Los emigrantes del Triángulo Norte centroamericano miran a EEUU; los de Nicaragua, a Costa Rica

Mientras los emigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras siguen intentando llegar a Estados Unidos, los de Nicaragua han preferido en los últimos años viajar a Costa Rica. Las restricciones puestas en marcha por la Administración Trump y el deterioro de la bonanza económica costarricense están reduciendo los flujos, pero esa divisoria migratoria en Centroamérica de momento se mantiene.

▲Paso fronterizo entre México y Belice [Marrovi/CC]

ARTÍCULO / Celia Olivar Gil

Cuando se compara el grado de desarrollo de los países de Centroamérica, se entienden bien los distintos flujos humanos que operan en la región. Estados Unidos es el gran imán migratorio, pero también Costa Rica es en cierta medida un polo de atracción, evidentemente en menor grado. Así, los cinco países centroamericanos con mayor tasa de pobreza ­–Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Belice– reparten su orientación migratoria: los cuatro primeros mantienen importantes flujos hacia EEUU, mientras que en los últimos años Nicaragua ha optado más por Costa Rica, dada su cercanía.

Migración del Triángulo Norte a EEUU

Cerca de 500.000 personas intentan cada año por la frontera Sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La mayoría proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras, la región centroamericana conocida como Triángulo Norte y que es, hoy por hoy, una de las más violentas del mundo. Las razones que llevan a ese elevado número de ciudadanos del Triángulo Norte a emigrar, muchos de forma ilegal, son varias:

Por una parte, hay razones que podrían calificarse de estructurales: la porosidad del trazado fronterizo, la complejidad y los costes elevados de los procesos de regularización para la migración, la falta de compromiso de los empleadores para regularizar a los trabajadores inmigrantes y la capacidad insuficiente de los gobiernos para establecer leyes migratorias.

También hay claras razones económicas: Guatemala, Honduras y El Salvador tienen una alta tasa de pobreza, situada en el 67,7%, el 74,3% y el 41,6%, respectivamente, de sus habitantes. Las dificultades de ingresos presupuestarios y pronunciada desigualdad social suponen una presentación deficiente de servicios públicos, como educación y sanidad, a gran parte de la población.

La razón de mayor peso es quizá la falta de seguridad. Muchos de los que salen de esos tres países alegan la inseguridad y la violencia como el principal motivo de su marcha. Y es que el nivel de violencia criminal en el Triángulo Norte alcanza niveles semejantes a los de un conflicto armado. En El Salvador se registraron en 2015 un total de 6.650 homicidios intencionados; en Honduras, 8.035, y en Guatemala, 4.778.

Todos esos motivos empujan a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a emigrar a Estados Unidos, que en su viaje hacia el norte usan tres rutas principales para cruzar México: la que atraviesa en diagonal el país hasta llegar al área de Tijuana, la que avanza por el centro de México hasta Ciudad Juárez y la que busca entrar en EEUU por el valle del Río Bravo. A lo largo de esas rutas, los migrantes deben hacer frente a muchos riesgos, como el de ser víctima de organizaciones criminales y sufrir todo tipo de abusos (secuestro, tortura, violación, robo, extorsión...), algo que no solo puede causar lesiones físicas y traumas inmediatos, sino que también puede dejar graves secuelas a largo plazo.

Pese a todas estas dificultades, los ciudadanos del Triángulo norte siguen eligiendo los Estados Unidos como destino de su migración. Esto es debido principalmente a la atracción que supone el potencial económico de un país como EEUU, en situación de pleno empleo; a su relativa proximidad geográfica (es posible llegar por tierra atravesando solo uno o dos países), y a las relaciones humanas creadas desde la década de 1980, cuando EEUU comenzó a ser meta de quienes huían de las guerras civiles de una Centroamérica inestable políticamente y con dificultades económicas, lo que creó una tradición migratoria, consolidada por las conexiones familiares y la protección a los recién llegados ofrecida por los connacionales ya establecidos. Esto hizo que durante esta época la población centroamericana en EEUU se triplicase. En la actualidad el 82,9% de los inmigrantes centroamericanos en EEUU.

Migración de Nicaragua a Costa Rica

Si la emigración del norte de Centroamérica se ha dirigido hacia Estados Unidos, la del sur de Centroamérica ha contado con más destinos. Si los hondureños han mirado al norte, en los últimos años sus vecinos nicaragüenses se han fijado algo más en el sur. El río Coco, que divide Honduras y Nicaragua, ha venido a ser una suerte de 'parteaguas' migratorio.

Ciertamente hay más nicaragüenses residentes oficialmente en EEUU (más de 400.000) que en Costa Rica (cerca de 300.000), pero en los últimos años el número de nuevos residentes ha aumentado más en territorio costarricense. En el último decenio, de acuerdo con un informe de la OEA (páginas 159 y 188), EEUU ha concedido el permiso de residencia permanente a una media de 3.500 nicaragüenses cada año, mientras que Costa Rica ha otorgado unos 5.000 de media, llegando al récord de 14.779 en 2013. Además, el peso proporcional de la migración nicaragüense en Costa Rica, un país de 4,9 millones de habitantes, es grande: en 2016, unos 440.000 nicaragüenses entraron en el vecino país, y se registraron otras tantas salidas, lo que indica una importante movilidad transfronteriza y sugiere que muchos trabajadores regresan temporalmente a Nicaragua para burlar los requisitos de extranjería.

Costa Rica es vista en ciertos aspectos en Latinoamérica como Suiza en Europa, es decir, como un país institucionalmente sólido, políticamente estable y económicamente favorable. Eso hace que la emigración de costarricenses no sea extrema y que en cambio lleguen personas de otros lugares, de forma que Costa Rica es el país con mayor migración neta de Latinoamérica, con un 9% de población de Costa Rica de origen extranjero.

Desde su independencia en la década de 1820, Costa Rica se ha mantenido como uno de los países centroamericanos con menor cantidad de conflictos graves. Por ello fue durante las décadas de 1970 y 1980 el refugio de muchos nicaragüenses que huían de la dictadura de los Somoza y de la revolución sandinista. Ahora, sin embargo, no emigran por razones de seguridad, pues Nicaragua es uno de los países menos violentos de Latinoamérica, incluso por debajo de las cifras de Costa Rica. Este flujo migratorio se debe a razones económicas: el mayor desarrollo de Costa Rica queda reflejado en la tasa de pobreza, que es del 18.6%, frente a la del 58.3% de Nicaragua; de hecho, Nicaragua es el país más pobre de América después de Haití.

Así mismo, los nicaragüenses tienen especial preferencia para elegir Costa Rica como lugar de destino por la cercanía geográfica, que les permite moverse con frecuencia entre los dos países y mantener hasta cierto punto la convivencia familiar; la utilización del mismo idioma, y otras similitudes culturales.

[Omar Jaén Suárez, 500 años de la cuenca del Pacífico. Hacia una historia global. Ediciones Doce Calles, Aranjuez 2016, 637 páginas]

RESEÑA / Emili J. Blasco

En solo treinta años, entre la llegada de Colón a América en 1492 y el regreso de Elcano a Cádiz tras su vuelta al mundo en 1522, España agregó a sus dominios no solo un nuevo continente, sino también un nuevo océano. Todos sabemos de la dimensión atlántica de España, pero con frecuencia desconsideramos su dimensión pacífica. Durante el siglo XVI y principios del XVII, el océano Pacífico estuvo fundamentalmente bajo dominio español. España fue la potencia europea presente durante más tiempo y con mayor peso en toda la cuenca de lo que comenzó llamándose Mar del Sur. Española fue la primera Armada que patrulló con regularidad sus aguas –la Armada del Sur, con base en El Callao peruano– y española fue la primera ruta comercial que periódicamente lo cruzó de lado a lado –el galeón de Manila, entre Filipinas y México.

En “500 años de la cuenca del Pacífico. Hacia una historia global”, el diplomático e historiador panameño Omar Jaén Suárez no se limita a documentar esa presencia española y luego hispana, en un vasto espacio –un tercio de la esfera de la Tierra y la mitad de sus aguas– cuyo margen oriental es la costa de Hispanoamérica. Lo suyo, como indica el título, es una historia global. Pero abordar el último medio milenio quiere decir que se parte del hecho del descubrimiento del Pacífico por los españoles y eso determina el enfoque de la narración.

Si la historiografía anglosajona habría quizás utilizado otro prisma, en este libro se pone el acento en el desarrollo de toda la cuenta del Pacífico a partir de la llegada de los primeros europeos, con Núñez de Balboa a la cabeza. Sin olvidar los hechos colonizadores de otras potencias, el autor detalla aspectos que los españoles sí olvidamos, como la base permanente que España tuvo en Formosa (hoy Taiwán), los intentos de la Corona para quedarse con Tahití o las travesías por Alaska en busca de un paso marítimo al norte de América, que tuvieron como punto logístico la isla de Quadra y Vancouver, la gran ciudad canadiense hoy conocida solo por la segunda parte de ese nombre (de hecho, España descuidó poblar Oregón, más interesada en Filipinas y el comercio con las Molucas: todo un pionero “giro hacia Asia”).

Ser de Panamá otorga a Omar Jaén, que ha vivido también en España, una sensibilidad especial por su materia de estudio. El istmo panameño fue siempre la llave del Mar del Sur para el Viejo Mundo; con la construcción del canal, además, Panamá es punto de tránsito entre Oriente y Occidente.

La cuidada edición de esta obra le añade un valor incontestable. Casi ochocientos mapas, gráficos, grabados y fotografías la hacen especialmente visual. Esa cantidad de ilustraciones, muchas a todo color, y el buen gramaje del papel engrosan el tomo, en una impresión que constituye un lujo para cualquier interesado en el Pacifico. Ediciones Doce Calles ha querido esmerarse con este primer título de una nueva colección, Pictura Mundi, dedicada a celebrar viajes, exploraciones y descubrimientos geográficos.

La demanda interna aumentará, a diferencia de lo que ocurrirá en regiones más avanzadas

En las próximas décadas, el consumo petrolero en América Latina seguirá creciendo, frente a una tendencia a la baja que ya se vislumbra en el horizonte de muchos países avanzados. El crecimiento de población y el incremento de la clase media explica ese aumento de la demanda. Esta demanda interna servirá para fortalecer las industrias extractivas de los productores de crudo latinoamericanos, pero hará crónico el déficit de refinación que sufre la región.

ARTÍCULO / Ignacio Urbasos

La industria petrolera está viviendo un cambio en los patrones exportadores y de consumo en la región de América Latina. La clásica orientación del sector hacia los Estados Unidos ha cambiado en un nuevo contexto en el que las exportaciones están mucho más diversificadas con una basculación hacia los países emergentes de Asia. De igual modo, la demanda interna aumenta de forma constante debido al crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, la capacidad refinera de la región seguirá siendo insuficiente. En este documento se ofrecerá un análisis enfocado en el largo plazo para tratar de ofrecer una mejor comprensión del futuro energético de la región, principalmente en sus consumos, extracción y posterior refinamiento.

En primer lugar, se deben tener en cuenta las expectativas demográficas y económicas de Latinoamérica: el crecimiento demográfico supondrá el aumento de 800 millones de personas para 2050, y el económico podría ser de un 2% anual durante al menos la próxima década. Efecto directo de esto será el aumento de la demanda eléctrica en un 91% para 2040 y el incremento del número de vehículos en la región de 94 millones en 2016 a los 165 millones esperado para 2040.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, la mayor demanda de petróleo en la región vendrá asociada al transporte, el cual sí tenderá a una mayor eficiencia en los consumos, pero aún está lejos la prometida llegada del coche eléctrico con expectativas de menos del 4% para 2030 a nivel mundial. Igualmente, el incremento de la clase media en 126 millones de personas para 2030 tendrá un impacto directo en el aumento del transporte aéreo, el cual se prevé que crezca de media un 3,4% anual hasta 2034, de acuerdo al último informe de la OACI, con el consiguiente aumento del consumo de keroseno.

Se debe tener en cuenta que en América Latina existen subsidios tanto a la gasolina como al diésel, lo cual genera precios más asequibles distorsionando la demanda claramente al alza. Estos subsidios responden principalmente a la lógica de que los ciudadanos deben ser beneficiarios de la posesión de recursos naturales por su país, y se concentran en países tradicionalmente petroleros como Ecuador, Venezuela, México o Argentina. No obstante, estos países importan en gran medida el combustible debido a su limitada capacidad refinera, generando un doble déficit comercial y fiscal, como destaca la CEPAL. El futuro de estos subsidios es una incógnita, pero cualquier cambio tendría un alto coste político, ya que al afectar al precio de un bien básico tendría consecuencias sobre amplios sectores sociales con gran impacto electoral.

Por su parte, la contribución del petróleo a la generación eléctrica se mantendrá constante en los 500.000 barriles diarios, descendiendo su importancia desde el 46% actual, según las cifras para Latinoamérica de la Agencia Internacional de la Energía Renovable. La región se verá enormemente beneficiada de la mayor presencia de energías renovables, sector que ya lidera por unas condiciones geográficas incomparables, destacando la enorme importancia de la energía hidroeléctrica.

Durante las próximas décadas dos grandes fenómenos ocurrirán en Latinoamérica: la universalización del acceso a la energía y un nuevo modelo energético con menor presencia del petróleo y biocombustible (madera y desechos) en favor del gas y las energías alternativas. Uno de los grandes retos que afronta la región es la de desarrollar un sistema eléctrico más integrado nacional e internacionalmente que aumente la eficiencia en consumos y permita una mayor flexibilidad en las fuentes de producción. La excepcionalidad geográfica de la región exige enormes inversiones para desarrollar esta tarea; no obstante, ya existen diversos proyectos regionales en esta dirección: Sistema de Interconexión Eléctrico Andino que comprende los países de la Comunidad Andina más Chile y el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Déficit de refinación

Este alza en los consumos no está acompañada de una mayor capacidad refinera, la cual ya es enormemente deficitaria, y genera una crítica dependencia de las importaciones de gasolina y otros derivados desde EEUU. Una tendencia que probablemente sea una constante en el corto y en el medio plazo para la región y se añade al descenso del 14% en la actividad refinera en la región desde 2012 (World Oil Outlook 2017), que ya suma una pérdida de un millón de barriles refinados al día desde ese año. Los altos costes de instalación y de mantenimiento, en torno al 2% del coste de instalación anual, se suman a la crónica incertidumbre política de la región que ahuyenta en gran medida la inversión privada.

Un caso ilustrativo es el de la refinería del Pacífico en Ecuador, la cual se presentó como el mayor proyecto refinero del país en los comienzos de la presidencia de Rafael Correa en 2007. El proyecto comenzó con una participación financiera del 49% por parte de PDVSA y un 51% por parte de Petroecuador, además de la adjudicación del proyecto a la constructora Odebrecht. A día de hoy, PDVSA ha retirado su aportación y la constructora brasileña enfrenta juicios en el país por corrupción, dando como resultado una década perdida y obligando a Lenin Moreno a reformular el proyecto, incluido el nombre: ahora Refinería de Manabí.

Tal y como podemos ver en el gráfico, los grandes productores petroleros de América Latina cuentan con una deficitaria capacidad refinera. Debe tenerse en cuenta que en la región no solo existe una infra capacidad, sino también una infra actividad, lo que genera una brecha todavía mayor. La actividad de estas plantas se encuentra en la actualidad en torno al 70% de su capacidad total. Aquellos países que no cuentan con producción petrolera, pero sí con una relevante industria del refino, son Curaçao, que cuenta con una de los mayores centros de PDVSA, Chile y Perú.

En definitiva, el sector petrolero latinoamericano encara las próximas décadas con enormes dudas en su capacidad refinera y lejos de alcanzar una autosuficiencia. La falta de capacidad para atraer inversión extranjera de los países históricamente petroleros ha generado un escenario decepcionante que agrava la ya de por sí limitada industria en la región. Las transformaciones sociales propias de una sociedad que crece demográfica y económicamente exigen inversión en infraestructuras para poder colmar las expectativas de un acceso universal a la red eléctrica y el consumo propio de la incipiente clase media.

Taiwán llega a importar hasta cuatro veces más que China desde los países centroamericanos que le reconocen como Estado

De los casi doscientos países que existen en el mundo, solo 19 tienen relaciones diplomáticas con Taiwán (y, por tanto, no las tienen con China). De ellos, cinco están en Centroamérica y cuatro en el Caribe. El reconocimiento de Taipéi tiene algunas ventajas para esos países, aunque han ido quedando neutralizadas por el peso comercial de China. Panamá estableció relaciones con Pekín en 2017 y República Dominicana lo acaba de hacer ahora. Aquí examinamos el interés que aún tiene la preferencia por Taiwán para ciertos países de Centroamérica.

ARTÍCULO / Blanca Abadía Moreno

La especial relación de Taiwán con Centroamérica se remonta al período que siguió a la salida de Taiwán en 1971 de la Organización de las Naciones Unidas, donde la China nacionalista fue desplazada por la República Popular de China. Varios países latinoamericanos habían establecido relaciones con Taiwán en la década de 1960, pero la mayoría pasaron paulatinamente a reconocer a Pekín tras el cambio en la ONU. Taiwán retuvo, no obstante, el apoyo de las naciones centroamericanas y en la década de 1980 ganó además el de pequeñas islas del Caribe que entonces adquirieron la independencia.

La emergencia de China como gran socio comercial internacional ha ido restando reconocimientos diplomáticos a Taiwán. Costa Rica estableció plenos vínculos con China en 2007, Panamá en 2017 y República Dominicana el pasado 1 de mayo. Aun así, de los 19 países que siguen optando por Taipéi frente a Pekín, cinco están en Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua (este país con un hiato de cinco años, de 1985-1990). Otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres minúsculas naciones de las Antillas menores. Si se tiene en cuenta que el resto de países que reconocen a Taiwán tienen poca importancia comercial, salvo Paraguay (se trata del Vaticano, Burkina Faso, Suazilandia y seis microestados de Polinesia), se entiende que Centroamérica absorba el interés diplomático de Taiwán.

Dado que la teoría constitutiva de la estadidad define un Estado como una persona de derecho internacional si, y solo si, es reconocido como soberano por otros, Taiwán se esfuerza en asegurarse que esos países sigan reconociéndolo como sujeto de pleno derecho en el concierto de las naciones; perder su apoyo afectaría directamente a la legitimidad de sus alegaciones como Estado soberano.

Para ello, Taipéi fomenta la relación comercial con ellos, les procura inversiones y utiliza lo que se llama la “diplomacia de la chequera”: la entrega de regalos (y sobornos) para que se mantengan esas relaciones. Los países centroamericanos reciben un promedio de 50 millones de dólares anuales de cooperación no reembolsable declarada. Taiwán orienta la ayuda hacia sus aliados Latinoamericanos por medio del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (ICDF), con programas que van desde la construcción de infraestructura hasta la producción de café. Así, Taiwán ha financiado y construido diversos edificios gubernamentales en Nicaragua y El Salvador.

Además, la nación asiática contribuye a programas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y es país observador en el Parlamento Centroamericano y otras organizaciones regionales.

Ese esfuerzo, no obstante, no ha impedido que en los últimos años se hayan dado bajas entre los países centroamericanos que le veían dando reconocimiento diplomático. El desarrollo económico de Costa Rica llevó en 2007 a este país a querer mejorar sus cifras comerciales mediante una aproximación a China, que supuso la apertura de una embajada en Pekín y el cierre de la que tenía en Taipéi. Por el mismo motivo, Panamá también optó en 2017 por romper con las relaciones diplomáticas con Taiwán, afirmando que China, un destacado usuario del canal panameño, “siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá” y había que eliminar cualquier restricción que lo impidiera seguir siendo.

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre Taiwán y los países centroamericanos que le reconocen como Estado se incrementaron significativamente gracias a la apertura en 1997 de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en Taiwán, la incorporación de este país al BCIE y la entrada en vigor de varios tratados comerciales. Así, Taiwán firmó tratados de libre comercio con Guatemala (2006), con Honduras y El Salvador (2006) y con Nicaragua (2008).

Esos tratados han facilitado especialmente la exportación centroamericana a Taiwán. Como ocurre con la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen a China como uno de los principales orígenes de sus importaciones (el 1º sigue siendo Estados Unidos). Su alineamiento político con Taiwán no les impide ser clientes de la producción de China. De esta forma, en 2016, China estuvo entre los puestos 2º y el 3º como mercado de procedencia, mientras que Taiwán se situó muy abajo en la tabla (entre el puesto 14º y el 23º). Sin embargo, la particular relación con Taipéi hace que Taiwán iguale o sobrepase a China como destino de las exportaciones de los cuatro países centroamericanos mencionados. Ese es el beneficio comercial que obtienen del reconocimiento diplomático a la isla asiática.

De este grupo de países, Nicaragua es el que en 2016 más exportó a Taiwán (83,7 millones de dólares) en comparación con las exportaciones a China (21,5 millones), en una proporción de cuatro a uno. Los principales productos nicaragüenses exportados fueron camarón, azúcar, carne bovina y café.

Honduras exportó a Taiwán por valor de 24,7 millones de dólares –principalmente productos textiles, café y aluminio– frente a los 18,5 millones colocados a China. Por su parte, El Salvador envió a Taiwán cargas por valor de 53,3 millones –sobre todo azúcar–, y de 46,5 millones a China. Guatemala, cuya economía tiene un volumen mayor, fue el único país en vender más a China (75,5 millones), pero en cifras muy similares a las de Taiwán (74 millones), a donde envió sobre todo café, papel y cartón.

Con estas relaciones diplomáticas y comerciales Taiwán pretende mostrar a la sociedad internacional que es un aliado capaz y responsable para la cooperación internacional. Así como hacer ver al mundo que la diplomacia taiwanesa existe pese a los intentos de asilamiento de China. El hecho de que China tenga un especial interés por mercados que le faciliten el acceso a materias primas hace que el gigante asiático esté más atento a las relaciones con diversos países de Sudamérica, ricos en minerales; es ahí donde Pekín concentra sus inversiones latinoamericanas.

Centroamérica, con menor actividad extractiva, se escapa de esta forma de la prioridad china (el interés por el Canal de Panamá es un caso aparte), y queda de momento para la acción de Taiwán. No obstante, el carácter cada vez más residual del apoyo a la isla y el peso mismo de las relaciones con China hacen prever que los países centroamericanos seguirán dándose de baja, uno tras otro, de este particular club.

Casi dos tercios de las reservas mundiales de litio identificadas se encuentran en Bolivia, Chile y Argentina

La explosión de la automoción eléctrica mediante el uso de baterías de ión de litio ha puesto las grandes reservas de este metal del altiplano boliviano y el desierto de Atacama en el centro del interés mundial de esa nueva industria. ¿Aprovechará Sudamérica la ocasión para adentrarse ella misma en procesos de innovación tecnológica, o volverá a resignarse, como ha ocurrido con tantos otros minerales, a una mera labor de extracción?

▲Salar de Uyuni, en el altiplano de Bolivia [Luca Galuzzi, Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Milene Pardo-Figueroa

Con la incorporación gradual de vehículos eléctricos al mercado, además del aumento de la venta de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos electrónicos –productos todos ellos activados por baterías de ión de litio–, la demanda mundial de litio está aumentando. Este elemento químico alcalino, que en su forma pura se presenta como un metal blando, especialmente ligero, es abundante en la naturaleza, si bien las mayores reservas están concentradas en unos pocos países. Debido a las condiciones de su extracción, esta es especialmente rentable en las zonas secas del triángulo delimitado por las fronteras de Bolivia, Chile y Argentina. Si el litio es conocido como “petróleo blanco” o “nueva gasolina”, por el color del salitre de los depósitos donde se encuentra y por ser impulso motriz de los modernos automóviles, la zona fronteriza de esos países es denominada la “Arabia Saudí del litio”.

La “fiebre” por el litio ha llevado a una producción actual de 40.000 toneladas anuales, una cifra que queda por debajo de la enorme demanda existente, que en estos momentos plantea una necesidad de 180.000 toneladas. Aunque ese volumen pueda alcanzarse en los próximos años, los cálculos hablan de una demanda de entre 500.000 y 800.000 toneladas en 2025. Para entonces, de acuerdo con algunas previsiones, el mercado mundial de baterías de litio podría tener un valor de 46.000 millones de dólares. Parte del empuje del sector viene de la innovación de los automóviles eléctricos. La expansión de ese mercado, no obstante, podría verse ralentizada si no se acelera la producción de litio. Como ha advertido el empresario visionario Elon Musk, promotor de la marca de autos eléctricos de alta gama Tesla, “para crear 500.000 vehículos al año, básicamente tenemos que retener toda la generación de litio en el planeta”.

La dificultad para atender esa creciente demanda viene de los altos costos de extracción, que varían considerablemente en función de las características del depósito. Los depósitos más rentables se hallan en los concentrados de salmuera existentes en climas áridos, que al sacarlos a la luz experimentan una rápida evaporación. El lugar donde eso se da especialmente es el área formada por el desierto de Atacama y el altiplano boliviano.

La producción mundial está encabezada por Australia, que en 2016 extrajo 14.300 toneladas, seguida de Chile, con 12.000, y Argentina, con 5.700, de acuerdo con las cifras del Estudio Geológico de EEUU. El volumen de reservas identificadas sitúa a los países suramericanos claramente por delante, especialmente a Bolivia, que reúne los mayores depósitos aunque por ahora haya desarrollo poco la actividad minera de este metal. Así, Bolivia cuenta con unas reservas identificadas de 9 millones de toneladas (22,7% del total mundial), Chile de 7,5 millones (18,9%) y Argentina de 6,5 millones (16,4%), lo que supone que los tres países cuentan con el 58% de las reservas mundiales. Tras ellos están Estados Unidos, con 5,6 millones (13,9%), y China, con 5,4 millones (13,6%). Otras estimaciones otorgan a China unas reservas similares a las de Argentina. El sector está dominado por cinco grandes compañías, que controlan el 90% de la producción mundial: SQM (Chile), FMC y Albermarle (EEUU), Talison (Australia) y Tianqi Lithium (China).

El triángulo blanco

El Salar de Uyuni en el altiplano boliviano –una superficie cubierta de sal, generada por la evaporación de las aguas de mar que quedaron encerradas en un lago al emerger la cordillera de los Andes en su formación–, acoge lo que podría ser el mayor depósito de litio del mundo. Su obtención se enfrenta al problema de que aquí el metal está especialmente mezclado con magnesio y la separación de ambos requiere del acceso a tecnología que de momento Bolivia no dispone a gran escala. Ante el temor de empresas extranjeras sean las que controlen la extracción y dejen escaso beneficio al país, como pasó históricamente con el desarrollo de la minería, el gobierno de Evo Morales ha optado de momento por una explotación limitada. Las autoridades bolivianas han preferido impedir la penetración de multinacionales, con el fin de asegurarse de que la nación sudamericana mantiene el control del negocio. Morales ha anunciado planes para la puesta en marcha, con financiación pública, de una instalación para la fabricación de carbonato de litio en la planta de sal de Uyuni.

La explotación de litio está mucho más avanzada en Chile, país que representa alrededor del 33% del suministro mundial, gracias a los grandes yacimientos en el desierto de Atacama y al desarrollo de una industria propia. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), compañía privada chilena, lidera el sector nacional, en el que las concesiones están estrechamente controladas por el Estado. Por su parte, Argentina está dando pasos para impulsar el negocio del litio; con ese fin, el gobierno de Mauricio Macri está procediendo a la liberalización del sector y ha establecido contactos para atraer capital extranjero.

Más allá de los beneficios económicos que estos países sudamericanos pueden obtener del auge de la explotación de litio, en sus sociedades se ha generado un debate sobre el impacto ecológico que esta puede causar en lugares tan singulares por sus características naturales como Atacama o Uyuni; hay voces que advierten de que la solución salina andina pueden estar condenada a desaparecer para satisfacer el interés exterior por las baterías. También se teme un impacto social, sin compensaciones para los grupos humanos asentados en los territorios afectados.

Por otra parte, el impacto negativo que ha tenido históricamente en Latinoamérica la perpetuación de una cultura económica de extracción aconseja a Bolivia, Chile y Argentina que aprovechen la ocasión para intentar desarrollar iniciativas propias de transformación y nuevas tecnologías en la generación de baterías, sin limitarse, como ocurre con tantos otros minerales, en una actividad extractora.

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.

▲Arte callejero en la ciudad de Medellín

ANÁLISIS / María Gabriela Fajardo

Colombia vivió el 11 de marzo las primeras elecciones celebradas tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Combia (FARC). Estas elecciones al Congreso bicameral del país –se elegían los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes– eran la primera ocasión en que los distintos sectores ideológicos podían medir sus fuerzas sin la distorsión de una lucha armada en partes significativas del territorio. Tradicionalmente se ha aludido al rechazo social hacia la campaña guerrillera como explicación de porqué la izquierda en Colombia ha contado de manera habitual con poco apoyo popular. La llegada de la paz, ¿ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas? ¿ha supuesto una mejora de los resultados electorales de la izquierda?

Para responder a estas preguntas vamos a examinar los resultados que obtuvieron las distintas opciones políticas, agrupadas en tramos del espectro ideológico (derecha, centro derecha, centro-izquierda e izquierda), en las elecciones al Congreso celebradas desde comienzos de este siglo. El examen de la composición política del Congreso en la última década y media dará perspectiva a los resultados de las legislativas del pasado 11 de marzo. Estas elecciones suponían la integración de las FARC en el sistema colombiano de partidos políticos, con nombre distinto –Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–, pero con las mismas siglas.

En el periodo 2002-2018 también hubo, además de las cinco elecciones al Congreso, otras tantas elecciones presidenciales. Estas últimas se mencionan en el análisis porque ayudan a precisar los contextos, pero no se incluyen en el trabajo comparativo, dado que las presidenciales se rigen por dinámicas más personalistas y en ellas se producen complejos trasvases de votos debido al proceso de doble vuelta. Las elecciones del 11 de marzo, no obstante, aportan consideraciones de cara a las presidenciales del próximo de 27 de mayo.

Senado

El escándalo por la Parapolítica desvirtuó la acogida de los resultados de las elecciones legislativas de 2002, luego de que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara que el 35% del Congreso elegido era "amigo" de su organización. La derecha, representada por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, logró el 41,1% de las curules del Senado. En esa cifra no se incluyen los escaños conseguidos por otros grupos políticos menores, entre ellos Colombia Siempre, cuyo cabeza de lista era el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras. La izquierda, por su parte, concurrió bastante fraccionada, en grupos como Vía Alterna y Movimiento Popular Unido, y obtuvo el 14% de los asientos del Senado. El centro-izquierda se hizo con el 12,9% y el centro-derecha con el 7%.

En las presidenciales de 2002, celebradas pocos meses después de las legislativas, Álvaro Uribe llegó a jefe de Estado, con el voto del 53,1% de los electores. Uribe se presentó como candidato independiente, tras separarse del Partido Liberal, y tuvo el apoyo de gran parte de la derecha y el centro-derecha, incluyendo Cambio Radical, Somos Colombia y el Partido Conservador, que entonces no participó en la contienda presidencial.

Es así como en las legislativas de 2006 tuvo un gran protagonismo un nuevo partido, el Partido Social de Unidad Nacional (mejor conocido como Partido de la U), creado por Álvaro Uribe. El Partido de la U ganó las elecciones, logrando el 20% de las curules: por primera vez ninguno de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) había resultado vencedor. El nuevo partido llegaba para quedarse, de forma que la derecha pasaba a estar representada por tres partidos (de la U, Liberal y Conservador), sumando el 61% de los senadores. La izquierda, aunque aumentó hasta el 19% de los puestos del Senado, quedó fraccionada en varios partidos políticos sin peso y sin posibilidad de proponer drásticos cambios legislativos. El centro-derecha representado por Cambio Radical quedó en el cuarto puesto, con un 15% de curules, mientras que el centro-izquierda no obtuvo ninguno.

En 2010 la derecha alcanzó su punto más alto, con el 66,7% de los puestos del Senado, cifra que incluye a los tres partidos de derecha mencionados anteriormente y al MIRA, un grupo con menor presencia. Eran momentos de dominio político del Uribismo. En los meses electorales de 2010, el presidente Uribe estuvo expresando su respaldo a Juan Manuel Santos como candidato presidencial. Se pensaba que este continuaría las mismas políticas de Uribe de confrontación de las guerrillas y organización de la Fuerza Pública. Sin embargo, tras llegar al poder, Santos sorprendió desmarcándose de Uribe y abriendo negociaciones con las FARC en 2012, lo que llevó a la ruptura de la relación entre ambos políticos (El periodico, 2017). La fuerza demostrada por la derecha en las legislativas de 2010 estuvo acompañada de una gran debilidad de la izquierda, que obtuvo solo el 7,7% de los puestos del Senado y se convertiría en el aliado perfecto del presidente Santos para llevar a cabo su agenda y su viaje hacia el centro político. El centro-izquierda tuvo una representación del 13,3%, gracias al empuje del nuevo partido Alianza Verde, y el centro-derecha se quedó en el 7,9%.

Las legislativas de 2014 significaron la consolidación de un nuevo partido de derecha, el Centro Democrático, creado por Uribe tras su separación del Partido de la U, que había quedado en manos de Santos, quien ese año obtendría la reelección como presidente colombiano. El Centro Democrático quedó en segundo lugar en las elecciones al Senado, con solo un senador menos que el Partido de la U (Sanchez, 2018). En 2014, la derecha pasó a controlar el 48,1% del Senado, de acuerdo con el realineamiento ideológico del sistema de partidos. Así, varios expertos pasaron a clasificar al Partido de la U como de centro-derecha, etiqueta que también comenzaron a otorgar al Partido Liberal, en un espacio político compartido con Cambio Radical; estos tres partidos formaron la “Unidad Nacional” (Castillo, 2018). Con ello, el centro-derecha sumó el 19,6% de las curules, mientras que el centro-izquierda obtuvo el 9,8%, por los votos logrados por el Partido Verde y los Progresistas, liderados estos últimos por Gustavo Petro, actual candidato presidencial. La izquierda solo llegó al 4,9%, representada por las minorías del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y los grupos que procedían de las guerrillas desmovilizadas.

En las legislativas del pasado 11 de marzo, hubo un refuerzo de las posiciones de derecha, a las que volvieron algunos partidos que en anteriores comicios se habían deslizado hacia el centro-derecha al defender la negociación con las FARC y que ahora querían contrarrestar el temor de parte de la población a un auge de la izquierda radical, en un proceso electoral muy polarizado. Así, la derecha subió al 55,2% de los senadores, encabezados por los del Centro Democrático, mientras que el centro-drecha decendió al 15,9%. La izquierda moderada y radical aumentaron su presencia: el centro-izquierda ascendió al 11,5% y la izquierda al 9%. En este último porcentaje no se incluyen las cinco curules garantizadas a las FARC, que a pesar de no conseguir ganar electoralmente ningún senador, contarán con esos cinco puestos asegurados por los Acuerdos de Paz.

Cámara de Representantes

Los resultados en el periodo 2002-2018 de las elecciones para la Cámara de Representantes, celebradas de manera simultánea con las del Senado, no se alejan mucho de lo comentado en el epígrafe anterior; no obstante, presentan algunas variaciones que deben ser consideradas.

La institución se vio bastante afectada por escándalos de parapolítica, factor que influyó en la polarizaron política del país, lo que se reflejaría en las elecciones a lo largo de todo este período. En 2002, la derecha se hizo con el 47% de los puestos en la Cámara, siendo el Partido Liberal el de mayor representación; la izquierda obtuvo el 27,1%. A partir de entonces, el centro-derecha, que en 2002 obtuvo el 4,2% de los representantes (el centro-izquierda se hizo con el 1,8%) empezó a tomar cierta configuración, al desdibujarse los contornos de los dos partidos tradicionales –Conservador y Liberal– con la división en facciones, de la que surgirían nuevos partidos; esto terminó con el bipartidismo vivido en Colombia a lo largo del siglo XX: el Conservador gobernó durante 48 años y el Liberal durante 13.

La aparición del Partido de la U de la mano de Álvaro Uribe y la amplia aceptación de su figura política (Uribe llegó a la presidencia en 2002 y fue reelegido en 2006), llevaron a que por primera vez un partido diferente de los dos tradicionales quedara en segundo lugar en las legislativas de 2006, en las que el Partido de la U logró el 16,7% de los asientos de la Cámara, elevando la representación de la derecha al 54,2%. Por su parte, la izquierda bajó su representación a un 16,7% y entró en un periodo de especial debilidad política (estas elecciones tampoco fueron buenas para el centro-izquierda, que no obtuvo representación). En un momento de éxitos del presidente Uribe contra los guerrilleros, con medidas apoyadas por gran parte de la población, aunque no exentas de controversia, los partidos de izquierda se veían lastrados por compartir ciertos presupuestos ideológicos con la guerrilla, como indica el politólogo de la Universidad de los Andres Andrés Dávila.

Esta dinámica supuso en las legislagivas de 2010 un incremento aún mayor de la derecha y un nuevo descenso de la izquierda en la Cámara de Representates, en paralelo con lo que ocurrió en el Senado, en un año en que el candidato promovido por Uribe, Juan Manuel Santos, ganaría también la presidencia. El Partido de la U quedó en la Cámara por encima del Partido Liberal y del Partido Conservador, sumando estos tres partidos de derecha el 74,6% de las curules, el mayor porcentaje de todo el periodo estudiado; el centro-derecha alcanzó el 9,7%. Por su parte, la izquierda, cuyo mayor partido fue el Polo Democrático, alcanzó solo el 4%, su peor cuota en el periodo, mínimamente compensada por la máxima representación del centro-izquirda, aunque esta fue de un modesto 8,5%.

Las elecciones de 2014 trajeron consigo la presencia de un nuevo partido encabezado por Uribe, el Centro Democrático, que se situaba a la derecha de los anteriores al posicionarse de forma contundente contra la continuación de los diálogos de paz con las FARC propiciados por el presidente Santos (El periodico, 2017). La ruptura entre Santos y Uribe hizo que su electorado se dividiera, de forma que en las elecciones a la Cámara de Representantes ganó el Partido Liberal, seguido por el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Teniendo en cuenta el corrimiento hacia posturas más moderadas de algunas de estas formaciones, a la hora de agruparlas tenemos que los defensores planteamientos de derecha bajó al 46,7% de los puestos de la Cámara, mientras que el centro-derecha subió al 11,1%. La izquierda, con el Polo Democrático, mejoró algo su representación hasta el 10%, y el centro-izquierda languideció hasta el 3,3%.

Cuatro años después, el pasado 11 de marzo, el Partido Liberal volvió a ganar las elecciones a la Cámara de Representantes, seguido del Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. Algunas de estas formaciones volvieron durante la campaña electoral a claras posiciones de derecha que antes habían moderado, de forma que la derecha sumó el 61,1% de los escaños (Sánchez, 2018), frente al 6% de la izquierda. Por su parte el centro-derecha anotó el 9,1% y el centro-izquierda el 6,1%. A estas cifras hay que añadir los cinco puestos en la Cámara otorgados por el Acuerdo de Paz a las FARC, que tampoco lograron ganar ninguno por voto ciudadano, al igual que en el Senado. Con esta ampliación, el Congreso bicameral colombiano pasa de 268 a 280 miembros (los diez del partido FARC y dos que corresponderán al tícket presidencial que quede en segundo lugar en las presidenciales).

La división de la izquierda

El análisis realizado permite afirmar que los planteamientos políticos de derecha han seguido siendo mayoritarios en Colombia en lo que va de siglo, tal como ocurría en décadas previas, aunque ya no en el marco hegemónico de dos grandes partidos, sino de un abanico más amplio de opciones partidistas. En un periodo en el que en muchos otros países latinoamericanos hubo giros a la izquierda –notoriamente, las revoluciones bolivarianas– Colombia fue una clara excepción. En este tiempo, la derecha en Colombia (sin incluir el centro-derecha) ha controlado entre el 43,3% (2002) y el 66,7% (2010) de los puestos del Senado y entre el 46,7% (2014) y el 74,6% (2010) de los de la Cámara de Representantes. En cambio, la izquierda (sin incluir el centro-izquierda, igualmente reducido) ha seguido siendo minoría: se ha movido entre el 4,9% (2014) y el 19% (2006) del Senado, y entre el 4% (2010) y el 27,1% (2002) de la Cámara.

El Acuerdo de Paz de 2016 y la integración de las FARC en la vida política no han supuesto hasta el momento un significativo auge electoral de la izquierda. En las legislativas del 11 de marzo de 2018, en realidad la derecha recuperó posiciones respecto a 2014 en las dos instituciones del Contreso, mientras que la izquierda, aunque ciertamente mejoró su presencia en el Senado, pero lejos de los niveles de 2002 y 2006, en cambio perdió espacio en la Cámara.

El temor de amplios sectores de la población a que los beneficios políticos concedidos a las FARC, tales como garantía de acceso a medios de comunicación o financiación para la campaña, contribuyeran a un avance electoral de los exguerrilleros no se materializó en estas elecciones. Los resultados del plebiscito de octubre 2016, en el que se rechazó el Acuerdo de Paz (este entró en vigor en 2017 tras algunos cambios, sin nuevo plebiscito), se reflejaron nuevamente en las legislativas pasadas: los colombianos se oponen a la participación de los ex-miembros del grupo beligerante en política. Los candidatos de las FARC solo obtuvieron el 0,28% de los votos. Además, este partido anunció días antes de las legislativas que no concurrirá a las presidenciales, a las que como candidato se postulaba el máximo líder del grupo, Rodrigo Londoño.

¿Es Colombia un país conservador? ¿Por qué la izquierda en Colombia ha venido siendo tan débil electoralmente? Estas preguntas recurrentes sobre la política colombiana no tienen fácil respuesta. “La izquierda es un sector que tradicionalmente se ha dividido muchísimo entre tendencias doctrinales, por razones estratégicas e incluso por personalidades”, explica Yeann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario.

Cabe entonces resaltar lo dicho por Fabio López, autor del libro “Izquierdas y cultura política”, en respuesta a la pregunta de si existe una izquierda en Colombia:

“Sí existen las izquierdas en Colombia, dispersas, fragmentadas, confundidas en una búsqueda no todas las veces afortunada; una cosa es que vengamos de una derrota, pensada internacionalmente, de las izquierdas, un retroceso enorme del movimiento obrero, un desprestigio de las ideas socialistas, y otra cosa es la desaparición de las causas, de las razones estructurales que motivan a nivel internacional y nacional unas ideas de izquierda, unas raíces y unas justificaciones, para apelar al rescate o mejor reestructuración, un nuevo comienzo de unos planteamientos de izquierda en Colombia”.

Una de las razones habitualmente aducidas para explicar la dificultad de la izquierda en ganar mayores apoyos es el peso negativo de la subversión guerrillera. En Colombia tras los constantes conflictos, masacres y el dolor que ha dejado el conflicto armado en los colombianos, los partidos de izquierda no han logrado el apoyo de la sociedad como en países vecinos puesto que se da una directa asociación de partido de izquierda con las guerrillas y lo que viene con ellas. La llegada de líderes políticos como Uribe a la presidencia intensificó esta asociación e incrementó el tabú presente hoy en día en gran parte de los ciudadanos que supone apoyar un partido de izquierda. A su vez, la izquierda tampoco ha hecho mucho para reparar esta mala imagen; la gran fragmentación interna y diferencias entre los líderes políticos no han ayudado a la formación de una izquierda solida con capacidad para incrementar su representación en el Congreso.

¿Oportunidad de las presidenciales?

Las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo constituyen una ocasión para que la izquierda mejore sus cotas electorales, que en cualquier caso podrían avanzar en el futuro en la medida en que se consolide la paz y el pasado de violencia pueda ir quedando en el olvido.

La polarización política, que en otras ocasiones ha perjudicado a la izquierda, esta vez está suponiendo cierta unidad de ese sector ideológico en torno a la candidatura de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. La celebración el mismo 11 de marzo de primarias en la derecha, ganadas por el uribista Iván Duque, y en la izquierda, en las que ganó Petro (Sánchez, 2018), han acentuado la polarización para las presidenciales, aumentando la movilización ciudadana (en las legislativas hubo cinco puntos más de participación) y atrayendo la atención de los medios hacia ambos candidatos. La polarización, al mismo tiempo, ha restado apoyos a posibles alternativas centristas, tan divididas como antes estuvo la izquierda, de manera que no puede descartarse que Petro pueda pasar a una segunda vuelta, el 17 de junio. Una victoria contra pronóstico de Petro, para la que este debería atraer el grueso del electorado moderado, no supondría un cambio radical en las políticas legislativas, pues el Congreso revalidó el pasado 11 de marzo el dominio de la derecha.

▲Curso bajo del río Nilo, en Egipto [Pixabay]

ANÁLISIS / Albert Vidal [Versión en inglés]

Las disputas por el control de los ríos, lagos y, en definitiva, del agua, están hoy especialmente vivas y se intensificarán en un futuro próximo, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Actualmente, los países con más reservas de agua son Brasil, Rusia, EEUU, Canadá, China, Colombia, Indonesia, Perú, India y la República Democrática del Congo. La mayoría del agua disponible se encuentra bajo tierra, concentrada en acuíferos, o se trata de aguas superficiales (ríos y lagos). Los acuíferos con mayores reservas son el Sistema Acuífero de Piedra Arenisca de Nubia (bajo el Desierto del Sáhara), la Gran Cuenca Artesiana (en Australia) y el Acuífero Guaraní (en América del Sur). Por otro lado, hay una serie de ríos en el mundo cuya importancia es excepcional, sencillamente por la ingente cantidad de población y actividad económica que dependen de ellos. Los problemas surgen cuando estos ríos no forman parte de un solo Estado, sino que son ríos contiguos o transfronterizos, y eso provoca disputas entre algunos Estados.

Focos de tensión en Asia

Asia está siendo especialmente afectada por este problema. Actualmente hay diversas tensiones que giran en torno al control del agua. Uno de los casos más significativos es el referido al uso del agua del río Indo, que sustenta a 300 millones de personas y ha provocado tensiones entre Pakistán e India. Este río es un recurso vital para ambos países. Con la independencia de Pakistán, el Indo se convirtió en una fuente de disputas. Esto trató de solucionarse con el Tratado de las Aguas del Indo (1960), que dio a la India los tres afluentes orientales (el Sutlesh, el Ravi y el Beas) y a Pakistán los tres ríos occidentales (el Indo, el Jhelum y el Chenab). Pero debido a la escasez de agua, Pakistán ha protestado recientemente contra la construcción de presas en la parte india del río (en la Cachemira administrada por India), que restringen el suministro de agua a Pakistán y reducen el caudal del río. India, por su parte, se defiende diciendo que esos proyectos están contemplados en el Tratado; aún así, las tensiones no parecen disminuir. Por ello, Pakistán ha pedido al Banco Mundial el nombramiento del presidente de un tribunal internacional de arbitraje, para poder solucionar dicho conflicto. Este problema por las reservas hídricas es el núcleo del enfrentamiento en Cachemira: sin un adecuado suministro, Pakistán no tardaría mucho en convertirse en un desierto. 

En Asia también existe la disputa sobre el río Mekong, que atraviesa Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia. Este conflicto gira alrededor de la construcción de presas por parte de diversos países, así como la explotación de los recursos proporcionados por el río Mekong. Está planeada la construcción de 11 presas a lo largo del río, que producirían una gran cantidad de electricidad y serían beneficiosas para algunos países, pero a su vez podría amenazar la seguridad alimentaria de millones de personas. Los países afectados (Camboya, Vietnam, Laos y Tailandia) formaron en 1995 la Comisión del Río Mekong (MRC). Esta comisión se formó con el fin de promover el diálogo y fomentar el uso justo y equitativo de las aguas del río. La MRC ha mediado entre países diversas veces; en 2010 por la construcción de una presa por parte de Laos y Tailandia, y la misma situación se dio en 2013. Las conversaciones no han resultado muy eficaces, y se teme por la vida de millones de personas, que podrían ser afectadas en caso de que el conflicto se intensifique.

Se podría resumir la ineficacia de dicho organismo de la siguiente manera: las decisiones sobre la construcción de las presas se toman directamente sin presentarlas a la MRC, y las empresas constructoras presionan de tal manera a los gobiernos, que es muy difícil realizar evaluaciones sobre los impactos medioambientales. Además, al no ser un tratado vinculante, los miembros acaban ignorando sus directrices y prefieren “cooperar” en un sentido amplio. De todos modos, las conversaciones siguen aunque, hoy por hoy, la MRC no parece capaz de asumir el peso de las negociaciones. Esto da al conflicto un futuro incierto y peligroso.

Un tercer foco de roces es el que afecta a la región ex-soviética de Asia Central. Durante la Guerra Fría, estas regiones compartían los recursos de la siguiente manera: las repúblicas con orografía montañosa (Tayikistán y Kirguistán) tenían agua abundante, y la suministraban a las repúblicas río abajo (Kazakstán, Turkmenistán y Uzbekistán) para generar electricidad y regar los cultivos. A su vez, las repúblicas río abajo suministraban gas y carbón a Tayikistán y Kirguistán durante el invierno. Pero al desmoronarse la URSS todo eso cambió y empezó a haber escasez de agua y cortes eléctricos, ya que estos países independientes decidieron dejar de compartir el agua y la energía. Como proclama el think-tank International Crisis Group, “la raíz del problema reside en la desintegración del sistema de compartir fuentes impuesto por la Unión Soviética en la región hasta su colapse en 1991”.

Así, Kirguistán y Tayikistán han decidido construir presas hidroeléctricas en los ríos Syr Darya y Amu Darya para producir su propia energía y enfrentar así los constantes apagones (potencialmente letales en invierno). Esto, por supuesto, limitará el acceso al agua de millones de personas que viven en las otras tres repúblicas, cosa que ha provocado conflictos a pequeña escala. También han abundado las amenazas, como la del presidente uzbeko Islom Karimov, que en 2012 dijo lo siguiente: “Los recursos (provenientes) del agua podrían convertirse en un problema futuro que podría dar lugar a en una escalada de tensiones no solo en nuestra región, sino en todo continente”; además añadió: “No nombraré países concretos, pero todo esto podría deteriorar hasta el punto en que el resultado no solo sería una confrontación, sino las guerras”. A pesar de las amenazas, los proyectos han continuado su camino, y por ello cabe esperar un incremento de la tensión en la región.

El control del Nilo

El río Nilo aparece como fuente de tensión entre diversos países africanos. Para entender la problemática existente, debemos remontarnos más de un siglo atrás. Ya en 1868, Egipto intentó ocupar Etiopía para hacerse con el control del cauce del Nilo. En 1929 se firmaron unos acuerdos durante la época colonial, en los que se repartían las aguas del Nilo. En dichos acuerdos (que se reafirmaron en 1959), Egipto obtenía la mayor parte del agua para su uso, mientras que Sudán obtenía una pequeña parte. Los 9 países restantes de la cuenca del Nilo fueron apartados del tratado. A la vez, se permitía a Egipto construir proyectos en el río Nilo mientras que se prohibía al resto de países ribereños hacer lo mismo sin el permiso de Egipto.

En 1999 se creó la Iniciativa de la Cuenca del Nilo: una comisión encargada de organizar un reparto justo del agua y los recursos del río Nilo. Pero al no tener el efecto esperado, en 2010 se firmó, como consecuencia del reparto desigual de las aguas, el Acuerdo de Entebbe (por Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia, Tanzania y Burundi). Este acuerdo, profundamente discutido por Egipto y Sudán, permite a los países ribereños construir presas y otros proyectos, rompiendo así con las restricciones impuestas por los tratados coloniales. Además, esto ha alterado la balanza en la región, ya que Egipto y Sudán han perdido el monopolio sobre los recursos del Nilo.

Es vital comprender la situación geográfica de estos actores. El Nilo nace en diversos países, y termina pasando por Sudán y Egipto para desembocar en el Mar Mediterráneo. Egipto, concretamente, es un país totalmente dependiente del río Nilo. Recibe más del 90% del agua dulce de este río, y su industria y agricultura necesitan del Nilo para sobrevivir. Hasta hace pocos años y gracias a los tratados coloniales, Egipto había ejercido un monopolio sobre el uso de las aguas; pero desde hace poco, la situación está cambiando.

Por tanto, la confrontación ha surgido básicamente entre Egipto y Etiopía (en donde nace el Nilo Azul). Este último es un país con más de 100 millones de habitantes, que dispuso en 2011 un proyecto de construcción de una presa: la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). Con una inversión de 4.700 millones de dólares, esta presa solucionaría el déficit energético de Etiopía, y llegaría a convertir a este país en exportador neto de electricidad (produciría 6.000 MW al año). El inconveniente es que la presa se nutrirá con agua del Nilo Azul, tributario del río Nilo. El peligro de la evaporación de más de 3 billones de metros cúbicos por año y la reducción del caudal para llenar la reserva podría afectar de una manera catastrófica a Egipto. Además, a los peligros derivados del sobreuso del agua hay que añadir el crecimiento de la población y la demanda de una mejor redistribución del agua entre los países ribereños.

Esta problemática ha traído tensiones entre los dos países: en 2010 se filtró en Wikileaks un correo electrónico proveniente de un alto mando egipcio en el que se afirmaba: “estamos discutiendo cooperación militar con Sudán contra Etiopía, con planes para establecer una base en Sudán para las Fuerzas Especiales Egipcias con vistas a atacar el proyecto GERD”. Egipto también pensó en preparar apoyo a grupos rebeldes proxy en Etiopía, para desestabilizar el gobierno. De todos modos, debemos tener en cuenta que Egipto siempre ha tendido a usar una retórica agresiva hacia toda problemática relacionada con el Nilo (fuente de vida, motor de su economía), pero realmente la nación de los faraones no está en condiciones para lanzar acciones armadas, dado que sus problemas domésticos han desgastado al país, perdiendo así su posición de clara predominancia en la región.

Pero no todo el futuro es tan negro. En marzo del 2015 se firmó en Jartum un acuerdo preliminar entre Egipto, Etiopía y Sudán sobre la presa del Renacimiento y el reparto del agua, en el que se aceptaba el derecho de Etiopía a construir la presa sin dañar el abastecimiento de agua de Egipto y Sudán. Aunque estos dos países están alarmados ante lo que sucederá una vez la reserva empiece a llenarse, este es un primer paso hacia una era de cooperación. El mismo Abdel Fattah el-Sisi (presidente de Egipto) dijo en la convención: “hemos escogido cooperar y confiar entre nosotros, en pro del desarrollo”. Finalmente, en noviembre del mismo año no se pudo aprobar una comisión de análisis independiente para observar las consecuencias de la presa, ya que después de que Sudán acusara a Egipto de usar parte de la cuota sudanesa, se inició una guerra de declaraciones, que puso en peligro la frágil cooperación entre estos países.

Esta cooperación en el ámbito de los recursos hídricos tendrá repercusiones beneficiosas en muchas otras esferas y, aunque no se puede descartar un fracaso de las negociaciones, lo más probable es que gracias a la construcción de la GERD y la cooperación regional, los lazos entre estos países se hagan más fuertes, lo que puede marcar el punto de partida de una nueva época de paz y desarrollo en esta región.

Un caso de cooperación: el Paraná

El Paraná, un río fronterizo y transfronterizo que nace en Brasil y atraviesa Paraguay para desembocar en el río de la Plata, es un ejemplo muy distinto. Su cuenca  está vinculada con el Acuífero Guaraní (una de las mayores reservas de agua del mundo), y eso es una garantía del gran volumen de agua que tiene este río a lo largo del año. Por eso, se han ido construyendo muchas centrales hidroeléctricas, aprovechando los saltos de agua y también los rápidos. Por otro lado, la importancia de este río a nivel político y económico es clave; el Paraná y la Cuenca de la Plata alimentan la zona más industrializada y poblada de América del Sur. Es por ello, que la cooperación ha sido especialmente importante.

La represa del Itaipú (la segunda más grande del mundo y primera en producción mundial) es una represa binacional, construida por Paraguay y Brasil. Fue el resultado de intensas negociaciones (no siempre fáciles), y ahora produce de promedio 90 millones de MWh (megavatio-hora) al año. Aún así, no siempre hubo concordia entre Paraguay y Brasil: en 1872 empezaron unas disputas sobre las fronteras. Después de muchos acuerdos inservibles, se acordó inundar los territorios disputados y crear una represa hidroeléctrica. Las reticencias que la iniciativa levantó en Argentina, porque la regulación afectaba al caudal que, aguas abajo, seguiría hasta el Río de la Plata, quedaron resultas en un pacto a tres bandas en 1979. En 1984 entró en funcionamiento la represa. Hoy está administrada por la Entidad Binacional Itaipú, una empresa público-privada entre Paraguay y Brasil, y suministra más del 16% de la energía total que se consume en Brasil, y más del 75% de la que se consume en Paraguay. A pesar de que el impacto medioambiental fue grande, Itaipú ha promovido campañas para mantener reservas biológicas y proteger la fauna y flora. Además, ha reforestado grandes áreas en los alrededores del embalse, y vela por la calidad del agua.

Este es un claro ejemplo de los beneficios que puede aportar un uso razonable y compartido entre países que deciden cooperar. Así, los países que son parte en algunas de las controversias actuales deberían fijarse en estos ejemplos de comportamiento que, sin ser perfectos, se puede aprender mucho de ellos.

Aunque el agua puede ser el origen disputas entre pueblos y naciones (como los casos citados), también ofrece oportunidades muy ventajosas (lo ocurrido en el río Paraná o el Nilo) para los países que consiguen cooperar. Esta cooperación, iniciada para evitar conflictos por el agua, puede llevar a nuevas etapas de armonía y robustecer las relaciones comerciales, políticas y de seguridad. Es clave, entonces, mostrar cómo una actitud de predisposición a negociar y cooperar tendrá siempre consecuencias positivas para los países que comparten caudales de ríos.

[Michael Reid, Forgotten Continent: A History of the New Latin America. Yale University Press, New Haven, 2017. 425 pages]

RESEÑA / María F. Zambrano

La historia reciente de Latinoamérica tiene mucho de progreso, aunque en ocasiones solo trasciendan algunos pasos atrás. A los importantes cambios ocurridos desde la década de 1980, cuando la región abrazó la democracia, comenzó a superar el proteccionismo económico y domó el problema de la inflación, se ha sumado más recientemente una etapa de aceleración económica –la conocida como década dorada, debida al boom de las materias primas– que entre 2002 y 2012 ha supuesto un notable impulso social: 60 millones de personas escaparon en esos años de la pobreza, de forma que, aunque siguen existiendo grandes desigualdades, al menos la clase media se extiende ya al 50% de la población. Eso ha generado sociedades mejor educadas, que han reconocido la primacía del derecho sobre el paternalismo del caudillo. Pero los cuantiosos ingresos que muchos estados obtuvieron en esa década de oro también condujeron a cursos negativos.

Este optimismo moderado sobre Latinoamérica –sin ignorar las dificultades, pero sin desconocer tampoco los avances–, es el que transmite el libro Forgotten Continent: A History of the New Latin America, de Michael Reid, editor de América Latina en The Economist, donde escribe la columna Bello. Corresponsal durante casi 35 años en la región, en la que ha vivido la mayor parte de este tiempo, Reid es una de las voces con mejor conocimiento sobre la múltiple realidad continental. Fruto de esa experiencia personal es Forgotten Continent, que Reid publicó en 2007 (entonces con el subtítulo de “La batalla por el alma de Latinoamérica”) y que ahora ofrece de nuevo en una edición revisada y actualizada, con amplios cambios respecto a la primera versión.

¿Qué es lo que ha ocurrido en Latinoamérica en estos diez años para que Reid haya visto la necesidad de una nueva presentación de su libro? Aunque hay diversos elementos, como el fin del boom de las materias primas, que ha traído dificultades económicas a algunos países, y ciertos cambios de orientación política (Kirschner por Macri, o Temer por Rousseff), quizá lo más notorio es que, en términos democráticos, Latinoamérica se ve hoy con menos esperanza que una década atrás. Hace diez años, el nuevo populismo de izquierda podía parecer un mero paréntesis en la progresiva consolidación democrática de las sociedades latinoamericanas; hoy ciertamente el bolivarianismo ya ha dado muestras de fracaso, pero puede tener mayor continuidad de la esperada al insertarse con la corriente de populismo de diverso género que aflora en muchos otros lugares del mundo.

Reid constata la fallida senda emprendida por Chávez, seguida también por otros dirigentes vecinos del mismo corte: “Hay lecciones para la región en el catastrófico fracaso del chavismo. Un accidente en la historia –la subida del precio del petróleo de 2001 en adelante– dio durante un tiempo espuria plausibilidad en algunos lugares a un curso alternativo al que los latinoamericanos parecía haber dado la espalda no hacía mucho tiempo. La 'alternativa bolivariana' estaba basada en premisas erróneas (...) En su encantamiento con el bolivarianismo y la renovada consideración por Cuba, mucha de la izquierda olvidó las permanentes lecciones del final de la Guerra Fría: que la planificación central había fracasado y que el comunismo era tiranía, no liberación”. En cualquier caso, la experiencia bolivariana ha demostrado que Latinoamérica no entró al final de sus dictaduras militares en una era de democracia asegurada, como ahora vemos que tampoco lo hizo el resto del mundo con la caída del muro de Berlín, a pesar de la percepción de entonces. El riesgo en la región quizá sea mayor, debido a la persistencia de fuertes diferencias sociales: como dice Reid, el chavismo es “otro recordatorio de que la extrema desigualdad ofrece tierra fértil al populismo”.

Retos por delante

En una era post-Chávez y post-boom del precio de las commodities, Latinoamérica afronta una serie de retos, que ciertamente vienen de atrás pero que en algunos casos revisten mayor urgencia. El doble objetivo de alcanzar instituciones fuertes y un desarrollo económico y sostenible pasa por resolver desafíos importantes, entre los que Reid destaca varios.

Uno de ellos es el de la seguridad. El crimen y la violencia se han convertido en una epidemia. En 2013, ocho de los diez países y 42 de las 50 ciudades con mayor violencia del mundo, fuera de escenarios de guerra, estaban en la región. Reid apunta la necesidad de control territorial por parte de las fuerzas armadas, la profesionalización de los cuerpos policiales, una cooperación más estrecha entre la policía y los jueces y una clara rendición de cuentas de esas de esas instancias ante la sociedad.

Otro reto es la consolidación de la nueva clase media. Hay avances en la educación primaria y secundaria, pero la preparación tanto de alumnos como de profesores queda muy por debajo de sus pares de países desarrollados. En el informe PISA de 2015, los alumnos latinoamericanos de 15 años se encontraba en el tercio inferior de la clasificación mundial. Si la situación no evoluciona favorablemente con un incremento de la calidad de la enseñanza pública, advierte Reid, las entidades privadas pasarían a ser la primera alternativa del nuevo estrato social, que se sometería incluso a endeudamientos sin garantías de calidad. Es un fenómeno que también se da en la atención sanitaria.

En la lucha contra la desigualdad social muchos gobiernos han promovido diversas fórmulas de Transferencia Condicionada de Recursos (TCR), que son programas de asistencia social que persiguen elevar estándares de actitudes, como la matriculación escolar de niños, a cambio de subsidios. Algunos programas han contribuido acertadamente al desarrollo social, pero en muchos casos transfieren recursos sin lograr avances a largo plazo, amén de convertirse en ciertos países en un claro cultivo de un voto cautivo. Al tener dos sistemas de seguridad social paralelos, el gobierno está gravando al sector formal, mientras que subsidia al sector informal.

Esperanza

Para superar esos retos, Forgotten Continent plantea la necesidad de avanzar en la integración regional, la diversificación de la economía y la superación de los dogmatismos políticos. Así, una verdadera integración regional permitiría una competencia que estimulara economías de escala y cadenas de suministro regionales. Para superar, al menos en parte, las barreras naturales que dificultan esa integración, es necesaria una inversión real en infraestructuras que vaya más allá del actual 3% del PIB.

Las materias primas seguirán siendo un motor económico importante de la región, pero no debieran ser el único. La producción agrícola debiera aportar un valor añadido, derivado de la aplicación de tecnologías innovadoras, como los avances que está habiendo en Argentina y Brasil con la “siembra directa” y “agricultura de precisión”. Para eso se requiere un aumento de la inversión en investigación y desarrollo, que hoy es solo un 0,5% del PIB. Latinoamérica también cuenta con múltiples recursos naturales que son propicios para el del desarrollo del turismo, o la expansión de industrias manufactureras.

El autor plantea romper con el debate histórico entre el libre mercado sin restricciones y el proteccionismo, y dejar de alimentar la cultura corporativista de ver el poder como un patrimonio personal. «Para llegar ahí se requiere un nuevo tipo de política: frente a la polarización y confrontación ofrecida por populistas (y a veces por sus oponentes), Latinoamérica necesita construcción de consensos, donde el estado, el sector privado y la sociedad civil trabajen juntos para fijar metas a medio plazo y responsabilicen al gobierno de su cumplimiento”.

Estos elementos propositivos de Reid llegan al final de un libro que sobre todo es una descripción del alma de América Latina. Se trata de un continente que no ha sido lo suficientemente pobre, ni peligroso, ni ha crecido lo suficientemente rápido económicamente, como para atraer la mirada internacional. De ahí el título del libro. Este comienza exponiendo las dificultades estructurales, geográficas y culturales que ha tenido que afrontar la región en su intento de establecer democracias duraderas y superar sus desequilibrios. Continúa con un análisis de los ciclos políticos y económicos, desde las independencias hasta las últimas dictaduras. Y finalmente concluye con un diagnóstico. Aunque los problemas de Latinoamérica ya estaban bien diagnosticados en la primera edición, hace diez años, es en esta parte final del libro donde el autor ha cambiado más páginas. Su conclusión no varía mucho, pero el tono es ligeramente más sombrío; no obstante, Reid prefiere terminar el relato con la misma cita esperanzadora del liberal argentino Bautista Alberdi: “Las naciones, como los hombres, no tienen alas; hacen sus viajes a pie, paso a paso”.

ESSAY / Martín Villegas Jordán

The concept of humanity is a contemporary idea that took shape just recently. Many say that it took place after the conference of Yalta in 1945[1]. In other words, this concept was beginning to be conceived by one of the three leaders that shaped today’s world, U.S. President Franklin D. Roosevelt. During the conference, the three big leaders of the world, who at the time were British Prime Minister Winston Churchill, Soviet Premier Joseph Stalin, and U.S. President Roosevelt[2], came to an agreement (mostly encouraged by Roosevelt) that would eventually give birth to the United Nations. Now it’s vital to know that this intergovernmental organization is intricately composed of the idea of a global union.

Moreover, the concept of a global union, of the United Nations, embodies the idea of humanity as universal. It encompasses the idea of humanity as a composition of every existing nation. In short, humanity eventually becomes the nation for all human beings, a nation of nations. And this is where Mr. Roosevelt plays a relevant role when he said: “A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh strength to our people”[3].

It’s possible, then to say that the previous century was the time when global issues were given the attention that they deserved. For instance, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) marks 407.62 parts per million of carbon dioxide of earth and 0.99 degrees Celsius for the temperature anomaly of 2016 (denoting that year as one of the sixteen warmest years since 2001)[4].

Besides, humanity faces dramatic gaps in temperature. Take a look, for instance, at Oymyakon, Russia, where the temperature is normally around negative fifty-four degrees Celsius[5]. Now, looking at the Sahara desert, it’s inhabitants face temperatures of fifty-nine degrees Celsius or more.

Moreover, climate change becomes a more pressing matter when looking at two reports of the NASA. On the first hand, the one titled “November of 2017 was the third warmest November on record” states: “The last three Novembers — 2015, 2016, and 2017 — are the three warmest in the entire modern record.”[6]. On the other hand, the one titled “Greenland melt speeds East Coast sea level rise” states the following: “the Greenland and Antarctic influence alone would account for an increase in the rate of sea level rise on the East Coast of 0.0016 to 0.0059 inches (0.04 to 0.15 millimeters) each year, varying by location. That’s equivalent to 7.8 inches (0.2 meters) of sea-level rise on the northern East Coast over the next century, and 2.5 feet (0.75 meters) in the south, though the estimates are quantitative and not an attempt at an actual projection”[7].

Still, having such a clear evidence of climate change, it is true that legislators choose to deny this, which actually ends up convincing people. This is evident, for example, when analyzing the politics of the current President of the U.S., Donald Trump. For instance, during his campaign (when addressing the mining community) he said: “If I take hairspray, and I spread it in my apartment, which is all sealed, you are telling me that affects the ozone layer. I say “no way folks” (…) that is like all of the rules and regulations you people have in mines”[8].

What is also true about this blind humanity is that the many pronunciations of the United States’ president have a strong pull towards decisions that countries in Mesoamerica and South America take. Take Colombia, for instance. Now, this country had banned the eradication of illicit cultivations of drugs by aspartame but president Trump has been insisting and pushing for this harmful way for the environment and for humans that can possibly live by the crops[9]. Furthermore, it can be said that pressure from the North American country has not been light in the rest of Latin America.

Summing up, it is clear that America is clearly in need of renewable energy sources no matter what the political discourse states. Specifically, America is in need of “those sources of energy obtained from natural means that are renewable and susceptible to indefinite use”[10]. Take, for instance, countries like Brazil, Mexico and Argentina, which are called to be the future in the study of sustainability due to their “geographical and climatological conditions, which make Latin America one of the regions that pose high potential from renewable energy sources”[11]. Furthermore, these countries are pioneer in the ambits of wind, hydropower, and large-scale soy growing, which makes them subject to the advantages that the implementation of renewable energy poses. In fact, experts Emma Mendoza and Vadim Pérez at the University of Chile insist on these advantages being: (1) the potential for creating almost six times of what global consumption is today (2) the production being national (3) the de-centralized consumption, meaning that energy is consumed in the place where it is produced and there is no necessity to export (4) the hygiene of the obtained energy, meaning that there are no significantly harmful remnants (5) and the inversion in high tech industry[12].

In fact, in America there has been an exponential growth in the implementation of renewable energy projects since the implementation of the Paris 2015 accords on Climate Change. Such growth though, is directly proportional with the increments in federal or particular centralized companies with strong governmental support [13].

In Latin America the three pillars in the ambit of sustainability are the eolian industry, the hydroelectric industry, and the industry of the monocultures[14]. Of the countries previously mentioned, for example, Brazil and Mexico specialize in the eolian industry, Brazil also plays an important role in hydropower development, and Argentina leads the large scale soy growing. It is of vast importance though, to previously mention the fact that the development of renewable energies is not the only factor that is taken into account when analyzing the socio-scientific field of sustainable energies. Then, in addition to the plain development of these energies, the social movements that emerge in response to the expansion of these industries play a key role for the future of sustainable energies in the world.

It is interesting to look at each of the fields with important developments in America. Firstly, taking a close look at how the wind power is transformed in renewable energy and the toll that it has within a socio-economic sphere. Now, this type of energy is the least efficient between the three types analyzed in this paper because it has the least impact on the environment and on society. However, the two countries that contribute primarily are Brazil and Mexico, respectively, with a generation of 256 MW and 88 MW[15]. Mainly, the power generated in each country is based upon eolian parks built on the appropriate territories. For example, Brazil’s main park is found in the municipality of Osório and it includes three projects that sum a generation potential of 150 MW. Unfortunately, the social outcome of eolian implementation has been negative. Experts Mendoza and Pérez state that the probable origin for the social unrest is the government for ignoring the process of negotiation between enterprises and local habitants. Also, the clean energy enterprises are paying only 1.5% of the incomes to the landowners that put their terrains for the disposition of these enterprises. Besides, other social unrest is the co-ownership of most of the terrains, presenting more negotiation difficulties between enterprises and landowners.  In short, the main opponents (via judicial demands) in Mexico are: “la Union de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo” and “los centros de Derechos Humanos Topeyec y Gubiña”[16]. As if there was not enough opposition already, these denunciators even claim that some of the acts committed by the enterprises are unconstitutional. 

Secondly, it is important to look at hydroelectric power principally developed in Brazil because hydroelectricity is the principal source of electricity generation in Latin America. For example, Brazil’s hydroelectric power in 2006 accounted for 60% of the total of electricity generated. Furthermore, hydroelectricity can be developed under low costs of operation and high efficacy. It is also important to look at hydroelectric power in Brazil as a pioneer due to the first efforts of implementation that have been present in the country since 1970.

Thirdly, the large-scale soy production can also be considered as a renewable energy source.