Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULO / Ane Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.

El país caribeño, de solo 2 millones de habitantes y apenas 100.000 musulmanes, fue el que proporcionalmente más luchadores envió a Siria: un total de 130

• Las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron el 8 de febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el Carnaval de Puerto España

• El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó en septiembre a dos ciudadanos trinitenses por participar en las actividades de financiación del Estado Islámico

• El Gobierno insular desarrolló en 2018 un nueva estrategia antiterrorista, urgida por el temor de la Casa Blanca a una fácil exportación de extremistas a EEUU

▲ Yihadistas de Trinidad y Tobago en Siria, en una imagen difundida por la revista Dabiq, del ISIS

Informe SRA 2019 / Ignacio Yárnoz [Versión en PDF]

En medio de la preocupación occidental por la desbandada de yihadistas que está suponiendo la pacificación de Siria, donde fueron a luchar elementos radicalizados de muchos otros países, Estados Unidos mira con atención a un pequeño vecino. El 8 de febrero del año 2018, cuatro hombres fueron arrestados en Mohammedville bajo sospecha de que planeaban cometer un acto terrorista. El lugar donde el presunto atentado iba a suceder puede sorprender: el carnaval caribeño de la ciudad de Puerto España. Efectivamente, estamos hablando de una nación caribeña que también es víctima –y exportadora– del fenómeno globalizado del terrorismo yihadista: Trinidad y Tobago. En los últimos años, Trinidad y Tobago ha hecho saltar las alarmas de los analistas occidentales, sobretodo en Estados Unidos por su proximidad geográfica a estas islas y por la posibilidad de que este fenómeno desestabilice su patio trasero, el Caribe.

El fenómeno del radicalismo islamista en Trinidad y Tobago no es algo nuevo teniendo en cuenta que ya en 1990 existían grupos radicales como Jamaat Al Muslimeen, que incluso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado. Además, también se conocía de existencia de terroristas procedentes de este país como Kareem Ibrahim, quien en 2012 fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por planear un atentado en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Sin embargo, el fenómeno terrorista isleño conoció una escalda en 2014 y 2015 con el auge del autoproclamado Estado Islámico (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham, o Daesh por sus siglas en árabe). Este pequeño país caribeño aportó a la causa yihadista por lo menos 130 combatientes, de acuerdo con las propias autoridades, según datos también avalados por el anuario antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano. Esto hace a Trinidad y Tobago el país que proporcionalmente más combatientes envió a Siria a unirse al Estado Islámico (la comunidad musulmana trinitense es de tan solo 104.000 fieles, el 5% de una población que puede alcanzar los 2 millones de habitantes, si bien el ceso oficial es de 1,3 millones). Aunque se calcula que unos 300 combatientes se unieron al ISIS desde EEUU y desde Canadá, la cifra per cápita es mayor en el caso de Trinidad y Tobago, país que además en números absolutos aportó más yihadistas que otras naciones latinoamericanos y caribeños.

Según una investigación de Simon Cottee, profesor de Criminología en la Universidad de Kent. De estos 130 trinitenses, el 34% eran hombres, el 23% mujeres, el 9% adolescentes y el 34% restante menores de 13 años. Esto indica que no solamente eran jóvenes, sino familias enteras las que viajaron al Estado Islámico.

Reacción y vigilancia

Esos datos alarmaron tanto al Gobierno de Puerto España como al de Washington y el de otras naciones vecinas. El hecho mismo de que Trinidad y Tobago no tuviera ninguna ley que prohibiera viajar al “Califato” para unirse a la guerra santa fue considerado por Estados Unidos como una amenaza para su propia seguridad, teniendo en cuenta que un ciudadano trinitense podría cruzar todo el Caribe sin visado hasta llegar a las Bahamas y estar solamente a un salto de Florida.

Al mes siguiente de llegar a la presidencia estadounidense, Donald Trump contactó en febrero de 2017 con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, con quien se reunió en la Casa Blanca. Rowley se comprometió a mayores medidas para combatir la amenaza que suponía la marcha de tantos trinitenses a la yihad.

En primer lugar, se procedió a una enmienda de la ley antiterrorista, que fue aprobada unánimemente, para mejorar las herramientas legales destinadas a detectar, prevenir y perseguir el terrorismo y sus fuentes en Trinidad y Tobago. Las medidas incluyeron también un procedimiento denominado Sistema de Evaluación, Comparación e Identificación Personal (Personal Identification Secure Comparison and Evaluation System, PISCES), acordado con EEUU e implementado en los puestos de entrada de Trinidad y Tobago. Añadida a la acción legislativa, en noviembre de 2017, el Consejo de Seguridad Nacional trinitense aprobó una estrategia comprensiva antiterrorista con el fin de detener aquellos que apoyan al terrorismo o lo ensalzan. Esta estrategia fomenta la estrecha colaboración entre las agencias de inteligencia de Reino Unido, Israel y Estados Unidos para la puesta en común de información.

Como fruto de esa acción decidida y de la especial colaboración con Washington, en septiembre de 2018 el Departamento del Tesoro estadounidense puso sanciones a dos ciudadanos trinitenses por considerar que estuvieron implicados en procurar financiación para el “Califato”. Además, las autoridades nacionales están atentas al regreso de combatientes. La Corte Suprema ha autorizado repatriar y tomar la custodia de algunos menores de edad.

Muchos de los combatientes han fallecido en batalla y los pocos que han querido volver, han sido detenidos o puestos bajo vigilancia, pero la amenaza aún es latente. También porque con su regreso pueden impulsar una nueva radicalización de ciudadanos trinitenses que, dada la imposibilidad de viajar a Siria por la actual situación de debacle del Estado Islámico, decidan actuar dentro de sus fronteras o en países vecinos. Hay que destacar que esta ha sido la estrategia del Estado Islámico durante los últimos años, animando a sus seguidores en Occidente a cometer atentados “low cost” con vehículos o con arma blanca.

Reclutamiento

Lo que hace a la situación de Trinidad y Tobago una situación excepcional es que no ha habido un patrón claro de reclutamiento, sino que en los últimos años se han dado varias situaciones distintas.

En la página 64 del nº 15 de Dabiq, la revista de propaganda del Estado Islámico, arrancaba una extensa entrevista a un combatiente del “Califato” llamado Abu Sa´ad at-Trinidadi. Este soldado del “Califato”, cuyo verdadero nombre es Shane Crawford, fue uno de los primeros soldados de Trinidad y Tobago en acudir a la llamada de Daesh. Resulta curioso que Dabiq le dedicara diversas páginas, pero es que los combatientes trinitenses suponían un valioso tesoro para esta organización, por dos motivos: 

–En primer lugar, por hablar inglés, lo que mejoraba el radio de difusión de la organización. Como declaró al New York Times el exembajador de EEUU en Trinidad y Tobago John L. Estrada, “a los trinitenses les va muy bien en el ISIS. Están muy arriba en sus filas, son muy respetados y hablan inglés”.

–En segundo lugar, suponen un atractivo para los jóvenes caribeños desencantados con la sociedad, independientemente de su religión.

Por mucho que la revista Dabiq insista con el testimonio de Sa´ad at-Trinidadi –un joven supuestamente desencantado con la religión cristiana, que descubrió en el Islam la verdadera respuesta a sus preguntas– la religión en realidad no fue el motivo fundamental que llevó a los jóvenes trinitenses a unirse al “Califato”. Como indica Simon Cottee en la investigación citada, la mayoría de los 130 trinitenses alistados habían nacido en familias musulmanas de clase media de origen indo-oriental.

Los motivos que pudieron afectar a los jóvenes captados en Trinidad y Tobago probablemente tenían más que ver con la necesidad sociológica de pertenencia a un grupo o banda. Como al respecto declara al diario británico The Guardian el investigador de la Universidad de West Indies Dylan Kerrigan, “una banda proporciona una familia, unos modelos masculinos a seguir, un orden social, y promete acceso a lo que muchos hombres jóvenes creen que quieren: dinero, poder, mujeres, respeto. Un imán me dijo que, en lugar de unirse a una banda local, algunos ven el viaje a Oriente Medio como unirse a otra banda”. Asimismo, unirse a Daesh constituía un medio de escape a aquellos que se enfrentaban a cargos judiciales. De hecho, el idealizado Sa´ad at-Trinidadi (Shane Crawford) ya había sido detenido varias veces por las autoridades y los dos compañeros con los que viajó a Siria habían pasado por la cárcel.

Los jóvenes de Trinidad y Tobago pudieron verse radicalizados en sus visitas a las mezquitas locales, sin olvidar que, como en otros lugares del mundo, la radicalización también pudo darse por medio de la propaganda online, el “Cibercalifato”. En cuanto a posibles agentes de radicalización en primer lugar está quien Sa´ad at-Trinidadi menciona como su mentor, Shaykh Ashmead Choate. Este hombre fue la cabeza de la conspiración que en 2011 planeó el asesinato del primer ministro y otras autoridades y que en última instancia fue frustrado. Ashmead Choate estudió ciencias naturales en su país natal, pero más adelante estudió el hadith (las conductas que provienen de las enseñanzas de Mahoma; son uno de los pilares fundamentales de la Sunna) en la Universidad Islámica de Medina, en Arabia Saudí. Se estima que abandonó el país en 2013 para unirse a las filas de Daesh, como menciona Sa´ad at-Trinidadi en su entrevista: “Hizo la hégira al Estado Islámico y encontró el martirio luchando en Ramadi”. Los motivos de su radicalización no son conocidos, pero podrían tener relación con su viaje a Arabia Saudí, donde podría haber sido atraído por una versión del Islam más salafista.

Del mismo modo, hay indicios que apuntan en otras direcciones. Uno de los nombres que afloran es el de Yasin Abu Bakr, antiguo líder del grupo Jamaat Al Muslimeen, quien al haber sido el precursor de la violencia en los años 90 y el autor del golpe de Estado, puede haber creado indirectamente un modelo a seguir, aunque hoy en día no difunda un claro llamamiento a la violencia. Asimismo, la mezquita Boos de Río Claro, al sur de Trinidad, dirigida por el imán Nazim Mohammed, fue una parada para muchos de los que después fueron a combatir en las filas del ISIS, como Shane Crawford y Fareed Mustapha. En una entrevista con Al Jazeera, el propio imán negó ser precursor de la causa de Daesh, si bien quince miembros de su familia han emigrado a Siria y varios testigos de sus sermones declaran que en alguna ocasión ha enaltecido al Estado Islámico. 

También hay que tener en cuenta a Abdullah Al-Faisal, originario de Jamaica, quien vía internet y redes sociales se había dedicado a la propaganda del Estado Islámico a través de grupos de Facebook y blogs como Authentic Tauheed, donde distribuía la propaganda y publicaba videos de sermones suyos. Su actividad se sospecha que ha ido desde el contacto con Jesse Morton, un ciudadano estadounidense que trabajaba con Zachary Chesser para solicitar el asesinato de los redactores de South Park televisión show hasta la radicalización de Germaine Lindsay, uno de los cuatro británicos que perpetraron el atentado del 7 de Julio de 2007 en el metro de Londres. En septiembre de 2014, Faisal se unió a Mohammed Mizanur Rahman y otros propagandistas islamistas en una plataforma online en la que exhortaron a sus seguidores a unirse a las filas del ISIS. El Gobierno de Estados Unidos ha relacionado a Faisal con otros terroristas como  Umar Farouk Abdulmutallab y sospecha que también ha podido ser uno de los instigadores de la radicalización en Trinidad y Tobago.

SEGURIDAD REGIONAL AMERICANA, informe 2019

El informe Seguridad Regional Americana (SRA) que ponemos en marcha tiene el propósito de abordar anualmente las amenazas más recientes para la seguridad de los países americanos. Se ocupa de un espacio que en gran medida es la región de seguridad de Estados Unidos, por lo que muchos aspectos trascienden el ámbito nacional y pasan a una consideración geopolítica. La seguridad del Hemisferio Occidental incumbe, por tanto, también a la Unión Europea o a España, interesadas en la estabilidad y prosperidad al otro lado del Atlántico. Nuestro SRA es un barrido, a modo de radar, de las cuestiones más significativas ocurridas en este campo el último año.

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RESUMEN EJECUTIVO [versión en PDF]

La presente tensión geopolítica mundial se está jugando en el near abroad de las tres principales potencias. Ese término se aplica específicamente al espacio que en su día formaba parte de la URSS y hoy rodea a Rusia: la política exterior del Kremlin se encamina tanto a asegurar su influencia en esa zonas como a evitar que algunas de ellas se conviertan en peón de otros. Pero un pulso así, como el que ocurre en Ucrania o las repúblicas bálticas, también se da en el near abroad chino: el mar de la China Oriental y de la China Meridional. Y del mismo modo, aunque con un dramatismo menor, el juego geopolítico ha llegado también a ese extranjero próximo de Estados Unidos, que va más allá del patio trasero que constituye el Gran Caribe y podríamos extender al menos hasta la línea del Ecuador.

En el último año la región de seguridad de Estados ha entrado de lleno en esta nueva fase de geopolítica aguda. Eso se debe especialmente al aumento de la presencia de Rusia en ese entorno, especialmente en Venezuela, donde del auxilio económico se ha pasado en meses recientes a una sucesión de gestos de índole militar que desafían a EEUU. Además, el acuerdo firmado por Cuba para instalar una estación de Glonass, el navegador satelital ruso, alimenta la posibilidad de que Moscú vuelva a querer usar la isla para labores de inteligencia, como en el Guerra Fría. Similares sospechas existen en relación a una estación ya abierta en Managua, donde asimismo una academia para policías gestionada por Rusia ha sido señalada con suspicacia por el Pentágono.

A la par de esa actividad rusa en la región, Washington pone en ocasiones la de China. Aunque sin buscar hacer enojar a EEUU, como puede atribuirse al Kremlin en su deseo de reciprocar la presión recibida en Ucrania, los movimientos comerciales de Pekín son percibidos por los estadounidenses como no amistosos. Así ocurre especialmente en Centroamérica, donde en pocos años China ha ido desplazando la peculiar influencia que tenía Taiwán, país que en 2018 perdió el apoyo de El Salvador y República Dominica. A lo largo del año diversas autoridades estadounidenses expresaron la incomodidad por la toma de posiciones de China en el entorno del Canal de Panamá. Por lo demás, después de un 2016 sin apenas créditos a Venezuela y un 2017 en blanco, Pekín otorgó en 2018 un préstamo de 5.000 millones de dólares al régimen chavista (van ya 67.200 millones).

La crisis venezolana no solo está generando una fricción entre las tres principales potencias, sino que además es foco de inseguridad para los países de alrededor. El espacio que el Gobierno de Maduro ha seguido dando a los guerrilleros colombianos ha contribuido a que 2018 pueda considerarse como el año de consolidación de la actividad delictiva de la disidencia de las FARC, en colaboración con el ELN, una guerrilla todavía activa como tal que además está incrementando su radio de acción en Venezuela. El último año también vio un robustecimiento del ELN, que fracasadas las negociaciones que mantenía con el Gobierno realizó un atentado en Bogotá en enero de 2019 causando 21 muertos. Los disidentes de las FARC llegaron a finales de 2018 a ser unos dos mil, incluyendo elementos desmovilizados que vuelven a las armas y también nuevos reclutas. Su actividad de producción de coca, concentrada en el suroeste de Colombia, supuso a lo largo de 2018 un derrame de violencia al otro lado de la frontera con Ecuador, en parte por la actividad de “el Guacho”, un exFARC finalmente abatido por las fuerzas de seguridad colombianas.

El agravamiento de la situación venezolana, por otro lado, ha reducido la vigilancia en el mar, aumentado la corrupción de autoridades marítimas y de municipios costeros y empujado a los habitantes de esas localidades a buscar modos de subsistencia. Como consecuencia, los episodios de piratería frente a las costas de Venezuela y de sus vecinos orientales se han incrementado notablemente. En un solo ataque realizado en abril de 2018 en aguas de Surinam fallecieron quince pescadores de Guyana; por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago decidieron crear una unidad aérea de élite para luchar contra esas acciones.

No es la única especial alerta en Trinidad y Tobago. La desbandada de yihadistas del ISIS que está suponiendo la pacificación de Siria ha puesto en guardia tanto a Washington como a Puerto España ante el posible regreso al país caribeño de quienes fueron a combatir a Oriente Medio. Trinidad y Tobago fue la nación que proporcionalmente más combatientes envió a Siria: un total de 130, de una población que puede alcanzar los dos millones habitantes, de los que apenas el 5% son musulmanes. Las autoridades detuvieron en febrero de 2018 a cuatro presuntos yihadistas por planear un atentado en el carnaval de la capital. Urgido por EEUU, que teme una diseminación por la región de extremistas trinitenses, el Gobierno insular desarrolló en 2018 una nueva estrategia antiterrorista.

El éxito internacional en terminar con el “califato” del ISIS traslada, pues, el riesgo a otras partes del mundo. También la presión de la Administración Trump sobre Irán puede estar incentivando una mayor actividad de Hezbolá en ciertos enclaves de Sudamérica –sería el caso de la Triple Frontera– para compensar la reducción de financiación que podría devenir de la efectividad de las sanciones estadounidenses a Teherán. El año 2018 supuso, en cualquier caso, una reactivación del interés de la Casa Blanca por desbaratar las redes de narcotráfico, lavado de dinero y contrabando llevado a cabo por operativos de Hezbolá en América Latina: el Departamento de Justicia reconstituyó una unidad de investigación específica y el Departamento de Estado etiquetó al grupo, ya calificado por EEUU de organización terrorista, como organización criminal transnacional. El último año, además, vio un salto en la cooperación de los tres países de la Triple Frontera –Argentina, Brasil y Paraguay–, lo que permitió la detención de Assad Ahmad Barakat, un importante operador financiero de Hezbolá, y una quincena de miembros de su clan.

Si bien las cuestiones migratorias son de constante actualidad en las Américas, 2018 puede calificarse como “el año de las caravanas”, por las diversas marchas que partieron de Honduras hacia la frontera con Estados Unidos y que encontraron una dura respuesta de la Administración Trump. Uno de los aspectos polémicos fue la denuncia que esta hizo sobre la posible utilización de esas marchas por parte de presuntos extremistas islámicos con el objeto de llegar a EEUU pasando desapercibidos. Lo cierto es que Washington ha puesto atención a la ruta por Centroamérica de personas de otros continentes.

Así en 2018 acordó ayudar a Panamá a aumentar el control del paso de Darién, una región selvática en la frontera con Colombia en la que ese año fueron localizados casi 9.000 migrantes, el 91% africanos y asiáticos. De ellos, 2.100 entraban en la calificación estadounidense de “personas de interés” (procedentes de Bangladesh, Eritrea, Pakistán, Yemen y Somalia, entre otros países).

La región también ha conocido algunos avances, como detener el ascenso de los casos de muertes por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos, una epidemia que en 2017 marcó una cifra récord. A lo largo de 2018 el esfuerzo de erradicación de cultivos de amapola en México, cuyo notable incremento de producción de heroína había empujado al alza el consumo en EEUU (en mezcla con el sintético fentanilo, mayormente también llegado a través de México) y el mayor control legislativo y sanitario por parte las autoridades estadounidenses, parecen dar señales de que el problema ha dejado de crecer.

Los bombarderos estratégicos seguirán importando en el equilibrio geopolítico como “armas de disuasión masiva”

La flota estadounidense de bombaderos B-52 va a recibir una serie de mejoras que impulsarán su vida en activo al menos hasta la década de 2050. Para entonces, el B-52 llevará volando cerca de 90 años, desde su despegue en la presidencia de Eisenhower. Esto le convertirá, de lejos, en el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

▲ Un B-52G cuando estaba en servicio [USAF]

ARTÍCULO / Jairo Císcar Ruiz

Puede que las palabras “bombardero estratégico” suenen a Guerra Fría, a Unión Soviética y a aviones espías, pero hoy es un concepto que está al orden del día a pesar de sonar muy lejano. Es cierto que la situación actual de la aviación estratégica se ve limitada por el Acuerdo de Praga de 2010 (START III), que restringe a 700 los vectores de lanzamiento de armas nucleares desplegados. Entre estos vectores se encuentran los bombarderos estratégicos, los ICBM (misiles intercontinentales) y los SLBM (lanzamiento submarino). A pesar de que actualmente tanto Rusia como EEUU han reducido notablemente el número de sus bombarderos (EEUU cuenta “solo” con 176), las armas estratégicas (y con ello, los bombarderos) van a seguir siendo una parte fundamental del equilibrio geopolítico en las relaciones internacionales.

Solo hay 3 países en el mundo que tengan en su arsenal bombarderos estratégicos, EEUU, Rusia y China (aunque el Xian H-6 chino se encuentra muy por debajo de sus homólogos rusos y estadounidenses), y esta escasez de aviones hace que sean tan preciados y supongan un elemento diferenciador en el campo de batalla. Pero no solo es en el campo de batalla donde estos aviones provocan un desequilibrio, sino que especialmente destacan en el ámbito de las relaciones internacionales como “armas de disuasión masiva”.

Un bombardero estratégico es un avión diseñado no para el campo de batalla directamente, sino para penetrar en el territorio enemigo y atacar tanto objetivos estratégicos (bases militares, cuarteles generales, búnkers...) como lugares críticos para el esfuerzo de guerra de un país. El hecho de que un país cuente en su flota de aeronaves con un avión así claramente supone un elemento disuasorio hacia posibles enemigos. Tanto Rusia como EEUU –especialmente este último país– son capaces de tener permanentemente en el aire a sus bombarderos (gracias a los repostajes en vuelo) cargados con hasta casi 32 toneladas de armamento, con una duración de vuelo solo restringida a la capacidad de aguante de la tripulación. En esta “diplomacia del miedo”, los bombarderos estratégicos seguirán siendo elementos destacados en el plano de la geoestrategia y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. EEUU es plenamente consciente de ello y por eso se está embarcando en una serie de ambiciosos planes para seguir gozando de superioridad aérea y geoestratégica. De estos planes, uno de los más nuevos y, quizás, más esperados es el anuncio de que los B-52 americanos seguirán volando hasta, al menos, 2050.

Aunque se presuponía que iba a ser así, la confirmación que dio la US Air Force no deja de ser menos sorprendente: la flota de B-52 en activo va a recibir una serie de mejoras que van a impulsar su vida en activo hasta, como mínimo, la década de 2050. No sería una noticia demasiado notable teniendo en cuenta que es habitual la aprobación de paquetes de mejora, ya sea de aviónica o de software para aumentar la vida útil de los aviones en servicio, pero la realidad es que último B-52 Stratofortress salió de la planta de ensamblaje de Boeing en Wichita (Kansas) en el año 1962. Es decir, que en 2050 la flota completa llevaría volando cerca de 90 años, lo que le haría ser, con gran diferencia, el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Polivalencia, efecto disuasorio y menor coste operativo

¿Pero puede un avión que fue puesto en servicio a partir de 1955, con Eisenhower como presidente, plantar cara a los nuevos modelos de bombarderos, como el B-2 o el futuro B-21 Raider? ¿Es justificable el enorme desembolso que pretende realizar el Congreso de EEUU? Se calcula que solo en motores podría gastar 11.000 millones; para el ejercicio 2019 están aprobados casi 300 millones.

La respuesta es sí. Tanto por su polivalencia estratégica, como por su efecto disuasorio y su, comparativamente, escaso coste operativo, el B-52 se convierte en un aparato vital para EEUU.

Su polivalencia en combate ha sido largamente probada, desde su “debut” en la Guerra de Vietnam, donde fue protagonista de los bombardeos en alfombra (es capaz de lanzar más de 32 toneladas de explosivos). Conforme fue avanzando el tiempo demostró que no solo podía lanzar bombas, sino misiles de largo alcance como el AGM-158 JASSM o el antibuque Harpoon. Su gran capacidad armamentística le hace ser uno de los aviones insignia de ataque a larga distancia de EEUU. Así se ha atestiguado en la misión internacional contra el Daesh, en la que, hasta ser relevados por el B-1, los B-52 realizaron 1.850 misiones de combate, arrojando unas 12.000 bombas, algo que fue fundamental para la victoria sobre el Daesh en Mosul.

Precisamente hablando de larga distancia es donde el B-52 apabulla: sin repostaje, un B-52 puede volar más de 15.000 km, llegando a haber volado 20.000 km en situaciones extraordinarias. Esto ofrece una capacidad de ataque a nivel global, ya que en caso de repostar, solo impediría estar indefinidamente en vuelo la propia resistencia de la tripulación. Esta capacidad los hace ideales no solo para efectuar bombardeos desde bases alejadas del enemigo, sino para participar en tareas de búsqueda, pudiendo realizar entre dos aviones un “escaneo” de 364.000 km2  en una dos horas. Esto resulta vital para su uso por parte de la US Navy en misiones antisubmarinas o de detección de armadas enemigas.

Los mismos parámetros y ventajas se aplican al uso del B-52 como arma de disuasión “masiva”. Creado inicialmente para tener permanentemente una escuadra en vuelo armada con bombas nucleares, y así garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión, actualmente los aviones destacados en Guam se utilizan como parte de la táctica estadounidense de libre paso por las aguas internacionales del Mar de China. También se han empleado como apoyo aéreo permanente en zonas de especial riesgo como el valle de Korengal, en Afganistán, o al principio de la propia guerra, en Tora Bora. Al tener un B-52 en espera, las tropas podían disponer en pocos momentos (y durante un largo tiempo) de un apoyo aéreo que, de otra manera, tardaría en llegar.

Otra ventaja incontestable de estos aparatos es su, relativo, bajo coste en proporción con los otros bombarderos de la flota estadounidense. Primero hay que aclarar que el coste por hora de vuelo no es solo cuenta el combustible utilizado, sino también el coste de mantenimiento, repuestos... Es cierto que a estos precios teóricos no se les añaden ni el coste de la munición (que puede ascender a decenas de millones) ni otras variables como el sueldo de pilotos, mecánicos, coste de seguro, costes de aparcamiento en hangares u otras variables que resultan clasificadas, pero sí que sirven para darnos una visión global de su coste operativo. Los B-52 cuestan al contribuyente estadounidense unos 70.000 dólares por hora. Puede parecer un precio extraordinariamente alto, pero su “hermano” el B-2 alcanza los 130.000 dólares la hora. A pesar de ser precios exorbitantes para un ejército como el español (los Eurofighter cuestan unos 15.000 dólares/hora), para el presupuesto de Defensa de EEUU no es significativo (Trump pretende llegar hasta los 680.000 millones de dólares en presupuesto).

Renovación de motores

Hemos visto que el B-52, ese Big Ugly Fat Fellow como lo apodan cariñosamente sus tripulaciones, puede seguir siendo un vector a tomar en cuenta en el aire durante los próximos años, pero la USAF no quiere que se convierta en un actor secundario, sino que siga siendo el actor principal. Para ello, ha creado el programa Commercial Engine Reengining Program (CERP) para sustituir los viejos motores originales. Los TF33 tienen ya más de 50 años, y en los últimos 20 años su coste se ha duplicado, debido a la falta de recambios (actualmente tienen que canibalizar las piezas de motores retirados) y a su ineficiente consumo. No hay que olvidar que tiene 8 motores, por lo que el consumo no es asunto baladí. Para sustituirlos, la USAF ha abierto un concurso que se debería fallar a partir de mediados de 2019. De momento, las especificaciones de la USAF pretenden, como mínimo, conseguir motores un 25% más eficientes y que tarden 5 veces más en necesitar una reparación, lo que supondría un ahorro a 30 años vista (hasta 2050) de cerca de 10.000 millones de dólares. Con un contrato muy jugoso (se habla del orden de 11.000 millones de dólares para sustituir los 650 motores de la flota de B-52), las grandes empresas de aviación militar han empezado a presentar sus propuestas, entre ellas Pratt&Whitney (con el PW815), General Electric (con el nuevo Passport Advanced Turbofan) y Rolls-Royce (con el Pearl o el BR735). Otras insignias de la industria aeronáutica están pendientes de presentar sus propuestas.

Pero no solo los motores se verán beneficiados de las mejoras y la inversión, sino que precisamente la compra de nuevos motores va a hacer necesario un cambio en la instrumentación de la cabina: de esta manera, también van a aprovechar la remodelación para cambiar los viejos indicadores analógicos y pantallas de rayos catódicos por las modernas pantallas multifuncionales que vemos en cualquier caza actualmente. El secretario asistente de la USAF para compras, William Roper, también ha comentado que se están considerando nuevos asientos eyectables.

Más allá de las especulaciones, es seguro que en el marco del Radar Modernization Program (RMP), se van a invertir 817 millones de dólares entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2023 en la compra de nuevos sistemas de radar para sustituir los APQ-166, de los años 60. También se va a comprar nuevo software táctico de datos Link 16, ya que es el único avión de la USAF que no lo tiene incorporado y es vital para llevar acabo operaciones conjuntas, tanto dentro del propio ejército estadounidense como con ejércitos OTAN europeos.

En futuro, se adaptará el software y el propio avión para aumentar sus capacidades ofensivas, como ya se hizo con el programa IWBU, que aumentó su capacidad de carga en la bodega en un 67%. Uno de los objetivos principales de la remodelación de corte ofensivo es poder llevar como mínimo una GBU-43/b (o MOAB; Madre de todas las bombas; la bomba no nuclear más potente del mundo). Para ello se está diseñando un nuevo pilón alar que pueda soportar 9.000 kilos de peso. Ya de cara a un futuro, el B-52 podrá llevar misiles hipersónicos, pero eso no se verá hasta mediados de la década de 2020 como mínimo.

De esta manera, la USAF pretende conseguir que el B-52 Stratofortress siga siendo la opción A de su flota a la hora de realizar bombardeos pesados. Por tanto, el B-52 va a seguir siendo un factor estratégico-militar fundamental para entender las relaciones internacionales durante los años venideros. Nadie hubiera afirmado en 1955 que aquel avión, por muy bueno que fuera, podría seguir volando hasta cien años más tarde. Para ello quedan todavía 31 años, pero veremos qué nos depara el B-52, ese “gran tipo gordo y feo” que se ha convertido, gracias a su magnífico diseño y construcción, en el decano de los aviones de bombardeo: el B-52 (posiblemente) el mejor bombardero del mundo.

Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros

La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.

▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]

Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.

La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.

A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).

Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.

Trasnacionalidad

Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.

Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.

El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.

Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.

“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.

Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.

Migrantes: ¿causa o consecuencia?

Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.

En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.

En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.

El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.

Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.

Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).

The US will pull out of the treaty if Russia doesn't ‘return to full compliance’. Putin has taken the dispute to the UN

With all the conflicts and issues threatening worldwide security, the last thing the world needs is a new arms race, or what many are calling a new Cold War. European countries in particular are worried that US President Donald Trump pulling out of the INF Treaty might lead to exactly that. United States, supported by NATO, accuses Moscow of cheating on the missile treaty. At the beginning of December, the Trump administration gave 60 days to Russia to “return to full and veritable compliance”. President Vladimir Putin has taken the issue to the United Nations.

▲ Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan at the signing of the INF Treaty, in 1987 [Reagan Presidential Library]

ARTICLE / Nicole Davalos

To understand what the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is about and why the possible US withdrawal concerns most of the international community, we have first to understand why it was created and what its purpose is. The INF Treaty was signed in 1987 following the deployment by the Soviet Union of missile SS-20 in Europe, which was retaliated by American cruise missiles and their Pershing II missiles. The issue with intermediate-range missiles back then was that their flying time was as little as 10 minutes, which was seen as a possible trigger to nuclear war. Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan signed the deal, prohibiting land-based cruise or ballistic missiles with ranges between 311 and 620 miles (500-1,000 kilometers, short-range) and between 620 and 3,420 miles (1,000-5,500 kilometers, intermediate-range).

It is important to note, however, that the treaty does not cover air or sea-launched weapons even though they can potentially fly the same distances. Russia’s 3M-54 Kalibr, a sea-launched missile, is an example. The following charts retrieved from the official website of the US Department of State outline the affected missiles specified under the elimination protocol of the treaty:

The INF Treaty has helped not only to solve the problems of its time towards the end of the Cold War but also serves still to this day as an umbrella of protection for US’s allies in Europe. The INF provides a measure of strategic stability on the European continent.

According to the Stockholm National Peace Institute, by 1991, 2,692 missiles had been eliminated thanks to the treaty; 846 owned by the US and 1,846 owned by the USSR. The treaty also allows both parties to inspect each other’s progress in eliminating the missiles to maintain transparency. So, if so much progress has been made as a result of the INF, then why is it that President Trump now insists on a US withdrawal?

President Trump has accused Russia of repeatedly violating the treaty. In fact, former President Obama first accused Russia of violations in 2014 during the Ukraine crisis, when Moscow allegedly deployed a prohibited missile. “I don’t know why President Obama didn’t negotiate or pull out” were the words of the current president, “…we’re not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we’re not allowed to… so we’re going to terminate the agreement. We’re going to pull out.” Recently, the NATO confirmed Russia’s violations. Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General, urged Russia to address these concerns in a “substantial and transparent manner.”

These accusations have truly created tensions between both parties of the treaty. Kremlin spokesman Dimitri Peskov has repeatedly denied the violations. He even went as far as claiming that it was, in fact, the US who first violated the treaty, with “armed US drones” that “fly within the ranges prohibited by the treaty”. As for the president, Vladimir Putin, he has replied with questionable threats such as “revenge is inevitable and they will be destroyed. And we, as victims of aggression, will go straight to heaven as martyrs while they will just croak.” In general, the Kremlin sees a US withdrawal as a confirmation of how “unreliable” a partner the United States is when it comes to other countries’ interests since it would be acting completely unilaterally and pulling out implies security concerns for many other countries, especially European countries.

Europe shows the most concern for the possible dissolution of the INF Treaty since it is believed that Russia’s intermediate range missiles would pose the biggest threat to them. Many analysts agree that this is a particularly bad time for the US to make a decision that would further raise tensions within Europe since security-related tensions such that of immigration exist in the region already. EU spokeswoman for foreign affairs and security policy Maja Kocijancic stated that the United States and Russia should definitely engage in dialogue and try to preserve the treaty, since “the world doesn’t need a new arms race.”

The most unexpected and interesting role in all of this, however, is China’s. It is no secret to anyone that what displeases President Trump the most about the INF Treaty is that China is not a signatory. If Russia is violating the treaty, and China, on the other hand, is not part of such an agreement that restricts its missile force, then the US seems to be at a disadvantage. “If Russia’s doing it and if China’s doing it and we’re adhering to the agreement, that’s unacceptable,” stated President Trump last October. In fact, according to Admiral Harry Harris, head of the US Pacific Command, if China were part of the INF Treaty right now, around 95% of its missile force would be violating it. When it comes to China’s reaction to the White House’s desire to withdraw, to “think twice” is what Beijing wishes Washington would do. Hua Chunying, a foreign ministry spokeswoman, said US withdrawal would lead to a “multitude of negative effects.”

What’s now left to be seen is whether President Trump will, in fact, pull out from the treaty. Presidents Putin and Trump both met in Paris in November, but although many different issues were discussed, a potential meeting to formally discuss the future of the INF Treaty was not part of the conversation. But if the US does withdraw, will that really mean a new Cold War? According to many analysts, an arms race like the one the world was experiencing back when the treaty was originally signed, might definitely become a reality. The Kremlin has also hinted several times at the possibility of a new arms race; the Russians would be “forced to develop weapons” to “restore balance in the sphere” if the US were to pull out.

For now, Secretary of State Mike Pompeo announced on December 4 that the US “will suspend its obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and veritable compliance”. Ten days later, Russia submitted a draft of resolution to the UN General Assembly in support of the INF Treaty calling on all sides to fulfill their obligations. It seems to be a move towards a bilateral negotiation, but 2019 will begin with uncertainty in a matter so critical as this.

[Robert Kagan, The Jungle Grows Back. America and Our Imperiled World. Alfred A. Knoff. New York, 2018. 179 pag.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

A estas alturas del siglo queda ya claro que la consagración del sistema liberal en el mundo, tras descomponerse el bloque comunista al acabar la Guerra Fría, no es algo que vaya a ocurrir de manera inexorable, como se pensó. Ni siquiera es algo probable. Los modelos divergentes de China y de Rusia están ganando Estados adeptos. La democracia está en retroceso, también en las propias sociedades occidentales.

Es la jungla que vuelve a crecer allí donde se había conseguido extender un jardín. Esta es la imagen que utiliza Robert Kagan en su nuevo libro para alertar sobre la conveniencia de que Estados Unidos no decline su responsabilidad en capitanear el esfuerzo por preservar el orden mundial liberal. Para Kagan, el sistema liberal “nunca fue un fenómeno natural”, sino una “gran aberración histórica”. “Ha sido una anomalía en la historia de la existencia humana. El orden mundial liberal es frágil y no permanente. Como un jardín, se ve siempre asediado por las fuerzas naturales de la historia, la jungla, cuyas enredaderas y malas hierbas constantemente amenazan con cubrirlo”, afirma. Se trata de una “creación artificial sujeta a las fuerzas de la inercia geopolítica”, de forma que la cuestión “no es qué derrumbará el orden liberal, sino qué puede sostenerlo”.

A Kagan le sobrevive en los medios la etiqueta de neoconservador, por más que sus posiciones se sitúan en la corriente central del republicanismo estadounidense (mayoritaria durante décadas, hasta el surgimiento de Donald Trump; de hecho, en la campaña de 2016 Kagan apoyó a Hillary Clinton) y sus trabajos se desarrollan en la más bien demócrata Brookings Institution. Sí defiende un liderazgo claro de Estados Unidos en el mundo, pero no por autoafirmación, sino como único modo de que el orden liberal internacional sea preservado. No es que, al haberlo patrocinado, Estados Unidos haya actuado de forma desinteresada, pues como decía uno de sus constructores, el secretario de Estado Dean Acheson, para proteger el “experimento de vida americano” hacía falta crear “un entorno de libertad” en el mundo. Pero los demás países occidentales, y otros donde igualmente se extendió el régimen de libertades de las sociedades democráticas, también se han visto beneficiados.

La tesis central de Kagan es que, aunque hubo interés propio de Estados Unidos en crear la arquitectura internacional que ordenó el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, esta benefició a muchos otros países y garantizó la victoria de las sociedades libres sobre el comunismo. Crucial para ello, según Kagan, es que si bien Washington en ocasiones actuó contra los valores que predicaba, en general se atuvo a ciertas reglas.

Así, Estados Unidos “no explotó el sistema que dominaba para ganar ventajas económicas duraderas a expensas de las otras potencias del orden. Dicho simplemente: no podía usar su dominio militar para ganar la competición económica contra otros miembros del orden, ni podía tratar la competición como suma cero e insistir en ganar siempre” (esto último es lo que pretende Trump). Es verdad que Estados Unidos se benefició de ser el jugador principal tanto económica como militarmente, “pero un elemento clave para mantener unido el orden internacional fue la percepción de las otras potencias de que tenían razonables oportunidades para tener éxito económicamente e incluso en ocasiones sobrepasar a Estados Unidos, como Japón, Alemania y otras naciones hicieron en varios momentos”.

Kagan admite que la disposición de Washington a grandes dosis de fairplay en el plano económico “no se extendió a todas las áreas, singularmente no se aplicó a los asuntos estratégicos”. En estos, “el orden no se basó siempre en las reglas, pues cuando Estados Unidos lo consideró necesario, correcta o erróneamente, violó las reglas, incluidas las que aseguraba defender, bien llevando a cabo intervenciones militares sin autorización de la ONU, como hizo en numerosas ocasiones durante la Guerra Fría, o implicándose en actividades encubiertas que no tenían respaldo internacional”.

Ha sido un orden que, para funcionar, “tenía que gozar de cierto grado de aceptación voluntaria por parte de sus miembros, no ser no una competición de todos contra todos, sino una comunidad de naciones que piensan parecido actuando juntas para preservar un sistema del cual todos podían beneficiarse”. “El orden se mantuvo en pie porque los otros miembros miraban la hegemonía estadounidense como relativamente benigno y superior a otras alternativas”. Prueba de ello es que los países de Europa Occidental se fiaron de Washington a pesar de su abrumadora superioridad militar. “Al final, incluso si no siempre lo hizo por motivos idealistas, Estados Unidos acabaría creando un mundo inusualmente propiciador de la extensión de la democracia”.

Kagan está en desacuerdo con considerar que tras la disolución de la URSS el planeta entró en un “nuevo orden mundial”. En su opinión, lo que se llamó “momento unipolar” en realidad no cambiaba los supuestos del orden establecido al término de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no tenía sentido que, al caer el Muro de Berlín, se pensara que el mundo entraba en una nueva era de paz y prosperidad irrefrenable, y que esto hacía innecesario el papel de jardinero de Estados Unidos. La retirada del mundo llevada a cabo por Trump e iniciada por Obama (Kagan ya en 2012 publicó The World America Made, en defensa de la implicación estadounidense en el mundo), estaría permitiendo el regreso de la caótica vegetación de la jungla.

The Jungle Grows Back tiene formato de libro pequeño, propio de un ensayo comedido que aspira a transmitir algunas ideas fundamentales sin querer llegar a abrumar al lector. A pesar de señalar los peligros del orden liberal, y de constatar que Estados Unidos mantiene una actitud de retirada, el libro ofrece un mensaje optimista: “Esta es una visión pesimista de la existencia humana, pero no es una visión fatalista. Nada está determinado, ni el triunfo del liberalismo ni su derrota”.

Estados Unidos sigue atento la innovación de métodos que también podrían servir para introducir células terroristas o incluso armas de destrucción masiva

En los últimos diez años, la proliferación de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de difícil detección, ha acaparado un tercio del transporte de droga desde Sudamérica a Estados Unidos. La incorporación de sistemas GPS por parte de los carteles dificulta también la lucha global antinarcóticos. Un posible uso de esos nuevos métodos para fines terroristas mantiene alerta a Estados Unidos.

▲ Narcosubmarino encontrado en la selva de Ecuador en 2010 [DEA]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

El tráfico de droga hacia los grandes mercados de consumo, sobre todo Estados Unidos y Europa, es especialmente innovador: la magnitud del negocio lleva a intentar superar cualquier barrera que pongan los Estados para impedir su penetración y distribución. En el caso de Estados Unidos, donde la llegada ilícita de narcóticos se remonta al siglo XIX –desde el opio hasta la marihuana y la cocaína–, los continuados esfuerzos de las autoridades han logrado interceptar muchos envíos de droga, pero los traficantes encuentran nuevas vías y métodos para introducir en el país un volumen importante de estupefacientes.

El método más inquietante en los últimos diez años ha sido el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, a las que comúnmente se les ha dado el nombre de narcosubmarinos, que permiten transportar varias toneladas de sustancias –cinco veces más de lo que lo hacía un barco pesquero– esquivando la vigilancia de los guardacostas [1]. La tecnología satelital también ha llevado a los traficantes a dejar cargas de droga en el mar, luego recogidas por embarcaciones de recreo sin levantar sospecha. A esos métodos hacen referencia recientes informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos estadounidense.

Por las aguas de Centroamérica

Durante muchos años, la forma habitual de transportar la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos ha sido mediante barcos pesqueros, lanchas rápidas y avionetas. Los avances en las técnicas de detección y rastreo desde el aire han empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas maneras de llevar sus cargas hacia el Norte. De ahí el desarrollo de los narcosubmarinos, cuyo número, desde una primera interceptación en 2006 por las autoridades estadounidenses, ha conocido una rápida progresión.

Ese medio de transporte es una de las razones de que desde 2013 haya aumentado en un 10% el tráfico de la ruta de droga que va de Colombia (país que produce el 93% de la cocaína consumida en EEUU) a Centroamérica y México, desde donde los cargamentos son introducidos en EEUU. Según la DEA, este corredor representa hoy un estimado 93% del movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, frente al 7% de la ruta que busca las islas del Caribe (principalmente la República Dominicana) para llegar a Florida u otros lugares del litoral estadounidense.

Durante un tiempo, entre el servicio de guardacostas de EEUU se extendió el rumor de que los carteles de droga estaban usando narcosubmarinos. Sin haber visto de momento ninguno, los agentes le dieron el nombre de 'Bigfoot' (como se conoce un supuesto animal con forma de simio que habitaría en bosques del Pacífico estadounidense).

El primer avistamiento se produjo en noviembre de 2006, cuando un patrullero de la Guardia Costera de EEUU detectó una forma desdibujada en el océano, a unas cien millas del litoral de Costa Rica. Cuando los agentes se acercaron descubrieron tres tubos de plástico que emergían del agua, que provenían de una nave sumergible que se abría paso a dos metros bajo la superficie. Dentro encontraron tres toneladas de cocaína y cuatro hombres armados con un fusil AK-47. Los guardacostas lo bautizaron como 'Bigfoot I'.

Dos años después habría un 'Bigfoot II'. En septiembre de 2008, una fragata de la Armada estadounidenses en labores de guardacostas apresó un aparato semejante a 350 millas de la frontera entre México y Guatemala. La tripulación se componía de cuatro hombres y la carga era de 6,4 toneladas de cocaína.

Para entonces, las autoridades de EEUU calcularon que ya se habían fabricado más de cien sumergibles o semisumergibles. En 2009 estimaron que solo estaban pudiendo detener un 14% de los envíos y que este medio de transporte suministraba al menos un tercio de la cocaína que llegaba al mercado estadounidense. Las armadas de Colombia, México y Guatemala también han decomisado algunos de estos narcosubmarinos, que además de haber sido localizados en el Pacífico igualmente han sido detectados en el Caribe y el Atlántico. Fabricados de forma artesanal en la selva, quizás el episodio más llamativo fue el de haber encontrado uno de ellos en el interior de Ecuador, en las aguas de un río. 

Su innovación técnica ha sorprendido con frecuencia a los funcionarios antinarcóticos.  Muchos de estos autopropulsados narcosubmarinos llegan a medir quince metros, están hechos de materiales sintéticos y fibra de vidrio y han sido diseñados para reducir la detección por radar o infrarrojos. Ha habido modelos también con sistemas de navegación GPS para poder repostar carburante y recibir comida en citas convenidas a lo largo del trayecto.

Localización por GPS

El desarrollo y generalización del GPS también ha servido a los narcotraficantes para introducir mayores innovaciones. Un procedimiento, por ejemplo, ha sido rellenar con droga un recipiente en forma de torpedo –como un sumergible, pero esta vez sin tripulación–, unido a una boya y un emisor de señal. El contenedor puede albergar hasta siete toneladas de cocaína y se sujeta al fondo de un barco mediante un cable. Si el barco es interceptado, simplemente puede dejar caer el contenedor a más profundidad, para luego ser recuperado por otra embarcación gracias al localizador satelital. Esto hace extremadamente difícil a las autoridades capturar la droga y detener a los traficantes.

El sistema de navegación GPS también se usa para depositar cargas de droga en puntos de las aguas territoriales de Estados Unidos, donde pueden ser recogidos por embarcaciones de recreo o por un reducido grupo de personas sin levantar sospechas. El paquete conteniendo la cocaína es recubierto con varias capas de material y luego todo ello es impermeabilizado con un tipo de espuma. El paquete se coloca dentro de una bolsa de lona que se deposita en el fondo del mar para luego ser recuperado por otras personas.

Como indica la DEA en su informe de 2017, “esto demuestra cómo las organizaciones narcotraficantes han evolucionado sus métodos para llevar a cabo las transacciones de cocaína utilizando tecnología”. Y cita el ejemplo de organizaciones que “transportan kilos de cocaína en paquetes impermeables hasta una predeterminada localización y la fijan al lecho del océano para que sea luego retirada por otros miembros de la organización que tienen la localización GPS”, lo que “permite a los miembros de organizaciones de narcotráfico compartimentar su trabajo, separando a quienes hacen el transporte marítimo de los distribuidores en tierra firme”.

Riesgo terrorista

La posibilidad de que estos métodos de muy difícil detección sean utilizados para introducir armas o puedan formar parte de operativos terroristas preocupa a las autoridades estadounidenses. El vicealmirante retirado James Stravidis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha alertado del potencial uso especialmente de los sumergibles “para transportar más que solo narcóticos: el movimiento de dinero en metálico, armas, extremistas violentos o, en el peor extremo del espectro, armas de destrucción masiva”.

A este riesgo se refirió también el contralmirante Joseph Nimmich cuando, como comandante del Grupo Sur de Trabajo Conjunto Interagencias, se enfrentó al surgimiento de los sumergibles. “Si puedes transportar diez toneladas de cocaína, puedes transportar diez toneladas de cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

Según este periódico, la elaboración furtiva de submarinos caseros se desarrolló primero en Sri Lanka, donde el grupo rebelde de los Tigres Tamiles los utilizó en su enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. “Los tamiles pasarán a la historia como la primera organización terrorista en desarrollar armas submarinas”, aseguró el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. En 2006, como afirma el NYT, “un paquistaní y un esrinlanqués facilitaron planos a los colombianos para construir semisumergibles que fueran rápidos, silenciosos y de materiales baratos y comúnmente al alcance”.

A pesar de ese origen, en última instancia relacionado con los rebeldes Tamil, y de la potencialidad terrorista que presentan los sumergibles utilizados por los carteles de droga, lo cierto es que Washington no ha reportado evidencias de que los nuevos métodos de transporte de droga desarrollados por los grupos de crimen organizado estén siendo usados por actores extremistas de otro cariz. No obstante, EEUU mantiene alta la guardia dado el elevado índice de envíos de cargamentos que llegan a su destino sin detección.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pág. 143-145

La cancelación del nuevo aeropuerto de CDMX, construido ya en más del 31%, siembra dudas sobre el éxito económico del nuevo sexenio

Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de México enfrentado al mundo económico, al que ha planteado batalla con su anuncio de paralizar las obras del nuevo aeropuerto de la capital, a pesar de haberse realizado ya un tercio de las obras. El deseo de dejar claro al poder económico quién manda en el país y de sepultar lo que iba a ser un legado emblemático del PRI –cuya hegemonía histórica espera sustituir con su propio partido, Morena– puede estar detrás de la controvertida decisión.

▲ Imagen del proyectado NAICM creada por Fernando Romero Enterprise, Foster and Partners

ARTÍCULO / Antonio Navalón

El PRI mexicano volvió a la presidencia del país en 2012, de la mano de Enrique Peña Nieto, con la promesa de realizar una gran inversión en infraestructura pública que pusiera a México en el escaparate mundial. La obra estelar elegida fue la construcción de un nuevo aeropuerto, cuyo proyecto se encargó al arquitecto Norman Foster y que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) veía como la herencia que siempre se le atribuiría.

Este gran proyecto iba a eclipsar todo legado negativo del mandato de Peña Nieto, que ha estado especialmente marcado por los casos de corrupción y por el récord histórico en cifras de violencia. Aunque útil para el marketing político, aumentar la capacidad de tráfico aéreo de la Ciudad de México (CDMX), cuya área metropolitana tiene 23 millones de habitantes, es una necesidad para el impulso de la economía nacional.

El proyecto, de 13.300 millones de dólares, suponía una de las mayores inversiones en la historia del país. Bautizado con el nombre de Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM, luego simplificado como NAIM) y ubicado en el área de Texcoco, poco más lejos que las actuales instalaciones en uso, la nueva infraestructura iba a desarrollarse en dos fases. La primera fase consistía en la construcción de una gran terminal y tres pistas, que inicialmente se preveía que estuviesen listas para 2020, pero cuya entrada en servicio se había aplazado a 2022 debido a retrasos en las obras. La segunda fase contaría con la construcción de tres pistas adicionales, además de una segunda terminal, que estaría lista para funcionar a partir de 2035.

Los planes apuntaban a que NAICM tendría capacidad para transportar entre 70 y 135 millones de pasajeros anualmente, gracias a contar con un volumen de operación de entre 115 y 135 slots por hora. Esas cifras daban a largo plazo un posible beneficio de más de 32.000 millones de dólares, según las estimaciones del Gobierno.

El proyecto buscaba en primer lugar resolver el grave problema de saturación aérea que sufre el actual aeropuerto internacional Benito Juárez de Ciudad de México, provocada por la poca capacidad de desempeño de las dos pistas que funcionan simultáneamente. Además, la construcción de NAICM partía con la esperanza de convertir CDMX en un hub logístico mundial, pudiendo llegar a multiplicar por cuatro la capacidad de transporte de mercancías con la que cuenta el aeropuerto actual.

El nivel de transporte de mercancías en este macro proyecto iba a poder alcanzar los 2 millones de toneladas anuales, convirtiéndose así, como aseguraban sus promotores, en el principal centro de distribución de América Latina. La ambición de NAICM, por tanto, era convertirse en referente no solo en el continente americano sino a nivel mundial, tanto en el traslado de turistas como en el transporte de mercancías.

La construcción de NAICM comenzó en 2015 y hasta la actualidad se ha ejecutado el 31% de las obras. Aunque este grado de realización supone un ligero retraso respecto al calendario original, las labores de fundamentación y canalización ya están acabadas y en la superficie pueden verse altas estructuras destinadas a sujetar la amplia cubierta. Sin embargo, a pesar de ese progreso y de la inversión ya realizada, el nuevo presidente del país ha anunciado que entierra por completo el proyecto.

Elecciones y consulta

Las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio las ganó el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (con toma de posesión el 1 de diciembre). Antiguo dirigente del PRI, gracias al cual ejerció de alcalde de la capital, con el tiempo fue derivando hacia la izquierda: primero pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, tras perder dos elecciones a la presidencia del país, creó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En julio, Morena logró la mayoría en las dos cámaras del Congreso y también conquistó el gobierno de CDMX, lo que da a AMLO, como comúnmente se conoce al nuevo presidente, amplios poderes para llevar a cabo sus políticas. Si bien se quedó a 17 votos de una mayoría cualificada en el Senado que pueda cambiar la Constitución, podría obtener aliados para ese propósito.

Durante la campaña electoral, López Obrador defendió la cancelación del proyecto de nuevo aeropuerto alegando su alto coste, y planteó la posibilidad de que, como alternativa, se hagan algunas mejoras al aeropuerto actual y se acondicione también el de Santa Lucía, una base militar en el área de la capital mexicana que se podría habilitar para los vuelos internacionales. Pero el candidato de Morena aseguró que haría una consulta para conocer la opinión del pueblo mexicano y que acataría los resultados.

Sin esperar a tomar posesión como presidente, López Obrador hizo que Morena llevara a cabo esa consulta, que por tanto no fue organizada por el Gobierno sino por un partido político, y además no tuvo lugar en todo el país sino en 538 municipios de los 2.463 que hay en México. Las urnas, dispuestas entre el 25 y el 28 de octubre, se pronunciaron por el “no” a NAICM: con una participación de solo el 1% del cuerpo electoral nacional, el 69% votó por la alternativa de Santa Lucía y el 29% lo hizo por seguir las obras en Texcoco. López Obrador anunció que, en aplicación del resultado, paralizará las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de la inversión ya realizada.

Algunos movimientos populares y también naturalistas que reclamaban la preservación del medio natural aplaudieron el anuncio, pero igualmente hubo marchas de protesta contra la decisión en las calles del centro de CDMX. El sector privado ha lamentado enormemente el propósito de cancelar el proyecto de NAICM. Destacados empresarios del país y organizaciones como la Confederación de Cámaras Industriales Mexicanas (CONCAMIN), que representa el 35% del PIB mexicano y el 40% de empleo en el país, salieron en defensa del proyecto original y pidieron a López Obrador que reconsiderara su decisión. Su argumento es que cualquier alternativa se quedará corta ante las demandas del creciente tráfico aéreo, lastrando el desarrollo del país. Además aducen que cualquier decisión que no pase por seguir con la construcción de NAICM va a resultar más cara que concluir el proyectado aeropuerto [1].

Impacto económico

Para CONCAMIN, “el aeropuerto actual carece de la infraestructura y cualquier mejora no arreglaría los problemas fundamentales que tiene”, y una apuesta por la base de Santa Lucía “sería una pérdida de tiempo y dinero, que más que solucionar problemas los va crear”, según el presidente de esta asociación empresarial, Francisco Cervantes.

José Navalón, de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de CONCAMIN, de cuya dirección forma parte, advierte que la decisión de López Obrador va a suponer un golpe muy fuerte para el sistema macroeconómico y financiero mexicano. Según sus palabras “aún es pronto para entrar a valorar posibles consecuencias, pero habrá que ver si México cuenta con la infraestructura aeroportuaria apropiada, en cuanto a competitividad y conectividad, para lo que es la segunda economía más grande de América Latina”. En cualquier caso, de momento “se ha dado un problema de falta de confianza en los mercados, que se ha visto reflejado inmediatamente en la caída del peso y de los mercados” [2].

Ciertamente, si bien López Obrador fue recibido en julio con un alza de los mercados, porque su contundente victoria parecía augurar estabilidad para México, su toma de posesión en diciembre está siendo acompañada de una “espantada” de inversores. El peso ha cerca de un 10% respecto al valor en agosto en su relación con el dólar, la bolsa ha bajado un 7,6% y solo en octubre los inversores vendieron 2.400 millones de dólares en bonos mexicanos.

“Las principales preguntas que hoy en día se hacen los inversores”, continúa Navalón,  “es si es seguro invertir en México y cada cuánto se van a tomar este tipo de decisiones que no siguen ningún tipo de legalidad”, pues importantes empresas se verán afectada por la cancelación de un proyecto en marcha. Advierte además que “la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo perfil constituye un imán de inversión extranjera, puede afecta de manera directa en la inversión en México”.

La gran cuestión es por qué López Obrador mantiene su decisión contra el nuevo aeropuerto, a pesar de la penalización económica que va a suponer para el Gobierno y del riesgo de huida de inversores. Hemos de entender que México siempre ha sido un país que ha estado liderado por el poder económico. Con su actitud sobre NAICM aspira marcar nítidamente la línea de separación entre poder político y poder económico, dejando claro que la era del mando del poder económico ha terminado. Un segundo motivo, es que NAICM iba a ser la herencia del PRI y López Obrador probablemente busca destruir cualquier tipo de asociación de este macro proyecto con el partido al cual pretende sepultar.

REFERENCIAS

[1] Documento CONCAMIN “Propuestas Aeropuertarias” 2018.

[2] Entrevistas personales con Francisco Cervantes y José Navalón