▲Arte callejero en la ciudad de Medellín

ANÁLISIS / María Gabriela Fajardo

Colombia vivió el 11 de marzo las primeras elecciones celebradas tras la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Combia (FARC). Estas elecciones al Congreso bicameral del país –se elegían los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes– eran la primera ocasión en que los distintos sectores ideológicos podían medir sus fuerzas sin la distorsión de una lucha armada en partes significativas del territorio. Tradicionalmente se ha aludido al rechazo social hacia la campaña guerrillera como explicación de porqué la izquierda en Colombia ha contado de manera habitual con poco apoyo popular. La llegada de la paz, ¿ha cambiado la correlación de las fuerzas políticas? ¿ha supuesto una mejora de los resultados electorales de la izquierda?

Para responder a estas preguntas vamos a examinar los resultados que obtuvieron las distintas opciones políticas, agrupadas en tramos del espectro ideológico (derecha, centro derecha, centro-izquierda e izquierda), en las elecciones al Congreso celebradas desde comienzos de este siglo. El examen de la composición política del Congreso en la última década y media dará perspectiva a los resultados de las legislativas del pasado 11 de marzo. Estas elecciones suponían la integración de las FARC en el sistema colombiano de partidos políticos, con nombre distinto –Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–, pero con las mismas siglas.

En el periodo 2002-2018 también hubo, además de las cinco elecciones al Congreso, otras tantas elecciones presidenciales. Estas últimas se mencionan en el análisis porque ayudan a precisar los contextos, pero no se incluyen en el trabajo comparativo, dado que las presidenciales se rigen por dinámicas más personalistas y en ellas se producen complejos trasvases de votos debido al proceso de doble vuelta. Las elecciones del 11 de marzo, no obstante, aportan consideraciones de cara a las presidenciales del próximo de 27 de mayo.

Senado

El escándalo por la Parapolítica desvirtuó la acogida de los resultados de las elecciones legislativas de 2002, luego de que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara que el 35% del Congreso elegido era "amigo" de su organización. La derecha, representada por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, logró el 41,1% de las curules del Senado. En esa cifra no se incluyen los escaños conseguidos por otros grupos políticos menores, entre ellos Colombia Siempre, cuyo cabeza de lista era el actual candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras. La izquierda, por su parte, concurrió bastante fraccionada, en grupos como Vía Alterna y Movimiento Popular Unido, y obtuvo el 14% de los asientos del Senado. El centro-izquierda se hizo con el 12,9% y el centro-derecha con el 7%.

En las presidenciales de 2002, celebradas pocos meses después de las legislativas, Álvaro Uribe llegó a jefe de Estado, con el voto del 53,1% de los electores. Uribe se presentó como candidato independiente, tras separarse del Partido Liberal, y tuvo el apoyo de gran parte de la derecha y el centro-derecha, incluyendo Cambio Radical, Somos Colombia y el Partido Conservador, que entonces no participó en la contienda presidencial.

Es así como en las legislativas de 2006 tuvo un gran protagonismo un nuevo partido, el Partido Social de Unidad Nacional (mejor conocido como Partido de la U), creado por Álvaro Uribe. El Partido de la U ganó las elecciones, logrando el 20% de las curules: por primera vez ninguno de los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) había resultado vencedor. El nuevo partido llegaba para quedarse, de forma que la derecha pasaba a estar representada por tres partidos (de la U, Liberal y Conservador), sumando el 61% de los senadores. La izquierda, aunque aumentó hasta el 19% de los puestos del Senado, quedó fraccionada en varios partidos políticos sin peso y sin posibilidad de proponer drásticos cambios legislativos. El centro-derecha representado por Cambio Radical quedó en el cuarto puesto, con un 15% de curules, mientras que el centro-izquierda no obtuvo ninguno.

En 2010 la derecha alcanzó su punto más alto, con el 66,7% de los puestos del Senado, cifra que incluye a los tres partidos de derecha mencionados anteriormente y al MIRA, un grupo con menor presencia. Eran momentos de dominio político del Uribismo. En los meses electorales de 2010, el presidente Uribe estuvo expresando su respaldo a Juan Manuel Santos como candidato presidencial. Se pensaba que este continuaría las mismas políticas de Uribe de confrontación de las guerrillas y organización de la Fuerza Pública. Sin embargo, tras llegar al poder, Santos sorprendió desmarcándose de Uribe y abriendo negociaciones con las FARC en 2012, lo que llevó a la ruptura de la relación entre ambos políticos (El periodico, 2017). La fuerza demostrada por la derecha en las legislativas de 2010 estuvo acompañada de una gran debilidad de la izquierda, que obtuvo solo el 7,7% de los puestos del Senado y se convertiría en el aliado perfecto del presidente Santos para llevar a cabo su agenda y su viaje hacia el centro político. El centro-izquierda tuvo una representación del 13,3%, gracias al empuje del nuevo partido Alianza Verde, y el centro-derecha se quedó en el 7,9%.

Las legislativas de 2014 significaron la consolidación de un nuevo partido de derecha, el Centro Democrático, creado por Uribe tras su separación del Partido de la U, que había quedado en manos de Santos, quien ese año obtendría la reelección como presidente colombiano. El Centro Democrático quedó en segundo lugar en las elecciones al Senado, con solo un senador menos que el Partido de la U (Sanchez, 2018). En 2014, la derecha pasó a controlar el 48,1% del Senado, de acuerdo con el realineamiento ideológico del sistema de partidos. Así, varios expertos pasaron a clasificar al Partido de la U como de centro-derecha, etiqueta que también comenzaron a otorgar al Partido Liberal, en un espacio político compartido con Cambio Radical; estos tres partidos formaron la “Unidad Nacional” (Castillo, 2018). Con ello, el centro-derecha sumó el 19,6% de las curules, mientras que el centro-izquierda obtuvo el 9,8%, por los votos logrados por el Partido Verde y los Progresistas, liderados estos últimos por Gustavo Petro, actual candidato presidencial. La izquierda solo llegó al 4,9%, representada por las minorías del Polo Democrático, la Unión Patriótica, Marcha Patriótica y los grupos que procedían de las guerrillas desmovilizadas.

En las legislativas del pasado 11 de marzo, hubo un refuerzo de las posiciones de derecha, a las que volvieron algunos partidos que en anteriores comicios se habían deslizado hacia el centro-derecha al defender la negociación con las FARC y que ahora querían contrarrestar el temor de parte de la población a un auge de la izquierda radical, en un proceso electoral muy polarizado. Así, la derecha subió al 55,2% de los senadores, encabezados por los del Centro Democrático, mientras que el centro-drecha decendió al 15,9%. La izquierda moderada y radical aumentaron su presencia: el centro-izquierda ascendió al 11,5% y la izquierda al 9%. En este último porcentaje no se incluyen las cinco curules garantizadas a las FARC, que a pesar de no conseguir ganar electoralmente ningún senador, contarán con esos cinco puestos asegurados por los Acuerdos de Paz.

Cámara de Representantes

Los resultados en el periodo 2002-2018 de las elecciones para la Cámara de Representantes, celebradas de manera simultánea con las del Senado, no se alejan mucho de lo comentado en el epígrafe anterior; no obstante, presentan algunas variaciones que deben ser consideradas.

La institución se vio bastante afectada por escándalos de parapolítica, factor que influyó en la polarizaron política del país, lo que se reflejaría en las elecciones a lo largo de todo este período. En 2002, la derecha se hizo con el 47% de los puestos en la Cámara, siendo el Partido Liberal el de mayor representación; la izquierda obtuvo el 27,1%. A partir de entonces, el centro-derecha, que en 2002 obtuvo el 4,2% de los representantes (el centro-izquierda se hizo con el 1,8%) empezó a tomar cierta configuración, al desdibujarse los contornos de los dos partidos tradicionales –Conservador y Liberal– con la división en facciones, de la que surgirían nuevos partidos; esto terminó con el bipartidismo vivido en Colombia a lo largo del siglo XX: el Conservador gobernó durante 48 años y el Liberal durante 13.

La aparición del Partido de la U de la mano de Álvaro Uribe y la amplia aceptación de su figura política (Uribe llegó a la presidencia en 2002 y fue reelegido en 2006), llevaron a que por primera vez un partido diferente de los dos tradicionales quedara en segundo lugar en las legislativas de 2006, en las que el Partido de la U logró el 16,7% de los asientos de la Cámara, elevando la representación de la derecha al 54,2%. Por su parte, la izquierda bajó su representación a un 16,7% y entró en un periodo de especial debilidad política (estas elecciones tampoco fueron buenas para el centro-izquierda, que no obtuvo representación). En un momento de éxitos del presidente Uribe contra los guerrilleros, con medidas apoyadas por gran parte de la población, aunque no exentas de controversia, los partidos de izquierda se veían lastrados por compartir ciertos presupuestos ideológicos con la guerrilla, como indica el politólogo de la Universidad de los Andres Andrés Dávila.

Esta dinámica supuso en las legislagivas de 2010 un incremento aún mayor de la derecha y un nuevo descenso de la izquierda en la Cámara de Representates, en paralelo con lo que ocurrió en el Senado, en un año en que el candidato promovido por Uribe, Juan Manuel Santos, ganaría también la presidencia. El Partido de la U quedó en la Cámara por encima del Partido Liberal y del Partido Conservador, sumando estos tres partidos de derecha el 74,6% de las curules, el mayor porcentaje de todo el periodo estudiado; el centro-derecha alcanzó el 9,7%. Por su parte, la izquierda, cuyo mayor partido fue el Polo Democrático, alcanzó solo el 4%, su peor cuota en el periodo, mínimamente compensada por la máxima representación del centro-izquirda, aunque esta fue de un modesto 8,5%.

Las elecciones de 2014 trajeron consigo la presencia de un nuevo partido encabezado por Uribe, el Centro Democrático, que se situaba a la derecha de los anteriores al posicionarse de forma contundente contra la continuación de los diálogos de paz con las FARC propiciados por el presidente Santos (El periodico, 2017). La ruptura entre Santos y Uribe hizo que su electorado se dividiera, de forma que en las elecciones a la Cámara de Representantes ganó el Partido Liberal, seguido por el Partido de la U, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Teniendo en cuenta el corrimiento hacia posturas más moderadas de algunas de estas formaciones, a la hora de agruparlas tenemos que los defensores planteamientos de derecha bajó al 46,7% de los puestos de la Cámara, mientras que el centro-derecha subió al 11,1%. La izquierda, con el Polo Democrático, mejoró algo su representación hasta el 10%, y el centro-izquierda languideció hasta el 3,3%.

Cuatro años después, el pasado 11 de marzo, el Partido Liberal volvió a ganar las elecciones a la Cámara de Representantes, seguido del Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido de la U y el Partido Conservador. Algunas de estas formaciones volvieron durante la campaña electoral a claras posiciones de derecha que antes habían moderado, de forma que la derecha sumó el 61,1% de los escaños (Sánchez, 2018), frente al 6% de la izquierda. Por su parte el centro-derecha anotó el 9,1% y el centro-izquierda el 6,1%. A estas cifras hay que añadir los cinco puestos en la Cámara otorgados por el Acuerdo de Paz a las FARC, que tampoco lograron ganar ninguno por voto ciudadano, al igual que en el Senado. Con esta ampliación, el Congreso bicameral colombiano pasa de 268 a 280 miembros (los diez del partido FARC y dos que corresponderán al tícket presidencial que quede en segundo lugar en las presidenciales).

La división de la izquierda

El análisis realizado permite afirmar que los planteamientos políticos de derecha han seguido siendo mayoritarios en Colombia en lo que va de siglo, tal como ocurría en décadas previas, aunque ya no en el marco hegemónico de dos grandes partidos, sino de un abanico más amplio de opciones partidistas. En un periodo en el que en muchos otros países latinoamericanos hubo giros a la izquierda –notoriamente, las revoluciones bolivarianas– Colombia fue una clara excepción. En este tiempo, la derecha en Colombia (sin incluir el centro-derecha) ha controlado entre el 43,3% (2002) y el 66,7% (2010) de los puestos del Senado y entre el 46,7% (2014) y el 74,6% (2010) de los de la Cámara de Representantes. En cambio, la izquierda (sin incluir el centro-izquierda, igualmente reducido) ha seguido siendo minoría: se ha movido entre el 4,9% (2014) y el 19% (2006) del Senado, y entre el 4% (2010) y el 27,1% (2002) de la Cámara.

El Acuerdo de Paz de 2016 y la integración de las FARC en la vida política no han supuesto hasta el momento un significativo auge electoral de la izquierda. En las legislativas del 11 de marzo de 2018, en realidad la derecha recuperó posiciones respecto a 2014 en las dos instituciones del Contreso, mientras que la izquierda, aunque ciertamente mejoró su presencia en el Senado, pero lejos de los niveles de 2002 y 2006, en cambio perdió espacio en la Cámara.

El temor de amplios sectores de la población a que los beneficios políticos concedidos a las FARC, tales como garantía de acceso a medios de comunicación o financiación para la campaña, contribuyeran a un avance electoral de los exguerrilleros no se materializó en estas elecciones. Los resultados del plebiscito de octubre 2016, en el que se rechazó el Acuerdo de Paz (este entró en vigor en 2017 tras algunos cambios, sin nuevo plebiscito), se reflejaron nuevamente en las legislativas pasadas: los colombianos se oponen a la participación de los ex-miembros del grupo beligerante en política. Los candidatos de las FARC solo obtuvieron el 0,28% de los votos. Además, este partido anunció días antes de las legislativas que no concurrirá a las presidenciales, a las que como candidato se postulaba el máximo líder del grupo, Rodrigo Londoño.

¿Es Colombia un país conservador? ¿Por qué la izquierda en Colombia ha venido siendo tan débil electoralmente? Estas preguntas recurrentes sobre la política colombiana no tienen fácil respuesta. “La izquierda es un sector que tradicionalmente se ha dividido muchísimo entre tendencias doctrinales, por razones estratégicas e incluso por personalidades”, explica Yeann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario.

Cabe entonces resaltar lo dicho por Fabio López, autor del libro “Izquierdas y cultura política”, en respuesta a la pregunta de si existe una izquierda en Colombia:

“Sí existen las izquierdas en Colombia, dispersas, fragmentadas, confundidas en una búsqueda no todas las veces afortunada; una cosa es que vengamos de una derrota, pensada internacionalmente, de las izquierdas, un retroceso enorme del movimiento obrero, un desprestigio de las ideas socialistas, y otra cosa es la desaparición de las causas, de las razones estructurales que motivan a nivel internacional y nacional unas ideas de izquierda, unas raíces y unas justificaciones, para apelar al rescate o mejor reestructuración, un nuevo comienzo de unos planteamientos de izquierda en Colombia”.

Una de las razones habitualmente aducidas para explicar la dificultad de la izquierda en ganar mayores apoyos es el peso negativo de la subversión guerrillera. En Colombia tras los constantes conflictos, masacres y el dolor que ha dejado el conflicto armado en los colombianos, los partidos de izquierda no han logrado el apoyo de la sociedad como en países vecinos puesto que se da una directa asociación de partido de izquierda con las guerrillas y lo que viene con ellas. La llegada de líderes políticos como Uribe a la presidencia intensificó esta asociación e incrementó el tabú presente hoy en día en gran parte de los ciudadanos que supone apoyar un partido de izquierda. A su vez, la izquierda tampoco ha hecho mucho para reparar esta mala imagen; la gran fragmentación interna y diferencias entre los líderes políticos no han ayudado a la formación de una izquierda solida con capacidad para incrementar su representación en el Congreso.

¿Oportunidad de las presidenciales?

Las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo constituyen una ocasión para que la izquierda mejore sus cotas electorales, que en cualquier caso podrían avanzar en el futuro en la medida en que se consolide la paz y el pasado de violencia pueda ir quedando en el olvido.

La polarización política, que en otras ocasiones ha perjudicado a la izquierda, esta vez está suponiendo cierta unidad de ese sector ideológico en torno a la candidatura de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. La celebración el mismo 11 de marzo de primarias en la derecha, ganadas por el uribista Iván Duque, y en la izquierda, en las que ganó Petro (Sánchez, 2018), han acentuado la polarización para las presidenciales, aumentando la movilización ciudadana (en las legislativas hubo cinco puntos más de participación) y atrayendo la atención de los medios hacia ambos candidatos. La polarización, al mismo tiempo, ha restado apoyos a posibles alternativas centristas, tan divididas como antes estuvo la izquierda, de manera que no puede descartarse que Petro pueda pasar a una segunda vuelta, el 17 de junio. Una victoria contra pronóstico de Petro, para la que este debería atraer el grueso del electorado moderado, no supondría un cambio radical en las políticas legislativas, pues el Congreso revalidó el pasado 11 de marzo el dominio de la derecha.

▲Traslado de inmigrantes llegados del norte de África a la isla italiana de Lampedusa [Vito Manzani]

ANÁLISIS / Valeria Nadal [Versión en inglés]

A fines de 2017, Cable News Network (CNN) publicó un video grabado anónimamente con una cámara oculta que mostraba la venta de cuatro hombres en Libia, por 400 dólares cada uno. Era un ejemplo de venta de esclavos a ciudadanos libios para trabajo o a cambio de un rescate, en el caso de hombres, o como esclavas sexuales, en el caso de las mujeres. Las escandalosas imágenes desencadenaron una respuesta global; varias celebridades de Hollywood se unieron a las protestas pidiendo el fin del tráfico de esclavos en Libia. Francia, Alemania, Chad, Nigeria y otros países han exhortado a Libia a abordar este grave problema mediante un programa de repatriación de inmigrantes y la evacuación de los campos de detención, donde operan muchas de las mafias de esclavos. Las circunstancias, sin embargo, no parecen haber mejorado desde que el video fue publicado debido, principalmente, a que continúa habiendo falta de coordinación estatal para abordar el problema, junto a otros factores. ¿Cómo es posible que un comercio de esclavos haya podido ocurrir dentro de Libia?

Libia es un extenso país ubicado en el norte de África, con una larga costa mediterránea. Hasta 2011, año en que estalló la Primavera Árabe, Libia era uno de los países más estables de la región. Tenía una de las mayores expectativas de vida en toda África, y un sistema educativo –desde la educación primaria hasta la universidad– mejor que la mayoría de los países vecinos. Sin embargo, esta situación de estabilidad y relativa prosperidad llegó a su fin en febrero de 2011, cuando las revueltas que comenzaron en Túnez, y que se habían extendido a países como Yemen, Jordania y Egipto, alcanzaron Libia.

A diferencia de otros estados en la región, que pudieron resolver de manera pacífica las demandas de los manifestantes, la inmediata amenaza de una guerra civil en Libia obligó a una intervención internacional para resolver el conflicto. Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), con el apoyo de las Naciones Unidas (ONU), actuaron contra el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi. Con la captura y el asesinato de Gadafi por parte de las tropas rebeldes, la guerra parecía haber terminado. Sin embargo, al carecer de un plan viable para una transición política, la situación se deterioró aún más cuando varios actores políticos intentaron llenar el vacío de poder dejado por la desaparición de Gadafi.

En la actualidad, Libia sigue experimentando una inestabilidad política grave y se considera que es un estado fallido. Aunque hay un gobierno promovido y reconocido por la ONU, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), este no controla todo el país y es desafiado por varios grupos de poder, muchos de los cuales son milicias armadas. Debido a esta falta de autoridad gubernamental, así como a su ubicación estratégica en la costa mediterránea, Libia se ha convertido en la base de operaciones de las mafias, que se aprovechan de la voluntad de refugiados e inmigrantes de llegar a Europa a través de la ruta terrestre de Libia. La política de fronteras abiertas lanzada por la UE en 2015 no ha ayudado a frenar sus actividades, ya que ha facilitado el establecimiento de rutas de tráfico de personas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que al menos 400.000 personas se encuentran actualmente en centros de detención libios, donde los inmigrantes son un objetivo fácil para el comercio de esclavos. El GUN ha abierto una investigación formal y se ha reunido con líderes europeos y africanos para permitir la repatriación de emergencia de refugiados e inmigrantes. Sin embargo, la efectividad de los esfuerzos de las autoridades libias es limitada. No obstante, una cuestión más importante es el papel que puede desempeñar la comunidad internacional para aliviar el problema, del cual las organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido voces clave en el debate.

Testimonios

Desde 2015, Oxfam ha informado ampliamente a la comunidad internacional sobre la crisis migratoria en Libia, y ha enfatizado la necesidad de que los países europeos busquen y encuentren una solución para los miles de hombres, mujeres y niños que sufren esta situación. Los casos documentados en Libia de trata de esclavos, llevados a cabo por contrabandistas y milicias, han hecho que la búsqueda de una solución sea aún más urgente.

A raíz de esta alarmante situación en Libia, el 9 de agosto de 2017, Oxfam publicó un boletín titulado "Ya no eres humano", en el que analizó los hechos de la situación en Libia y culpó a los países europeos de sus “políticas erróneas destinadas a evitar que las personas lleguen a Italia”. Para desarrollar este informe, Oxfam habló “con hombres y mujeres que han pasado meses siendo golpeados, atados como animales y vendidos como mano de obra barata en la escandalosa trata de esclavos de Libia”, y se basó en los “... angustiados testimonios de inmigrantes que pasaron tiempo en Libia antes de escapar a Italia”.

Los testimonios relatan escenas impactantes de violencia sexual, tortura y trabajo esclavo; también cuentan casos de personas que han estado cautivas por la imposibilidad de pagar el precio exigido por los contrabandistas. Eso último le sucedió a Peter, un nigeriano de 18 años: “Una vez que llegamos a Sabah, en Libia, me llevaron al 'Gueto' (...) Nos dieron un teléfono para llamar a nuestras familias y pedirles dinero. Si no podías pagar los 1.500 dinares libios [alrededor de 100 euros], te mantenían cautivo y te golpeaban”.

Después de escuchar estos testimonios, Oxfam ha llegado a la conclusión de que las políticas europeas deben tener en cuenta las experiencias de personas obligadas a abandonar sus hogares, ya que la información que proporcionan muestra claramente que “Libia sigue siendo un país marcado por abusos sistemáticos contra los Derechos Humanos y (...) el intento de la UE de garantizar que las personas no puedan salir de Libia solo pone a más hombres, mujeres y niños en riesgo de abuso y explotación”.

Algunas de las soluciones que Oxfam ha propuesto son la promoción de operaciones de búsqueda y rescate con fines humanitarios, aumentar el número de solicitudes de inmigración que se aceptan procesar, la creación de rutas seguras hacia Europa y poner fin a la política que impide que los inmigrantes se vayan de Libia.

Abrir, cerrar fronteras

Otra agencia internacional que ha denunciado activamente la situación inhumana en Libia es Amnistía Internacional. Según los datos de esta organización, el mundo se enfrenta a uno de los casos más graves de esclavitud en el siglo XXI. Los refugiados e inmigrantes que llegan al territorio libio son detenidos y torturados en centros de detención antes de ser vendidos como esclavos. Quienes logran escapar de tan horribles condiciones no terminan necesariamente en mejores circunstancias: al menos 3.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo.

Siendo una de las organizaciones más activas con respecto a la situación en Libia, Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la UE que dejen de cerrar sus fronteras a los refugiados e inmigrantes de Libia. Sostiene que esta política europea solo fomenta y alimenta la violencia y la extorsión en territorio libio, lo que convierte a la UE en cómplice de esta crisis.

Amnistía Internacional recuerda que, desde finales de 2016, el cierre de las fronteras europeas ha favorecido un aumento del control por parte del Departamento libio de Lucha contra la Inmigración, que ahora supervisa los centros de detención donde los refugiados e inmigrantes no solo son detenidos arbitraria e indefinidamente, sino que también se venden con frecuencia como esclavos. Además, según la organización, la incapacidad o falta de voluntad europea para actuar, creyendo erróneamente que lo que ocurre fuera de las fronteras europeas no tiene consecuencias en los asuntos internos de la UE, ha permitido a la Guardia Costera libia interceptar personas en el mar. En lugar de llegar a la "tierra prometida", los inmigrantes son llevados por la fuerza de vuelta a Libia, donde son encerrados y maltratados nuevamente en los centros de detención. Todo esto se ve favorecido por los acuerdos alcanzados por la UE y las autoridades libias locales, respaldadas por grupos armados, en lo que respecta al control de los flujos migratorios hacia Europa.

Coordinación internacional

El 7 de diciembre de 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia para tomar medidas respecto a la situación del comercio de esclavos en Libia. Esta situación fue descrita como un “abuso de los Derechos Humanos que también puede constituir crímenes contra la humanidad”, en cuyo caso las autoridades libias y todos los estados miembros de la organización deberían actuar de acuerdo con el derecho internacional público llevando a los responsables ante la Corte Penal Internacional (CPI). Además, la ONU señaló en esa sesión a las autoridades libias como uno de los principales actores cómplices del creciente fenómeno del tráfico de esclavos, debido a su ineficacia para investigarlo y administrar justicia. La organización ha hecho también especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno de Libia asegure las fronteras y que sus acciones cuenten con el respaldo de diversos instrumentos internacionales, de modo que se pueda contrarrestar eficazmente la trata de personas. Asimismo, la ONU ha alentado la cooperación con la UE y la Unión Africana (UA) para garantizar la protección de refugiados e inmigrantes, bajo la premisa de que el éxito solo se logrará si todos los actores involucrados colaboran.

Mientras tanto, la ONU ya está operando en el territorio a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha ayudado a 13.000 personas a salir de los centros de detención en Libia, y otras 8.000 de los de Níger. Pero los esfuerzos de la OIM no terminan en Libia. Una vez que los refugiados y los inmigrantes están a salvo, la organización almacena su información y testimonios y les ofrece la posibilidad de regresar a su hogar, garantizando la asistencia de la OIM en el proceso.

A pesar de los intentos de unificar los esfuerzos de todas las organizaciones que actúan sobre el terreno, la realidad es que la ONU no cuenta hoy con un plan de acción que incluya a todas las partes para poner fin a la esclavitud en Libia y buscar una solución común. Según los informes de esta organización, la esclavitud en Libia podría terminar en 2030, después de 20 años de prueba y error. Sin embargo, no es sorprendente que la mayoría de las ONG no tengan planes de acción.

Las soluciones de las ONG

Las ONG desempeñan un papel importante para ayudar a aliviar los problemas humanitarios causados por las migraciones; sin embargo, las soluciones que sugieren muchas veces no tienen en cuenta las complejas realidades políticas que hacen que alcanzar esas soluciones sea, si no totalmente imposible, al menos todo un desafío. Como resultado, muchas de las propuestas ofrecidas por agencias de derechos humanos como Oxfam y Amnistía Internacional son demasiado amplias para que sean de utilidad práctica. La crisis migratoria, que alcanzó su apogeo en el verano de 2015 con la invitación efectiva de varias naciones europeas a que los refugiados migrasen a Europa –junto con la relajación de las regulaciones de Dublín y la apertura de fronteras dentro de la UE– paradójicamente ayudó a agravar el problema. Estas medidas proporcionaron un incentivo para la migración masiva de personas que no entraban en la categoría de "refugiados", alentando la asunción de riesgos entre los inmigrantes con la premisa de que las fronteras permanecerían abiertas y que todos serían bienvenidos.

El resultado no ha sido solo el rápido retroceso en esta política por parte de una serie de países que inicialmente lo apoyaron, como Austria,  sino también un dramático conflicto interno y diplomático dentro de la UE entre países que están en contra de la migración masiva al territorio de la Unión. La crisis también arrojó luz sobre la incapacidad de las leyes existentes tanto de la UE, como de sus estados miembros, para encontrar soluciones al problema de la migración. Así pues, la política de apertura de las fronteras como una solución al problema puede ser bien intencionada, pero ineficaz a la hora de proporcionar una solución equilibrada al problema.

Del mismo modo, garantizar pasajes seguros para los inmigrantes de vuelta a su país de origen se basa en el supuesto de que existe en Libio un gobierno que realmente funciona, con el que se pueden coordinar tales esfuerzos; sin embargo, no existe tal entidad hasta el momento. Mientras que el GUN tiene una cantidad limitada de control sobre ciertas franjas de territorio, el problema sigue siendo que en otras partes de Libia este gobierno no ejerce ningún control. Si bien ayudar a la (limitada) migración y/o repatriación y asegurar las fronteras terrestres y marítimas podría ser un primer paso para frenar el flujo, el hecho es que la inestabilidad política en Libia –así como en otras naciones– es lo que genera redes de contrabando, una de las cuales es el tráfico de esclavos.

Por lo tanto, la política europea de ayudar a más personas relajando las fronteras apenas resuelve el problema. En su apogeo, la crisis migratoria vio a cientos de miles de inmigrantes cruzar las fronteras abiertas en Europa, sin ningún plan realista para lidiar con los números. Además, parece que la prensa internacional está informando con menor ahínco sobre las diversas dificultades que los inmigrantes enfrentan dentro de sus nuevos estados anfitriones como resultado de una política utópica en la que el cielo es el límite para la inmigración. Lo que es más importante, la política de puertas abiertas para la inmigración –impulsada por una serie de organizaciones humanitarias– también ha conducido a la proliferación de redes de contrabando dentro de Europa que han requerido el establecimiento de nuevas fuerzas de trabajo para enfrentarlas, aunque el resultado de esta medida podría ser peor ya que un mayor control puede llevar al surgimiento de nuevas rutas y puntos de acceso. Casi el 90% de los migrantes que llegan a Europa son facilitados por el negocio multinacional de contrabando. El cuestión es que las actividades ilegales prosperan como resultado de políticas fallidas y de la incapacidad de encontrar soluciones políticas determinadas para la crisis migratoria: un ingrediente necesario para adoptar medidas prácticas que resulten exitosas.

El papel primordial de los estados

La falta de control gubernamental sobre el territorio en Libia, característico de un estado fallido, ha hecho posible la proliferación de actividades ilegales y altamente humillantes contra la dignidad humana, como la trata de esclavos. Imágenes como la de la CNN, que proporcionaba evidencia de cómo se vendían personas como esclavos en los centros de detención, han aumentado la conciencia internacional sobre el problema. Numerosas organizaciones, lideradas por la ONU, han intensificado su trabajo en los últimos meses para tratar de poner fin a una situación tan desastrosa. Estos esfuerzos han logrado algunos resultados, sin embargo, no existe un método significativo para mejorarlos porque no están coordinados a nivel estatal, y es poco probable que la cooperación a gran escala requerida por todas las partes involucradas sea posible.

Además, los efectos de la crisis migratoria no son exclusivos de Libia o África, y se han manifestado en Europa también. Aunque la trata de personas, tanto en la trata de esclavos como para otros fines, ocurre en una escala mucho mayor (y bastante alarmante) en el teatro africano, el fenómeno ha afectado a Europa de manera similar como resultado de su fracasado –o inexistente– plan de acción para gestionar la inmigración, tanto interna como externamente. La solución es necesariamente política, y la realidad es que, por muy intencionadas y necesarias que sean, las soluciones independientes y basadas en los derechos que propugnan las ONG no serán determinantes para resolver el problema. Solo los estados, trabajando en conjunto con varias ONG, pueden poner fin a esta miseria a través de soluciones bien pensadas y coordinadas. Y la triste realidad es que no todos necesariamente pueden salvarse en el proceso, ni todos los inmigrantes podrán obtener su "sueño europeo".

▲Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la cumbre el G20 de julio de 2017 celebrada en Hamburgo [Presidencia de México]

ANÁLISIS / Dania Del Carmen Hernández [Versión en inglés]

Canadá, Estados Unidos y México se encuentran inmersos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo comercial entre esos tres países ha sido algo controvertido en los últimos años, especialmente en EEUU, donde se ha puesto en duda su conveniencia. Durante la campaña presidencial, Donald Trump defendió la cancelación del tratado; luego, ya en la Casa Blanca, aceptó que hubiera una renegociación. Trump argumentó que el pacto ha reducido empleos en la industria manufacturera de EEUU y generado un déficit comercial de más de 60.000 millones de dólares con México (18.000 millones de dólares con Canadá), así que a menos de que nuevas condiciones redujeran sustancialmente ese déficit, EEUU se retiraría del acuerdo.

En general, los estadounidenses tienen opiniones positivas sobre el tratado, con un 56% de la población que dice que el TLCAN es beneficioso para el país, y un 33% que dice que es perjudicial, de acuerdo con una encuesta de Pew Research de noviembre de 2017. De entre esos que tienen una opinión negativa, la mayoría son republicanos, con un 53% de ellos que aseguran que México se beneficia en mayor parte, mientras que los demócratas en su mayoría apoyan el pacto y solo un 16% lo ve de modo negativo.

Independientemente de la aceptación pública, la opinión sobre el tratado no siempre ha sido tan dudosa. Cuando el presidente Bill Clinton ratificó el tratado, este fue considerado uno de los mayores logros de su presidencia. De la misma manera que la globalización ha liberalizado el comercio en todo el mundo, el TLCAN también ha expandido el comercio muy eficazmente y ha presentado un gran número de oportunidades para Estados Unidos, al tiempo que reforzaba la economía estadounidense.

Bajo el TLCAN, el comercio de bienes y servicios estadounidenses con Canadá y México pasó de 337.000 millones de dólares en 1994, cuando el tratado entró en vigor, a 1,4 billones en 2016. El impacto ha sido aún mayor si se tienen en cuenta las inversiones transfronterizas entre los tres países, que de 126.800 millones de dólares en 1993 pasaron a 731.300 millones en 2016.

La inquietud de Washington es que, a pesar de ese aumento del volumen comercial, en términos relativos Estados Unidos no está logrando resultados suficientemente fructíferos, comparado con lo que sus vecinos están obteniendo del tratado. En cualquier caso, Canadá y México aceptan que, después de casi 25 años vigencia, el tratado debe revisarse para adaptarlo a las nuevas condiciones productivas y comerciales, marcadas por innovaciones tecnológicas que, como es el caso del desarrollo de internet, no se contemplaban cuando el acuerdo se firmó.

Examen ronda a ronda

La discusión de los tres países afecta a numerosos aspectos, pero puede hablarse de tres bloques, que tienen que ver con ciertas líneas rojas puestas por las distintas partes en la negociación: las reglas de origen; el deseo de Estados Unidos de acabar con el sistema independiente de arbitraje, a través del cual Canadá y México tienen la capacidad de acabar con medidas que violen el acuerdo comercial (eliminación del capítulo 19), y finalmente propuestas, quizás menos decisivas pero igualmente importantes, orientadas a la actualización general del tratado.

Cuando las negociaciones comenzaron, en agosto de 2017, se expresó de poder concluirlas hacia enero de 2018, con la previsión de seis rondas de reuniones. Ese número ya está siendo superado, con una séptima ronda a final de febrero, a la que posiblemente sucedan otras. Alcanzado el inicial deadline, de todos modos, es ocasión de examinar el estado de las discusiones. Una buena forma de hacerlo es seguir la evolución de las conversaciones a través de las rondas de reuniones celebradas y poder valorar así los resultados que se han ido registrando hasta el momento.

1ª Ronda (Washington, 16-20 de agosto de 2017)

La primera ronda de negociaciones puso sobre la mesa las prioridades de cada uno de los tres países; sirvió para fijar la agenda de los principales asuntos que en adelante se discutirían, sin entrar a abordar aún medidas concretas.

En primer lugar, Donald Trump ya dejó claro durante su campaña electoral que consideraba el TLCAN como un acuerdo injusto para Estados Unidos debido al déficit comercial que ese país tiene sobre todo con México y, en menor medida, con Canadá.

Según cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, EEUU pasó de un superávit de 1.300 millones de dólares en 1994 a un déficit de 64.000 millones de dólares en 2016. La mayor parte de este déficit proviene de la industria automotriz. Para la nueva Administración estadounidense, esto pone en duda que el acuerdo tenga efectos beneficiosos para la economía nacional. México, menos predispuesto a introducir importantes cambios, insiste en que el TCLAN ha sido bueno para todas las partes.

Otro tema que se apuntó fue el de la brecha salarial de México frente a Estados Unidos y Canadá. México defiende que, a pesar de contar con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, y haber tenido el salario medio estancado durante las dos últimas décadas, esto no se debería tener en cuenta en las negociaciones, pues estima que los salarios mexicanos irán alcanzando los de sus socios comerciales. Por el contrario, para EEUU y Canadá es un tema de preocupación; ambos países advierten que un incremento salarial no dañaría el crecimiento de la economía mexicana.

Las reglas de origen fue uno de los principales temas de discusión. Estados Unidos busca lograr que se aumente el porcentaje de contenido que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de los tres países. Esto resultó controvertido en esta primera ronda, ya que podría afectar de manera negativa a las empresas mexicanas y canadienses. Los especialistas advierten que el mínimo de contenido nacional no existe en ningún tratado de libre comercio del mundo.

Por último, el gobierno de Trump dejó ver sus intenciones de eliminar el Capítulo 19, que garantiza la igualdad a la hora de resolver disputas entre los países, haciendo que no sean leyes nacionales de cada país las que resuelvan el conflicto. Estados Unidos entiende esto como una amenaza a su soberanía y cree que los conflictos deben resolverse de manera que sus propios procesos democráticos no sean ignorados. Canadá condicionó su permanencia en el tratado al mantenimiento de este capítulo. México también defiende garantías de independencia en la resolución de conflictos, aunque de momento en esta discusión no fue categórico.

2ª Ronda (Ciudad de México, 1-5 de septiembre de 2017)

Aunque considerada como exitosa por muchos analistas, la segunda ronda de renegociación siguió un ritmo lento. Algunos temas que avanzaron fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón, insistió en que de momento la cuestión salarial no estaba sujeta a negociación, y negó que alguna de las partes tuviera intención de salir del tratado, a pesar de las amenazas en ese sentido de la Administración Trump. Castañón se manifestó a favor de que México apoye el mantenimiento del capítulo 19 o el establecimiento de un instrumento similar para la solución de controversias comerciales entre los tres países.

3ª Ronda (Ottawa, 23-27 de septiembre de 2017)

Los delegados hicieron avances importantes en políticas de competencia, comercio digital, empresas de propiedad estatal y telecomunicaciones. El principal avance fue sobre algunos aspectos relacionados con las pymes.

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se quejó de que Estados Unidos no hubiera realizado propuestas formales ni por escrito en las áreas más complejas, lo que a su juicio demuestra una actitud pasiva de ese país en el contexto de las negociaciones.

El titular de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dijo que su país está interesado en que se incrementen los salarios en México, bajo la lógica de que eso supone una competencia desleal, pues México ha atraído fábricas e inversiones con sus bajos salarios y sus débiles reglas sindicales. No obstante, líderes empresariales y sindicales mexicanos resisten esas presiones.

Canadá se mantuvo firme en su postura sobre el capítulo 19, que considera uno de los grandes logros del vigente acuerdo. “Nuestro Gobierno está absolutamente comprometido a defenderlo”, dijo Freeland. Washington planteó, aunque sin presentar una propuesta formal, la modificación de las reglas de origen para que fuesen más estrictas y evitar que importaciones de otras naciones sean consideradas “hechas en América del Norte”, solo porque se ensamblaron en México.

Esta ronda se llevó a cabo mientras Estados Unidos fijaba un arancel de casi 220% a las aeronaves Serie C de la armadora canadiense Bombardier, al considerar que la empresa había utilizado un subsidio gubernamental para vender sus aviones a EEUU a precios artificialmente bajos.

4ª Ronda (Virginia, 11-17 de octubre de 2017)

Estados Unidos presentó su propuesta formal de elevar las reglas de origen de la industria automotriz y su sugerencia de introducir una cláusula de extinción del acuerdo.

Estados Unidos propuso elevar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de origen nacional de alguno de los tres países para que la producción de la industria automotriz pueda beneficiarse del TLCAN, y que el 50% sea de producción estadounidense. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) rechazó la propuesta.

También se debatió el interés de Washington de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado (Capítulo 19), sin que se registrara una aproximación de las posiciones.

Por último se habló de la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir a los cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta recibió amplias críticas, advirtiendo que esto atentaría contra la esencia del acuerdo y que cada cinco años generaría incertidumbre en la región, pues afectaría los planes de inversión de las empresas.

Estas propuestas se suman al clima de dureza de la negociación, pues ya en la tercera ronda Estados Unidos había empezado a defender propuestas difíciles, en asuntos como los juicios por dumping (vender un producto por debajo de su precio normal) en la importación de productos mexicanos perecederos (jitomates y bayas), las compras gubernamentales y la compra de textiles.

5ª Ronda (Ciudad de México, 17-21 de noviembre de 2017)

La quinta ronda se desarrolló sin grandes avances. EEUU mantuvo sus demandas y eso generó gran frustración entre los representantes de México y Canadá.

Estados Unidos no recibió alternativas a su propuesta de querer aumentar la composición regional desde el 62,5% hasta el 85%, y que al menos el 50% sea estadounidense. Por el contrario, sus compañeros comerciales pusieron sobre la mesa datos que muestran el daño que esta propuesta provocaría en las tres economías.

Ante el deseo de EEUU de limitar el número de concesiones que su gobierno federal ofrece a compañías mexicanas y canadienses, los negociadores mexicanos respondieron con una propuesta para limitar los contratos públicos del país al número de contratos alcanzados por compañías mexicanas con otros gobiernos dentro del TLCAN. Dado que el número de estos contratos es bastante reducido, las compañías de EEUU verían restringida su contratación.

Al terminar esta quinta ronda, los temas que se encuentran más avanzados son los de una mejora regulatoria de las telecomunicaciones y el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Con esto último, los estadounidenses buscan establecer nuevas normas transparentes y no discriminatorias, que permitan que cada país establezca el grado de protección que considere apropiado.

6ª Ronda (Montreal; Enero 23-29, 2018)

La sexta negociación demostró algo de progreso. El capítulo sobre la corrupción fue cerrado finalmente, y hubo avances en otros ámbitos. Se discutieron algunas de las cuestiones importantes que se habían estado dejando de lado en las anteriores negociaciones. El progreso es lento, pero parece abrirse paso.

Robert Lightizer rechazó el compromiso sobre las reglas de origen que Canadá había propuesto previamente. La estructura se basaba en la idea de que las reglas de origen deberían ser calculadas incluyendo el valor del software, la ingeniería y otros trabajos de gran valor, facetas que hoy en día no se tienen en cuenta con vistas al objetivo de contenido regionales.

Como forma de presión, Canadá amenazó con reservaría el derecho de tratar a sus países vecinos peor que a otros países si entran en acuerdos. Uno de ellos podría ser China. La propuesta no fue considerada, puesto que Estados Unidos y México la consideraron inaceptable.

Mas allá de la fecha limite

Después de más de siete meses de reuniones, como queda reflejado en este repaso de las conversaciones ronda  a ronda, las negociaciones entre los tres países siguen sin haber alcanzado el umbral de preacuerdo que, aún a la espera de resolver puntos más o menos importantes, confirmara la voluntad compartida de dar continuidad al TLCAN. Las posturas duras de Estados Unidos y la presión de Canadá y México por salvar el tratado han dado lugar hasta ahora a un 'tira y afloja' que ha permitido algún resultado parcial, pero no decisivo. Así, aún está por determinar si el tratado en realidad ha llegado a su fecha de caducidad o en cambio podrá reeditarse. Por el momento los tres países están de acuerdo en seguir trabajando por conseguir un tratado renovado.

Por lo que se ha visto hasta el momento en las negociaciones es difícil determinar qué país estará más dispuesto a ceder a la presión ejercida por los otros. Las cuestiones más controvertidas apenas han sido abordas hasta recientemente, por lo que tampoco es posible apuntar qué logros consigue cada país en este proceso negociador.

Los dos vecinos de Estados Unidos, pero especialmente Canadá, siguen alertando del riesgo de Trump quiera acabar con el tratado. Una aceleración de las negociaciones podría ayudar a la resolución positiva del proceso, pero el calendario electoral más bien amenaza con aplazamientos. El 30 de marzo comienza la campaña de las presidenciales de México, que tendrán lugar el 1 de julio. En septiembre, Estados Unidos comenzará a estar más pendiente de las elecciones legislativas de noviembre. Un avance sustancial antes de las presidenciales mexicanas podría encarrilar el acuerdo, aunque quedaran para después algunos asuntos por cerrar, pero si en las próximas reuniones no se da ese gran paso, los tres países podrían irse haciendo a la idea acerca del fin del TLCAN, lo que lastraría las negociaciones.

Las relaciones entre Estados Unidos y China no satisfacen a ninguno de los dos países; probablemente nunca lo harán. Deben intentar conllevarlas, pacíficamente

▲Reunión entre Xi Jinping y Donald Trump [White House video screebshot]

ANÁLISIS / María Granados

La Estrategia de Seguridad Nacional presentada en diciembre por Donald Trump etiqueta formalmente a China y a Rusia como “rivales” de Estados Unidos. Presenta a esos dos países como actores que “desafían el poder, la influencia y los intereses” de Washington e “intentan erosionar la seguridad y prosperidad” de los estadounidenses. Aunque el documento también considera una amenaza a estados “renegados” como Irán y Corea del Norte, y a organizaciones transnacionales, tanto yihadistas como de crimen organizado, los argumentos de la nueva Administración estadounidense se concentran especialmente sobre China. La nación asiática aparece como el gran obstáculo para la realización del “América Primero” prometido por Trump, a causa de sus prácticas comerciales y monetarias desleales.

Así, el primer documento de Estrategia de Seguridad Nacional de la era Trump corrobora el discurso que este había mantenido como candidato. Durante la campaña electoral Trump habló de China como una “manipuladora de la moneda” y la acusó de mantener el yuan bajo de forma artificial. También amenazó a Pekín con comenzar una guerra comercial, quejándose de las consecuencias económicas que para EEUU supone el excesivo superávit comercial que tiene China en las relaciones bilaterales, así como de la reducción de empleos en la industria manufacturera estadounidense. Poco después de ser elegido, antes de la inauguración de su mandato, Trump provocó un roce diplomático con China al conversar telefónicamente con la presidenta de Taiwán.

No obstante, desde su llegada a la Casa Blanca, Trump se preocupó de limar esas asperezas con China. Se comprometió con el mantenimiento de la Política de la China Única, se retractó de sus críticas, y se reunió en Florida con el presidente Xi Jinping, acordando respetar la esfera de influencia de cada cual y no intervenir en los asuntos internos del contrario. Esto, junto con una incipiente colaboración en las sanciones contra Corea del Norte, parecía estar alumbrando un acercamiento que no ha acabado de materializarse. De hecho, el tratamiento de “rival” que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense da oficialmente a China rompe en cierto modo con una larga etapa de mutua aceptación que comenzó en la década de 1970.

La apertura de Nixon

Estados Unidos y China partían de antecedentes graves: la guerra de Corea (1950-1953), que enfrentó a China y la URSS en el Norte contra el Sur apoyado por los estadounidenses, de la cual la guerra de Vietnam (1955-1975) fue una consecuencia colateral; y el peligro nuclear iniciado en 1949, año en que la URSS realizó el primer ensayo efectivo. Para Washington, desde el punto de vista ideológico y militar China era un actor internacional que convenía controlar. Para Pekín, en alianza con la Unión Soviética, urgía propagar el discurso del comunismo acerca del “enemigo imperialista”, que repitió con intensidad a lo largo de los primeros años de la Guerra Fría.

En 1969, el nuevo presidente estadounidense, Richard Nixon, incluyó en su discurso de inauguración de mandato una referencia en contra del aislacionismo (1). Desde el otro lado del mundo también hubo nuevos mensajes: el distanciamiento que Mao comenzó a establecer en relación a la URSS debido a su conflictos fronterizos. Esto trastocó el triángulo de las relaciones internacionales existente en esos años de la Guerra Fría (China, URSS, EEUU), y empezó a crear un lazo entre Pekín y Washington.

De esta forma, comenzaron a darse las primeras muestras de aproximación. En 1971 Estados Unidos votó a favor de que el asiento de Taiwán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pasara a ser ocupado por la República Popular China. En 1972 se redactó el Comunicado de Shanghai, que establecía las bases para el acercamiento chino-estadounidense y que quedó plasmado en cinco principios:

1. La Política de la China Única: establecer relaciones diplomáticas con China significaba no poder establecerlas con Taiwán, y viceversa, puesto que ambos afirman ser la verdadera y única China.

2. No apoyar la independencia de Taiwán.

3. No apoyar la posible invasión de Japón.

4. La resolución pacífica del conflicto con Taiwán, reduciendo las instalaciones militares en la isla.

5. El compromiso a continuar siendo aliados pacíficos en búsqueda de una cooperación duradera.

Desde el acercamiento de la década de 1970, las relaciones entre los dos países han estado muy influidas por la actitud de Washington y Pekín hacia Taiwán y las dos Coreas, en una suerte de relaciones chino-americanas indirectas.

La cuestión de Taiwán

La auto-denominada República de China había sido el principal obstáculo para la completa normalización de relaciones, como se ha visto con el Comunicado de Shanghai. La reunificación efectiva por parte de China (continental) era impedida por las tropas estadounidenses.

Después de 1973 encontramos dos documentos importantes: la llamada Taiwan Relations Act, por la cual EEUU reconocía a la isla los mismos privilegios que antes, pero no que fuera una nación soberana, y el Comunicado Conjunto (conocido a veces como “Segundo Comunicado de Shanghai”), por el que se recortaba drásticamente la venta de armas a Taiwán. En 1979, Washington y Pekín intercambiaron embajadores y los estadounidenses cesaron sus relaciones diplomáticas formales con Taiwán.

Alrededor de 1980, la política defendida por el gobierno de China continental era “un país, dos sistemas”, ofreciendo a Formosa la excepcionalidad de un sistema político diferente y económicamente independiente, pero formando parte de la única China. No obstante, esa fórmula no cumplía con los deseos de independencia de la vigésimo tercera provincia. Hacia 1985, el gobierno de la isla se encaminada con paso firme hacia una democracia (2).

Avanzados los 90, Pekín amenazó a Taiwán con ejercicios militares en aguas circundantes, en los que se desplegaron misiles, lo que motivó una respuesta contundente de Estados Unidos: el envío de dos grupos de batalla de portaaviones a la región; con ello Washington mostraba una clara decisión de proteger al antiguo aliado por su importancia estratégica.

La situación actual sigue siendo compleja. Entre China y su provincia rebelde no se han establecido lazos directos a través de mensajería o telecomunicaciones; tampoco se remiten envíos postales o de paquetería, ni existe conexión directa de vuelos. Las reuniones cara a cara entre delegados han sido infrecuentes y no muy productivas.

El problema de Corea del Norte

La República Popular Democrática de Corea, por su parte, constituye un punto especialmente crítico en las relaciones chino-americanas, que además afecta a Corea del Sur y Japón, a su vez aliados de EEUU Pyongyang ha realizado ya seis pruebas nucleares subterráneas y sigue con sus lanzamientos de misiles sobre el Mar de Japón.

China es el único aliado de Corea del Norte: es su mayor socio comercial y su principal fuente de alimentos y energía. Pekín se ha opuesto históricamente a sanciones internacionales duras contra su vecino. La voluntad de pervivencia del comunismo es esencial a la hora de comprender la relación estrecha que mantienen la sui generis dictadura coreana y China. Es fácil adivinar porqué: si cae el régimen de Kim Jong-Un, el de Xi Jinping puede verse desestabilizado. Una crisis de refugiados, con miles de norcoreanos cruzando la frontera de 1400 kilómetros que limita ambos países, tendría graves efectos en el gigante asiático. Aunque continúen estando fuertemente ligados a Pyongyang, los chinos han presionado para que se retomara el Diálogo de los Seis y han aceptado la aplicación de ciertas sanciones internacionales.

La rotunda afirmación de Trump de que “si China no va a resolver el problema de Corea del Norte, nosotros lo haremos” en realidad no despeja las dudas sobre qué puede ocurrir si Pyongyang traspasa el umbral de la capacidad nuclear. Ciertamente a medida que el régimen Kim Jong-Un se ha ido acercando a ese umbral, Pekín ha aumentado sus presiones diplomáticas, financieras y comerciales sobre su vecino (3). Pero la posibilidad de que Corea del Norte esté ya a punto de alcanzar su objetivo estratégico deja a Estados Unidos ante la disyuntiva de una acción militar, que difícilmente puede ser a la vez efectiva y limitada, o tener que conformarse con una política de contención.

A lo largo de los años, Washington ha tratado de alentar a Corea del Norte para que olvide irreversiblemente su programa nuclear, proponiendo a cambio una recompensa consistente en ayuda, ventajas diplomáticas y la normalización de relaciones. Al mismo tiempo, Corea del Sur acoge a 29.000 efectivos militares estadounidenses. En marzo de 2017, órdenes ejecutivas del Presidente y del Congreso de EEUU fueron más allá de las sanciones: se programó un sistema de defensa conocido como THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) (4) como medida preventiva ante un posible ataque del Norte y con el objetivo de asegurar la estabilidad de la región.

La batería THAAD es especialmente interesante de analizar, por la doble perspectiva que presenta. Por su rango y capacidad limitados no deberían preocupar a China, pues los interceptores no podrían alcanzar en ningún punto de la trayectoria, desde casi ninguna de las localizaciones de lanzamiento posibles, a los misiles balísticos intercontinentales chinos. Por ello, ni Washington ni Seúl deberían presentar el sistema como una forma de represalia contra Pekín por sus fallidas sanciones a Corea del Norte. Desgraciadamente, oficiales estadounidenses y surcoreanos sugieren que el propósito de la instalación del sistema THADD es mandar un mensaje a China de advertencia. Se trata de algo contraproducente, ya que solo ofrece razones para justificar la nuclearización del hegemón asiático, ante la aparente degradación de su tecnología de medio alcance, la de segundo grado de respuesta nuclear (second-strike capability).

Insatisfacciones mutuas

Si los asuntos relativos a Taiwán y Corea del Norte han ocupado buena parte de la agenda bilateral, la cuestión de la transformación económica de China, desde su impulso por Deng Xiaoping, ha sido central en la relación directa entre China y Estados Unidos.

La Gǎigé kāifàng (reforma y apertura) puso énfasis en la modernización y en la reforma económica y política. Esto conllevó unas relaciones diplomáticas normalizadas y el desarrollo del comercio y de la inversión bilaterales. La cooperación en materia política, económica y de seguridad con los antiguos “imperialistas americanos” se basó en la prevención del terrorismo y de la proliferación de armas nucleares, y en el mantenimiento de la paz en la península coreana.

Sin embargo, sigue habiendo problemas sin resolver. La insatisfacción estadounidense se debe a la política de China frente a los derechos humanos y a sus movimientos financieros de devaluación de divisa como medida de control de la inflación. Esos movimientos monetarios ponen en duda el control del mercado por parte del hegemón americano, el cual cuenta en la actualidad con mayor peso y primacía, entre otras cosas, por ser el dólar la moneda internacional de cambio (podría de esta manera “exportar su inflación” a Pekín). También preocupa en Washington la dependencia que tiene Estados Unidos de las importaciones procedentes de China, que genera un gran déficit comercial bilateral para los estadounidenses. Otro potencial problema es la venta de misiles y de tecnología nuclear a terceros Estados de Oriente Medio y Asia.

Desde la perspectiva china, su insatisfacción se debe a la venta de armas que EEUU hace a la provincia rebelde (Taiwán), al sistema de defensa establecido en Corea del Sur (tanto el sistema THAAD como la ayuda militar), y una política internacional estadounidense que Pekín tacha de amenazante, imperialista y dominante.

Vías de cooperación

La consideración de “rival” que EEUU hace de China, como recoge el primer documento de Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, parte de la constatación de que el régimen chino no camina hacia la democracia como muchos en el resto del mundo esperaban. “Durante décadas, la política de Estados Unidos estuvo basada en la creencia de que el apoyo al ascenso de China y su integración en el orden internacional de post-guerra liberalizaría ese país”, dice el documento, constatando que Pekín no está deslizándose hacia un régimen de libertades políticas y de respeto de los derechos humanos, por lo que Washington ya no puede ser tan condescendiente con Pekín como antes.

Probablemente, sin la asunción por parte de China de los valores y principios que dan sentido a Estados Unidos, es imposible un acercamiento real y confiado entre las dos superpotencias. Aun así, por la supervivencia de ambas, una amplia cooperación entre ellas es necesaria.

A pesar de no ser imposible una guerra entre Estados Unidos y China, esta es improbable por diversos motivos, como exponen Steinberg y O'Hanlon en Strategic Reassurance and Resolve (2015):

–Los objetivos de prosperidad económica comunes, el intercambio comercial, la interdependencia tanto a nivel bursátil o financiero como empresarial hacen muy perjudicial para ambos países una confrontación bélica. Además, China ha adoptado progresivamente medidas contra el fraude y la desestabilización por manipulación informática, a instancias de Estados Unidos; la cuestión del ciberespionaje, aunque sigue provocando desencuentros mutuos, es abordada de modo regular por ambos países en sus encuentros bilaterales, conscientes de que probablemente cobre mayor importancia con los años.

–El Mar del Sur de China es una ruta comercial que no ha sido nunca cerrada, si bien es un motivo de disputas a tener en cuenta, puesto que siguen sin resolverse aun a pesar e haber sido llevadas ante la Corte que trata el Derecho del Mar (siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el mismo). Estados Unidos posee en la región intereses estratégicos y comerciales que le vinculan a sus aliados (Japón y Corea del Sur), por lo que podría ser motivo de tensiones. En cualquier caso, actualmente no parece que China desee provocar una escalada militar en la zona, aunque haya establecido bases en islas artificiales y trasladado tropas.

–El código de conducta de la ASEAN para el Mar del Sur de China, que impide el uso de la fuerza, puede lograr que Pekín se replantee aumentar su agresividad en la región. Ese impulso de la ASEAN para que China deje de reclamar soberanía marítima que le ha sido rechazada por la comunidad internacional son puntos en contra de la guerra.

–Existen diversas operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo (ISIS) y en prevención de la piratería, en las que participan las dos superpotencias.

–China ha incrementado su ayuda humanitaria y su labor de apoyo a las misiones de paz de la ONU.

Ante un escenario de no entendimiento entre Pekín y Washington, pero al mismo tiempo de no confrontación armada, cabe sugerir las siguientes actuaciones:

–Una negociación que incluyera una menor venta de armas a Taiwán por parte de EEUU a cambio de una mayor seguridad en las costas, y una reducción proporcional de China de las amenazas a la isla.

–Una mayor cooperación y transparencia a la hora de realizar movimientos de armamento y de tropas militarización, de reestructuraciones de las fuerzas armadas y de ejercicios militares en el Pacífico.

–Creación de organizaciones conjuntas de lucha contra el crimen organizado y el ciberataque, en especial contra las amenazas dirigidas a las infraestructuras civiles.

-Apoyo y coherencia en la prevención de la escalada nuclear. Negociación a la hora de llegar a una conclusión firme sobre cómo debilitar el régimen de Pyongyang. Crítica seria y coherente, conociendo la imposibilidad (además de perjuicio) de su derrocamiento de forma directa.

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(1) “We seek an open world--open to ideas, open to the exchange of goods and people--a world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
We cannot expect to make everyone our friend, but we can try to make no one our enemy”. Inaugural Adress (January 20, 1969)

(2) Fue la primera vez que el Partido Progresista Demócrata logró presionar en las elecciones a la Asamblea Nacional y al Yuan Legislativo y formar una coalición unificada contra el Kuomintang. En 1992 tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas libres en Taiwán.

(3) “China will be most likely to put diplomatic and financial pressure on North Korea if it believes that failing to do so will lead the United States to destabilize the regime,” write Joshua Stanton, Sung- Yoon Lee, and Bruce Klingner in Foreign Affairs.

(4) El sistema tiene típicamente entre 48 y 62 misiles interceptares con rangos de hasta 200 kilómetros, apoyados por un radar con rango de hasta unos 1.000 kilómetros

▲Cumbre trilateral de Rusia, Turquía e Irán en Sochi, en noviembre de 2017 [Presidencia de Turquía]

ANÁLISIS / Albert Vidal y Alba Redondo [Versión en inglés]

La respuesta de Turquía a la Guerra Civil Siria (SCW) ha pasado por varias fases, condicionadas por las circunstancias cambiantes del conflicto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional: desde dar apoyo a los rebeldes sunitas con afiliaciones cuestionables, hasta ser uno de los objetivos del Estado Islámico (ISIS), pasando por un intento fallido de golpe de estado en 2016, y condicionando siempre sus decisiones de política exterior a la cuestión kurda. A pesar de una postura inicialmente agresiva contra Assad al comienzo de la guerra en Siria, el éxito y la fuerza creciente de la oposición kurda, como resultado de su papel en la coalición anti-ISIS, ha influido significativamente en la política exterior de Turquía. 

Las relaciones entre Turquía y Siria estuvieron plagadas de dificultades durante el siglo pasado. El río Éufrates, que nace en Turquía, ha sido una de las principales causas de enfrentamiento entre ambos países. La construcción de presas por parte de Turquía limita el flujo de agua a Siria, causando pérdidas en su agricultura y generando un impacto negativo en la economía siria. Este problema no se limita al pasado, ya que en la actualidad el proyecto GAP (Proyecto de Anatolia Suroriental) amenaza con comprometer aún más el suministro de agua de Irak y de Siria a través de la construcción de 22 presas y 19 presas hidroeléctricas en el sur de Turquía .

Además de las disputas por los recursos naturales,  el apoyo de Hafez al-Assad al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) en las décadas de 1980 y 1990 dificultó enormemente las relaciones entre los dos países. Sin embargo, el conflicto se evitó por completo con la firma del Protocolo de Adana en 1998. Otra fuente de discordia entre Siria y Turquía han sido las reclamaciones territoriales hechas por ambas naciones sobre la provincia de Hatay, todavía reivindicada por Siria, pero administrada por Turquía, quien la incorporó a su territorio en 1939.

A pesar de las cuestiones mencionadas, Siria y Turquía disfrutaron de una buena relación durante la década anterior a la Primavera Árabe y a las revoluciones del verano de 2011. La respuesta internacional a la reacción del régimen sirio ante los levantamientos fue variada, y Turquía no estuvo segura de qué posición tomar hasta que, finalmente, optó por apoyar a la oposición rebelde. Así, Turquía ofreció protección en su territorio a los rebeldes y abrió sus fronteras a los refugiados sirios. Esta decisión señaló la etapa inicial del declive de las relaciones entre Siria y Turquía, pero la situación empeoró significativamente después del derribo de un avión turco el 22 de junio de 2012 por parte de las fuerzas sirias. Esto dio lugar a enfrentamientos fronterizos, pero sin la intervención directa de las Fuerzas Armadas turcas.

Desde la perspectiva de la política exterior, hubo dos razones principales para revertir la política de no intervención de Turquía. El primer motivo fue una serie creciente de ataques del Estado Islámico (ISIS) en julio de 2015 en Suruc, la Estación Central en Ankara y el Aeropuerto Atatürk en Estambul. La segunda razón, y posiblemente la más importante, fue el temor de Turquía a la creación de un protoestado kurdo en sus países vecinos: Siria e Irak. Esto condujo al lanzamiento de la Operación Escudo del Éufrates (también conocida como Ofensiva de Jarablus), considerada una de las primeras acciones militares directas de Turquía en Siria desde que comenzó la SCW. El objetivo principal era asegurar un área en el norte de Siria libre de control de las facciones ISIS y del Partido de la Unión Democrática (PYD). La Ofensiva de Jarablus fue apoyada por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas (el derecho de las naciones a la legítima defensa), así como varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Nos. 1373, 2170, 2178) correspondientes a la responsabilidad global de los países para luchar contra el terrorismo. A pesar de ser un éxito en el cumplimiento de sus objetivos, la ofensiva de Jarablus terminó prematuramente en marzo de 2017, sin que Turquía descartase la posibilidad de intervenciones futuras similares.

Internamente, la intervención militar y la postura asertiva de Erdogan apuntaban a obtener el apoyo público de los partidos nacionalistas turcos, especialmente el Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) y el Partido de la Gran Unidad (BBP), así como el respaldo general del público para los cambios constitucionales que entonces se proponían. Eso le daría a Erdogan mayores poderes ejecutivos como presidente. Consecuentemente, una campaña de distracción en el extranjero fue más que bienvenida, dado el malestar interno creciente y el descontento general, tras el intento de golpe en julio de 2016.

A pesar de la asertividad que Turquía muestra hacia Siria, la intervención militar turca no indica fortaleza. Por el contrario, la invasión efectiva de Erdogan en el norte de Siria ocurrió tras las disputas (entre Siria e Irak) que amenazaban con socavar los objetivos turcos, tanto en el interior como en el exterior. Por ello, la injerencia limitada de Estados Unidos (EE.UU.) y el fracaso de las fuerzas rebeldes para derribar el régimen de Assad significó la perpetuación de la amenaza terrorista; y, lo que es más importante, el continuo fortalecimiento de las facciones kurdas, que suponían la fuerza más efectiva contra el ISIS. En efecto, el éxito de los kurdos en la coalición anti-ISIS les había ayudado a obtener un reconocimiento mundial similar al de la mayoría de los estados-nación; reconocimiento que supuso un mayor apoyo financiero y el aumento de provisión de armas. Una región kurda, armada y ganando legitimidad por sus esfuerzos en la lucha contra el ISIS, es sin duda la razón principal de la intervención militar turca. De todos modos, la creciente influencia kurda ha dado lugar a una actitud cambiante y ambigua de Turquía frente al Assad a lo largo de la SCW.

Postura cambiante de Turquía frente a Assad

Mientras que Turquía apoyó agresivamente la destitución de Assad al comienzo de la SCW, esta postura ha ido quedando relegada, cada vez más, a un segundo plano; con respecto a otras cuestiones más importantes de la política exterior de Turquía con sus estados vecinos, Siria e Irak. De hecho, declaraciones recientes de funcionarios turcos reconocen abiertamente la resiliencia del gobierno de Assad, un hecho que abre la puerta a la futura reconciliación entre ambas partes. Estas declaraciones también refuerzan una opinión muy profusa, según la cual, Assad será una pieza clave en cualquier futuro acuerdo sobre Siria. Así, el 20 de enero de 2017, el vice-primer ministro de Turquía, Mehmet Şimşek, dijo: "No podemos seguir diciendo que Assad debería irse. Un acuerdo sin Assad no es realista".

Esta relajación de la retórica hacia Assad coincide con un cambio positivo en las relaciones de Turquía con los aliados del régimen sirio en el conflicto (Irán y Rusia), en sus intentos por lograr una resolución del conflicto. Sin embargo, la posición oficial turca respecto a Assad carece de consistencia, y parece ser muy dependiente de las circunstancias.

Recientemente, tuvo lugar una guerra de palabras iniciada por Erdogan con el presidente sirio, en la que el presidente turco acusó a Assad de ser un terrorista. Además, Erdogan rechazó cualquier tipo de negociación con Assad sobre el futuro de Siria. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Walid Muallem, respondió acusando a Erdogan de ser responsable del derramamiento de sangre del pueblo sirio. El 2 de enero de 2018, fuerzas leales a Assad dispararon proyectiles hacia territorio turco. Dicho lanzamiento provocó una respuesta inmediata de Turquía. El 18 de enero, Mevlüt Çavusoglu (ministro de Exteriores turco) anunció que su país tenía la intención de llevar a cabo una intervención aérea en las regiones sirias de Afrin y Manbij.

Unos días más tarde, la Operación Rama de Olivo fue lanzada, con el pretexto de crear una "zona de seguridad" en Afrin (en la provincia siria de Alepo); aunque se ha centrado casi totalmente en expulsar lo que Erdogan llama "terroristas" kurdos, que en realidad se componen de facciones kurdas respaldadas por EE.UU. Estos grupos kurdos han desempeñado un papel crucial en la coalición anti-ISIS. La operación se inició, supuestamente, en respuesta a los planes de EE.UU. de crear una fuerza fronteriza de 30.000 kurdos sirios. Erdogan declaró en un discurso reciente: "Un país al que llamamos aliado insiste en formar un ejército del terror en nuestras fronteras. ¿A quién puede atacar ese ejército terrorista sino a Turquía? Nuestra misión es estrangularlo antes de que nazca". Esto ha empeorado significativamente las relaciones entre ambos países, y ha desencadenado una respuesta oficial de la OTAN, en un intento por evitar la confrontación entre aliados de la OTAN en Manbij.

EE.UU. está buscando un equilibrio entre los kurdos y Turquía en la región, pero ha mantenido su apoyo formal a las SDF. Sin embargo, según el analista Nicholas Heras, EE.UU. no ayudará a los kurdos en Afrin, ya que solo intervendrá en las áreas de misión contra  el ISIS; comenzando por Manbij y hacia el Este (por lo tanto, Afrin no está bajo la protección militar de los EE. UU.).

Impacto del conflicto sirio en las relaciones internacionales de Turquía

El conflicto sirio ha tenido un fuerte impacto en las relaciones turcas con un amplio abanico de actores internacionales; de los cuales, los más importantes tanto para Turquía como para el conflicto son Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea e Irán.

El derribo de un avión ruso SU-24 en 2015 provocó un deterioro de las relaciones entre Rusia y Turquía. Sin embargo, gracias a las disculpas del presidente turco a Putin en junio de 2016, las relaciones se normalizaron, dando comienzo a una nueva era de cooperación entre ambos países. Esta cooperación alcanzó su culmen en septiembre del mismo año cuando Turquía compró un sistema de misiles de defensa S-400 a Rusia, a pesar de las advertencias de sus aliados de la OTAN. Además, la empresa rusa ROSATOM ha planificado la construcción de una planta nuclear en Turquía por un valor de 20 mil millones de dólares. Así, la colaboración entre ambas naciones se ha fortalecido en la esfera militar y la económica.

Sin embargo, a pesar del acercamiento, aún existen diferencias significativas entre ambos países, en particular con respecto a las perspectivas de política exterior. Por un lado, Rusia ve a los kurdos como aliados importantes en la lucha contra ISIS; y los considera miembros esenciales en las reuniones de resolución pacífica del posconflicto (PCR). Por otro lado, la prioridad de Turquía es llevar la democracia a Siria y prevenir el federalismo kurdo, lo que se traduce en su rechazo a incluir a los kurdos en las conversaciones de PCR. No obstante, los lazos entre Turquía y Rusia parecen ser bastante fuertes en este momento. Esto puede deberse al hecho de que la hostilidad (en el caso de Turquía, en aumento) de ambos países hacia sus contrapartes occidentales supera a sus diferencias con respecto al conflicto sirio.

La relación entre Turquía y Estados Unidos es más ambigua. Como miembros importantes de la OTAN, ambos países comparten importantes lazos de trabajo. Sin embargo, observando los acontecimientos recientes, se puede ver cómo estas relaciones se han ido deteriorando. El principal problema entre Washington y Ankara ha sido la cuestión kurda. EE.UU. apoya a las milicias de las Unidades de Protección Popular (YPG) en el SCW, sin embargo, las YPG son consideradas un grupo terrorista por Turquía. Aún no se sabe cómo evolucionará su relación, pero posiblemente ambas partes lleguen a un acuerdo con respecto a la cuestión kurda. A día de hoy (enero de 2018), el enfrentamiento en el norte de Siria está en punto muerto. Por un lado, Turquía no piensa dar su brazo a torcer en la cuestión kurda, y por otro lado, EE.UU. perdería su prestigio como superpotencia si decidiera sucumbir a las exigencias turcas. El apoyo a los kurdos se ha basado, tradicionalmente, en su papel en la campaña anti-ISIS. Sin embargo, a medida que la campaña va terminando, EE.UU. se está viendo en un compromiso intentando justificar su presencia en Siria de cualquier manera. Su presencia es crucial para mantener su influencia en la región y, lo que es más importante, para evitar la dominación del escenario en conflicto por parte de Rusia e Irán.

La negativa de los EE.UU. a extraditar a Fethullah Gülen, un enemigo acérrimo que, según Ankara, fue uno de los instigadores del fallido golpe de estado de 2016, ha tensado aún más sus relaciones. Según una encuesta del Pew Research Center, solo el 10% de los turcos confía en el presidente Donald Trump. A su vez, Turquía declaró recientemente que sus acuerdos con los EE.UU. están perdiendo validez. Erdogan subryaó que la disolución de los lazos entre ambos países afectaría seriamente el ámbito legal y económico. Además, el turco Zarrab fue declarado culpable en un juicio en Nueva York, por ayudar a Irán a evadir sanciones al permitir un plan de lavado de dinero, que se filtraba a través de bancos estadounidenses. Este ha sido un gran problema para Turquía, puesto que uno de los acusados ​​tenía vínculos con el partido AKP de Erdogan. Sin embargo, Erdogan ha calificado el juicio como una continuación del intento de golpe de estado, y ha hecho frente a las posibles críticas organizando una campaña mediática para difundir la idea de que Zarrab fue uno de los autores de la conspiración contra Turquía en 2016.

Con respecto a la Unión Europea, las relaciones también se han deteriorado, a pesar de que Turquía y la UE mantienen fuertes lazos económicos. Como resultado de la "purga" de Erdogan después del fallido golpe de estado, el continuo deterioro de las libertades en Turquía ha tensado las relaciones con Europa. En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo votó a favor de suspender las negociaciones de adhesión a la UE con Turquía, justificando su decisión en el abuso de  los derechos humanos y el declive del estado de derecho en Turquía. Al adoptar, cada vez más, las prácticas de un régimen autocrático, el acceso de Turquía a la UE se está volviendo imposible. En un reciente encuentro entre los presidentes turco y francés, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo hincapié en los lazos entre la UE y Turquía, pero sugirió que no había posibilidades realistas de que Turquía se uniese a la UE en un futuro cercano.

Desde 2017, después de la victoria de Erdogan en el referéndum constitucional a favor del cambio de sistema (de un sistema parlamentario a uno presidencial), las negociaciones de acceso a la UE han cesado. Además, varios órganos europeos, que se ocupan de cuestiones de derechos humanos, han colocado a Turquía en lista "negra", basándose una evaluación, según la cual el estado de la democracia en Turquía está en grave peligro debido al AKP.

Otro tema relacionado con el conflicto sirio entre la UE y Turquía son los refugiados. En 2016, la UE y Turquía acordaron transferir 6.000 millones de euros para apoyar la recepción turca de cientos de miles de refugiados sirios. Aunque esto pareció ser el comienzo de una cooperación fructífera, las tensiones han seguido aumentando debido a la capacidad limitada de Turquía para acoger a tal número de refugiados. La crisis humanitaria en Siria es insostenible: más de 5 millones de refugiados han abandonado el país y solo un pequeño número de ellos ha recibido suficientes recursos para recomenzar sus vidas. Este problema continúa creciendo día a día, y más de 6 millones de sirios han sido desplazados dentro de sus fronteras. Turquía acoge, a día de hoy, a más de 3 millones de refugiados sirios y, por consiguiente, las políticas de Ankara han resultado influenciadas en gran medida por esta crisis. El 23 de enero, el presidente Erdogan afirmó que las operaciones militares de Turquía en Siria terminarían cuando todos los refugiados sirios en Turquía pudieran regresar sanos y salvos a su país. La ayuda humanitaria está siendo enviada a los civiles en Afrin, en donde Turquía lanzó la última ofensiva contra los milicianos kurdos del YPG.

Con respecto a la relación entre Irak y Turquía, en noviembre de 2016, cuando las fuerzas iraquíes llegaron a Mosul para luchar contra el Estado Islámico, Ankara anunció que enviaría el ejército a la frontera iraquí, para prepararse ante los posibles desenlaces en la región. El ministro de Defensa turco agregó que no dudaría en actuar si se cruzaba la línea roja de Turquía. Este recibió una respuesta inmediata del primer ministro iraquí, Haidar Al-Abadi, quien advirtió a Turquía que no invadiera Irak. A pesar de esto, en abril de 2017, Erdogan sugirió que en etapas futuras, la Operación Escudo del Eufrates se extendería al territorio iraquí: "una operación futura no solo tendrá una dimensión siria, sino también una dimensión iraquí. Al Afar, Mosul y Sinjar están en Irak "

Finalmente, Rusia, Turquía e Irán han cooperado en el marco de las negociaciones de Astana por la paz en Siria, a pesar de tener intereses algo divergentes. En una reciente llamada entre el presidente iraní Rouhani y Erdogan, el presidente turco expresó su esperanza de que las protestas en Irán, que ocurrieron a fines de 2017, terminen. Las relaciones entre los dos países son extrañas: en la SCW, Irán apoya al gobierno sirio (chiíta), mientras que Turquía apoya a la oposición siria (suní). Algo similar ocurrió en la intervención de 2015 en Yemen, donde Turquía e Irán apoyaron a las facciones opuestas. Esto ha llevado a disputas entre los líderes de ambos países, sin embargo, tales tensiones se han aliviado desde que Erdogan realizó una visita a Irán para mejorar su relación. La crisis diplomática de Qatar también ha contribuido a esta dinámica, ya que colocó a Irán y Turquía contra Arabia Saudí y a favor de Qatar. Aunque existe un elemento duradero de inestabilidad en las relaciones entre ambos países, su relación ha ido mejorando en los últimos meses, ya que Ankara, Moscú y Teherán han logrado cooperar en un intento de superar sus diferencias para encontrar una solución al conflicto sirio.

¿Qué le espera a Turquía en Siria?

Gracias a las negociaciones en Astana, un futuro acuerdo de paz en la región parece posible. Las zonas de “cese de hostilidades” son un primer paso necesario, para preservar algunas áreas de la violencia de la guerra, como señalaba el plan estratégico turco desde los inicios. Dicho esto, el resultado se complica por una serie de factores: la fortaleza de las facciones kurdas es un elemento de discordia importante, así como una fuente de conflicto para los poderosos que manejarán la transición en el posconflicto.

Hay dos factores principales que, claramente, han impactado las decisiones sobre política exterior de Turquía, en relación con el conflicto sirio. El primero tiene que ver con la larga y compleja historia de Turquía y sus minorías kurdas, así como su obsesión por evitar que los kurdos alcancen un grado de autonomía territorial. De conseguirse, ello envalentonaría a los kurdos turcos y amenazaría la integridad territorial de Turquía. Turquía atacó unilateralmente posiciones de la oposición kurda, incluidas algunas respaldadas por un aliado de la OTAN (los EE.UU.), demostrando así hasta donde es capaz llegar para asegurarse que los kurdos no formen parte de la solución al finalizar la guerra civil. Todo esto produce incertidumbre y aumenta las posibilidades de que surjan nuevos conflictos en Siria.

El segundo factor está relacionado con la naturaleza cambiante del gobierno en Turquía, con un alejamiento del modelo occidental-democrático hacia un modelo más autoritario y cuasi teocrático, tomando a Rusia e Irán como aliados políticos. En su pivote hacia el este, Turquía mantiene un frágil equilibrio, teniendo en cuenta que sus objetivos difieren de los de sus nuevos amigos (Rusia e Irán), con respecto al resultado político en Siria. Los acontecimientos recientes indican, sin embargo, que Turquía parece estar llegando a un acuerdo sobre la cuestión de Assad, a cambio de obtener más flexibilidad para tratar con la cuestión kurda (parte de la coalición anti-ISIS), que considera una amenaza para su seguridad nacional.

Actualmente, en enero de 2018, la relación entre Turquía y EE.UU. parece estar en un punto muerto, especialmente en relación al grupo SDF respaldado por EE.UU. Erdogan ha declarado que, después de su operación en Afrin, continuará con un movimiento hacia Manbij. Por tanto, bajo los auspicios de la OTAN, se está negociando un acuerdo para delinear claramente las zonas en las que ambos países están militarmente activos. Existe una gran incertidumbre, con respecto a cuánto tiempo pueden durar tales acuerdos de partición (bajo el pretexto de una coalición anti-ISIS), antes de que estalle un nuevo conflicto. Sin embargo, parece probable que uno de los dos escenarios posibles ocurrirá para evitar el posible estallido de la guerra entre las grandes potencias en Medio Oriente.

Existen dos opciones. O se llega a un acuerdo con respecto al futuro papel de las SDF y otras facciones kurdas, con el consentimiento de Turquía, o bien, de lo contrario, EE.UU. retirará su apoyo a los kurdos, basándose en el mandato según el cual su alianza se limitaba a la lucha conjunta en la coalición anti-ISIS. En este último caso, EE.UU. se arriesga a perder la ventaja política y militar que le otorgan los kurdos en la región. También se arriesga a perder la confianza de sus aliados kurdos, un hecho que podría tener serias repercusiones estratégicas en la implicación de EE.UU. en esta región.