guerra en la sombra, porque así se denota mejor su carácter de invisibilidad ante el radar de la guerra abierta o convencional.

Esta nueva guerra la comenzaron Rusia y China, no como aliados, sino como potencias con un enemigo en común: Estados Unidos. Es un tipo de guerra híbrida, por lo que contiene métodos tanto militares como no militares. Por otro lado, no contempla un enfrentamiento directo militar entre ambos bloques. En The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America, Sciutto explica siete situaciones en las cuales se puede observar claramente las estrategias que están siguiendo China y Rusia para derrotar a Estados Unidos y así conseguir convertirse en las mayores potencias mundiales y poder imponer sus propias normas internacionales.

En primer lugar, es importante destacar que Rusia y China, aun siguiendo estrategias similares, son diferentes tipos de adversarios: por un lado, China es un poder creciente, mientras que Rusia es más bien un poder decreciente que está tratando de volver a lo que era antes. No obstante, ambos comparten una serie de similitudes. En primer lugar, ambos buscan ampliar su influencia en sus propias regiones. En segundo lugar, sufren una crisis de legitimidad dentro de sus fronteras. En tercer lugar, ambos buscan corregir los errores de la historia y restaurar lo que perciben como las posiciones legítimas de sus países como líderes mundiales. Y por último, poseen una gran unidad nacional, por lo que la mayoría de su población haría lo que fuese necesario por su nación.

En la guerra en la sombra, gracias a las normas establecidas por Rusia y China, cualquiera gran actor puede ganar, independientemente del poder que tenga o de la influencia que ejerza sobre el resto de actores internacionales. Siguiendo las teorías de las relaciones internacionales, se podría considerar que esas normas siguen un patrón muy realista, ya que, en cierto modo, todo vale para ganar. El poder de la mentira y del engaño es el pan de cada día, y se cruzan líneas que se creían impensables. Ejemplos de esto, como explica y profundiza el libro, son la militarización de las islas artificiales construidas por China en el Mar de la China Meridional cuando el propio Xi Jinping había prometido no hacerlo, o el hackeo del sistema informático del Partido Demócrata en la campaña de las elecciones estadounidenses de 2016 por parte de hackers rusos, que podría haber ayudado a alzarse victorioso a Donald Trump.

A todo esto hay que sumarle una parte esencial de lo que está sucediendo en este contexto de guerra no tradicional: la idea especialmente equivocada que tiene Estados Unidos sobre todo lo que está ocurriendo. Para empezar, el primer error de Estados Unidos, como explica Sciutto, fue dejar de lado a Rusia como foco relevante en el ámbito internacional. Creyó que, al haberlo derrotado en la Guerra Fría, el país ya no volvería a resurgir como potencia, y por eso no vio las claras pistas que mostraban que estaba creciendo poco a poco, liderado por el presidente Vladimir Putin. Del mismo modo, no supo entender las verdaderas intenciones del Gobierno chino en situaciones como la del Mar de la China Meridional o en la carrera de submarinos. Todo esto se puede resumir con que Estados Unidos creyó que todos los actores internacionales jugarían con las normas establecidas por Washington tras la Guerra Fría, sin imaginarse que crearían un nuevo escenario. En conclusión, Estados Unidos no entendió a sus contrincantes.

En su último capítulo, Sciutto deja claro que actualmente Estados Unidos está perdiendo la guerra. Su mayor error fue no darse cuenta de la situación hasta que la tuvo delante y ahora se encuentra con que está jugando en un escenario en desventaja. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en muchos aspectos, pero Rusia y China le están adelantando en otros, siguiendo las nuevas normas que ellos mismos han establecido. No obstante, un cambio de actitud en las políticas estadounidenses podría girar totalmente las tornas. Así, el autor propone una serie de soluciones que podrían ayudar a Estados Unidos a volver a ponerse en cabeza.

Las soluciones que propone se centran, en primer lugar, en el total conocimiento del enemigo y de su estrategia. Esta ha sido en todo momento su gran desventaja y sería el primer paso para comenzar a controlar la situación. Del mismo modo, recomienda una mayor unidad dentro del bloque aliado, así como una mejora de sus propias defensas. También recomienda conocer mejor el nuevo escenario en el que está sucediendo toda la contienda, por lo que una serie de tratados internacionales que regulasen estos nuevos espacios, como lo es el ciberespacio, serían de gran ayuda. Más adelante, propone fijar unos límites claros a las acciones enemigas, elevando los costes y las consecuencias a dichas acciones. Y por último, anima a Estados Unidos a ejercer un liderazgo claro.

En conclusión, la tesis de Sciutto es que Estados Unidos se encuentra luchando una guerra cuya existencia acaba de descubrir. Es un tipo de guerra a la que no está acostumbrado y con una serie de normas ajenas a lo que predica. Aun siendo todavía el líder del sistema internacional actual, se encuentra perdiendo la partida porque China y Rusia han sido capaces de descubrir los puntos débiles de su rival y utilizarlos a su favor. El mayor error de Estados Unidos fue ignorar todas las señales que evidenciaban la existencia de esta guerra en la sombra y no hacer nada al respecto. Se han introducido escenarios nuevos y se han cambiado las normas del juego, por lo que Estados Unidos, si quiere darle la vuelta a la situación y alzarse una vez más como vencedor, según argumenta el autor, deberá unirse más que nunca internamente como nación y afianzar sus alianzas, y conocer mejor que nunca a sus enemigos y sus intenciones.

En cuanto a una valoración del libro, puede afirmarse que logra transmitir de forma clara y concisa los puntos más relevantes de esta nueva contienda. Consigue dejar claro los puntos fuertes y débiles de cada actor y hacer un balance general de la situación actual. No obstante, el autor no consigue ser demasiado objetivo en sus juicios. Aunque admite los fallos cometidos por Estados Unidos, ofrece una imagen negativa de sus rivales, dando por sentado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Falta esa objetividad en algunos casos, ya que ni los buenos son siempre tan buenos ni los malos son siempre tan malos. Dicho esto, Sciutto realiza un gran análisis de la situación internacional actual en la que se encuentran las mayores potencias mundiales.

[Eric Rutkow, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas. Scribner. New York, 2019. 438 p.]

REVIEW / Marcelina Kropiwnicka

Though the title tries to convince the reader that they will merely be exploring the build-up to the largest link between the United States of America and its southern neighbors, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas covers much more. The book is written in more of a novel-fashion than a textbook-fashion. Author Eric Rutkow, rather than simply discussing the nitty-gritty development of the highway alone, is able to cover historical events from political battles in the homeland of the US to economic hardships encountered among the partner countries. Divided into three main blocks, the book chronologically introduces the events that took place during the Pan-American Highway’s construction, beginning with the dream that a railway would connect the two hemispheres.

With the New World just barely beginning to grasp its potential, writer Hinton Rowan Helper’s first-hand experience of traveling from the United States to Argentina in the mid-1800s made him come to the realization that there must be an alternative method of traveling between the two countries. After enduring the long voyage, he came to the conclusion, “Why not by rail?” The first quarter of the book hence explains the early attempts made towards linking the wide span between North America and Southern Argentina through the use of a railroad. Thus, when in 1890 the Intercontinental Railway Commission was created, the idea of a Pan-American railway began to flourish and preliminary work began.

The idea was passed on from one indefatigable supporter to another, keeping in mind the cooperative aim of pan-Americanism and the potential for US economic expansion. Yet still by the early 1900s, over half of the projected length of the railway remained unassembled. Despite multiple attempts and investment in building and rebuilding the rail (mainly due to logistical purposes), the project came to a final halt with the realization that the Pan-American Railway was beginning to look like what it was: an unfeasible dream. President Theodore Roosevelt had concluded similarly in 1905, when he gave preference to developing the Panama Canal, regulating the rules of the railway and building the US Navy. In the subsequent and comparatively short chapter of the book, Rutkow introduces the era when automobiles and bicycles were on the rise, causing a demand for the increased construction of roads and exhaustive efforts to build decent thoroughfare within the US. Also made note of in the book was the diverging attention from the rail as a result of the outbreak of the First World War. These events combined would ultimately cease continuation of the railway’s assembly.

The second half of the book is dedicated to the continuation of the dream of connecting the two spheres using a different method: the building of the Pan-American Highway. Although only a sister to the railway project, the two ideas arise from the same ideal. The new project seemed especially tangible due to the growth of the ‘motoring generation’ and the strengthened advocacy of Pan-Americanism. The belief was that the highway would foster “closer and more harmonious relations” among the nations in the Americas. Nevertheless, the highway remains unfinished due to a mere 50-mile wide gap, known as the Darien Gap, located between Panama and Colombia (“mere” considering the highway today stretches more than 20,000 miles, connecting Alaska to the southern tip of Argentina).

The most engaging part of the book emerges in the last chapter, when Rutkow attempts at connecting the missing link between the two worlds, but isn’t able to, which reminds us that the road remains unfinished. The chapter, which is committed to the Darien Gap, is able to give light to the idea that once, the two spheres had a dream of connecting, contrasting to what we see today with the pressure of erecting walls along the southern US border. Though the dream continues to overcome the gap and finish the road, a new challenge had finally emerged: Panama had changed its policy and refused to finish the pavement.

As for such a well-researched book of one of the largest projects on the American continent, there’s a peculiar laxity: the coverage on South America is far less complete in comparison to all the focus that the United States’ government efforts to organizing and funding the link received. In terms of critiquing the book as a literary piece, not every quotation within the book would be considered absolutely necessary to telling the story. Ironically there’s a certain scarcity when it comes to describing the road itself or its surrounding environment. Perhaps the author makes up for this blunder with his meticulous choosing of maps and images to provide the reader with a context of the environment and era in which the dream was being pursued.

Durante décadas, EEUU cerró sus puertas al aguacate mexicano; hoy lo necesita para cubrir su creciente demanda

En 2019 se registrará un récord de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos: casi el 90% del millón de toneladas de aguacates consumidos por los estadounidenses procederá del vecino país, que lidera la producción mundial. Luego de estar prohibido durante décadas en EEUU –alegando cuestiones fitosanitarias, sobre todo invocadas por los productores de California–, la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas del mercado estadounidense a este producto mexicano, primero con reservas y desde 2007 sin restricciones. La llegada de Trump a la presidencia marcó un descenso de las importaciones, pero luego no han dejado de subir.

▲ El interés por la comida saludable ha hecho aumentar el consumo de aguacate en el mundo

ARTÍCULO / Silvia Goya

Tendencias sociales como el veganismo o el “real fooding” han hecho aumentar la producción mundial de aguacate, una fruta valorada por su grasa saludable y su aportación vitamínica, que ameniza bien multitud de platos. En Estados Unidos, además, la tradición alimentaria de millones de hispanos –el aguacate nace de un árbol propio de América Central y del Sur (Persea americana)– ha fomentado el consumo de un producto que, como pocos, marca las relaciones entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) prevé que para atender el creciente consumo nacional de aguacate (que se ha multiplicado por 5,4 desde 2000, pasando de 226.000 toneladas a 1,2 millones en 2018), en 2019 el país tendrá que aumentar sus importaciones notablemente, de forma que pasen a constituir del 87% al 93% de la disponibilidad de producto. Eso supondrá un incremento de las importaciones desde México, que en 2018 aportó ya el 87% del aguacate procedente del extranjero. Esta necesidad de importación se debe en parte a problemas en la producción registrados en California, el estado de mayor producción en EEUU (alrededor del 80%), muy por delante del segundo, Florida, y gran litigador en el pasado para impedir la competencia del aguacate mexicano.

El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca supuso un ligero descenso en la importación de aguacate mexicano, que en 2017 bajó a 774.626 toneladas. Sin embargo, en 2018 se alcanzó un nuevo récord, con 904.205 toneladas, con un incremento del 17%, en un contexto de no materialización de las amenazas comerciales lanzadas por la Administración Trump, que finalmente se avino a la renovación del tratado de libre comercio con México y Canadá. El último año, las importaciones de México supusieron el 87% del total de compras de aguacate en el exterior; el resto hasta 1,04 millones de toneladas, correspondieron a las procedentes de Perú (8%), Chile (2,5%) y República Dominicana (2,5%).

Historia de un veto

La notable alza de las ventas de aguacate en EEUU ha atraído la atención de los carteles de droga, que se han enfrentado para controlar el negocio en algunos estados mexicanos como Michoacán –el gran productor de aguacates, sobre todo de la variedad Hass, que es la de mayor comercialización–, dando lugar a un “nuevo narcotráfico”. No obstante, el historial de controversia entre los dos países en torno a esta baya viene de lejos. Fue en 1914 cuando el entonces secretario de Agricultura de EEUU firmó el un aviso de cuarentena mediante el cual declaraba la necesidad de prohibir la importación de semillas de aguacate de México debido a un gorgojo que la semilla portaba. En 1919 se promulgó la “Cuarentena de viveros, plantas y semillas”. Ese marco normativo fue vigente durante décadas.

Durante el periodo de los años 70 la discusión sobre la entrada de los aguacates mexicanos en el mercado estadounidense se mantuvo en el primer plano político debido a la insistencia de los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México. Las investigaciones en diversos estados mexicanos productores de aguacate, sin embargo, hallaron gorgojos en algunas de las semillas, lo que no permitió que se cambiase la política reguladora del Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU. Por ello, en 1976 el USDA, en una carta dirigida a su contraparte mexicana, afirmó que se debía continuar “como en el pasado, en contra de la emisión de permisos para la importación del aguacate de México”.

Tras estos acontecimientos la política estadounidense respecto a los aguacates procedentes de su país vecino continuó siendo restrictiva hasta que la liberalización del comercio y la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias comenzaron a modificar el contexto en el que los gobiernos examinaban los problemas de salud vegetal e importaciones. Durante la mayor parte del siglo XX la política de protección había consistido en negar el acceso a los productos que podían albergar plagas; en la última década, sin embargo, las reglas comenzaron a cambiar.

La creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y de la Organización Mundial del Comercio en 1995 abrieron camino para las nuevas solicitudes mexicanas de acceso al mercado de aguacate de EEUU. Aunque el objetivo principal del TLCAN era la eliminación de los aranceles para 2004, también preveía la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los socios comerciales. No obstante, este tratado de libre comercio reconoce explícitamente que cada país puede establecer regulaciones para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, por lo que cuando el riesgo de infestación de plagas es alto, el país tiene legitimidad para poner restricciones al comercio.

Con la implementación del TLCAN en 1994 el gobierno de EEUU se vio sometido a una mayor presión para facilitar la importación de productos agrícolas de México, entre ellos el aguacate. Esto llevó a un cambio en la política fitosanitaria del USDA hacia una nueva política de “mitigación o soluciones tecnológicas”. El APHIS es la rama del gobierno encargada de implementar las disposiciones fitosanitarias del TLCAN en el caso de EEUU. Este órgano consideraba que las moscas de la fruta –presentes en una amplia variedad de especies– se podían encontrar también en los aguacates mexicanos, por lo que los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México tenían la difícil tarea de demostrar que dicho insecto no estaba presente en sus aguacates y que aquellos de la variedad Hass no eran susceptibles al ataque de la mosca mexicana de la fruta. Entre 1992 y 1994 México presentó dos planes de trabajo con sus respectivas investigaciones. El primero fue rechazado mientras que el segundo, pese a la presión de la Comisión de Aguacates de California (CAC), fue aceptado.

Este segundo plan solicitaba el acceso del aguacate mexicano a 19 de los 50 estados estadounidenses durante los meses de octubre a febrero. A finales de junio de 1995 el USDA emitió una propuesta de norma que describía las condiciones bajo las cuales el aguacate Hass cultivado en plantaciones aprobadas en Michoacán podría ingresar en EEUU. Fue a finales de 1997 cuando el USDA publicó una norma final autorizando la importación de dichos aguacates a EEUU. Esta fue la primera vez que el USDA usó el llamado “enfoque de sistemas” para gestionar los riesgos planteados por las plagas cuarentenarias.

Al concluir la segunda temporada de envíos, en febrero de 1999, México solicitó la ampliación del programa para aumentar el número de estados de EEUU a los que podía exportar y permitir que la temporada de envíos comenzase un mes antes (septiembre) y acabase un mes después (marzo). En 2001, el USDA se reunió con el Servicio de Salud Vegetal mexicano y aceptó considerar la ampliación de los estados importadores a 31 y las fechas de importación desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril. La buena relación establecida entre los presidentes George W. Bush y Vicente  Fox tuvo una clara influencia en este movimiento expansivo.

Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]

Liberalización

Durante cinco años se habían enviado aguacates mexicanos a EEUU sin detectar una sola plaga. Pese a que la expansión de la importación de aguacate mexicano parecía inevitable, desde California la CAC presentó una demanda contra el USDA, alegando que los aguacates mexicanos sí tenían plagas. Ante esto el USDA llevó a cabo una investigación y publicó en 2003 un borrador de “Evaluación de riesgo de plagas” en el que se confirmaba que los aguacates mexicanos no portaban la mosca de la fruta.

El USDA había tornado su posición anterior de protección interna hacia una nueva posición que beneficiaba la importación. Así pues, en 2004 el USDA emitió una nueva norma para expandir el programa de importación a los 50 estados durante los 12 meses del año. Esta norma preveía que en California, Florida y Hawái se retrasase la importación de aguacates hasta un año con el fin de comprobar la eficacia de las regulaciones propuestas. Por lo tanto, hasta enero de 2007 no se permitió a México exportar aguacates a California y Florida; desde entonces se le permite exportar a todos los estados durante todo el año, convirtiéndose así rápidamente EEUU en el mayor importador mundial de aguacate mexicano.

Hasta 2017 la importación de aguacates mexicanos se mantuvo estable; sin embargo, como se ha indicado previamente, con la llegada de Trump a la Casa Blanca las relaciones entre EEUU y México volvieron a tambalearse en torno a diversos temas, uno de ellos la exportación de alimentos de México a EEUU, con el aguacate como caso emblemático. El nuevo presidente estadounidense amenazó con una tarifa de un 20% sobre los aguacates mexicanos para financiar el muro que pretendía construir en la frontera.

En junio de 2018 Trump amenazó de nuevo con poner un arancel al aguacate del 25% y posteriormente en mayo de 2019 amenazó con imponer un arancel del 5% a todos los bienes provenientes de México.

En marzo de 2019, al darse la ola migratoria, el presidente de EEUU amenazó con cerrar la frontera con México y consecutivamente retiró su decisión, no obstante, el simple hecho de que Trump amenazase con cerrar la frontera ya hizo escalar el precio del aguacate un 34%.

Las relaciones de EEUU y México respecto al aguacate prosiguen inestables. Pese a que se ha avanzado mucho desde la implantación del TLCAN, siguen estando en juego diversos intereses que podrían llevar a EEUU a reducir la importación de aguacates mexicanos. Difícilmente el aguacate puede escapar de la incerteza propia del vínculo entre EEUU y México.

▲ US border patrol vehicle near the fence with Mexico [Wikimedia Commons]

ESSAY / Gabriel de Lange

I. Current issues in the Northern Triangle

In recent years, the relationship between the Northern Triangle Countries (NTC) –Guatemala, Honduras, and El Salvador– and it’s northern neighbours Mexico and the United States has been marked in mainstream media for their surging migration patterns. As of 2019, a total of 977,509 individuals have been apprehended at the Southwest border of the US (the border with Mexico) as compared to 521,093 the previous year (years in terms of US fiscal years). Of this number, an estimated 75% have come from the NTC[1]. These individuals are typically divided into three categories: single adults, family units, and unaccompanied alien children (UAC).

As the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) reports, over 65% of the population of the NTC are below 29 years of age[2]. This is why it is rather alarming to see an increasing number of the youth population from these countries leaving their homes and becoming UAC at the border.

Why are these youths migrating? Many studies normally associate this to “push factors.” The first factor being an increase in insecurity and violence, particularly from transnational organised crime, gangs, and narco-trafficking[3]. It is calculated that six children flee to the US for every ten homicides in the Northern Triangle[4]. The second significant factor is weak governance and corruption; this undermines public trust in the system, worsens the effects of criminal activity, and diverts funds meant to improve infrastructure and social service systems. The third factor is poverty and lack of economic development; for example in Guatemala and Honduras, roughly 60% of people live below the poverty line[5].

The other perspective to explain migration is through what are called “pull factors.” An example would be the lure of economic possibilities abroad, like the high US demand for low-skilled workers, a service that citizens of NTC can provide and be better paid for that in their home countries. Another pull factor worth mentioning is lax immigration laws, if the consequences for illegal entry into a country are light, then individuals are more likely to migrate for the chance at attaining better work, educational, and healthcare opportunities[6].

II. US administrations’ strategies

A. The Obama administration (2008-2015)

The Obama administration for the most part used the carrot and soft power approach in its engagement with the NTC. Its main goals in the region being to “improve security, strengthen governance, and promote economic prosperity in the region”, it saw these developments in the NTC as being in the best interest of US national security[7].

In 2014, in the wake of the massive surge of migrants, specially UACs, the administration launched the reform initiative titled the Plan of the Alliance for Prosperity (A4P). The plan expanded across Central America but with special focus on the NTC. This was a five year plan to address these “push factors” that cause people to migrate. The four main ways that the initiative aims to accomplish this is by promoting the following: first, by fostering the productivity sector to address the region’s economic instability; second, by developing human capital to increase the quality of life, which improves education, healthcare and social services; third, improving citizen security and access to justices to address the insecurity and violence threat, and lastly, strengthening institutions and improving transparency to address the concerns for weak governance and corruption[8].

This initiative would receive direct technical support and financing from the Inter-American Development Bank (IDB). In addition, major funding was to be provided by the US, which for the fiscal years of 2015-2018 committed $2.6 billion split for bilateral assistance, Regional Security Strategy (RSS), and other regional services[9]. The NTC governments themselves were major financiers of the initiative, committing approximately $8.6 billion between 2016-2018[10].

The administration even launched programs with the US Agency for International Development (USAID). The principle one being the Central American Regional Security Initiative (CARSI), with a heavy focus on the NTC and it’s security issues, which allotted a budget of $1.2 billion in 2008. This would later evolve into the larger framework of US Strategy for Engagement in Central America in 2016.

The Obama administration also launched in 2015 the Deferred Action for Childhood Arrivals  (DACA), which currently allows individuals who were brought to the US as children, and have unlawful statuses to receive a renewable two-year period of deferred action from deportation[11]. It is a policy that the Trump administration has been fighting to remove these last few years.

Although the Obama administration was quite diplomatic and optimistic in its approach, that didn’t mean it didn’t make efforts to lessen the migration factors in more aggressive ways too. In fact, the administration reportedly deported over three million illegal immigrants through the Immigration and Customs Enforcement (ICE), the highest amount of deportations taking place in the fiscal year of 2012 reaching 409,849 which was higher than any single one of the Trump administration’s reported fiscal years to date[12].

In addition, the Obama administration used educational campaigns to discourage individuals from trying to cross into the US illegally. In 2014 they also launched a Central American Minors (CAM) camp targeting children from the NTC and providing a “safe, legal and orderly alternative to US migration”[13]. This however was later scrapped by the Trump Administration, along with any sense of reassessment brought about by Obama’s carrot approach. 

Number of apprehensions and inadmissibles on the US border with Mexico [Source: CBP]

B. The Trump administration (2016-present)        

The Trump administration’s strategy in the region has undoubtedly gone with the stick approach. The infamous “zero tolerance policy” which took place from April-June 2018 is a testimony to this idea, resulting in the separation of thousands of children from their parents and being reclassified as UAC[14]. This was in an attempt to discourage individuals in the NTC from illegally entering the US and address these lax immigration laws.

From early on Trump campaigned based on the idea of placing America’s interests first, and as a result has reevaluated many international treaties and policies. In 2016 the administration proposed scaling back funds for the NTC through the A4P, however this was blocked in Congress and the funds went through albeit in a decreasing value starting with $754 million in 2016 to only $535 million in 2019.

Another significant difference between the two administrations is that while Obama’s focused on large multi-lateral initiatives like the A4P, the Trump administration has elected to focus on a more bilateral approach, one that goes back and forth between cooperation and threats, to compliment the existing strategy.

Towards the end of 2018 the US and Mexico had announced the concept of a “Marshal Plan” for Central America with both countries proposing large sums of money to be given annually to help improve the economic and security conditions in the NTC. However in this last year it has become more apparent that there will be difficulties raising funds, especially due to their reliance on private investment organisations and lack of executive cooperation. Just last May, Trump threatened to place tariffs on Mexico due to its inability to decrease immigration flow. President López Obrador responded by deploying the National Guard to Mexico’s border with Guatemala, resulting in a decrease of border apprehensions by 56%[15] on the US Southwest border. This shows that the stick method can achieve results, but that real cooperation can not be achieved if leaders don’t see eye to eye and follow through on commitments. If large amount of funding where to be put in vague unclear programs and goals in the NTC, it is likely to end up in the wrong hands due to corruption[16].  

In terms of bilateral agreements with NTC countries, Trump has been successful in negotiation with Guatemala and Honduras in signing asylum cooperative agreements, which has many similarities with a safe third country agreement, though not exactly worded as such. Trump struck a similar deal with El Salvador, though sweetened it by granting a solution for over 200,000 Salvadorans living in US under a Temporary Protection Status (TPS).[17]

However, Trump has not been the only interested party in the NTC and Mexico. The United Nations’ ECLAC launched last year its “El Salvador-Guatemala-Honduras-Mexico Comprehensive Development Program”, which aims to target the root causes of migration in the NTC. It does this by promoting policies that relate to the UN 2030 agenda and the 17 sustainable development goals. The four pillars of this initiative being: economic development, social well-being, environmental sustainability, and comprehensive management of migratory patters[18]. However the financing behind this initiative remains ambiguous and the goals behind it seem redundant. They reflect the same goals established by the A4P, just simply under a different entity.

The main difference between the Obama and Trump administrations is that the A4P takes a slow approach aiming to address the fundamental issues triggering migration patterns, the results of which will likely take 10-15 years and steady multi-lateral investment to see real progress. Meanwhile the Trump administration aims to get quick results by creating bilateral agreements with these NTC in order to distribute the negative effects of migration among them and lifting the immediate burden. Separately, neither strategy appears wholesome and convincing enough to rally congressional and public support. However, the combination of all initiatives –investing effort both in the long and short run, along with additional initiatives like ECLAC’s program to reinforce the region’s goals– could perhaps be the most effective mechanism to combat insecurity, weak governance, and economic hardships in the NTC.

Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.