Las relaciones entre Estados Unidos y China no satisfacen a ninguno de los dos países; probablemente nunca lo harán. Deben intentar conllevarlas, pacíficamente

▲Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump [White House video screebshot]

ANÁLISIS / María Granados

La Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre por Donald Trump etiqueta formalmente a China y a Rusia como “rivales” de Estados Unidos. Presenta a esos dos países como actores que “desafían el poder, la influencia y los intereses” de Washington e “intentan erosionar la seguridad y prosperidad” de los estadounidenses. Aunque el documento también considera una amenaza a estados “renegados” como Irán y Corea del Norte, y a organizaciones transnacionales, tanto yihadistas como de crimen organizado, los argumentos de la nueva Administración estadounidense se concentran especialmente sobre China. La nación asiática aparece como el gran obstáculo para la realización del “América Primero” prometido por Trump, a causa de sus prácticas comerciales y monetarias desleales.

Así, el primer documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump corrobora el discurso que este había mantenido como candidato. Durante la campaña electoral Trump habló de China como una “manipuladora de la moneda” y la acusó de mantener el yuan bajo de forma artificial. También amenazó a Pekín con comenzar una guerra comercial, quejándose de las consecuencias económicas que para EEUU supone el excesivo superávit comercial que tiene China en las relaciones bilaterales, así como de la reducción de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Poco después de ser elegido, antes de la inauguración de su mandato, Trump provocó un roce diplomático con China al conversar telefónicamente con la presidenta de Taiwán.

No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se preocupó de limar esas asperezas con China. Se comprometió con el mantenimiento de la Política de la China Única, se retractó de sus críticas, y se reunió en Florida con el presidente Xi Jinping, acordando respetar la esfera de influencia de cada cual y no intervenir en los asuntos internos del contrario. Esto, junto con una incipiente colaboración en las sanciones contra Corea del Norte, parecía estar alumbrando un acercamiento que no ha acabado de materializarse. De hecho, el tratamiento de “rival” que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense da oficialmente a China rompe en cierto modo con una larga etapa de mutua aceptación que comenzó en la década de 1970.

La apertura de Nixon

Estados Unidos y China partían de antecedentes graves: la guerra de Corea (1950-1953), que enfrentó a China y la URSS en el Norte contra el Sur apoyado por los estadounidenses, de la cual la guerra de Vietnam (1955-1975) fue una consecuencia colateral; y el peligro nuclear iniciado en 1949, año en que la URSS realizó el primer ensayo efectivo. Para Washington, desde el punto de vista ideológico y militar China era un actor internacional que convenía controlar. Para Pekín, en alianza con la Unión Soviética, urgía propagar el discurso del comunismo acerca del “enemigo imperialista”, que repitió con intensidad a lo largo de los primeros años de la Guerra Fría.

En 1969, el nuevo presidente estadounidense, Richard Nixon, incluyó en su discurso de inauguración de mandato una referencia en contra del aislacionismo (1). Desde el otro lado del mundo también hubo nuevos mensajes: el distanciamiento que Mao comenzó a establecer en relación a la URSS debido a su conflictos fronterizos. Esto trastocó el triángulo de las relaciones internacionales existente en esos años de la Guerra Fría (China, URSS, EEUU), y empezó a crear un lazo entre Pekín y Washington.

De esta forma, comenzaron a darse las primeras muestras de aproximación. En 1971 Estados Unidos votó a favor de que el asiento de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasara a ser ocupado por la República Popular China. En 1972 se redactó el Comunicado de Shanghai, que establecía las bases para el acercamiento chino-estadounidense y que quedó plasmado en cinco principios:

1. La Política de la China Única: establecer relaciones diplomáticas con China significaba no poder establecerlas con Taiwán, y viceversa, puesto que ambos afirman ser la verdadera y única China.

2. No apoyar la independencia de Taiwán.

3. No apoyar la posible invasión de Japón.

4. La resolución pacífica del conflicto con Taiwán, reduciendo las instalaciones militares en la isla.

5. El compromiso a continuar siendo aliados pacíficos en búsqueda de una cooperación duradera.

Desde el acercamiento de la década de 1970, las relaciones entre los dos países han estado muy influidas por la actitud de Washington y Pekín hacia Taiwán y las dos Coreas, en una suerte de relaciones chino-americanas indirectas.

La cuestión de Taiwán

La auto-denominada República de China había sido el principal obstáculo para la completa normalización de relaciones, como se ha visto con el Comunicado de Shanghai. La reunificación efectiva por parte de China (continental) era impedida por las tropas estadounidenses.

Después de 1973 encontramos dos documentos importantes: la llamada Taiwan Relations Act, por la cual EEUU reconocía a la isla los mismos privilegios que antes, pero no que fuera una nación soberana, y el Comunicado Conjunto (conocido a veces como “Segundo Comunicado de Shanghai”), por el que se recortaba drásticamente la venta de armas a Taiwán. En 1979, Washington y Pekín intercambiaron embajadores y los estadounidenses cesaron sus relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

Alrededor de 1980, la política defendida por el gobierno de China continental era “un país, dos sistemas”, ofreciendo a Formosa la excepcionalidad de un sistema político diferente y económicamente independiente, pero formando parte de la única China. No obstante, esa fórmula no cumplía con los deseos de independencia de la vigésimo tercera provincia. Hacia 1985, el gobierno de la isla se encaminada con paso firme hacia una democracia (2).

Avanzados los 90, Pekín amenazó a Taiwán con ejercicios militares en aguas circundantes, en los que se desplegaron misiles, lo que motivó una respuesta contundente de Estados Unidos: el envío de dos grupos de batalla de portaaviones a la región; con ello Washington mostraba una clara decisión de proteger al antiguo aliado por su importancia estratégica.

La situación actual sigue siendo compleja. Entre China y su provincia rebelde no se han establecido lazos directos a través de mensajería o telecomunicaciones; tampoco se remiten envíos postales o de paquetería, ni existe conexión directa de vuelos. Las reuniones cara a cara entre delegados han sido infrecuentes y no muy productivas.

El problema de Corea del Norte

La República Popular Democrática de Corea, por su parte, constituye un punto especialmente crítico en las relaciones chino-americanas, que además afecta a Corea del Sur y Japón, a su vez aliados de EEUU Pyongyang ha realizado ya seis pruebas nucleares subterráneas y sigue con sus lanzamientos de misiles sobre el Mar de Japón.

China es el único aliado de Corea del Norte: es su mayor socio comercial y su principal fuente de alimentos y energía. Pekín se ha opuesto históricamente a sanciones internacionales duras contra su vecino. La voluntad de pervivencia del comunismo es esencial a la hora de comprender la relación estrecha que mantienen la sui generis dictadura coreana y China. Es fácil adivinar porqué: si cae el régimen de Kim Jong-Un, el de Xi Jinping puede verse desestabilizado. Una crisis de refugiados, con miles de norcoreanos cruzando la frontera de 1400 kilómetros que limita ambos países, tendría graves efectos en el gigante asiático. Aunque continúen estando fuertemente ligados a Pyongyang, los chinos han presionado para que se retomara el Diálogo de los Seis y han aceptado la aplicación de ciertas sanciones internacionales.

La rotunda afirmación de Trump de que “si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, nosotros lo haremos” en realidad no despeja las dudas sobre qué puede ocurrir si Pyongyang traspasa el umbral de la capacidad nuclear. Ciertamente a medida que el régimen Kim Jong-Un se ha ido acercando a ese umbral, Pekín ha aumentado sus presiones diplomáticas, financieras y comerciales sobre su vecino (3). Pero la posibilidad de que Corea del Norte esté ya a punto de alcanzar su objetivo estratégico deja a Estados Unidos ante la disyuntiva de una acción militar, que difícilmente puede ser a la vez efectiva y limitada, o tener que conformarse con una política de contención.

A lo largo de los años, Washington ha tratado de alentar a Corea del Norte para que olvide irreversiblemente su programa nuclear, proponiendo a cambio una recompensa consistente en ayuda, ventajas diplomáticas y la normalización de relaciones. Al mismo tiempo, Corea del Sur acoge a 29.000 efectivos militares estadounidenses. En marzo de 2017, órdenes ejecutivas del Presidente y del Congreso de EEUU fueron más allá de las sanciones: se programó un sistema de defensa conocido como THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) (4) como medida preventiva ante un posible ataque del Norte y con el objetivo de asegurar la estabilidad de la región.

La batería THAAD es especialmente interesante de analizar, por la doble perspectiva que presenta. Por su rango y capacidad limitados no deberían preocupar a China, pues los interceptores no podrían alcanzar en ningún punto de la trayectoria, desde casi ninguna de las localizaciones de lanzamiento posibles, a los misiles balísticos intercontinentales chinos. Por ello, ni Washington ni Seúl deberían presentar el sistema como una forma de represalia contra Pekín por sus fallidas sanciones a Corea del Norte. Desgraciadamente, oficiales estadounidenses y surcoreanos sugieren que el propósito de la instalación del sistema THADD es mandar un mensaje a China de advertencia. Se trata de algo contraproducente, ya que solo ofrece razones para justificar la nuclearización del hegemón asiático, ante la aparente degradación de su tecnología de medio alcance, la de segundo grado de respuesta nuclear (second-strike capability).

Insatisfacciones mutuas

Si los asuntos relativos a Taiwán y Corea del Norte han ocupado buena parte de la agenda bilateral, la cuestión de la transformación económica de China, desde su impulso por Deng Xiaoping, ha sido central en la relación directa entre China y Estados Unidos.

La Gǎigé kāifàng (reforma y apertura) puso énfasis en la modernización y en la reforma económica y política. Esto conllevó unas relaciones diplomáticas normalizadas y el desarrollo del comercio y de la inversión bilaterales. La cooperación en materia política, económica y de seguridad con los antiguos “imperialistas americanos” se basó en la prevención del terrorismo y de la proliferación de armas nucleares, y en el mantenimiento de la paz en la península coreana.

Sin embargo, sigue habiendo problemas sin resolver. La insatisfacción estadounidense se debe a la política de China frente a los derechos humanos y a sus movimientos financieros de devaluación de divisa como medida de control de la inflación. Esos movimientos monetarios ponen en duda el control del mercado por parte del hegemón americano, el cual cuenta en la actualidad con mayor peso y primacía, entre otras cosas, por ser el dólar la moneda internacional de cambio (podría de esta manera “exportar su inflación” a Pekín). También preocupa en Washington la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones procedentes de China, que genera un gran déficit comercial bilateral para los estadounidenses. Otro potencial problema es la venta de misiles y de tecnología nuclear a terceros Estados de Oriente Medio y Asia.

Desde la perspectiva china, su insatisfacción se debe a la venta de armas que EEUU hace a la provincia rebelde (Taiwán), al sistema de defensa establecido en Corea del Sur (tanto el sistema THAAD como la ayuda militar), y una política internacional estadounidense que Pekín tacha de amenazante, imperialista y dominante.

Vías de cooperación

La consideración de “rival” que EEUU hace de China, como recoge el primer documento de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, parte de la constatación de que el régimen chino no camina hacia la democracia como muchos en el resto del mundo esperaban. “Durante décadas, la política de Estados Unidos estuvo basada en la creencia de que el apoyo al ascenso de China y su integración en el orden internacional de post-guerra liberalizaría ese país”, dice el documento, constatando que Pekín no está deslizándose hacia un régimen de libertades políticas y de respeto de los derechos humanos, por lo que Washington ya no puede ser tan condescendiente con Pekín como antes.

Probablemente, sin la asunción por parte de China de los valores y principios que dan sentido a Estados Unidos, es imposible un acercamiento real y confiado entre las dos superpotencias. Aun así, por la supervivencia de ambas, una amplia cooperación entre ellas es necesaria.

A pesar de no ser imposible una guerra entre Estados Unidos y China, esta es improbable por diversos motivos, como exponen Steinberg y O'Hanlon en Strategic Reassurance and Resolve (2015):

–Los objetivos de prosperidad económica comunes, el intercambio comercial, la interdependencia tanto a nivel bursátil o financiero como empresarial hacen muy perjudicial para ambos países una confrontación bélica. Además, China ha adoptado progresivamente medidas contra el fraude y la desestabilización por manipulación informática, a instancias de Estados Unidos; la cuestión del ciberespionaje, aunque sigue provocando desencuentros mutuos, es abordada de modo regular por ambos países en sus encuentros bilaterales, conscientes de que probablemente cobre mayor importancia con los años.

–El Mar del Sur de China es una ruta comercial que no ha sido nunca cerrada, si bien es un motivo de disputas a tener en cuenta, puesto que siguen sin resolverse aun a pesar e haber sido llevadas ante la Corte que trata el Derecho del Mar (siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo). Estados Unidos posee en la región intereses estratégicos y comerciales que le vinculan a sus aliados (Japón y Corea del Sur), por lo que podría ser motivo de tensiones. En cualquier caso, actualmente no parece que China desee provocar una escalada militar en la zona, aunque haya establecido bases en islas artificiales y trasladado tropas.

–El código de conducta de la ASEAN para el Mar del Sur de China, que impide el uso de la fuerza, puede lograr que Pekín se replantee aumentar su agresividad en la región. Ese impulso de la ASEAN para que China deje de reclamar soberanía marítima que le ha sido rechazada por la comunidad internacional son puntos en contra de la guerra.

–Existen diversas operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo (ISIS) y en prevención de la piratería, en las que participan las dos superpotencias.

–China ha incrementado su ayuda humanitaria y su labor de apoyo a las misiones de paz de la ONU.

Ante un escenario de no entendimiento entre Pekín y Washington, pero al mismo tiempo de no confrontación armada, cabe sugerir las siguientes actuaciones:

–Una negociación que incluyera una menor venta de armas a Taiwán por parte de EEUU a cambio de una mayor seguridad en las costas, y una reducción proporcional de China de las amenazas a la isla.

–Una mayor cooperación y transparencia a la hora de realizar movimientos de armamento y de tropas militarización, de reestructuraciones de las fuerzas armadas y de ejercicios militares en el Pacífico.

–Creación de organizaciones conjuntas de lucha contra el crimen organizado y el ciberataque, en especial contra las amenazas dirigidas a las infraestructuras civiles.

-Apoyo y coherencia en la prevención de la escalada nuclear. Negociación a la hora de llegar a una conclusión firme sobre cómo debilitar el régimen de Pyongyang. Crítica seria y coherente, conociendo la imposibilidad (además de perjuicio) de su derrocamiento de forma directa.

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(1) “We seek an open world--open to ideas, open to the exchange of goods and people--a world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy”. Inaugural Adress (January 20, 1969)

(2) Fue la primera vez que el Partido Progresista Demócrata logró presionar en las elecciones a la Asamblea Nacional y al Yuan Legislativo y formar una coalición unificada contra el Kuomintang. En 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas libres en Taiwán.

(3) “China will be most likely to put diplomatic and financial pressure on North Korea if it believes that failing to do so will lead the United States to destabilize the regime,” write Joshua Stanton, Sung- Yoon Lee, and Bruce Klingner in Foreign Affairs.

(4) El sistema tiene típicamente entre 48 y 62 misiles interceptares con rangos de hasta 200 kilómetros, apoyados por un radar con rango de hasta unos 1.000 kilómetros

[Enrique Serrano, ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, Planeta, Bogotá 2016, 273 páginas]

RESEÑA / María Oliveros [Versión en inglés]

La historia de Colombia ha sido clasificada muchas veces como una de las más violentas. El largo capítulo del terrorismo de las FARC o el enfrentamiento de los carteles de droga están bien presentes, pero ya antes hubo en Colombia hechos tan violentos como la Revuelta de los Comuneros, la Guerra de los Mil Días o la Masacre de las Bananeras. Una sucesión de acontecimientos que ha inducido a la mayoría de los colombianos a creer que la violencia ha caracterizado la historia del país y que quizás pueden hacer poco para evitarla.

Esa creencia es desafiada por el comunicador, filósofo y escritor colombiano Enrique Serrano en ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma. El propósito del libro es analizar por qué Colombia no ha prosperado más como país. Para responder a esa pregunta, Serrano revisa en cortos capítulos la mentalidad colombiana desde los inicios de la nación; ahí encuentra razones por las que Colombia es un país al que le ha costado salir adelante, crecer en progreso y poder desarrollarse al máximo.

¿Por qué fracasa Colombia? es un libro arriesgado, que combate pensamientos que han permanecido mucho tiempo en la mente de los colombianos. Frente a esa creencia central de que la violencia ha caracterizado la historia del país, Serrano advierte ya desde las primeras páginas: “También se presume de que esta es una nación plagada por la violencia más artera, desde sus inicios hasta el día presente. Sin embargo, ha sido más pacífica que violenta, al menos durante la mayor parte de su lenta formación y que a pesar de que no se puede negar la importancia de la violencia, se trata de algo episódico, reciente, similar a la de otros pueblos en transición”.

Serrano trata de exponer la historia de un país que no comienza en 1810 con la independencia, sino que sus orígenes van mucho más atrás, al momento cuando los españoles llegaron a América y se instalaron en Colombia. Todo esto para poder demostrarle al lector que durante los trescientos años que siguieron a la llegada de los primeros conquistadores, Colombia fue una nación pacífica y mesurada.

La premisa principal de Serrano es que quienes llegaron a Colombia eran sobre todo cristianos nuevos, descendientes de árabes y judíos, provenientes del sur de España, que buscaban un lugar provisional para acomodarse y poder evitar los conflictos religiosos que ocurrían en España por aquella época. Los recién llegados se establecieron en pequeñas urbanizaciones, unos lejos de otros, no solo porque eso era lo que la geografía del país permitía, sino porque lo último que querían era entrar en conflicto con otros pobladores, tanto europeos como indígenas, según explica Serrano.

En realidad es cuestionable que entre los nuevos pobladores predominara un planteamiento religioso privado refractario o que la búsqueda de refugio para sus conciencias motivara en la mayoría de los casos su marcha a América. Da la sensación de que el autor acomoda el punto de partida pensando en aquellos aspectos posteriores a los que quiere dar explicación.

El autor también defiende la tesis de que en Colombia hubo un mestizaje racial, pero no un mestizaje cultural, debido a que la cultura indígena era muy débil, lo que contribuyó a la asunción de la religión traída por los españoles. En la cultura que estos transmitieron a las nuevas generaciones se encontraban ideas como la provisionalidad o incluso acostumbrarse al fracaso: “Además debían reaccionar de un modo pacífico, y no violento, cuando los acontecimientos les eran desfavorables y no podían cumplir sus deseos. Por tanto, una relativa tolerancia y conciencia de que la frustración del alcance de los deseos es algo probable, está en las viejas pautas de crianza de la nación colombiana”.

Serrano sugiere que esta mentalidad originada siglos atrás sigue presente en Colombia: la idea de no esforzarse al máximo, de no arriesgarse mucho por miedo a fracasar, de hacer las cosas a medias para no perder mucho por si salen mal. Probablemente esa mentalidad que se fue creando con los años explica por qué los proyectos de urbanización en el país no avanzan correctamente, por qué el proyecto del metro en la capital colombiana no ha podido concretarse, o por qué le ha costado tanto al país explotar sus recursos al máximo.

Aunque en el libro se tocan otros aspectos como el lenguaje, la higiene corporal y las clases sociales, es sin duda la historia el componente fundamental. Refiriéndose a hechos históricos del pasado colombiano, Serrano propone una visión de la historia nacional alejada de la habitual. Así, como se ha dicho, su relato no comienza con el grito de independencia de 1810, sino explicando la sociedad española del siglo XV y XVI, para de esta forma entender la mentalidad de los primeros hombres, mujeres y familias que llegaron a América. Se trata de una visión optimista que procura compartir la idea de que no todo ha sido sufrimiento en la historia colombiana. 

Es un hecho que la historia del país no se vive ni se recuerda con mucho ánimo por los colombianos. Recordar el pasado es para muchos una forma de recordar la violencia, las guerras y la polarización nacional que comenzó con la formación de los dos grandes partidos, Liberales y Conservadores, a mediados del siglo XIX. Conocer bien el pasado, en cualquier caso, es primordial para el progreso; eso es lo que busca la nueva ley decretada el 1 de enero de 2018, que obliga a todos los colegios del país a impartir clase de Historia Colombiana. 

El libro concluye con una serie de sugerencias sobre el presente y el futuro. Ese último capítulo, titulado ¿Hacia donde puede ir una nación así?, trata de transmitir un sentimiento de esperanza, a la vez que supone un llamado a la alta responsabilidad. Según el autor, conocer el pasado y no huir de él, sino aceptarlo para así poder mejorar mentalidades y hábitos, es lo que le dará la base al país para no fracasar. 

[Mai’a K. Davis Cross, The Politics of Crisis in Europe. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2017. 248 páginas]

RESEÑA / Mª Teresa La Porte [Versión en inglés]

La principal tesis de la extensa investigación que presenta esta obra se condensa en una de sus últimas conclusiones: ‘Indeed, what the crisis over Iraq, the constitution, and the Eurozone have revealed is that even in the face of extreme adversity, and even when the easy route of freezing or rolling back integration is on the table before them, Europeans routinely choose more Europe, not less’ (p. 235). La autora justifica esta afirmación arguyendo que la percepción de crisis existencial (existential crisis) que periódicamente azota a la Unión Europea es un constructo social (social construct), iniciado y orquestado por los medios de comunicación y los líderes de opinión pública (public opinión shapers) que controlan la elaboración de las narrativas y determinan la percepción pública de los hechos. La cobertura mediática amplifica un problema, que si bien es innegable, no cuestiona la existencia de la Unión Europea. Esa visión negativa provoca en la ciudadanía lo que Cross denomina ‘integrational panic’, generando un sentimiento de catástrofe que se multiplica a través de los discursos políticos. La ausencia de ‘crisis real’ vendría demostrada por el hecho de que, tras estas aparentes catástrofes, se produce un avance constatable en integración europea y un renovado deseo de encontrar un consenso.

El libro presenta el análisis de tres ‘crisis’ recientes por las que ha atravesado la Unión Europea: la disputa en relación con la participación en la guerra de Irak (2003), el debate en torno a la Constitución Europea (2005) y la crisis económica de la euro zona (2010-12). Cada uno de los casos comprende un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido de medios líderes internacionales, un examen de la reacción de la opinión pública y un seguimiento de la toma de decisiones políticas. A pesar de la diferencia entre los casos de estudio, la autora encuentra un patrón común a todos ellos que permite el estudio comparativo y que se desarrolla de la siguiente manera: surgimiento del conflicto que provoca el debate, reacción negativa de los instigadores sociales elaborando narrativas alarmantes, percepción de crisis existencial por parte de la ciudadanía, estado de ‘catarsis’ (catharsis) en la que se relajan las tensiones y se produce una reflexión serena sobre los acontecimientos, y, por último, la fase de resolución en la que se adoptan medidas políticas que refuerzan la integración europea (Estrategia de Seguridad Europea, 2003 (European Security Strategy); Tratado de Lisboa, 2009 (Lisbon Treaty); Pacto Fiscal Europeo, 2012 (Fiscal Compact)).

La Unión Europea se entiende como un proyecto en vías de desarrollo: ‘a work in progress, a project that is perennially in the middle of its evolution, with no clearly defined end goal’ (p.2). Las desavenencias entre los estados miembros, en relación con la política exterior o con el grado de integración, son propias de una iniciativa ambiciosa, que está en plena proceso de maduración y que avanza contando siempre con el parecer de todos y cada uno de sus miembros. Sin embargo, el estudio no minusvalora las dificultades reales por las que atraviesa la institución comunitaria y están presentes a lo largo de toda la investigación.

Resulta especialmente interesante el detenido seguimiento de las dinámicas sociales que genera la interpretación de las ‘crisis de existencia’ de la Unión Europea. Los procesos de elaboración de las narrativas por los medios de comunicación, el efecto multiplicador a través de los discursos de actores políticos y expertos, y la reacción de la opinión pública europea y global aportan un conocimiento sobre el impacto político del comportamiento social que debe tener mayor consideración en la disciplina de relaciones internacionales. El estudio destina una especial atención a la resolución de la crisis y al fenómeno de ‘catarsis’ que se produce como consecuencia de la reflexión política. Esta etapa comenzaría cuando se amplían las opciones y se empiezan a valorar diferentes soluciones, las élites políticas recuperan su poder de decisión y se inicia la consideración de potenciales oportunidades de generar consenso y avanzar en la integración. Como la autora remarca, la catarsis no elimina las tensiones, pero permite un debate abierto que concluye con una propuesta positiva.

Es también una contribución positiva la revisión científica del concepto de ‘crisis’ en las principales perspectivas intelectuales de la materia: la visión sistémica, la conductual o del comportamiento y la visión sociológica. Basándose en la producción anterior, la autora aporta un nuevo concepto ‘integrational panic’ que define como ‘a social overreaction to a perceived problem’.

La crítica procedente del ámbito académico, aunque no deja de subrayar el interés del enfoque del trabajo, considera insuficiente el análisis político de cada uno de los conflictos analizados y afirma que el libro no refleja bien la complejidad de los problemas a los que se enfrenta Europa. En concreto, se cuestiona si la crisis del Brexit y el surgimiento de los partidos euroescépticos no desmantelan la argumentación expuesta en estas páginas. La autora incluye un breve comentario sobre ambas cuestiones (el referéndum británico coincide con la publicación del libro) arguyendo que ambos problemas responden a un conflicto de política nacional y no europeo, pero la crítica lo considera incompleto.

En cualquier caso, la relevancia del trabajo está justificada por varios motivos. En primer lugar, su novedad: aunque las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea han sido estudiadas con anterioridad, son muy pocos los trabajos que lo han hecho de forma comparada y concluyendo comportamientos comunes. En segundo lugar, y aunque sea una tesis discutible, el análisis del efecto de los medios de comunicación y de los líderes de opinión pública en la crisis existenciales de la UE contribuye a una valoración política del fenómeno más certera y realista. Por último, la investigación favorece una mejor gestión de estos periodos de turbulencia, permitiendo reducir los efectos desgastantes de un constante debate sobre la pervivencia de la institución dentro y fuera de Europa.

ENSAYO / Andrea Pavón-Guinea [Versión en inglés]

1. Introducción

La combinación de ataques terroristas en suelo europeo, el surgimiento del Estado Islámico, la guerra civil siria y la crisis de los refugiados han puesto de manifiesto la importancia del diálogo intercultural entre la Unión Europea y el mundo islámico. En este contexto de guerra asimétrica y retos no tradicionales de seguridad, la Unión Europea está centrando sus recursos en iniciativas de la sociedad civil basadas en poder blando que puedan contribuir a la prevención de la radicalización. Mediante la creación de la Fundación Anna Lindh para el desarrollo intercultural, la Unión Europea dispone de un instrumento sin igual para acercar a las sociedades civiles de ambas orillas del Mediterráneo y contribuir a la mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas.  

2. Las relaciones Euro-Mediterráneas y el diálogo intercultural 

Las relaciones entre la Unión Europea y el Mediterráneo Sur empezaron[1] a ser reguladas formalmente con la creación del Proceso de Barcelona en 1995[2].

La Declaración de Barcelona daría lugar a la creación de la Asociación Euro-Mediterránea; un foro de relaciones multilaterales que, ‘basadas en un espíritu de asociación’, pretende convertir la cuenca mediterránea en un ‘área de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad’. El Proceso de Barcelona traería así a colación uno de los principios fundadores de la Unión Europea, aquel que llama a alcanzar los objetivos comunes mediante un espíritu de corresponsabilidad (Suzan, 2002). La Declaración persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, la creación de un área común de paz y estabilidad a través del refuerzo de la seguridad y del diálogo político (sería la llamada ‘cesta política’); en segundo lugar, la construcción de una zona de prosperidad compartida a través de la asociación económica y financiera (‘cesta económica y financiera’); y, en tercer lugar, la promoción del entendimiento entre las cultures a través de las redes de la sociedad civil: el llamado diálogo intercultural (cesta de ‘asuntos sociales, culturales y humanos’). 

Más de veinte años después de la Declaración, los reclamos de la política actual en el Mediterráneo Sur subrayan la importancia del desarrollo del diálogo intercultural para la seguridad europea. Aunque los políticos europeos rechazaran la tesis del choque de civilizaciones de Huntington cuando ésta fue articulada por primera vez, se convertiría, sin embargo, en un escenario a considerar después de los ataques del once de septiembre: un escenario, sin embargo, que podría evitarse mediante la cooperación en el ámbito de la ‘tercera cesta’ de la Asociación Euro-Mediterránea, es decir, a través del diálogo reforzado y la cooperación cultural (Gillespie, 2004).

3. Luchando contra la radicalización a través del diálogo intercultural: La Fundación Anna Lindh 

Así pues, haciendo hincapié en que el diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones en toda la región Euro-Mediterránea es más necesario que nunca para promover el entendimiento mutuo, los socios Euro-Mediterráneos acordaron durante la quinta conferencia Euro-Mediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, en Valencia en 2002, establecer una fundación cuyo objetivo fuese el desarrollo del diálogo intercultural. De esta manera nace la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Cultures que, con sede en Alejandría, comenzaría a funcionar en el año 2005.

Cabe destacar que Anna Lindh es única en su representación y configuración, pues reúne a todos los socios Euro-Mediterráneos en la promoción del diálogo intercultural, que es su único objetivo. Para ello, se basa en la coordinación de una red regional de más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, tanto europeas, como mediterráneas.

A pesar de que lleve en funcionamiento ya más de diez años, su trabajo se centra en la actualidad en el desarrollo del diálogo intercultural con el fin de prevenir la radicalización. Este énfasis ha sido continuamente puesto de manifiesto en los últimos años, por ejemplo, en el Foro Mediterráneo de la Fundación Anna Lindh, celebrado en Malta en octubre de 2016, su mandato en el diálogo intercultural contenido en la nueva Política Europea de Vecindad (18.11.2015) y en la estrategia de la Alta Representante Mogherini para la promoción de la cultura en las relaciones internacionales.

Sin embargo, han sido los recientes ataques terroristas en Europa los que han resaltado la necesidad urgente de abordar el fenómeno de la radicalización[3], que, en última instancia, puede llegar a conducir al extremismo violento y al terrorismo. En este sentido, la prevención de la radicalización[4] es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la Agenda Europea de Seguridad en 2015[5]. Esto es así porque la mayoría de los terroristas sospechosos de haber atentado en suelo europeo son ciudadanos europeos, nacidos y creados en estados miembros de la Unión Europea, donde han experimentado procesos de radicalización que culminarían en actos de violencia terrorista. Este hecho evidencia ‘la dimensión transnacional del terrorismo islamista’ (Kaunert y Léonard, 2011: 287), así como la naturaleza cambiante de la amenaza, cuyos motores son diferentes y más complejos que previos procesos de radicalización: ‘La radicalización de hoy tiene diferentes fundamentos, opera sobre la base de diferentes técnicas de reclutamiento y comunicación y está marcada por objetivos globalizados y móviles dentro y fuera de Europa, creciendo en diversos contextos urbanos’[6]. El siguiente mapa muestra el número de arrestos por sospecha de terrorismo yihadista en Europa en 2016.

En consecuencia, la Fundación Anna Lindh puede entenderse como una respuesta alternativa y no conflictiva al discurso del choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos (Malmvig, 2007). Su objetivo principal que es el de crear ‘un espacio de prosperidad, convivencia y paz’ mediante ‘la restauración de la confianza en el diálogo y la reducción de los estereotipos’ se basa en la importancia otorgada por la Unión Europea al desarrollo del diálogo intercultural entre civilizaciones como elemento crucial de cualquier programa político y estratégico dirigido a los países mediterráneos vecinos (Rosenthal, 2007). Dicho de otro modo, la creación de un área de diálogo, cooperación e intercambio en el sur del Mediterráneo es una prioridad clave de la política exterior de la Unión Europea. Además, con la creación de la Fundación Anna Lindh, la Unión Europea está reconociendo que para que la Asociación Euro-Mediterránea funcione, el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, y no solo entre las elites políticas, es esencial.

Así pues, Anna Lindh, como organización basada en red de redes de la sociedad civil, se vuelve instrumento crucial para abordar la prevención de la radicalización. En esta línea, el grupo de trabajo de implementación de la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas[7] ha argumentado que el Estado por sí solo no cuenta con los recursos necesarios para luchar contra la radicalización terrorista, y, por lo tanto, necesita cooperar con socios de otra naturaleza para llevar a cabo esta tarea. La involucración de la sociedad civil y las comunidades locales serviría así para aumentar la confianza y la cohesión social, llegando incluso a ser un medio para llegar a ciertos segmentos de la sociedad con los que los gobiernos tendrían dificultades para interactuar. La naturaleza de los actores locales, tal y como ha resaltado la Unión Europea mediante la creación de la Fundación Anna Lindh, sería la más acertada para prevenir y detectar la radicalización tanto a corto como a largo plazo[8].

Conclusión

De esta forma, el diálogo intercultural constituye una herramienta para abordar el fenómeno de la radicalización en la región del Mediterráneo Sur, donde los legados de un pasado colonial exigen que ‘se encuentren interlocutores más creíbles entre las organizaciones no gubernamentales’ (Riordan, 2005: 182). Con el objetivo de prevenir la radicalización terrorista dentro y fuera de Europa, y asumiendo que prácticas basadas en el diálogo y la mutualidad pueden ofrecer un marco adecuado para el desarrollo y mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas, la Unión Europea debería avanzar hacia asociaciones reales dirigidas hacia el fomento de la confianza entre las personas y rechazar cualquier programa de acción unilateral que suponga una reproducción del discurso del choque de civilizaciones (Amirah y Behr, 2013: 5). 

La alta corrupción e impunidad en la región dificultan la erradicación de sobornos millonarios en las contratas públicas

La confesión de la compañía de construcción e ingeniería Odebrecht, una de las más importantes de Brasil, de haber entregado elevadas sumas como sobornos a dirigentes políticos, partidos y funcionarios públicos para la adjudicación de obras en diversos países de la región ha supuesto el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. El notable incremento presupuestario durante la “década de oro” de las materias primas ocurrió en un marco de escasa mejora de la efectividad del Estado de Derecho y del control de la corrupción, eso propició que se produjeran elevados desvíos ilícitos en las contratas públicas.

ARTÍCULO / Ximena Barría [Versión en inglés]

Odebrecht es una compañía brasileña que través de varias sedes operativas conduce negocios en múltiples industrias. Se dedica a áreas como ingeniería, construcción, infraestructura y energía, entre otras.  Su sede principal, en Brasil, está ubicada en la ciudad de Salvador de Bahía.  La empresa opera en 27 países, de Latinoamérica, África, Europa y Oriente Medio. A lo largo de los años, la constructora ha participado en contratos de obras públicas de la mayor parte de los países latinoamericanos.

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación que denunciaba que la compañía brasileña había sobornado a funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La investigación se desarrolló a partir de la confesión hecha por los propios máximos ejecutivos de Odebrecht una vez descubiertos.

La compañía entregaba a los funcionarios de esos países millones de dólares a cambio de obtener contratos de obras públicas y beneficiarse del pago por su realización. La empresa acordaba entregar millones de dólares a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos públicos o personas relacionadas con el Gobierno. Su fin era tener una ventaja competitiva que le permitiera retener negocios públicos en diferentes países. 

A fin de encubrir dichos movimientos ilícitos de capitales, la empresa creaba sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil.  La empresa elaboró una estructura financiera secreta para encubrir estos pagos. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que los sobornos en los países mencionados alcanzaron un total de 788 millones de dólares (casi la mitad solo en Brasil). Utilizando este método ilegal, contrario a toda ética empresarial y política, Odebrecht logró el encargo de más de cien proyectos, cuya realización le generó unos beneficios de 3.336 millones de dólares.

Falta de un poder judicial efectivo

Este asunto, conocido como caso Odebrecht, ha creado consternación en las sociedades latinoamericanas. Sus ciudadanos consideran que para que actos de este tipo no queden impunes, los países deben tener una mayor eficiencia en el ámbito judicial y dar pasos más acelerados hacia un verdadero Estado de Derecho. 

De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, ninguno de los diez países latinoamericanos afectados por esta red de sobornos llega al 60% de efectividad del Estado de Derecho y de control de la corrupción. Eso explicaría el éxito de la constructora brasileña en su política de coimas.

La independencia judicial y su efectividad es esencial para la resolución de hechos de estas características. El correcto ejercicio de la Justicia moldea un apropiado Estado de Derecho, previniendo que ocurran actos ilícitos u otras decisiones políticas que puedan vulnerarlo. A pesar de que esto es lo ideal, los países involucrados en el caso Odebrecht no cumplen con cabalidad esta debida independencia judicial.

En efecto, según el Reporte de Competitividad Global para 2017-2018, la mayoría de los países afectados obtienen una baja nota respecto a la independencia de sus tribunales, lo que indica que carecen de un poder judicial efectivo para juzgar a los presuntos involucrados en este caso. Así ocurre, por ejemplo, con Panamá y con la República Dominicana, situados en los puestos 120 y 127, respectivamente, en cuanto a independencia judicial, de una lista de 137 países.

Uno de los problemas que padece el Órgano Judicial de la República de Panamá es el alto número de expedientes que maneja la Corte Suprema de Justicia. Esa congestión dificulta que la Corte Suprema pueda trabajar de manera efectiva. La alta cifra de expedientes procesados se dobló entre 2013 y 2016: la Sala Penal de la Corte procesó 329 expedientes en 2013; en 2016 fueron 857. Aunque el Órgano Judicial panameño ha mejorado su presupuesto, eso no ha representado un aumento cualitativo en sus funciones. Esas dificultades podrían explicar la decisión de la Corte de rechazar una extensión de la investigación, aunque ello pueda significar cierta impunidad. En 2016 solo hubo dos detenidos por el caso Odebrecht. En 2017, de los 43 imputados que podrían estar involucrados en la aceptación de sobornos valorados en 60 millones de dólares, solo 32 fueron procesados.

La República Dominicana también se encuentra en una situación parecida. Según una encuesta de 2016, solo el 38% de los dominicanos confían en la institución judicial. A ese bajo porcentaje puede haber contribuido el hecho de que para ejercer de jueces de la Corte Suprema fueron elegidos miembros activos de los partidos políticos, algo que opaca la credibilidad de la Justicia y su independencia. En 2016, los tribunales dominicanos solo indagaron sobre una persona, cuando la Corte Suprema estadounidense estimaba que la empresa brasileña había dado 92 millones de dólares en sobornos políticos, uno de los montos más elevados fuera de Brasil. En 2017, la Suprema Corte de la Republica Dominicana ordenó la excarcelación de 9 de 10 presuntos implicados en el caso por insuficiencia de pruebas.

Necesidad de mayor coordinación y reforma

En octubre de 2017, fiscales públicos de Latinoamérica se reunieron en Ciudad de Panamá para compartir información sobre blanqueo de capitales, especialmente en relación al caso Odebrecht. Los funcionarios expresaron la necesidad de no dejar ningún caso impune, para contribuir con ello a resolver uno de los mayores problemas políticos, económicos y judiciales de la región. Algunos fiscales reportaron haber sufrido amenazas en sus investigaciones. Todos valoraron de manera positiva el encuentro, ya que con él ponían de relevancia la necesidad en Latinoamérica de una mayor coordinación fiscal y armonía legislativa. No obstante, es importante destacar que la República Dominicana estuvo ausente de esa reunión.

Toda concienciación de los ministerios públicos de Latinoamérica es esencial ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación.  El inefectivo Estado de Derecho y la falta de control de la corrupción facultan que empresas como Odebrecht puedan triunfar en su política de sobornos para obtener una ventaja competitiva. 

Las carencias de los sistemas judiciales en países como Panamá y República Dominicana, en concreto, pueden hacer posible que funcionarios públicos queden impunes de los delitos cometidos. Además, el caso Odebrecht, de gran magnitud en la región, podría congestionar aún la actividad judicial si no se hacen reformas efectivas en cada país. 

ENSAYO / Marianna McMillan [Versión en inglés]

I. Introducción

El 31 de marzo de 2016, la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, presentó la nueva plataforma de diplomacia cultural, cuyo objetivo es realzar la visibilidad y el entendimiento hacia la Unión a través del diálogo intercultural. El hecho de que todos los actores influyentes se comprometan con esta plataforma (desde una perspectiva vertical, de abajo a arriba), hace que debamos reconsiderar tres factores de la UE: (1) el contexto en el que opera; (2) las limitaciones internas que tiene que abordar, y (3) la política exterior a la que se aspira. Sin embargo, la UE quiere dar una sola imagen cultural, con una voz única y coherente con sus políticas; por eso, en primer, la UE lugar debe defender su lema “unidad en la diversidad”. Este lema significa la integración de las culturas nacionales en otros países, sin que esta integración haga peligrar las diferentes identidades nacionales de los estados miembros. Por consiguiente, en su estatus de actor internacional y de organización regional, la UE tiene una carencia en lo que respecta al diálogo intercultural y la negociación entre identidades (Servicio de Acción Exterior Europeo, 2017). Por ello, debe esforzarse tanto en uno como en el otro (diálogo intercultural y la negociación entre identidades) para hacer frente a las amenazas a la seguridad europea como son el terrorismo, la ciber-inseguridad, la inseguridad energética o la ambigüedad de identidad.

El objetivo de este análisis es, por una parte, comprender la importancia de la cultura como instrumento de poder blando, y por otra parte, reflexionar sobre la influencia de la cultura como fundamento teórico de la nueva plataforma cultural europea.

II. Unidad en la diversidad mediante la Nueva Plataforma de Diplomacia Cultural

Si la Unión Europea aspira a ser un orden liberal fundamentado en la cooperación, entonces ¿hasta qué punto la UE puede ser mundialmente influyente? Lo que es innegable es que carece de una única voz y de una política exterior común coherente.

El hecho de que la UE carezca de una única voz es resultado del trascurso de la integración a lo largo de la historia, una integración que ha estado basado más basada en la diversidad y no tanto en la igualdad. Por otra parte, la afirmación sobre la incoherencia de la política exterior común hace referencia a todos aquellos casos en los que ante un problema de coordinación, prima lo que se pactó en el tratado de Maastricht 1992 (Banús, 2015: 103-105 y Art. 6, TFUE): las competencias pueden ser de los estados miembros, de la UE o puede que sean competencias compartidas

Como consecuencia de la aceleración de globalización, el aumento de amenazas de seguridad no tradicionales (terrorismo internacional, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, las ciberamenazas o el cambio climático) la idea de una política exterior común entre los estados miembros y la UE queda desafiada. Tales amenazas no solo exigen un nuevo paradigma de seguridad, sino también un nuevo paradigma de coexistencia. Este cambio de paradigmas permitiría a la UE tener una mayor capacidad para reducir la radicalización y para dirigir la coexistencia hacia las necesidades de las sociedades civiles (véase European Comission, 2016). A modo de ilustración sobre el nuevo paradigma, podemos nombrar la promoción de narrativas de un patrimonio cultural compartido que ayuda al proceso regional de integración. Sin embargo, al mismo tiempo que se implementan iniciativas como la anterior, crece el escepticismo hacia los inmigrantes y se fomentan narrativas contrarias con la narrativa comunitaria proyectada por la UE. Estas limitaciones institucionales y estructurales –diversidad y competencias compartidas– reflejan las dinámicas del panorama cultural y sus consecuencias imprevistas en el seno UE. Dan además una visión del proyecto europeo como un proceso de integración (unidad en diversidad) y la identidad europea como una voz única. Por lo tanto, la UE en su condición de actor internacional y de organización regional, basada en unidad en diversidad, tiene una necesidad de establecer un diálogo intercultural y una negociación de identidades compartidas desde el seno de su organización (EEAS, 2017). Esto serviría no solo para establecer condiciones favorables a las políticas de Bruselas, sino también como un instrumento o medio para la UE a contrarrestar las amenazas no tradicionales y externas, como terrorismo, narrativas populistas, ciberamenazas, inseguridad energética y ambigüedad de identidad.

Respecto a la dificultad para distinguir las limitaciones internas y amenazas externas, Federica Mogherini estableció la Nueva Plataforma de Diplomacia Cultural (NPC) en 2016.

Con el objetivo de aclarar la terminología utilizada previamente, ‘diplomacia cultural’ es entendida como “equilibrio de poder” según el enfoque realista y como un “equilibrio reflexivo” desde un enfoque conceptual (Triandafyllidou y Szucs, 2017). Por un lado, el enfoque realista entiende diplomacia cultural como un tipo de diálogo que sirve para avanzar y proteger los intereses nacionales en el extranjero (por ejemplo, eventos culturales europeos conjuntos o programas bilaterales, como festivales de cine, el apoyo al fortalecimiento del sector cultural de Túnez, la creación de casas europeas culturales, el programa de Cultura y Creatividad, Comunicación y Cultura para el desarrollo en el la región del Mediterráneo sur, y la NPC).  Por otro lado, el enfoque conceptual, más reflexivo, entiende la diplomacia cultural como una política en sí misma. Se fomenta el potencial de las sinergias de la cultura para un desarrollo social y económico sostenible mediante los individuos (por ejemplo, intercambios culturales como Erasmus Plus, el Instrumento de Desarrollo y Cooperación y sus subprogramas, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos –EIDHR por sus siglas en inglés–, el ENI Cross Border Cooperation y la Civil Society Facility). La aplicación de la diplomacia cultural a la UE busca tener una visibilidad y una influencia mundial, y por otro lado,  busca promocionar el crecimiento económico y la cohesión social a través de las sociedades civiles (Trobbiani, 2017: 3-5).

A pesar de ser financiado por el Partnership Instrument (PI), que tiene como objetivo fomentar la visibilidad y el entendimiento de la UE, la NPC es un balance entre el enfoque realista y el enfoque conceptual de diplomacia cultural (Europea Comission, 2016b). En consecuencia, es una estrategia de resiliencia que responde a una nueva realidad (la resiliencia se entiende en términos de inclusividad, prosperidad y seguridad de la sociedad). En esta realidad han surgido amenazas de seguridad no tradicionales y en la que ha habido un cambio en la posición de los ciudadanos, que han pasado de ser observadores independientes, a ser participantes activos que exigen un diálogo constructivo que involucre a todas las partes interesadas: gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y sociedades civiles (Higgot, 2017:6-8 y EU, 2016).

La Estrategia Global de 2016 busca el pluralismo, la convivencia y el respeto por "profundizar en el trabajo en la educación, la cultura y la juventud" (EU, 2016). En otras palabras, la plataforma invierte en estructuras creativas, tales como grupos de expertos, institutos culturales o artistas locales, para conservar una identidad cultural, avanzar en la prosperidad económica y realzar el poder blando.

Al buscar el entendimiento y la visibilidad mundial, se ve cómo ha crecido el interés de la UE en las relaciones culturales internacionales (ICR) y la diplomacia cultural (CD). Esto, a su vez, refleja la necesidad interna de la UE de tener una voz única y una política exterior común. Este esfuerzo demuestra el rol fundamental de la cultura en el poder blando, creando así una conexión entre la cultura y el poder exterior. Quizá la pregunta más apropiada sea: ¿hasta qué punto puede la NCP de Mogherini convertir la cultura en una herramienta de poder blando? ¿Y son las estrategias –ICR y NCP– una comunicación y un modelo de coordinación efectivo ante las amenazas de seguridad internas y externas, o va inevitablemente a socavar su narrativa de unidad en la diversidad?

III. Cultura y Poder Blando

El cambio en el concepto de seguridad exige revisitar el concepto de poder blando. En este caso, la diplomacia cultural debe entenderse en términos de poder blando, y poder blando debe entenderse en términos de capacidad de atracción e influencia. El poder blando, de acuerdo con la noción de persuasión de Joseph Nye, surge de "recursos de poder intangibles": "como la cultura, la ideología y las instituciones" (Nye, 1992:150-170).

La UE como producto de los diálogos culturales es un poder civil, un poder normativo y un poder blando. El poder de persuasión de la UE depende de su legitimidad y credibilidad en sus instituciones (EU, 2016a y Michalski, 2005:124-141). Por esta razón, la coherencia entre la identidad que la UE desea mostrar y las prácticas que va a seguir, es fundamental para la proyección de sí misma como un actor internacional creíble. Esta coherencia será necesaria si la UE quiere cumplir su objetivo de "reforzar la unidad en la diversidad". En caso contrario, sus valores liberales se contradirían y se solidificarían los prejuicios populistas contra la UE. Por lo tanto, la legitimidad interna y la credibilidad como fuentes de poder blando dependen en última instancia de la consistencia entre la identidad narrativa de la UE y los valores democráticos que se reflejan en sus prácticas (UE, 2016).

La diplomacia cultural responde a la incoherencia exigiendo reflexión, por un lado, y mejorando esa identidad, por otro. Por ejemplo, la optimización de la imagen de Europa a través del programa de comunicación Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) ayudan a promover intereses geopolíticos específicos, creando condiciones más duraderas para la cooperación con países como Argelia, Libia y Siria, al sur; y Georgia, Moldavia y Ucrania, al este. Esto es relevante en relación a lo que Nye acuñó como poder blando o "co-optive Power": "la capacidad de un país para manejar una situación de manera que otros países desarrollen unas determinadas preferencias o definan sus intereses de acuerdo con los suyos" (Nye, 1990:168). El poder blando aplicado a la cultura puede funcionar indirecta o directamente. Funciona indirectamente cuando es independiente del control del gobierno (por ejemplo, la cultura popular) y directamente a través de la diplomacia cultural (por ejemplo, la NCP). Los actores de la política exterior pueden actuar como defensores de la cultura doméstica, tanto conscientemente (por ejemplo, los políticos) como inconscientemente (por ejemplo, los artistas locales). Al hacerlo sirven como agentes para otros países o canales de poder blando.

IV. Cultura y política exterior

Considerando el poder blando como un surgimiento de la cultura, de los valores y de las políticas nacionales, podemos afirmar que la cultura es a la vez una fundamentación y un recurso de la política exterior (Liland, 1993:8). La política exterior a su vez, opera dentro del marco cultural de cualquier sociedad que interactúe en el plano internacional. Por lo tanto, es necesario un contexto cultural europeo capaz de influir mundialmente (como por ejemplo, la diferencia en las negociaciones de adhesión entre Croacia y Turquía y el atractivo de la integración económica o la capacidad de ajustar las políticas de derechos humanos). La cultura es a su vez un recurso, ya que el intercambio cultural dota de poder a la UE. Esta nueva capacidad de la UE le permite conocer nuevas actitudes, sentimientos e imágenes populares que son capaces de influir en la política exterior, la política doméstica y la vida social. (Liland, 1993:9-14 y Walt, 1998). Otra función a destacar de la cultura es la de difusión de información y su capacidad para obtener opiniones favorables en la nación extranjera (Liland, 1993:12-13).

Por lo tanto, la diplomacia cultural se encuentra a la vanguardia de la política exterior europea; en cambio, esto no significa que el uso de la cultura pueda sustituir los objetivos tradicionales de política exterior –geografía, poder, seguridad, política y económica–, sino que el uso de la cultura sirve para apoyarlos y legitimarlos. En otras palabras, la cultura no es el agente principal en el proceso de la política exterior, sino que es la fundamentación que refuerza, contradice o explica su contenido –así, el idealismo de Wilson en la década de 1920 se puede vincular a una cultura doméstica del "destino manifiesto" (Liland, 1993 y Kim, 2011:6).

V. Conclusiones

El propósito de este artículo ha sido resaltar la importancia de la cultura en relación al poder blando y la política exterior, como fundamentación teórica para entender la lógica de la nueva plataforma de Diplomacia Cultural de la UE. Identificando el papel de la cultura como una parte fundamental en la cohesión social dentro de la UE, podemos concluir que la cultura ha hecho de la UE un actor mundial con más capacidad de influencia. La cultura, así mismo, ha sido identificada como fuente del poder blando y como un instrumento de la política exterior. Pero las fuentes del poder blando –cultura, valores políticos y política exterior– dependen de tres factores: (1) un contexto favorable; (2) credibilidad en los valores y la práctica, y (3) la percepción de legitimidad y autoridad moral (ver Nye, 2006). La UE tiene que legitimarse primero como un actor coherente con autoridad moral, a fin de poder tratar con eficacia su crisis existencial (European Union, 2016a:9 y Tuomioja, 2009).

Para hacerlo, la UE debe superar sus límites institucionales y estructurales al enfrentar colectivamente sus amenazas exteriores de seguridad externas no tradicionales. Esto requiere de una estrategia de resistencia en la que la UE no se identifique como una amenaza a la identidad nacional, sino como una entidad cultural, económica y legislativa.

En este artículo se han tratado diversos temas relacionados con la cultura, el poder blando, la política exterior de la UE y su dinámica interna; sin embargo, no se ha analizado en profundidad el impacto de un "sistema cultural uniforme" y cómo la política exterior puede influir en la cultura de una sociedad. La cultura no es un fin en sí mismo, ni lo son los diálogos interculturales y el desarrollo de la diplomacia cultural.

La Unión debe evitar el riesgo de evolucionar hacia una estructura burocrática deshumanizadora que favorezca a una cultura estándar para contrarrestar sus limitaciones internas y las amenazas externas no tradicionales de seguridad. Según Vaclav Havel, la UE puede evitar este fenómeno si apoya a las instituciones culturales que trabajan por la pluralidad y la libertad de cultura. Estas instituciones son fundamentales para preservar la identidad nacional y las tradiciones de cada nación. En otras palabras, la cultura debe ser subvencionada para adaptarse mejor a su pluralidad y libertad como es el caso de los patrimonios nacionales, bibliotecas, museos y archivos públicos – o los testigos de nuestro pasado (Havel, 1992).

Como broche final y a modo de reflexión histórica, la diplomacia cultural promueve narrativas compartidas sobre las identidades culturales. Hacer lo contrario no sólo solidificaría la retórica populista y los prejuicios internos contra la Unión, sino que además haría endémico el totalitarismo cultural, o peor aún, el relativismo cultural. Aspirar a un "sistema de cultura uniforme" a través de una narrativa europea acordada, sería negociar el pluralismo y la libertad y, consecuentemente, contradecir en primer lugar la naturaleza de la cultura y, en segundo lugar, los valores liberales en los que se fundó la Unión.

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ENSAYO / Celia Olivar Gil [Versión en inglés]

El contexto global continúa planteando nuevos retos a la acción colectiva europea en materia de desarrollo, siendo el más importante de ellos las migraciones procedentes del Mediterráneo Sur y la dificultad para articular una reacción conjunta bien articulada. Consciente de la urgencia de la situación, la Unión Europea está intentando ofrecer una nueva y ambiciosa respuesta bajo la forma del Nuevo Consenso sobre Desarrollo (de ahora en adelante ‘Consenso’) que coincide también con la revisión de los Objetivos del Milenio realizado por Naciones Unidas.

El Consenso es un ‘marco de actuación’ para favorecer la integración y coherencia de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y sus estados miembros. Este marco de actuación exige adoptar aquellos cambios necesarios para que tanto la legislación comunitaria como las nacionales cumplan con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propuesta por Naciones Unidas y con el acuerdo de París sobre el cambio climático.

El Consenso mantiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza, pero incluye una visión novedosa, al proponer que la pobreza se aborde desde una triple perspectiva económica, social y medioambiental. Además de la erradicación de la pobreza, el Consenso quiere cumplir con la Agenda 2030, para ello articula sus cinco pilares que son: población, planeta, prosperidad, paz y cooperación. A esta articulación, el Consenso suma algunos elementos novedosos y transversales, que son: énfasis en la juventud (suplir las necesidades básicas de los jóvenes como el empleo); igualdad de género; buena gobernanza (conseguir un Estado de Derecho que garantice los derechos humanos, fomentar la creación de instituciones transparentes, la toma de decisiones participativa y los tribunales independientes e imparciales); movilización y migración; energía sostenible y cambió climático; Inversión y comercio; compromiso innovador con los países en desarrollo más avanzados (creación de nuevas asociaciones con estos países para aplicar la Agenda 2030 aquí); movilización y uso de los recursos nacionales (uso efectivo y eficaz de los recursos mediante la iniciativa “recaudar más, gastar mejor”).

Con el fin de conseguir todas las iniciativas y objetivos anteriormente fijados, la aplicación del Consenso se extiende tanto a las políticas de la Unión Europea como a las de todos sus estados miembros. Además, enfatiza que el Consenso también se debe aplicar en las nuevas asociaciones más adaptadas y más multilaterales que incluyan a la sociedad civil y una mayor participación de países socios. Los medios de implementación combinan ayuda tradicional junto con otras formas más innovadoras de financiación para el desarrollo, como son las inversiones del sector privado y la movilización recursos nacionales adicionales para el desarrollo. En cuanto a su seguimiento, el nuevo consenso tendrá un mecanismo de seguimiento periódico que incluye la obligación de rendir cuentas a través del Parlamento europeo y de los parlamentos nacionales y la obligación de emitir informes.

Las primeras evaluaciones del nuevo consenso coinciden en afirmar que es una síntesis correcta de las preocupaciones internacionales de desarrollo. Sin embargo, suscita algunas críticas en relación con la capacidad efectiva para resolver dichas preocupaciones.

En primer lugar, tal y como señala el ‘Overseas Development Institute’, no es un verdadero plan estratégico, sino un conjunto de prioridades inconexas. Para que fuera una real estrategia, haría falta que se determinasen los roles de la Comisión y de los estados miembros, que se definiesen las prioridades temáticas, sectoriales y geográficas (los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 se tratan con igual importancia), y que se construyesen nuevas instituciones europeas o bien que se utilizasen las existentes (como el “International Climate Fund”) para coordinar los fondos nacionales de forma más efectiva. Igualmente, el Consenso debería determinar la forma y el contenido de la cooperación con los países de renta media, fijando una coordinación horizontal, vertical y sectorial. Esta coordinación exigiría al mismo tiempo, establecer una división de tareas en el seno de la UE para conseguir un mejor uso de los recursos.

En segundo lugar y de acuerdo con James Mackie (jefe del departamento de aprendizaje y calidad del Centro Europeo para el Desarrollo) resulta difícil percibir a quién se dirige y qué es exactamente lo que exige. El hecho de que las prioridades geográficas y sectoriales queden sin determinar, hace que el grado de compromiso de los estados miembros quede en la incertidumbre y en el caso de que haya compromiso, este será más táctico que explícito.

La tercera crítica está relacionada con su implementación. Aunque el consenso es ambicioso con sus objetivos, carece de un adecuado marco institucional y de un mecanismo eficiente para implementar sus nuevas propuestas. Además, concede al sector privado un papel muy importante, sin dotarle de transparencia en casos de abusos de derechos humanos o daños medioambientales, tal y como aclaraba Marta Latek, investigadora del EPRS (European Parliamentary Research Service)

En cuanto a sus objetivos hay muchos actores influyentes como CARE (la confederación internacional de desarrollo) que coinciden en que se centra demasiado en el control de la migración y no prioriza las necesidades de los pobres. Esto se puede comprobar en el hecho de que tanto en el marco de cooperación con otros países no miembros de la UE, así como el plan de inversiones exterior, prioriza los intereses de seguridad y comerciales de la UE antes de ayudar a la población a salir de la pobreza.

Una quinta crítica hace referencia a la dimensión política. El nuevo Consenso debería integrar un concepto de seguridad tanto holístico como sostenible para conectar los problemas de estabilidad y democracia con los de seguridad en los asuntos exteriores de la UE. Un concepto holístico de desarrollo significa una visión de la sostenibilidad duradera, que comprenda aspectos como la condición de sostenibilidad, la justicia social o la democracia. (Crítica según Henökl, Thomas y Niels Keijzer del German Development Institute)

Por último, en lo que concierne a la financiación, el Parlamento Europeo sigue pidiendo a los estados miembros que donen el 0.7% de su presupuesto anual para la cooperación al desarrollo. Visto que son muy pocos aquellos que llegan a dar ese 0.7%, el consenso recurre a la importancia de la participación del sector privado vía el plan europeo de inversión externa.

En conclusión, estamos ante un documento que recoge las necesidades del contexto global actual pero que requiere una serie de cambios para poder ser totalmente efectivo y una verdadera estrategia. Cambios necesarios para evitar que el Consenso se quede solo en teoría.

REFERENCIAS

Preguntas y respuestas: Nuevo Consenso europeo sobre desarrollo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1505_es.pdf 

El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo: La UE y los Estados miembros firman una estrategia conjunta para erradicar la pobreza: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_es.htm

The proposed new European Consensus on Development Has the European Commission got it right? https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11263.pdf

New European consensus on development Will it be fit for purpose? http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599434/EPRS_BRI(2017)599434_EN.pdf

Seven critical questions for review of ‘European Consensus on Development’ https://www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/sevencritical-questions-for-review-of-european-consensus-on-development/

The Future of the "European Consensus on Development" https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_5.2016.pdf

European Union Development Policy: Collective Action in Times of Global Transformation and Domestic Crisis http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dpr.12189/full

El transitado paso, decisivo en las estrategias de ambos países para contrarrestarse

Un termómetro para medir el futuro pulso de fuerzas entre China e India será el estrecho de Malaca, paso clave para la conexión entre la zona norte del Índico y la región de Asia-Pacífico. A la mayor expansión de los intereses marítimos chinos, que obligan a Pekín a prestar una gran atención a Malaca, está respondiendo India con el avance de posiciones hacia la boca occidental del estrecho.

▲Mapa del Indo-Pacífico [US DoD]

ARTÍCULO / Alejandro Puigrefagut [Versión en inglés]

Las rutas marítimas son la base del comercio y de la comunicación entre más del 80% de los países del mundo. Este hecho hace que sea de gran importancia estratégica la ubicación geográfica natural de los Estados. Un punto especialmente importante para el tráfico marítimo es el estrecho de Malaca, clave para el comercio de la región con mayor población del planeta.

El estrecho de Malaca, que une el Mar de China Meridional con el Mar de Burma en su ruta hacia el Golfo de Bengala, es el paso comercial más transitado del mundo y, por ello, es un lugar estratégico. Por este corredor que rodea la costa occidental de la península malaya y la isla indonesia de Sumatra, transita aproximadamente el 60% del comercio marítimo mundial, superando los ciento cincuenta buques diarios y es la principal vía de abastecimiento de petróleo de dos de los principales consumidores asiáticos: la República Popular China y Japón. Este punto geográfico es clave para toda la región Indo Pacífica, por lo que asegurar la libre circulación de los buques resulta estratégico. Es por ello que muchos Estados de la región, entre ellos China y Estados Unidos, ven necesaria la protección de este paso a fin de poder abastecerse, exportar sus mercancías y no verse bloqueados por el control de un tercer país sobre esta zona.

En relación a China no es fácil pensar que un bloqueo de su abastecimiento debido a problemas en el Estrecho de Malaca vaya a suceder. Para que este hecho llegue a producirse tendría que generarse un conflicto armado de unas dimensiones extraordinarias, propiciando ese bloqueo por parte de un sujeto que pudiera controlar –y potencialmente interrumpir– el paso hacia los demás países de la región. Este riesgo potencial, que hoy día solo puede generar la Armada de Estados Unidos, obliga a China a estar alerta y tener que desarrollar unas capacidades militares suficientes para proteger los que considera sus territorios en el Mar del Sur de China y, por extensión, el suministro de recursos vitales que deben atravesar necesariamente el Estrecho de Malaca.

Las posiciones y la presencia del gigante asiático en el Mar del Sur de China y en las zonas colindantes al Estrecho de Malaca se han incrementado durante los últimos años, al objeto de aumentar su influencia sobre los Estados de la región. Más aun, para defender sus abastecimientos de petróleo y de gas natural (proveniente del Golfo Pérsico), China ha extendido su presencia hasta el Océano Índico, si bien esto no es suficiente. La realidad es que en esta zona hay una gran competencia entre dos de las potencias asiáticas con más influencia en la región: China e India. Debido a la creciente presencia e influencia de la República Popular en el Océano Índico, India se ha visto obligada a tomar medidas proactivas para mejorar la paz y la estabilidad en la región, movilizándose y expandiendo su presencia desde su costa este hacia las proximidades del Estrecho, con el fin de reequilibrar la balanza de poder regional. De esta forma, India puede dominar el acceso occidental al Estrecho y, por consiguiente, tener un mayor tiempo de reacción para maniobrar en el Océano Índico como en el propio Estrecho e, incluso, acceder con mayor agilidad a las aguas del Mar del Sur de China.

Al mismo tiempo, esta creciente aproximación de India hacia el Mar de China Meridional, es observada con preocupación en Pekín, e incluso, algunos analistas ven en India una amenaza si se diera el hipotético caso de un conflicto bélico entre las dos potencias regionales e India bloquease el Estrecho y, por tanto, el acceso de China a determinadas materias primas y otros recursos. Por este motivo, China ha llevado a cabo durante los últimos tres años diversas maniobras militares conjuntamente con terceros Estados en el Estrecho de Malaca, especialmente con Malasia. Durante los primeros ejercicios en la zona, el Ministerio de Defensa de la República Popular China concluyó que se fortalecieron las relaciones bilaterales con Malasia en términos de cooperación en seguridad y defensa y que se “aumentó la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas de seguridad”. Además, para China la protección del Estrecho resulta una prioridad por su gran valor estratégico y porque países como EE.UU o Japón también desean controlarlo.

[Admiral James Stavridis, Sea Power. The History and Geopolitics of the World's Oceans. Penguin Press. New York City, 2017. 363 páginas]

RESEÑA / Iñigo Bronte Barea [Versión en inglés]

En la era de la globalización y su sociedad de la comunicación, donde todo está más cerca y las distancias parecen desvanecerse, la masa de agua entre los continentes no ha perdido el valor estratégico que siempre ha tenido. Históricamente los mares han sido tanto cauce para el desarrollo humano como instrumentos de dominio geopolítico. No es coincidencia que las grandes potencias mundiales de los últimos 200 años hayan sido a su vez grandes potencias navales. La disputa por el espacio marítimo la seguimos viviendo en el momento actual y nada sugiere que la geopolítica de los mares vaya a dejar de ser crucial en el futuro.

Poco han variado esos principios sobre la importancia de las potencias marítimas desde que fueran expuestos a finales del siglo XIX por Alfred T. Mahan. De su vigencia habla hoy Sea Power. The History and Geopolitics of the World's Oceans, del almirante James G. Stavridis, retirado en 2013 después de haber dirigido el Comando Sur de Estados Unidos, el Mando Europeo estadounidense y la jefatura suprema de la OTAN.

El libro es fruto precisamente de tempranas lecturas de Mahan y de una dilatada carrera de casi cuatro décadas recorriendo los mares y océanos con la marina estadounidense. Al iniciar cada explicación sobre los distintos espacios marinos, Stavridis relata su breve experiencia en dicho mar u océano, para luego seguir con la historia, y el desarrollo que han tenido, hasta llegar a su contexto actual. Finalmente hay una proyección sobre el futuro próximo que tendrá el mundo desde la perspectiva de la geopolítica marina.

Pacífico: la emergencia de China

El Almirante J. G. Stavridis comienza su viaje por el Océano Pacífico, al que categoriza como “la madre de todos los océanos” debido a su inmensidad, ya que, él solo, es más grande que toda la superficie terrestre del planeta combinada. Otro punto reseñable es que en su inmensidad no hay ninguna masa terrestre considerable, aunque sí que hay islas de todo tipo, con muy diversas culturas. Por eso el mar domina la geografía del Pacífico como no lo hace en ningún otro lugar del planeta.

El gran dominador de este espacio marino es Australia, que se encuentra muy pendiente de lo que pueda pasar políticamente en los archipiélagos de islas de sus cercanías. Fueron sin embargo los europeos quienes exploraron bien el Pacífico (Magallanes fue el primero, hacia 1500) e intentaron conectarlo con su mundo de manera no meramente transitoria y comercial, sino estable y duradera.

Estados Unidos comenzó a estar presente en el Pacífico desde la adquisición de California (1840), pero no fue hasta la anexión de Hawái (1898) que el inmenso país se vio catapultado definitivamente hacia el Pacífico. La primera vez que este océano emergió como zona de guerra total fue en 1941 cuando Pearl Harbour fue masacrado por los japoneses.

Con el retorno de la paz, el reavivamiento japonés y la emergencia de China, Taiwán, Corea, Singapur y Hong Kong hicieron que el comercio transpacífico sobrepasara por primera vez al Atlántico en la década de 1980, y esta tendencia todavía continúa. Esto es así porque la región del Pacífico contiene a las mayores potencias mundiales en sus costas.

En el área geopolítica una gran carrera armamentística se está llevando a cabo en el Pacífico, con Corea del Norte como gran foco de tensión e incertidumbre a nivel mundial.

Atlántico: del Canal de Panamá a la OTAN

En cuanto al Océano Atlántico, Stavridis se refiere a él como la cuna de la civilización, ya que se incluye al Mediterráneo entre sus territorios, y más si cabe todavía si lo consideramos como el nexo entre las gentes de toda América y África con Europa. Posee dos grandes mares de suma importancia histórica como son el Caribe y el Mediterráneo.

Sin duda alguna la figura histórica de este océano es la de Cristóbal Colón, ya que con su llegada a América (Bahamas 1492) inició un nuevo periodo histórico que acabó con prácticamente todo el continente americano colonizado por las potencias europeas en los siglos posteriores. Mientras que Portugal y España se concentraron en el Caribe y Suramérica, los británicos y los franceses lo hicieron en Norteamérica.

Durante la Primera Guerra Mundial el Atlántico se convirtió en una zona de tránsito esencial para el desarrollo de la guerra, ya que, a través de él Estados Unidos llevó a sus tropas, materiales de guerra y mercancías a Europa durante el conflicto. Fue aquí cuando se empezó a gestar la idea de una comunidad de los países atlánticos que acabaría desembocando en la creación de la OTAN.

En cuanto al Caribe, el autor lo considera como una región instalada en el pasado. Su colonización estuvo caracterizada por la llegada de esclavos para explotar los recursos naturales de la región con fines de interés económico para los españoles. A su vez este proceso estuvo caracterizado por el deseo de convertir a la población indígena al cristianismo.

El Canal de Panamá supone un motor para la economía de la región, pero en América Central también se navega por las costas de los países con las tasas de violencia más elevadas del planeta. El almirante Stavridis considera a la costa caribeña como una especie de Salvaje Oeste que en algunos lugares ha evolucionado poco desde los tiempos de los piratas, y en los que actualmente actúan los cárteles de la droga con total impunidad.

Desde la década de 1820, con la Doctrina Monroe, Estados Unidos llevó a cabo una serie de intervenciones a través de su marina para reforzar la estabilidad regional y dejar a los europeos fuera de lugares tales como Haití, República Dominicana y Centroamérica. En el siglo XX la política estuvo dominada por caudillos, y pronto llegaron con ellos el comunismo y la Guerra Fría al Caribe, teniendo como zona cero a Cuba.

Índico y Ártico: de la incógnita al riesgo

El Océano Índico tiene menos historia y geopolítica que los otros dos grandes océanos. A pesar de esto, sus mares tributarios han ganado importancia geopolítica en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial con el aumento de la navegación global y la exportación de petróleo de la región del Golfo. El Índico podría considerarse hoy en día como una región para ejercer poder inteligente en lugar de poder duro. Mientras la trata de esclavos y la piratería han disminuido casi hasta desaparecer en casi todas partes, todavía están presente en lugares del Océano Índico. Es una región en la que los países de todo el mundo podrían colaborar juntos para luchar contra estos problemas comunes.

La historia del Océano Índico no inspira confianza acerca del potencial de gobernanza pacífica en los años venideros. Una clave importante para desbloquear el potencial de la región sería resolver los conflictos existentes entre India y Pakistán (un conflicto con el riesgo de uso de armas nucleares) y la división chií-suní en el Golfo Pérsico, asuntos que la convierten en una región muy volátil. Debido a las tensiones de los países del Golfo, la región es hoy una especie de guerra fría entre los suníes, liderada por Arabia Saudita, y los chiíes, liderados por Irán, y entre estos dos lados, se encuentra en el centro Estados Unidos, con su Quinta Flota.

Por último, el Ártico es actualmente toda una incógnita. Stavridis considera que es a la vez una promesa y un peligro. A lo largo de los siglos, todos los océanos y mares han sido lugar de épicas batallas y de descubrimientos, pero hay una excepción: el Océano Ártico.

Parece claro que esa excepcionalidad está llegando a su fin. El Ártico es una frontera marítima emergente con actividad humana en aumento, bloques de hielo que se derriten rápidamente y, recursos de hidrocarburos de gran importancia que comienzan a estar al alcance. Sin embargo, existen grandes riesgos que condicionarán peligrosamente la explotación de esta región, como son las condiciones climatológicas, una gobernabilidad confusa debido a la confluencia de cinco países fronterizos (Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca), y una competición geopolítica entre la OTAN y Rusia, cuyas relaciones se están deteriorando en los últimos años. 

A los vecinos continentales de EE.UU. les cuesta interpretar el primer año de la nueva Administración

Donald Trump llega a su primer aniversario como presidente habiendo provocado algunos recientes incendios en Latinoamérica. Su maleducada desconsideración hacia El Salvador y Haití, por el volumen de refugiados acogidos en Estados Unidos, y su trato destemplado a Colombia por el aumento de producción de cocaína empeoran unas relaciones que, si bien ya nacieron complicadas en el caso de México, a lo largo del año han tenido algunos buenos momentos, como la cena de presidentes que Trump convocó en septiembre en Nueva York en la que se trazó un acción unitaria sobre Venezuela.

▲Trump, al cumplir cien días de presidente [Casa Blanca]

ARTÍCULO /  Garhem O. Padilla [Versión en inglés]

Cuando se cumple un año de la llegada del 45º presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, a la Casa Blanca –la ceremonia de inauguración fue un 20 de enero–, la controversia domina el balance de la nueva Administración, tanto en su actuación doméstica como internacional. Los vecinos continentales de EE.UU., en concreto, muestran desconcierto sobre las políticas de Trump hacia el hemisferio. Por un lado, lamentan el desinterés estadounidense por compromisos de desarrollo económico e integración multilateral; por otro, constatan cierta actividad en relación a algunos problemas regionales, como el venezolano. El balance de momento es mixto, aunque hay unanimidad en que el lenguaje y muchas de las formas de Trump más bien amenazan las relaciones.

Del TPP al TLCAN

En el campo económico, la era Trump arrancó con la retirada definitiva de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el 23 de enero de 2017. Eso imposibilitó la entrada en vigencia de este al ser Estados Unidos el mercado por el que sobre todo surgió dicho acuerdo, lo que ha afectado a las perspectivas de los países latinoamericanos que participaban en la iniciativa.

Enseguida se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigida por Trump. Las dudas sobre el futuro del TLCAN, firmado en 1994 y que Trump ha calificado de "desastre", han sobresalido en lo que va de Administración. Algunas de sus exigencias, a las que México y Canadá se oponen, son la de incrementar la cuota de productos fabricados en Estados Unidos y la cláusula "sunset", que obligaría a revisar el tratado de manera metódica cada cinco años y haría que quedara suspendido si alguno de sus tres miembros no estuviera de acuerdo. Todo ello, surge a partir de la idea del presidente estadounidense de suspender el tratado si no es favorable para su país. 

Cuba y Venezuela

Si las rencillas con México aún no han llegado a un desenlace, en el caso de Cuba Trump ya ha tomado represalias contra el régimen castrista, con la expulsión en octubre de 15 diplomáticos cubanos de la embajada de Cuba en Washington como respuesta ante “los ataques sónicos” que afectaron a 24 diplomáticos estadounidenses en la isla. La Casa Blanca, además, ha revocado algunas medidas conciliadoras de la Administración Obama, al comprobar que el castrismo no está respondiendo con concesiones aperturistas.

Por lo que afecta a Venezuela, Trump ha realizado esfuerzos contundentes en cuanto a introducción de medidas y sanciones contra funcionarios corruptos, además de abordar la situación política con otros países, para que estos apoyen esos esfuerzos dirigidos a erradicar la crisis venezolana, generando así multilateralidad entre países americanos. No obstante, esa política cuenta con detractores, que estiman que las sanciones no están destinadas a lograr un objetivo a largo plazo, además de que no está claro de qué manera impulsarían a la estabilidad venezolana.

Aunque en esas actuaciones sobre Cuba y Venezuela Trump ha hecho alusión a los principios democráticos conculcados por los gobernantes de La Habana y de Caracas, su Administración no ha insistido especialmente en el compromiso con los derechos humanos, la democracia y los valores morales, como venía siendo habitual en la argumentación de la política exterior norteamericana. Algunas críticas apuntan a que la Administración de Trump está dispuesta a promover los derechos humanos solo cuando se ajusten a sus objetivos políticos.  

Esto podría explicar el empeoramiento de la opinión que existe en Latinoamérica sobre Estados Unidos y sobre las relaciones con ese país. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2017, la opinión favorable ha caído al 67%, siete puntos por debajo de la que había al final de la Administración Obama, que era del 74%. Dicha encuesta muestra una diferencia relevante para México, uno de los países que, sin duda alguna, tiene los peores niveles de opinión favorable hacia la Administración de Trump: en 2017 ha sido de 48%, lo que supone una caída de 29 puntos en comparación con 2016, en el que era de 77%.

Inmigración, repliegue, declive

Las restrictivas políticas de inmigración aplicadas también explicarían ese rechazado hacia la Administración Trump por parte de la opinión pública latinoamericana. En el apartado inmigratorio lo más reciente es la decisión de no renovar la autorización de estancia en Estados Unidos de miles de salvadoreños y haitianos, que en su día llegaron huyendo de calamidades en sus países.

También hay que hacer alusión a los esfuerzos de Trump para lograr uno de sus objetivos principales desde los inicios de su campaña política: construir un muro fronterizo con México. El presidente estadounidense no ha tenido de momento mucho éxito en este objetivo, ya que a pesar de que haber buscado formas de financiarlo, lo que ha logrado introducir en los presupuestos es muy poco significativo en relación con los costes estimados. Por otro lado, su decisión

El proteccionismo de Trump conlleva un repliegue que puede estar acentuando el declive del protagonismo estadounidense como líder en Latinoamérica, especialmente frente a otras potencias. China lleva tiempo incrementado su actuación tanto económica como política en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. Rusia, por su parte, ha estrechado sus relaciones diplomáticas y de seguridad con Cuba. Podría decirse que, aprovechando los conflictos entre la isla y Estados Unidos, Moscú ha pretendido mantenerla en su órbita mediante una serie de inversiones.

Amenazas a la seguridad

Esto nos lleva a mencionar la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, anunciada en diciembre. El documento, presentado por Trump, aborda la rivalidad con China y con Rusia, y se refiere también al reto que suponen los regímenes de Cuba y de Venezuela, por las supuestas amenazas a la seguridad que representan y el apoyo de Rusia que reciben. Trump manifestó el gran el deseo de ver a Cuba y Venezuela unirse a la «libertad y prosperidad compartidas» y llamó a «aislar a los gobiernos que rehúsan actuar como socios responsables en avanzar la paz y prosperidad hemisférica».

De igual manera, la nueva Estrategia de Seguridad estadounidense hace alusión a otros desafíos existentes en la región, como son las organizaciones criminales transnacionales, las cuales impiden la estabilidad de países centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador. Con todo, el documento solo dedica una página a Latinoamérica, en la línea de la tradicional mayor atención de Washington hacia las áreas del mundo que afectan más a sus intereses y seguridad.

Una oportunidad para el acercamiento de Estados Unidos a los países latinoamericanos será la Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo mes de marzo en Lima. Sin embargo, nada es predecible dada la actitud tan característica del mandatario, la cual deja un gran espacio abierto para posibles sorpresas.