Taiwán llega a importar hasta cuatro veces más que China desde los países centroamericanos que le reconocen como Estado

De los casi doscientos países que existen en el mundo, solo 19 tienen relaciones diplomáticas con Taiwán (y, por tanto, no las tienen con China). De ellos, cinco están en Centroamérica y cuatro en el Caribe. El reconocimiento de Taipéi tiene algunas ventajas para esos países, aunque han ido quedando neutralizadas por el peso comercial de China. Panamá estableció relaciones con Pekín en 2017 y República Dominicana lo acaba de hacer ahora. Aquí examinamos el interés que aún tiene la preferencia por Taiwán para ciertos países de Centroamérica.

ARTÍCULO / Blanca Abadía Moreno

La especial relación de Taiwán con Centroamérica se remonta al período que siguió a la salida de Taiwán en 1971 de la Organización de las Naciones Unidas, donde la China nacionalista fue desplazada por la República Popular de China. Varios países latinoamericanos habían establecido relaciones con Taiwán en la década de 1960, pero la mayoría pasaron paulatinamente a reconocer a Pekín tras el cambio en la ONU. Taiwán retuvo, no obstante, el apoyo de las naciones centroamericanas y en la década de 1980 ganó además el de pequeñas islas del Caribe que entonces adquirieron la independencia.

La emergencia de China como gran socio comercial internacional ha ido restando reconocimientos diplomáticos a Taiwán. Costa Rica estableció plenos vínculos con China en 2007, Panamá en 2017 y República Dominicana el pasado 1 de mayo. Aun así, de los 19 países que siguen optando por Taipéi frente a Pekín, cinco están en Centroamérica: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua (este país con un hiato de cinco años, de 1985-1990). Otros cuatro se encuentran en el Caribe: Haití y tres minúsculas naciones de las Antillas menores. Si se tiene en cuenta que el resto de países que reconocen a Taiwán tienen poca importancia comercial, salvo Paraguay (se trata del Vaticano, Burkina Faso, Suazilandia y seis microestados de Polinesia), se entiende que Centroamérica absorba el interés diplomático de Taiwán.

Dado que la teoría constitutiva de la estadidad define un Estado como una persona de derecho internacional si, y solo si, es reconocido como soberano por otros, Taiwán se esfuerza en asegurarse que esos países sigan reconociéndolo como sujeto de pleno derecho en el concierto de las naciones; perder su apoyo afectaría directamente a la legitimidad de sus alegaciones como Estado soberano.

Para ello, Taipéi fomenta la relación comercial con ellos, les procura inversiones y utiliza lo que se llama la “diplomacia de la chequera”: la entrega de regalos (y sobornos) para que se mantengan esas relaciones. Los países centroamericanos reciben un promedio de 50 millones de dólares anuales de cooperación no reembolsable declarada. Taiwán orienta la ayuda hacia sus aliados Latinoamericanos por medio del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (ICDF), con programas que van desde la construcción de infraestructura hasta la producción de café. Así, Taiwán ha financiado y construido diversos edificios gubernamentales en Nicaragua y El Salvador.

Además, la nación asiática contribuye a programas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y es país observador en el Parlamento Centroamericano y otras organizaciones regionales.

Ese esfuerzo, no obstante, no ha impedido que en los últimos años se hayan dado bajas entre los países centroamericanos que le veían dando reconocimiento diplomático. El desarrollo económico de Costa Rica llevó en 2007 a este país a querer mejorar sus cifras comerciales mediante una aproximación a China, que supuso la apertura de una embajada en Pekín y el cierre de la que tenía en Taipéi. Por el mismo motivo, Panamá también optó en 2017 por romper con las relaciones diplomáticas con Taiwán, afirmando que China, un destacado usuario del canal panameño, “siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá” y había que eliminar cualquier restricción que lo impidiera seguir siendo.

Relaciones comerciales

Las relaciones comerciales entre Taiwán y los países centroamericanos que le reconocen como Estado se incrementaron significativamente gracias a la apertura en 1997 de la Oficina Comercial de Centroamérica (CATO) en Taiwán, la incorporación de este país al BCIE y la entrada en vigor de varios tratados comerciales. Así, Taiwán firmó tratados de libre comercio con Guatemala (2006), con Honduras y El Salvador (2006) y con Nicaragua (2008).

Esos tratados han facilitado especialmente la exportación centroamericana a Taiwán. Como ocurre con la mayoría de países latinoamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen a China como uno de los principales orígenes de sus importaciones (el 1º sigue siendo Estados Unidos). Su alineamiento político con Taiwán no les impide ser clientes de la producción de China. De esta forma, en 2016, China estuvo entre los puestos 2º y el 3º como mercado de procedencia, mientras que Taiwán se situó muy abajo en la tabla (entre el puesto 14º y el 23º). Sin embargo, la particular relación con Taipéi hace que Taiwán iguale o sobrepase a China como destino de las exportaciones de los cuatro países centroamericanos mencionados. Ese es el beneficio comercial que obtienen del reconocimiento diplomático a la isla asiática.

De este grupo de países, Nicaragua es el que en 2016 más exportó a Taiwán (83,7 millones de dólares) en comparación con las exportaciones a China (21,5 millones), en una proporción de cuatro a uno. Los principales productos nicaragüenses exportados fueron camarón, azúcar, carne bovina y café.

Honduras exportó a Taiwán por valor de 24,7 millones de dólares –principalmente productos textiles, café y aluminio– frente a los 18,5 millones colocados a China. Por su parte, El Salvador envió a Taiwán cargas por valor de 53,3 millones –sobre todo azúcar–, y de 46,5 millones a China. Guatemala, cuya economía tiene un volumen mayor, fue el único país en vender más a China (75,5 millones), pero en cifras muy similares a las de Taiwán (74 millones), a donde envió sobre todo café, papel y cartón.

Con estas relaciones diplomáticas y comerciales Taiwán pretende mostrar a la sociedad internacional que es un aliado capaz y responsable para la cooperación internacional. Así como hacer ver al mundo que la diplomacia taiwanesa existe pese a los intentos de asilamiento de China. El hecho de que China tenga un especial interés por mercados que le faciliten el acceso a materias primas hace que el gigante asiático esté más atento a las relaciones con diversos países de Sudamérica, ricos en minerales; es ahí donde Pekín concentra sus inversiones latinoamericanas.

Centroamérica, con menor actividad extractiva, se escapa de esta forma de la prioridad china (el interés por el Canal de Panamá es un caso aparte), y queda de momento para la acción de Taiwán. No obstante, el carácter cada vez más residual del apoyo a la isla y el peso mismo de las relaciones con China hacen prever que los países centroamericanos seguirán dándose de baja, uno tras otro, de este particular club.

▲Enrique Peña Nieto y Donald Trump, en la cumbre el G20 de julio de 2017 celebrada en Hamburgo [Presidencia de México]

ANÁLISIS / Dania Del Carmen Hernández [Versión en inglés]

Canadá, Estados Unidos y México se encuentran inmersos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo comercial entre esos tres países ha sido algo controvertido en los últimos años, especialmente en EEUU, donde se ha puesto en duda su conveniencia. Durante la campaña presidencial, Donald Trump defendió la cancelación del tratado; luego, ya en la Casa Blanca, aceptó que hubiera una renegociación. Trump argumentó que el pacto ha reducido empleos en la industria manufacturera de EEUU y generado un déficit comercial de más de 60.000 millones de dólares con México (18.000 millones de dólares con Canadá), así que a menos de que nuevas condiciones redujeran sustancialmente ese déficit, EEUU se retiraría del acuerdo.

En general, los estadounidenses tienen opiniones positivas sobre el tratado, con un 56% de la población que dice que el TLCAN es beneficioso para el país, y un 33% que dice que es perjudicial, de acuerdo con una encuesta de Pew Research de noviembre de 2017. De entre esos que tienen una opinión negativa, la mayoría son republicanos, con un 53% de ellos que aseguran que México se beneficia en mayor parte, mientras que los demócratas en su mayoría apoyan el pacto y solo un 16% lo ve de modo negativo.

Independientemente de la aceptación pública, la opinión sobre el tratado no siempre ha sido tan dudosa. Cuando el presidente Bill Clinton ratificó el tratado, este fue considerado uno de los mayores logros de su presidencia. De la misma manera que la globalización ha liberalizado el comercio en todo el mundo, el TLCAN también ha expandido el comercio muy eficazmente y ha presentado un gran número de oportunidades para Estados Unidos, al tiempo que reforzaba la economía estadounidense.

Bajo el TLCAN, el comercio de bienes y servicios estadounidenses con Canadá y México pasó de 337.000 millones de dólares en 1994, cuando el tratado entró en vigor, a 1,4 billones en 2016. El impacto ha sido aún mayor si se tienen en cuenta las inversiones transfronterizas entre los tres países, que de 126.800 millones de dólares en 1993 pasaron a 731.300 millones en 2016.

La inquietud de Washington es que, a pesar de ese aumento del volumen comercial, en términos relativos Estados Unidos no está logrando resultados suficientemente fructíferos, comparado con lo que sus vecinos están obteniendo del tratado. En cualquier caso, Canadá y México aceptan que, después de casi 25 años vigencia, el tratado debe revisarse para adaptarlo a las nuevas condiciones productivas y comerciales, marcadas por innovaciones tecnológicas que, como es el caso del desarrollo de internet, no se contemplaban cuando el acuerdo se firmó.

Examen ronda a ronda

La discusión de los tres países afecta a numerosos aspectos, pero puede hablarse de tres bloques, que tienen que ver con ciertas líneas rojas puestas por las distintas partes en la negociación: las reglas de origen; el deseo de Estados Unidos de acabar con el sistema independiente de arbitraje, a través del cual Canadá y México tienen la capacidad de acabar con medidas que violen el acuerdo comercial (eliminación del capítulo 19), y finalmente propuestas, quizás menos decisivas pero igualmente importantes, orientadas a la actualización general del tratado.

Cuando las negociaciones comenzaron, en agosto de 2017, se expresó de poder concluirlas hacia enero de 2018, con la previsión de seis rondas de reuniones. Ese número ya está siendo superado, con una séptima ronda a final de febrero, a la que posiblemente sucedan otras. Alcanzado el inicial deadline, de todos modos, es ocasión de examinar el estado de las discusiones. Una buena forma de hacerlo es seguir la evolución de las conversaciones a través de las rondas de reuniones celebradas y poder valorar así los resultados que se han ido registrando hasta el momento.

1ª Ronda (Washington, 16-20 de agosto de 2017)

La primera ronda de negociaciones puso sobre la mesa las prioridades de cada uno de los tres países; sirvió para fijar la agenda de los principales asuntos que en adelante se discutirían, sin entrar a abordar aún medidas concretas.

En primer lugar, Donald Trump ya dejó claro durante su campaña electoral que consideraba el TLCAN como un acuerdo injusto para Estados Unidos debido al déficit comercial que ese país tiene sobre todo con México y, en menor medida, con Canadá.

Según cifras de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, EEUU pasó de un superávit de 1.300 millones de dólares en 1994 a un déficit de 64.000 millones de dólares en 2016. La mayor parte de este déficit proviene de la industria automotriz. Para la nueva Administración estadounidense, esto pone en duda que el acuerdo tenga efectos beneficiosos para la economía nacional. México, menos predispuesto a introducir importantes cambios, insiste en que el TCLAN ha sido bueno para todas las partes.

Otro tema que se apuntó fue el de la brecha salarial de México frente a Estados Unidos y Canadá. México defiende que, a pesar de contar con uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, y haber tenido el salario medio estancado durante las dos últimas décadas, esto no se debería tener en cuenta en las negociaciones, pues estima que los salarios mexicanos irán alcanzando los de sus socios comerciales. Por el contrario, para EEUU y Canadá es un tema de preocupación; ambos países advierten que un incremento salarial no dañaría el crecimiento de la economía mexicana.

Las reglas de origen fue uno de los principales temas de discusión. Estados Unidos busca lograr que se aumente el porcentaje de contenido que se requiere para considerar un producto como de origen para que no sea necesario pagar aranceles al moverlo entre alguno de los tres países. Esto resultó controvertido en esta primera ronda, ya que podría afectar de manera negativa a las empresas mexicanas y canadienses. Los especialistas advierten que el mínimo de contenido nacional no existe en ningún tratado de libre comercio del mundo.

Por último, el gobierno de Trump dejó ver sus intenciones de eliminar el Capítulo 19, que garantiza la igualdad a la hora de resolver disputas entre los países, haciendo que no sean leyes nacionales de cada país las que resuelvan el conflicto. Estados Unidos entiende esto como una amenaza a su soberanía y cree que los conflictos deben resolverse de manera que sus propios procesos democráticos no sean ignorados. Canadá condicionó su permanencia en el tratado al mantenimiento de este capítulo. México también defiende garantías de independencia en la resolución de conflictos, aunque de momento en esta discusión no fue categórico.

2ª Ronda (Ciudad de México, 1-5 de septiembre de 2017)

Aunque considerada como exitosa por muchos analistas, la segunda ronda de renegociación siguió un ritmo lento. Algunos temas que avanzaron fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México, Juan Pablo Castañón, insistió en que de momento la cuestión salarial no estaba sujeta a negociación, y negó que alguna de las partes tuviera intención de salir del tratado, a pesar de las amenazas en ese sentido de la Administración Trump. Castañón se manifestó a favor de que México apoye el mantenimiento del capítulo 19 o el establecimiento de un instrumento similar para la solución de controversias comerciales entre los tres países.

3ª Ronda (Ottawa, 23-27 de septiembre de 2017)

Los delegados hicieron avances importantes en políticas de competencia, comercio digital, empresas de propiedad estatal y telecomunicaciones. El principal avance fue sobre algunos aspectos relacionados con las pymes.

La canciller canadiense, Chrystia Freeland, se quejó de que Estados Unidos no hubiera realizado propuestas formales ni por escrito en las áreas más complejas, lo que a su juicio demuestra una actitud pasiva de ese país en el contexto de las negociaciones.

El titular de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dijo que su país está interesado en que se incrementen los salarios en México, bajo la lógica de que eso supone una competencia desleal, pues México ha atraído fábricas e inversiones con sus bajos salarios y sus débiles reglas sindicales. No obstante, líderes empresariales y sindicales mexicanos resisten esas presiones.

Canadá se mantuvo firme en su postura sobre el capítulo 19, que considera uno de los grandes logros del vigente acuerdo. “Nuestro Gobierno está absolutamente comprometido a defenderlo”, dijo Freeland. Washington planteó, aunque sin presentar una propuesta formal, la modificación de las reglas de origen para que fuesen más estrictas y evitar que importaciones de otras naciones sean consideradas “hechas en América del Norte”, solo porque se ensamblaron en México.

Esta ronda se llevó a cabo mientras Estados Unidos fijaba un arancel de casi 220% a las aeronaves Serie C de la armadora canadiense Bombardier, al considerar que la empresa había utilizado un subsidio gubernamental para vender sus aviones a EEUU a precios artificialmente bajos.

4ª Ronda (Virginia, 11-17 de octubre de 2017)

Estados Unidos presentó su propuesta formal de elevar las reglas de origen de la industria automotriz y su sugerencia de introducir una cláusula de extinción del acuerdo.

Estados Unidos propuso elevar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de origen nacional de alguno de los tres países para que la producción de la industria automotriz pueda beneficiarse del TLCAN, y que el 50% sea de producción estadounidense. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) rechazó la propuesta.

También se debatió el interés de Washington de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado (Capítulo 19), sin que se registrara una aproximación de las posiciones.

Por último se habló de la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir a los cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta recibió amplias críticas, advirtiendo que esto atentaría contra la esencia del acuerdo y que cada cinco años generaría incertidumbre en la región, pues afectaría los planes de inversión de las empresas.

Estas propuestas se suman al clima de dureza de la negociación, pues ya en la tercera ronda Estados Unidos había empezado a defender propuestas difíciles, en asuntos como los juicios por dumping (vender un producto por debajo de su precio normal) en la importación de productos mexicanos perecederos (jitomates y bayas), las compras gubernamentales y la compra de textiles.

5ª Ronda (Ciudad de México, 17-21 de noviembre de 2017)

La quinta ronda se desarrolló sin grandes avances. EEUU mantuvo sus demandas y eso generó gran frustración entre los representantes de México y Canadá.

Estados Unidos no recibió alternativas a su propuesta de querer aumentar la composición regional desde el 62,5% hasta el 85%, y que al menos el 50% sea estadounidense. Por el contrario, sus compañeros comerciales pusieron sobre la mesa datos que muestran el daño que esta propuesta provocaría en las tres economías.

Ante el deseo de EEUU de limitar el número de concesiones que su gobierno federal ofrece a compañías mexicanas y canadienses, los negociadores mexicanos respondieron con una propuesta para limitar los contratos públicos del país al número de contratos alcanzados por compañías mexicanas con otros gobiernos dentro del TLCAN. Dado que el número de estos contratos es bastante reducido, las compañías de EEUU verían restringida su contratación.

Al terminar esta quinta ronda, los temas que se encuentran más avanzados son los de una mejora regulatoria de las telecomunicaciones y el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Con esto último, los estadounidenses buscan establecer nuevas normas transparentes y no discriminatorias, que permitan que cada país establezca el grado de protección que considere apropiado.

6ª Ronda (Montreal; Enero 23-29, 2018)

La sexta negociación demostró algo de progreso. El capítulo sobre la corrupción fue cerrado finalmente, y hubo avances en otros ámbitos. Se discutieron algunas de las cuestiones importantes que se habían estado dejando de lado en las anteriores negociaciones. El progreso es lento, pero parece abrirse paso.

Robert Lightizer rechazó el compromiso sobre las reglas de origen que Canadá había propuesto previamente. La estructura se basaba en la idea de que las reglas de origen deberían ser calculadas incluyendo el valor del software, la ingeniería y otros trabajos de gran valor, facetas que hoy en día no se tienen en cuenta con vistas al objetivo de contenido regionales.

Como forma de presión, Canadá amenazó con reservaría el derecho de tratar a sus países vecinos peor que a otros países si entran en acuerdos. Uno de ellos podría ser China. La propuesta no fue considerada, puesto que Estados Unidos y México la consideraron inaceptable.

Mas allá de la fecha limite

Después de más de siete meses de reuniones, como queda reflejado en este repaso de las conversaciones ronda  a ronda, las negociaciones entre los tres países siguen sin haber alcanzado el umbral de preacuerdo que, aún a la espera de resolver puntos más o menos importantes, confirmara la voluntad compartida de dar continuidad al TLCAN. Las posturas duras de Estados Unidos y la presión de Canadá y México por salvar el tratado han dado lugar hasta ahora a un 'tira y afloja' que ha permitido algún resultado parcial, pero no decisivo. Así, aún está por determinar si el tratado en realidad ha llegado a su fecha de caducidad o en cambio podrá reeditarse. Por el momento los tres países están de acuerdo en seguir trabajando por conseguir un tratado renovado.

Por lo que se ha visto hasta el momento en las negociaciones es difícil determinar qué país estará más dispuesto a ceder a la presión ejercida por los otros. Las cuestiones más controvertidas apenas han sido abordas hasta recientemente, por lo que tampoco es posible apuntar qué logros consigue cada país en este proceso negociador.

Los dos vecinos de Estados Unidos, pero especialmente Canadá, siguen alertando del riesgo de Trump quiera acabar con el tratado. Una aceleración de las negociaciones podría ayudar a la resolución positiva del proceso, pero el calendario electoral más bien amenaza con aplazamientos. El 30 de marzo comienza la campaña de las presidenciales de México, que tendrán lugar el 1 de julio. En septiembre, Estados Unidos comenzará a estar más pendiente de las elecciones legislativas de noviembre. Un avance sustancial antes de las presidenciales mexicanas podría encarrilar el acuerdo, aunque quedaran para después algunos asuntos por cerrar, pero si en las próximas reuniones no se da ese gran paso, los tres países podrían irse haciendo a la idea acerca del fin del TLCAN, lo que lastraría las negociaciones.

Examen a la reformulación del modelo económico castrista intentada por el sucesor de Fidel

El próximo mes de abril, año y medio después de la muerte de Fidel Castro, su hermano Raúl tiene previsto dejar la presidencia de Cuba, en la que ha estado una década. Su legado es el intento de alargar el régimen castrista en el tiempo mediante el obligado saneamiento económico de la isla. Pero las restricciones de las reformas mismas, la lentitud de su aplicación y el hecho de no ir acompañadas de mayor libertad política, han limitado el efecto de los cambios. En cualquier caso, pueden constituir un buen punto de partida para el próximo presidente, si realmente desea avanzar hacia una plena apertura.

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Raúl Castro sustituyó en 2008 a su hermano Fidel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. Desde entonces la isla ha vivido cambios en su organización, aunque sin dejar su estructura comunista ni los principios revolucionarios puestos en marcha en 1959. A su llegada al poder, Castro tomó la decisión de encaminarse por una senda de reformas estructurales para “actualizar” el modelo económico-social cubano y salir de la grave crisis económica.

Como parte de ese programa, Raúl Castro aprobó una serie de reformas sociales y económicas de carácter “transformativo”, las cuales tendieron a la introducción de mecanismos de mercado, pero manteniendo la adhesión a los principios socialistas basados en la planificación centralizada (y sin acompañar esos cambios con una liberalización político). La revitalización fue el principal objetivo de las reformas en el ámbito económico, dando un giro a lo que venía siendo una política con un enfoque totalmente socialista y de rechazo a las reformas de libre mercado.

Diez años después del relevo entre los hermanos Castros, el régimen cubano se está preparando para la llegada en abril del primer presidente ajeno a la familia. Aunque todavía no se ha confirmado quién será el nuevo mandatario, se prevé que, dentro de una continuidad, el designado sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.

El país se encuentra actualmente en una situación desventajosa, con la incertidumbre política sobre la nueva etapa que se abre, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela ( el principal país benefactor de la isla por más de una década), y las truncadas expectativas exteriores que supuso hace uno año la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Actualización del modelo económico

Desde 1959, el modelo económico cubano se ha basado en principios revolucionarios socialistas. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, sin embargo, se abordó un proceso de transformación, considerado necesario para sacar adelante una economía que se encontraba estancada y sumergida en una grave crisis.

En realidad no se dio una modificación sustancial del modelo económico, sino una actualización del mismo, manteniendo el predominio de la planificación central estatal y de la propiedad estatal sobre las leyes del libre mercado. El objetivo de ese proceso ha sido garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, como han declarado las autoridades cubanas, así como fomentar el desarrollo económico del país y mejorar el nivel de vida de la población.

El marco de reformas se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado en 2011. Entre otros puntos, los acuerdos aprobados establecían la entrega de un usufructo a campesinos y cooperativas, y abrían las puertas al despido masivo de cientos de empleados estatales. Las pautas de la reforma, sin embargo, no fijaban el papel específico que el sector estatal y el estatal debían jugar en la economía.

La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada por la planificación estatal esta medida sigue resultando ineficiente, al igual que sucedió en China o Vietnam. Aunque la empresa estatal sigue prevaleciendo (de una forma más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales), en el sector privado se la logrado una flexibilización, pero los fuertes impuestos a este sector siguen obstaculizando su desarrollo.

Tierras en usufructo

Uno de los grandes pilares de las reformas del gobierno de Castro fue la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a campesinos y cooperativas, con el propósito de reducir las importaciones y aumentar la producción. Los usufructuarios han obtenido el derecho a cultivar esas tierras y a quedarse lo que cosechen, pero el Estado sigue manteniendo la propiedad y puede rescindir el contrato por razones de interés público.

La regulación se llevó a cabo mediante dos leyes: una primera, en 2008, sujeta a muchas restricciones y en realidad desventajosa para los agricultores; y una segunda, en 2012, más flexible, mediante la cual el gobierno ampliaba el tamaño de la parcela (de 13 a 67 hectáreas), aprobaba la plantación de huertos y bosques, y además permitía la construcción de casas al lado de las tierras (anteriormente prohibidas).

En marzo de 2011, el gobierno informó que ya se habían entregado 128.000 usufructos, que totalizaban 1,2 millones de hectáreas. De todos modos, aunque la ley de 2012 era menos restrictiva que la anterior, como se ha dicho, seguía incluyendo ciertas trabas que desincentivaban la implicación de los agricultores: estos registraron ganancias, pero solo después de sortear diversos obstáculos.

Despido masivo funcionarial y cuentapropismo

A principios del año 2011, la nómina estatal presentaba una tasa “inflada”, con millones de empleados estatales en puestos y condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, Raúl Castro promovió el despido de 500.000 trabajadores estatales excedentes, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, lo que elevó la tasa de desempleo al 12%. Para contrarrestar esta medida, se crearon en una primera etapa 250.000 empleos por cuenta propia y se fomentaron también otras actividades privadas.

Esta medida era necesaria para elevar la productividad laboral, reducir gastos y aumentar los salarios. Los acuerdos del VI Congreso del PCC permitieron la aprobación de 178 actividades por cuenta propia: muchas de ellas eran muy específicas y no cualificadas (como carretilleros o cuidadores de baño), y unas pocas cualificadas (como traductores o agentes de seguro). Con ello se flexibilizó el trabajo privado.

Así, en un país con una fuerza laboral de 5 millones de personas, del total de 11,2 millones que residen en la isla, un total de 4,2 millones de los que trabajan son empleados estatales y el resto se ubica en el sector no estatal, formado por cooperativas agrícolas, campesinos privados y empleados por cuenta propia [1]. Estos últimos alcanzan hoy las 500.000 personas. A pesar de este desarrollo de lo que en Cuba se conoce como cuestapropismo, existen restricciones que hacen que la mayoría de profesionales no puedan trabajar por su cuenta en su profesión, y esto reduce el capital humano disponible para potenciar la economía del país.

Apertura a la inversión extranjera

El flujo de inversiones desde el exterior no ha acompañado las reformas impulsadas por Raúl Castro, lo que ha constituido uno de los mayores obstáculos para el éxito buscado. Para atraer esas inversiones extranjeras, en 2013 se inauguró la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, se le adjudicó una zona industrial de extensión de 465,4 kilómetros cuadrados y una terminal de buques avanzada. El propósito era convertir la ZEDM, mediante la existencia de incentivos para atraer inversiones, en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior y la mayor estructura industrial de Cuba [2]. Sin embargo, a cuatro años de su inauguración, los resultados no han sido los esperados. En un proceso administrativo que ha seguido un ritmo extraordinariamente lento, hoy en día solo se ha aprobado la instalación de 33 empresas, algo que queda muy lejos de los 2.500 millones de dólares que la ZEDM pensaba atraer anualmente.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington llevado a cabo al final de la Administración Obama no ha acelerado las inversiones de Estados Unidos o de otros países occidentales. Además de que el embargo estadounidense sigue en pie, la Administración Trump ha dado marcha atrás las disposiciones aprobadas por su antecesor que abrían una tímida puerta a una mayor relación económica.

Situación económica

El plan de reformas de Raúl Castro no ha tenido el éxito esperado, principalmente por el grado de restricción que las regula. La falta de la pretendida revitalización económica se ha manifestado en el pobre desempeño de la economía cubana en los últimos años. En 2016, Cuba cayó en recesión, con un decrecimiento económico del 0,9%. En 2017 pudo recuperarse ligeramente (cifras aún no cerradas hablan de un aumento del 1,6% del PIB) gracias al auge del turismo y a unos mejores resultados agrícolas.

En la ultima década, el turismo ha sido precisamente uno de los activos de la economía cubana. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el turismo a la isla creció en 2017 un 11,9%, con 4,7 millones de visitantes. Ese aumento contabiliza el mayor número de visitas realizadas desde Estados Unidos, posibilitadas por la eliminación de restricciones aprobada por Obama, pero que Trump ha vuelto a imponer.

Por otra parte, Cuba mantiene su crónico déficit comercial. Si bien en 2016 logró reducirlo al 9,6% del PIB, las perspectivas no son buenas, dadas las dificultades de Venezuela para seguir suministrado petróleo, prácticamente a fondo perdido. En 2015, Venezuela fue el principal socio comercial de Cuba, con el que mantiene el 36% de su comercio exterior, en un intercambio valorado en 4.000 millones de dólares. Por detrás le sigue China, con un 28%, país que vende en condiciones de crédito blando a la isla.

Legado y nuevos retos

A punto de terminar la presidencia de Raúl Castro, Cuba se encuentra en una situación poco favorable, con una economía a la que le cuesta salir del estancamiento y con un programa de reformas estructurales que han sido insuficientes para resolver los problemas socio-económicos acumulados durante más de 60 años de socialismo estatal centralizado. El carácter tímido y el ritmo lento de las reformas económicas no han ayudado a relanzar la economía.

No obstante, durante su década en el poder, Castro ha liderado cambios en la gestión del modelo, algo que conviene tener en cuenta por más que en el ámbito político haya perpetuado la falta de libertad y la persecución de la actividad opositora, sin que eso suponga minusvalorar la culpa moral de la dictadura. Entre los cambios realizados está la apertura a la inversión extranjera, las nuevas relaciones diplomáticas, la participación en foros latinoamericanos y la inmersión de los cubanos en el trabajo por cuenta propia.

Probablemente obligado por las circunstancias, Raúl Castro supo romper algunos de los obstáculos y de las barreras ideológicas que su hermano Fidel había implementado en la isla por más de 40 años en el poder. El legado del presidente saliente marca un cierto avance, pero serán las acciones del entrante las que indique si Cuba verdaderamente camina hacia la apertura económica –y política– ansiada por los cubanos.

[1] VIDAL, P. y PÉREZ Villanueva, Omar E. “Se extiende el cuentrapropismo en Cuba”. Espacio Laical, vol. 6, n. 3 (2010), p. 53-58.

[2] HERSHBERG, E., & LEOGRANDE, W. M. (2016). A new chapter in US-Cuba relations: social, political, and economic implications. New York: Palgrave Macmillan.

[Riordan Roett, Guadalupe Paz (Eds.). Latin America and the Asian Giants: Evolving Ties with China and India. Brookings Institution Press, 2016, 336 páginas]

RESEÑA / Ignacio Urbasos Arbeloa

El comercio entre América Latina y la región de Asía-Pacífico ha crecido durante la última década a un vertiginoso ritmo del 21% anual[1]. Sin embargo, el protagonismo de China ha eclipsado y concentrado la gran mayoría de los análisis académicos, dejando a otros actores tan relevantes como India en un segundo plano.  Este libro de Riordan Roett, Guadalupe Paz y otros colaboradores de diferentes partes del mundo ofrece una interesante comparativa entre los dos “gigantes asiáticos” en sus relaciones con los países latinoamericanos en un nuevo contexto global. Esta reseña, va a centrarse en el ascenso de India en la región, si bien las referencias a China son ineludibles.

Los lazos históricos entre América Latina e India, aunque débiles, han existido desde el periodo colonial. A día de hoy un millón de personas[2] descendientes de migrantes  indios viven en el Caribe, un hecho que puede considerarse una oportunidad para generar canales de diálogo, sin embargo la magnitud de la diáspora India elimina todo rasgo de excepcionalidad. Otro elemento interesante relaciona directamente a India y Brasil, dos países que comparten en cierta medida el legado portugués y han sido abanderados de la cooperación Sur-Sur hasta el día de hoy, un planteamiento que han compartió tanto Lula y Dilma como Modi.  En el apartado histórico, la relevancia de India es mucha mayor que la de China, la cual carece de relevantes referencias socio-culturales en la región.

La creciente presencia económica de los dos gigantes asiáticos en Latinoamérica no ha pasado desapercibida en el debate político. Históricamente, lo sectores de izquierda han apoyado en mayor medida el incremento de las relaciones comerciales con China al considerarlo una vía para lograr la emancipación e independencia del continente con respecto de los Estados Unidos.  La derecha, por el contrario, se ha mostrado reacia a una mayor presencia de China, alineándose en el caso de los países de la Alianza Pacífico con el TPP, el cual hasta la llegada de Trump pretendía ser un tratado de libre comercio orientado a incrementar la presencia del continente americano en Asía-Pacífico al margen de China[3].  En opinión de los autores, América Latina carece de una narrativa y estrategia cohesionada sobre China, reduciendo así drásticamente su capacidad de negociación e influencia sobre el país asiático. El caso de India es diferente, al ser todavía el volumen de comercio una décima parte que el chino, tratarse de un país democrático, aliado de EEUU y con una mejor imagen en el continente.

A pesar de que la gran mayoría de las exportaciones latinoamericanas hacía Asia se componen de commodities y las importaciones, de productos manufacturados, existen sutiles diferencias que explican la mejor imagen de India en la región. En primer lugar, las importaciones chinas están mucho más diversificadas que las indias, generando una percepción general de destrucción del tejido industrial y empleos locales debido a la mayor competitividad por las economías de escala y la distorsión del yuan.  Igualmente, lo que India exporta a Latinoamérica son productos valorados socialmente (como es el caso de los fármacos genéricos, que han permitido reducir el precio de los medicamentos) y vehículos baratos, al tiempo empresarios indios instalan compañías de la información, que han generado 20.000 empleos en la región.

Por lo que se refiere a las importaciones, tanto India como China concentran sus compras en productos naturales, siendo el perfil de India más energético y el chino más minero. Ambos países concentran una enorme demanda de soja, un producto que de acuerdo con Riordan Roett será gradualmente cada vez más importante debido a su versatilidad como alimento, pienso y origen de biocombustibles. Es importante remarcar, que América Latina es una de las claves en la seguridad energética y alimentaria de  estos países, los cuales afrontan este enorme reto derivado del tamaño de su población de forma diferente: India apuesta por la inversión privada y China por acuerdos de compra a largo plazo a sus empresas públicas. Una posible colisión entre los dos gigantes asiáticos por acceder a estos mercados no puede ser descartada, con las implicaciones geopolíticas que eso conlleva.

En cuanto al posicionamiento financiero de India en América Latina, la realidad muestra una presencia casi testimonial en comparación con el de China. Sin embargo, cabe destacar que a inversión y los préstamos indios son vistos con mucho mejores ojos que los chinos. En general, India actúa como un socio transparente y acostumbrado a las prácticas latinoamericanas, algo que no ocurre con China, cuyos actores están más acostumbrados a tratar con una compleja burocracia más que con un sistema democrático. Igualmente los préstamos chinos, cada vez más presentes en ciertas economías como la venezolana o ecuatoriana han demostrado ser menos ventajosos que los de los organismos internacionales como FMI o BID al tener mayores intereses y estar ligados a estrictas condiciones de compra de bienes.  Todo esto hace de India un socio más amable para la opinión pública: un reto que deberá afrontar conforme incremente su presencia en la región y con ello se pueda apreciar su verdadera forma de actuar en el exterior, todavía una incógnita.

En definitiva, el papel de India en la región es prometedor aunque todavía de alcance limitado. El crecimiento anual del comercio entre ese país y Latinoamérica fue de un 140% entre 2009-2014[4] y además India ya ha firmado los primeros tratados de libre comercio (con MERCOSUR y Chile), aunque de escasa magnitud. Hay que destacar que se trata principalmente de un comercio de naturaleza interindustrial, en el que los países latinoamericanos exportan productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales e importan manufacturas de distintas intensidades tecnológicas, lo que limita el potencial para establecer relaciones económicas más profundas entre ambas regiones[5] y las condena a las fluctuaciones en precio de las commodities. El hecho de que un carguero necesite entre 45 y 60 días en llegar desde la costa chilena a los puertos indios supone una verdadera barrera para el comercio, sin embargo existen muchos motivos para esperar de India una mayor presencia regional, como sus excelentes relaciones con Brasil, las expectativas de crecimiento anual de más del 7% de su PIB y la ineludible importancia de América Latina para garantizar la seguridad energética y alimentaria de la creciente población del país asiático.

El proyecto 'Un Cinturón-Una Ruta' pretende consolidar el ascenso de China como superpotencia

La ambiciosa iniciativa lanzada por Xi Jinping de conexión de China con el resto del continente Euroasiático puede resultar costosa y difícil. Pero a diferencia de la ruta terrestre a través de las repúblicas de Asia central, la vía marítima puede no tardar en ser una realidad en ciertos tramos, pues China ya ha construido algunos puertos en parte del recorrido.

▲Las vías terrestre y marítima de la iniciativa china [yourfreetemplates]

ARTÍCULO / Jimena Puga Gómez [Versión en inglés]

Tras el discurso del presidente chino Xi Jinping en 2013 sobre la revitalización de la antigua Ruta de la Seda, la iniciativa que comenzó siendo solo una idea se ha convertido en el mayor desafío económico del Gobierno de Pekín: una revolución que, de llevarse a cabo, modificará las infraestructuras de transporte de pasajeros, mercancías y hidrocarburos, así como la alta tecnología del continente asiático. Denominado como OBOR-One Belt-One Road (Un Cinturón-Una Ruta), el plan pretende ser la clave del ascenso de China como superpotencia regional.

La iniciativa OBOR es un gran plan para rediseñar el entorno estratégico de China, proyectar el poder económico de Pekín, asegurar el acceso del país comunista a los suministros de energía y minerales, e impulsar el crecimiento económico en el oeste de la República Popular. OBOR busca lograr estos objetivos fomentando una conectividad mayor y más rápida entre China y Europa a través de puntos intermedios en el centro, oeste y sur de Asia, así como con Rusia.

Por su parte, la ruta marítima que formará una de las piezas clave de la iniciativa OBOR, también conocida como la Ruta de la Seda del siglo XXI, cuenta con que siete de los diez puertos más grandes del mundo están en China y, como es sabido, estas infraestructuras hacen del gigante asiático un importante exportador de servicios de gestión portuaria. 

La Ruta de la Seda marítima dirigida hacia Oriente, comenzará en la provincia de Fujian y pasará por Guangdong, Guangxi y Hainan, antes de dirigirse hacia el sur hasta el Estrecho de Malaca. Desde Kuala Lumpur, la Ruta seguirá a Kolkata y Colombo, luego cruzará el resto del Océano Índico en dirección a Nairobi. Y desde ese punto del continente africano, recorrerá el Cuerno de África buscando atravesar el estratégico Golfo de Adén has llegar al Mar Rojo. El plan trazado por Pekín pretende crear las infraestructuras suficientes para que los buques chinos puedan llegar a alcanzar de manera segura el Mediterráneo tras navegar por el Canal de Suez. Pero, la ambición del República Popular no se detiene a las puertas de la Unión Europea, ya que China quiere llegar a Atenas surcando el Egeo y de ahí pasar a Venecia, donde buscará las rutas terrestres que hagan posible el desplazamiento de sus mercancías por la toda Unión. La inversión China se ha centrado, entre otros puntos, en el puerto del Pireo, con un nuevo centro logístico y en el desarrollo de una red de infraestructuras logísticas a través de los Balcanes y de Hungría.

En este mapa estratégico de rutas ideado en Pekín, el Pacífico Sur también ha sido incluido. Así, la Ruta de la Seda marítima cuenta con dos rutas. La primera, como se ha dicho, con origen en la costa este de China y que a través del Mar del Sur de China tiene la pretensión de establecer un control estratégico de las islas Spratley, del Estrecho de Malaca y de toda la zona Indo Pacífica, incluyendo el Golfo de Bengala, para llegar al corazón de Europa. La segunda ruta marítima, también atravesará el Mar del Sur de China, para dirigir sus buques hacia los puertos costeros del Pacífico Sur. Con ello, China también controlaría las rutas de las imprescindibles materias primas que le llegan de los países hispanoamericanos

A pesar de tratarse de un proyecto económico a largo plazo, el Gobierno chino ha comenzado ya la construcción de ciertas infraestructuras y las necesarias negociaciones con distintos países. Un claro ejemplo es el de Alemania. La Unión Europea es el mayor socio comercial de China, mientras que la República Popular es el segundo proveedor de la Unión. Muestra de ello es Alemania, país que además de gozar de una excelente reputación como socio fiable en China, es considerada como “la puerta comercial de Europa”. Prueba de ello es que, en un encuentro en Duisburgo, el puerto interior más grande del mundo y un importante centro de transporte y logística de Europa, el presidente chino Xi Jinping propuso a Alemania “trabajar en común para hacer realidad el ambicioso proyecto del resurgimiento del cinturón económico de la nueva Ruta de la Seda del siglo XXI”. Actualmente, Alemania y China están conectadas mediante la línea de ferrocarril internacional Chongqing-Xinjiang-Duisburgo.

Los puertos construidos por China en Hambantota y Colombo, en Sri Lanka; la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Suez, en Egipto; la negociación de Kazajstán del derecho a despejar sus importaciones y exportaciones a través del puerto chino de Lianyungang, y una nueva alianza entre puertos en China y Malasia son ejemplos adicionales de la capacidad de China de aprovechar su nueva destreza como modernizador y administrador de puertos para respaldar su estrategia.

La iniciativa de la nueva Ruta de la Seda es un proyecto que necesitará de inversiones multimillonarias para poder construir infraestructuras de transporte fluidas, seguras y eficientes. Los efectos de esta red económica aseguran beneficios no solo para China, líder de la iniciativa OBOR, sino también para todos los países afectados por ella. No obstante, la financiación del proyecto es todavía una incógnita que convendría ir clarificando.