Los cambios, aunque significativos en algunos casos, no modificarán sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México ha quedado listo para su aplicación, tras la ratificación llevada a cabo en los congresos de los tres países. La revisión del anterior tratado, que entró en vigor en 1994, fue reclamada por Donald Trump en su llegada a la Casa Blanca, alegando el déficit comercial generado para EEUU en relación a Canadá y especialmente a México. Aunque se han introducido algunas correcciones significativas, siguiendo los principales planteamientos estadounidenses, no parece que el revisado acuerdo vaya a modificar sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países.

▲ Los presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el acuerdo de libre comercio en noviembre de 2019 [US Gov.]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o su versión en inglés, NAFTA). Más de veinte años después y bajo la administración del presidente Donald Trump, los tres países socios abrieron un proceso de revisión del acuerdo, ahora denominado Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México (al que cada país, poniéndose por delante, le ha dado unas siglas distintas: los mexicanos lo llaman T-MEC o TMEC, los estadounidenses USMCA y los canadienses CUSMA).

El texto del TMEC (sus siglas en español) finalmente ratificado por los tres países es coherente en general con el antiguo TLCAN. No obstante, hay distinciones particulares. Así, incluye normas de origen más estrictas en los sectores automovilístico y textil, un requisito de contenido de valor laboral actualizado en el sector del automóvil, un mayor acceso de Estados Unidos a los mercados gestionados por la oferta canadiense, disposiciones novedosas relacionadas con los servicios financieros y una especificación sobre el establecimiento de acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado. El objetivo conjunto es incentivar la producción en América del Norte.

Novedades negociadas en 2017–2018

Las tres partes comenzaron la negociación en verano de 2017 y al cabo de algo más un año cerraron un acuerdo, firmado por los presidentes de los tres países en noviembre de 2018. Las principales novedades introducidas hasta entonces fueron las siguientes:

1) El acuerdo revisa el porcentaje del contenido de valor regional (RVC) referido a la industria del automóvil. En el TLCAN se establecía que al menos el 62,5% de un automóvil debía estar hecho con piezas procedentes de América del Norte. El TMEC eleva el porcentaje al 75% con la intención de fortalecer la capacidad de fabricación de los países y aumentar la fuerza de trabajo en la industria automotriz.

2) En esta misma línea, para apoyar el empleo en América del Norte, el acuerdo contiene ​nuevas reglas de origen comercial para impulsar los salarios más altos al obligar a que el 40-45% de la fabricación de automóviles sea realizada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora de promedio para el año 2023; eso es aproximadamente tres veces el pago que normalmente recibe hoy un operario mexicano.

3) Aparte de la industria automotriz, el mercado de productos lácteos se abrirá para asegurar un mayor acceso de los productos lácteos de EEUU, una demanda clave para Washington. En la actualidad, Canadá tiene un sistema de cuotas nacionales que se establecieron para proteger a sus agricultores de la competencia extranjera; sin embargo, en virtud del nuevo acuerdo del TMEC, los cambios permitirán a Estados Unidos exportar hasta el 3,6% del mercado de productos lácteos de Canadá​, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a la disposición original del TLCAN. Otro logro clave para Trump fue la negociación de la eliminación por parte de Canadá de lo que se conoce como sus ​clases de leche 6 y 7​.

4) Otro aspecto nuevo es la cláusula de extinción. El TLCAN tenía una cláusula de extinción automática o una fecha de finalización predeterminada del acuerdo, lo que significaba que cualquiera de las tres partes podía retirarse del acuerdo, previo aviso de seis meses sobre el retiro; si esto no ocurría, el acuerdo se mantenía indefinido. Sin embargo, el TMEC prevé una duración 16 años, con la opción de reunirse, negociar y revisar el documento después de seis años, así como con la posibilidad de renovar el acuerdo una vez transcurridos los 16 años.

5) El pacto de los tres países también incluye un capítulo sobre el trabajo que ancla en el núcleo del acuerdo las obligaciones laborales, haciendo más exigente su ejecución.

Reformas en México

Precisamente para hacer más creíble ese último punto, los negociadores de EEUU y Canadá exigieron que México hiciera cambios en sus leyes laborales para acelerar el proceso de aprobación y ratificación del TMEC por parte de los legisladores de Washington y Ottawa. Los líderes de la Cámara de Representantes de EEUU habían dudado de la capacidad de México para cumplir específicamente con los puntos de derechos laborales del acuerdo. Uno de los principales objetivos del presidente Trump en la renegociación era asegurar a los trabajadores estadounidenses que se superaría la situación de competencia desigual.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Congreso de EEUU garantizando la implementación de un plan de cuatro años para asegurar el logro de los derechos laborales adecuados. López Obrador se comprometió a un desembolso de 900 millones de dólares en los siguientes cuatro años para cambiar el sistema de justicia laboral y asegurar que las disputas entre trabajadores y empleadores se resuelvan de manera oportuna. México también ha invertido en la construcción de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde los conflictos laborales serán abordados antes de su audiencia en la corte.

Obrador mostró su compromiso con las reformas laborales asegurando al menos un aumento del 2% del ​salario mínimo en México​. Lo más notable es que la exigencia del voto directo de los líderes sindicales modificará el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Con elecciones directas, las decisiones sobre los convenios colectivos serán más transparentes. El plan mexicano para mejorar el entorno laboral comenzará en 2020.

Novedades de 2019 para facilitar la ratificación

Ante las demandas planteadas en el Congreso de EEUU, sobre todo por la mayoría demócrata, para ratificar el tratado, los negociadores procedieron a dos revisiones importantes del TCLAN. Una de ellas dirigida principalmente a revisar una amplia cantidad de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos y la economía digital:

6) El capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual busca responder a inquietudes de EEUU para impulsar la innovación, generar crecimiento económico y respaldar puestos de trabajo. Por primera vez, según el representante de ​Comercio de Estados Unidos​, las adiciones incluyen: normas estrictas contra la elusión de las medidas de protección tecnológica de música, películas y libros digitales; una fuerte protección para la innovación farmacéutica y agrícola; una amplia protección contra el robo de secretos comerciales, y autoridad de oficio para que los funcionarios detengan mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas.

7) También se ha incluido un nuevo capítulo sobre comercio digital que contiene controles más estrictos que cualquier otro acuerdo internacional, lo que consolida los cimientos para la expansión del comercio y la inversión en esferas en las que EEUU tiene una ventaja competitiva.

8) El redactado final elimina una garantía de 10 años de protección de la propiedad intelectual para los ​medicamentos biológicos​, que son algunos de los medicamentos más caros del mercado. Asimismo, suprime conceder tres años adicionales de excluvisidad de propiedad intelectual para medicamentos a los que se encuentre un nuevo uso.

Un segundo grupo de cambios de última hora hace referencia a mayores protecciones medioambientales y laborales:

9) Lo relativo al medio ambiente cubre 30 páginas, que esbozan las obligaciones para combatir el tráfico de vida silvestre, madera y pescado; fortalecer la aplicación de la ley para detener dicho tráfico, y abordar cuestiones ambientales críticas como la calidad del aire y los residuos marinos. Entre las ​nuevas obligaciones figuran: la protección de diversas especies marinas, la implantación de métodos adecuados para las evaluaciones de impacto ambiental, y la adecuación a las obligaciones de siete acuerdos ambientales multilaterales. En particular, México está de acuerdo en mejorar la vigilancia para poner fin a la pesca ilegal, y los tres países acuerdan dejar de subvencionar la pesca de especies sobreexplotadas. Para aumentar la responsabilidad ambiental, los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU instaron a que se cree un comité interinstitucional de supervisión. Sin embargo, el tratado no en asuntos de cambio climático.

10) Para asegurar que México cumple lo prometido respecto al ámbito laboral, los demócratas de la Cámara de Representantes forzaron la creación de un comité interagencial que monitoree la implementación de la ​reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales. A pesar del nuevo y único requisito de la ‘LVC’, una regla de contenido de valor laboral, todavía será difícil imponer un salario mínimo a los fabricantes de automóviles mexicanos. No obstante, los demócratas estadounidenses esperan que la condición obligue a los fabricantes de automóviles a comprar más suministros de Canadá o EEUU o que haga que los salarios de los fabricantes de automóviles en México aumenten.

El acuerdo finalmente ratificado reemplazará el que está vigor desde hace 25 años. En general el paso del TLCAN al TMEC no debería causar un efecto drástico en los tres países. Es un acuerdo progresivo que supondrá ligeros cambios: ciertas industrias se verán afectadas, como la automotriz y la lechera, pero en una pequeña proporción. A largo plazo, dadas las modificaciones introducidas, los salarios debieran aumentará en México, lo que disminuiría la migración mexicana a EEUU. Las empresas se verán afectadas a largo plazo, pero con planes de respaldo y nuevos rediseños es de esperar que el proceso de transición sea suave y mutuamente beneficioso.

El 27% de la riqueza privada total latinoamericana está depositada en territorios que ofrecen un tratamiento impositivo favorable

Latinoamérica es la región mundial con mayor porcentaje de riqueza privada “offshore”. La cercanía de paraísos fiscales, en diversos países o dependencias insulares del Caribe, puede facilitar la llegada de esos capitales, algunos generados de forma ilícita (narcotráfico, corrupción) y todos evadidos de unas instituciones fiscales nacionales con poca fuerza supervisora y coercitiva. Latinoamérica dejó de ingresar impuestos en 2017 por valor de 335.000 millones de dólares, lo que representó el 6,3% de su PIB.

▲ Playa del Caribe [Pixabay]

ARTÍCULO / Jokin de Carlos Sola

Contrasta la riqueza natural de los países latinoamericanos con la precariedad de la situación económica de buena parte de sus sociedades. Tierras ricas en petróleo, minerales y bienes primarios no consiguen en ocasiones alimentar a todos sus ciudadanos. Una de las razones de esa deficiencia es la frecuencia con la cual empresas y dirigentes tienden a evadir impuestos, alejando el capital de sus países.

Una de las razones de la tendencia a evadir impuestos es el gran tamaño de la economía sumergida y las carencias de los Estados para implementar los sistemas impositivos. Otra es la presencia cercana de paraísos fiscales en el Caribe, básicamente vinculados históricamente a Reino Unido. Estos territorios con características fiscales beneficiarias han atraído capital proveniente del continente.

Historia

La historia de la evasión fiscal es larga. Su relación con Latinoamérica y los archipiélagos británicos caribeños, sin embargo, tiene su origen en la caída del Imperio Británico.

A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder poco a poco las posesiones coloniales que tenía repartidas por el mundo. El efecto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o fueron sacadas de operaciones en todo el imperio. Para hacer frente a esa situación y poder mantener su poder financiero mundial, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de acción fuera de la jurisdicción del Banco de Inglaterra, desde donde pudieran operar también banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos) para evitar sus respectivas regulaciones nacionales. Surgió entonces una nueva oportunidad en los territorios de ultramar británicos, algunos de los cuales no se independizaron, sino que mantuvieron su vinculación, aunque laxa, con Reino Unido. Fue el caso del Caribe.

En 1969 las islas Caimán crearon la primera legislación sobre secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. A partir de oficinas establecidas allí, los bancos de la City fueron generando redes de operaciones no reguladas por el Banco de Inglaterra y con apenas supervisión local. Pronto otras jurisdicciones caribeñas siguieron los mismos pasos.

Los paraísos fiscales

Los principales paraísos fiscales del Caribe son territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Vírgenes y Montserrat, o algunas excolonias británicas luego independizadas, como las Bahamas. Se trata de islas con poca población y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de esos lugares trabajan para el sector financiero británico y garantizan el secreto dentro de sus territorios.

A diferencia de otros emplazamientos que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas de influencia británica del Caribe ofrecen un segundo nivel de secreto además del legal: el fideicomiso. La mayor parte de quienes tienen bienes en sociedades establecidas en esos territorios lo hacen a través de la figura del fideicomiso. Bajo este sistema el beneficiario guarda sus bienes (acciones, propiedades, sociedades, etc.) en un fideicomiso el cual es administrado por un fideicomisario. Estos elementos (fideicomiso, beneficiario, fideicomisario, empresas fantasmas, etc.) están repartidos en diversas estructuras vinculadas a diferentes jurisdicciones caribeñas. De esa forma, un fideicomiso puede estar establecido en una jurisdicción, pero sus beneficiarios estar en otra diferente, el fideicomisario en una tercera y las empresas fantasmas en una cuarta. Se trata de un tipo de estructuras que para los gobiernos son casi imposibles de desarticular. Por ello cuando gobiernos de ultramar se comprometen a compartir información bancaria, por presiones de Washington o Bruselas, esta resulta es de poca utilidad por la propia estructura de secreto mencionada.

Impacto en Latinoamérica

La legislación sobre el secreto bancario surgió en Latinoamérica con el objetivo de atraer capital obtenido de forma lícita. Sin embargo, durante la década de 1970 y de 1980 esa protección sobre los datos de las cuentas corrientes atrajo también el capital obtenido a través de medios ilícitos, como el narcotráfico y la corrupción.

Durante esos años capos del tráfico de droga como Pablo Escobar usaron los beneficios de las Islas Caimán y otros territorios para esconder fortunas y propiedades. Por otra parte, varias de las dictaduras latinoamericanas también utilizaron estos mecanismos para esconder el enriquecimiento de sus líderes a través de la corrupción o incluso también de la droga, como ocurrió con el panameño Manuel Noriega.

Con el tiempo comunidad internacional aumentó su presión sobre los paraísos fiscales. En los últimos años las autoridades de las Islas Caimán y Bahamas han hecho esfuerzos para que sus estructuras de secreto no sean usadas como lavado de dinero del crimen organizado, pero no todos los territorios considerados paraísos fiscales han hecho lo mismo.

Esas redes opacas son utilizadas por una parte considerable de las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en esos lugares, de acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group de 2017. Según esta consultora, ese desvío de la riqueza privada es mayor en Latinoamérica que en Oriente Medio y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%). 

Los paraísos fiscales son el destino de una parte difícil de precisar del total de 335.000 millones de dólares objeto de evasión o elusión fiscal que hubo en la región en 2017, cifra que constituyó el 6,3% del PIB latinoamericano (4% dejado de ingresar en el impuesto de la renta de las personas físicas y 2,3% en el IVA), tal como se especifica en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 de la CEPAL. Esta comisión económica de la ONU para la región destaca que en promedio los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por concepto de impuesto de la renta.

La conexión con Londres

Ha habido diversas teorías sobre el papel jugado por Londres en relación a los paraísos fiscales. Esas teorías coinciden en presentar una conexión de intereses entre las sociedades opacas y la City de Londres, en una red de complicidad en la que incluso podrían haber participado el Banco de Inglaterra y el gobierno británico.

La más importante fue expresada por el autor británico Nicholas Shaxson en el libro Treasure Island. La tesis fue desarrollada más tarde por el documental Spiders Web, producido por la organización Tax Justice Network, cuyo fundador, John Christiansen, trabajó como asesor para el gobierno de Jersey, que es una jurisdicción especial.

La City de Londres cuenta con una administración separada, elegida por los todavía existentes gremios, los cuales representan a la clase comercial y bancaria de la ciudad. Esto permite que las operaciones financieras que se desarrollan en esa zona de la capital británica escapen parcialmente del control del Banco de Inglaterra y de las regulaciones gubernamentales. Una City atractiva para el capital extranjero y próspera beneficia grandemente a la economía británica, pues su actividad supone el 2,4% del PIB del país.

La soberanía británica sobre los territorios de ultramar que sirven de paraísos fiscales lleva en ocasiones a acusar a Reino Unido de complicidad con esas redes financieras. Downing Street responde que se trata de territorios que operan con una gran autonomía, por más que Londres ponga al gobernador, controle la política exterior y tenga poder de veto sobre las legislaciones que se aprueban en esos lugares.

Además, es cierto que el Gobierno británico ha apoyado en la última década una mayor coordinación internacional para incrementar el escrutinio sobre los paraísos fiscales, obligando a las autoridades de esos lugares a entregar relevante información fiscal, si bien la estructura de los fideicomisos sigue actuando contra la transparencia.

Corregir la situación

Los problemas de Latinoamérica con relación a la evasión fiscal pueden estar más relacionados con la propia fragilidad de sus propias instituciones fiscales que a la presencia de paraísos fiscales cercanos al continente americano. Al mismo tiempo, algunos paraísos fiscales se han beneficiado de la inestabilidad y la corrupción política en Latinoamérica.

Los efectos de la fuga de capitales nacionales hacia esos lugares de regímenes fiscales especiales son claramente negativos para los países de la región, pues les priva de mayor actividad económica y posibilidades recaudatorias, lastrando la capacidad del Estado para acometer una necesaria mejora de los servicios públicos.

Por ello es imperativo que se establezcan ciertas políticas de corrección. En el campo de las políticas nacionales se deberían crear mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscales. Al mismo tiempo, a nivel internacional se deberían configurar iniciativas diplomáticas para acabar con las estructuras de los fideicomisos. La OEA ofrece, en este sentido, un importante marco negociador no solo con ciertos territorios de ultramar, sino con sus propias metrópolis, pues estas, como es el caso del Reino Unido, son miembros observadores permanentes de la organización hemisférica.

La crítica a Maduro, la redimensión del abrazo chino y el mayor control migratorio marcan la sintonía con Washington tras diez años de FMLN

El sorprente uso del Ejército para presionar sobre la Asamblea Legislativa salvadoreña a comienzos de febrero, para la aprobación de una partida destinada a seguridad, ha generado alarma internacional sobre lo que puede deparar la presidencia de Nayib Bukele, que accedió al poder en junio de 2019. El haber estrechado en su primer medio año las relaciones con Estados Unidos, tras dos décadas de gobierno de la exguerrilla del FMLN, pudo haber hecho pensar a Bukele que su gesto autoritario sería disculpado desde Washington. La reacción unánime en la región le hizo corregir el tiro, al menos de momento.

▲ Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

ARTÍCULO / Jimena Villacorta

El Salvador y Estados Unidos tuvieron una estrecha relación durante el largo dominio político del partido de derecha ARENA, pero la llegada al poder en 2009 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) supuso un alineamiento de El Salvador con los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua y Cuba, fundamentalmente), que ocasionó alguna tirantez ocasional con Washington. Además, en 2018, en la recta final de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y se abrió la posibilidad de inversiones estratégicas de China que fueron vistas con recelo por Estados Unidos (sobre todo la opción de control del puerto pacífico de La Unión, por el riesgo a su uso militar en situación de crisis).

Nayib Bukele ganó las elecciones de comienzos de 2019 presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales, a pesar de que fue alcalde de San Salvador (2015-2018) liderando una coalición con el FMLN y de que para las presidenciales se quedó con las siglas GANA, creadas unos años antes como una escisión de ARENA. Su denuncia de la corrupción del sistema político, en cualquier caso, resultó creíble para la mayoría de un electorado ciertamente cansado con el tono bolivariano de los últimos gobiernos.

Durante su campaña electoral Bukele ya abogó por mejorar las relaciones con Estados Unidos, por ser un socio económicamente más interesante para El Salvador que las naciones del ALBA. «Toda ayuda que venga es bienvenida y mejor si es de Estados Unidos», dijo uno de sus asesores. Esos mensajes enseguida tuvieron acogida en Washington, y en el mes de julio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitó El Salvador: era la primera vez en diez años, justamente el tiempo de las dos presidencias consecutivas del FMLN, que el jefe de la diplomacia estadounidense acudía al país centroamericano. Ese viaje sirvió para acentuar la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y el problema de las pandillas, dos problemas compartidos. «Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13, que ha sembrado la destrucción en El Salvador y también en Estados Unidos, porque tenemos su presencia casi en cuarenta de los cincuenta estados de nuestro país», dijo Pompeo.

Acorde con el cambio de orientación que estaba dando, El Salvador pasó a alinearse en los foros regionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así, el 12 de septiembre la representación salvadoreña en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), después de años absteniéndose o votando a favor de resoluciones apoyando la Venezuela chavista. El 3 de diciembre Bukele anunció la expulsión de El Salvador de los diplomáticos del gobierno de Maduro, acción replicada de inmediato por Caracas.

En esos mismos meses El Salvador aceptó los términos del nuevo enfoque migratorio que la Administración Trump estaba perfilando. Durante el verano la Casa Blanca negoció con los países del Triángulo Norte centroamericano acuerdos asimilables al mecanismo de tercer país seguro, mediante los cuales Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaban tramitar como demandantes de asilo a quienes pasando por su territorio hubieran acabado en EEUU formalizando esa solicitud. Bukele se entrevistó en septiembre con Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmó el acuerdo, que fue presentado como un instrumento para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad entre fronteras, reducir el tráfico ilegal y la trata de personas. 

La firma del acuerdo resultó controvertida, pues desde muchas instancias se cuestiona las garantías de seguridad y protección de los derechos que puede ofrecer El Salvador, cuando es su falta la que impulsa la emigración de salvadoreños. Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante la ONU, censuró que Bukele estuviera concediendo mucho a Estados Unidos, sin apenas recibir nada a cambio.

Bukele, no obstante, pudo exhibir en octubre una contrapartida estadounidense: la extensión por un año, hasta enero de 2021, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de 250.000 salvadoreños y sus familias en EEUU. El total de salvadoreños que residen en ese país asciende al menos a unos 1,4 millones, la mayor cifra de migrantes latinoamericanos después de los mexicanos. Esto muestra la gran vinculación de la nación centroamericana, en la que viven 6,5 millones de personas, con la gran potencia del norte, que además es el destino del 80% de sus exportaciones y cuyo dólar es la moneda de uso en El Salvador.

El nuevo presidente salvadoreño pareció truncar esa sintonía con Washington en diciembre, cuando hizo un viaje oficial a Pekín y se entrevistó con el líder chino, Xi Jinping. EEUU había alertado del riesgo de que China aprovechara a nivel estratégico la puerta que se le abría en Centroamérica con el sucesivo establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del istmo americano, que hasta hace pocos años eran un reducto de apoyo a Taiwán. En concreto, la embajada estadounidense en El Salvador había sido especialmente activa en denunciar las supuestas gestiones del gobierno de Sánchez Cerén para conceder a China la gestión del Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, al que podría unirse una zona económica especial.

Sin embargo, lo que hizo Bukele en ese viaje fue redimensionar, al menos de momento, esa relación con China, limitando las expectativas y calmando las suspicacias estadounidenses. No solo la cuestión del puerto de La Unión parece aparcada, sino que además el presidente salvadoreño circunscribió la asistencia china al terreno de la ayuda al desarrollo a fondo perdido y no en el de la concesión de créditos que luego, en caso de impago, condicionan la soberanía nacional. Bukele precisó que la «gigantesca cooperación» que prometía China era «no reembolsable» y se refirió a proyectos típicos de la cooperación internacional, como la construcción de una biblioteca, un estadio deportivo y una planta depuradora para limpiar las aguas servidas que se vierten en el lago Ilopango, junto a la capital.

El puerto de Chancay, a cargo de la naviera estatal Cosco, entrará en funcionamiento en 2022

Los chinos lo pronuncian casi como Shanghái, pero no está en China sino en Perú. El puerto de Chancay, a 75 kilómetros de Lima, se va a convertir en el primer ‘hub’ logístico chino para la vertiente pacífica de Latinoamérica. Es el único puerto en la región de la naviera estatal Cosco, que en su día fijó en El Pireo su puerta de entrada en Europa y ahora prepara su acceso de mercancías a Sudamérica a través de Chancay. La infraestructura supone una inversión de 3.000 millones de dólares.

▲ Creación por ordenador de las instalaciones del nuevo puerto de Chancay, 75 kilómetros al norte de Lima [Volcan]

ARTÍCULO / Gabriela Pajuelo

El puerto de Chancay pretende erigirse en una de las principales conexiones de China con los países de la costa oeste de Sudamérica, sirviendo de puente para el creciente comercio de mercancías de esta región con Asia-Pacífico. A través de la sociedad Terminales Portuarios Chancay, la china Cosco Shipping Ports contempla una inversión inicial de 1.200 millones de dólares, destinados a la primera fase del proyecto –construcción de nuevos diques para ganar terreno al mar, logrando una mayor profundidad (16 metros) y superficie para operaciones (un millón de contenedores). La inversión total será de 3.000 millones de dólares; la entrada en funcionamiento se prevé para 2022.

China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos. En 2017 China fue el destino del 26% de las exportaciones peruanas (11.700 millones de dólares) y el origen del 23% de sus importaciones (8.750 millones). El interés chino se centra en los minerales, el mayor sector exportador peruano, y por tanto el puerto de Chancay se perfila como el principal punto de salida de esas materias primas hacia China. Los fletes de vuelta aportarán manufacturas chinas, no solo para Perú sino para países vecinos.

Ese interés de Pekín por las materias primas de Perú ya llevó a la firma en 2009 de un tratado de libre comercio entre los dos países, que fue optimizado el año pasado. Se trata de una relación que no se ha visto complicada por la concesión de elevados créditos que luego el país receptor tenga difícil devolver: Perú solo ha recibido créditos de las entidades crediticias públicas chinas por valor de 50 millones de dólares, en 2009, lo que le sitúa a la cola de receptores de préstamos chinos en Latinoamérica.

Cosco se hizo por 225 millones de dólares con el 60% de Terminales Portuarios Chancay en la primera mitad de 2019, compartiendo sociedad con la minera peruana Volcan, que posee el 40% restante. Se trata del primer puerto que la gran naviera estatal china controlará en su integridad en el Hemisferio Occidental, pues su presencia en el puerto de Seatle, en EEUU, se limita a la explotación de una terminal. Cosco cuenta con 34 terminales en todo el mundo, 11 de los cuales se encuentran fuera de China (en España tiene presencia en los puertos de Valencia y Bilbao). Otras compañías chinas disponen también de algún terminal en la región, como en las bocas del Canal de Panamá (China es el segundo usuario más importante de esa vía interoceánica, tras EEUU), o participan en obras de expansión portuaria, como en Itaquí (Brasil). Pekín también ha expresado interés en gestionar puertos completos –el es caso de La Unión, en El Salvador–, pero Chancay es la primera realización en ese sentido.

El nuevo puerto de Chancay, de casi 1.000 hectáreas de extensión, incluirá un complejo de ingreso, un túnel viaducto subterráneo y una zona operativa portuaria. Esta tendrá un terminal de contenedores con dos muelles, y un terminal de carga a granel, carga general y rodante con otros dos muelles. Según la compañía, el puerto alcanzará una capacidad de manejo de carga anual de un millón de TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, es decir, Unidad Equivalente a Veinte Pies). Cabe añadir que el complejo portuario contará con la capacidad de descarga de embarcaciones Triple E, consideradas los segundos barcos portacontenedores más grandes del mundo.

El multipuerto se encuentra ubicado a 75 km al norte de Lima y estará conectado con el centro del país, a través de una carretera hacia Oyón y Ambo, en los Andes peruanos. Esta infraestructura viaria, con una inversión pública es de 450 millones de dólares, supone un esfuerzo de descentralización por parte del gobierno peruano.

El puerto de Chancay podría plantear una seria competencia al Terminal Portuario del Callao, gestionado por DP World Callao (empresa subsidiaria de Dubai Ports World), APM Terminals y Transportadora Callao. Se trata del puerto de facto de Lima y es el principal puerto del país en cuanto a tráfico y capacidad de almacenaje, con un movimiento portuario en 2018 de 2,3 millones de TEU y 56 millones de toneladas, que representan el 51% del total nacional.

Terminales de Cosco Shipping Ports en el mundo [Cosco Group]

La ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara Risco, ha anunciado un plan para duplicar la capacidad de almacenaje del puerto del Callao, pero, se cuestiona si eso será suficiente para competir con el nuevo puerto de Chancay. El presidente, Martín Vizcarra, se muestra convencido de que ambas instalaciones puedan funcionar de manera complementaria, además de que la nueva infraestructura permitirá descongestionar el tráfico de camiones en el área de la capital.

La inversión china, en cualquier, ha dado pie para que en algunos medios se hable de la “diplomacia de chequera”, un concepto que se refiere a la utilización de inversiones o préstamos para establecer relaciones favorables con países que ocupen puestos estratégicos en regiones de interés geopolítico. Aunque una infraestructura como la de Chancay es altamente interesante para el país beneficiado, este puede verse obligado a devolver el favor de otras maneras, quizás permitiendo la explotación de recursos minerales. Al margen de eso están las disposiciones internas chinas, que obligan a sus empresas con terminales portuarias en el resto del mundo a acoger a la armada de guerra en caso necesario.

La creciente influencia china en el Hemisferio Occidental preocupa a EEUU. Su propio vicepresidente, Mike Pence, advirtió a los países latinoamericanos que esas inversiones representan una potencial amenaza, porque cuando menos establecen una excesiva dependencia de los lazos comerciales y crediticios con China, generando además un alto déficit comercial y una elevada deuda. También, según Pence, pueden afectar negativamente a asuntos como el cuidado del medio ambiente o el respeto de zonas protegidas. 

En términos más dramáticos se ha pronunciado el Pentágono. En febrero de 2019, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, alertó que en el futuro “China podría usar su control de puertos de aguas profundas en el Hemisferio Occidental para aumentar su posición operacional global”.

In its ten operational years the “Dome” has shown effectiveness, but a comprehensive political regional solution is needed

In 2011 Israel deployed its “Iron Dome” mobile defense system in response to the rocket attacks it suffered the previous years from Lebanon (Hezbollah) and Gaza (Hamas). The Israel Defense Force claims that the system has shown an 85% – 90% success rate. However, it offers mixed results when other considerations are taken into account. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

▲ How “Iron Dome” works; explanation on an image produced by Rafael Advanced Defense Systems

ARTICLE / Ann M. Callahan

The “Iron Dome” is a mobile defense system developed by Rafael Advanced Defense Systems and Israel Aerospace Industries developed, produced and fielded in 2011 to respond to the security threat posed by the bombings of rockets and projectiles shot into Israel, many of which landed in heavily populated areas.

Bombings into Israel intensified during the 2006 Second Lebanon War when Hezbollah​ fired approximately 4,000 rockets from bases in the south of Lebanon. From Gaza to the South, an estimated 8,000 projectiles were launched between 2000 and 2008, mostly by Hamas​​. To counter these threats, the Defense Ministry, in February 2007, decided on the development of the “Dome” to function as a mobile air defense system for Israel. After its period of development and testing, the system was declared operational and fielded in March 2011.

The system is the pivotal lower tier of a triad of systems in Israel’s air defense system.

The “David’s Sling” system covers the middle layer, while the “Arrow” missile system protects Israel from long-range projectiles.

The Iron Dome functions by detecting, analyzing and intercepting varieties of targets such as mortars, rockets, and artillery. It has all-weather capabilities and is able to function night or day and in all conditions, including fog, rain, dust storms and low clouds. It is able to launch a variety of interceptor missiles. 

Israel is protected by 10 “Iron Dome” batteries, functioning to protect the country’s infrastructure and citizens. Each battery is able to defend up to 60 square miles. They are strategically placed around Israel’s cities in order to intercept projectiles headed towards these populated areas. Implementing artificial intelligence technology, the “Dome” system is able to discriminate whether the incoming threats will land in a populated or in an uninhabited area, ignoring them in the latter case, consequently reducing the cost of operation and keeping unnecessary defensive launches to a minimum. However, if the “Dome” determines that the rocket is projected to land in an inhabited area, the interceptor is fired towards the rocket.

A radar steers the missile until the target is acquired with an infrared sensor. The interceptor must be quickly maneuverable because it must intercept rudimentary rockets that are little more than a pipe with fins welded onto it, which makes them liable to follow unpredictable courses. It can be assumed that the launchers of the rockets know as little as the Israelis as to where the rockets would end up landing.

Effectiveness

The IDF (Israel Defense Force) claims an 85% - 90% success rate for the “Iron Dome” in intercepting incoming projectiles. Operational in March 2011, to date the “Iron Dome” has successfully destroyed approximately 1,500 rockets. The destruction of these incoming rockets has saved Israeli lives offering physical protection and shielding property and other assets. In addition, for the Israelis it serves as a psychological safeguard and comfort for the Israeli people. 

Regarding the “Dome” as an asset for Israel’s National Security Strategy, while standing as an undeniable asset, has had mixed results regarding its four major pillars of Deterrence, Early, Active Defense and Decisive Victory as well as some unintended challenges. 

For instance, regarding the perspective of its psychological protection for the Israeli people, it is thought to also effect Israeli public in a negative manner. Regardless of the fact that it currently offers effective protection to the existing threats it could, in fact, help cause a long-term security issue for Israel. Its temporary mitigation of the menaces of the rocket attacks could distract Israelis in seeking out a comprehensive political regional solution; possibly a solution that could make systems like the “Iron Dome” unnecessary. 

In addition, while the “Dome” suffices for now, it cannot be expected to continue this way forever. Despite the system’s effectiveness, it is just a matter of time before the militants develop tactics or acquire the technology to overcome it. The time needed in order to accomplish this can be predicted to be significantly reduced taking into account the strong support from the militant’s allies and the considerable funding they receive.  

Still a comprehensive diplomatic solution is needed

Today, the world’s militaries of both state and non-state actors are engaged in a technological arms race. As is clearly known, Israel’s technological dominance is indisputable. Nevertheless, it, by no means, stands as a guarantee as destructive technology becomes more accessible and less expensive. As new technologies become more available they are subject to replication, imitation and increased affordability. As technologies develop and are implemented in operations, counter techniques can shift and new tactics can be developed, which is what the militias are only bound to do. Moreover, with the heavy funding available to the militias from their wealthy allies, acquiring more advanced technologies becomes more probable. This is a significant disadvantage for Israel. In order to preserve their upper hand, constant innovation and adaptation is a necessity. 

The confusion between the short-term military advantage the technology of the “Dome” offers and the long-term necessity for a comprehensive and original political, diplomatic solution is seen as a risk for Israel. Indeed, Amir Peretz, a minister in Israel’s cabinet, told the Washington​ Post in 2014 that the “Iron Dome” stands as nothing more than a “stopgap measure” and that “in the end, the only thing that will bring true quite is a diplomatic solution.”

Despite these drawbacks, however, in all the positive aspects that the system offers clearly outweighs the negative. The “Iron Dome” stands undeniably as a critical and outstanding military asset to Israel's National Security, even while Israel works to address and mitigate some of the unforeseen challenges related to the system.

La isla afronta la crisis económica más grave de los últimos veinte años: el colapso de Venezuela y la presión de Trump ponen en evidencia el inmovilismo de La Habana

El fin de la URSS, gran subvencionadora del régimen castrista, no llevó a La Habana a la apertura económica y política que se dio en la mayor parte del antiguo bloque comunista. Tras un tiempo de grave penuria en la década de 1990, conocido como “periodo especial en tiempos de paz”, Cuba logró otro salvador en Venezuela, evitando así las necesarias reformas. Hoy el colapso venezolano y la presión que está ejerciendo Washington vuelven a poner en evidencia la escasa voluntad de cambio de La Habana, que se enfrenta a otro “periodo especial”, menos intenso, pero igualmente doloroso para el pueblo cubano.

▲ Calle del centro histórico de La Habana [Pixabay]

ARTÍCULO / Patricia Urdánoz

La economía de Cuba podría haber cerrado 2019 con un crecimiento de apenas un 0,5% del PIB y podría repetir ese mismo pobre comportamiento en 2020, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Se trata de cifras que ponen a la isla al borde de la recesión, dado que cabría que se registrara algún trimestre negativo. Aunque el Gobierno cubano sitúa su objetivo económico para este año en el 1%, su apuesta del 1,5% para 2019 puede haber quedado desmentida hasta en un punto porcentual (las organizaciones internacionales, en cualquier caso, no pueden auditar las cuentas de Cuba); además, los elementos que contribuyen a la marcha económica han empeorado.

Las crecientes dificultades económicas han generado miedo en los cubanos sobre un regreso al “periodo especial”, como se conoce la década de 1990 cuando la disolución de la URSS dejó a la isla sin la masiva ayuda que le prestaba Moscú. Ese momento de especiales penurias quedó superado con la ayuda que a partir de 2002 comenzó a llegar desde la Venezuela de Hugo Chávez. El colapso venezolano fue lo que incentivó a Raúl Castro a buscar una salvación mediante el acercamiento a la Administración Obama, pero las nuevas medidas restrictivas de la Administración Trump han dejado a La Habana sin perspectivas.

Los cubanos han comenzado a padecer el desabastecimiento de productos básicos como medicinas y alimentos, y largas e interminables colas vuelven a aparecer en la capital cubana. La economía se encuentra estancada desde 2014: aunque al año siguiente hubo un claro repunte, en 2016 se produjo una contracción, que el Gobierno fijó en un 0,9% del PIB, lo que suponía haber caído en recesión por primera vez desde el “periodo especial”, veinte años atrás.

Aunque es improbable que Cuba vaya a alcanzar las dramáticas cifras de buena parte de la década de 1990, cuando la economía isleña se contrajo aproximadamente en un 35%, algunas estimaciones, recogidas por el Wall Street Journal, consideran que si Venezuela cancelara completamente su ayuda podría darse una contracción del 8% o del 10%.

Antes del “periodo especial” la isla dependía de la Unión Soviética en un 82%. La dependencia de Venezuela es comparativamente menor y además se está reduciendo debido a la grave crisis que padece ese país. La ayuda venezolana, básicamente mediante el envío de petróleo a cambio de la asistencia de médicos, entrenadores deportivos y otro personal, por la que Caracas además paga, suponía el 22% del PIB de Cuba en 2013; en 2017 había caído al 8,5%.

Las perspectivas económicas, en cualquier caso, no son buenas y para este 2020 cabe esperar un empeoramiento en varias áreas, lo que cuando menos prolongará el estancamiento.

Petróleo venezolano, ahora en manos rusas

Si bien la ayuda venezolana ha ido decreciendo, las aportaciones de Caracas continúan siendo importantes, por eso cualquier nueva erosión de esas ayudas tendría su efecto en la economía cubana. Los 100.000 barriles diarios de petróleo que Venezuela estuvo enviando a Cuba durante muchos años se vieron reducidos últimamente a unos 60.000. No es de esperar una mayor reducción, pero el control de la producción de PDVSA que está adquiriendo Rusia le deja al régimen de Nicolás Maduro menos margen de control político sobre el petróleo.

Menos médicos en el exterior

La descontrolada inflación que padece Venezuela podría obligar a reducir el pago que este país aporta por los servicios que en suelo venezolano presta personal cubano. Carmelo Mesa-Lago, economista especializado en Cuba, apunta que Venezuela, que adquiere el 75% de ese servicio profesional cubano en el exterior (una importante vía de acceso a moneda fuerte), ya ha reducido sus compras en un 23% entre 2014 y 2017 y podría verse obligada a un mayor recorte. La Habana, por otra parte, dejó de hacer caja en 2019 con los médicos que tenía destinados en Brasil y lo mismo ocurrirá en 2020 con los que había en Bolivia, después de que cambios políticos en esos países obligara a su regreso a la isla.

Por debajo de la meta de 5 millones de turistas

Las expectativas abiertas en materia de turismo con el incremento de viajes desde EEUU debido a las facilidades que estuvo dando el presidente Obama se han visto frustradas por las restricciones nuevamente impuestas por su sucesor. En 2018 se produjo un descenso del número de turistas, que fue de 4,7 millones, y cifra que en 2019 bajó un 10%, hasta los 4,3 millones. Aunque el Gobierno dice esperar un incremento en 2020, ha dejado de ponerse como meta alcanzar los 5 millones de turistas. A la limitación ya impuesta por Trump en 2018 al viaje de cruceros con base en EEUU, sigue la anunciada recientemente sobre vuelos directos, lo que podría afectar a los ingresos que deje el turismo (quien llega en avión suele gastar más durante su estancia).

Exportaciones moderadas

Los ingresos por exportaciones podrían mejorar, pero ni producción ni precio parece que vayan a experimentar un significativo aumento. La producción de níquel ha estado más bien estancada y la de azúcar se está recuperando de su momento más bajo de la historia registrado en 2017-2018.

Las remesas seguirán fluyendo

Las medidas restrictivas impuestas por la Administración Trump sobre las remesas que llegan a Cuba desde EEUU, que son la mayoría, no parece que vayan a afectar a su monto, pues el límite establecido queda por encima de la cuantía la mayor parte de los envíos. Como indica un estudio de The Havana Consulting Group, el promedio de envío actual está entre los 180 y 220 dólares por transacción, y como el 95% de los cubanos que envían remesas a sus familiares en la isla lo hace una vez al mes no se le llega al tope de 1.000 dólares trimestrales impuesto por Washington y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Además, el estudio precisa que el 45% de las remesas a Cuba llegan por vías informales. En 2018, Cuba recibió 3.691 millones de dólares, cifra que prácticamente se dobla si se tienen en cuenta las remesas no dinerarias.

Inversión extranjera insuficiente

Las remesas debieran jugar un importante papel en la potenciación de la economía nacional, y de hecho desde la apertura económica de 2010 funcionaron como una fuente de ingresos similar a la inversión extranjera, pues estuvieron detrás de la puesta en marcha de muchos negocios “cuentapropistas”. Esos negocios por cuenta propia alcanzaron en 2016 los 535.000 trabajadores, según las estadísticas oficiales, pero el estancamiento en el crecimiento del turismo está poniendo en dificultades esa actividad privada. El estudio de The Havana Consulting Group concluye que “a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, el gobierno cubano no aprovecha el potencial de las remesas como una vía para atraer capital de inversión al país”. La inversión extranjera directa, en cualquier caso, ha ido aumentando, pero la lentitud en hacer atractiva la zona especial del puerto de Mariel y las dificultades añadidas desde EEUU con la puesta en vigor en 2019 del título cuarto de la Ley Helms-Burton, que anima la presentación de demandas por los bienes expropiados durante la revolución cubana, amortigua el atractivo inversor de la isla.

DESCENTRALIZACIÓN, PERO APERTURA TÍMIDA

El problema de la ineficiencia de la economía cubana viene provocado en gran medida por su modelo de centralización, que crea escasez para los consumidores y gran incertidumbre para los negocios. Junto con otros lastres que acarrea el país desde sus inicios como corrupción, ilegalidades, poco nivel de ahorro, endeudamiento y los insuficientes ingresos por exportación. La deuda externa de Cuba entre los años 1958 y 2017 se multiplicó por 190. Y existe una difícil coyuntura para la emergencia del sector privado.

La isla necesita nuevas reformas económicas estructurales por parte del gobierno, también sería interesante seguir las estrategias económicas de países como Vietnam y China, que han sabido cómo abrirse al mercado internacional partiendo de un gobierno comunista. Por su parte, por sus propios intereses geopolíticos, Washington debería cuidar de que sus medidas de presión no lancen a la isla en brazos de China y Rusia.

El sucesor de Raúl Castro como presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro designado por este, Manuel Marrero, han anunciado para este año el comienzo de un proceso de descentralización económica que dará mayor autonomía a las empresas estatales. Está por ver que realmente se avance en esa línea y que eso aumente la eficiencia de la economía cubana, pues las reformas prometidas por Castro han supuesto una apertura muy tímida, no especialmente transformadora.

Cada vez más alejada de la Alianza, Turquía está creando incomodidad en sus socios occidentales, pero difícilmente será invitada a marcharse

Su estrategia en el conflicto sirio, su acercamiento a Rusia con la adquisición del sistema antiaéreo S-400 y su deseo de proyección en el Mediterráneo oriental, donde está lesionando intereses de Grecia, han llevado en los últimos pocos años a Ankara a una continua fricción con la OTAN. Pero la Alianza no está en condiciones de prescindir de Turquía. No es solamente su valiosa situación geográfica como puente entre Oriente y Occidente, sino que sin Turquía la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar contra el terrorismo o controlar los movimientos de refugiados y vería mermadas sus capacidades militares de defensa como alianza.

▲ Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

ARTÍCULO / Ángel Martos

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y la República de Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Y es que la política exterior de Ankara se ha prestado a un continuo vaivén dada la inestabilidad de sus gobiernos desde que el Padre de la Patria, Mustafá Kemal Ataturk, falleciera. La república kemalista proyectaba una imagen de Asia Menor muy distinta a la que conocemos hoy en día: el laicismo y la occidentalización que caracterizaron su legado se ha visto reemplazado por un autoritarismo de tinte islámico moderado (según el propio Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República y líder de la formación AKP).

Esta profunda evolución se ha dejado ver en el ámbito de las relaciones internacionales, como es lógico. La doctrina del neo-otomanismo ha ganado terreno entre los artífices de su política exterior. Turquía busca ahora explotar al máximo su posición como puente entre la civilización occidental y la oriental, a la vez que gana influencia entre sus Estados adyacentes y se perfila como el estabilizador de Oriente Medio.

En este escenario, el principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Anatolia con la Federación Rusa, el archienemigo de la OTAN. Esta mejora no se entiende sin recordar una serie de eventos que han llevado a Turquía a distanciarse del continente europeo: la tibia reacción de los gobiernos occidentales ante el golpe de estado de 2016; las reticencias mostradas ante las continuas solicitudes de extradición de los seguidores de Fetulah Gülen refugiados en la UE y EEUU; la negativa de Grecia a extraditar a los militares refugiados tras el golpe de estado; las continuas condenas de la Comisión Europea hacia la política interna de Turquía, y, sobre todo, el sueño truncado de la adhesión de Turquía a la Unión. Es por esto que Turquía ha decidido redefinir su diplomacia atendiendo a sus propios intereses únicamente, basculando entre la ayuda de Rusia y la de la OTAN. La adquisición del sistema antiaéreo ruso S-400 o sus recientes operaciones en el Noreste sirio son ejemplo de ello.

La compra del mencionado sistema de misiles antiaéreos de largo alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. La urgente necesidad de Turquía de disponer de ellos es evidente, ya que se enfrenta a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-400, tras varios años de negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del sistema norteamericano Patriot, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de quinta generación F-35. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta problemático. Lo que preocupa a la Alianza es el acceso que el Kremlin pueda tener a información de la organización a través de su tecnología de radar.

El otro acontecimiento que nos lleva a cuestionarnos el futuro de las relaciones de Ankara con la OTAN fue la reciente operación militar turca en el norte sirio. El ejército turco lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas (YPG, a las que considera terroristas) en el norte de Siria. El trato al pueblo kurdo es el gran punto de disensión entre EEUU y Turquía, ya que se trata de aliados incondicionales de la superpotencia, pero a la vez una amenaza política y de seguridad para la estabilidad de Anatolia.

Ankara había estado presionando a Estados Unidos para establecer una "zona de seguridad" que penetrara en el territorio sirio y había amenazado repetidamente con lanzar una acción militar unilateral si Washington le seguía parando los pies. A principios de octubre, Estados Unidos dio vía libre a la operación al ordenar la retirada de la zona fronteriza a los militares que tenía desplegados en Siria. La Administración Trump abandonó, por tanto, a su suerte a los kurdos con los que combatía al Estado Islámico, dando cancha a Turquía para un mayor control de su frontera con Siria.

El siguiente aspecto que es imprescindible mencionar a la hora de describir las complejas relaciones entre Ankara y la OTAN es la pugna geopolítica constante entre Grecia y Turquía. Si bien ambos son miembros de la OTAN desde la década de 1950, las relaciones entre estos dos países del Mediterráneo oriental siempre se han caracterizado por la permanente tensión que se percibe en ellas, y que por tanto tiene algunas consecuencias en la cooperación militar supranacional. Cabe mencionar aquí los tres principales contenciosos que han dado forma, desde finales del siglo XIX, a este enfrentamiento bilateral: la soberanía del archipiélago del Dodecaneso, la del actual Chipre, y la pugna marítima por la plataforma del mar Egeo. Tal fue la magnitud del litigio que el gobierno griego llegó incluso a decretar su salida de la OTAN en 1974, aunque más tarde se reincorporara.

Si bien este conflicto greco-turco estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XX, son muchos los aspectos étnicos e históricos los que hacen parecer a estos dos países irreconciliables, salvo en excepciones históricamente puntuales. Esto hace que el flanco oriental del Mediterráneo, dada su proximidad a un área tan inestable como Oriente Medio, haya sido un foco constante de preocupaciones para los dirigentes de la OTAN. Si bien Grecia ha logrado, tras su transición a la democracia, perfilarse como un aliado estable de la Alianza, Turquía no ha seguido el mismo camino. Ello juega sin duda en su contra tanto en la política doméstica como en sus aspiraciones de soberanía marítima.

Históricamente, es conveniente destacar el creciente papel de Turquía como mediador interregional entre Oriente Medio y Occidente. Quizá respondiendo a una estrategia diseñada por Ahmet Davutoglu, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores ya con el gobierno del AKP, Turquía quiso marcar distancias con los EEUU de Bush hijo. Su negativa a colaborar en la invasión de Irak en 2003 le granjeó ciertas simpatías en la región, que ha sabido utilizar en países tan diversos como Irak, Israel o Irán. Sin embargo, a lo largo de los años el gobierno islamista se ha pronunciado varias veces en contra del sionismo y la amenaza que este supone para la estabilidad de la región.

Su distanciamiento con la Unión Europea y su acercamiento en materia económica a Rusia también ha marcado la imagen de la administración turca en la Alianza. Las relaciones con Rusia, a pesar de haber estado marcadas por contenciosos políticos tales como los de la autodeterminación kurda y chechena (apoyada antagónicamente por ambos países), se mantienen a flote gracias al comercio de hidrocarburos. El panorama entonces resulta más favorable al eje ruso que al americano-israelí en la región. Esto, lógicamente, mina la confianza de la OTAN en este país “bisagra”, que ya no se muestra interesado en actuar como tal sino como una potencia independiente y soberana que persigue sus propios intereses, buscando apoyos de la Alianza o del Este según le convenga.

Este alejamiento de la hoja de ruta de la OTAN por parte del Gobierno turco, sumado a un acercamiento en ciertos aspectos al Kremlin y la deriva autoritaria de la Presidencia del país es lo que hace que analistas y líderes internacionales hayan abierto el debate sobre una posible expulsión de la República de Asia Menor de la Alianza. Sin embargo, es poco probable que los aliados decidan prescindir de la importancia estratégica de Turquía. Su situación geográfica la convierte en un país puente entre Oriente y Occidente. Sin Turquía, la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo o al control de los movimientos de refugiados. Además, Turquía tiene el segundo mayor ejército de todos los Estados de la OTAN: una exclusión afectaría gravemente sus capacidades militares de defensa como alianza. Por otro lado, las representaciones de Turquía en la OTAN, si bien se han mostrado críticas con la misma como también lo ha hecho la Administración Trump en repetidas ocasiones, no ha manifestado un claro deseo de abandonarla unilateralmente.

La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULO / Alexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra ­–los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y  el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.

El Congreso brasileño aprueba ratificar el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado por Trump y Bolsonaro

Con la reactivación de su centro de lanzamientos de Alcántara, el mejor ubicado del mundo debido a su proximidad al Ecuador, la industria espacial brasileña espera alcanzar un volumen de negocios de 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2040, con el control al menos del 1% del sector mundial, especialmente en el área de lanzamientos espaciales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aceptado garantizar a EEUU la confidencialidad tecnológica, llegando a un acuerdo que Washington ya había intentado sin éxito antes de la llegada del Partido de los Trabajadores al poder.        

▲ Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

ARTÍCULO / Alejandro J. Alfonso [Versión en inglés]

Brasil quiere contar en la nueva era espacial, en la que la iniciativa privada, especialmente la estadounidense, va a tener un gran protagonismo, junto al ya tradicional de las agencias nacionales de las principales potencias. Con el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado el pasado mes de marzo por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la estratégica base de Alcántara podrán lanzarse cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense.

La garantía de confidencialidad tecnológica –el acceso a ciertos lugares de la base solo estará autorizado a personal de EEUU, si bien la jurisdicción seguirá siendo de la Fuerza Aérea de Brasil– permitirá que Alcántara no deba negociar contratos solo con el 20% del mercado mundial, como hasta ahora, algo que lastraba la viabilidad económica de la base. No obstante, el acuerdo también tiene un aspecto limitador, pues solo autoriza a Brasil a lanzar aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tangan partes tecnológicas desarrolladas por EEUU.

El nuevo contexto político de Brasil hizo que el acuerdo fuera ratificado sin problemas el 22 de octubre por la Cámara de Diputados y el 12 de noviembre por el Senado, una situación bien diferente a la vivida en 2000, cuando el Congreso bloqueó un acuerdo similar que impulsaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. La llegada después del Partido de los Trabajadores al poder, con las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, enfrió las relaciones entre los dos países y Washington dejó momentáneamente de lado su interés por Alcántara.

Las aspiraciones espaciales de Brasil vienen de lejos; su industria aeroespacial es la mayor de Latinoamérica. En la década de 1960 desarrolló una primera base de lanzamientos, Barrera del Infierno, cerca de Natal. En 1994 la matriz militar de la investigación se transformó en la civil Agencia Espacial Brasileña (AEB). Además del desarrollo de satélites, en 2004 la AEB lanzó su primer cohete. En 2006 un astronauta brasileño se incorporó a la Estación Espacial Internacional, de la que Brasil es socio.

El centro de lanzamiento de Alcántara está situado en Maranhão, un estado en el noreste de Brasil. Alcántara es una pequeña ciudad colonial que se encuentra a 100 kilómetros São Luís la capital del estado. La localidad cuenta con 22.000 habitantes y tiene acceso al mar. El centro de lanzamiento fue construido durante la década de 1980 y tiene un recinto de 620 kilómetros cuadrados. Además, la base de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que lo convierte en un lugar ideal para lanzar satélites en órbita geoestacionaria. Las condiciones geográficas únicas del sitio de lanzamiento atraen a las empresas interesadas en lanzar satélites pequeños o medianos, generalmente utilizados para satélites de comunicaciones o vigilancia. Desafortunadamente, la institución sufrió una mala reputación cuando las operaciones se detuvieron brevemente debido a un lanzamiento fallido en 2003, lo que resultó en la muerte de 21 técnicos y la destrucción de algunas de las instalaciones. En 2002 la Agencia

Estados Unidos está interesado en Alcántara debido a su ubicación estratégica. Como se mencionó anteriormente, el sitio de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que permite a los cohetes estadounidenses ahorrar hasta un 30% en el consumo de combustible en comparación con los lanzamientos desde Cabo Cañaveral, Florida. Asimismo, debido a su proximidad al Ecuador, la resistencia para alcanzar la órbita es menor que Cabo Cañaveral, lo que significa que las empresas pueden aumentar el peso del cohete o de la carga que transporta sin agregar combustible adicional. Por lo tanto, esta ubicación ofrece a las compañías estadounidenses las mismas ventajas que disfrutan sus contrapartes europeas que utilizan un sitio de lanzamiento en la Guayana Francesa, ubicada cerca, al norte del Ecuador. El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas firmado entre los presidentes Bolsonaro y Trump en marzo tiene por objeto atraer a estas empresas estadounidenses al garantizarles que las empresas estadounidenses que si utilizan las instalaciones de Alcántara tendrán la protección y las salvaguardas necesarias para que su tecnología no sea robada o copiada por operarios o ingenieros brasileños.

El gobierno brasileño está claramente interesado en que los estadounidenses utilicen el centro de Alcántara. La industria espacial mundial tiene un valor aproximado de 300.000 millones de dólares, y Brasil, que todavía tiene una agencia espacial en desarrollo, podría utilizar los fondos obtenidos del arrendamiento del sitio de lanzamiento para desarrollar aún más sus capacidades espaciales. La Agencia Espacial Brasileña ha estado infrafinanciada durante muchos años, por lo que ingresos adicionales le resultan especialmente convenientes. Además, los funcionarios brasileños han especulado que la inversión en el sitio de lanzamiento traerá consigo más inversiones en la región de Alcántara en general, mejorando la calidad de vida del área. Por ejemplo, la base de Kourou, en la Guayana Francesa, genera el 15% del PIB de ese territorio ultramarino francés, dando empleo directo o indirecto a 9.000 personas. En conclusión, el gobierno de Bolsonaro espera que con este acuerdo se profundice la relación con EEUU, y que además aporte medios monetarios para invertir en el sitio de lanzamiento y sus alrededores, e invertir en la Agencia Espacial Brasileña.

Sin embargo, este acuerdo también ha recibido críticas. En 2000, el gobierno del presidente Cardoso intentó firmar un acuerdo similar con la administración de George W. Bush que finalmente fue bloqueado por el congreso brasileño por temor a que Brasil cediera su soberanía a EEUU. Estos mismos miedos todavía están presentes hoy. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Samuel Pinheiro Guimarães Nieto declaró que EEUU está buscando establecer una base militar en Brasil, lesionando así la soberanía del pueblo brasileño. Las críticas también se dirigen a la redacción del acuerdo en sí, que señala que el dinero que el gobierno brasileño gane del uso estadounidense del centro de lanzamiento no puede invertirse en cohetes de desarrollo exclusivamente brasileño, sino bien puede invertirse en otras áreas relacionadas con la Agencia Espacial Brasileña.

Además de los argumentos sobre la integridad de la soberanía brasileña, también se defiende a los quilombolas, descendientes de esclavos brasileños que escaparon de sus amos, que fueron desplazados de sus tierras costeras cuando se construyó la base. Actualmente, el gobierno propone aumentar el tamaño del sitio de lanzamiento de Alcántara en 12.000 hectáreas, y las comunidades de Quilombo temen que una vez más se vean obligadas a mudarse, causándoles un mayor empobrecimiento. Esto ha sido objeto de debate tanto en el Congreso brasileño como en el Congreso estadounidense, con representantes de la Cámara demócrata que presentaron una resolución pidiendo al gobierno de Bolsonaro que respete los derechos de los quilombolas.

El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas es un acuerdo principalmente comercial con el fin de atraer a más empresas estadounidenses a Brasil para el centro de Alcántara, lo que les ahorraría dinero a estas empresas debido a la ubicación ideal del lugar de lanzamiento, al tiempo que tendrían oportunidad de invertir en el programa espacial brasileño. Sin embargo, debido a las controversias mencionadas anteriormente, algunos pueden considerar esto como un acuerdo unilateral donde solo prevalecen los intereses estadounidenses, mientras que el gobierno y el pueblo brasileños pierden la soberanía sobre un lugar estratégico. No obstante, debe advertirse que Brasil ha desarrollado tradicionalmente una importante industria aeronáutica (Embraer, recientemente comprada por Boeing, es un excelente ejemplo) y la base de Alcántara brinda la oportunidad a Brasil de saltar a la nueva era espacial.