Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

[Michael E. O´Hanlon, The Senkaku Paradox: Risking Great Power War over Small Stakes. Brookings Institution Press. Washington, 2019. 272 p.]

RESEÑA / Jimena Puga

Tras el fin de la Guerra Fría, en la que confrontó al bloque de la Unión Soviética defendiendo los valores del orden occidental, Estados Unidos quedó en el mundo como el país hegemónico. En la actualidad, sin embargo, se ve rivalizado por Rusia, que a pesar de su débil economía lucha por no perder más influencia en la escena internacional, y por China, que aunque todavía potencia regional aspira a sustituir a Estados Unidos en el pináculo mundial. El reto no es solo para Washington, sino para todo Occidente, pues sus mismos valores se ven cuestionados por el avance de la agenda de Moscú y Pekín.

Occidente tiene que responder de manera firme, pero ¿hasta dónde debe llegar? ¿Cuándo debe decir basta? ¿Está dispuesto a una guerra aunque los pasos acumulativos que dé Rusia o China sean en sí mismos relativamente menores o bien ocurran en la periferia? Es lo que se plantea Michael E. O´Hanlon, investigador de Brookings Institution, en The Senkaku Paradox: Risking Great Power War over Small Stakes. El libro aborda una serie de posibles escenarios en el contexto de un cambio hegemónico mundial y la competición entre las principales potencias mundiales por el poder.

Los escenarios planteados por O´Hanlon consisten, por un lado, en una posible anexión de Estonia o Letonia por parte de Rusia, sin previo consentimiento y mediante un ataque militar. Y, por otro, la conquista militar por parte de China de una de las islas más grandes que conforman las Senkaku, nombre que da Japón a un archipiélago que administra en las proximidades de Taiwán y que Pekín denomina Diaoyu. En ambos casos, es difícil evaluar qué bando contaría con una mejor estrategia militar o predecir cuál de los dos ganaría una hipotética guerra. Además, existen muchas variables no conocidas acerca de las vulnerabilidades cibernéticas, las operaciones submarinas o la precisión de los ataques con misiles a infraestructuras estratégicas de cada país.

Así, el autor se pregunta si tanto Estados Unidos como sus aliados deberían responder directamente con una ofensiva militar, como respuesta a un ataque inicial, o si tendrían que limitarse a dar una respuesta asimétrica, centrada en prevenir ataques futuros, combinando dichas respuestas con represalias económicas y determinadas acciones militares en distintos escenarios. Lo que está claro es que al tiempo que se mantienen vigilantes ante la posible necesidad de reforzar sus posiciones en el tablero internacional, los países occidentales deben mantener la prudencia y dar respuestas proporcionadas a posibles crisis, conscientes de que sus valores –la defensa de la libertad, de la justicia y del bien común–, son las mayores ventajas de sus sistemas democráticos.

En la actualidad, los sistemas democráticos occidentales se encuentran bajo una fuerte presión populista, si bien nada hace pensar que países con democracias muy consolidadas como la francesa, la alemana o la española vayan a generar conflictos entre ellos, mucho menos en el ámbito de la Unión Europea, que es garantía de paz y de estabilidad desde la década de 1950. Por su parte, sería recomendable que la Administración Trump reaccionara con mayor prudencia en ciertas situaciones, para evitar una escalada de tensión diplomática que innecesariamente aumente los riesgos de conflicto, cuando menos regional o económico.

Ni Moscú ni Pekín suponen hoy una amenaza inmediata para la hegemonía mundial estadounidense, pero China es la potencia con el crecimiento más rápido de los últimos cincuenta años. Un crecimiento tan veloz pude llegar a hacer que China prescinda del multilateralismo y la cooperación regional y que la influencia regional la lleve a cabo por la vía de la imposición económica o militar. Eso convertiría a la República Popular en una amenaza.

Aunque es cierto que Estados Unidos cuenta con la mejor fuerza militar, se prevé que alrededor del año 2040 exista una paridad tanto militar como económica entre el Imperio del Centro y el país americano. Así pues, Europa y Estados Unidos, ante una posible agresión de China –o de Rusia, a pesar de su estado de declive gradual– deberían dar una respuesta adecuada y, como dice la Casa Blanca, ser “estratégicamente predecibles, pero operacionalmente impredecibles”. Y todo ello buscan do aliados a nivel internacional y presionando militarmente al agresor en regiones comprometidas para este.

Como defiende el autor, la Casa Blanca necesita opciones mejores y más creíbles para diseñar una defensa asimétrica basada en planes de disuasión y contención, que cuenten con el uso de la fuerza como opción. Por ejemplo, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte no es la mejor arma de disuasión para EEUU y sus aliados, ya que supone un peligro para la estabilidad y no deja margen de actuación en el caso de que falle la disuasión. No obstante, con el nuevo tipo de defensa que se propone, los países miembros de la OTAN no estarían obligados a “disparar la primera bala”, por lo que cabrían otras acciones colaterales, sin necesidad de recurrir a un enfrentamiento directo para frenar una posible escalada de hostilidades más serias.

Lo que está claro, argumenta O´Hanlon, es que tanto China como Rusia buscan desafiar el orden internacional mediante cualquier tipo de conflicto y Occidente debe adoptar estrategias encaminadas a prever los posibles escenarios futuros, de manera que puedan estar preparados para afrontarlos con garantías de éxito. Estas medidas no tienen por qué ser solo militares. Por ejemplo, deberán prepararse para una larga y dolorosa guerra económica por medio de medidas defensivas y ofensivas, al tiempo que EEUU frena la imposición de aranceles sobre el aluminio y el acero a sus aliados. Además, EEUU tiene que tener cuidado a la hora de utilizar en exceso las sanciones económicas aplicadas a las transacciones financieras, especialmente la prohibición de acceso al código SWIFT del sistema de comunicación bancaria, porque si no, los países aliados de Washington acabarán por crear alternativas al SWIFT, lo cual supondría una desventaja y una muestra de debilidad frente a Moscú y Pekín.

▲ Las operaciones en el ciberespacio pueden formar parte de una situación de guerra híbrida llevada a cabo por actores estales o no estatales [Pixabay]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La amenaza híbrida es un término que engloba todo tipo de actuaciones coordinadas para influir en la toma de decisiones de los Estados, haciendo uso de medios políticos, económicos, militares, civiles e información. Estas acciones pueden ser realizadas tanto por actores estatales como por actores no estatales.

Se utiliza el término “Grey Zone” (Zona Gris) para determinar la frontera entre paz y guerra. Se trata de una nueva táctica que nada tiene que ver con la guerra real que enfrenta a ejércitos de distintos Estados. La guerra híbrida consiste en lograr resultados influyendo directamente en la sociedad mediante la desmoralización de esta. Es una táctica sin duda efectiva y mucho más sencilla para los países atacantes, ya que la inversión tanto económica como humana es menor que en la guerra real. Se utilizan recursos como la propaganda, la manipulación de las comunicaciones, los bloqueos económicos… Y al no existir una legislación internacional férrea en relación a estos conflictos, muchos países consideran este tipo de actuaciones como tolerables.

Introducción: La amenaza híbrida

El término amenaza híbrida se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbolá en 2006 para designar a “la integración de tácticas, técnicas y procedimientos no convencionales e irregulares, mezclados con actos terroristas, propaganda y conexiones con el crimen organizado”[1].

El objetivo esencial de la amenaza híbrida es lograr resultados sin recurrir a la guerra real, enfrentando a las sociedades y no a los ejércitos, desmoronando casi por completo la distinción entre combatientes y ciudadanos. El objetivo militar pasa a un segundo plano.

Las acciones llevadas a cabo en el seno de este tipo de conflictos se centran en el empleo de medios como ciberataques, desinformación y propaganda. Tienen como objetivo la explotación de vulnerabilidades económicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas, quebrantando comunidades, partidos nacionales, sistemas electorales y produciendo un gran efecto en el sector energético. Estas actuaciones no son aleatorias, están planeadas y organizadas. Estos ataques no tienen un carácter lineal. Pueden tener consecuencias directas en otro ámbito. Por ejemplo, el ataque con drones en pozos de Arabia Saudí en septiembre de 2019 tuvo un impacto directo en la economía global.

El ciberespacio se ha convertido en un aspecto novedoso en este escenario. Gracias en gran medida a la revolución tecnológica y de la información, nos encontramos hoy ante un orden mundial cambiante, en el cual la información que proporcionan los medios de comunicación es accesible a cualquier persona desde cualquier parte del mundo. No es casual, por tanto, que Internet sea uno de los frentes más importantes al hablar de guerra híbrida. En ese ámbito, las reglas no están claramente establecidas y los Estados y actores no estatales tienen un mayor margen de actuación frente al poder clásico de los Estados. Las “fake news”, la desinformación y los hechos basados en opiniones son instrumentos al alcance de la mano de cualquiera para influir sobre el orden público.

A través de la manipulación en estos ámbitos, el enemigo híbrido logra debilitar considerablemente uno de los pilares más importantes del Estado o comunidad al que vayan dirigidas sus acciones: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La ambigüedad es una de las características que distinguen la actividad en el ámbito cibernético. El enemigo híbrido no solo explota a su favor la dificultad inherente a la red global para atribuir acciones hostiles a un actor concreto, sino que la refuerza mediante el uso de estrategias híbridas como la sincronización.

Ciberterrorismo y hacktivismo

Como acabamos de ver, el ciberespacio constituye uno de los dominios preferentes del enemigo híbrido. En él, recurrirá frecuentemente a la ciberamenaza, una amenaza trasversal con una muy difícil atribución de la autoría. Esta no logra sustanciarse fehacientemente en la mayoría de los casos, en los que únicamente se cuenta con sospechas, siendo muy complicada la obtención de pruebas. Estas ciberamenazas las podríamos dividir en cuatro bloques que procederemos a analizar uno por uno.

En primer lugar, el ciberespionaje tiene como objetivo el ámbito político, económico y militar. Numerosos estados recurren al ciberespionaje de manera rutinaria. Entre ellos, destacan algunos como China, Rusia, Irán o Estados Unidos. Los Estados pueden llevar a cabo acciones de ciberespionaje de forma directa, utilizando sus servicios de inteligencia, o a través de agentes interpuestos como empresas influenciadas por dichos Estados.

En segundo lugar, el ciberdelito, en la mayoría de los casos ejercido con fines lucrativos, y cuyo impacto sobre la economía global se estima en un 2% del PIB mundial. Los objetivos principales del ciberdelito son el robo de información, el fraude, el blanqueo de dinero, etc. Suele llevarse a cabo por organizaciones terroristas, de crimen organizado y hackers.

En tercer lugar, el ciberterrorismo, cuyos objetivos principales son la obtención de información y todo tipo de comunicaciones a los ciudadanos. Los agentes principales, como se puede deducir, son las organizaciones terroristas y las agencias de inteligencia.

El ciberterrorismo tiene una serie de ventajas con respecto al terrorismo convencional, y es que garantiza una mayor seguridad sobre el anonimato, además, existe una mayor relación entre coste-beneficio y en el ámbito geográfico se presenta una gran ventaja en cuanto a la delimitación. En España se dio una reforma de los delitos de terrorismo mediante la Ley Orgánica 2/2015, en la cual se reformaron en su totalidad los artículos 571 a 580 del Código Penal. De forma paralela, mediante Ley Orgánica 1/2015 se aprobó, asimismo, la reforma del Código Penal, afectando a más de 300 artículos[2].

Por último, en cuarto lugar, el hacktivismo, cuyos objetivos principales son los servicios webs, junto con el robo y la publicación no autorizada de información. Cuando el hacktivismo se utiliza en beneficio del terrorismo, pasa a ser terrorismo. El grupo terrorista islámico DAESH, por ejemplo, utiliza medios cibernéticos para el reclutamiento de combatientes a sus filas. Como agentes destacan dos grupos, el grupo “Anonymus” y “Luizsec,” además de los propios servicios de inteligencia.

El ciberterrorismo tiene fines muy concretos: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz social y destruir nuestro modelo global. Se trata de una amenaza emergente de baja probabilidad, pero alto impacto. El problema principal de todo ello es la poca legislación existente al respecto, pero que poco a poco va emergiendo; por ejemplo, en 2013 se dio el punto de partida con la publicación de una comunicación del Consejo de la Unión Europea sobre seguridad –la “Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea”[3]–, a partir de la cual cada 5 años las estrategias deben ser revisadas. Se suma a ello el reglamento 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo (UE) de 17 de abril de 2019.

Zona gris

El concepto de zona gris ha sido acuñado recientemente en el ámbito de los estudios estratégicos para describir el marco de actuación del enemigo híbrido. El término describe un estado de tensión alternativo a la guerra, operando en una etapa de paz formal.

El conflicto en la zona gris está centrado en la sociedad civil. Su coste, por tanto, recae directamente sobre la población. Opera en todo caso en el límite de la legalidad internacional. El protagonista es generalmente un Estado de principal importancia en el plano internacional (una potencia) o un actor no estatal de similar influencia.

Las acciones de un enemigo que opera en la zona gris están destinadas al dominio de determinadas “zonas” que le resultan de interés. Los tipos de respuesta dentro de lo definido como zona gris dependerán de la amenaza a la que se enfrente el país en cuestión.

Punto de vista jurídico

Si hablamos desde un punto de vista jurídico, es más preciso utilizar el término guerra híbrida, solo cuando existe un conflicto armado declarado y no encubierto.

En efecto, un gran problema surge de la dificultad para aplicar a los actores de las amenazas híbridas la legislación nacional o internacional oportuna. Los agentes que se ven envueltos, por regla general, niegan las acciones híbridas y tratan de escapar de las consecuencias jurídicas de sus acciones, aprovechándose de la complejidad del ordenamiento jurídico. Actúan bordeando los límites, operando en espacios no regulados y sin sobrepasar nunca los umbrales legales.

Respuestas ante las amenazas híbridas

La respuesta a la amenaza híbrida puede producirse en diferentes ámbitos, no excluyentes entre sí. En el ámbito militar, se puede llegar a concebir incluso una confrontación militar directa, que puede verse como “tolerable” si con ella se evita el enfrentamiento con una gran potencia como podría ser Estados Unidos o China. De la misma manera, son respetadas estas confrontaciones militares por la indefensión de los territorios ocupados ante la amenaza que pretende prevenir el Estado ocupante.

En el ámbito económico, la respuesta permite imponer sobre un enemigo costes de tipo financiero, que son a veces más directos que las respuestas militares. En este campo, una manera de adoptar medidas defensivas no provocativas es a través de la imposición de sanciones económicas inmediatas y formales a un agresor.

Un ejemplo de esto son las sanciones económicas que Estados Unidos impuso contra Irán por considerar este país como una amenaza nuclear. Para ello es importante destacar el fondo de este asunto.

En 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear de Irán, por el que este país se comprometía a cumplir el acuerdo y Estados Unidos a retirar las sanciones económicas impuestas. Sin embargo, en 2018 Trump anunció la retirada del acuerdo y el restablecimiento de las sanciones. En el transcurso de estos acontecimientos, diversos países se han pronunciado sobre estas decisiones unilaterales tomadas por el gobierno estadounidense. China y Rusia, por su parte, han manifestado su disconformidad, realizando declaraciones oficiales a favor de Irán.

El de Irán constituye un claro ejemplo de respuesta económica sobre la zona gris, en el que se ve cómo los Estados utilizan este elemento de poder para negar la participación del agresor en diferentes instituciones o acuerdos y controlar su zona de influencia.

Estados Unidos, como muchas otras potencias, encuentra esta situación de superioridad una ventaja decisiva en los conflictos comprendidos dentro de la zona gris. Debido a la importancia del poder financiero y político de Estados Unidos, el resto de los países, incluida la Unión Europea, no pueden sino aceptar este tipo de acciones unilaterales.

Conclusiones

A modo de cierre, podemos concluir que la actividad híbrida en la zona gris tiene importantes consecuencias sobre el conjunto de la sociedad de uno o más Estados, y produce efectos que pueden llegar a tener un alcance global.

Las amenazas híbridas afectan fundamentalmente a la sociedad civil, pudiendo producir un efecto desmoralizador que provoque el hundimiento psicológico de un Estado. El empleo de esta táctica se denomina a menudo como “paz formal”. A pesar de no existir un enfrentamiento directo entre ejércitos, esta técnica es mucho más efectiva ya que el país atacante no necesita invertir tanto dinero, tiempo y personas como en la guerra real. Además, la aplicación del Derecho Internacional o la intervención de terceros países en el conflicto es mínima, ya que muchos consideran este tipo de actuaciones como “tolerables”.

Sin duda, la zona gris y las amenazas hibridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestra era debido a su eficacia y simplicidad. No obstante, debería existir un control más férreo para que este tipo de técnicas militares tan nocivas dejen de pasar desapercibidas.

Un aspecto característico de la guerra híbrida es la manipulación de las comunicaciones y el uso de la propaganda. Con estas acciones se consigue sembrar la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, tal y como ocurre hoy en día en la relación entre China y Estados Unidos, lastrada por declaraciones norteamericanas a la prensa acerca del plan presentado por Xi Jinping en 2014 sobre la Nueva Ruta de la Seda, y que denotan un alto grado desconfianza y rechazo hacia el Imperio del Centro.

Por tanto, es conveniente que los Estados e instituciones internacionales establezcan unas “normas de juego” para este tipo de actuaciones y mantener así el orden y la paz mundial.
 

Una primera redacción de este texto fue presentada como comunicación en el XXVII Curso Internacional de Defensa celebrado en Jaca en octubre de 2019

Bibliografía

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Javier Jordán. (2017). Guerra híbrida: un concepto atrápalo-todo. 2019, de Universidad de Granada. Sitio web

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Guillem Colom Piella. (2019). La amenaza híbrida: mitos, leyendas y realidades. 2019, de Instituto Español de Estudios Estratégicos. Sitio web

Murat Caliskan. (2019). Hybrid warfare through the lens of strategic theory. 2019, de Defense & Security Analysis, 35:1, 40-58. Sitio web

Rubén Arcos. (2019). EU and NATO confront hybrid threats in centre of excellence. 2019, de Jane's Intelligence Review. Sitio web

Publisher: Geert Cami Senior Fellow: Jamie Shea Programme Manager: Mikaela d’Angelo Programme Assistant: Gerard Huerta Editor: Iiris André, Robert Arenella Design: Elza Lőw. (2018). HYBRID AND TRANSNATIONAL THREATS. 2019, de Friends of Europe. Sitio web

Una entrevista con Seyed Mohammad Marandi, Universidad de Teherán. (2019). Los iraníes no olvidarán la guerra híbrida contra Irán. 2019, de Comunidad Saker Latinoamérica. Sitio web

Con el acuerdo alcanzado entre la UE y Johnson y los sondeos favorables a este en las elecciones del 12 de diciembre, se vislumbra un posible final del Brexit

▲ Instalación contra el Brexit, durante una protesta en Manchester en 2017 [Robert Mandel, Wikimedia Commons]

COMENTARIO / Pablo Gurbindo

Desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, la salida de los británicos ha ensombrecido cualquier otro tema, como las trascendentales pasadas elecciones europeas, y ha provocado la división del espectro político británico entre los que apoyan la permanencia y los que apoyan la salida.

 El “Brexit” también se ha llevado por delante a dos primeros ministros: David Cameron, tras el referéndum, y a su sucesora, Theresa May, quien dejó el cargo al no conseguir que su acuerdo alcanzado con la UE fuera aprobado por el Parlamento británico. Y puede ser su sucesor, Boris Johnson, el polémico exalcalde de Londres que hizo campaña por el voto para la salida de la Unión, el que consiga sacar a su país de estos más de tres años de incertidumbre.

La llegada de Johnson al 10 de Downing Street preocupó mucho en las capitales europeas. Desde el principio, afirmó que conseguiría sacar a su país de la Unión Europea, con acuerdo o sin él, antes del 31 de octubre. Y, en septiembre, no se cortó en suspender temporalmente el Parlamento para que la oposición no pudiera vetar una posible salida sin acuerdo. Este cierre fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo y la oposición consiguió que la hipotética salida sin acuerdo solo pudiera ser acordada por el Parlamento. A pesar de todo esto, las negociaciones en Bruselas no se detuvieron y, el 17 de octubre, se anunció que se había llegado a un acuerdo.

El acuerdo alcanzado es, en gran medida, similar al que se llegó con Theresa May. El principal cambio ha sido la “salvaguarda” irlandesa, el apartado más criticado en su momento por la oposición y por el ala más dura de los “tories”. Esta medida implicaba que, si la Unión Europea y el Reino Unido no llegaban a un acuerdo para 2020, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido sí que los abandonaría.

Este sistema provocó un gran rechazo, especialmente en el Partido Unionista Democrático (DUP en sus siglas en inglés). De este partido unionista norirlandés, May y todavía Johnson, dependían y dependen para poder aprobar el acuerdo en el Parlamento británico. Esta preocupación por la nueva frontera entre las dos Irlandas responde al riesgo que supone para los Acuerdos de Viernes Santo. Gracias a estos acuerdos se devolvió la paz a Irlanda del Norte, enfrentada en el siglo pasado entre grupos católicos, que defendían la unificación con Irlanda, y los unionistas protestantes, que defendían mantener los lazos con el Reino Unido. La ruptura de estos acuerdos podría provocar el regreso de la violencia a la isla.

Acuerdo alcanzado

Este nuevo acuerdo sobre Irlanda del Norte, propuesto por Johnson, está basado en tres elementos principales, según indicó el negociador para el Brexit de la Unión Europea, el francés Michel Barnier:

(1) Irlanda del Norte seguirá cumpliendo ciertas reglas aduaneras de la UE, especialmente las relacionadas con bienes y productos. Pero, para evitar cualquier tipo de frontera con Irlanda, los controles solo se harán con los productos que lleguen a los puertos norirlandeses. Estas verificaciones serán llevadas a cabo por los británicos cumpliendo para ello con las normas comunitarias.

(2) Sin embargo, continuará formando parte de la Unión Aduanera Británica, por lo que cualquier acuerdo de comercio que alcance el Reino Unido tras el Brexit incluirá a Irlanda del Norte. El problema es que estos dos elementos entran en conflicto: Irlanda del Norte formaría parte de las uniones aduaneras británicas y también de las comunitarias. Para solucionar el problema que pudiera producir esta “bicefalia aduanera”, a los productos de terceros países –que no vayan después a pasar a otro país del mercado común– se les aplicarán los impuestos del Reino Unido. Pero si los productos tienen el riesgo de pasar al mercado común, las autoridades británicas aplicarán las tarifas comunitarias.

(3) Por último, el acuerdo con Johnson será un acuerdo permanente siempre que la Asamblea de Irlanda del Norte no decida lo contrario. Dicho acuerdo habilita a este órgano a votar si decide mantener o abandonar el estatus acordado, una vez que transcurran cuatro años desde que el protocolo entre en vigor. En el caso de que ratifiquen el acuerdo se extenderá cuatro u ocho años, dependiendo de si es una mayoría simple o si tiene un apoyo mayoritario (con el apoyo de las comunidades protestantes y católicas). En caso contrario, se seguirán aplicando las leyes europeas dos años más, tiempo en el que la UE y el Reino Unido deberán llegar a un nuevo acuerdo.

La prórroga y convocatoria de elecciones

Tras el anuncio del acuerdo alcanzado, restaba lo más complicado: ratificarlo en el Parlamento británico, y en tiempo récord, ya que la fecha límite era el 31 de octubre. Johnson fue forzado por el Parlamento a pedir una extensión a Bruselas hasta el 31 de enero de 2020, en contra de sus deseos de mantener su promesa de salir el 31 de octubre. Esta petición no se libró de polémica al enviar Johnson dos cartas: una pidiendo la extensión, que no firmó, y otra firmada en la que expresaba que vería la extensión como un “error” y que sería “profundamente corrosivo” para su país.

El 29 de octubre el Consejo Europeo aceptó la prórroga al 31 de enero de 2020 para dejar tiempo a la ratificación del Acuerdo de Salida. El Reino Unido podría abandonar la Unión antes, el 1 de diciembre de 2019 (fecha que ya ha pasado) o el 1 de enero de 2020 en caso de que ambas partes ratificaran el apoyo. Esta prórroga fue aprobada por los 27 de forma unánime, a pesar de las reticencias por parte de Francia. El país galo defendía que esta prórroga larga se debía otorgar solo si había seguridad de que habría elecciones en el Reino Unido; de lo contrario, abogaban por una extensión técnica más corta, para que hubiera tiempo para ratificar el Acuerdo de Salida.

Para llevar a cabo el Brexit, Johnson, ante el “obstruccionismo parlamentario” pidió la convocatoria de elecciones anticipadas para cambiar la aritmética del Parlamento y poder aprobar el acuerdo alcanzado con la UE. Esta convocatoria fue rechazada dos veces por el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, principal partido de la oposición. Pero tras conocer que el Consejo Europeo aceptaba la prórroga apoyó la convocatoria.

Conclusión

Con elecciones previstas para el próximo 12 de diciembre el viento parece soplar a favor de Johnson. Las encuestas le favorecen con un porcentaje del 40% del voto. Muy por detrás, los laboristas, con un 29%, perderían apoyo a favor del Partido Liberal Demócrata de Jo Swinson, que subiría al 15% (de 7,4% en las anteriores elecciones). Este ascenso de los “Lib Dems” se debería principalmente a su firme apoyo a la permanencia en la UE, a diferencia de Corbyn, que ha mantenido una posición neutral a pesar de que el 70% de los votantes laboristas apoyan la permanencia. Por otro lado, la mayoría conservadora permitiría a los “tories” dejar de depender del DUP para alcanzar mayorías parlamentarias suficientes.

Por si no fuera suficiente, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, ha anunciado que para facilitar una mayoría conservadora su partido no se presentará en las circunscripciones donde el Partido Conservador ganó en las anteriores elecciones. Para así asegurar la salida del Reino Unido de la Unión y evitar un nuevo referéndum.

Si se cumplen estos sondeos Johnson obtendría su tan ansiada mayoría para poder aprobar la salida.

Después de más de tres años se vislumbra un final plausible al Brexit.

The avalanche of unaccompanied foreign minors suffered by the Obama administration in 2014 has been overcome in 2019 by a new immigration peak

In the summer of 2014, the United States suffered a migration crisis due to an unexpected increase in the number of unaccompanied foreign minors, mostly Central Americans, who arrived at its border with Mexico. What has happened since then? Although oscillating, the volume of this type of immigration fell, but in 2019 a new record has been registered in the wake of the recent “caravan crisis”, which has increased again total apprehensions on the border.

▲ US Customs and Border Protection agents processing unaccompanied children, in Texas, at the border with Mexico, in 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTICLE / Marcelina Kropiwnicka [Spanish version]

The United States hosts more immigrants than any other country in the world, with more than one million people arriving every year either as permanent legal residents, asylum-seekers and refugees, or in other immigration categories. While there is no official measure of tracking how many people successfully cross the border illegally, US Customs and Border Protection (CBP) authorities measure the changes in illicit immigration using the amount of apprehensions per fiscal year; apprehensions being an indicator of total attempts to cross the border illegally. Looking at data, it can be concluded that there have been notable changes in the demographics of illegal migration on the southwest border with Mexico (or Southwest border) over the last few years.

The soaring peak of apprehensions on the Southwest border was in 2000 when 1.64 million persons were detained for trying to enter the US illegally. The figures have generally declined since. Interestingly enough, in recent years, there has been more overall seizures of non-Mexicans than Mexicans at US borders, reflecting a decline in the number of unauthorized Mexican immigrants coming to the US over the past decade. The surge, in fact, was largely due to those fleeing violence, gang activity and poverty in Guatemala, Honduras and El Salvador, known collectively as the Northern Triangle.

The nations included in the Northern Triangle are among the poorest in Latin America—a high percentage of the population still lives on less than $2 a day (the international poverty line is $1.90)—with minimal advancement occurring to reduce poverty in recent years. Within Latin America and the Caribbean, Honduras has the second-highest share with 17% of the population living below the international poverty line, after Haiti, according to the latest data from the World Bank.

Unaccompanied Alien Children

Far fewer single adults have been attempting to cross the border without authorization over the past decade, and a surge of unaccompanied alien children (UAC) crossing the Southwest border occurred. The migration of minors without an adult is not new; the novelty today is the size of this migration and the generation of policies in response to the issue. The spike of UAC apprehensions in FY2014 caused alarm and prompted media scrutiny and policy responses, and attention remained even as the number decreased; numbers dropped back down to just under 40,000 UAC apprehensions the following year.

The international community defines an unaccompanied migrant child as a person, “who is under the age of eighteen” and who is “separated from both parents and is not being cared for by an adult who by law or custom has responsibility to do so” (UNHCR 1997). Many of these unaccompanied children immediately present themselves to US-border security whereas others enter the US unnoticed and undocumented. Not only this, the children have no parent or legal guardian available to provide care or physical custody which swiftly overwhelms local border patrols.

In 2014, many of the unaccompanied children claimed they were under the false impression that the Obama Administration was granting "permisos" to children who had family members in the US, as long as they arrived by June. These false claims and “sales pitches” have become more potent this past year, especially when President Trump continues to reinforce the idea of restricting migrant access to the US. Cartels have continued transporting soaring numbers of Central American migrants from their countries to the United States.

Critical moments of 2014 and 2019

During Obama’s second term, in FY2014, total apprehensions along the Southwest border reached the number of 569.237 (the figure includes "inadmissibles"), a record only surpassed now. The apprehensions soared 13% compared to FY2013, but the main increase was for UAC seizures, which surged immensely from 38,759 in FY2013 to 68,541 in FY2014, a nearly 80% increase, as well as more than four times as many UAC as in FY2011. In a year, the figure of minors from Honduras increased from 6,747 to 18,244; minors from Guatemala rose from 8,068 to 17,057, and those from El Salvador, from 5,990 to 16,404 (minors from Mexico, on the other hand, dropped from 17,240 to 15,634). Apprehensions were highest along the Southwest border in the month of May, where 17% was made up by UAC seizures.

Since FY2014, UAC apprehensions have fluctuated considerably. In FY2019, however, apprehensions of UAC reached 76,020, a level that now exceeds the peak reached in FY2014. The maximum level was registered in May; however, that month they accounted for only 9% of total apprehensions, because this time it was not properly a UAC crisis, but a remarkable peak of total apprehensions. Although general apprehensions decreased significantly during the first six months of Trump’s tenure, they rose alarmingly in FY2019, reaching a total of 851,508 (977,509 if the "inadmissibles" are added). Current data shows that seizures along the Southwest border have more than doubled from the previous FY2018. The number of overall apprehensions increased by 72% from FY2014 to FY2019 (in the case of UAC increased 11%).

Apprehensions of Unaccompanied Alien Children on the US-México border, between 2012 and 2019 (figure 1), and comparison between 2014 and 2019 by month (figure 2). Source: US Customs and Border Patrol.

US Policies

The US had established numerous domestic policies which dealt with the massive rise in immigration. With the overwhelming peak in 2014, however, Obama requested funding for "the repatriation and reintegration of migrants to countries in Central America and to address the root causes of migration from these countries". Though funding was fairly consistent the past years for the program, the budget for FY2018 proposed by President Trump would cut aid to these countries by approximately 30%.

While Trump’s administration has made notable progress in its immigration agenda, from beginning the construction of the wall to enforcing new programs, the hardline policies that were promised before inauguration have thus far been unsuccessful in stopping thousands of Central American families from trekking across the Southern Border into the US. With extreme gang violence being rampant and the existence of “loopholes” in the US immigration system, the pull-factor for migrants will remain.

La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.

[Sheila A. Smith, Japan Rearmed. The Politics of Military Power. Harvard University Press. Cambridge, 2019. 239 p.]

RESEÑA / Ignacio Yárnoz

En la actualidad Japón se enfrenta a una situación de seguridad nacional delicada. Por el norte, el país se ve constantemente sometido a los acosos de la República Popular Democrática de Corea en forma de ensayos con misiles balísticos que a menudo aterrizan en aguas territoriales japonesas. Por el este y sudeste, la soberanía de Japón en sus aguas territoriales, incluyendo las disputadas Islas Senkaku, se ve amenazada por una China cada vez con más interés por mostrar músculo económico y militar.

Y por si esto fuera poco, Japón ya pone en tela de juicio la seguridad que Estados Unidos pueda o quiera proporcionarle ante un eventual conflicto regional. Si en el pasado Japón temía ser arrastrado a una guerra a causa de la predisposición estadounidense al uso de fuego para resolver ciertas situaciones, ahora lo que Tokio teme es que Estados Unidos no le acompañe a la hora de defender su soberanía.

Ese dilema de seguridad nacional es el que aborda Japan Rearmed. The Politics of Military Power, de Sheila A. Smith, investigadora del Council on Foreign Relations de Estados Unidos. El libro recoge las diferentes visiones en torno a esta cuestión. La postura del gobierno nipón es que Japón debería confiar más en sí mismo de cara a mantener su propia seguridad. Pero es aquí donde surge el mayor obstáculo. Desde su derrota en la Segunda Guerra Mundial y posterior dominio estadounidense del país hasta 1952, las Fuerzas Armadas nacionales han estado rebajadas a “Fuerzas de Autodefensa”. La realidad es que la Constitución de 1947, específicamente su artículo número 9, sigue limitando las funciones de las tropas niponas.

Introducido directamente por el mando estadounidense, el artículo 9, nunca enmendado, dice: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. (2) Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido”.

Este artículo, novedoso en la época, pretendía abrir una era a salvo de tendencias belicistas, en la que el proyecto de Naciones Unidas sería la base para la seguridad colectiva y la solución pacífica de controversias. Sin embargo, la propia historia demostró cómo en cuestión de pocos años los propios arquitectos de dicha Constitución llamaron al rearme de Japón en el contexto de la Guerra de Corea; entonces era ya demasiado tarde para un replanteamiento de las limitaciones fundacionales del nuevo Japón.

Tras los cambios en la geopolítica de Asia en los últimos 30 años después del fin de la Guerra Fría, Japón ha dado pasos para recobrar su presencia internacional, pero aún hoy sigue tropezando con el encorsetamiento de su Constitución. Como bien describe Smith, son muchos los obstáculos legales que las Fuerzas de Autodefensa de Japón han tenido que superar desde 1945. Temas como la actuación de Japón en el exterior bajo bandera de Naciones Unidas, su ausencia en la 1ª Guerra del Golfo, el debate sobre la capacidad de resiliencia tras un ataque de Corea del Norte o la actuación de Japón en la 2ª Guerra del Golfo son todos discutidos y analizados en este libro. Además de esto, la autora trata de explicar las razones y argumentos en cada uno de los debates concernientes al artículo 9, tales como la legítima defensa, el rol de las Fuerzas de Autodefensa y la relación con Estados Unidos, asuntos que enfrentan a la elite política nipona. Son ya varias las generaciones de líderes políticos que han intentado resolver el dilema de garantizar la seguridad e intereses de Japón sin limitar las capacidades de sus fuerzas armadas, aunque hasta ahora no ha existido un consenso para cambiar ciertos presupuestos constitucionales, dirección en la que está empujando el primer ministro Shinzo Abe.

Japan rearmed es un análisis en 360 grados donde el lector encuentra un completo análisis sobre los obstáculos principales a los que se enfrentan las Fuerzas de Autodefensa de Japón y sobre cuál puede ser su desarrollo futuro. En un marco más amplio, el libro también afronta el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia, la cual debe hacer compatible su rechazo a la violencia con la obligación de garantizar la defensa colectiva.

[Glen E. Howard and Matthew Czekaj (Editors), Russia’s military strategy and doctrine. The Jamestown Foundation. Washington DC, 2019. 444 pages]

REVIEW / Angel Martos Sáez

This exemplar acts as an answer and a guide for Western policymakers to the quandary that 21st century Russia is posing in the international arena. Western leaders, after the annexation of Crimea in February-March 2014 and the subsequent invasion of Eastern Ukraine, are struggling to come up with a definition of the aggressive strategy that Vladimir Putin’s Russia is carrying out. Non-linear warfare, limited war, or “hybrid warfare” are some of the terms coined to give a name to Russia’s operations below the threshold of war.

The work is divided in three sections. The first one focuses on the “geographic vectors of Russia’s strategy”. The authors here study the six main geographical areas in which a clear pattern has been recognized along Russia’s operations: The Middle East, the Black Sea, the Mediterranean Sea, the Arctic, the Far East and the Baltic Sea.

The chapter studying Russia’s strategy towards the Middle East is heavily focused on the Syrian Civil War. Russian post-USSR foreign-policymakers have realized how precious political stability in the Levant is for safeguarding their geostrategic interests. Access to warm waters of the Mediterranean or Black Sea through the Turkish straits are of key relevance, as well as securing the Tartus naval base, although to a lesser extent. A brilliant Russian military analyst, Pavel Felgenhauer, famous for his predictions about how Russia would go to war against Georgia for Abkhazia and South Ossetia in 2008, takes us deep into the gist of Putin’s will to keep good relations with Bashar al-Assad’s regime. Fighting at the same time Islamic terrorism and other Western-supported insurgent militias.

The Black and Mediterranean Seas areas are covered by a retired admiral of the Ukranian Navy, Ihor Kabanenko. These two regions are merged together in one chapter because gaining access to the Ocean through warm waters is the priority for Russian leaders, be it through their “internal lake” as they like to call the Black Sea, or the Mediterranean alone. The author focuses heavily on the planning that the Federation has followed, starting with the occupation of Crimea to the utilization of area denial weaponry (A2/AD) to restrict access to the areas.

The third chapter concerning the Russia’s guideline followed in the Arctic and the Far East is far more pessimistic than the formers. Pavel K. Baev stresses the crucial mistakes that the country has done in militarizing the Northern Sea Route region to monopolize the natural resource exploitation. This tool, however, has worked as a boomerang making it harder for Russia nowadays to make profit around this area. Regarding the Far East and its main threats (North Korea and China), Russia was expected a more mature stance towards these nuclear powers, other than trying to align its interests to theirs and loosing several opportunities of taking economical advantage of their projects.

Swedish defense ministry advisor Jörgen Elfving points out that the BSR (acronym for Baltic Sea Region) is of crucial relevance for Russia. The Federation’s strategy is mainly based on the prevention, through all the means possible, of Sweden and Finland joining the North Atlantic Alliance (NATO). Putin has stressed out several times his mistrust on this organization, stating that Western policymakers haven’t kept the promise of not extending the Alliance further Eastwards than the former German Democratic Republic’s Western border. Although Russia has the military capabilities, another de facto invasion is not likely to be seen in the BSR, not even in the Baltic republics. Instead, public diplomacy campaigns towards shifting foreign public perception of Russia, the funding of Eurosceptic political parties, and most importantly taking advantage of the commercial ties (oil and natural gas) between Scandinavian countries, the Baltic republics and Russia is far more likely (and already happening).

The second section of this book continues with the task of defining precisely and enumerating the non-conventional elements that are used to carry out the strategy and doctrine followed by Russia. Jānis Bērziņš gives body to the “New Generation Warfare” doctrine, according to him a more exact term than “hybrid” warfare. The author stresses out the conscience that Russian leaders have of being the “weak party” in their war with NATO, and how they therefore work on aligning  “the minds of the peoples” (the public opinion) to their goals in order to overcome the handicap they have. An “asymmetric warfare” under the threshold of total war is always preferred by them.

Chapters six and seven go deep into the nuclear weaponry that Russia might possess, its history, and how it shapes the country’s policy, strategy, and doctrine. There is a reference to the turbulent years in which Gorbachev and Reagan signed several Non-Proliferation Treaties to avoid total destruction, influenced by the MAD doctrine of the time. It also studies the Intermediate-Range Nuclear Forces (IMF) Treaty and how current leaders of both countries (Presidents Trump and Putin) are withdrawing from the treaty amid non-compliance of one another. Event that has sparked past strategic tensions between the two powers.

Russian researcher Sergey Sukhankin gives us an insight on the Federation’s use of information security, tracing the current customs and methods back to the Soviet times, since according to him not much has changed in Russian practices. Using data in an unscrupulously malevolent way doesn’t suppose a problem for Russian current policymakers, he says. So much so that it is usually hard for “the West” to predict what Russia is going to do next, or what cyberattack it is going to perpetrate.

To conclude, the third section covers the lessons learned and the domestic implications that have followed Russia’s adventures in foreign conflicts, such as the one in Ukraine (mainly in Donbas) and in Syria. The involvement in each one is different since the parties which the Kremlin supported are opposed in essence: Moscow fought for subversion in Eastern Ukraine but for governmental stability in Syria. Russian military expert Roger N. McDermott and analyst Dima Adamsky give us a brief synthesis of what experiences Russian policymakers have gained after these events in Chapters nine and eleven.

The last chapter wraps up all the research talking about the concept of mass mobilization and how it has returned to the Federation’s politics, both domestically and in the foreign arena. Although we don’t exactly know if the majority of the national people supports this stance, it is clear that this country is showing the world that it is ready for war in this 21st century.  And this manual is here to be a reference for US and NATO defense strategists, to help overcome the military and security challenges that the Russian Federation is posing to the international community.

Algunos diplomáticos de EEUU y Canadá que estuvieron La Habana entre 2016 y 2018 siguen sin recuperarse del todo de las dolencias sufridas

▲ Edificio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba [Departamento de Estado]

ANÁLISIS / Eduardo Villa Corta

Hace tres años, personal diplomático de Estados Unidos destinado en Cuba comenzó a sentir molestias físicas supuestamente causadas por unos extraños sonidos a los que al parecer habían estado expuestos; Washington habló de un ˝ataque sónico˝. Sin embargo, si bien han podido determinarse como anómalos los síntomas padecidos por los afectados, no se ha logrado establecer lo que los provocó. ¿Fue realmente un ataque? ¿Quién estaría detrás? Repasamos aquí las principales hipótesis y conjeturas que se han realizado, y señalamos sus puntos débiles.

A finales de 2016 y principios de 2017 diversos diplomáticos estadounidenses con destino en La Habana, así como miembros de sus familias, reportaron sufrir mareos, vértigos y dolores agudos en los oídos que podían estar causados por unos extraños sonidos a los que habían estado expuestos. Según sus testimonios, los sonidos provenían de una dirección específica, y los habían escuchado en sus propias residencias o, en algunos casos, en habitaciones de hotel, mientras que las personas alojadas en casas vecinas o habitaciones contiguas no habían oído ningún sonido especial. El fenómeno también afectó a diplomáticos canadienses en la capital cubana. En total, unas cuarenta personas fueron atendidas por esos síntomas.

Ataque acústico

Haciéndose eco de los hechos reportados por su personal en Cuba, a mediados de 2017 el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que los síntomas podrían haber sido causados por un ataque sónico del gobierno cubano dirigido contra los diplomáticos y sus familias. En octubre de 2017, el presidente Donald Trump acusó directamente a La Habana: “Yo creo que Cuba es responsable; sí, lo creo”.

A comienzos de 2018 el Departamento de Estado emitió un comunicado de alerta para no viajar a Cuba debido a una posible crisis sanitaria y retiró a buena parte del personal de la misión diplomática de La Habana, reduciendo la actividad de esta al mínimo posible. Hasta ese momento un total de 24 estadounidenses se habían visto afectados.

Por entonces también el Gobierno canadiense indicó que diplomáticos suyos habían experimentado molestias similares. Ottawa decidió evacuar a las familias de sus empleados en Cuba y a comienzos de 2019 procedió a reducir el personal de la embajada ante lo que parecía ser la aparición de un decimocuarto caso.

El Gobierno cubano negó desde el primer momento estar implicado en ninguna operación de acoso contra EEUU o Canadá. ˝No hay ninguna prueba sobre la causa de las dolencias reportadas, ni tampoco hay pruebas que sugieran que esos problemas de salud hayan sido causados por un ataque de ningún tipo˝, aseguró La Habana. El Gobierno de Raúl Castro ofreció su cooperación en la investigación de los hechos, sin que saliera a la luz nada que pudiera explicar el caso. No aparecieron dispositivos que pudieran haber provocado los sonidos.

Agregando confusión a la situación, al menos dos diplomáticos estadounidenses destinados en China, ocupados en el consulado general de Guangzhou, el más grande que EEUU tiene en el país, presentaron a comienzos de 2018 también los síntomas ya descritos. Washington los evacuó y publicó una advertencia sanitaria sobre las misiones en la región continental de China.

La agencia Associated Press publicó en octubre 2017 una grabación de los supuestos sonidos causantes de la dolencia reportada, e indicó que las agencias gubernamentales habían sido incapaces de determinar la naturaleza del ruido y de explicar su relación con los trastornos corporales provocados. Meses después apuntó que los informes internos del FBI no establecían siquiera que hubiera habido un “ataque”. Otros medios destacaron la escasa cooperación en la investigación, por cuestiones de celo jurisdiccional, entre el Departamento de Estado, el FBI y la CIA.

Síntomas del “síndrome de la Habana”

Un equipo médico de la Universidad de Pensilvania, a petición del Gobierno estadounidense, examinó a 21 personas afectadas por lo que la prensa comenzó a llamar “síndrome de la Habana”. La investigación, publicada inicialmente en marzo de 2018 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), indicó que la mayoría de los pacientes reportaba problemas de memoria, concentración y equilibrio, y determinó que parecían haber sufrido heridas en extensas redes cerebrales.

Datos posteriores del mismo equipo ampliados a 40 pacientes, dados a conocer en julio de 2019, condujeron a la conclusión de que los diplomáticos habían experimentado un cierto traumatismo craneoencefálico. Los resultados de las resonancias magnéticas, comparados con los de un grupo de personas sanas, permitía advertir diferencias en el volumen de las sustancias blanca y gris del cerebro, en la integridad de las microestructuras del cerebelo y en la conectividad funcional relativas a las subredes para la audición y la visión espacial, si bien no para las funciones ejecutivas.

Este informe concluyó que el personal diplomático había sido herido físicamente, aunque no pudo determinar la causa. También destacó que los pacientes no experimentan una recuperación usual, pues no se están recuperando rápidamente de los síntomas, como ocurre en otros casos de similares “contusiones” o problemas de oído.

SI NO FUE UN ATAQUE, ¿QUÉ FUE?

Al no haberse podido establecer una causa clara de lo que provocó los males padecidos por el personal diplomático de EEUU y Canadá y algunos miembros de sus familias, la misma realidad de un ataque ha sido puesto en cuestión. Aunque se han dado diversas explicaciones alternativas, sin embargo ninguna de ellas resulta plenamente convincente.

1) Histeria colectiva

Formulación. Algunos neurólogos y sociólogos, como Robert Bartholomew, han sugerido que podría tratarse de un caso de histeria colectiva. Dada la presión a la que se encuentran sometidos algunos de los diplomáticos que trabajan en entornos muy poco amigables, y la relación endogámica en la que viven, conviviendo casi exclusivamente entre ellos, podría explicar un convencimiento mutuo de un ataque exterior que incluso tuviera consecuencias somáticas.

Punto débil. Tanto la investigación de la Universidad de Pensilvania como el médico del Departamento de Estado, Charles Rosenfarb, que comparecenció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vinieron a descartar que los síntomas sufridos por los diplomáticos se debieran a un mero mecanismo mental. Es muy difícil que unas sesenta personas, contando a estadounidenses y canadienses, se convencieran entre ellos de una agresión de este tipo y que luego casi todos ellos desarrollaran las mismas lesiones cerebrales.

2) Microondas

Formulación. El equipo investigador de la Universidad de Pensilvania, si bien no apuntó ninguna posible causa de las dolencias, no descartó ciertos supuestos, como el de la afectación por microondas. Sobre este aspecto insistió una investigación publicada en 2018 en la revista Neural Computation, que consideraba los síntomas consistentes con la exposición a una radiación de microondas electromagnéticas (RF/MW).

Punto débil. No todos los síntomas mostrados por los pacientes podrían ser consecuencia de la exposición de una radiación de ese tipo, que además cuenta con una literatura que diverge sobre sus efectos en el cuerpo humano. Además, no se conoce que exista un arma de microondas que pueda afectar al cerebro.

3) Ultrasonido

Formulación. Un equipo de expertos informáticos de la Universidad de Michigan sugirió en 2018 que podría tratarse de un caso de exposición a algún tipo de ultrasonido, quizá proveniente de un equipo de escucha en mal funcionamiento que mezclara múltiples señales ultrasónicas.

Punto débil. La grabación de uno de los episodios de sonido –la muestra difundida por AP– no es suficiente para poder determinar su naturaleza. También cabe que el sonido fuera algo distinto en otros de los casos.

4) Grillos

Formulación. Una investigación de la Universidades de California-Berkeley y de Lincoln, a partir de la muestra de sonido existente, consideró en enero de 2019 que la posible causa de los ataques fue hecha por grillos, específicamente los grillos Anurogryllus muticus. La investigación fue un estudio comparativo entre el sonido emitido por esa variante de grillos y la muestra de uno de los episodios acústicos de La Habana.

Punto débil. El sonido percibido por los diplomáticos era direccional, de forma que no fue escuchado por personas vecinas. Si hubieran sido grillos en su medio natural, el sonido se hubiera expandido alrededor.

5) Neurotoxinas

Formulación. Un estudio conjunto de dos centros de investigación canadienses de mayo de 2019 atribuyó los síntomas sufridos por los diplomáticos a la exposición a las neurotoxinas de pesticidas utilizados para fumigar mosquitos, una práctica habitual en los edificios de las embajadas.

Punto débil. Los diplomáticos afectados relacionaron el comienzo de su malestar físico con situaciones vividas en sus propias residencias o en habitaciones de hotel, donde no hubo las fumigaciones apuntadas.

SI FUE UN ATAQUE, ¿QUIÉN LO HIZO?

Dado las explicaciones previas no parecen del todo sólidas, el Gobierno de EEUU mantiene la hipótesis de un ataque. Si este realmente se hubiera producido, ¿quién estaría detrás? También aquí hay diversas conjeturas.

1) Régimen castrista

La primera opción barajada, asumida en principio por EEUU dadas las acusaciones públicas realizadas desde Washington, ha sido atribuir los supuestos ataques al propio régimen cubano. Con ellos La Habana pretendería mantener la presión sobre los estadounidenses, a pesar del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas, con el objetivo de marcar el territorio de cada cual.

Punto débil. Los incidentes comenzaron a ocurrir durante la Administración Obama, en un contexto de ˝luna de miel˝ marcada por la reapertura de embajadas y la visita de Barack Obama a La Habana. Lo normal es que a finales de 2016, ante las elecciones norteamericanas, el régimen castrista no quisiera dar motivos al próximo presidente estadounidense para torcer la línea diplomática abierta por Obama. Podría tener sentido que tras la revocación que luego hizo Donald Tump de las medidas aperturistas previas, Cuba quisiera castigar a la nueva Administración, pero no antes de ver la dirección que esta tomaba; en cualquier caso, los ataques no harían sino justificar la línea dura seguida por Trump, que no beneficia a la isla.

2) Un sector del castrismo

A Fidel Castro se le atribuyó una actitud poco complaciente con la decisión de su hermano Raúl de restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU. Aunque murió en noviembre de 2016, personas de su entorno podrían haber intentado torpedear esa aproximación, convencidos de que la hostilidad con Washington era la mejor manera de asegurar la pervivencia del régimen tal como fue concebido por su fundador.

Punto débil. Si bien es cierta la reticencia de Fidel Castro hacia el acercamiento con EEUU, es difícil pensar que el sector más conservador dentro del castrismo osara boicotear tan directamente la fundamental línea política de Raúl Castro. Otra cosa es que, después de que este cediera la presidencia de Cuba a Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, algunos sectores dentro del régimen pudieran protagonizar movimientos internos para enviar ciertos mensajes, pero el relevo se produjo cuando ya se habían dado la mayor parte de los episodios acústicos.

3) Un tercer país (Rusia, China)

La tercera opción sería que un tercer país haya generado los ataques. La inteligencia americana señala que la opción más viable en este caso sería Rusia. Moscú ha puesto interés en volver a operar en el Caribe, como en la Guerra Fría, y agresión a los diplomáticos estadounidenses en Cuba encajaría con su estrategia. También se ha apuntado que China podría querer pagar a Washington en su patio trasero con el mismo hostigamiento que los chinos creen sentir por parte de EEUU en sus mares más próximos.

Punto débil. El regreso de Rusia al Caribe está ciertamente documentado, y puede ser imaginable que Moscú hubiera podido haber impulsado una acción puntual contra algún objetivo específico, pero parece difícil que haya sostenido en el tiempo una operación que lesiona la soberanía de Cuba. En cuanto a la presencia de China en el vecindario de EEUU, se trata de un movimiento de menor confrontación que el llevado a cabo por Rusia. Por lo demás, si Pekín hubiera escogido suelo extranjero para así borrar mejor los trazos de una acción contra diplomáticos estadounidenses, entonces no se habrían dado los casos registrados en Guangzhou.

Con su proyecto de megaciudad y zona tecnológica los saudís buscan consolidar una vía económica alternativa al petróleo

NEOM, acrónimo de Nuevo Futuro, es el nombre de la nueva ciudad y área económico-tecnológica, con una superficie tres veces la de Chipre, que Arabia Saudí está promoviendo en el noroeste el país, frente a la Península del Sinaí. Además de buscar alternativas al petróleo, con NEOM los saudís pretenden rivalizar las innovaciones urbanísticas de Dubái, Abu Dhabi y Doha. El proyecto también supone trasladar el interés saudí del Golfo Pérsico al Mar Rojo y estrechar la vecindad con Egipto, Jordania e Israel.

▲ Aspecto de la futura megaciudad de NEOM, de acuerdo con la visión de sus promotores [NEOM Project]

ARTÍCULO / Sebastián Bruzzone Martínez

Los Estados de Oriente Medio están tratando de diversificar sus ingresos y evitar posibles colapsos de sus economías, en aras de contrarrestar la crisis del fin del petróleo previsto para mediados del siglo XXI. Los sectores preferidos por los árabes son las energías renovables, el turismo de lujo, las infraestructuras modernas y la tecnología. Los gobiernos de la región han encontrado la manera de unificar estos cuatro sectores, y Arabia Saudí, junto a los Emiratos Árabes Unidos, parece querer colocarse como el primero de la carrera tecnológica árabe.

Mientras el mundo mira hacia Sillicon Valley en California, Shenzhen en China o Bangalore en India, el gobierno saudí ha comenzado a preparar la creación de su primera zona económica y tecnológica independiente: NEOM (abreviatura del término árabe Neo-Mustaqbal, Nuevo Futuro). Al frente del proyecto estuvo hasta hace poco Klaus Kleinfeld, ex presidente de Siemens AG, quien al ser nombrado consejero de la Corona saudí ha sido sustituido por Nadhmi Al Nasr como CEO de NEOM.

El pasado 24 de octubre de 2017, en la conferencia de la Iniciativa Inversión Futura celebrada en Riad, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman hizo público este proyecto de 500.000 millones de dólares, enmarcado en el programa político Saudi Vision 2030. El territorio en el que se situará NEOM está en la zona fronteriza entre Arabia Saudí, Egipto y Jordania, a orillas del Mar Rojo, por donde fluye casi un diez por ciento del comercio mundial, existe una temperatura 10º C inferior a la media del resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, y se localiza a menos de ocho horas de vuelo del 70% de la población del planeta, por lo que podría convertirse en un gran centro de transporte de pasajeros.

Según ha anunciado el gobierno saudí, NEOM será una ciudad económica especial, con sus propias leyes civiles y tributarias, y costumbres sociales occidentales, de 26.500 kilómetros cuadrados (el tamaño de Chipre multiplicado por tres). Los objetivos principales son atraer la inversión extranjera de empresas multinacionales, diversificar la economía saudita dependiente del petróleo, crear un espacio de libre mercado y hogar de millonarios, “una tierra para gente libre y sin estrés; una start-up del tamaño de un país: una hoja en blanco en la que escribir la nueva era del progreso humano", dice un vídeo promocional del proyecto. Todo ello bajo el eslogan: “The world’s most ambitious project: an entire new land, purpose-built for a new way of living”. Según la página web y cuentas oficiales del proyecto, los 16 sectores de energía, movilidad, agua, biotecnología, comida, manufactura, comunicación, entretenimiento y moda, tecnología, turismo, deporte, servicios, salud y bienestar, educación, y habitabilidad generarán 100.000 millones de dólares al año.

Gracias a un informe publicado por el diario The Wall Street Journal y elaborado por las consultoras Oliver Wyman, Boston Consulting Group y McKinsey & Co., que, según aseguran, tuvieron acceso a más de 2.300 documentos confidenciales de planificación, han salido a la luz algunas de las ambiciones y lujos con los que contará la urbe futurista. Entre ellos se encuentran coches voladores, hologramas, un parque temático de dinosaurios robot y edición genética al estilo Jurassic Park, tecnologías e infraestructuras nunca vistas, hoteles, resorts y restaurantes de lujo, mecanismos que creen nubes para causar precipitaciones en zonas áridas, playas con arena que brilla en la oscuridad, e incluso una luna artificial.

Otro fin que busca el proyecto es hacer de NEOM la ciudad más segura del planeta, mediante sistemas de vigilancia de última generación que incluyen drones, cámaras automatizadas, máquinas de reconocimiento facial y biométrico y una IA capaz de notificar delitos sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciarlos. Del mismo modo, los propios dirigentes de la iniciativa urbanística auguran que la ciudad será un centro ecológico de gran proyección, basando su sistema de alimentación únicamente en energía solar y eólica obtenida con placas y molinos, pues tienen todo un desierto para instalarlos.

Por el momento, NEOM no es más que un proyecto que está en fase de iniciación. El territorio en el que se situará la gran ciudad es un terreno de desierto, montañas de hasta 2.500 metros de altura y 468 kilómetros de costas vírgenes de agua azul turquesa, con un palacio y un pequeño aeropuerto. NEOM está siendo construida desde la nada, con un desembolso inicial de 9.000 millones de dólares del fondo soberano saudita Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA). Aparte de inversión empresarial extranjera, el gobierno saudí está buscando trabajadores de todos los sectores profesionales para que ayuden en sus respectivos campos: juristas que elaboren un código civil, penal y tributario; ingenieros y arquitectos que diseñen un plan de infraestructuras y energías moderno, eficiente y tecnológico; diplomáticos que colaboren en su promoción y convivencia cultural; científicos y médicos que incentiven la investigación clínica y biotecnológica y el bienestar; académicos que potencien la educación; economistas que rentabilicen los ingresos y gastos; personalidades especializadas en turismo, moda y telecomunicaciones… Pero, sobre todo, personas y familias que habiten y den vida a la ciudad.

Según ha informado el periódico árabe Rai Al Youm, Mohammed bin Salman ha aprobado una propuesta elaborada por un comité legal saudí conjunto con Reino Unido que consiste en aportar un documento VIP que ofrecerá visas especiales, derechos de residencia a inversores, altos funcionarios y trabajadores de la futura ciudad. Ya se han adjudicado contratos a la empresa de ingeniería estadounidense Aecom y de construcción a la inglesa Arup Group, a la canadiense WSP, y a la holandesa Fugro NV.

Sin embargo, no todo es tan ideal y sencillo como parece. A pesar del gran interés de 400 empresas extranjeras en el proyecto, según asegura el gobierno local, existe incertidumbre sobre su rentabilidad. Los problemas y escándalos relacionados con la corona saudí, como el encarcelamiento de familiares y disidentes, la corrupción, la desigualdad de derechos, la intervención militar en Yemen, el caso del asesinato del periodista Khashoggi y la posible crisis política tras la futura muerte del rey Salman bin Abdulaziz, padre de Mohammed, han hecho que los inversores anden con pies de plomo. Además, en la región sobre la que se pretende construir la ciudad existen pueblos de lugareños que serían reubicados, y “compensados y apoyados por programas sociales”, según asegura el gobierno saudí, lo que será objeto de reproche por grupos de defensores de derechos humanos.

En conclusión, NEOM es un proyecto único y a la altura de los propios jeques árabes, los cuales han adoptado una visión económica previsora. Se espera que en 2030 ya sea posible vivir en la ciudad, a pesar de que las construcciones sigan su curso y no estén completamente finalizadas. Según los mercados, el proyecto, aún lejos de su culminación, parece estar encauzado. Ya cuenta con un compromiso de financiación de estructura con BlackStone de 20.000 millones de euros, y de tecnología con SoftBank de 45.000 millones de euros. Debido a que nunca se ha visto un proyecto así y por tanto no existen referencias, es difícil determinar si el visionario plan se consolidará con éxito o se quedará en simple humo y pérdidas enormes de dinero.