Los Estados se mueven entre asegurar su soberanía nacional y la cooperación entre vecinos
Ninguna otra región del mundo puede suponer un cambio de juego geopolítico tan importante como el Ártico. El deshielo abre perspectivas logísticas de gran magnitud y revaloriza los territorios al norte del Círculo Polar por el acceso que dan a recursos naturales aún no explotados. Muchas cuestiones están siendo consensuadas por los ocho integrantes del Consejo del Ártico, aunque de ellos son Rusia, Canadá y Estados Unidos los que más influencia pretenden ejercer en la región. Examinemos la estrategia que están siguiendo en el Ártico esos tres países.
ARTÍCULO / Martín Biera Muriel
El círculo polar Ártico comprende el 6% de la superficie total de la Tierra, con 21 millones de kilómetros cuadrados de extensión. A medida que las temperaturas aumentan y se agravan los efectos del calentamiento global, la capa de hielo en el Ártico se reduce desvelando una zona rica en materias primas y recursos naturales, y aumentando su importancia estratégica para la conexión marítima entre Europa y Asia. Esto ha propiciado que el Ártico sea una región de gran trascendencia geopolítica en las Relaciones Internacionales del siglo XXI.
Agencias de diversos países, como la National Oceanic and Atmospheric Administration o el National Snow & Ice Data Center de Estados Unidos, así como organizaciones internacionales y empresas de distintas nacionalidades, destacan que la capa de hielo en la plataforma ártica se ha visto considerablemente reducida debido a las consecuencias del cambio climático y el aumento de las temperaturas. Esto permite a los Estados con soberanía en esas aguas e islas un fácil acceso a la región, ofreciendo una oportunidad para la explotación de petróleo, gas natural, minerales, pesca, transporte marítimo y turismo.
Ya en 2008 el US Geological Survey, estimó que el Ártico contenía aproximadamente 240.000 millones de barriles de petróleo y gas natural, una cifra que constituye alrededor del 10% de los recursos existentes en el mundo; eso sin tener en cuenta la cantidad de recursos que, por motivos prácticos, aún no se han descubierto. En total se estima que los recursos existentes aún no descubiertos comprenderían el 16% de las reservas mundiales de petróleo, el 30% de las de gas y el 26% de las de gas natural; alrededor del 84% de esos recursos se encuentran fuera de la costa. Las estimaciones hablan de la posible existencia en el subsuelo ártico de 10 billones de barriles de petróleo y 1,55 cuatrillones de metros cúbicos de gas natural.
El Consejo del Ártico
El Consejo del Ártico, creado en 1996, es un foro intergubernamental de alto nivel que trata debates políticos sobre cuestiones comunes a los gobiernos de los Estados árticos y sus habitantes. Es el único foro circumpolar para debates políticos sobre cuestiones del Ártico. De él forman parte todos los Estados árticos, con la participación activa de sus pueblos indígenas. Está formado por ocho miembros: Islandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Noruega y Finlandia. En cuanto a su funcionamiento, se divide en distintos grupos de trabajo y task force, cada uno de los cuales tiene sus campos de actuación y funciones. Así, está el Artic Contaminants Action Program (ACAP), cuya función es fomentar mecanismos para que los Estados reduzcan las emisiones contaminantes, o el Emergency Prevention, Preparedness and Response Working Group (EPPR), que trata de proteger el medioambiente de posibles liberaciones accidentales de contaminantes. Aunque su presencia sea muy limitada, se puede destacar que en numerosas ocasiones los distintos task force y grupos de trabajo han logrado conseguir los objetivos que tenían planeado como, por ejemplo, una reducción de las emisiones de CO2.
De los ocho países que forman parte del Consejo del Ártico, los que ejercen una mayor influencia en la región son Canadá, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué estrategias está siguiendo cada uno de ellos?
Canadá: más medios para patrullar las aguas
Para Canadá, el Ártico no solamente es fundamental para su identidad nacional, sino que representa un potencial para el futuro del país, especialmente en materia de geopolítica. El gobierno de Canadá ve el Ártico como un área de oportunidades y retos, que los agrupa en cuatro áreas: ejercer su soberanía, promover el desarrollo económico y social, proteger el medioambiente y mejorar su gobernanza en las regiones del norte. Estos cuatro pilares de la política canadiense en el Ártico se concretan en múltiples aspectos: resolver disputas territoriales, mantener la soberanía y seguridad en el territorio ártico, promover las condiciones para el desarrollo sostenible y abordar la gobernanza de las cuestiones emergentes como la seguridad pública o contaminación, entre otros.
Canadá ha reforzado desde 2007 sus iniciativas de defensa para garantizar la soberanía en su territorio ártico. Ese año anunció medidas para aumentar su capacidad en la zona, las cuales han incluido el lanzamiento del satélite RADARSAT-2 destinado a vigilar el Ártico y el desplazamiento de 1.500 efectivos para patrullar sus aguas. Para esta última función se ha contado con la incorporación de rompehielos y patrullas marítimas. El gobierno también anunció una mayor inversión en el cuerpo de los Canadian Rangers para mejorar su presencia en la zona y trabajar conjuntamente con el North American Aerospace Defense Command para monitorear el espacio aéreo del norte de Canadá.
Estados Unidos: el Pentágono establece su Estrategia del Ártico
La actividad de Estados Unidos en el Ártico, región a la que pertenece desde la compra de Alaska, comprende un amplio espectro de actividades, desde la extracción de recursos y comercio a operaciones científicas y de defensa nacional. La estrategia del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Ártico consiste en mantener una región segura y estable, en el que los intereses norteamericanos sean salvaguardados y su espacio de soberanía protegido, y donde las naciones trabajen de forma conjunta para afrontar los distintos retos, entre ellos singularmente el cambio climático. La estrategia estadounidense tiene dos objetivos:
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Garantizar y apoyar la seguridad y promover la cooperación en defensa.
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Prepararse para una amplia gama de desafíos y contingencias.
Además, el Departamento de Defensa estableció en un documento denominado Arctic Strategy que esos objetivos deben lograrse con criterios innovadores, con bajo presupuesto y mediante ejercicios multilaterales con otros países, como el Search and Rescue Exercise. Para lograr estos propósitos, el Departamento de Defensa fijó una serie de estrategias: ejercer la soberanía en su territorio, involucrar a entidades del sector público y privado para mejorar la conciencia de dominio en el Ártico, asociarse con otros departamentos, agencias y naciones para apoyar la seguridad humana y medioambiental, etc. El Departamento de Defensa, en colaboración con el North American Aerospace Defense Command, desarrolló un programa de análisis e informes para monitorear la actividad regional y anticipar futuras tendencias, con el fin de que futuras inversiones puedan sostener la actividad humana en la región a través del tiempo.
Rusia: mayor costa, mayor acceso a los recursos
Rusia es el Estado polar con mayor litoral, eso le da un acceso a ciertos recursos, como el petróleo, mucho más amplio que el de otros países, incluido Canadá, que es el segundo Estado polar con más costa. En los últimos meses Rusia ha experimentado un aumento en la producción de recursos naturales en el Ártico, especialmente en hidrocarburos. Cabe destacar que las sanciones internacionales por la crisis de Crimea han supuesto un reto para la producción rusa, por ello el Ártico es clave para su desarrollo. La política rusa en el polo norte se basa en dos planos, el militar y el de defensa con los siguientes objetivos:
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Usar los recursos en la región, principalmente petróleo y gas, para promover el desarrollo económico de Rusia.
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Mantener el Ártico como una zona de paz y cooperación.
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Preservar la ecología en el Ártico.
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Que la ruta del norte sea reconocida como una ruta de transporte.
En el plano militar continúa la necesidad de mantener tropas en caso de ataque en la región. Por ello, Rusia ha desarrollado en los últimos años sistemas de radares para controlar sus dominios, y también ha fomentado la construcción de pequeñas bases, puertos y aeródromos militares para proteger su territorio. Cabe destacar que en el puerto de la ciudad de Severomorsk se encuentra el cuartel general de la Flota del Mar del Norte, una de las flotas con más submarinos del mundo y el único crucero nuclear del mundo, llamado Pedro el Grande.
No obstante, ese acento en cuestiones militares y de defensa, Rusia también propone la opción de alcanzar acuerdos con otros Estados árticos, sin importar su extensión, para mejorar la cooperación.
Medio ambiente, desarrollo económico, defensa
La elaboración de estrategias específicas para el Ártico por parte de los países presentes en la región demuestra que el área es un escenario relevante para la geopolítica y las relaciones internacionales del siglo XXI. Los Estados implicados se mueven en dos planos: el de la cooperación con los vecinos, en materias como la protección del medio ambiente y el compromiso con un desarrollo económico sostenible, y el de la defensa de sus propios intereses, manifestada especialmente en asegurar la soberanía sobre sus territorios árticos y en preservar los derechos que estos puedan otorgarles en una futura explotación del área compartida.
Si atendemos a las teorías de las relaciones internacionales, los Estados árticos juegan en el plano realista, de toma de posiciones respecto a los demás, pensando en cualquier futura competición, y a su vez en el plano liberal, de disposición a la cooperación y resolución conjunta de problemas.
El nuevo programa de cooperación de la UE deberá llevar a una mayor inversión en seguridad y defensa
Tras siete largos años de hibernación, el pasado 11 de diciembre se puso en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea, cuya misión es lograr una mayor convergencia en asuntos de seguridad y defensa. La iniciativa supone un salto hacia adelante en el proceso de integración europea, que viene a superar la etapa de estancamiento y dudas que trajo consigo la última crisis económica y financiera.
▲Soldados llevando la bandera de la Unión Europea frente a las instituciones comunitarias, en 2014 [Parlamento Europeo]
ARTÍCULO / Manuel Lamela Gallego
El mismo año en el que se conmemoraba el 60º aniversario de los Tratados de Roma finalizó con un cierto sentido de reivindicación y reafirmación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, al conseguir contra todo pronóstico generar inversión y cooperación en las áreas de seguridad y defensa. La puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) es la respuesta a la urgente necesidad de inversión en estas dos áreas, necesidad que la UE tiene planteada desde hace décadas y que ni el fracaso en los Balcanes consiguió que fuera afrontada.
Hablamos de reafirmación frente a la evidente crisis que ha sufrido la Unión Europea en estos últimos años, en los que ha visto cómo se generaban dudas acerca de su propia continuidad. Pese a esta delicada situación, la UE ha actuado con una admirable flexibilidad y se ha planteado su propio rol en el escenario mundial con el objetivo poder seguir marcando una diferencia positiva en el mundo. En este contexto de reflexión y cambio es dónde debemos enmarcar la puesta en marcha de PESCO.
A esta reciente pérdida de credibilidad hay que sumarle la colección de “fracasos” que acumula la UE a la hora de generar una estrategia común de defensa. Las palabras de Javier Solana en 2003 al reconocer el fracaso y la fractura de la Unión en la gestión de la crisis de Irak generaron una sombra de impotencia e ineptitud que la UE no ha conseguido desprenderse hasta el momento. La aplicación de PESCO supone un gran destello de luz en la acción europea de cara al exterior, ya que pone de manifiesto la unidad dentro del proyecto europeo en un área tan delicada como es la seguridad y la defensa.
De esta manera y cumpliendo con lo que se establece en la Tratado de Lisboa, el pasado 13 de noviembre y tras varios meses de insistencia por parte del Consejo Europeo, 23 Estados miembros firmaron una notificación que supone el primer paso para la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente. Este momento es declarado como “histórico” por parte de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Sin ninguna duda nos encontramos ante un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Europea, pues tras varias décadas se consigue romper con la tendencia que reducía la cooperación europea al ámbito de la integración económica. PESCO aspira a sentar la base desde la cual, con proyectos verdaderamente vinculantes, se puedan generar estrategias comunes y compartidas que poco a poco vayan configurando a la nueva Europa de la seguridad y la defensa. En su medida, la Cooperación Estructurada Permanente se posiciona como en lo que su día fue la Comisión de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuya dimensión decisoria constituyó uno de los pilares para la expansión del supranacionalismo europeo hacia otras áreas más ambiciosas.
Base legal
La base legal de PESCO la encontramos en los Artículos 42(6) y 46, junto con el Protocolo número 10, del Tratado de Lisboa (2009).
Artículo 42(6): “Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no afectará a lo dispuesto en el artículo 43”.
Si algo se debe destacar de la Cooperación Estructurada Permanente es su naturaleza vinculante, por lo que los Estados se verán verdaderamente obligados a cumplir sus compromisos, como podemos observar en el Artículo 46(4): “Si un Estado miembro participante ya no cumple los criterios o ya no puede asumir los compromisos contemplados en los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la cooperación estructurada permanente, el Consejo podrá adoptar una decisión por la que se suspenda la participación de dicho Estado”.
La nula influencia que PESCO posee sobre la soberanía estatal es una de sus características fundamentales. Esto se ve claramente reflejado en los artículos 46(5) y 46(6) del Tratado de Lisboa. El primero clarifica los pasos que deberá seguir un Estado miembro para abandonar el proyecto: solamente será necesario que notifique al Consejo su abandono. El segundo trata de la toma de decisiones dentro de la Cooperación Estructurada Permanente: se tomarán de forma unánime, en una unanimidad constituida por los votos de los representantes de todos los Estados miembros que participen en PESCO.
Gasto del 2%
El 11 de diciembre el Consejo Europeo decidió finalmente poner en marcha PESCO, iniciativa a la que se sumaron Irlanda y Portugal, elevando el número de integrantes a 25 países. De esta manera se adoptaron los primeros 17 proyectos en los que los Estados participantes se comprometen a cooperar y que se adoptarán formalmente por el Consejo en 2018. Estos proyectos abarcarán diversos ámbitos dentro de la seguridad y la defensa europea, como pueden ser la formación de tropas o la estandarización y facilitación del transporte militar transfronterizo (este último altamente demandado por parte de la OTAN en los últimos años). Aparte de esta lista de proyectos cabe destacar el compromiso de los Estados de aumentar de forma constante y continuada los presupuestos de defensa en términos reales. Tras varios años de recesión económica y financiera en la mayoría de Estados europeos, los gastos en defensa no alcanzan el 2% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Esta es sin duda una de las tareas más importantes que PESCO ha de cumplir para poder continuar con un desarrollo estable.
La iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente la tuvieron Francia, Alemania, España e Italia, lo que confirma el funcionamiento de la Europa de las dos velocidades, aunque finalmente al proyecto se ha sumado prácticamente la Unión en su conjunto, con las únicas ausencias de Malta, Dinamarca (que no participa en la defensa europea) y obviamente Reino Unido, que tiene pensada su salida para marzo de 2019. Habrá que ver si esta alta participación no pone en riesgo la ambición inicial del proyecto. Aunque la propia naturaleza de PESCO facilita la convivencia de las dos Europas siempre que se cumplan con los compromisos mínimos.
La fricción que PESCO y la OTAN puedan tener o la futura posición que Reino Unido detentará en la defensa europea tras su salida de la UE, son otros de los interrogantes que PESCO genera. Solo su puesta en marcha despejará esas incertidumbres. Dejando de lado estas dudas por un momento, lo que sí se puede afirmar es que la Cooperación Estructurada Permanente abre un amplio horizonte y que está exclusivamente en manos de los ciudadanos europeos poder aprovecharlo.
Como afirma el actual ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno le Maire: “Europa no es una certeza, es un combate”.
Bibliografía
Council of the EU. (11 de 12 de 2017). consilium.europa.eu. Obtenido de Cooperación en materia de defensa: Comunicado de prensa
Council of the European Union. (2017). Legislative acts and other instruments (PESCO), (pág. 20). Brussels.
European Union. (2009). Treaty of Lisbon. Lisbon, Portugal.
The Council and the High Representative of foreign affairs and security policy (2017). Notificaction on Permanent Structured Cooperation, (pág. 10).
▲Presidents Enrique Peña Nieto and Donald Trump, in the latest G20 Summit; Hamburg, July 2017 [Presidency of México]
ANALYSIS / Dania Del Carmen Hernández [Spanish version]
Canada, the United States and Mexico find themselves immerse in the renegotiation of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). The trade treaty between these three countries has been controversial in the past few years, especially in the US, where many have doubted its benefits. During the presidential campaign, Donald Trump defended the complete elimination of the treaty; subsequently, when already in the White House, he agreed to make the renegotiation happen. President Trump argues that the pact has hollowed out US manufacturing and caused a trade deficit of over $60 billion with Mexico ($18 billion with Canada), so unless he can rework it in favor of the United States, he said, he won’t hesitate to withdraw from it.
Overall, the American people have pretty positive views on the treaty, with 56% of the population who say that NAFTA is beneficial to the country, and just a 33% who say it’s bad, according to a poll conducted by Pew Research in November 2017. Out of those who have a negative view, the majority are Republicans with 53% of them claiming Mexico benefits more, compared to Democrats who are generally more supporting of the trade pact and with just 16% who agree with the Republicans on that matter.
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Regardless of public acceptance, opinion on the treaty hasn’t always been so dubious. When President Bill Clinton signed it into law, it was actually considered one of the first successes in his presidency. The same way globalization has liberalized trade all over the world, NAFTA effectively expanded trade and presented a great number of opportunities for the US, all while strengthening the country's economy.
Under NAFTA, US trade in goods and services with Canada and Mexico went from $337 billion in 1994 when the treaty came into force, to about $1.4 trillion in 2016. Under NAFTA, cross-border investment among the three member countries has surged as well, from $126.8 billion in 1993 to $731.3 billion in 2016.
The concern in Washington is that, despite of the increasing volume of trade, in relative terms the US isn’t getting fruitful enough results, compared to what its neighbors are getting from it. In any case, Canada and Mexico accept that, almost after 25 years of validity, the agreement must be revised to be able to adapt it to the new productive and commercial conditions, defined by technological innovations that, as is with the case of the development of the internet, weren’t contemplated when the treaty was signed.
Round to round examination
The discussion between the three countries affects numerous aspects, but we can talk about three main blocks that have to do with certain red lines set by the different parts in the negotiation: rules of origin; the desire of the United States to end the independent system of arbitration, through which Canada and Mexico can terminate the measures that might violate the treaty (elimination of Chapter 19), and finally other proposals, perhaps less decisive but equally important, oriented towards the general wish to update the agreement.
When the negotiations started, in August 2017, the countries expressed a concern to reach a final decision in January 2018. The plan was to have six rounds of meetings. That number has been already overcome: a seventh round is happening at the end of February and there will be possibly more. As we have reached the initial deadline an examination on the state of the discussion is relevant. A good way of doing it is following the evolution of the conversations through the rounds of meetings celebrated and this way we can evaluate the results that have been registered so far.
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Latest North America Summit, with Presidents Peña Nieto and Obama, and Prime Minister Trudeau; Canada, June 2016 [Presidency of México] |
1st Round (Washington D.C.; August 16-20, 2017)
The first round of negotiations set the priorities for each one of the three countries on the table; it served to fixate the agenda of the principal issues that would be discussed later on, without going into much detail about the measures and the how- to’s.
In the first place, Donald Trump had already set clear during his campaign that he considered NAFTA an unjust agreement for the United States, due to the commercial deficit that the country has mostly with Mexico, and to a lesser extent, with Canada. According to the Office of the United States Trade Representative (USTR), the US went from a surplus of $1.3 billion in 1994 to a deficit of $64 billion in 2016. The major part of this deficit comes from the automotive industry. For the new administration, this puts in doubt that the treaty may have beneficial effects on American economy. Mexico, less predisposed to introduce important changes, insists that NAFTA has been good for all parties involved.
Another topic that was noted was Mexico’s salary gap against the US and Canada. Mexico defends that, despite having one of the lowest minimum wages in South America, and having had their medium wage stuck during the two past decades, this shouldn't be taken into account in the negotiations, for it is estimates that Mexican salaries will eventually reach those of their commercial partners. On the contrary, for the US and Canada, this remains a matter of concern; both countries insist that a wage increase would not damage Mexican economy.
Rules of origin was one of the principal recurring topics of discussion. The United States is looking for augmentation in the percentage of content that is required to consider a product as of origin so that it won’t be necessary to pay tariffs when moving it between the three countries. This proved to be rather controversial in this first round, as it could negatively affect Mexican and Canadian companies. Specialists have made the remark that a minimum of national content does not exist in any free trade treaties in the world.
Lastly, Trump’s administration let their intentions of eliminating Chapter 19 show. A section of the treaty which guarantees equality in the solving of disputes between the countries, making it so that it isn’t national laws what will dictate the outcome. The US understands it as a threat to their sovereignty and believes that conflicts should be resolved in a way in which their own democratic processes wont be ignored or jeopardized. For their part, Canada conditioned their permanence in the treaty with the maintenance of the chapter. Mexico also defends guarantees of independence in the resolution of conflicts even though for the moment it hasn't been categorical in this discussion, since it lingers on the side, and will act accordingly to what results most favorable.
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2nd Round (Mexico City; September 1-5, 2017)
Although considered successful by many analysts, the second round of the renegotiation followed a very slow pace. Some of the matters that made advances were: salaries, access to markets, investment, rules of origin, commercial facilitation, environmental issues, digital commerce, SME’s, transparency, anti- corruption laws, agronomy and textiles.
The president of Corporate Coordinating Council in Mexico, Juan Pablo Castañon, insisted that for now the salary issue wasn't up for negotiation, and rejected the idea that any of the parties had the intention of pulling out of the treaty, despite the previous threats from the Trump administration. Castañon rallied in favor of Mexico supporting the maintenance of Chapter 19 or the establishment of a similar instrument with the purpose of solving commercial controversies amid the three countries.
3rd Round (Ottawa; September 23-27, 2017)
The delegates made important advances in competition policies, digital commerce, state-owned companies and telecommunications. The principal development had to do with some aspects related to SME’s.
The Canadian chancellor, Chrystia Freeland, criticized that the United States had not made any written formal proposals on the most complex areas, demonstrating a passive attitude of the country in the context of the negotiation.
The US trade official, Robert Lighthizer, said that his country is interested in incrementing the salaries in Mexico to avoid an unfair competence, seeing that Mexico has attracted factories and investments with their low salaries and their weak trade-union regulations.
Canada endured a firm posture on Chapter 19, which they consider one of the greatest achievements of the current agreement. “Our government is absolutely committed to defending it”, said Freeland. Washington requested, though without presenting a formal proposition, the modification of the rules of origin so that they are more strict, avoiding that imports from other nations are considered “made in North America”, just because they were assembled in Mexico.
This round took place while the United States fixated a tariff of almost 220% to the CSeries aircrafts by the Canadian manufacturer Bombardier, after considering that the enterprise had used a governmental subsidy to sell its planes to the United States at artificially low prices.
4th Round (Virginia; October 11-17, 2017)
The United States presented their formal proposal of elevating the rules of origin in the automobile industry and suggested introducing a termination clause in the treaty.
The US proposed elevating the percentage of components of national origin from any of the three countries from 62,5% to 85% so that the production in the automobile industry can benefit from NAFTA. This way 50% of it will be American production.
It was also debated, in the interest of Washington, the debilitation of the system of controversy resolution present in Chapter 19, which was done without registering an approximation of the positions.
To finish, they talked about a termination clause that would give the treaty five years of life and once that time was over, it would automatically disappear, unless, when the time came, the countries decided to renovate it. This proposal received several critiques, many claiming that this could infringe the essence of the agreement and that every five years would generate uncertainty in the region, considering that it would affect the investment plans of companies.
These proposals just sum to the harsh climax of the negotiation that had been present since the last round in which the US had started to defend difficult proposals like the trials for dumping (selling a product for a price below its normal price) in the imports of perishable Mexican products (tomatoes and berries, governmental and textile purchases.
5th Round (Mexico City; November 17-21, 2017)
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The fifth round didn't show too many advances. The United States kept their requests and that generated frustration amongst the representatives of Mexico and Canada.
The US didn't receive alternatives to their proposal to change the regional composition from a 62,5% to an 85%, and that at least 50% is American, On the contrary, its commercial partners showed the damage that this proposal could cause to the three economies.
Faced with the US’ intentions to limit the number of concessions that their federal government offers to Mexican and Canadian enterprises, Mexican negotiators responded with a proposal to limit the country’s public contracts to the number of the contracts attained by Mexican companies with other governments inside the NAFTA. Given that the number of those contracts is significantly reduced, US companies will see their contracting being restricted.
Upon completion of this fifth round, the topics that are now more developed are the ones that involve a regulatory enhancement of telecommunications and the chapter on sanitary and phytosanitary measures. With this last thing, Americans are looking to establish new transparent and non discriminatory norms, that will allow each country to establish the degree of protection they find appropriate.
6th Round (Montreal; January 23-29, 2018)
The Sixth Negotiation Round saw some progress. The chapter on corruption was finally closed, and progress was made in other fields. More importantly, we finally saw a discussion that involved some of the core issues that had been pushed back in the previous negotiations. The progression is slow, but steady.
Robert Lightizer rejected the compromise on rules of origin that Canada had previously proposed. The structure was based on the idea that the rules of origin should be calculated to also include the value of software, engineering and other high-value work, which is currently not counted toward the regional content targets. This would guarantee the safeguarding of high-paying jobs in the area. The US expressed its disapproval to the Canadian proposal. Mexico didn’t find this surprising at all, as it already expected the cold shoulder from their American trade partner on this matter.
In another proposal, Canada made a threat as they claimed that they will keep the right to treat their neighbors worse than other countries if they enter into agreements. One of which could be China. The proposal was obviously not passed, as the US and presumably Mexico considered it ‘unacceptable’.
Although the countries successfully worked towards installing measures against corruption during the round of negotiations, they were far from successful at reaching an agreement on the topic of modifying rules of origin and calculating the regional content of the country in which automobiles are manufactured. All three countries remain motivated to keep making progress and will resume the negotiations for an speculation of two more sessions before the deadline that has been set in March, in order to avoid interference with the presidential election in Mexico and the US midterm elections in November.
Beyond the deadline
After more than seven months of meetings, as we have seen in the round-by-round examination, the negotiations between the three countries still have not reached the pre-agreement threshold that, even waiting to resolve more or less important points, should confirm the shared will to give continuity to NAFTA. The hard positions of the United States and the pressure of Canada and Mexico to save the treaty have so far resulted in a 'tug-of-war' that has allowed some partial, but not decisive, result. Thus, it remains to be determined if the treaty has actually reached its expiration date or may be reissued instead. For the time being, the three countries agree to continue working towards a renewed treaty.
From what has been seen so far in the negotiations, it is difficult to determine which country will be more willing to give in to the pressure exerted by the others. The most controversial issues have barely been addressed until recently, so it is also not possible to point out what achievements each country achieves in this negotiating process.
The two neighbors of the United States, but especially Canada, continue to warn of Trump's risk to end the treaty. An acceleration of the negotiations could help the positive resolution of the process, but the electoral calendar rather threatens delays. On March 30 begins the campaign of the presidential elections in Mexico, which will take place on July 1. In September, the United States will begin to pay more attention to the November Mid-term elections. A substantial progress before the Mexican elections could put the agreement on track, although some issues should have to be agreed later, but if in the next meetings there is not a breakthrough, the three countries could get used to the possibility of ending NAFTA, what would harm the negotiations.
▲Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la cumbre el G20 de julio de 2017 celebrada en Hamburgo [Presidencia de México]
ANÁLISIS / Dania Del Carmen Hernández [Versión en inglés]
Canadá, Estados Unidos y México se encuentran inmersos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo comercial entre esos tres países ha sido algo controvertido en los últimos años, especialmente en EEUU, donde se ha puesto en duda su conveniencia. Durante la campaña presidencial, Donald Trump defendió la cancelación del tratado; luego, ya en la Casa Blanca, aceptó que hubiera una renegociación. Trump argumentó que el pacto ha reducido empleos en la industria manufacturera de EEUU y generado un déficit comercial de más de 60.000 millones de dólares con México (18.000 millones de dólares con Canadá), así que a menos de que nuevas condiciones redujeran sustancialmente ese déficit, EEUU se retiraría del acuerdo.
En general, los estadounidenses tienen opiniones positivas sobre el tratado, con un 56% de la población que dice que el TLCAN es beneficioso para el país, y un 33% que dice que es perjudicial, de acuerdo con una encuesta de Pew Research de noviembre de 2017. De entre esos que tienen una opinión negativa, la mayoría son republicanos, con un 53% de ellos que aseguran que México se beneficia en mayor parte, mientras que los demócratas en su mayoría apoyan el pacto y solo un 16% lo ve de modo negativo.
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Independientemente de la aceptación pública, la opinión sobre el tratado no siempre ha sido tan dudosa. Cuando el presidente Bill Clinton ratificó el tratado, este fue considerado uno de los mayores logros de su presidencia. De la misma manera que la globalización ha liberalizado el comercio en todo el mundo, el TLCAN también ha expandido el comercio muy eficazmente y ha presentado un gran número de oportunidades para Estados Unidos, al tiempo que reforzaba la economía estadounidense.
Bajo el TLCAN, el comercio de bienes y servicios estadounidenses con Canadá y México pasó de 337.000 millones de dólares en 1994, cuando el tratado entró en vigor, a 1,4 billones en 2016. El impacto ha sido aún mayor si se tienen en cuenta las inversiones transfronterizas entre los tres países, que de 126.800 millones de dólares en 1993 pasaron a 731.300 millones en 2016.
La inquietud de Washington es que, a pesar de ese aumento del volumen comercial, en términos relativos Estados Unidos no está logrando resultados suficientemente fructíferos, comparado con lo que sus vecinos están obteniendo del tratado. En cualquier caso, Canadá y México aceptan que, después de casi 25 años vigencia, el tratado debe revisarse para adaptarlo a las nuevas condiciones productivas y comerciales, marcadas por innovaciones tecnológicas que, como es el caso del desarrollo de internet, no se contemplaban cuando el acuerdo se firmó.
Examen ronda a ronda
La discusión de los tres países afecta a numerosos aspectos, pero puede hablarse de tres bloques, que tienen que ver con ciertas líneas rojas puestas por las distintas partes en la negociación: las reglas de origen; el deseo de Estados Unidos de acabar con el sistema independiente de arbitraje, a través del cual Canadá y México tienen la capacidad de acabar con medidas que violen el acuerdo comercial (eliminación del capítulo 19), y finalmente propuestas, quizás menos decisivas pero igualmente importantes, orientadas a la actualización general del tratado.
Cuando las negociaciones comenzaron, en agosto de 2017, se expresó de poder concluirlas hacia enero de 2018, con la previsión de seis rondas de reuniones. Ese número ya está siendo superado, con una séptima ronda a final de febrero, a la que posiblemente sucedan otras. Alcanzado el inicial deadline, de todos modos, es ocasión de examinar el estado de las discusiones. Una buena forma de hacerlo es seguir la evolución de las conversaciones a través de las rondas de reuniones celebradas y poder valorar así los resultados que se han ido registrando hasta el momento.
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Última Cumbre de Norteamérica, con Peña Nieto, Trudeau y Obama, celebrada en Canadá en junio de 2016 [Presidencia de México] |
1ª Ronda (Washington, 16-20 de agosto de 2017)
La primera ronda de negociaciones puso sobre la mesa las prioridades de cada uno de los tres países; sirvió para fijar la agenda de los principales asuntos que en adelante se discutirían, sin entrar a abordar aún medidas concretas.
En primer lugar, Donald Trump ya dejó claro durante su campaña electoral que consideraba el TLCAN como un acuerdo injusto para Estados Unidos debido al déficit comercial que ese país tiene sobre todo con México y, en menor medida, con Canadá.
Según cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, EEUU pasó de un superávit de 1.300 millones de dólares en 1994 a un déficit de 64.000 millones de dólares en 2016. La mayor parte de este déficit proviene de la industria automotriz. Para la nueva Administración estadounidense, esto pone en duda que el acuerdo tenga efectos beneficiosos para la economía nacional. México, menos predispuesto a introducir importantes cambios, insiste en que el TCLAN ha sido bueno para todas las partes.
Otro tema que se apuntó fue el de la brecha salarial de México frente a Estados Unidos y Canadá. México defiende que, a pesar de contar con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, y haber tenido el salario medio estancado durante las dos últimas décadas, esto no se debería tener en cuenta en las negociaciones, pues estima que los salarios mexicanos irán alcanzando los de sus socios comerciales. Por el contrario, para EEUU y Canadá es un tema de preocupación; ambos países advierten que un incremento salarial no dañaría el crecimiento de la economía mexicana.
Las reglas de origen fue uno de los principales temas de discusión. Estados Unidos busca lograr que se aumente el porcentaje de contenido que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de los tres países. Esto resultó controvertido en esta primera ronda, ya que podría afectar de manera negativa a las empresas mexicanas y canadienses. Los especialistas advierten que el mínimo de contenido nacional no existe en ningún tratado de libre comercio del mundo.
Por último, el gobierno de Trump dejó ver sus intenciones de eliminar el Capítulo 19, que garantiza la igualdad a la hora de resolver disputas entre los países, haciendo que no sean leyes nacionales de cada país las que resuelvan el conflicto. Estados Unidos entiende esto como una amenaza a su soberanía y cree que los conflictos deben resolverse de manera que sus propios procesos democráticos no sean ignorados. Canadá condicionó su permanencia en el tratado al mantenimiento de este capítulo. México también defiende garantías de independencia en la resolución de conflictos, aunque de momento en esta discusión no fue categórico.
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2ª Ronda (Ciudad de México, 1-5 de septiembre de 2017)
Aunque considerada como exitosa por muchos analistas, la segunda ronda de renegociación siguió un ritmo lento. Algunos temas que avanzaron fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón, insistió en que de momento la cuestión salarial no estaba sujeta a negociación, y negó que alguna de las partes tuviera intención de salir del tratado, a pesar de las amenazas en ese sentido de la Administración Trump. Castañón se manifestó a favor de que México apoye el mantenimiento del capítulo 19 o el establecimiento de un instrumento similar para la solución de controversias comerciales entre los tres países.
3ª Ronda (Ottawa, 23-27 de septiembre de 2017)
Los delegados hicieron avances importantes en políticas de competencia, comercio digital, empresas de propiedad estatal y telecomunicaciones. El principal avance fue sobre algunos aspectos relacionados con las pymes.
La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se quejó de que Estados Unidos no hubiera realizado propuestas formales ni por escrito en las áreas más complejas, lo que a su juicio demuestra una actitud pasiva de ese país en el contexto de las negociaciones.
El titular de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dijo que su país está interesado en que se incrementen los salarios en México, bajo la lógica de que eso supone una competencia desleal, pues México ha atraído fábricas e inversiones con sus bajos salarios y sus débiles reglas sindicales. No obstante, líderes empresariales y sindicales mexicanos resisten esas presiones.
Canadá se mantuvo firme en su postura sobre el capítulo 19, que considera uno de los grandes logros del vigente acuerdo. “Nuestro Gobierno está absolutamente comprometido a defenderlo”, dijo Freeland. Washington planteó, aunque sin presentar una propuesta formal, la modificación de las reglas de origen para que fuesen más estrictas y evitar que importaciones de otras naciones sean consideradas “hechas en América del Norte”, solo porque se ensamblaron en México.
Esta ronda se llevó a cabo mientras Estados Unidos fijaba un arancel de casi 220% a las aeronaves Serie C de la armadora canadiense Bombardier, al considerar que la empresa había utilizado un subsidio gubernamental para vender sus aviones a EEUU a precios artificialmente bajos.
4ª Ronda (Virginia, 11-17 de octubre de 2017)
Estados Unidos presentó su propuesta formal de elevar las reglas de origen de la industria automotriz y su sugerencia de introducir una cláusula de extinción del acuerdo.
Estados Unidos propuso elevar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de origen nacional de alguno de los tres países para que la producción de la industria automotriz pueda beneficiarse del TLCAN, y que el 50% sea de producción estadounidense. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) rechazó la propuesta.
También se debatió el interés de Washington de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado (Capítulo 19), sin que se registrara una aproximación de las posiciones.
Por último se habló de la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir a los cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta recibió amplias críticas, advirtiendo que esto atentaría contra la esencia del acuerdo y que cada cinco años generaría incertidumbre en la región, pues afectaría los planes de inversión de las empresas.
Estas propuestas se suman al clima de dureza de la negociación, pues ya en la tercera ronda Estados Unidos había empezado a defender propuestas difíciles, en asuntos como los juicios por dumping (vender un producto por debajo de su precio normal) en la importación de productos mexicanos perecederos (jitomates y bayas), las compras gubernamentales y la compra de textiles.
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5ª Ronda (Ciudad de México, 17-21 de noviembre de 2017)
La quinta ronda se desarrolló sin grandes avances. EEUU mantuvo sus demandas y eso generó gran frustración entre los representantes de México y Canadá.
Estados Unidos no recibió alternativas a su propuesta de querer aumentar la composición regional desde el 62,5% hasta el 85%, y que al menos el 50% sea estadounidense. Por el contrario, sus compañeros comerciales pusieron sobre la mesa datos que muestran el daño que esta propuesta provocaría en las tres economías.
Ante el deseo de EEUU de limitar el número de concesiones que su gobierno federal ofrece a compañías mexicanas y canadienses, los negociadores mexicanos respondieron con una propuesta para limitar los contratos públicos del país al número de contratos alcanzados por compañías mexicanas con otros gobiernos dentro del TLCAN. Dado que el número de estos contratos es bastante reducido, las compañías de EEUU verían restringida su contratación.
Al terminar esta quinta ronda, los temas que se encuentran más avanzados son los de una mejora regulatoria de las telecomunicaciones y el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Con esto último, los estadounidenses buscan establecer nuevas normas transparentes y no discriminatorias, que permitan que cada país establezca el grado de protección que considere apropiado.
6ª Ronda (Montreal; Enero 23-29, 2018)
La sexta negociación demostró algo de progreso. El capítulo sobre la corrupción fue cerrado finalmente, y hubo avances en otros ámbitos. Se discutieron algunas de las cuestiones importantes que se habían estado dejando de lado en las anteriores negociaciones. El progreso es lento, pero parece abrirse paso.
Robert Lightizer rechazó el compromiso sobre las reglas de origen que Canadá había propuesto previamente. La estructura se basaba en la idea de que las reglas de origen deberían ser calculadas incluyendo el valor del software, la ingeniería y otros trabajos de gran valor, facetas que hoy en día no se tienen en cuenta con vistas al objetivo de contenido regionales.
Como forma de presión, Canadá amenazó con reservaría el derecho de tratar a sus países vecinos peor que a otros países si entran en acuerdos. Uno de ellos podría ser China. La propuesta no fue considerada, puesto que Estados Unidos y México la consideraron inaceptable.
Mas allá de la fecha limite
Después de más de siete meses de reuniones, como queda reflejado en este repaso de las conversaciones ronda a ronda, las negociaciones entre los tres países siguen sin haber alcanzado el umbral de preacuerdo que, aún a la espera de resolver puntos más o menos importantes, confirmara la voluntad compartida de dar continuidad al TLCAN. Las posturas duras de Estados Unidos y la presión de Canadá y México por salvar el tratado han dado lugar hasta ahora a un 'tira y afloja' que ha permitido algún resultado parcial, pero no decisivo. Así, aún está por determinar si el tratado en realidad ha llegado a su fecha de caducidad o en cambio podrá reeditarse. Por el momento los tres países están de acuerdo en seguir trabajando por conseguir un tratado renovado.
Por lo que se ha visto hasta el momento en las negociaciones es difícil determinar qué país estará más dispuesto a ceder a la presión ejercida por los otros. Las cuestiones más controvertidas apenas han sido abordas hasta recientemente, por lo que tampoco es posible apuntar qué logros consigue cada país en este proceso negociador.
Los dos vecinos de Estados Unidos, pero especialmente Canadá, siguen alertando del riesgo de Trump quiera acabar con el tratado. Una aceleración de las negociaciones podría ayudar a la resolución positiva del proceso, pero el calendario electoral más bien amenaza con aplazamientos. El 30 de marzo comienza la campaña de las presidenciales de México, que tendrán lugar el 1 de julio. En septiembre, Estados Unidos comenzará a estar más pendiente de las elecciones legislativas de noviembre. Un avance sustancial antes de las presidenciales mexicanas podría encarrilar el acuerdo, aunque quedaran para después algunos asuntos por cerrar, pero si en las próximas reuniones no se da ese gran paso, los tres países podrían irse haciendo a la idea acerca del fin del TLCAN, lo que lastraría las negociaciones.
Examen a la reformulación del modelo económico castrista intentada por el sucesor de Fidel
El próximo mes de abril, año y medio después de la muerte de Fidel Castro, su hermano Raúl tiene previsto dejar la presidencia de Cuba, en la que ha estado una década. Su legado es el intento de alargar el régimen castrista en el tiempo mediante el obligado saneamiento económico de la isla. Pero las restricciones de las reformas mismas, la lentitud de su aplicación y el hecho de no ir acompañadas de mayor libertad política, han limitado el efecto de los cambios. En cualquier caso, pueden constituir un buen punto de partida para el próximo presidente, si realmente desea avanzar hacia una plena apertura.
ARTÍCULO / Valeria Vásquez
Raúl Castro sustituyó en 2008 a su hermano Fidel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. Desde entonces la isla ha vivido cambios en su organización, aunque sin dejar su estructura comunista ni los principios revolucionarios puestos en marcha en 1959. A su llegada al poder, Castro tomó la decisión de encaminarse por una senda de reformas estructurales para “actualizar” el modelo económico-social cubano y salir de la grave crisis económica.
Como parte de ese programa, Raúl Castro aprobó una serie de reformas sociales y económicas de carácter “transformativo”, las cuales tendieron a la introducción de mecanismos de mercado, pero manteniendo la adhesión a los principios socialistas basados en la planificación centralizada (y sin acompañar esos cambios con una liberalización político). La revitalización fue el principal objetivo de las reformas en el ámbito económico, dando un giro a lo que venía siendo una política con un enfoque totalmente socialista y de rechazo a las reformas de libre mercado.
Diez años después del relevo entre los hermanos Castros, el régimen cubano se está preparando para la llegada en abril del primer presidente ajeno a la familia. Aunque todavía no se ha confirmado quién será el nuevo mandatario, se prevé que, dentro de una continuidad, el designado sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.
El país se encuentra actualmente en una situación desventajosa, con la incertidumbre política sobre la nueva etapa que se abre, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela ( el principal país benefactor de la isla por más de una década), y las truncadas expectativas exteriores que supuso hace uno año la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Actualización del modelo económico
Desde 1959, el modelo económico cubano se ha basado en principios revolucionarios socialistas. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, sin embargo, se abordó un proceso de transformación, considerado necesario para sacar adelante una economía que se encontraba estancada y sumergida en una grave crisis.
En realidad no se dio una modificación sustancial del modelo económico, sino una actualización del mismo, manteniendo el predominio de la planificación central estatal y de la propiedad estatal sobre las leyes del libre mercado. El objetivo de ese proceso ha sido garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, como han declarado las autoridades cubanas, así como fomentar el desarrollo económico del país y mejorar el nivel de vida de la población.
El marco de reformas se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado en 2011. Entre otros puntos, los acuerdos aprobados establecían la entrega de un usufructo a campesinos y cooperativas, y abrían las puertas al despido masivo de cientos de empleados estatales. Las pautas de la reforma, sin embargo, no fijaban el papel específico que el sector estatal y el estatal debían jugar en la economía.
La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada por la planificación estatal esta medida sigue resultando ineficiente, al igual que sucedió en China o Vietnam. Aunque la empresa estatal sigue prevaleciendo (de una forma más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales), en el sector privado se la logrado una flexibilización, pero los fuertes impuestos a este sector siguen obstaculizando su desarrollo.
Tierras en usufructo
Uno de los grandes pilares de las reformas del gobierno de Castro fue la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a campesinos y cooperativas, con el propósito de reducir las importaciones y aumentar la producción. Los usufructuarios han obtenido el derecho a cultivar esas tierras y a quedarse lo que cosechen, pero el Estado sigue manteniendo la propiedad y puede rescindir el contrato por razones de interés público.
La regulación se llevó a cabo mediante dos leyes: una primera, en 2008, sujeta a muchas restricciones y en realidad desventajosa para los agricultores; y una segunda, en 2012, más flexible, mediante la cual el gobierno ampliaba el tamaño de la parcela (de 13 a 67 hectáreas), aprobaba la plantación de huertos y bosques, y además permitía la construcción de casas al lado de las tierras (anteriormente prohibidas).
En marzo de 2011, el gobierno informó que ya se habían entregado 128.000 usufructos, que totalizaban 1,2 millones de hectáreas. De todos modos, aunque la ley de 2012 era menos restrictiva que la anterior, como se ha dicho, seguía incluyendo ciertas trabas que desincentivaban la implicación de los agricultores: estos registraron ganancias, pero solo después de sortear diversos obstáculos.
Despido masivo funcionarial y cuentapropismo
A principios del año 2011, la nómina estatal presentaba una tasa “inflada”, con millones de empleados estatales en puestos y condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, Raúl Castro promovió el despido de 500.000 trabajadores estatales excedentes, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, lo que elevó la tasa de desempleo al 12%. Para contrarrestar esta medida, se crearon en una primera etapa 250.000 empleos por cuenta propia y se fomentaron también otras actividades privadas.
Esta medida era necesaria para elevar la productividad laboral, reducir gastos y aumentar los salarios. Los acuerdos del VI Congreso del PCC permitieron la aprobación de 178 actividades por cuenta propia: muchas de ellas eran muy específicas y no cualificadas (como carretilleros o cuidadores de baño), y unas pocas cualificadas (como traductores o agentes de seguro). Con ello se flexibilizó el trabajo privado.
Así, en un país con una fuerza laboral de 5 millones de personas, del total de 11,2 millones que residen en la isla, un total de 4,2 millones de los que trabajan son empleados estatales y el resto se ubica en el sector no estatal, formado por cooperativas agrícolas, campesinos privados y empleados por cuenta propia [1]. Estos últimos alcanzan hoy las 500.000 personas. A pesar de este desarrollo de lo que en Cuba se conoce como cuestapropismo, existen restricciones que hacen que la mayoría de profesionales no puedan trabajar por su cuenta en su profesión, y esto reduce el capital humano disponible para potenciar la economía del país.
Apertura a la inversión extranjera
El flujo de inversiones desde el exterior no ha acompañado las reformas impulsadas por Raúl Castro, lo que ha constituido uno de los mayores obstáculos para el éxito buscado. Para atraer esas inversiones extranjeras, en 2013 se inauguró la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, se le adjudicó una zona industrial de extensión de 465,4 kilómetros cuadrados y una terminal de buques avanzada. El propósito era convertir la ZEDM, mediante la existencia de incentivos para atraer inversiones, en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior y la mayor estructura industrial de Cuba [2]. Sin embargo, a cuatro años de su inauguración, los resultados no han sido los esperados. En un proceso administrativo que ha seguido un ritmo extraordinariamente lento, hoy en día solo se ha aprobado la instalación de 33 empresas, algo que queda muy lejos de los 2.500 millones de dólares que la ZEDM pensaba atraer anualmente.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington llevado a cabo al final de la Administración Obama no ha acelerado las inversiones de Estados Unidos o de otros países occidentales. Además de que el embargo estadounidense sigue en pie, la Administración Trump ha dado marcha atrás las disposiciones aprobadas por su antecesor que abrían una tímida puerta a una mayor relación económica.
Situación económica
El plan de reformas de Raúl Castro no ha tenido el éxito esperado, principalmente por el grado de restricción que las regula. La falta de la pretendida revitalización económica se ha manifestado en el pobre desempeño de la economía cubana en los últimos años. En 2016, Cuba cayó en recesión, con un decrecimiento económico del 0,9%. En 2017 pudo recuperarse ligeramente (cifras aún no cerradas hablan de un aumento del 1,6% del PIB) gracias al auge del turismo y a unos mejores resultados agrícolas.
En la ultima década, el turismo ha sido precisamente uno de los activos de la economía cubana. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el turismo a la isla creció en 2017 un 11,9%, con 4,7 millones de visitantes. Ese aumento contabiliza el mayor número de visitas realizadas desde Estados Unidos, posibilitadas por la eliminación de restricciones aprobada por Obama, pero que Trump ha vuelto a imponer.
Por otra parte, Cuba mantiene su crónico déficit comercial. Si bien en 2016 logró reducirlo al 9,6% del PIB, las perspectivas no son buenas, dadas las dificultades de Venezuela para seguir suministrado petróleo, prácticamente a fondo perdido. En 2015, Venezuela fue el principal socio comercial de Cuba, con el que mantiene el 36% de su comercio exterior, en un intercambio valorado en 4.000 millones de dólares. Por detrás le sigue China, con un 28%, país que vende en condiciones de crédito blando a la isla.
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Fuente: ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2015, sector externo. |
Legado y nuevos retos
A punto de terminar la presidencia de Raúl Castro, Cuba se encuentra en una situación poco favorable, con una economía a la que le cuesta salir del estancamiento y con un programa de reformas estructurales que han sido insuficientes para resolver los problemas socio-económicos acumulados durante más de 60 años de socialismo estatal centralizado. El carácter tímido y el ritmo lento de las reformas económicas no han ayudado a relanzar la economía.
No obstante, durante su década en el poder, Castro ha liderado cambios en la gestión del modelo, algo que conviene tener en cuenta por más que en el ámbito político haya perpetuado la falta de libertad y la persecución de la actividad opositora, sin que eso suponga minusvalorar la culpa moral de la dictadura. Entre los cambios realizados está la apertura a la inversión extranjera, las nuevas relaciones diplomáticas, la participación en foros latinoamericanos y la inmersión de los cubanos en el trabajo por cuenta propia.
Probablemente obligado por las circunstancias, Raúl Castro supo romper algunos de los obstáculos y de las barreras ideológicas que su hermano Fidel había implementado en la isla por más de 40 años en el poder. El legado del presidente saliente marca un cierto avance, pero serán las acciones del entrante las que indique si Cuba verdaderamente camina hacia la apertura económica –y política– ansiada por los cubanos.
[1] VIDAL, P. y PÉREZ Villanueva, Omar E. “Se extiende el cuentrapropismo en Cuba”. Espacio Laical, vol. 6, n. 3 (2010), p. 53-58.
[2] HERSHBERG, E., & LEOGRANDE, W. M. (2016). A new chapter in US-Cuba relations: social, political, and economic implications. New York: Palgrave Macmillan.
[Riordan Roett, Guadalupe Paz (Eds.). Latin America and the Asian Giants: Evolving Ties with China and India. Brookings Institution Press, 2016, 336 páginas]
RESEÑA / Ignacio Urbasos Arbeloa
El comercio entre América Latina y la región de Asía-Pacífico ha crecido durante la última década a un vertiginoso ritmo del 21% anual[1]. Sin embargo, el protagonismo de China ha eclipsado y concentrado la gran mayoría de los análisis académicos, dejando a otros actores tan relevantes como India en un segundo plano. Este libro de Riordan Roett, Guadalupe Paz y otros colaboradores de diferentes partes del mundo ofrece una interesante comparativa entre los dos “gigantes asiáticos” en sus relaciones con los países latinoamericanos en un nuevo contexto global. Esta reseña, va a centrarse en el ascenso de India en la región, si bien las referencias a China son ineludibles.
Los lazos históricos entre América Latina e India, aunque débiles, han existido desde el periodo colonial. A día de hoy un millón de personas[2] descendientes de migrantes indios viven en el Caribe, un hecho que puede considerarse una oportunidad para generar canales de diálogo, sin embargo la magnitud de la diáspora India elimina todo rasgo de excepcionalidad. Otro elemento interesante relaciona directamente a India y Brasil, dos países que comparten en cierta medida el legado portugués y han sido abanderados de la cooperación Sur-Sur hasta el día de hoy, un planteamiento que han compartió tanto Lula y Dilma como Modi. En el apartado histórico, la relevancia de India es mucha mayor que la de China, la cual carece de relevantes referencias socio-culturales en la región.
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La creciente presencia económica de los dos gigantes asiáticos en Latinoamérica no ha pasado desapercibida en el debate político. Históricamente, lo sectores de izquierda han apoyado en mayor medida el incremento de las relaciones comerciales con China al considerarlo una vía para lograr la emancipación e independencia del continente con respecto de los Estados Unidos. La derecha, por el contrario, se ha mostrado reacia a una mayor presencia de China, alineándose en el caso de los países de la Alianza Pacífico con el TPP, el cual hasta la llegada de Trump pretendía ser un tratado de libre comercio orientado a incrementar la presencia del continente americano en Asía-Pacífico al margen de China[3]. En opinión de los autores, América Latina carece de una narrativa y estrategia cohesionada sobre China, reduciendo así drásticamente su capacidad de negociación e influencia sobre el país asiático. El caso de India es diferente, al ser todavía el volumen de comercio una décima parte que el chino, tratarse de un país democrático, aliado de EEUU y con una mejor imagen en el continente.
A pesar de que la gran mayoría de las exportaciones latinoamericanas hacía Asia se componen de commodities y las importaciones, de productos manufacturados, existen sutiles diferencias que explican la mejor imagen de India en la región. En primer lugar, las importaciones chinas están mucho más diversificadas que las indias, generando una percepción general de destrucción del tejido industrial y empleos locales debido a la mayor competitividad por las economías de escala y la distorsión del yuan. Igualmente, lo que India exporta a Latinoamérica son productos valorados socialmente (como es el caso de los fármacos genéricos, que han permitido reducir el precio de los medicamentos) y vehículos baratos, al tiempo empresarios indios instalan compañías de la información, que han generado 20.000 empleos en la región.
Por lo que se refiere a las importaciones, tanto India como China concentran sus compras en productos naturales, siendo el perfil de India más energético y el chino más minero. Ambos países concentran una enorme demanda de soja, un producto que de acuerdo con Riordan Roett será gradualmente cada vez más importante debido a su versatilidad como alimento, pienso y origen de biocombustibles. Es importante remarcar, que América Latina es una de las claves en la seguridad energética y alimentaria de estos países, los cuales afrontan este enorme reto derivado del tamaño de su población de forma diferente: India apuesta por la inversión privada y China por acuerdos de compra a largo plazo a sus empresas públicas. Una posible colisión entre los dos gigantes asiáticos por acceder a estos mercados no puede ser descartada, con las implicaciones geopolíticas que eso conlleva.
En cuanto al posicionamiento financiero de India en América Latina, la realidad muestra una presencia casi testimonial en comparación con el de China. Sin embargo, cabe destacar que a inversión y los préstamos indios son vistos con mucho mejores ojos que los chinos. En general, India actúa como un socio transparente y acostumbrado a las prácticas latinoamericanas, algo que no ocurre con China, cuyos actores están más acostumbrados a tratar con una compleja burocracia más que con un sistema democrático. Igualmente los préstamos chinos, cada vez más presentes en ciertas economías como la venezolana o ecuatoriana han demostrado ser menos ventajosos que los de los organismos internacionales como FMI o BID al tener mayores intereses y estar ligados a estrictas condiciones de compra de bienes. Todo esto hace de India un socio más amable para la opinión pública: un reto que deberá afrontar conforme incremente su presencia en la región y con ello se pueda apreciar su verdadera forma de actuar en el exterior, todavía una incógnita.
En definitiva, el papel de India en la región es prometedor aunque todavía de alcance limitado. El crecimiento anual del comercio entre ese país y Latinoamérica fue de un 140% entre 2009-2014[4] y además India ya ha firmado los primeros tratados de libre comercio (con MERCOSUR y Chile), aunque de escasa magnitud. Hay que destacar que se trata principalmente de un comercio de naturaleza interindustrial, en el que los países latinoamericanos exportan productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales e importan manufacturas de distintas intensidades tecnológicas, lo que limita el potencial para establecer relaciones económicas más profundas entre ambas regiones[5] y las condena a las fluctuaciones en precio de las commodities. El hecho de que un carguero necesite entre 45 y 60 días en llegar desde la costa chilena a los puertos indios supone una verdadera barrera para el comercio, sin embargo existen muchos motivos para esperar de India una mayor presencia regional, como sus excelentes relaciones con Brasil, las expectativas de crecimiento anual de más del 7% de su PIB y la ineludible importancia de América Latina para garantizar la seguridad energética y alimentaria de la creciente población del país asiático.
[1] CELAC: International Trade and Regional Division DATA.
[2] NRIOL: Non Residents Indian Online DATA
[3] Wilson, J. D. (2015). Mega-regional trade deals in the Asia-Pacific: Choosing between the TPP and RCEP?. Journal of Contemporary Asia.
[4] CEPAL, N. (2016). Fortaleciendo la relación entre la India y América Latina y el Caribe.
[5] CEPAL, N. (2012). La India y América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos en sus relaciones comerciales y de inversión.
Introducción al proyecto de cooperación de 12 países de la UE ubicados entre los mares Báltico, Adriático y Negro
A los esfuerzos de integración Este-Oeste propios de la ampliación de la Unión Europea, se han añadido varias iniciativas de conexión Norte-Sur entre los países de Europa Central y Oriental, como esta de los Tres Mares. El objetivo es superar el déficit de infraestructuras viarias y mejorar la conexión entre esas naciones, algo que potenciará la cooperación en la región y en el conjunto de la UE.
▲Primera reunión del nuevo foro, en la ciudad croata de Dubrovnik, en agosto de 2016 [i3]
ARTÍCULO / Paula Ulibarrena
¿Qué es y qué pretende?
Se trata de una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países ubicados entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro por lo que también es conocida como la iniciativa del Báltico, Adriático y Mar Negro o de los tres mares de Europa Central (Baltic, Adriatic, Black Sea -BABS- Initiative).
El objetivo fundamental es promover que esos países de la Unión Europea tengan una mayor cooperación en el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo económico, la cooperación económica y sobre todo en recursos energéticos. El presidente polaco, Andrzej Duda, expresó el deseo de que la Iniciativa de los Tres Mares contribuya a la modernización, integración y unificación de Europa Central, Europa Oriental y toda Unión Europea.
¿Cómo y dónde nace este foro?
Tras la caída del Muro de Berlín, los avances hacia una Europa unida, libre y en paz han sido muchos. La entrada de los países de Europa Central en la Unión Europea y en la OTAN ha contribuido a la seguridad, estabilidad y prosperidad de todo el continente. Pero esta labor está lejos de haberse culminado. Y el papel cohesionador que juegan las infraestructuras será capital a la hora de conseguirlo.
Durante más de medio siglo, los esfuerzos por desarrollar conexiones e infraestructuras europeas se focalizaron en el eje Este-Oeste. Después de la caída del Muro, los gobiernos de la zona se centraron en integrar sus economías en los mercados occidentales, dejando aparcado el desarrollo de una infraestructura interregional Norte-Sur. Tras décadas de desinversión, en los últimos veinte años se ha hecho un esfuerzo importante para ponerse al día: se han construido 5.600 kilómetros de autopista. Pero el desajuste entre las dos Europas sigue siendo notorio: un ciudadano de la vieja Europa tiene, de media, el doble de kilómetros de autopista que uno de Europa Central.
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▲Wikimedia Commons [JayCoop] |
Con el objetivo de revertir la situación, los presidentes de Polonia y de Croacia, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović, respectivamente, lanzaron en 2015 un proyecto para la construcción de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones en Europa Central. La llamaron la iniciativa de los Tres Mares.
¿Por quién está formado?
La iniciativa pretende modernizar los vínculos económicos entre las doce naciones de la UE situadas entre el Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático (Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia). Esta región aglutina el 28% del territorio de la Unión Europea y el 22% de su población. Pero solo supone el 10% de su PIB.
En 2016 a Polonia y Croacia se sumaron la mayoría de los países de Europa Oriental: Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía. Por tanto un eje norte-sur que, salvo Austria, se corresponde con los antiguos países comunistas.
La llamada iniciativa de los Tres Mares tuvo su primera sesión los días 25-26 de agosto de 2016 en Dubrovnik y finalizó con una declaración de cooperación en materia económica, sobre todo en el campo de la energía, transportes y comunicaciones. Además de los países miembros, acudieron como invitados representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.
La segunda reunión tuvo lugar los días 6-7 de julio de 2017 en Varsovia, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como invitado. De hecho esta visita supuso cierto desaire a otros países de la UE.
La tercera reunión tendrá lugar en Rumanía, en 2018, si bien todavía no se ha fijado la ciudad.
¿Cómo se financia?
Lo cierto es que la UE ha jugado y juega un papel fundamental en este sentido, y ya ha dedicado 150.000 millones de euros de los Fondos Estructurales, más dinero adicional del Connecting Europe Facility y del Banco de Inversión Europeo. Sin embargo, todavía es necesario invertir más de 384.000 millones en otros 2.000 proyectos para completar o modernizar estos corredores.
Una inversión de esta cuantía sobrepasa las posibilidades de las instituciones públicas, por lo que tanto compañías de infraestructuras como instituciones financieras deberán tener un papel fundamental. Hasta la fecha, este tipo de financiación ha sido mucho menos importante que las aportaciones de los estados. Sin embargo, el aumento de la deuda pública hace que cada vez sea más interesante contar con fuentes que minimicen el impacto en las cuentas públicas.
Proyección
Ante el requerimiento de esta magnitud de recursos, cabe la pregunta de si Europa Central es realmente un mercado atractivo para la inversión. En este sentido, se pueden hacer dos apuntes. Nos encontramos con una región que cuenta, en primer lugar, con muy buenas perspectivas de crecimiento económico (se espera que adelante a la Vieja Europa en los próximos cinco años), y en segundo lugar, con un sector de la construcción que se prevé crezca a un ritmo del 3,1% de media anual (comparado con el 2,3% previsto para Europa Occidental), según datos de BMI Research. Esto, sin duda, es atractivo para los inversores.
La otra parte de la historia es que no dejamos de estar ante una región emergente. Y, como es lógico, esto además de generar reservas, conlleva un mayor nivel de riesgo. En este sentido, también nos encontramos con situaciones muy distintas dependiendo del país de la región en el que centremos la vista. Por ejemplo, Estonia es ahora mismo lo que los inversores llaman un “sweet spot”, con beneficios muy elevados y poco riesgo. Pero es el único país de la región en esta categoría. Hay países –como Lituania, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia–, donde los riesgos son equivalentes a los de Grecia o Italia, pero los beneficios son relativamente bajos. Y otros presentan el problema contrario: beneficios cuantiosos pero demasiado riesgo.
La experiencia de aquellos players ya presentes en esta área –algunos españoles como Ferrovial, Bankia o BBVA–, enseñan que aunque cada país presenta peculiaridades importantes, se pueden hablar de algunos riesgos comunes. Por citarlos brevemente, la falta de apoyo político; regímenes regulatorios poco transparentes; procesos de contratación –como PPPs y concesiones– muy complejos; falta de proyectos con el nivel de madurez necesario para despertar el apetito de los inversores, y la poca habilidad del sector público de estos países para acogerse a esquemas de financiación privada, entre otros.
En una economía cada vez más competitiva y global, la prosperidad y el bienestar de una Europa unida dependerán de lo rápido que esta se adapte al mundo de hoy. En ese proceso, construir una red de transporte conectada, segura, asequible y sostenible que conecte la UE de norte a sur es clave. Hacerlo repercutirá, de forma directa, en un aumento de la competitividad de todos los países europeos, y en consecuencia, en el crecimiento económico de Europa en su conjunto.
DOC. DE TRABAJO / Iñigo González Inchaurraga
RESUMEN
El principal, aunque no el único, elemento de contención entre Estados Unidos y China es Taiwán. Mientras que Washington mantiene una política de una sola China, Pekín defiende el principio de “una sola China”, proclamando que solo hay una China en el mundo y que tanto la isla de Taiwán como la zona continental son la misma República Popular China. Las autoridades chinas también sostienen que la soberanía y el territorio chino no pueden dividirse. A los ojos de Pekín, Taiwán es una provincia renegada surgida de la guerra civil china, por lo que la reunificación es la única opción de futuro para la isla. Esta reunificación, preferiblemente, debería producirse de manera pacífica, pero el uso de la fuerza tampoco puede descartarse si Taiwán pretendiese una independencia de jure. Por su parte, el Gobierno de Taipéi reclama su estatus como Estado soberano. El caso es que estando a finales de la década de 2010, resulta complicado seguir pidiendo a China que cumpla con el Derecho Internacional en relación, por ejemplo, a la resolución del Tribunal Permanente de Arbitraje y las disputas territoriales en el Mar de la China Meridional, mientras que Taiwán sigue siendo una anomalía que atenta contra ese mismo Derecho Internacional que Pekín debe cumplir ateniéndose a las normas de la ONU sobre el Derecho del Mar.
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Las relaciones entre Estados Unidos y China no satisfacen a ninguno de los dos países; probablemente nunca lo harán. Deben intentar conllevarlas, pacíficamente
▲Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump [White House video screebshot]
ANÁLISIS / María Granados
La Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre por Donald Trump etiqueta formalmente a China y a Rusia como “rivales” de Estados Unidos. Presenta a esos dos países como actores que “desafían el poder, la influencia y los intereses” de Washington e “intentan erosionar la seguridad y prosperidad” de los estadounidenses. Aunque el documento también considera una amenaza a estados “renegados” como Irán y Corea del Norte, y a organizaciones transnacionales, tanto yihadistas como de crimen organizado, los argumentos de la nueva Administración estadounidense se concentran especialmente sobre China. La nación asiática aparece como el gran obstáculo para la realización del “América Primero” prometido por Trump, a causa de sus prácticas comerciales y monetarias desleales.
Así, el primer documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump corrobora el discurso que este había mantenido como candidato. Durante la campaña electoral Trump habló de China como una “manipuladora de la moneda” y la acusó de mantener el yuan bajo de forma artificial. También amenazó a Pekín con comenzar una guerra comercial, quejándose de las consecuencias económicas que para EEUU supone el excesivo superávit comercial que tiene China en las relaciones bilaterales, así como de la reducción de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Poco después de ser elegido, antes de la inauguración de su mandato, Trump provocó un roce diplomático con China al conversar telefónicamente con la presidenta de Taiwán.
No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se preocupó de limar esas asperezas con China. Se comprometió con el mantenimiento de la Política de la China Única, se retractó de sus críticas, y se reunió en Florida con el presidente Xi Jinping, acordando respetar la esfera de influencia de cada cual y no intervenir en los asuntos internos del contrario. Esto, junto con una incipiente colaboración en las sanciones contra Corea del Norte, parecía estar alumbrando un acercamiento que no ha acabado de materializarse. De hecho, el tratamiento de “rival” que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense da oficialmente a China rompe en cierto modo con una larga etapa de mutua aceptación que comenzó en la década de 1970.
La apertura de Nixon
Estados Unidos y China partían de antecedentes graves: la guerra de Corea (1950-1953), que enfrentó a China y la URSS en el Norte contra el Sur apoyado por los estadounidenses, de la cual la guerra de Vietnam (1955-1975) fue una consecuencia colateral; y el peligro nuclear iniciado en 1949, año en que la URSS realizó el primer ensayo efectivo. Para Washington, desde el punto de vista ideológico y militar China era un actor internacional que convenía controlar. Para Pekín, en alianza con la Unión Soviética, urgía propagar el discurso del comunismo acerca del “enemigo imperialista”, que repitió con intensidad a lo largo de los primeros años de la Guerra Fría.
En 1969, el nuevo presidente estadounidense, Richard Nixon, incluyó en su discurso de inauguración de mandato una referencia en contra del aislacionismo (1). Desde el otro lado del mundo también hubo nuevos mensajes: el distanciamiento que Mao comenzó a establecer en relación a la URSS debido a su conflictos fronterizos. Esto trastocó el triángulo de las relaciones internacionales existente en esos años de la Guerra Fría (China, URSS, EEUU), y empezó a crear un lazo entre Pekín y Washington.
De esta forma, comenzaron a darse las primeras muestras de aproximación. En 1971 Estados Unidos votó a favor de que el asiento de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasara a ser ocupado por la República Popular China. En 1972 se redactó el Comunicado de Shanghai, que establecía las bases para el acercamiento chino-estadounidense y que quedó plasmado en cinco principios:
1. La Política de la China Única: establecer relaciones diplomáticas con China significaba no poder establecerlas con Taiwán, y viceversa, puesto que ambos afirman ser la verdadera y única China.
2. No apoyar la independencia de Taiwán.
3. No apoyar la posible invasión de Japón.
4. La resolución pacífica del conflicto con Taiwán, reduciendo las instalaciones militares en la isla.
5. El compromiso a continuar siendo aliados pacíficos en búsqueda de una cooperación duradera.
Desde el acercamiento de la década de 1970, las relaciones entre los dos países han estado muy influidas por la actitud de Washington y Pekín hacia Taiwán y las dos Coreas, en una suerte de relaciones chino-americanas indirectas.
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▲Encuentro bilateral en Mar-a-Lago, Florida, en abril de 2017 [White House] |
La cuestión de Taiwán
La auto-denominada República de China había sido el principal obstáculo para la completa normalización de relaciones, como se ha visto con el Comunicado de Shanghai. La reunificación efectiva por parte de China (continental) era impedida por las tropas estadounidenses.
Después de 1973 encontramos dos documentos importantes: la llamada Taiwan Relations Act, por la cual EEUU reconocía a la isla los mismos privilegios que antes, pero no que fuera una nación soberana, y el Comunicado Conjunto (conocido a veces como “Segundo Comunicado de Shanghai”), por el que se recortaba drásticamente la venta de armas a Taiwán. En 1979, Washington y Pekín intercambiaron embajadores y los estadounidenses cesaron sus relaciones diplomáticas formales con Taiwán.
Alrededor de 1980, la política defendida por el gobierno de China continental era “un país, dos sistemas”, ofreciendo a Formosa la excepcionalidad de un sistema político diferente y económicamente independiente, pero formando parte de la única China. No obstante, esa fórmula no cumplía con los deseos de independencia de la vigésimo tercera provincia. Hacia 1985, el gobierno de la isla se encaminada con paso firme hacia una democracia (2).
Avanzados los 90, Pekín amenazó a Taiwán con ejercicios militares en aguas circundantes, en los que se desplegaron misiles, lo que motivó una respuesta contundente de Estados Unidos: el envío de dos grupos de batalla de portaaviones a la región; con ello Washington mostraba una clara decisión de proteger al antiguo aliado por su importancia estratégica.
La situación actual sigue siendo compleja. Entre China y su provincia rebelde no se han establecido lazos directos a través de mensajería o telecomunicaciones; tampoco se remiten envíos postales o de paquetería, ni existe conexión directa de vuelos. Las reuniones cara a cara entre delegados han sido infrecuentes y no muy productivas.
El problema de Corea del Norte
La República Popular Democrática de Corea, por su parte, constituye un punto especialmente crítico en las relaciones chino-americanas, que además afecta a Corea del Sur y Japón, a su vez aliados de EEUU Pyongyang ha realizado ya seis pruebas nucleares subterráneas y sigue con sus lanzamientos de misiles sobre el Mar de Japón.
China es el único aliado de Corea del Norte: es su mayor socio comercial y su principal fuente de alimentos y energía. Pekín se ha opuesto históricamente a sanciones internacionales duras contra su vecino. La voluntad de pervivencia del comunismo es esencial a la hora de comprender la relación estrecha que mantienen la sui generis dictadura coreana y China. Es fácil adivinar porqué: si cae el régimen de Kim Jong-Un, el de Xi Jinping puede verse desestabilizado. Una crisis de refugiados, con miles de norcoreanos cruzando la frontera de 1400 kilómetros que limita ambos países, tendría graves efectos en el gigante asiático. Aunque continúen estando fuertemente ligados a Pyongyang, los chinos han presionado para que se retomara el Diálogo de los Seis y han aceptado la aplicación de ciertas sanciones internacionales.
La rotunda afirmación de Trump de que “si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, nosotros lo haremos” en realidad no despeja las dudas sobre qué puede ocurrir si Pyongyang traspasa el umbral de la capacidad nuclear. Ciertamente a medida que el régimen Kim Jong-Un se ha ido acercando a ese umbral, Pekín ha aumentado sus presiones diplomáticas, financieras y comerciales sobre su vecino (3). Pero la posibilidad de que Corea del Norte esté ya a punto de alcanzar su objetivo estratégico deja a Estados Unidos ante la disyuntiva de una acción militar, que difícilmente puede ser a la vez efectiva y limitada, o tener que conformarse con una política de contención.
A lo largo de los años, Washington ha tratado de alentar a Corea del Norte para que olvide irreversiblemente su programa nuclear, proponiendo a cambio una recompensa consistente en ayuda, ventajas diplomáticas y la normalización de relaciones. Al mismo tiempo, Corea del Sur acoge a 29.000 efectivos militares estadounidenses. En marzo de 2017, órdenes ejecutivas del Presidente y del Congreso de EEUU fueron más allá de las sanciones: se programó un sistema de defensa conocido como THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) (4) como medida preventiva ante un posible ataque del Norte y con el objetivo de asegurar la estabilidad de la región.
La batería THAAD es especialmente interesante de analizar, por la doble perspectiva que presenta. Por su rango y capacidad limitados no deberían preocupar a China, pues los interceptores no podrían alcanzar en ningún punto de la trayectoria, desde casi ninguna de las localizaciones de lanzamiento posibles, a los misiles balísticos intercontinentales chinos. Por ello, ni Washington ni Seúl deberían presentar el sistema como una forma de represalia contra Pekín por sus fallidas sanciones a Corea del Norte. Desgraciadamente, oficiales estadounidenses y surcoreanos sugieren que el propósito de la instalación del sistema THADD es mandar un mensaje a China de advertencia. Se trata de algo contraproducente, ya que solo ofrece razones para justificar la nuclearización del hegemón asiático, ante la aparente degradación de su tecnología de medio alcance, la de segundo grado de respuesta nuclear (second-strike capability).
Insatisfacciones mutuas
Si los asuntos relativos a Taiwán y Corea del Norte han ocupado buena parte de la agenda bilateral, la cuestión de la transformación económica de China, desde su impulso por Deng Xiaoping, ha sido central en la relación directa entre China y Estados Unidos.
La Gǎigé kāifàng (reforma y apertura) puso énfasis en la modernización y en la reforma económica y política. Esto conllevó unas relaciones diplomáticas normalizadas y el desarrollo del comercio y de la inversión bilaterales. La cooperación en materia política, económica y de seguridad con los antiguos “imperialistas americanos” se basó en la prevención del terrorismo y de la proliferación de armas nucleares, y en el mantenimiento de la paz en la península coreana.
Sin embargo, sigue habiendo problemas sin resolver. La insatisfacción estadounidense se debe a la política de China frente a los derechos humanos y a sus movimientos financieros de devaluación de divisa como medida de control de la inflación. Esos movimientos monetarios ponen en duda el control del mercado por parte del hegemón americano, el cual cuenta en la actualidad con mayor peso y primacía, entre otras cosas, por ser el dólar la moneda internacional de cambio (podría de esta manera “exportar su inflación” a Pekín). También preocupa en Washington la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones procedentes de China, que genera un gran déficit comercial bilateral para los estadounidenses. Otro potencial problema es la venta de misiles y de tecnología nuclear a terceros Estados de Oriente Medio y Asia.
Desde la perspectiva china, su insatisfacción se debe a la venta de armas que EEUU hace a la provincia rebelde (Taiwán), al sistema de defensa establecido en Corea del Sur (tanto el sistema THAAD como la ayuda militar), y una política internacional estadounidense que Pekín tacha de amenazante, imperialista y dominante.
Vías de cooperación
La consideración de “rival” que EEUU hace de China, como recoge el primer documento de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, parte de la constatación de que el régimen chino no camina hacia la democracia como muchos en el resto del mundo esperaban. “Durante décadas, la política de Estados Unidos estuvo basada en la creencia de que el apoyo al ascenso de China y su integración en el orden internacional de post-guerra liberalizaría ese país”, dice el documento, constatando que Pekín no está deslizándose hacia un régimen de libertades políticas y de respeto de los derechos humanos, por lo que Washington ya no puede ser tan condescendiente con Pekín como antes.
Probablemente, sin la asunción por parte de China de los valores y principios que dan sentido a Estados Unidos, es imposible un acercamiento real y confiado entre las dos superpotencias. Aun así, por la supervivencia de ambas, una amplia cooperación entre ellas es necesaria.
A pesar de no ser imposible una guerra entre Estados Unidos y China, esta es improbable por diversos motivos, como exponen Steinberg y O'Hanlon en Strategic Reassurance and Resolve (2015):
–Los objetivos de prosperidad económica comunes, el intercambio comercial, la interdependencia tanto a nivel bursátil o financiero como empresarial hacen muy perjudicial para ambos países una confrontación bélica. Además, China ha adoptado progresivamente medidas contra el fraude y la desestabilización por manipulación informática, a instancias de Estados Unidos; la cuestión del ciberespionaje, aunque sigue provocando desencuentros mutuos, es abordada de modo regular por ambos países en sus encuentros bilaterales, conscientes de que probablemente cobre mayor importancia con los años.
–El Mar del Sur de China es una ruta comercial que no ha sido nunca cerrada, si bien es un motivo de disputas a tener en cuenta, puesto que siguen sin resolverse aun a pesar e haber sido llevadas ante la Corte que trata el Derecho del Mar (siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo). Estados Unidos posee en la región intereses estratégicos y comerciales que le vinculan a sus aliados (Japón y Corea del Sur), por lo que podría ser motivo de tensiones. En cualquier caso, actualmente no parece que China desee provocar una escalada militar en la zona, aunque haya establecido bases en islas artificiales y trasladado tropas.
–El código de conducta de la ASEAN para el Mar del Sur de China, que impide el uso de la fuerza, puede lograr que Pekín se replantee aumentar su agresividad en la región. Ese impulso de la ASEAN para que China deje de reclamar soberanía marítima que le ha sido rechazada por la comunidad internacional son puntos en contra de la guerra.
–Existen diversas operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo (ISIS) y en prevención de la piratería, en las que participan las dos superpotencias.
–China ha incrementado su ayuda humanitaria y su labor de apoyo a las misiones de paz de la ONU.
Ante un escenario de no entendimiento entre Pekín y Washington, pero al mismo tiempo de no confrontación armada, cabe sugerir las siguientes actuaciones:
–Una negociación que incluyera una menor venta de armas a Taiwán por parte de EEUU a cambio de una mayor seguridad en las costas, y una reducción proporcional de China de las amenazas a la isla.
–Una mayor cooperación y transparencia a la hora de realizar movimientos de armamento y de tropas militarización, de reestructuraciones de las fuerzas armadas y de ejercicios militares en el Pacífico.
–Creación de organizaciones conjuntas de lucha contra el crimen organizado y el ciberataque, en especial contra las amenazas dirigidas a las infraestructuras civiles.
-Apoyo y coherencia en la prevención de la escalada nuclear. Negociación a la hora de llegar a una conclusión firme sobre cómo debilitar el régimen de Pyongyang. Crítica seria y coherente, conociendo la imposibilidad (además de perjuicio) de su derrocamiento de forma directa.
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(1) “We seek an open world--open to ideas, open to the exchange of goods and people--a world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy”. Inaugural Adress (January 20, 1969)
(2) Fue la primera vez que el Partido Progresista Demócrata logró presionar en las elecciones a la Asamblea Nacional y al Yuan Legislativo y formar una coalición unificada contra el Kuomintang. En 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas libres en Taiwán.
(3) “China will be most likely to put diplomatic and financial pressure on North Korea if it believes that failing to do so will lead the United States to destabilize the regime,” write Joshua Stanton, Sung- Yoon Lee, and Bruce Klingner in Foreign Affairs.
(4) El sistema tiene típicamente entre 48 y 62 misiles interceptares con rangos de hasta 200 kilómetros, apoyados por un radar con rango de hasta unos 1.000 kilómetros