▲ Miembros de las Fuerzas Armadas habilitando un pabellón de Ifema para el tratamiento del Covid-19 [Defensa]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia*

La declaración por el Gobierno español del estado de alarma el pasado 15 de marzo como instrumento para luchar contra la expansión del COVID 19 ha traído consigo la no muy usual imagen de soldados de las Fuerzas Armadas (FAS) operando en las principales ciudades y vías de toda España para cooperar en la lucha contra el virus.

Para la mayor parte de los españoles, la presencia de unidades militares desarrollando sus misiones en la vía pública es una rareza a la que no están acostumbrados, excepción hecha de la relativamente frecuente actividad de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en apoyo a la sociedad civil, bien conocida por un público que, en general, la valora de forma muy positiva.

Fuera de estas actuaciones, puede decirse que la estampa de soldados uniformados trabajando directamente cara al público no es habitual. Este tipo de apoyos no es, sin embargo, una novedad, y responde a una larga tradición de asistencia social prestada por la institución militar a sus conciudadanos cuando se la ha reclamado.

Varios elementos en nuestra historia reciente han coadyuvado a producir lo que parece un cierto distanciamiento entre los españoles y sus FAS. Entre ellos, se encuentran algunos como el giro que experimentaron las misiones de las Fuerzas Armadas hacia el exterior con el alumbramiento del régimen democrático en 1975; los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA, que llevaron a los soldados de España a ocultar al público su condición militar para salvaguardar su seguridad; la progresiva reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, que eliminó muchas de las guarniciones provinciales que mantenían los Ejércitos; o el fin de servicio militar, que terminó por convertir a las Fuerzas Armadas en unas desconocidas para sus ciudadanos.

Ese alejamiento, si es que ha existido o existe, ha sido de una sola dirección pues, incluso en los momentos en que la institución militar haya podido ser más ignorada, los soldados se han mantenido unidos a sus conciudadanos, de los que proceden, y a los que sirven, apoyándoles en las situaciones más difíciles. Numerosos ejemplos dan testimonio del largo historial de servicio de los Ejércitos a la ciudadanía. Para corroborar esa afirmación basta citar casos como el del apoyo militar en las inundaciones que sufrió Valencia en 1957; el de la Operación “Alazán”, ejecutada en 1981 en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo etarra, impermeabilizando la frontera franco-española; el de la Operación “Centinela Gallego” en la que, desde hace años, unidades del Ejército de Tierra vigilan los montes de Galicia para prevenir incendios forestales; el de la lucha contra la extensión del camalote en el Río Guadiana; o el del tendido de puentes móviles en numerosas localidades del territorio nacional, como Montblanc, para restaurar las comunicaciones después de que fenómenos meteorológicos violentos las hubieran interrumpido.

En esta ocasión, ha sido la declaración del estado de alarma la que ha traído a las Fuerzas Armadas a la primera línea de la atención del público. Por lo novedoso de esta intervención, parece conveniente, en este punto, hacer una referencia al fundamento que sostiene la decisión de empleo del instrumento militar, y dar a conocer qué puede esperarse y no de la actuación de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones.

La pandemia de coronavirus muestra bien a las claras la realidad de que los desafíos de seguridad a los que deben enfrentarse las sociedades modernas necesitan de una respuesta multidisciplinar, cooperativa, en la que participen todas las fuerzas de la sociedad aportando sus capacidades peculiares para producir la sinergia que la solución de una crisis demanda. Las Fuerzas Armadas no pueden permanecer ajenas a ese esfuerzo, y deben actuar en pie de igualdad con otros actores, públicos y privados. A veces, cuando la crisis sea de naturaleza militar, lo harán liderando el esfuerzo; otras, les corresponderá asumir una función de apoyo a otros agentes, que llevarán a cabo sin buscar ningún tipo de protagonismo.

En el caso concreto de esta crisis, la contribución de las Fuerzas Armadas al esfuerzo desplegando medios responde, no meramente a una intención de plasmar gráficamente esta realidad, sino también al reconocimiento de que la crisis va a ser larga, de que va a demandar el concurso de todos, y de que la solución hace necesaria la contribución de medios más allá de los ordinarios.

La misión principal de las Fuerzas Armadas es la defensa militar de España contra amenazas exteriores. De esta misión se derivan su organización, su preparación, sus dimensiones, y el equipo y armamento que las dota, optimizados, dentro de las posibilidades de los recursos humanos y materiales de la Nación, y de acuerdo con la voluntad de los españoles, para responder a las exigencias de esta misión, que constituye su verdadera razón de ser [1].

Lo anterior no obsta para que los Ejércitos puedan y deban cumplir otras misiones, que ejecutarán dentro de lo que sus capacidades les permitan. De hecho. desde el punto de vista legal, la participación militar en la crisis del coronavirus es razonable si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, una de las misiones de los Ejércitos es la de “preservar, junto con las instituciones el Estado y las Administraciones Públicas, la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente” [2].

El Real Decreto de declaración del estado de alarma no ofrece dudas respecto de la intención del legislador de involucrar a las Fuerzas Armadas en la resolución de la crisis pues constituye, en su Artículo 4, a la Ministra de Defensa como una de las autoridades competentes delegadas por el Presidente del Gobierno para la gestión coordinada de la misma, y porque faculta a dichas autoridades, específica y explícitamente, para requerir la actuación de las Fuerzas Armadas en cometidos que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el decreto [3].

En virtud de lo previsto en la Ley de la Carrera Militar, al declararse el estado de alarma, los miembros de las Fuerzas Armadas son investidos como “agentes de la autoridad” en lo que se refiere a los cometidos previstos en el decreto de declaración, lo que les acerca a funciones de tipo policial. Concretamente, y de acuerdo con el Artículo 5.2. del decreto, esta condición les faculta para “practicar comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas”. Para ello, “podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo”.

Definido el marco legal de actuación, debe también considerarse que el empleo de las Fuerzas Armadas requiere una mínima familiarización con la organización militar, así como con sus capacidades y limitaciones. Si bien es cierto que las FAS ofrecen una amplia gama de posibilidades de actuación, es preciso ser consciente de que hay cometidos para los que no están capacitados, y de que el uso de estas capacidades debe atenerse a sus posibilidades y procedimientos específicos de empleo.

Esta realidad, junto con la imperiosa necesidad de que el empleo de medios militares se haga de una forma coordinada con todos los actores involucrados en la resolución de la crisis, justifica la presencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) –quien, además, es el asesor del Presidente del Gobierno y de la Ministra de Defensa en materia operativa– en el Comité se Situación que el Real Decreto de declaración del estado de alarma ha constituido en apoyo al Gobierno.

La primera y más importante capacidad con la que la institución militar contribuye a la resolución de la crisis es la que reside en las personas que en ella sirven de uniforme. Las Fuerzas Armadas ponen a disposición de la Nación, no sólo la potencia que le da el número de sus miembros sino, por encima de ello, la fuerza imponderable de sus valores, puestos al servicio del bien común: la entrega generosa, el espíritu de sacrificio, el trabajo en equipo, el sentido del deber, y tantos otros que tan necesarios se revelan en momentos como este, y que hace que puedan confiarse a las FAS aquellas misiones que entrañen más riesgo y fatiga, en la seguridad de que estas harán lo posible por cumplirlas.

En el terreno de lo no cuantificable, entra también la nada despreciable capacidad de planeamiento de operaciones que las Fuerzas Armadas tienen a todos los niveles, desde el estratégico hasta el táctico, pasando por el operacional. Los Estados Mayores de los tres Ejércitos, y los de sus unidades subordinadas, atesoran en este sentido un enorme potencial de organización, coordinación y planificación de operaciones complejas que resulta, si se recurre a él, de gran utilidad.

La diversidad y versatilidad de una gran parte de los medios materiales de las Fuerzas Armadas las hace particularmente útiles en circunstancias como la actual. Entre el catálogo de posibilidades se cuentan algunas tan variadas como el transporte, tanto de personal como equipo, suministros, mercancía, material, o cualquier artículo urgente o de primera necesidad, a cualquier distancia y por vía aérea, marítima, o terrestre, especialmente si ha de hacerse a lugares remotos o difícilmente accesibles; el apoyo a la construcción de alojamientos, hospitales, o a cualquier otra instalación con los medios de castrametación de los Ingenieros del Ejército de Tierra, quienes también pueden llevar a cabo trabajos especializados para mejorar las comunicaciones, o para asegurar el suministro de agua, electricidad, u otro servicio; el apoyo sanitario y epidemiológico a la población civil con personal especializado –tanto médicos como enfermeros–; la asistencia en la distribución e, incluso, confección de alimentos para grandes colectivos; la ejecución de tareas de seguridad y protección a instalaciones esenciales o consideradas especialmente sensibles, como centrales de producción y distribución de energía; la vigilancia y control del cumplimiento de los términos del estado de alarma por tierra, mar, y aire, sea con personal, o con medios convencionales o remotamente tripulados; el apoyo a operaciones de desinfección de grandes superficies; la producción de medicamentos o medios de protección sanitaria; el apoyo en comunicaciones; la prestación de servicios esenciales como el control del espacio aéreo, o el transporte público interurbano o en el interior de las principales ciudades; etc. La lista podría extenderse casi ad infinitum.

La constatación de la enorme cantidad de apoyos posibles, junto con la propia magnitud de la pandemia, y la consideración del hecho de que las capacidades militares están dimensionadas para satisfacer las necesidades derivadas de los escenarios operativos más probables, y no para un escenario de apoyo masivo como el que ahora confrontamos, sugieren que, en este caso, las necesidades superan ampliamente las posibilidades de las Fuerzas Armadas y que, sin una planificación correcta, la institución podría verse consumida totalmente en el desarrollo de estas nobles tareas.

Lo anterior sería muy loable, pero anclaría toda la capacidad de Defensa Nacional en un cometido distinto al de la defensa militar de España, incapacitando a los Ejércitos para hacer frente a los cometidos que, es razonable argumentar, constituyen la razón de ser de los Ejércitos, y que deben seguir atendidos, incluso en medio de una pandemia. Más allá de ello, también serían incapaces de sostener los esfuerzos operativos que el Gobierno ha decido que las Fuerzas Armadas lleven a cabo en el exterior, algunos de los cuales podrían verse reconsiderados.

Las limitaciones anteriores aconsejan dosificar el esfuerzo que se pida a las FAS –también porque deben de sostenerlo en un período de tiempo que se antoja largo–, que debe prestarse con un criterio selectivo, actuando las Fuerzas Armadas en aplicación del principio de subsidiariedad, cuando no haya agencias civiles, públicas y privadas, capaces de prestar el apoyo, o cuando éste revista un carácter de riesgo, peligrosidad, o penosidad que aconseje el empleo de recursos militares.

A excepción de la UME, las Fuerzas Armadas no están equipadas, organizadas, ni entrenadas, específicamente, para el tipo de cometidos propios de una emergencia como la actual. En algunos casos, las capacidades militares son de aplicación directa en una situación como la del coronavirus. En otros, sin embargo, la prestación del apoyo no puede ser inmediata y requiere un período mínimo de adaptación, reprogramación, y adiestramiento que garantice la aplicación de las capacidades militares de una forma adecuada a la naturaleza de un entorno operativo con el que el soldado puede no estar familiarizado. Por poner un ejemplo, no es conveniente emplear, sin más, una unidad adiestrada para el combate de alta intensidad en cometidos de apoyo en emergencia o humanitario sin antes haber efectuado esa transición [4].

En ese tiempo de adaptación, es necesario siempre incluir el tiempo de respuesta con que deben contar las unidades entre misiones para recuperarse, reorganizarse, mantener el material en condiciones operativas. completar los recursos consumidos, planear la nueva misión, desplazarse entre escenarios de empleo, etc. Aunque estén en una situación de alta disponibilidad y su tiempo de respuesta se reduzca al mínimo, éste nunca será igual a cero si ya han sido empleadas.

El empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de cometidos ha de hacerse siempre con un criterio de estricta temporalidad. Si esto no sucede así y los Ejércitos se perpetúan en sus misiones de apoyo a la población civil, cabe la posibilidad de que estos vayan expandiendo progresivamente sus cometidos, atrofiando el desarrollo de agencias civiles que pudieran y debieran realizarlos preferentemente, y convirtiéndose en su competidor; de que puedan, de paso, llegar a desatender sus cometidos fundamentales –hasta el punto de reorganizarse, equiparse, y adiestrarse únicamente para su dimensión de apoyo civil–; y de que comprometan la neutralidad y el carácter de servidores desinteresados que los ciudadanos demandan de sus Fuerzas Armadas y que tanto aprecian de ellas. En cuanto la situación lo permita, las Fuerzas Armadas, a excepción de la UME, se entiende, deben regresar a su marco habitual de actuación.

Ese momento aún no ha llegado. El final de la crisis aún no se vislumbra, y los españoles debemos estar preparados para una larga batalla contra el COVID 19. En esta lucha, los ciudadanos pueden estar convencidos de que sus Fuerzas Armadas, y todos los que las componen, estarán a su lado, atendiendo a sus necesidades, compartiendo las mismas penalidades, participando de su duelo. Cuando el virus haya sido vencido, se alegrarán con ellos y, en silencio, volverán con naturalidad a sus cometidos, sin esperar un aplauso, con la íntima satisfacción de haber cumplido con su deber sirviendo a sus compatriotas.

* General de Brigada (R)

[1] Excepción a esto es la UME, unidad especialmente organizada para llevar a cabo cometidos en apoyo a la población civil.

[2] Una cuestión al margen de este trabajo, y que sería objeto de un análisis más profundo, es la de que la citada Ley Orgánica 5/2005 introduce un cambio, ampliándolas, de las misiones constitucionales que el Artículo 8 de la Carta Magna impone a las Fuerzas Armadas.

[3] Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

[4] Piénsese, por ejemplo, en las diferencias existentes entre prestar un servicio de protección de instalaciones en Zona de Operaciones, en un ambiente que puede ser hostil, y que está sujeto a unas ciertas Reglas de Enfrentamiento (ROE), y prestarlo en una central nuclear en Territorio Nacional en una circunstancia como la actual. Como es fácilmente comprensible, la respuesta no puede ser la misma, y emplear en lo segundo a un individuo entrenado para lo primero, demanda una cierta adaptación.

▲ Vista nocturna de Shanghái [Pixabay]

COMENTARIO / Jimena Puga

La nueva Ley china sobre inversión extranjera, que entró en vigor el 1 de enero de 2020, tiene como principal objetivo acelerar las reformas de política económica del país para abrir el mercado interior y eliminar trabas y contradicciones de la ley anterior. Tal y como ha comunicado el presidente de la Republica Popular, la nueva norma pretende construir un mercado basado en la estabilidad, la transparencia, la previsibilidad y la competencia leal para los inversores extranjeros. Además, las autoridades chinas aseguran que esta nueva ley representa una parte fundamental de la política del Estado para abrirse al mundo y atraer una mayor cantidad de inversión extranjera directa.

El borrador de la norma, redactado en 2015, creó altas expectativas entre los reformistas chinos y los inversores extranjeros sobre un cambio en el régimen de la política de inversiones extranjeras del país. Y su publicación en 2019, año al final del cual el presidente de Estados Unidos y el de la Republica Popular acordaron un paréntesis en la guerra comercial de la que ambos son protagonistas, significó un avance en este cambio.

No obstante, la realidad es distinta. La postura de Pekín en cuanto a la inversión extranjera sigue siendo significativamente diferente en comparación con la concepción de inversión existente en la arena internacional, pero parte del sector reformista de la sociedad sabe que el gobierno no puede permitirse dejar pasar la oportunidad de mejora tras la paulatina ralentización de la inversión nacional en el mercado chino en la última década.

Por el contrario, y teniendo en cuenta la imagen que el Imperio del Centro ha querido proyectar al mundo desde la apertura del régimen, podría pensarse que el presidente Xi Jinping y los líderes del Partido Comunista habrían aprovechado la oportunidad de dar un lavado de cara a una nueva política que, en comparación con la laberíntica y anterior ley, sería sistemática y percibida de manera más amable por los países inversores, como medio para revivir los decrecientes índices de progreso económico. El nuevo acercamiento de la potencia asiática al libre mercado es, por tanto, una cortina de humo sustentada en el establecimiento de protocolos que definen vagamente los límites de los derechos de los que gozan los inversores extranjeros.

Como complemento al contenido de la ley de inversión extranjera, la regulación destaca su promoción y protección y detalla las medidas necesarias para asegurar su efectiva implementación. Esta promueve la inversión por la vía de protección de los derechos e intereses de los inversores, normalizando la administración de la inversión extranjera, mejorando el entorno de los establecimientos mercantiles, así como fomentando el avance de la apertura del mercado con un mayor alcance.

En concreto, el precepto estipula que las empresas de inversión extranjera gozarán de las mismas políticas favorables que las compañías domésticas. Además, detalla las medidas para proteger los negocios de forma confidencial y mejorar el mecanismo para la presentación de sugerencias de las firmas extranjeras a las autoridades.

También recoge y clarifica la implementación de un mecanismo de listas negativas de acceso a inversión extranjera y detalla el sistema de registro y notificación de este tipo de inversiones. Por ultimo, regula también las políticas de inversión para empresas establecidas en Hong Kong, Macao y Taiwán, y las responsabilidades legales para las violaciones de esta regulación.

Desde el plano estrictamente jurídico, el artículo 2 del precepto define el concepto de inversión extranjera como “actividad de invertir de forma directa o indirecta llevada a cabo por personas naturales, empresas u otras organizaciones extranjeras”, y además contempla cuatro circunstancias que se consideran parte de este tipo de inversión:

• Quien establece una empresa en el territorio chino tanto solo como con otro inversor

• Quien adquiere participaciones, acciones… u otros derechos e intereses de una empresa en el territorio chino

• Quien invierte en cualquier proyecto nuevo en China, tanto solo como con otro inversor

• Quien invierte en cualquier otro modo estipulado por ley, reglamentos administrativos o provisiones del Consejo de Estado

Con el término “empresa de inversión extranjera”, se refiere a una empresa incorporada al territorio chino bajo la ley de China y con toda o parte de su inversión financiada de un inversor extranjero.

No obstante, y tal y como se menciona anteriormente, a pesar de las importantes innovaciones de esta ley, todavía quedan muchas preguntas sin responder. Por ejemplo, no especifica qué es la inversión indirecta. Tampoco especifica el alcance de “persona natural extranjera”: ¿qué ocurre con los chinos que adquieren otra nacionalidad? ¿y con los extranjeros que adquieren la ciudadanía china? Además, el legislador tampoco clarifica si la inversión proveniente de Hong Kong, Macao o Taiwán será considerada inversión extranjera.

Los artículos 4 y 28 de la nueva ley establecen que China adoptará el sistema de gestión del pre-establecimiento de tratamiento nacional (principio que garantiza a los inversores extranjeros y a sus inversiones acceso a los mercados sin desventajas, y por tanto en las mismas condiciones que los nacionales). Y el sistema de la Lista Negativa para la inversión extranjera, el cual consiste en medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a determinados campos. Es decir, el gobierno tratará como nacionales a todas aquellas inversiones extranjeras fuera de la Lista Negativa.

Este sistema de Lista Negativa fue probado por primera vez en la ZEE de Shanghái y expandido por el país en 2018. Tanto el artículo 4 como el 28 clarifican que la nueva Lista Negativa será promulgada previo acuerdo del Consejo de Estado. Lo cual supone que ni los ministros ni los gobiernos locales podrán establecer restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué falta? Si los inversores quieren acceder a los sectores restringidos bajo la Lista Negativa, deben recibir autorización del Ministerio de Comercio, trámite que el legislador no recoge en la normativa.

Por otro lado, los artículos 34 y 37 de la nueva ley establecen el sistema de comunicación sobre el establecimiento de nuevas inversiones para la gestión y organización de las mismas.

De acuerdo con esos puntos, los inversores extranjeros están obligados a comunicar toda información relevante al departamento de comercio regulado por la Empresa de Sistema de Registro o la Empresa de Sistema de Publicidad de Información Crediticia. En estos artículos se recogen también las penalizaciones por incumplimiento. Pero una vez más, en este campo faltan requisitos de forma en cuanto a cómo y qué contenido se requiere para la comunicación de la información al departamento de comercio.

Este nuevo giro en la política económica se traduce, una vez más, en una estrategia mediante la cual Pekín pretende proyectarse en el panorama internacional como potencia económica poderosa e innovadora, tratando de ocultar la ralentización de su mercado interior y los daños sufridos por la guerra comercial contra Washington. Sin embargo, teniendo en cuenta los vacíos legales analizados en los artículos mencionados y su vaga y ambigua escritura, las empresas extranjeras tendrán que esperar a determinar lo que esta reforma supone realmente tras su puesta en práctica.

▲ Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

COMENTARIO* / Salvador Sánchez Tapia

La muerte en Irak del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza iraní Quds, a manos de un dron norteamericano es un eslabón más en el proceso de creciente deterioro de las, ya de por sí malas, relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo último capítulo se vive desde 2018, año en que el presidente Trump decide romper el denominado “acuerdo nuclear” (JCPOA) suscrito con Irán en 2015 por la administración Obama y los demás miembros del G 5+1.

El ataque sobre Soleimani, ejecutado como represalia por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque lanzado, al parecer, por la milicia irakí chiíta Kataib Hezbollah sobre la base K1 de los Estados Unidos en Kirkuk el pasado 27 de diciembre, ha supuesto un cambio cualitativo en el tipo de respuesta que Estados Unidos acostumbran a dar a incidentes de este tipo pues, por primera vez, el objetivo ha sido un alto responsable militar de la República Islámica de Irán.

Inmediatamente después del asesinato, durante las exequias por el general fallecido, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, anunció en términos un tanto apocalípticos que el ataque no quedaría sin respuesta, y que esta vendría directamente de manos iraníes, no a través de proxies. Ésta llegó, en efecto, la noche del pasado 8 de enero en forma de un ataque masivo con misiles sobre dos bases militares estadounidenses situadas al oeste de Irak y en el Kurdistán iraquí. Contradiciendo declaraciones iraníes que hablaban de que los bombardeos habrían producido unos ochenta muertos norteamericanos, la administración estadounidense se apresuró a asegurar que no se había registrado ninguna baja por los ataques.

Tras este nuevo ataque, el mundo contuvo la respiración esperando una escalada por parte de Washington. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump del propio 8 de enero parecieron rebajar la tensión con el argumento de que la ausencia de bajas norteamericanas era indicativa de un intento iraní de desescalar. Estados Unidos no responderá militarmente, aunque anunció la intención de endurecer el régimen de sanciones económicas hasta que el país cambie de actitud. Con ello, el riesgo de una guerra abierta en la región parece conjurado, al menos momentáneamente.

¿Nos afecta la tensión entre Estados Unidos e Irán?

Evidentemente, sí, y de varias formas. En primer lugar, no podemos obviar que varios países de Europa, entre los que se encuentra España, mantienen importantes contingentes militares desplegados en la región, operando en los marcos de la OTAN, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en misiones como “Inherent Resolve” en Irak, “Resolute Support” en Afganistán, UNIFIL en Líbano, “Active Fence” en Turquía, o “Atalanta” en la zona del Cuerno de África.

En los casos de Irak y Afganistán en particular, las tropas españolas desplegadas en las misiones antes mencionadas trabajan en estrecha colaboración con otros aliados de la OTAN, entre los que se encuentra Estados Unidos. Aunque en principio los soldados españoles –o, para el caso, los de las otras naciones OTAN– no están en el punto de mira de las respuestas iraníes, dirigidas específicamente contra Norteamérica y sus intereses, no cabe duda de que cualquier ataque de Irán sobre unidades estadounidenses podría afectar de forma colateral a los contingentes de otras naciones operando con ellas, aunque sólo sea por una cuestión de mera proximidad geográfica.

Menos probable es que Irán intentara una respuesta contra algún contingente no norteamericano a través de alguno de sus proxies en la región. Este sería el caso, por ejemplo, de Hezbollá en Líbano, país en el que España mantiene un importante contingente cuya seguridad podría verse afectada si este grupo, bien por iniciativa propia, o a instancias de Irán, intentara atacar a alguna unidad o instalación de UNIFIL. Esta opción, como decimos, es considerada como poco probable por el impacto negativo que tendría sobre la comunidad internacional en general, y por la proximidad a Israel del despliegue de UNIFIL.

La escalada ha producido un incremento del nivel de alerta y un refuerzo de las tropas que Estados Unidos mantiene en la región. Si el incremento de la tensión continuara, no sería descartable que Washington llegara a articular algún tipo de respuesta militar directa sobre Irán para la que podría apelar al apoyo de sus socios y aliados, sea con tropas o con recursos. Es difícil determinar en qué momento y condiciones se podría producir tal solicitud, con qué objeto y, muy importante, qué respuesta daría Europa a la misma, teniendo en cuenta la preocupación con que el Viejo Continente observa una escalada en la que no está interesada, y el estado de relativa frialdad que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Como consecuencia del asesinato, Irán ha hecho pública su intención de desvincularse totalmente de las cláusulas del acuerdo nuclear que aún observaba. En otras palabras, manifiesta sentirse libre para continuar con su programa nuclear. Indudablemente, este último clavo en el ataúd del JCPOA puede desembocar en una abierta carrera nuclear en la región con consecuencias negativas para la seguridad regional, pero también para la europea. El aumento del número de potencias nucleares es, por sí mismo y desde nuestro punto de vista, una mala noticia.

Por último, y como efecto secundario de la escalada, el precio del barril de petróleo comienza a mostrar una inquietante tendencia alcista. Si no hay medidas correctoras por la vía del incremento de producción de otros países, la tendencia podría mantenerse. No es necesario abundar en lo que el aumento del precio del petróleo significa para la economía europea y, desde luego, para la nacional.

Rusia y China en la crisis

Rusia está haciendo esfuerzos para reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia en la región y para presentar a Norteamérica como un socio poco fiable, que abandona a sus aliados en dificultades. La escalada de la crisis puede tener un impacto negativo en ese esfuerzo, retardándolo o, en el peor de los casos, terminando con él si, finalmente, Estados Unidos llegara a revertir su política de paulatino abandono de Oriente Medio por mor de un aumento de la tensión con Irán. La retórica rusa será contraria a Washington. A la postre, sin embargo, no hará nada para que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumente y sí, probablemente, para que se mantenga dentro de un nivel tolerable o disminuya.

Rusia no es tanto un aliado incondicional de Irán, como uno de conveniencia. Irán es un competidor de Rusia por influencia en la región –en particular, en Siria–, y puede intentar influir negativamente sobre el islamismo de la Federación Rusa. Por otro lado, Rusia no está entusiasmada con la idea de que Irán se dote de armas nucleares.

La postura de China está condicionada por su gran dependencia del flujo estable de petróleo de Oriente Medio. Por este motivo, no tiene ningún interés en la inestabilidad que acarrea este incremento de la tensión. Previsiblemente actuará como un elemento moderador, tratando de utilizar la crisis como una oportunidad para incrementar su influencia en la región. China no está interesada per se en convertirse en árbitro de la seguridad en la región, pero sí está interesada en una región estable, amigable para el comercio.

El proyecto “One Belt, One Road” es otra de las razones por las que China tratará de mantener la crisis dentro de unos límites asumibles. Oriente Medio es un elemento clave en el proyecto chino de recreación de una suerte de nueva Ruta de la Seda. Una guerra abierta entre USA e Irán podría afectar negativamente a este proyecto.

En resumen, ni Rusia ni China están interesados en una escalada entre Estados Unidos e Irán que pueda desembocar en una guerra abierta entre ambas naciones que ponga en peligro el suministro de petróleo, en el caso de China, y el asentamiento como principal potencia internacional en la región, en el caso de Rusia. Ambos tratarán de atemperar la respuesta iraní, incluso si, a nivel de declaraciones, se manifiestan en contra del asesinato de Soleimani.

* Este texto alarga un comentario previo realizado por el autor a El Confidencial Digital.

Con el acuerdo alcanzado entre la UE y Johnson y los sondeos favorables a este en las elecciones del 12 de diciembre, se vislumbra un posible final del Brexit

▲ Instalación contra el Brexit, durante una protesta en Manchester en 2017 [Robert Mandel, Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Pablo Gurbindo

Desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la salida de los británicos ha ensombrecido cualquier otro tema, como las trascendentales pasadas elecciones europeas, y ha provocado la división del espectro político británico entre los que apoyan la permanencia y los que apoyan la salida.

 El “Brexit” también se ha llevado por delante a dos primeros ministros: David Cameron, tras el referéndum, y a su sucesora, Theresa May, quien dejó el cargo al no conseguir que su acuerdo alcanzado con la UE fuera aprobado por el Parlamento británico. Y puede ser su sucesor, Boris Johnson, el polémico exalcalde de Londres que hizo campaña por el voto para la salida de la Unión, el que consiga sacar a su país de estos más de tres años de incertidumbre.

La llegada de Johnson al 10 de Downing Street preocupó mucho en las capitales europeas. Desde el principio, afirmó que conseguiría sacar a su país de la Unión Europea, con acuerdo o sin él, antes del 31 de octubre. Y, en septiembre, no se cortó en suspender temporalmente el Parlamento para que la oposición no pudiera vetar una posible salida sin acuerdo. Este cierre fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y la oposición consiguió que la hipotética salida sin acuerdo solo pudiera ser acordada por el Parlamento. A pesar de todo esto, las negociaciones en Bruselas no se detuvieron y, el 17 de octubre, se anunció que se había llegado a un acuerdo.

El acuerdo alcanzado es, en gran medida, similar al que se llegó con Theresa May. El principal cambio ha sido la “salvaguarda” irlandesa, el apartado más criticado en su momento por la oposición y por el ala más dura de los “tories”. Esta medida implicaba que, si la Unión Europea y el Reino Unido no llegaban a un acuerdo para 2020, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido sí que los abandonaría.

Este sistema provocó un gran rechazo, especialmente en el Partido Unionista Democrático (DUP en sus siglas en inglés). De este partido unionista norirlandés, May y todavía Johnson, dependían y dependen para poder aprobar el acuerdo en el Parlamento británico. Esta preocupación por la nueva frontera entre las dos Irlandas responde al riesgo que supone para los Acuerdos de Viernes Santo. Gracias a estos acuerdos se devolvió la paz a Irlanda del Norte, enfrentada en el siglo pasado entre grupos católicos, que defendían la unificación con Irlanda, y los unionistas protestantes, que defendían mantener los lazos con el Reino Unido. La ruptura de estos acuerdos podría provocar el regreso de la violencia a la isla.

Acuerdo alcanzado

Este nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte, propuesto por Johnson, está basado en tres elementos principales, según indicó el negociador para el Brexit de la Unión Europea, el francés Michel Barnier:

(1) Irlanda del Norte seguirá cumpliendo ciertas reglas aduaneras de la UE, especialmente las relacionadas con bienes y productos. Pero, para evitar cualquier tipo de frontera con Irlanda, los controles solo se harán con los productos que lleguen a los puertos norirlandeses. Estas verificaciones serán llevadas a cabo por los británicos cumpliendo para ello con las normas comunitarias.

(2) Sin embargo, continuará formando parte de la Unión Aduanera Británica, por lo que cualquier acuerdo de comercio que alcance el Reino Unido tras el Brexit incluirá a Irlanda del Norte. El problema es que estos dos elementos entran en conflicto: Irlanda del Norte formaría parte de las uniones aduaneras británicas y también de las comunitarias. Para solucionar el problema que pudiera producir esta “bicefalia aduanera”, a los productos de terceros países –que no vayan después a pasar a otro país del mercado común– se les aplicarán los impuestos del Reino Unido. Pero si los productos tienen el riesgo de pasar al mercado común, las autoridades británicas aplicarán las tarifas comunitarias.

(3) Por último, el acuerdo con Johnson será un acuerdo permanente siempre que la Asamblea de Irlanda del Norte no decida lo contrario. Dicho acuerdo habilita a este órgano a votar si decide mantener o abandonar el estatus acordado, una vez que transcurran cuatro años desde que el protocolo entre en vigor. En el caso de que ratifiquen el acuerdo se extenderá cuatro u ocho años, dependiendo de si es una mayoría simple o si tiene un apoyo mayoritario (con el apoyo de las comunidades protestantes y católicas). En caso contrario, se seguirán aplicando las leyes europeas dos años más, tiempo en el que la UE y el Reino Unido deberán llegar a un nuevo acuerdo.

La prórroga y convocatoria de elecciones

Tras el anuncio del acuerdo alcanzado, restaba lo más complicado: ratificarlo en el Parlamento británico, y en tiempo récord, ya que la fecha límite era el 31 de octubre. Johnson fue forzado por el Parlamento a pedir una extensión a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020, en contra de sus deseos de mantener su promesa de salir el 31 de octubre. Esta petición no se libró de polémica al enviar Johnson dos cartas: una pidiendo la extensión, que no firmó, y otra firmada en la que expresaba que vería la extensión como un “error” y que sería “profundamente corrosivo” para su país.

El 29 de octubre el Consejo Europeo aceptó la prórroga al 31 de enero de 2020 para dejar tiempo a la ratificación del Acuerdo de Salida. El Reino Unido podría abandonar la Unión antes, el 1 de diciembre de 2019 (fecha que ya ha pasado) o el 1 de enero de 2020 en caso de que ambas partes ratificaran el apoyo. Esta prórroga fue aprobada por los 27 de forma unánime, a pesar de las reticencias por parte de Francia. El país galo defendía que esta prórroga larga se debía otorgar solo si había seguridad de que habría elecciones en el Reino Unido; de lo contrario, abogaban por una extensión técnica más corta, para que hubiera tiempo para ratificar el Acuerdo de Salida.

Para llevar a cabo el Brexit, Johnson, ante el “obstruccionismo parlamentario” pidió la convocatoria de elecciones anticipadas para cambiar la aritmética del Parlamento y poder aprobar el acuerdo alcanzado con la UE. Esta convocatoria fue rechazada dos veces por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, principal partido de la oposición. Pero tras conocer que el Consejo Europeo aceptaba la prórroga apoyó la convocatoria.

Conclusión

Con elecciones previstas para el próximo 12 de diciembre el viento parece soplar a favor de Johnson. Las encuestas le favorecen con un porcentaje del 40% del voto. Muy por detrás, los laboristas, con un 29%, perderían apoyo a favor del Partido Liberal Demócrata de Jo Swinson, que subiría al 15% (de 7,4% en las anteriores elecciones). Este ascenso de los “Lib Dems” se debería principalmente a su firme apoyo a la permanencia en la UE, a diferencia de Corbyn, que ha mantenido una posición neutral a pesar de que el 70% de los votantes laboristas apoyan la permanencia. Por otro lado, la mayoría conservadora permitiría a los “tories” dejar de depender del DUP para alcanzar mayorías parlamentarias suficientes.

Por si no fuera suficiente, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha anunciado que para facilitar una mayoría conservadora su partido no se presentará en las circunscripciones donde el Partido Conservador ganó en las anteriores elecciones. Para así asegurar la salida del Reino Unido de la Unión y evitar un nuevo referéndum.

Si se cumplen estos sondeos Johnson obtendría su tan ansiada mayoría para poder aprobar la salida.

Después de más de tres años se vislumbra un final plausible al Brexit.

▲ Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]

COMENTARIO / Ignacio Yárnoz

En la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín el pasado mes de junio se pudieron constatar las tensiones y la división que actualmente existen en el seno de este organismo internacional. En primer lugar, esas discrepancias fueron evidentes en la cuestión la cuestión venezolana, asunto que protagonizó la reunión con la presentación de informes de migraciones, críticas al régimen bolivariano y la presencia de la delegación venezolana representando al Gobierno de Guaidó encabezada por el embajador Gustavo Tarre.

Estos hechos fueron acogidos con el rechazo de gran parte de los países caribeños, quienes abandonaron la sala en la presentación de los informes y declararon su negativa a cumplir cualquier resolución de la OEA en la que la delegación de Venezuela votara a favor. Y es que, en opinión de los países caribeños, Venezuela formalmente abandonó la organización el mes de marzo y la presencia de la delegación de Guaidó como legítima representante de Venezuela contraviene el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la OEA, dado que representa a un Gobierno sin control efectivo del territorio ni legitimidad legal. Pero los países del Caricom no fueron los únicos en expresar su protesta, la delegación de Uruguay también abandonó la sala y la de México manifestó su desagrado por la presencia opositora venezolana como delegación de pleno derecho.

La controversia, sin embargo, no solo dejaba ver las discrepancias sobre el modo de afrontar la crisis venezolana, sino que también reflejaba otra realidad de fondo, y es que la candidatura de Luis Almagro para ser reelegido como secretario general de la organización pende de un hilo.

El mes de diciembre del pasado año, el uruguayo Almagro anunció formalmente que, a petición de Colombia y Estados Unidos, había decidido presentarse a la reelección con la seguridad de tener los votos necesarios. Desde entonces, sin embargo, el paisaje de la reelección se ha oscurecido. La votación tendrá lugar el primer semestre del año 2020 y para conseguir ser reelegido Almagro necesita al menos 18 votos de los 35 países de la OEA (si incluimos a Cuba, aunque no participe activamente).

Variables

El futuro de Almagro, que llegó al cargo en mayo de 2015, depende de varios factores que se irán desarrollando este año. Principalmente, las elecciones generales de Argentina, Canadá, Uruguay y Bolivia, que se celebrarán entre octubre y noviembre. Sin embargo, existen otras variables que también pueden afectar a su reelección, como el apoyo que obtenga de los países del Grupo de Lima o la posible división entre los miembros del Caricom al respecto. A continuación, revisaremos uno a uno estos supuestos.

En el caso de las elecciones de Bolivia, Almagro ya ha jugado sus cartas y ha sido acusado de haber utilizado una doble vara de medir al criticar duramente el régimen de Maduro, pero después no mostrarse crítico con la posibilidad de reelección de Evo Morales por tercera vez. Dicha reelección supuestamente no es legal según la Constitución boliviana y fue vetada por la población en un referéndum, pero el presidente Evo Morales ha hecho caso omiso bajo pretexto de que impedirle ser candidato de nuevo va contra los derechos humanos, argumentación luego avalada por la Corte Suprema de Bolivia. La Secretaría General de la OEA, pese a no estar de acuerdo con el “derecho a ser reelegido”, no elevó ninguna crítica ni se posicionó en contra de dicha elección supuestamente debido al posible voto de Bolivia a favor de Almagro, algo que podría pasar si Evo Morales sale finalmente reelegido pero que no es completamente seguro tampoco. Sin embargo, de no ser así, ya se ha granjeado la animadversión de los candidatos de la oposición como Carlos Mesa u Óscar Ortiz y del jefe opositor Samuel Doria Medina quienes de salir elegidos no votarían a favor de él.

Respecto a Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la victoria a Sandra Torres (22,08% de los votos) y a Alejandro Giammattei (12.06% de los votos), quienes el domingo 11 de agosto se enfrentarán en la segunda vuelta. En el caso de que Torres saliera elegida, tal vez alinee su postura con la de México adoptando una política menos injerencista respecto a Venezuela y por tanto en contra de Almagro. En el caso de la victoria de Giammattei, político de centro-derecha, es probable que alinee sus posiciones con Almagro y que vote a favor de él. Guatemala siempre ha estado alineado con las posturas de EEUU, por lo que es dudoso que el país vote contra una candidatura apoyada por Washington, aunque no imposible.

En cuanto a Argentina y Canadá, la posición dependerá de si el candidato vencedor en sus respectivas elecciones es conservador o progresista. Incluso en el caso de Canadá está abierta la posibilidad de un rechazo de Almagro independientemente de la orientación política del nuevo Gobierno, ya que si bien Canadá ha sido crítico con el régimen de Maduro, también ha criticado la organización interna de la OEA bajo el mando del actual secretario general. Por lo que afecta a Argentina, sí existe una clara diferencia entre los candidatos presidenciales: mientras Mauricio Macri representaría la continuidad en el apoyo a Almagro, la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner supondría claramente un rechazo.

Uruguay representa un caso curioso de cómo afecta la política interna y los juegos políticos entre miembros incluso del mismo partido. No debemos olvidar que Luis Almagro fue ministro en el Gobierno de Pepe Mujica y que su primera candidatura a secretario general fue presentada por Uruguay. Sin embargo, dada la división en la formación política a la que pertenecía, Frente Amplio, se ganó algunos enemigos como los del actual gobierno de Tabaré Vázquez. Es por eso que Uruguay ha sido tan crítico con Luis Almagro pese a ser un compatriota y compañero de partido. Sin embargo, no debemos dudar que también tendrá sus amistades en el partido que hagan cambiar la postura de Uruguay. De ser así, no importaría el candidato que salga elegido (Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional o Daniel Martínez por el Frente Amplio) que Almagro tendría asegurado el voto: el de la derecha del Partido Nacional al tener unas tesis más críticas con Maduro (de hecho, reconocieron como partido al Gobierno de Guaidó y criticaron la neutralidad de Uruguay), o el de la izquierda del Frente Amplio por los contactos que Almagro pueda tener, aunque esto último sea aún una hipótesis dado que el ala más extrema del partido es la que aún tiene la mayoría de los votos dentro del Frente Amplio.

Otro aspirante

No obstante, las opciones de Almagro para la reelección podrían verse frustradas si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia en relación a Venezuela. Perú suena como el que posiblemente presente un candidato: Hugo de Zela, un diplomático peruano con 42 años de carrera que en abril fue nombrado embajador de Perú en Washington y que ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima como coordinador. Además, De Zela conoce la estructura de la OEA dado que ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza. Este candidato, aparte de su amplia experiencia política, tiene como baza el hecho de haber sido coordinador del Grupo de Lima, lo que podría dar garantías acerca de la colaboración entre ese grupo y la OEA sobre la cuestión venezolana.

Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana. De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, principalmente el cambio climático. Los nombres que suenan entre los miembros del Caricom son el embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, o la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson.

Sin embargo, queda una esperanza en la comunidad del Caricom para Almagro. Santa Lucía, Haití, Jamaica y las Bahamas rompieron filas en el momento de votar la admisión del embajador Gustavo Tarre nombrado por el Gobierno de Guaidó para representar a Venezuela ante la OEA (aunque técnicamente lo que apoyaron es que fuera designado como “representante permanente designado de la Asamblea Nacional, en espera de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”). Estos cuatro países, aunque con una posición más moderada que la del Grupo de Lima, se unieron a su posición aceptando la designación de dicho representante con el matiz anteriormente mencionado. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que han roto filas en Caricom en el tema venezolano. Esto podría dar al secretario general una baza con la que poder jugar para lograr el apoyo de alguno de estos cuatro países, aunque necesitará de hábiles técnicas de negociación y dar algo a cambio a estos países, ya sean puestos en la secretaría general o bien beneficios en nuevos programas y becas de desarrollo integral o cambio climático, por ejemplo.  

En conclusión, en el mejor escenario posible para Almagro y suponiendo que ningún país del Grupo de Lima presentara un candidato alternativo, la candidatura a la reelección del actual secretario general contaría con 12 votos asegurados, 4 negociables de Santa Lucía, Jamaica, Haití y Bahamas y 5 pendientes de las elecciones (Guatemala, Canadá, Uruguay, Argentina y Bolivia). Está claro que votarán en contra México, gran parte del Caricom (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y Nicaragua. Además, debemos añadir el hecho de que cualquier candidatura puede ser presentada hasta 10 minutos antes de la Asamblea General extraordinaria, lo que da pie aún más a juegos políticos en la sombra y sorpresas de última hora. Como podemos ver, es una situación muy difícil para el secretario general y de seguro va a suponer más de un quebradero de cabeza en esta aritmética de votos por conseguir el puesto. Sin duda una pugna por el puesto que dará mucho de lo que hablar de aquí a febrero 2020.

▲ Escultura budista 'Manos desde el infierno', del Templo Blanco de Watrongkhun, en Tailandia [Pixabay]

COMENTARIO / María Martín Andrade

El tráfico humano es un fenómeno global que afecta a todo el planeta. Sin embargo, con 11,7 millones de víctimas, Asia-Pacífico es actualmente el principal núcleo de operaciones de los grupos de delincuencia organizada que comercian con personas. Gracias a unas condiciones propicias –asiduas catástrofes naturales y crisis de inmigrantes y refugiados, que tienen como resultado un gran número de desplazamientos por la geografía del sur de Asia–, los grupos criminales se encuentran en la mejor situación para operar.

A pesar de los esfuerzos de la ASEAN de fomentar la cooperación internacional entre sus países integrantes para una lucha efectiva, las diferencias regionales y la corrupción frecuentemente prevalecen sobre otros factores. En otras ocasiones, son los propios gobiernos los que se benefician de las corrientes migratorias, propiciando situaciones de trabajos forzados, contribuyendo con ello a que el sudeste asiático siga contando con las cifras más altas de víctimas de explotación sexual y laboral. La mayor parte de la migración en los países de la ASEAN es intrarregional, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los destinos principales de los inmigrantes.

Foco en Tailandia

En Tailandia, en 2010 el 72% de la inmigración era ilegal, y en estos momentos se estima que supera el millón de personas, siendo la mayoría de Myanmar y de otros países vecinos como Camboya, Vietnam y Laos. La explicación por la que Tailandia se ha convertido en destino principal de emigrantes y, por consiguiente, en una importante tabla de juego para las organizaciones dedicadas al tráfico humano, se encuentra en la combinación de un lento crecimiento demográfico, en comparación con otros países de la región, y un alto desarrollo económico que se empieza a experimentar a partir de los años 90. Según el ASEAN Post, Tailandia posee uno de los mercados que más rápido están creciendo entre los miembros de la ASEAN, lo que ha impulsado al gobierno a seguir trabajando en el desarrollo de su infraestructura, para lo que la inmigración es fundamental.

Al comienzo del boom, Tailandia reclutaba inmigrantes sin tener una legislación que se ocupara del fenómeno, lo que dio lugar a que sus promotores aprovecharan la situación para explotar a aquellos que llegaban sin conocimientos de la lengua y las leyes tailandesas. Hasta la llegada del Gobierno del empresario Thaksin Shinowatra no se empiezó a implantar un sistema de registro que otorgaba permisos temporales. No obstante, caducada su vigencia, muchos de esos permisos no eran renovados, dejando de este modo expuestos a miles de trabajadores a la ilegalidad y, de este modo, a la explotación sexual y otra clase de trabajos forzosos en sectores como la agricultura, la pesca, los servicios domésticos o la industria.

Por otro lado, la falta de regulación legal de las agencias de contratación, a las que el Gobierno tailandés no ha prestado especial atención, ha permitido que esas agencias hayan podido disponer de los inmigrantes a su antojo sin sufrir ninguna represalia por ello. La débil legislación junto con unas condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, castigándose únicamente penalmente los abusos físicos extremos, configura una situación de desamparo prácticamente total para los explotados, que también se sienten incapaces de acudir a las autoridades por temor a ser deportados.

Tráfico humano: retos y cooperación internacional

No se puede hacer frente a la delincuencia organizada en el sudeste asiático sin enfrentarse antes a la corrupción en los propios países, ya que son muchos los funcionarios que se benefician de facilitar el traspaso de sus fronteras de dichas organizaciones y los inmigrantes ilegales. Además, la falta de información y análisis de inteligencia por parte de los propios cuerpos de seguridad, junto con las dificultades que ofrece una complicada orografía con amplias zonas boscosas y selváticas de muy difícil control, obstaculizan las investigaciones y hace que las autoridades operen a ciegas.

Con la intención de establecer una base legal común, diversos países de la región han firmado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, con el objetivo de eliminar diferencias legislativas y ofrecer medios para combatir el crimen organizado. No obstante, aunque Tailandia sí que la ha firmado, junto con Singapur y Brunei, aún no la ha ratificado. Otras soluciones se han propuesto también desde la ASEAN, con la creación de Heads of Specialist Strategic Units, cuya intención es fomentar la colaboración y cooperación de los países, intercambiando información. Por otro lado, se ha constituido la Regional Support Office con el fin de establecer pautas para la prevención, detención y protección de las víctimas.

A pesar del aparente interés de la esfera internacional, los países de Asia-Pacífico prefieren regirse por relaciones bilaterales que les permitan ser selectivos con las normas que les conviene aplicar, y una cooperación no es posible si lo que prima es ante todo el interés de cada Estado. Dichos Estados van a seguir estando dispuestos a firmar acuerdos siempre y cuando estos no les vinculen estrictamente porque, como en el caso de Tailandia, la preocupación proveniente del exterior es mayor que la que se percibe a nivel interno.

La lucha contra el tráfico humano en Asia-Pacífico tiene un largo camino por recorrer. Las medidas que se adopten no pueden ser efectivas si por parte de los países involucrados no existe una intención firme de acabar con este problema. El tráfico humano es la rentabilidad de un daño, un negocio del que determinados sectores dominantes se benefician, por lo que para llegar a una cooperación internacional fructífera los Estados del sur de Asia tendrían que percibirlo como la lacra que es para su sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Kranrattanasuit, N. (2014). ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam. International Studies in Human Rights, Volume:109, 4-104.

Henry, N. (2018). Asylum, Work, and Precarity: Bordering the Asia-Pacific. University of Warwick.

Sansó-Rubert, D. (2011). Criminalidad Organizada Transnacional en Asia-Pacífico: Repercusiones para la Seguridad Regional e Internacional. Universidad de Santiago de Compostela-CESEDEN, 159-189.

▲ Torres del centro de Varsovia [Pixabay]

COMENTARIO / Anna K. Dulska

A menudo, cuando pensamos en Europa Central el país que nos viene a la cabeza es Alemania. Esta asociación parece ser un eco muy lejano del decimonónico término de Mitteleuropa (literalmente “Europa del medio”) que abarcaba el Imperio Austro-Húngaro y el II Reich alemán y fue convertido en una concepción geopolítica expansionista por Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, los subsiguientes tratados de paz reflejaron en el nuevo mapa político un reconocimiento formal a la gran diversidad que ya existía en la región desde antaño. El sometimiento de los recién creados o recreados Estados, tales como Polonia, Hungría o Checoslovaquia a la dominación soviética en virtud de los acuerdos de Yalta y Potsdam no acabó con esta diversidad y desde la caída del telón de acero en 1989 estos países están buscando su lugar en el mundo y en la Europa actuales.

No existe una clara definición de qué es Europa Central hoy en día y para entenderlo de forma más sencilla e intuitiva se podría decir que por motivos geopolíticos, históricos y culturales se trata de aquella que no es estrictamente ni Europa Occidental ni Europa Oriental, sino un intermedio que desde hace siglos ha hecho de puente entre ambas (de estos puentes que durante los vaivenes de la Historia a veces quedan quemados). Tampoco hay un consenso sobre los países que la conforman. Según la acepción más estrecha son Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, mientras que según la más amplia además de estos cuatro son Austria, sureste de Alemania, los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia), Eslovenia, oeste de Ucrania y norte de Italia. Algunos añaden también Suiza, Liechtenstein y el resto de Alemania, pero así su delimitación parece quedar demasiado diluida y confusa.

La historia actual de la región inclina la balanza a favor de la acepción estrecha. Las trayectorias de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría a partir de 1945, por un lado, y sus transiciones hacia la democracia después de 1989, por otro, hacen que dentro de la región geográfica y a pesar de algunas diferencias considerables entre ellos, estos cuatro países constituyan un bloque político, socioeconómico y cultural diferenciado. En los principios de los años noventa esta especie de comunidad imaginada fue convertida en una organización intergubernamental conocida como el Grupo de Visegrad (nombre de un castillo húngaro donde en el siglo XIV se habían reunido los reyes de Polonia, Hungría y Bohemia y donde en 1991 fue firmado el acuerdo fundacional), abreviado a veces como V4. Entre sus objetivos estuvo una estrecha cooperación económica (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Cambio, CEFTA), la integración con la Unión Europea (culminada en 2004, tras lo cual los cuatro abandonaron el CEFTA) y la integración con la OTAN (formalizada en 1999; en 2004 en caso de Eslovaquia). Una vez alcanzadas estas metas, la iniciativa perdió el ímpetu y parecía que se iba a quedar obsoleta.

Ahora bien, desde hace tres años se puede observar en este aspecto un giro a causa de los fenómenos que están retando a la Unión Europea desde fuera y desde dentro: las migraciones del Oriente Medio, las crecientes tensiones internacionales y el terrorismo. Es innegable que los tres estén en menor o mayor medida interrelacionados y para los europeos, ya sean occidentales, centrales u orientales, tienen un denominador común: la seguridad. Quedando patente hasta hace muy poco la falta de una deliberada y consensuada estrategia a nivel de las instituciones europeas para afrontar este reto, los Estados centroeuropeos, especialmente Polonia y Hungría, quieren o se han visto obligados a tomar los asuntos, al menos los que les afectan directamente, en sus manos. Durante el curso de la historia reciente sus vecinos y socios no tuvieron muchas ocasiones de oírles hablar con su propia voz y ahora parece que les está produciendo cierta consternación.

Un buen ejemplo de ello es la preocupación que están suscitando en Bruselas y en Berlín las políticas llevadas a cabo por el Gobierno polaco, tanto en lo relativo a la situación doméstica, como internacional. Paradójicamente, dichas políticas parecen estar resultando beneficiosas tanto para el Estado, como para su sociedad (que pasado el ecuador del mandato mantiene en su mayoría apoyo al Gobierno). Sin embargo, las medidas que se están tomando para frenar la “deriva autoritaria” de Varsovia, como la están calificando algunos medios de comunicación, especialmente la injerencia de los altos cargos de la UE en la legislación interna del país, sobre la cual no poseen competencias, dificultan el diálogo entre el Gobierno polaco y las instituciones de la Unión. La amenaza de activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea sobre la suspensión del derecho a voto en el caso de no cumplir con las demandas de Bruselas hace imposible descartar que tales tensiones pudieran provocar otras (tras el Brexit) irreparables fracturas dentro de la UE.

En la actual situación geopolítica, las voces sobre la necesidad de un profundo debate sobre el futuro de la Unión Europea se hacen cada vez más sonoras y puede que a Europa Central le tocará de nuevo hacer de puente. Por de pronto, en lo relativo a la política migratoria parece que la UE ha dado razón a V4. Estando el río muy revuelto, cabe la pregunta de si ahora, cuando más unidad necesita, puede la UE permitirse un innecesario y dañino debilitamiento interno.

▲Banderas de Estados Unidos y Japón, en una ceremonia de bienvenida al vicepresidente estadounidense en Tokio, en febrero de 2018 [Casa Blanca]

COMENTARIO / Gabriel de Lange [Versión en inglés]

En las últimas décadas, China ha crecido en fuerza económica y política. La inclusión del documento “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era” en la Constitución del Partido Comunista chino (PCC), llevada a cabo durante el 19º Congreso de ese partido en octubre de 2017, y la modificación de la Constitución del país para eliminar el límite de dos mandatos presidenciales seguidos, aprobada por el pleno de la Asamblea Popular de China en marzo de 2018, han supuesto la consolidación del poder del actual líder chino.

Por su parte, Estados Unidos ha sido criticado en múltiples frentes por sus relaciones en Asia. Autores críticos con la Administración Trump consideran que su política hacia Corea del Norte, China y la región en general están “dañando los intereses” de EEUU en Asia-Pacífico. La retirada del acuerdo Transpacífico (TPP) “ha socavado la influencia” estadounidense para moldear el futuro regional, dando a China la oportunidad de que lo haga en sus propios términos. La retirada del TPP ha hecho que muchos países asiáticos se pregunten sobre lo que Washington pone sobre la mesa en términos económicos y miren hacia China por si llena este vacío.

Uno de los principales factores que llevan a los países asiáticos a mantener cierta distancia respecto de China y una mayor cercanía a Estados Unidos son los problemas en el Mar del Sur de China. Como en el caso de las Filipinas con las islas Spratly o Vietnam con las islas Paracel. La preocupación de esos países sobre las intenciones chinas les ha empujado a un acercamiento a EEUU. Desafortunadamente para Washington, esa aproximación depende de la propia decisión de China, de insistir o no en sus reivindicaciones sobre islas particulares. La Administración Xi podría decidir que los beneficios de unas relaciones más fuertes con sus vecinos son más importantes que estos territorios en disputa.

La pregunta ahora es: ¿a quién buscarán los otros países asiáticos, especialmente los miembros de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), como aliado político? Con los signos de un poder firme, estable y duradero bajo la autoridad consolidada de Xi Jinping, en comparación con una Administración Trump aparentemente impredecible, dividida e internacionalmente criticada, nadie puede sorprenderse de que los vecinos de la región puedan inclinarse más hacia China en un futuro próximo.

▲Gran Muralla de China, cerca de Jinshanling [Jakub Halin-Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Paulina Briz Aceves

La Gran Muralla de China se completó después de décadas de sucesivos esfuerzos de diferentes dinastías, no solo como una línea defensiva, sino también como una señal de la actitud china hacia el mundo exterior. Aunque este muro en la actualidad no tiene uso alguno, más que el ser un atractivo turístico, ha sido ejemplo para la creación de otro gran muro, que aunque no sea físico, tiene los mismos efectos que el original: aislar a la comunidad china del exterior y protegerse de los ataques que atenten contra su soberanía.

El "Gran Cortafuegos de China" –el esfuerzo de vigilancia y de censura en línea del gobierno–monitorea todo el tráfico en el ciberespacio chino y permite a las autoridades tanto denegar el acceso a una variedad de sitios web seleccionados, como desconectar todas las redes chinas de la red mundial de Internet. Además del Gran Cortafuegos, el gobierno chino también ha creado un sistema de vigilancia doméstica llamado "Escudo de Oro", que es administrado por el Ministerio de Seguridad Pública y otros departamentos gubernamentales y agencias locales. El gobierno chino entiende cuán valiosas y poderosas son la tecnología, la innovación e Internet, por eso es cauteloso sobre la información difundida en suelo chino, debido a su temor constante de un posible cuestionamiento del Partido Comunista y desbaratamiento el orden político de China.

Las políticas y estrategias cibernéticas de China son apenas conocidas en el mundo internacional, pero lo que se sabe es que las prioridades de seguridad de las redes de China están motivadas por el objetivo principal del Partido Comunista de mantenerse en el poder. Los gobernantes chinos entienden que lo cibernético es algo ya completamente integrado en la sociedad. Por lo tanto, consideran que para mantener la estabilidad política deben vigilar sobre sus ciudadanos y controlarlos, dejándolos en la sombra mediante la censura, no solo de información general, sino de temas delicados como la masacre en la Plaza Tiananmén o la Revolución de los Paraguas de Hong Kong.

Los filtros que controlan lo que los ciudadanos ven en la web se han vuelto más sofisticados. Además, el gobierno ha empleado alrededor de 100.000 personas para vigilar el internet chino, para controlar la información no solo proveniente del Oeste, sino incluso la que se genera en la propia China. Es cierto que esta intromisión en los medios de comunicación, sin duda, ha hecho que el gobierno chino afirme su poder sobre la sociedad, porque es claro que quien tiene la información definitivamente tiene el poder.

▲Movilización de las Reales Fuerzas Armadas de Tailandia en 2010 [Roland Dobbins-WC]

COMENTARIO / Álvaro Aramendi Baro

El terrorismo cada vez golpea con más fuerza en Tailandia. Las causas de este incipiente crecimiento son difíciles de precisar. No obstante, juega un papel de gran relevancia el golpe de Estado de las Reales Fuerzas Armadas lideradas por el general Prayuth Chan-ocha el 22 de mayo del 2014 y, evidentemente, las posteriores represiones políticas. Tampoco debemos olvidar la presión que ejerce el BRN (Barisan Revolusi Nasional), que durante décadas lucha por la independencia de Pattani (situado en el sur de Tailandia) Dicho grupo revolucionario también actúa en el norte de Malasia. De esta organización terrorista se vale actualmente ISIS. La estrategia de ISIS, así como la de Al-Qaeda, se basa en alentar e incentivar las insurgencias nacionalistas para tener un más sencillo acceso a aquéllos territorios bajo su punto de mira.

A pesar de ello, el influjo yihadista ha tomado cauces distintos de los que ya conocemos, como en Irak o en Siria. Basta seguir los medios de comunicación para adivinar que el autodenominado Estado Islámico prefiere la expansión mediática global a la nacional. Esto no ocurre en Tailandia. Tanto los objetivos del terrorismo como su estrategia de comunicación son nacionales y más bien ocultos, en las sombras. Debido a ello, la relación entre ellos no es del todo evidente a día de hoy.

La situación no es la que debiera ser. Si algo necesita Tailandia hoy día es un periodo de paz para poder recuperarse de los pasados acontecimientos. En el último siglo han ocurrido al menos doce golpes de Estado exitosos, el último de ellos, y sin contar el de 2014, en 2006. Urge la necesidad de un periodo tranquilo en el que poder establecer unos fuertes cimientos, y demás estructura, para su monarquía constitucional (similar a la de Inglaterra).

Quizá la mejor manera de resolver el conflicto sea evitar caer en el error de otros países, como Birmania o Filipinas, y evitar las fuertes represiones. Por eso, tal y como advierte Crisis Group, la mejor opción sería el diálogo y no la exclusión de minorías étnicas como los Rohingya, en el caso de Birmania, o el colectivo musulmán en Tailandia (de mayoría budista) Si bien la influencia yihadista es potencial todavía, no se puede descuidar a ningún sector de la población. En caso de que esto ocurriera, la presión terrorista se haría cada vez más insoportable, hasta que la olla sólo pudiera explotar. La anexión a grupos como el ISIS puede darse por causas diversas, no añadir una más a la lista es esencial.