Armenia y Azerbaiyán se enfrentan en un conflicto en el que también se han implicado Turquía y Rusia

▲ Monumento a la captura de la ciudad de Shusha por parte armenia en la guerra por Nagorno Karabaj en la década de 1990 [Wikipedia]

ANÁLISIS / Irene Apesteguía

La región de Nagorno Karabaj, tradicionalmente habitada por armenios cristianos y turcos musulmanes, es internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán. No obstante, su población es de mayoría armenia, y con sentimiento independentista. En época soviética se convirtió en una región autónoma dentro de la república de Azerbaiyán y fue en la guerra de la década de 1990 cuando, además de dejar unos 30.000 muertos y alrededor de un millón de personas desplazadas, las fuerzas separatistas capturaron territorio adicional azerí. Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, las discrepancias étnicas entre Azerbaiyán y Armenia se han hecho más profundas. Incluso un censo de 2015 de Nagorno Karabaj reportó que no vivía allí ningún azerí, mientras que, en época soviética, los azeríes conformaban más de un quinto de la población. Desde la tregua entre las dos exrepúblicas soviéticas de 1994, se ha dado una situación de punto muerto, con el fracaso de varias negociaciones para lograr un acuerdo de paz permanente. La disputa ha continuado congelada desde entonces.

El pasado 27 de septiembre, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán volvió a conducir a un enfrentamiento militar. Los últimos acontecimientos van mucho más allá de los enfrentamientos habituales, ya que hay informes de helicópteros derribados, uso de drones de combate y ataques con misiles. En 2016 se produjo una violenta escalada del conflicto, pero no se ocupó Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj, y tampoco se declaró ninguna ley marcial. Si algo queda claro es que la escalada actual es una consecuencia directa del congelamiento del proceso de negociaciones. Además, es la primera vez que los estallidos armados se producen en intervalos tan cortos, pues la última escalada del conflicto tuvo lugar el pasado mes de julio.

El ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, amenazó el pasado 27 de septiembre con un “gran ataque” contra Stepanakert, si los separatistas no cesaban de bombardear sus asentamientos. Nagorno Karabaj declaró que respondería de forma “muy dolorosa”. Armenia, por su parte, advirtió que el enfrentamiento podría desatar una “guerra a gran escala en la región”.

Los líderes de ambos países se responsabilizan mutuamente de esta nueva escalada de la violencia. Según Azerbaiyán, las Fuerzas Armadas de Armenia provocaron constantemente al país, disparando contra el ejército y contra aglomeraciones de civiles. Además, en múltiples canales de televisión locales azerbaiyanos, el presidente Ilham Aliyev ha declarado que Armenia se está preparando para una nueva guerra, concentrando todas sus fuerzas en Karabaj. Incluso las autoridades azeríes han restringido el uso de internet en el país, limitando principalmente el acceso a las redes sociales.

En su operación de contraofensiva, Azerbaiyán movilizó personal y unidades de tanques con el apoyo de tropas de artillería y misiles, aviación de primera línea y vehículos aéreos no tripulados (UAV), decía el comunicado de prensa del Ministerio. Además, de acuerdo con el Observatorio sirio de Derechos Humanos, varios sirios de grupos yihadistas, de facciones respaldadas por los turcos, son combatientes en Nagorno-Karabaj. Esto ha sido corroborado por fuentes rusas y francesas. En cualquier caso, no sería sorprendente cuando Turquía se sienta al lado de Azerbaiyán.

Por su parte, Armenia culpa a Azerbaiyán de comenzar el combate. Autoridades armenias anunciaron que el ejército azerbaiyano había atacado con lanzagranadas propulsadas por cohetes y con misiles. Armenia no ha dejado de prepararse, pues en las semanas previas al inicio del combate, se habían detectado múltiples envíos de armas rusas al país a través de vuelos de transporte pesado. Por otro lado, el ministro de Defensa de Armenia ha acusado a Turquía de ejercer el comando y control de las operaciones aéreas de Azerbaiyán a través del avión Boeing 737 Airborne Early Warning & Control, ya que Turquía tiene cuatro de estos aviones.  

Desencadenantes

Ambas potencias estaban en alerta debido a los enfrentamientos de julio. Desde entonces, no han abandonado la preparación militar a manos de sus aliados externos. Por tanto, los acontecimientos actuales no pueden describirse como surgidos de la nada. Después del estallido de julio ha persistido la sensación de que el enfrentamiento armado simplemente había quedado en suspenso.

Horas después del estallido de los combates, Armenia declaró la ley marcial y la movilización general. Azerbaiyán, al contrario, declaró que tal actuación no era necesaria, pero finalmente el parlamento decidió imponer la ley marcial en algunas regiones del país. No solo se decretó la ley marcial, sino que también el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán declaró la liberación de siete aldeas, el establecimiento de un toque de queda en varias ciudades y la reconquista de múltiples alturas importantes. Está claro que todos los territorios ocupados tienen un crucial valor estratégico: Azerbaiyán ha asegurado el control visual de la carretera Vardenis-Aghdara, que conecta con el Karabaj, ocupado por Armenia. La carretera fue terminada por Armenia hace tres años, con el fin de facilitar las transferencias de carga militar de forma rápida, algo que indica que se trata de una posición estratégica para Armenia.

La guerra de drones ha estado también presente en el conflicto con drones turcos e israelíes usados por Azerbaiyán. Las medidas anti-drones que Armenia tiene que llevar a cabo están haciendo partícipe en el asunto a Irán.

Un factor importante que ha podido llevar al conflicto han sido los cambios en la cúpula diplomática de Bakú. Elmar Mammadyarov, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, abandonó su cargo durante los enfrentamientos de julio. Ha sido reemplazado por el exministro de Educación, Jeyhun Bayramov, quien no tiene mucha experiencia diplomática. Mientras tanto, Hikmet Hajiyev, asesor de política exterior del presidente de Azerbaiyán ha visto aumentado su papel en estas áreas.

Pero el problema no se centra tanto en los nuevos nombramientos. Durante los últimos años, Mammadyarov fue el mayor optimista acerca de las concesiones que Armenia podría estar dispuesta a hacer bajo el nuevo gobierno de Nikol Pashinyan. Y es que, desde la Revolución de Terciopelo de Armenia, que llevó al puesto de primer ministro a Pashinyan en 2018, Azerbaiyán había abrigado la esperanza de poder resolver el conflicto. Esta esperanza era compartida por muchos diplomáticos y expertos de Occidente. Es más, incluso dentro de Armenia, los oponentes de Pashinyan lo calificaron de traidor porque, según afirmaban, vendía los intereses del país a cambio de dinero occidental. Toda esta esperanza en torno a Armenia desapareció, pues la posición del nuevo primer ministro armenio con relación a Nagorno-Karabaj fue más dura que nunca. Hasta declaró en varias ocasiones que “Karabaj es Armenia”. Todo esto llevó a reforzar la posición de Azerbaiyán, que tras los enfrentamientos de julio se endureció. Y es que Bakú nunca ha descartado el uso de la fuerza para intentar solucionar el problema de su integridad territorial.

En el conflicto de 2016 hubo muchos esfuerzos para minimizar estos disturbios armados, principalmente por parte de la diplomacia rusa. Estos han contado con el respaldo de Occidente, que vio la mediación de Moscú como algo positivo. Sin embargo, las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán no se han reanudado, y la excusa de la pandemia de coronavirus no ha sido muy convincente, según medios nacionales.

Más puntos han llevado a la escalada actual, como una mayor participación turca. Después de los enfrentamientos de julio, Turquía y Azerbaiyán realizaron ejercicios militares conjuntos. Los representantes de Ankara comenzaron a hablar sobre la ineficacia del proceso de paz, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hablando el pasado mes en la Asamblea General de la ONU, describió a Armenia como el mayor obstáculo para la paz a largo plazo en el sur del Cáucaso. Esto no quiere decir que Turquía haya provocado la nueva escalada, pero sin duda contribuyó a empujar a Azerbaiyán a una actitud más envalentonada. El presidente turco afirmó en Twitter que “Turquía, como siempre, está con todos sus hermanos y hermanas de Azerbaiyán”. Además, el pasado mes de agosto, el ministro azerí de Defensa dijo que, con la ayuda del ejército turco, Azerbaiyán cumpliría “su sagrado deber”, algo que puede interpretarse como la recuperación de los territorios perdidos.

Importancia internacional

En un breve repaso por los aliados, cabe mencionar que los azeríes son una población mayoritaria de origen turco, con la que Turquía tiene estrechos lazos, aunque a diferencia de los turcos, la mayor parte de azeríes son musulmanes chiítas. En cuanto a Armenia, Turquía no tiene relaciones con el país, pues el primero es un país mayoritariamente cristiano ortodoxo que históricamente siempre se ha apoyado en Rusia.

Nada más comenzar las hostilidades, varios estados y organizaciones internacionales pidieron un alto al fuego. Por ejemplo, el canciller ruso Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo armenio, Zohrab Mnatsakanyan, pidió el fin de los combates y declaró que Moscú continuaría con sus esfuerzos de mediación. Mientras tanto, tal como hizo después de los enfrentamientos de julio, Turquía volvió a expresar a través de varios canales su pleno apoyo a Azerbaiyán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que Ankara está dispuesta a ayudar a Bakú de cualquier forma. El presidente armenio, horas previas al inicio del fuego, mencionó que un nuevo conflicto podría “afectar a la seguridad y estabilidad no solo del Cáucaso Sur, sino también de Europa”. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, expresó serias preocupaciones y pidió a ambas partes detener los combates.

Por otro lado, está Irán, que es principalmente chiíta y además tiene una gran comunidad de etnia azerí en el noroeste del país. No obstante, mantiene buenas relaciones con Rusia. Además, teniendo frontera con ambos países, Irán se ofreció a mediar en conversaciones de paz. Aquí se centra el problema actual de Irán sobre el nuevo conflicto. Los activistas azeríes convocaron protestas en el Azerbaiyán Iraní, que es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán, en contra del apoyo de Teherán a Armenia. Los arrestos llevados a cabo por el gobierno iraní no han impedido que sigan las protestas por parte de este sector social. Esta respuesta en las calles es un importante indicador de la temperatura actual en el noroeste de Irán.

En cuanto a países occidentales, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto el fuego y el inicio del diálogo. Estados Unidos aseguró haber contactado con ambas partes para urgirles a “cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda”.

Rusia puede tener serias preocupaciones en la reanudación de las hostilidades a gran escala. Ha dejado claro en múltiples ocasiones que lo importante es evitar que el conflicto vaya a más. Un motivo de esa insistencia puede ser que el Kremlin tiene ya frentes abiertos en Ucrania, Siria y Libia, además de la situación actual en Bielorrusia, y el envenenamiento de Alexéi Navalni. Además, a pesar del intento actual por parte de los presidentes de Rusia y Turquía por mostrar que las relaciones entre sus países van bien, cada vez son mayores y más diversas las discrepancias entre ellos, como sus puntos de vista en Siria o en Libia. Y ahora, Vladimir Putin no podría dejar a Armenia en manos de Azerbaiyán y Turquía.

El Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tiene como principal misión la mediación de las negociaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y está copresidida por Rusia, Francia y Estados Unidos. Como respuesta al presente conflicto, pidió “regreso al alto el fuego y reanudación de negociaciones sustantivas”. A principios de este año, Armenia rechazó los Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Además, esta iniciativa se ha visto cada vez más imposibilitada por el concepto de “nueva guerra por nuevos territorios” del Ministerio de Defensa de Armenia, así como por la idea de unificación de Armenia y Karabaj de Nikol Pashinyan. Todo esto ha enfurecido al gobierno y la ciudadanía azerí, que ha criticado cada vez más al Grupo de Minsk. Azerbaiyán también ha criticado la pasividad del grupo ante lo que considera acciones incendiarias de Armenia, como el traslado de la capital de Karabaj a Susa, una ciudad con gran importancia cultural para los azerbaiyanos, o como el asentamiento ilegal de libaneses y armenios en territorios ocupados de Azerbaiyán.  

Si alguna conclusión debe de ser obtenida de esto es que, para muchos, tanto en Azerbaiyán como en Armenia, el proceso de paz se ha desacreditado en las últimas tres décadas de negociaciones fallidas, lo que ha provocado cada vez más advertencias de que el status quo conduciría a una mayor intensificación del conflicto.

Entre algunos expertos existe una creciente preocupación de que los países occidentales no comprenden la situación actual y las consecuencias que se podrían derivar del peor estallido en la región en años. El director de la Oficina del Cáucaso Sur en la Fundación Heinrich Boell, Stefan Meister, ha afirmado que los combates entre estas dos regiones pueden llegar lejos. En su opinión, “la Unión Europea y Occidente subestiman el conflicto”.

La Unión Europea también se ha posicionado. Ya ha pedido a Armenia y Azerbaiyán la reducción de las tensiones transfronterizas, instando a detener el enfrentamiento armado y a abstenerse de acciones que provoquen más tensión, debiendo tomar medidas para evitar una mayor escalada.

El conflicto en el Cáucaso tiene gran importancia internacional. En la zona se dan periódicos enfrentamientos y resurgimientos de tensiones. La relevancia se centra en que cualquier escalada de la violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el Cáucaso sur es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales, y más concretamente, a Europa. Si Armenia decide que Azerbaiyán ha escalado demasiado, podría atacar el Gasoducto del Cáucaso del sur de Azerbaiyán, que envía gas para el TANAP de Turquía, y termina con el TAP, que abastece a Europa. Otro aspecto estratégico es el control de la ciudad Ganyá, pues controlarla podría conectar a Rusia con Karabaj. Además, el control de ese emplazamiento podría cortar la conectividad entre Azerbaiyán, Georgia y Turquía en relación con los gaseoductos. Ya hubo conflictos en esta área el pasado mes de julio, por ello a raíz del nuevo conflicto Azerbaiyán se ha predispuesto a cerrar el espacio aéreo de la región.

En verde fuerte, territorio de Nagorno-Karabaj acordado en 1994; en verde suave, territorio controlado por Armenia hasta este verano [Furfur/Wikipedia]

¿Una nueva guerra?

Hay varios resultados posibles para la situación actual. Lo más probable es una batalla por zonas pequeñas y no particularmente importantes, que permitan la declaración simbólica de una “victoria”. El problema se centra en que cada oponente puede tener una visión muy diferente de las cosas, siendo entonces inevitable una nueva vertiente de confrontación, subiendo el listón del conflicto, y derivando en una menor posibilidad de entendimiento entre las partes.

Aunque poco probable, muchos analistas no descartan la posibilidad de que la escalada actual sea parte de los preparativos para las negociaciones y sea necesaria para apuntalar las posiciones diplomáticas y aumentar la presión sobre el oponente antes de reanudar las conversaciones.

Cualquiera que sea el razonamiento detrás de los enfrentamientos armados, una cosa está clara: la importancia de la fuerza militar en el proceso de paz de Nagorno-Karabaj crece día a día. La ausencia de conversaciones se está volviendo crítica. Si el péndulo de Karabaj no se arregla pronto y no pasa de los generales a los diplomáticos, puede volverse irreparable. Y será entonces cuando las perspectivas de que estalle otra guerra regional una vez más dejarán de ser un mero escenario descrito por los expertos.

Mientras que Rusia sigue insistiendo en que no hay otra opción más que la vía pacífica, la Línea de Contacto entre ambos lados en Nagorno Karabaj se ha convertido en la zona más militarizada de Europa. Muchos expertos han mostrado en varias ocasiones como posible escenario que Azerbaiyán decida lanzar una operación militar para recuperar su territorio perdido. El país, cuya principal fuente de ingresos es su riqueza petrolera del Mar Caspio, ha gastado miles de millones de dólares en nuevo armamento. Además, ha sido Azerbaiyán quien ha reemplazado a Rusia como el mayor portador de gas natural a Turquía.

Una gran consecuencia del conflicto se centra en las posibles pérdidas de Rusia e Irán. Una víctima más del conflicto puede ser la posición rusa como líder de Eurasia. Otro argumento se basa en el Consejo turco, que ha exigido la retirada de Armenia de tierras azerbaiyanas. El problema está en que los miembros de ese consejo, Kazajistán y Kirguistán, son también miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC), liderada por Rusia junto con Armenia. Por otro lado, además, Irán muestra pánico ante la solidaridad total expresada por Turquía a Azerbaiyán, pues viven más azeríes en el Azerbaiyán Iraní que en la República de Azerbaiyán.

Nos situamos ante uno de los tantos conflictos ejemplificativos del nuevo y actual “estilo” de guerra, donde grandes potencias se sitúan a espaldas de pequeños conflictos. No obstante, el territorio de Nagorno-Karabaj será pequeño en extensión, pero no en importancia, ya que además de contribuir a la continuidad en la desestabilización del área caucásica, puede afectar a potencias cercanas, e incluso a Europa. Occidente debiera otorgarle la importancia que se merece, pues de continuar en la misma línea, la puerta está abierta a un conflicto bélico más violento, extenso y prolongado.

COMENTARIO / Luis Ángel Díaz Robredo*

Puede resultar sarcástico para algunos, e incluso cruel, escuchar que estas circunstancias de pandemia mundial por COVID-19 son tiempos interesantes para la psicología social e individual. Y aún puede resultar más extraño, tener en cuenta estos tiempos difíciles a la hora de establecer relaciones con la seguridad y la defensa de los estados.

En primer lugar hay que señalar lo evidente: las actuales circunstancias son excepcionales puesto que no habíamos conocido antes una amenaza para la salud tal que trascendiera a ámbitos tan diversos y decisivos como la economía mundial, la política internacional, la geoestrategia, la industria, la demografía… Los individuos e instituciones no estábamos preparados hace unos meses y, aun a día de hoy, los solventamos con cierta improvisación. Las tasas de mortalidad y contagio se han disparado y los recursos que la administración pública ha movilizado son desconocidos hasta la fecha. Sin ir más lejos, la operación Balmis –misión de apoyo contra la pandemia, organizada y ejecutada por el Ministerio de Defensa– ha desplegado en 20.000 intervenciones, durante 98 días de estado de alarma y con un total de 188.713 militares movilizados.

Además de las labores sanitarias de desinfección, logística y apoyo sanitario, se han dado otras tareas más propias del control social, como la presencia de militares en las calles y en puntos críticos o el refuerzo en fronteras. Esta labor que a algunas personas puede desconcertar por su naturaleza poco habitual de autoridad sobre la propia población está justificada por comportamientos grupales atípicos que hemos observado desde el inicio de la pandemia. Baste citar unos pocos ejemplos españoles que reflejan cómo en algunos momentos se han dado conductas poco lógicas de imitación social, como la acumulación de bienes de primera necesidad (alimentos) o no de tan primera necesidad (papel higiénico) que vaciaban durante unas horas las estanterías de los supermercados.

Ha habido momentos también de insolidaridad e incluso de cierta tensión social ante el miedo al contagio contra colectivos vulnerables, como los ancianos con COVID-19 trasladados de una localidad a otra y que eran abucheados por el vecindario que los recibía y debían ser escoltados por la policía. También, con escasa frecuencia pero igualmente negativo e insolidario, se han conocido casos en los cuales algunos sanitarios sufrían el miedo y el rechazo por parte de sus vecinos. Y últimamente la sanción y detención de personas que no respetaban las normas de distancia social y protección individual ha sido otra actuación habitual de las autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos hechos, que afortunadamente han sido limitados y solventados con rapidez por las autoridades, han sido sobradamente superados por muchos otros comportamientos sociales positivos de solidaridad, altruismo y generosidad entre ciudadanos.

Sin embargo, y puesto que la seguridad nacional debe contemplar no solo los escenarios ideales sino también situaciones con carencias o posibles riesgos, se debe tener en cuenta esas variables sociales a la hora de establecer una estrategia.

En segundo lugar, el flujo de información ha sido un verdadero tsunami de fuerzas e intereses que han arrollado las capacidades informativas de sociedades enteras, grupos empresariales e incluso individuos. En este juego por llegar a captar la atención del ciudadano han competido tanto medios de comunicación oficiales, como medios de comunicación privados, redes sociales e incluso grupos anónimos con intereses desestabilizadores. Si algo ha demostrado esta situación es que el exceso de información puede resultar tan incapacitante como la falta de información y que, incluso, el uso de información falsa, incompleta o de alguna forma manipulada nos
hace más influenciables frente a la manipulación de agentes exteriores o incluso vulnerables al ciberhacking, con evidentes peligros para la estabilidad social, la operatividad de servicios sanitarios, la facilitación del crimen organizado o incluso la salud mental de la población.

En tercer y último lugar, no podemos olvidar que la sociedad y nuestras instituciones –también las relacionadas con seguridad y defensa– tienen su máxima debilidad y fortaleza basadas en las personas que las forman. Si hay algo que la pandemia está poniendo a prueba es la fortaleza psicológica de los individuos debido a la circunstancia de incertidumbre hacia el presente y futuro, gestión del miedo a la enfermedad y a la muerte, y una necesidad innata de apego a las relaciones sociales. Nuestra capacidad de afrontar este nuevo escenario VUCA (del inglés Vulnerability, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) que afecta a todos y cada uno de los ambientes
sociales y profesionales exige un estilo de liderazgo fuerte, adaptado a esta situación tan exigente, auténtico y basado en los valores grupales. No existe a día de hoy una solución unilateral, si no es con el esfuerzo de muchos. No son palabras vacías el afirmar que la resiliencia de una sociedad, de unas Fuerzas Armadas o de un grupo humano, se basa en trabajar juntos, luchar juntos, sufrir juntos, con una cohesión y un trabajo en equipo convenientemente entrenados.

Dicho esto, podemos entender que las variables psicológicas –a nivel individual y de grupo– están en juego en esta situación de pandemia y que podemos y debemos usar los conocimientos que nos aporta la Psicología como ciencia seria, adaptada a las necesidades reales y con espíritu constructivo, para planificar la táctica y la estrategia de los escenarios actual y futuro derivados del Covid-19.

Sin duda, son momentos interesantes para la Psicología.

* Luis Ángel Díaz Robredo es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra

▲ Members of Colombia's National Liberation Army [Voces de Colombia]

ESSAY / Ángel Martos

Terrorism and transnational organized crime are some of the most relevant topics nowadays in international security. The former represents a traditional threat that has been present during most our recent history, especially since the second half of the twentieth century. International organized crime, on the other hand, has taken place throughout history in multiple ways. Examples can be found even in the pre-industrial era: In rural and coastal areas, where law enforcement was weaker, bandits and pirates all over the world made considerable profit from hijacking vehicles along trade routes and roads, demanding a payment or simply looting the goods that the merchants carried. The phenomenon has evolved into complex sets of interconnected criminal networks that operate globally and in organized way, sometimes even with the help of the authorities.

In this paper, the author will analyze the close interaction between terrorism and organized crime often dubbed the “crime-terror continuum”. After explaining the main tenets of this theory, a case study will be presented. It is the network of relations that exists in Latin America which links terrorist groups with drug cartels. The evolution of some of these organizations into a hybrid comprising terrorist and criminal activity will also be studied.

Defining concepts

The crime-terror nexus is agreed to have been consolidated in the post-Cold War era. After the 9/11 attacks, the academic community began to analyze more deeply and thoroughly the threat that terrorism represented for international security. However, there is one specific topic that was not paid much attention until some years later: the financing of terrorist activity. Due to the decline of state sponsorship for terrorism, these groups have managed to look for funding by partnering with organized criminal groups or engaging in illicit activities themselves. Starting in the 1980s with what later came to be known as narco-terrorism, the use of organized crime by terrorist groups became mainstream in the 1990s. Taxing drug trade and credit-card fraud are the two most common sources of revenues for these groups (Makarenko, 2010).

The basic level of relationship that exists between two groups of such different nature is an alliance. Terrorists may look for different objectives when allying with organized crime groups. For example, they may seek expert knowledge (money-laundering, counterfeiting, bomb-making, etc.) or access to smuggling routes. Even if the alliances may seem to be only beneficial for terrorist groups, criminal networks benefit from the destabilizing effect terrorism has over political institutions, and from the additional effort law enforcement agencies need to do to combat terrorism, investing resources that will not be available to fight other crimes. Theirs is a symbiotic relation in which both actors win. A popular example in the international realm is the protection that Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) offered to drug traders that smuggle cocaine from South America through West and North Africa towards Europe. During the last decade, the terrorist organization charged a fee on the shipments in exchange for its protection along the route (Vardy, 2009).

The convergence of organizations

Both types of organizations can converge into one up to the point that the resulting group can change its motives and objectives from one side to the other of the continuum, constituting a hybrid organization whose defining points and objectives blur. An organization of this nature could be both a criminal group with political motivations, and a terrorist group interested in criminal profits. The first one may for example be interested in getting involved in political processes and institutions or may use violence to gain a monopolized control over a lucrative economic sector.

Criminal and terrorist groups mutate to be able to carry out by themselves a wider range of activities (political and financial) while avoiding competitiveness, misunderstandings and threats to their internal security. This phenomenon was popularized after the 1990s, when criminal groups sought to manipulate the operational conditions of weak states, while terrorist groups sought to find new financial sources other than the declining state sponsors. A clear example of this can be found in the Italian Mafia during the 1990s. A series of deliberate bombing attacks were reported in key locations such as the Uffizi Galleries in Florence and the church of St. John Lateran in Rome. The target was not a specific enemy, but rather the public opinion and political authorities (the Anti-Mafia Commission) who received a warning for having passed legislation unfavorable to the interests of the criminal group. Another example far away from Europe and its traditional criminal groups can be found in Brazil. In the early 2000s, a newly elected government carried out a crackdown on several criminal organizations like the Comando Vermelho, the Amigos dos Amigos, and the group Terceiro Comando, which reacted violently by unleashing brutal terrorist attacks on governmental buildings and police officers. These attacks gave the Administration no other choice but to give those groups back the immunity with which they had always operated in Rio de Janeiro.

On the other side of the relationship, terrorist organizations have also engaged in criminal activities, most notably illicit drug trade, in what has been a common pattern since the 1970s. Groups like the FARC, ETA, the Kurdistan Workers Party (PKK), or Sendero Luminoso are among them. The PKK, for example, made most of its finances using its advantageous geographic location as well as the Balkan routes of entry into Europe to smuggle heroin from Asia into Europe. In yet another example, Hezbollah is said to protect heroin and cocaine laboratories in the Bekaa Valley, in Lebanon.

Drug trafficking is not the only activity used by terrorist groups. Other criminal activities serve the same purpose. For example, wholesale credit-card fraud all around Europe is used by Al Qaeda to gain profits (US$ 1 million a month). Furthermore, counterfeit products smuggling has been extensively used by paramilitary organizations in Northern Ireland and Albanian extremist groups to finance their activities.

Sometimes, the fusion of both activities reaches a point where the political cause that once motivated the terrorist activity of a group ends or weakens, and instead of disbanding, it drifts toward the criminal side and morphs into an organized criminal association with no political motivations) that the convergence thesis identifies is the one of terrorist organizations that have ultimately maintained their political façade for legitimation purposes but that their real motivations and objectives have mutated into those of a criminal group. They are thus able to attract recruits via 2 sources, their political and their financial one. Abu Sayyaf, the Islamic Movement of Uzbekistan and FARC are illustrative of this. Abu Sayyaf, originally founded to establish an Islamic republic in the territory comprising Mindanao and the Sulu Archipelago (Philippines), is now dedicated exclusively to kidnapping and marijuana plantations. The former granted them US$ 20 million only in 2000. Colombian FARC, since the 1990s, has followed the same path: according to Paul Wilkinson, they have evolved from a revolutionary group that had state-wide support into a criminal guerrilla involved in protection of crops and laboratories, also acting as “middlemen” between farmers and cartels; kidnapping, and extortion.  By the beginning of our century, they controlled 40 per cent of Colombia’s territory and received an annual revenue of US$ 500 million (McDermott, 2003).

“Black hole” states

The ultimate danger the convergence between criminal and terrorist groups may present is a situation where a weak or failed state becomes a safe haven for the operations of hybrid organizations like those described before. This is known as the “black hole” syndrome. Afghanistan, Tajikistan, Angola, Sierra Leone and North Korea are examples of states falling into this category. Other regions, such as the North-West Frontier Province in Pakistan, and others in Indonesia and Thailand in which the government presence is weak can also be considered as such.

Afghanistan has been considered a “black hole state” since at least the withdrawal of Soviet troops in 1989. Since the beginning of the civil war, the groups involved in it have sought to survive, oftentimes renouncing to their ideological foundations, by engaging in criminal activity such as the production and trafficking of opiates, arms or commodities across the border with Pakistan, together with warlords. The chaos that reigns in the country is a threat not only to the nation itself and its immediate neighbors, but also to the entire world.

The People’s Republic of Korea (DPRK) is, on the other hand, considered a criminal state. This is because it has engaged in transnational criminal activities since the 1970s, with its “Bureau 39”, a government department that manages the whole criminal activity for creating hard currency (drug trafficking, counterfeiting, money laundering, privacy, etc.). This was proved when the Norwegian government expelled officials of the North Korean embassy in 1976 alleging that they were engaged in the smuggling of narcotics and unlicensed goods (Galeotti, 2001).

Another situation may arise where criminal and terrorist groups deliberately foster regional instability for their own economic benefits. In civil wars, these groups may run the tasks that a state’s government would be supposed to run. It is the natural evolution of a territory in which a political criminal organization or a commercial terrorist group delegitimizes the state and replaces its activity. Examples of this situation are found in the Balkans, Caucasus, southern Thailand and Sierra Leone (Bangura, 1997).

In Sierra Leone, for example, it is now evident that the violence suffered in the 1990s during the rebellion of the Revolutionary United Forces (RUF) had nothing to do with politics or ideals - it was rather a struggle between the guerrilla and the government to crack down on the other party and reap the profits of illicit trade in diamonds. There was no appeal to the population or political discourse whatsoever. The “black hole” thesis illustrates how civil wars in our times are for the most part a legitimization for the private enrichment of the criminal parties involved and at the same time product of the desire of these parties for the war to never end.

The end of the Cold War saw a shift in the study of the nexus between crime and terrorism. During the previous period, it was a phenomenon only present in Latin America between insurgent groups and drug cartels. It was not until the emergence of Al Qaeda’s highly networked and globally interconnected cells that governments realized the level of threat to international security that non-state actors could pose. As long as weak or failed states exist, the crime-terror nexus will be further enhanced. Moreover, the activity of these groups will be buttressed by effects of globalization such as the increase of open borders policies, immigration flows, international transportation infrastructure, and technological development. Policymakers do not pay enough attention to the criminal activities of both types of organizations. Rather than dealing with the political motivations of a group, what really makes the difference is to focus on its funding resources – credit-card frauds, smuggling, money laundering, etc.

The following section focuses on the crime-terror continuum that exists between illegal drug trade and terrorist networks. This phenomenon has emerged in many regions all around the world, but the case of Latin America, or the Andean region more specifically, represents the paradigm of the characteristics, dangers and opportunities of these situations.

NARCO-TERRORISM CASE STUDY:

When drug trafficking meets political violence

The concept of narco-terrorism was born in recent years as a result of the understanding of illicit drug trade and terrorism as two interconnected phenomena. Traditionally linked with Latin America, the concept can now be found in other parts of the world like, for example, the Golden Crescent (Afghanistan, Iran and Pakistan), or the Golden Triangle (Thailand, Laos and Myanmar).

There is no consensus on the convenience and accuracy of the term “narco-terrorism,” if only because it may refer to different realities. One can think of narco-terrorism as the use of terrorist attacks by criminal organizations such as the Colombian Medellin Cartel to attain an immediate political goal. Or, from a different point of view, one can think of a terrorist organization engaging in illicit drug trade to raise funds for its activity. Briefly, according to Tamara Makarenko’s Crime-Terror Continuum construct all organizations, no matter the type, could at some point move along this continuum depending on their activities and motivations; from the one extreme of a purely criminal organization, to the other of a purely political one, or even constituting a hybrid in the middle (Makarenko, 2010).

There is a general perception of a usual interaction between drug-trafficking and terrorist organizations. Here, it is necessary to distinguish between the cooperation of two organizations of each nature, and an organization carrying out activities under both domains. There are common similarities between the different organizations that can be highlighted to help policymaking more effective.

Both type of organizations cohabit in the same underground domain of society and share the common interest of remaining undiscovered by law enforcement authorities. Also, their transnational operations follow similar patterns. Their structure is vertical in the highest levels of the organization and turns horizontal in the lowest. Finally, the most sophisticated among them use a cell structure to reduce information sharing to the bare minimum to reduce the risk of the organization being unveiled if some of its members are arrested.

The main incentive for organizations to cooperate are tangible resources. Revenues from narcotics trafficking might be very helpful for terrorist organizations, while access to explosive material may benefit drug trade organizations. As an example, according to the Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2004, an estimated US$ 2.3 billion of the total revenue of global drug trade end up in the hands of organizations like Al Qaeda. Another example is the illegal market of weapons emerged after the collapse of the Soviet Union, field of interest of both types of networks. On the other hand, intangible resources are similar to tangible in usefulness but different in essence. Intangible resources that drug trafficking organizations possess and can be in the interests of terrorist ones are the expertise on methods and routes of transports, which could be used for terrorist to smuggle goods or people - drug corridors such as the Balkan route or the Northern route. On the other way around, terrorists can share the military tactics, know-how and skills to perpetrate attacks. Some common resources that can be used by both in their benefit are the extended networks and contacts (connections with corrupt officials, safe havens, money laundering facilities, etc.) A good example of the latter can be found in the hiring of ELN members by Pablo Escobar to construct car bombs.

The organizations are, as we have seen, often dependent on the same resources, communications, and even suppliers. This does not lead to cooperation, but rather to competition, even to conflict. Examples can be traced back to the 1980s in Peru when clashes erupted between drug traffickers and the terrorist Sendero Luminoso, and in Colombia when drug cartels and the FARC clashed for territorial matters. Even the protection of crops terrorists offer to drug traffickers is one of the main drivers of conflict, even if they do find common grounds of understanding most of the time; for example, in terms of government, revenue-motivated organizations are a threat to the state as they fight to weaken some parts of it such as law enforcement or jurisdiction, while politically-motivated ones wish not only to undermine the state but to radically change its structures to fit their ideological vision (state-run economy, religious-based society, etc.).

The terrorism and drug connection in the Andean Region

Nowhere has the use of illicit drug trade as a source of funds for terrorism been so developed as in the Andean Region (Steinitz, 2002). Leftist groups such as FARC and Peruvian Sendero Luminoso, as well as right-wing paramilitary organizations such as the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC) are involved in this activity. At the beginning, the engagement between terrorists and drug traffickers was limited only to fees imposed by the former on the latter in exchange for the protection of crops, labs and shipments. Later, FARC and AUC have further expanded this engagement and are now involved in the early stages of the traffic itself – being the main substance cocaine, and the main reward money and arms from the drug syndicates. The terrorist cells can be therefore considered a hybrid of political and criminal groups. The following paragraphs will further analyze each case.

Peru’s Sendero Luminoso

Sendero Luminoso (SL) started to operate in the Huallaga Valley, a strong Peruvian coca region, several years after its foundation, in 1980. Peru was at the time the world’s first producer of coca leaf. The plant was then processed into coca paste and transported to Colombian laboratories by traffickers. Arguably, the desire for profit from the coca business rather than for political influence was the ultimate motive for Sendero Luminoso’s expansion into the region. SL protected the crops and taxed the production and transportation of coca paste: the 1991 document “Economic Balance of the Shining Path” shows that the group charged US$ 3,000-7,000 per flight leaving Huallaga. Taxes were also levied in exchange for a service that the group provided the cocaleros: negotiating favorable prices with the traffickers. In the late 1980s, SL’s annual income from the business was estimated at US$ 15-100 million (McClintock, 1998).

The Peruvian government’s fight against SL represents a milestone in the fight against the terrorism-crime nexus. Lima set up a political-military command which focused on combatting terrorism while ignoring drugs, because a reasonable percentage of the Peruvian population eked out a living by working in the coca fields. The government also avoided using the police as they were seen as highly corruptible. They succeeded in gaining the support of peasant growers and traffickers of Huallaga Valley, a valuable source of intelligence to use against SL. The latter finally left the Valley.

But it was not a final victory. Due to the vacuum SL left, the now more powerful traffickers reduced the prices paid for the coca leaf. SL was no longer there to act as an intermediary in defense of peasants and minor traffickers, so thanks to the new lower prices, the cocaine market experienced a boom. The military deployed in the area started to accept bribes in exchange for their laissez-faire attitude, becoming increasingly corrupted. President Fujimori in 1996 carried out a strategy of interdiction of the flights that departed from the Valley carrying coca paste to Colombia, causing the traffickers and farmers to flee and the coca leaf price to fall notably. However, this environment did not last long, and the country is experiencing a rise in drug trade and terrorist subversive activities.

The Colombian nexus expands

The collapse of the Soviet Union and an economic crisis in Cuba diminished the amount of aid that the FARC could receive. After the government’s crackdown, with the help of Washington, of the Medellin and Cali cartels, the drug business in Colombia was seized by numerous smaller networks. There was not any significant reduction of the cocaine flow into the United States. The FARC benefitted greatly from the neighboring states’ actions, gaining privileged access to drug money. Peru under Fujimori had cracked down on the coca paste transports, and Bolivia’s government had also put under strict surveillance its domestic drug cultivation. This elimination of competitors caused a doubling of coca production in Colombia between 1995 and 2000. Moreover, opium poppy cultivation also grew significantly and gained relevance in the US’ East-coast market. The FARC also benefitted from this opportunity.

According to the Colombian government, in 1998 the terrorist groups earned US$ 551 million from drug, US$ 311 million from extortion, and US$ 236 million from kidnapping. So much so that the organization has been able to pay higher salaries to its recruits than the Colombian army pays its soldiers. By 2000, the FARC had an estimated 15,000-20,000 recruits in more than 70 fronts, de facto controlling 1/3 of the nation’s territory. Most of the criminal-derived money in the country comes nowadays from taxation and protection of the drug business. According to the Colombian Military, more than half both the FARC’s fronts were involved in the collection of funds by the beginning of the 2000s decade, compared to 40% approx. of AUC fronts (Rebasa and Chalk, 1999).

The situation that was created in both scenarios required created a chaos in which the drug cartels, the cultivation syndicates and the terrorist organizations were the strongest actors. This makes it a very unstable environment for the peoples that lived in the territories under criminal/terrorist control. The tactics of law enforcement agents and government, in these cases, need to be carefully planned, so that multilateral counter-drug/counter-terrorist strategies can satisfactorily address threats existing at multiple dimensions. In the following section, the author will review some key aspects of the policies carried out by the US government in this domain.

The “War on Drugs” and the “War on Terror”

Since 9/11, policies considering both threats as being intertwined have become more and more popular. The separation of counter terrorism and counter-narcotics has faded significantly. Although in the Tashkent Conferences of 1999-2000 the necessary link between both was already mentioned, the milestone of cooperative policies is the Resolution 1373 of the UN Security Council (Björnehed, 2006). In it, emphasis is given to the close connection between terrorism and all kinds of organized crime, and therefore coordination at national, regional and global level is said to be necessary. War on drugs and war on terror should no longer be two separate plans of action.

The effectiveness of a policy that wishes to undermine the threat of illicit drug trade and terrorism is to a high degree dependent on successful intelligence gathering. Information about networks, suspects, shipments, projects, etc. benefits agencies fighting drug trafficking as well as those fighting terrorism, since the resources are most of the times shared.  Narco-terrorism nexus is also present in legal acts, with the aim of blocking loopholes in law enforcement efforts. Examples are the Victory Act and the Patriot Act, passed in the US. Recognizing the natural link and cooperation between drug trade and terrorism leads to security analysts developing more holistic theories for policymakers to implement more accurate and useful measures.

However, there are many aspects in which illicit drug trade and terrorist activity differ, and so do the measures that should be taken against them. An example of a failure to understand this point can be found in Afghanistan, where the Taliban in 2000 set a ban in poppy cultivation which resulted in a strong increase of its price, being this a victory for traffickers since the trade did not stop. Another idea to have in mind is that strategies of a war on drugs differ greatly depending on the nature of the country: whether it is solely a consumer like the UK or a producer and consumer like Tajikistan. In regard to terrorism, the measures adopted to undermine it (diplomacy, foreign aid, democratization, etc.) may have minimal effect on the fight against drug trade.

Sometimes, the risk of unifying counter-policies is leaving some areas in which cooperation is not present unattended. Certain areas are suitable for a comprehensive approach such as intelligence gathering, law enforcement and security devices, while others such as drug rehabilitation are not mutually beneficial. Not distinguishing the different motivations and goals among organizations can lead to a failed homogenous policy.

CONCLUSIONS:

Multilevel threats demand multilevel solutions

Terrorism has traditionally been considered a threat to national and international security, while illicit drug trade a threat to human security. This perception derives from the effects of drugs in a consumer country, although war on drugs policies are usually aimed at supplier ones. Although it was already constituting a threat to regional stability during the twentieth century, it was not considered a crucial political issue until 9/11 attacks, when the cooperative link between criminal and terrorist organizations became evident. An example of unequal attention paid to both threats can be found in US’s Plan Colombia in 2000: one of the main advocators of the legislation stated that the primary focus was on counter-drug, so the United States would not engage with Colombian counterinsurgency efforts (Vaicius, Ingrid and Isacson, 2003).The same type of failure was also seen in Afghanistan but in the opposite way, when the International Security Assistance Force (ISAF) completely neglected any action against drug traffickers, the trade or the production itself.

The merging of drug trafficking and terrorism as two overlapping threats have encouraged authorities to develop common policies of intelligence gathering and law enforcement. The similarities between organizations engaged in each activity are the main reason for this. However, the differences between them are also relevant, and should be taken into consideration for the counter policies to be accurate enough.

Evidence of a substantial link between terrorists and criminals has been proved all along our recent history. Around the world, leaders of mafias and terrorist commanders have oftentimes worked together when they felt that their objectives were close, if not similar. When cohabitating in the outlaw world, groups tend to offer each other help, usually in exchange for something. This is part of human behavior. Added to the phenomenon of globalization, lines tend to be blurred for international security authorities, and thus for the survival of organizations acting transnationally.

The consequences can be noticed especially in Latin America, and more specifically in organizations such as the FARC. We can no longer tell what are the specific objectives and the motivations that pushed youngsters to flee towards the mountains to learn to shoot and fabricate bombs. Is it a political aspiration? Or is it rather an economic necessity? The reason why we cannot answer this question without leaving aside a substantial part of the explanation is the evolution of the once terrorist organization into a hybrid group that moves all along the crime-terror continuum.

The ideas of Makarenko, Björnehed and Steinitz have helped the international community in its duty to protect its societies. It cannot be expected for affected societies to live in peace if the competent authorities try to tackle its structural security issues only through the counter-terrorist approach or through the organized crime lens. The hybrid threats that the world is suffering in the twenty-first century demand hybrid solutions.

BIBLIOGRAPHY

Bangura, Y. (1997) ‘Understanding the political and cultural dynamics of the sierra leone war’, Africa Development, vol. 22, no. 3/4 [Accessed 10 April 2020].

Björnehed, E., 2006. Narco-Terrorism: The Merger Of The War On Drugs And The War On Terror. [online] Taylor & Francis. Available at [Accessed 10 April 2020].

Galeotti, M. (2001) ‘Criminalisation of the DPRK’, Jane’s Intelligence Review, vol. 13, no. 3 (March) [Accessed 10 April 2020].

Makarenko, T., 2010. The Crime-Terror Continuum: Tracing The Interplay Between Transnational Organised Crime And Terrorism. [online] Taylor & Francis. Available at [Accessed 3 April 2020].

McClintock, C. Revolutionary Movements in Latin America: El Salvador’s FMLN and Peru’s Shining Path (Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1998), p. 341 [Accessed 10 April 2020].

McDermott, J. (2003) ‘Financing insurgents in Colombia’, Jane’s Intelligence Review, vol. 15, no. 2

(February) [Accessed 10 April 2020].

Mutschke, R., (2000) ‘The threat posed by organised crime, international drug trafficking and terrorism’, written testimony to the General Secretariat Hearing of the Committee on the Judiciary Subcommittee on Crime (13 December) [Accessed 14 June 2020].

Rebasa and Chalk, pp. 32–33; “To Turn the Heroin Tide,” Washington Post, February 22, 1999, p. A9; “Colombian Paramilitary Chief Shows Face,” Associated Press, March 2, 2000.

Steinitz, M., 2002. The Terrorism And Drug Connection In Latin America’S Andean Region. [online] Brian Loveman, San Diego State University. Available at [Accessed 10 April 2020].

Vaicius, Ingrid and Isacson, Adam “‘The War on Drugs’ meets the ’War on Terror’ ”(CIP International Policy Report February 2003) p. 13.

Vardy, N., 2009. Al-Qaeda's New Business Model: Cocaine And Human Trafficking. [online] Forbes. Available at [Accessed 14 June 2020].

[Azar Gat, War in Human Civilization. Oxford University Press. Oxford (Nueva York), 2006. 822 p.]

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

Entre las numerosas firmas que han escrito sobre el fenómeno bélico en las últimas décadas, el nombre de Azar Gat brilla con luz propia. Desde su cátedra de la Universidad de Tel-Aviv, este autor ha dedicado una importante parte de su carrera académica a teorizar desde distintos ángulos sobre la guerra, fenómeno que, por otra parte, conoce directamente por su condición de reservista en el Tsahal (Fuerzas Israelitas de Defensa).

War in Human Civilization es una obra monumental en la que el autor muestra su gran erudición, junto con su capacidad para tratar y estudiar el fenómeno bélico combinando el empleo de campos del saber tan diversos como la historia, la economía, la biología, la arqueología o la antropología, poniéndolos al servicio del objetivo de su obra, que no es otro que el de elucidar qué es lo que ha movido y mueve a los grupos humanos hacia la guerra.

A lo largo de las casi setecientas páginas de este extenso trabajo, Gat hace un estudio de la evolución histórica del fenómeno de la guerra en el que combina una aproximación cronológica que podríamos denominar como “convencional”, con otra sincrónica en la que pone en paralelo estadios similares de evolución de la guerra en diferentes civilizaciones para comparar culturas que, en un momento histórico dado, se encontraban en diferentes grados de desarrollo y mostrar cómo en todas ellas la guerra pasó por un proceso de evolución similar.

En su planteamiento inicial, Gat promete un análisis que trascienda cualquier cultura particular para considerar la evolución de la guerra de una forma general, desde su comienzo hasta la actualidad. La promesa, sin embargo, se quiebra al llegar al período medieval pues, a partir de ese momento adopta una visión netamente eurocéntrica que justifica con el argumento de que el modelo occidental de guerra ha sido exportado a otros continentes y adoptado por otras culturas lo que, sin ser totalmente falso, deja al lector con una visión un tanto incompleta del fenómeno.

Azar Gat bucea en el origen de la especie humana para tratar de dilucidar si el fenómeno de la guerra la hace diferente al resto de las especies, y para tratar de determinar si el conflicto es un fenómeno innato en la especie o si, por el contrario, se trata de una conducta aprendida.

Sobre la primera cuestión, la obra concluye que nada nos hace diferentes a otras especies pues, pese a visiones Rousseaunianas basadas en el “buen salvaje” que tan en boga estuvieron en los años sesenta, la realidad muestra que la violencia intra-especie, que se consideraba única en la humana, en realidad es algo compartido con otras especies. Respecto a la segunda cuestión, Gat adopta una postura ecléctica según la cual la agresividad sería, a la vez, innata y opcional; una opción básica de supervivencia que se ejerce, no obstante, de manera opcional, y que se desarrolla mediante el aprendizaje social.

A lo largo del recorrido histórico de la obra, aparece como un leitmotiv la idea, formulada en los primeros capítulos, de que las causas últimas de la guerra son de naturaleza evolutiva y tienen que ver con la lucha por la supervivencia de la especie.

Según este enfoque, el conflicto tendría su origen en la competición por recursos y por mejores oportunidades reproductivas. Aunque el desarrollo humano hacia sociedades cada vez más complejas ha terminado por oscurecerla, esta lógica seguiría guiando hoy en día el comportamiento humano, fundamentalmente a través del legado de mecanismos próximos que suponen los deseos humanos.

Un capítulo importante dentro del libro es el que el autor dedica a la disección de la teoría, adelantada por vez primera durante la Ilustración, de la Paz Democrática. Gat no refuta la teoría, pero la pone bajo una nueva luz. Si, en su original definición, esta defiende que los regímenes liberales y democráticos son reacios a la guerra y que, por tanto, la expansión del liberalismo hará avanzar la paz entre las naciones, Gat sostiene que es el crecimiento de la riqueza lo que realmente sirve a esa expansión, y que el bienestar y la interrelación que favorece el comercio son los auténticos motores de la paz democrática.

Dos son, pues, las dos principales conclusiones de la obra: que el conflicto es la norma en una naturaleza en la que la que los organismos compiten entre sí por la supervivencia y la reproducción en un ambiente de escasez de recursos, y que, recientemente, el desarrollo del liberalismo en el mundo occidental ha generado en este entorno un sentimiento de repugnancia hacia la guerra que se traduce en un casi absoluto rechazo a la misma en favor de otras estrategias basadas en la cooperación.

Azar Gat reconoce que una parte importante del género humano está todavía muy lejos de modelos liberales y democráticos, mucho más de la consecución del grado de bienestar y riqueza que, a su modo de ver, lleva de la mano al rechazo de la guerra. Aunque no lo dice abiertamente, de su discurso puede inferirse que esa es, no obstante, la dirección hacia la que se encamina la humanidad y que, el día en que ésta alcance las condiciones necesarias para ello, la guerra será finalmente erradicada de la Tierra.

Contra esta idea, cabría argumentar la posibilidad, siempre presente, de regresión del sistema liberal por efecto de la presión demográfica a que está sometido, o a causa de algún acontecimiento de orden global que la provoque; o la de que otros sistemas, igualmente ricos pero no liberales, reemplacen al mundo de las democracias en el dominio mundial.

La obra resulta una referencia obligada para cualquier estudioso o lector interesado en la naturaleza y evolución del fenómeno bélico. Escrita con gran erudición, y con una profusión de datos que, en ocasiones, la hacen un tanto áspera, War in Human Civilization supone, sin duda, una importante aportación al conocimiento de la guerra que resulta de lectura imprescindible.

▲ Programa VCR 8x8 [Marco Romero/MDE]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia

Tras un vacío de ocho años desde la publicación de la última en 2012, el pasado día 11 de junio, el presidente del Gobierno firmó una nueva Directiva de Defensa Nacional (DDN), marcando con ello el inicio de un nuevo ciclo de Planeamiento de la Defensa que, de acuerdo con lo establecido por la Orden de Defensa 60/2015, debe tener una vigencia de seis años.

La redacción de la DDN 20 constituye un loable esfuerzo de puesta al día para adaptar la Defensa Nacional a los retos de un complejo entorno estratégico en continua transformación. Su redacción ofrece, además, una oportunidad excelente para construir por el camino una comunidad intelectual sobre tan relevante cuestión, que resultará fundamental a lo largo de todo el ciclo.

Este artículo aborda un análisis preliminar de la DDN 20 centrado en sus aspectos más relevantes. En una primera aproximación, el documento oficial sigue la línea, ya consagrada por otras Directivas, de subsumir el concepto de Defensa, esencialmente militar, dentro del más amplio de Seguridad, que afecta a todas las capacidades del Estado. En este sentido, la primera dificultad que ha tenido que sortear la DDN 20 es, precisamente, la falta de un documento estatutario similar a la DDN, redactado al nivel de la Seguridad Nacional, que lo ilumine y oriente. A decir verdad, el vacío no ha sido total, pues tal como manifiesta la DDN 20 en su introducción se dispone de una Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) que, aunque publicada en 2017, ha servido de referencia en su elaboración, a pesar de la evidente falta de consistencia que se aprecia entre los escenarios estratégicos descritos en ambos documentos.

A este respecto, precisamente, cabe señalar la poca concreción con que la nueva DDN define el escenario estratégico, en comparación con la algo mayor con que lo hace la ESN. La DDN 20 dibuja un escenario vago, casi genérico, aplicable casi sin cambios a cualquier nación del mundo, sin referencias a zonas geográficas concretas; una acumulación de amenazas y riesgos para la seguridad con impacto en la Defensa, ninguna de las cuales aparece como más probable, o más peligrosa, y a las que se une el reconocimiento de cambios en el orden internacional que acercan de nuevo la posibilidad de conflictos armados de envergadura.

Un planteamiento como este hace difícil la posterior definición de objetivos de la Defensa y de directrices de actuación y, quizás por ello, se observan ciertas incoherencias entre las tres partes del documento. Sí llama la atención que, pese a que el documento levanta acta, un tanto apresurada, de la emergencia del COVID-19, la posibilidad de que se desencadene una pandemia no aparezca considerada en la descripción del escenario estratégico, algo que, por otra parte, sí recoge la ESN 17.

Junto a la descripción de este escenario, la DDN 20 aparece entreverada con un conjunto de consideraciones de naturaleza programática, en sí positivas y relevantes, pero que poco tienen que ver con lo que cabe esperar en un documento de esta naturaleza, pensado para orientar el planeamiento de la Defensa Nacional. En unos casos, como el del fomento de la perspectiva de género, o el de la mejora de la calidad de vida del personal en sus dimensiones de mejora de instalaciones de vida, conciliación de la vida profesional con la familiar, y reinserción en la vida civil una vez finalizado el vínculo con las Fuerzas Armadas, las consideraciones son más propias de la Política de Personal del Departamento que de una DDN. En otros, como el de la obligación de respetar las culturas locales en las operaciones militares, parecen más materia propia de las Reales Ordenanzas o de otro tipo de código deontológico.

Sin duda motivada por la emergencia del COVID-19, y a la vista del papel que las Fuerzas Armadas han asumido durante la misma, la DDN enfatiza la importancia de las misiones de colaboración con las autoridades civiles y de apoyo a las mismas, algo, por lo demás, consustancial a las Fuerzas Armadas, y establece el objetivo concreto de adquirir capacidades que permitan la colaboración y apoyo a dichas autoridades en situaciones de crisis y emergencia.

La gestión de la pandemia habrá podido poner de relieve lagunas en las capacidades de respuesta, carencias en los instrumentos de coordinación, etc., abriendo con ello una ventana de oportunidad para avanzar en este terreno y producir una respuesta más eficaz en el futuro. Conviene, no obstante, precaverse contra la posibilidad, abierta en esta DDN, de perder de vista los cometidos centrales de las Fuerzas Armadas, para evitar que un excesivo foco en las misiones de apoyo a la población civil termine por desnaturalizar su organización, dotación y adiestramiento, mellando con ello la capacidad de disuasión de los Ejércitos y su operatividad en combate.

La DDN contiene también la habitual referencia, obligada por necesaria, a la promoción entre los españoles de una verdadera Cultura de Defensa. La mención está justificada por el papel que el Ministerio de Defensa debe jugar en este esfuerzo. Sin embargo, no es al ámbito de la Defensa al que hay que recordar la importancia de esta cuestión. El impacto de cualquier esfuerzo de promoción de la Cultura de Defensa estará limitado si no es asumido como propio por otros departamentos ministeriales, además de por todas las administraciones del Estado, siendo conscientes además de que no es posible generar una Cultura de Defensa sin un consenso previo de ámbito nacional sobre cuestiones tan esenciales como los objetivos o valores compartidos por todos. Es, tal vez, en este aspecto en el que hay que poner el acento.

Quizás el punto más controvertido de la DDN 20 sea el de la financiación. La consecución de los objetivos establecidos en el documento requiere de una inversión financiera sostenida en el tiempo que rompa el techo actual de gasto en defensa. Mantener a las Fuerzas Armadas en la élite tecnológica, mejorar sustancialmente la calidad de vida del personal profesional –lo que empieza por dotarle del equipo que mejor garantice su supervivencia y superioridad en el campo de batalla–, reforzar la capacidad de apoyar a las autoridades civiles en situaciones de emergencia, robustecer las capacidades de inteligencia y actuación en el ciberespacio, o hacer frente con garantías a las obligaciones operativas derivadas de nuestra participación activa en organizaciones internacionales sobre las que, además, se suscribe el compromiso de reforzarlas hasta el 50% por espacio de un año, es tan necesario como costoso.

La DDN 20 así lo reconoce en su párrafo final cuando dice que el desarrollo de las directrices del documento precisará de la financiación que resulte necesaria. Esta afirmación, sin embargo, es poco más que el reconocimiento de lo obvio, y no va acompañada de ningún compromiso ni garantía de financiación. Teniendo en cuenta los importantes compromisos que ya tiene suscritos el Ministerio con los Programas Especiales de Armamento pendientes, y a la vista del panorama económico-financiero que se dibuja en el horizonte por los efectos del COVID-19, que ha llevado al JEME a anunciar al Ejército de Tierra la llegada de un período de austeridad, y que merecería figurar entre las principales amenazas a la seguridad nacional, parece difícil que los objetivos de la DDN 20 puedan ser cubiertos en los términos que esta plantea. Este es el verdadero Talón de Aquiles del documento, que puede convertirlo en poco más que papel mojado.

En conclusión, hay que congratularse por la emisión de una nueva DDN por lo que tiene de esfuerzo de puesta al día de la política de Defensa Nacional, incluso a falta de un instrumento similar que articule periódicamente el nivel de la Política de Seguridad en el que la de Defensa debe quedar subsumida.

La emergencia del COVID-19 parece haber sobrepasado al documento, haciéndole perder parte de su vigencia y poniendo en tela de juicio, no ya la voluntad, sino la capacidad real de alcanzar los ambiciosos objetivos que propone. Al menos, cabe la posibilidad de que el documento actúe, siquiera de forma limitada, como una suerte de escudo que proteja al sector de la Defensa contra el escenario de escasez de recursos que, sin duda, España va a vivir en los próximos años.

▲ Cruce de calles en Minneapolis donde George Floyd fue detenido por la policía local [Fibonacci Blue]

COMENTARIO / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

En una controvertida declaración pública hecha el pasado 2 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump amagó con desplegar unidades de las Fuerzas Armadas para contener las revueltas desatadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de la policía en Minnesota, y para mantener el orden público si estas llegaran a escalar en el nivel de violencia.

Con independencia de la gravedad del hecho, y más allá de que el incidente haya sido politizado y esté siendo empleado como una plataforma de expresión de rechazo a la presidencia de Trump, la posibilidad apuntada por el presidente plantea un reto casi inédito a las relaciones entre civiles y militares en Estados Unidos.

Por razones enraizadas en su pasado anterior a la independencia, Estados Unidos mantiene una cierta prevención contra la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas domésticamente contra los ciudadanos por quien ostente el poder. Por tal razón, cuando los Padres Fundadores redactaron la Constitución, a la vez que autorizaron al Congreso a organizar y mantener Ejércitos, limitaron explícitamente su financiación a un máximo de dos años.

Con este trasfondo, y con el de la tensión entre la Federación y los estados, la legislación norteamericana ha tratado de acotar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas domésticas. Así, desde 1878, la Ley de Posse Comitatus limita la posibilidad de emplearlas en el cumplimiento de misiones de mantenimiento del orden público que corresponde ejecutar a los estados con sus medios, entre los que se cuenta la Guardia Nacional.

Una de las excepciones a esta regla la constituye la Ley de Insurrección de 1807, invocada, precisamente, por el presidente Trump como argumento en favor de la legalidad de una eventual decisión de empleo. Ello, pese a que dicha ley tiene un espíritu restrictivo, pues exige en su aplicación el concurso de los estados, y porque está pensada para casos extremos en los que estos no sean capaces, o no quieran, mantener el orden, circunstancias que no parecen aplicables al caso que nos ocupa.

De lo polémico del anuncio da fe el hecho de que voces tan autorizadas y tan poco proclives a romper públicamente su neutralidad como la del teniente general (ret.) James Mattis, secretario de Defensa de la Administración Trump hasta su prematuro relevo en diciembre de 2018, o la del teniente general (ret.) Martin Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor entre 2011 y 2015, se hayan alzado en contra de este empleo, uniéndose con ello a las manifestaciones hechas por expresidentes tan dispares como George W. Bush o Barak Obama, o a las del propio secretario de Defensa, Mark Esper, cuya posición en contra de la posibilidad de uso de las Fuerzas Armadas en esta situación ha quedado clara recientemente.

El anuncio presidencial ha abierto una crisis en las habitualmente estables relaciones cívico-militares (CMR) norteamericanas. Trascendiendo el ámbito de Estados Unidos, la cuestión, de hondo calado, y que afecta a la entraña de las CMR en un estado democrático, no es otra que la de la conveniencia o no de emplear las Fuerzas Armadas en cometidos de orden público o, en un sentido más amplio, domésticos, y la de los riesgos asociados a tal decisión.

En la década de los noventa del pasado siglo, Michael C. Desch, una de las principales autoridades en el campo de las CMR, identificó la correlación existente entre las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas por un estado y la calidad de sus relaciones cívico-militares, concluyendo que las misiones militares orientadas al exterior son las que más facilitan unas CMR saludables, mientras que las misiones internas no puramente militares son susceptibles de generar diversas patologías en dichas relaciones.

De forma general, la existencia de las Fuerzas Armadas en cualquier estado obedece primordialmente a la necesidad de proteger al mismo contra cualquier amenaza que proceda del exterior. Para llevar a cabo con garantías tan alto cometido, los Ejércitos están equipados y adiestrados para el empleo letal de la fuerza, a diferencia de lo que sucede con los cuerpos policiales, que lo están para un uso mínimo y gradual de la misma, que solo llega a ser letal en los casos, excepcionales, más extremos. En el primer caso, se trata de confrontar un enemigo armado que intenta destruir las fuerzas propias. En el segundo, con la fuerza se hace frente a ciudadanos que pueden, en algunos casos, emplear la violencia, pero que siguen siendo, al fin y al cabo, compatriotas.

Cuando se emplean fuerzas militares en cometidos de esta naturaleza, se incurre siempre en el riesgo de que produzcan una respuesta conforme a su adiestramiento, que puede resultar excesiva en un escenario de orden público. Las consecuencias, en tal caso, pueden ser muy negativas. En el peor de los casos, y por encima de cualquier otra consideración, el empleo puede derivar en una, quizás, evitable pérdida de vidas humanas. Además, desde el punto de vista de las CMR, los soldados que la nación entrega para su defensa exterior podrían convertirse, a ojos de la ciudadanía, en los enemigos de aquellos a los que deben defender.

El daño que esto puede producir para las relaciones cívico-militares, para la defensa nacional y para la calidad de la democracia de un estado es difícilmente mensurable, pero puede intuirse si se considera que, en un sistema democrático, las Fuerzas Armadas no pueden vivir sin el apoyo de sus conciudadanos, que las ven como una fuerza benéfica para la nación y a cuyos miembros extienden su reconocimiento como sus leales y desinteresados servidores.

El abuso en el empleo de las Fuerzas Armadas en cometidos domésticos puede, además, deteriorar su preparación, de por sí compleja, debilitándolas para la ejecución de las misiones para las que fueron concebidas. Puede, también, terminar condicionando su organización y equipamiento en detrimento, de nuevo, de sus tareas esenciales.

Por otra parte, y aunque hoy en día nos veamos muy lejos y a salvo de un escenario así, este empleo puede derivar, paulatinamente, hacia una progresiva expansión de los cometidos de las Fuerzas Armadas, que extenderían su control sobre actividades netamente civiles, y que verían ampliada cada vez más su paleta de cometidos, desplazando en su ejecución a otras agencias, que podrían, indeseablemente, atrofiarse.

En tal escenario, la institución militar podría dejar de ser percibida como un actor desinteresado para pasar a ser considerada como un competidor más con intereses particulares, y con una capacidad de control que podría utilizar en su propio beneficio, incluso si éste estuviera contrapuesto al interés de la nación. Tal situación, con el tiempo, llevaría de la mano a la politización de las Fuerzas Armadas, de donde se seguiría otro daño a las CMR difícilmente cuantificable.

Decisiones como la apuntada por el presidente Trump pueden, finalmente, poner a los miembros de las Fuerzas Armadas frente al grave dilema moral de emplear la fuerza contra sus conciudadanos, o desobedecer las órdenes del presidente. Por su gravedad, por tanto, la decisión de comprometer las Fuerzas Armadas en estos cometidos debe ser tomada de forma excepcional y tras haberla ponderado cuidadosamente.

Es difícil determinar si el anuncio hecho por el presidente Trump fue tan solo un producto de su temperamento o si, por el contrario, encerraba una intención real de emplear a las Fuerzas Armadas en los disturbios que salpican el país, en una decisión que no se ha producido desde 1992. En cualquier caso, el presidente, y quienes le asesoren, deben valorar el daño que de ella puede inferirse para las relaciones cívico-militares y, por ende, para el sistema democrático norteamericano. Ello sin olvidar, además, la responsabilidad que recae sobre los hombros de Norteamérica ante la realidad de que una parte de la humanidad mira al país como una referencia y modelo a imitar.

▲ The British Raj in 1909 showing Muslim majority areas in green

ESSAY / Victoria Paternina and Claudia Plasencia

Pakistan’s partition from India in 1947 marked the beginning of a long road of various territorial disputes, causing different effects in the region. The geopolitics of Pakistan with India are often linked when considering their shared history; and in fact, it makes sense if we take the perspective of Kashmir as the prominent issue that Islamabad has to deal with. However, neither the history nor the present of Pakistan can be reduced to New Delhi and their common regional conflict over the Line of Control that divides Kashmir.

The turbulent and mistrustful relations between India and Pakistan go beyond Kashmir, with the region of Punjab divided in two sides and no common ground between New Delhi and Islamabad. In the same way, the bitter ties between Islamabad and a third country are not exclusively with India. Once part of Pakistan, Bangladesh has a deeply rooted hatred relationship with Islamabad since their split in 1971. Looking beyond Kashmir, Punjab and Bangladesh show a distinct aspect of the territorial disputes of the past and present-day Pakistan. Islamabad has a say in these issues that seem to go unnoticed due to the fact that they stand in the shadow of Kashmir.

This essay tries to shed light on other events that have a solid weight on Pakistan’s geopolitics as well as to make clear that the country is worthy of attention not only from New Delhi’s perspective but also from their own Pakistani view. In that way, this paper is divided in two different topics that we believe are important in order to understand Pakistan and its role in the region. Punjab and Bangladesh: the two shoved under the rug by Kashmir.

Punjab

The tale of territorial disputes is rooted deeply in Pakistan and Indian relations; the common mistake is to believe that New Delhi and Islamabad only fight over Kashmir. If the longstanding dispute over Kashmir has raised the independence claims of its citizens, Punjab is not far from that. On the edge of the partition, Punjab was another region in which territorial lines were difficult to apply. They finally decided to divide the territory in two sides; the western for Pakistan and the eastern for India. However, this issue automatically brought problems since the majority of Punjabis were neither Hindus nor Muslims but rather Sikhs. Currently, the division of Punjab is still in force. Despite the situation in Pakistan Punjab remains calm due to the lack of Sikhs as most of them left the territory or died in the partition. The context in India Punjab is completely different as riots and violence are common in the eastern side due to the wide majority of Sikhs that find no common ground with Hindus and believe that India has occupied its territory. Independence claims have been strengthened throughout the years in many occasions, supported by the Pakistani ISI in order to destabilize India. Furthermore, the rise of the nationalist Indian movement is worsening the situation for Punjabis who are realizing how their rights are getting marginalized in the eyes of Modi’s government.

Nonetheless, the question of Punjabi independence is only a matter of the Indian side. The Pakistan-held Punjab is a crucial province of the country in which the wide majority are Muslims. The separation of Punjab from Islamabad would not be conceived since it would be devastating. For Pakistan, it would mean the loss of 72 million inhabitants; damaging the union and stability of the country. All of this taking into account that Punjab represents a strong pillar for the national economy since it is the place where the Indus river – one of the most important ones – flows. It can be said that there is no room for independence of the Pakistani side, nor for a rapprochement between both parts of the former Punjab region. They have lost their main community ties. Besides, the disagreements are between New Delhi and Eastern Punjab, so Islamabad has nothing to do here. According to that, the only likely long-term possibility would be the independence of the Indian side of the Punjab due to the growth of the hatred against New Delhi. Additionally, there are many Sikhs living abroad in UK or Canada who support the independence of Punjab into a new country “Khalistan” strengthening the movement into an international concern. Nevertheless, the achievement of this point would probably increase the violence in Punjab, and in case they would become independent it would be at the expense of many deaths.

There is a last point that must be taken into account when referring to India-Pakistan turbulent territorial relations. This is the case of the longstanding conflict over water resources in which both countries have been increasing tensions periodically. Considering that there is a scarcity of water resources and a high demand of that public good, it is easy to realize that two enemies that share those resources are going to fight for them. Furthermore, if they both are mainly agrarian countries, the interest of the water would be even harder as it is the case of Pakistan and India. However, for more than five decades both Islamabad and New Delhi have maintained the Indus Waters Treaty that regulates the consumption of the common waters. It divides the six rivers that flow over Pakistan and India in two sides. The three western ones for Pakistan, and the other three of the eastern part for India. Nevertheless, it does not mean that India could not make any use of the Pakistani ones or vice versa; they are allowed to use them in non-consumptive terms such as irrigation, but not for storage or building infrastructures[1]. This is where the problem is. India is seemed to have violated those terms by constructing a dam in the area of the Pakistani Indus river in order to use the water as a diplomatic weapon against Islamabad.

This term has been used as an Indian strategy to condemn the violence of Pakistan-based groups against India undermining in that way the economy of Pakistan which is highly dependent on water resources. Nevertheless, it is hard to think that New Delhi would violate one of the milestones treaties in its bilateral relations with Pakistan. Firstly, because it could escalate their already existent tensions with Pakistan that would transform into an increase of the violence against India. Islamabad’s reaction would not be friendly, and although terrorist activities follow political causes, any excuse is valid to lead to an attack. Secondly, because it would bring a bad international image for PM Modi as the UN and other countries would condemn New Delhi of having breached a treaty as well as leaving thousands of people without access to water. Thirdly, they should consider that rivers are originated in the Tibet, China, and a bad movement would mean a reaction from Beijing diverting the water towards Pakistan[2]. Finally, India does not have enough infrastructure to use the additional water available. It is better for both New Delhi and Islamabad to maintain the issue over water resources under a formal treaty considering their mutual mistrust and common clashes. Nevertheless, it would be better for them to renew the Indus Waters Treaty in order to include new aspects that were not foreseen when it was drafted as well as to preserve the economic security of both countries.

Bangladesh

Punjab is a territory obligated to be divided in two between India and Pakistan, yet Bangladesh separated itself completely from Pakistan and finds itself in the middle of India. Bangladesh, once part of Pakistan, after a tumultuous war, separated into its own country.  While India did not explicitly intervene with Bangladesh and Pakistan’s split, it did promote the hatred between the two for its own agenda and to increase in power. The scarring aspect of the split of Bangladesh from Pakistan is the bloody war and genocide that took place, something that the Bengali people still have not overcome to this day. The people of Bangladesh are seeking an apology from Pakistan, something that does not look like it is going to come anytime soon.

Pakistan and Bangladesh share a bitter past with one another as prior to 1971, they were one country which separated into two as a result of a bloody war and emerging political differences. Since 1971 up to today, India and the Awami league have worked to maintain this hatred between Bangladesh and Pakistan through propagandist programs and different techniques. For example, they set up a war museum, documentaries and films in order to boast more the self-proclamation of superiority on behalf of India against Bangladesh and Pakistan. India and the Awami League ignore the fact that they have committed atrocities against the Bengali people and that in large part they are responsible for the breakup between Pakistan and Bangladesh. The Bangladesh Nationalist Party (BNP) worked to improve relations with Pakistan under the governments of Ziaur Rahman, Begum Khaldia Zia, and Hossain Mohammad Ershad in Bangladesh, who had maintained distance from India. Five Pakistani heads of government have visited Bangladesh since 1980, along with signing trade and cultural agreements to improve relations between the two nations.[3] While an alliance between Pakistan and Bangladesh against India is not a realistic scenario, what is important for Pakistan and Bangladesh for the next decade to come is attempt to put their past behind them in order to steer clear of India and develop mutually beneficial relations to help improve their economies. For example, a possible scenario for improving Pakistan and Bangladesh relations could be to join the CPEC to better take advantage of the trade opportunities offered within South Asia, West Asia, Central Asia, and China and Russia.[4]

Despite decades of improving trade and military links, especially as a defense against Indian supremacy in the region, the two countries continue to be divided by the question of genocide. Bangladesh wants Pakistan to recognize the genocide and its atrocities and teach them as a part of its history. However, Pakistan has refused to do so and has even referred to militant leader executed for war crimes as being killed for his loyalty to Pakistan.[5]

Even though India supported Bangladesh in its independence from Pakistan, Bangladesh thinks that India is self-serving and that they change ideas depending on their own convenience.[6] An alliance of Pakistan and Bangladesh, even though it is against a common enemy, India, is not realistic given the information recently provided. India is a country that yes, even though they helped Bangladesh against Pakistan, they are always going to look out for themselves, especially in search to be the central power in the region. India sees still a lot of potential for their power in the coming decades. Indian PM Narendra Modi is very keen on making strategic choices for the country to transform an increase its global leadership position.[7]

The hostile relations between Pakistan and India find their peak in its longstanding conflict over Kashmir, but Punjab and Bangladesh must not be put in the shadow. The further directions of both PM Imran Khan and PM Modi could have consequences that would alter the interests of Punjab and Bangladesh as different actors in the international order. In the case of Punjab their mutual feelings of mistrust could challenge the instability of a region far from being calm. It is true that independence claims is not an issue for Pakistan itself since both Islamabad and Pakistan-held Punjab would lose in that scenario, and they both know it. Nonetheless, Indian Punjabis’ reality is different. They have crucial problems within New Delhi, again as a historical matter of identity and ethnicity that is still present nowadays. Sikhs have not found common ground with Hindus yet and it does not seem that it will happen in a near future. In fact, tensions are increasing, posing a threat for two nations with their views on Kashmir rather than on Punjab. In the case of Bangladesh, its relations with Pakistan did not have a great start. Bangladesh gained freedom with help from India and remained under its influence. Both Pakistan and Bangladesh took a long time to adjust to the shock of separation and their new reality, with India in between them.

In conclusion, Punjab and Bangladesh tend to be the less important territorial issues, and not a priority neither for Islamabad nor for New Delhi that are more engaged in Kashmir. However, considering the magnitude of both disputes, we should appreciate how the Sikhs in the Indian-held territory of Punjab as well as the Bengali people deserve the same rights as the Kashmiris to be heard and to have these territorial disputes settled once and for all.

BIBLIOGRAPHY

Ayres, Alyssa. “India: a ‘Major Power’ Still below Its Potential.” Lowy Institute, July 24, 2018.

Iftikhar, Momin. “Pakistan-Bangladesh Relations.” The Nation. The Nation, December 15, 2018.

"Indus Water Treaty: Everything You Need to Know". ClearIAS.

Muhammad Hanif, Col. “Keeping India out of Pakistan-Bangladesh Relations.” Daily Times, March 6, 2018.

Sami, Shafi. “Pakistan Bangladesh Relations In the Changing International Environment.” JSTOR. Pakistan Institute of International Affairs, 2017.

Shakoor, Farzana. “Pakistan Bangladesh Relations Survey.” JSTOR. Pakistan Institute of International Affairs, 2017.

ANÁLISIS / Salvador Sánchez Tapia [Gral. de Brigada (Res.)]

La pandemia de COVID-19 que atraviesa España desde comienzos de este 2020 ha puesto de manifiesto el lugar común, no por repetido menos verdadero, de que el concepto de seguridad nacional ya no puede quedar limitado al estrecho marco de la defensa militar y demanda el concurso de todas las capacidades de la nación, coordinadas al más alto nivel posible que, en el caso de España, no es otro que el de la Presidencia del Gobierno a través del Consejo de Seguridad Nacional.[1]

En coherencia con este enfoque, nuestras Fuerzas Armadas se han visto directa y activamente involucradas en una emergencia sanitaria a priori alejada de las misiones tradicionales del brazo militar de la nación. Esta contribución militar, sin embargo, no hace sino responder a una de las misiones que la Ley Orgánica de la Defensa Nacional encomienda a las Fuerzas Armadas, amén de a una larga tradición de apoyo militar a la sociedad civil en caso de catástrofe o emergencia.[2] En su ejecución, unidades de los tres Ejércitos han llevado a cabo cometidos tan variados y, aparentemente tan poco relacionados con su actividad natural, como la desinfección de residencias de ancianos o el traslado de cadáveres entre hospitales y morgues.

Esta situación ha agitado un cierto debate en círculos especializados y profesionales acerca del rol de las Fuerzas Armadas en los escenarios de seguridad presentes y futuros. Desde distintos ángulos, algunas voces claman por la necesidad de reconsiderar las misiones y dimensiones de los Ejércitos, para alinearlas con estas nuevas amenazas, no con el de la guerra clásica entre estados.

Esta visión parece tener uno de sus puntos de apoyo en la constatación, aparentemente empírica, de la práctica ausencia de conflictos armados convencionales –entendiendo como tales aquellos que enfrentan entre sí ejércitos con medios convencionales maniobrando en un campo de batalla– entre estados que se vive actualmente. A partir de esta realidad, se concluye que esta forma de conflicto estaría prácticamente desterrada, siendo poco más que una reliquia histórica reemplazada por otras amenazas menos convencionales y menos “militares” como las pandemias, el terrorismo, el crimen organizado, las noticias falsas, la desinformación, el cambio climático o las cibernéticas.

El corolario resulta evidente: es necesario y urgente repensar las misiones, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas, pues su configuración actual está pensada para confrontar amenazas convencionales caducas, y no para las que se dibujan en el escenario de seguridad presente y futuro.

Un análisis crítico de esta idea muestra, sin embargo, una imagen algo más matizada. Desde un punto de vista meramente cronológico, la todavía inconclusa guerra civil siria, ciertamente compleja, está más cerca de un modelo convencional que de cualquiera de otro tipo y, desde luego, las capacidades con las que Rusia hace sentir su influencia en esta guerra apoyando al régimen de Assad, son plenamente convencionales. En 2008, Rusia invadió Georgia y ocupó Osetia del Sur y Abjasia mediante una operación ofensiva convencional. En 2006, Israel tuvo que hacer frente en el Sur del Líbano a un enemigo híbrido como Hezbollah –de hecho, fue este el modelo escogido por Hoffman como prototipo para acuñar el término “híbrido”–, que combinó elementos de guerra irregular con otros plenamente convencionales.[3] Antes aún, en 2003, los Estados Unidos invadieron Irak mediante una amplia ofensiva acorazada.[4]

Si se elimina el caso de Siria, considerándolo dudosamente clasificable como guerra convencional, todavía puede argumentarse que el último conflicto de esta naturaleza –que, además, implicó ganancia territorial– tuvo lugar hace tan solo doce años; un período de tiempo lo suficientemente corto como para pensar que puedan extraerse conclusiones que permitan descartar la guerra convencional como un procedimiento cuasi extinto. De hecho, el pasado ha registrado períodos más largos que este sin confrontaciones significativas, que bien podrían haber hecho llegar a conclusiones similares. En tiempos de la Roma Imperial, por ejemplo, la época Antonina (96-192 d.C.), supuso un largo período de Pax Romana interior alterado brevemente por las campañas de Trajano en Dacia. Más recientemente, tras la derrota de Napoleón en Waterloo (1815), las potencias centrales de Europa vivieron un largo período de paz de nada menos que treinta y nueve años.[5] Huelga decir que el final de ambos períodos estuvo marcado por el retorno de la guerra al primer plano.

Puede aducirse que la situación ahora es diferente, pues la humanidad actual ha desarrollado un rechazo moral hacia la guerra como un ejercicio destructivo y, por ende, no ético e indeseable. Esta postura, netamente Occidente-céntrica –valga el neologismo– o, si se prefiere, Eurocéntrica, toma la parte por el todo y asume esta visión como unánimemente compartida a nivel global. Sin embargo, la experiencia del Viejo Continente, con un largo historial de destructivas guerras entre sus estados, con una población altamente envejecida, y con poco apetito por mantenerse como un jugador relevante en el Sistema Internacional, puede no ser compartida por todo el mundo.

El rechazo occidental a la guerra puede ser, además, más aparente que real, guardando una relación directa con los intereses en juego. Cabe pensar que, ante una amenaza inmediata a su supervivencia, cualquier estado europeo estaría dispuesto a ir a la guerra, incluso a riesgo de verse convertido en un paria sometido al ostracismo del Sistema Internacional. Si, llegado ese momento, tal estado hubiera sacrificado su músculo militar tradicional en pos de la lucha contra amenazas más etéreas, tendría que pagar el precio asociado a tal decisión. Téngase en cuenta que los estados eligen sus guerras sólo hasta cierto punto, y que pueden verse forzados a ellas, incluso en contra de su voluntad. Como decía Trotsky, “puede ser que usted no esté interesado en la guerra, pero la guerra está interesada en usted”.

El análisis de los períodos históricos de paz antes referido sugiere que, en ambos casos, fueron posibles por la existencia de un poder moderador más fuerte que el de las entidades políticas que componían el Imperio Romano y la Europa de después de Napoleón. En el primer caso, este poder habría sido el de la propia Roma y sus legiones, suficiente para garantizar el orden interno del imperio. En el segundo, las potencias europeas, enfrentadas por muchas razones, se mantuvieron, no obstante, unidas contra Francia ante la posibilidad de que las ideas de la Revolución Francesa se extendieran y socavaran los cimientos del Antiguo Régimen.

Hoy en día, y aunque resulte difícil encontrar una relación causa-efecto verificable, es plausible pensar que esa fuerza “pacificadora” la proporcionan el poder militar norteamericano y la existencia de armas nucleares. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han proporcionado un paraguas de seguridad efectivo bajo cuya protección Europa y otras regiones del mundo han quedado libres del flagelo de la guerra en sus territorios, desarrollando sentimientos de rechazo extremo hacia cualquiera de sus formas.

Sobre la base de su inigualable poder militar, los Estados Unidos –y nosotros con ellos– han podido desarrollar la idea, avalada por los hechos, de que ningún otro poder va a ser tan suicida como para enfrentarse al suyo en una guerra convencional abierta. La conclusión está servida: la guerra convencional –contra los Estados Unidos, cabría añadir– se hace, en la práctica, impensable.

Esta conclusión, sin embargo, no está fundada en una preferencia moral, ni en la convicción de que otras formas de guerra o de amenaza sean más eficaces sino, lisa y llanamente, en la constatación de que, ante el enorme poder convencional de Norteamérica, no cabe sino buscar la asimetría y confrontarlo por otros medios. Parafraseando a Conrad Crane, “hay dos tipos de enemigo: el asimétrico y el estúpido”.[6]

Es decir, el poder militar clásico es un elemento disuasorio de primer orden que ayuda a explicar la baja recurrencia de la guerra convencional. No es sorprendente que, incluso autores que predican el fin de la guerra convencional aboguen porque los Estados Unidos conserven su capacidad para la misma.[7]

Desde Norteamérica, esta idea ha permeado al resto del mundo o, al menos, al ámbito cultural europeo, donde se ha convertido en una verdad que, so capa de realidad incontestable, obvia la posibilidad de que sean los Estados Unidos quienes inicien una guerra convencional –como ocurrió en 2003–, o la de que esta se produzca entre dos naciones del mundo, o en el interior de una de ellas, en zonas en las que el conflicto armado continúa siendo una herramienta aceptable.

En un ejercicio de cinismo, podría decirse que tal posibilidad no cambia nada, pues no nos incumbe. Sin embargo, en el actual mundo interconectado, siempre existirá la posibilidad de que nos veamos forzados a una intervención por razones éticas, o de que nuestros intereses de seguridad se vean afectados por lo que suceda en países o regiones a priori distantes geográfica y geopolíticamente de nosotros, y de que, probablemente de la mano de nuestros aliados, nos veamos envueltos en alguna guerra clásica.

Aunque sigue vigente, el compromiso del poder militar estadounidense con la seguridad Occidental se encuentra sometido a fuertes tensiones derivadas del hecho de que Norteamérica es cada vez más renuente a asumir por sí sola esta función, y exige a sus socios que hagan un mayor esfuerzo en beneficio de su propia seguridad. No estamos sugiriendo aquí que el vínculo transatlántico vaya a romperse de forma inmediata. Parece sensato, no obstante, pensar que su mantenimiento tiene un coste para nosotros que nos puede arrastrar a algún conflicto armado. Cabe preguntarse, además, qué podría pasar si algún día faltara el compromiso norteamericano con nuestra seguridad y hubiéramos transformado nuestras Fuerzas Armadas para orientarnos exclusivamente a las “nuevas amenazas,” prescindiendo de una capacidad convencional que, sin duda, disminuiría el coste en que alguien tendría que incurrir si decidiera atacarnos con ese tipo de medios.

Una última consideración tiene que ver con lo que parece ser el imparable ascenso de China al rol de actor principal en el Sistema Internacional, y con la presencia de una Rusia cada vez más asertiva, y que demanda volver a ser considerada como una gran potencia global. Ambas naciones, especialmente la primera, se encuentran en un claro proceso de rearme y modernización de sus capacidades militares, convencionales y nucleares que no augura, precisamente, el fin de la guerra convencional entre estados.

A esto hay que añadir los efectos de la pandemia, todavía difíciles de vislumbrar, pero entre los que asoman algunos aspectos inquietantes que conviene no perder de vista. Uno de ellos es el esfuerzo de China para posicionarse como el auténtico vencedor de la crisis, y como la potencia internacional de referencia en el caso de que se repita una crisis global como la presente. Otro es la posibilidad de que la crisis resulte, al menos temporalmente, en menos cooperación internacional, no en más; que asistamos a una cierta regresión de la globalización; y que veamos erigirse barreras a la circulación de personas y bienes en lo que sería un refuerzo de la lógica realista como elemento regulatorio de las relaciones internacionales.

En estas circunstancias, es difícil predecir la evolución futura de la “trampa de Tucídides” en la que nos encontramos en la actualidad por mor del ascenso de China. Es probable, sin embargo, que traiga consigo mayor inestabilidad, con la posibilidad de que ésta escale hacia algún conflicto de tipo convencional, sea este entre grandes potencias o por medio de proxies. En tales circunstancias, parece aconsejable estar preparados para el caso en el que se materialice la hipótesis más peligrosa de un conflicto armado abierto con China, como mejor forma de evitarlo o, al menos, de hacerle frente para preservar nuestra forma de vida y nuestros valores.

Por último, no puede pasarse por alto la capacidad que muchas de las “nuevas amenazas” –calentamiento global, pandemias, etc– encierran como generadores o, por lo menos, catalizadores, de conflictos que, estos sí, pueden derivar en una guerra que bien podría ser convencional.

De todo lo anterior se concluiría, por tanto, que, si es cierto que la recurrencia de la guerra convencional entre estados es mínima hoy en día, parece aventurado pensar que esta pueda ser arrumbada en algún oscuro ático, como si de una antigua reliquia se tratara. Por remota que parezca la posibilidad, nadie está en condiciones de garantizar que el futuro no traerá una guerra convencional. Descuidar la capacidad de defensa contra la misma no es, por tanto, una opción prudente, máxime si se tiene en cuenta que, de necesitarse, no se puede improvisar.

La aparición de nuevas amenazas como las referidas en este artículo, quizás más acuciantes, y muchas de ellas no militares o, al menos, no netamente militares, es innegable, como también lo es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de considerarlas y de adaptarse a ellas, no sólo para maximizar la eficacia de su contribución al esfuerzo que la nación haga contra las mismas, sino también por una simple cuestión de autoprotección.

Esa adaptación no pasa, en nuestra opinión, por abandonar las misiones convencionales, auténtica razón de ser de las Fuerzas Armadas, sino por incorporar cuantos elementos nuevos de las mismas sea necesario, y por garantizar el encaje de los Ejércitos en el esfuerzo coordinado de la nación, contribuyendo al mismo con los medios de que disponga, considerando que, en muchos casos, no serán el elemento de primera respuesta, sino uno de apoyo.

Este artículo no argumenta –no es su objetivo– ni a favor ni en contra de la necesidad que pueda tener España de repensar la organización, dimensiones y equipamiento de las Fuerzas Armadas a la vista del nuevo escenario de seguridad. Tampoco entra en la cuestión de si debe hacerlo de manera unilateral, o de acuerdo con sus aliados de la OTAN, o buscando complementariedad y sinergia con sus socios de la Unión Europea. Entendiendo que corresponde a los ciudadanos decidir qué Fuerzas Armadas quieren, para qué las quieren, y qué esfuerzo en recursos están dispuestos a invertir en ellas, lo que este artículo postula es que la seguridad nacional está mejor servida si quienes tienen que decidir, y con ellos las Fuerzas Armadas, continúan considerando la guerra convencional, enriquecida con multitud de nuevas posibilidades, como una de las posibles amenazas a las que puede tener que enfrentarse la nación. Redefiniendo el adagio: Si vis pacem, para bellum etiam magis.[8]

▲ Ejercicios navales de comandos de la Guardia Revolucionaria en el Estrecho de Ormuz en 2015 [Wikipedia]

ENSAYO / Ana Salas Cuevas

La República Islámica de Irán, también conocida como Persia, es un país con gran importancia en la geopolítica. Es una potencia regional no solo por su localización estratégica, sino también por sus grandes recursos de hidrocarburos, que hacen de Irán el cuarto país en reservas probadas de petróleo y el primero en reservas de gas[1].

Así hablamos de uno de los países más importantes del mundo por tres motivos fundamentales. El primero, mencionado anteriormente: sus inmensas reservas petrolíferas y de gas. En segundo lugar, porque Irán controla el estrecho de Ormuz, que es llave de entrada y salida del Golfo Pérsico y por el que pasan la mayor parte de las exportaciones de hidrocarburos de Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar y Bahréin[2]. Por último, por el programa nuclear en el que ha invertido tantos años[3].

La república iraní se basa en los principios del Islam chií, aunque hay una gran diversidad étnica en su sociedad. Por ello, es indispensable tener en cuenta la gran “fuerza del nacionalismo iraní” para comprender su política. Apelando a la posición dominante sobre otros países, el movimiento nacionalista iraní pretende influir en la opinión pública. El nacionalismo se ha ido asentando desde hace más de 120 años, desde que el Boicot de Tabaco de 1891[4] supuso una respuesta directa a la intervención y presión exterior, y hoy pretende lograr la hegemonía en la región. La política exterior e interior de Irán son una clara expresión de este movimiento[5].

Por agente interpuesto (Proxy armies)

La guerra subsidiaria (en inglés, war by proxy) es un modelo de guerra en el cual un país hace uso de terceros para combatir o influenciar en un determinado territorio, en lugar de enfrentarse directamente. Como señala David Daoud, en el Líbano, Irak, Yemen y Siria, “Teherán ha perfeccionado el arte de conquistar gradualmente un país sin reemplazar su bandera”[6]. En esa tarea participa directamente la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (GRI), formando o favoreciendo militarmente a las fuerzas de otros países.

La GRI nació con la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, con el fin de mantener los logros del movimiento[7]. Se trata de uno de los principales actores políticos y sociales del país. Posee gran capacidad para influir en los debates y decisiones de la política nacional. Es, además, propietaria de numerosas empresas dentro del país, lo que le garantiza una fuente de financiación propia y refuerza su carácter de poder interno. Constituye un cuerpo independiente de las fuerzas armadas, y el nombramiento de sus altos cargos depende directamente del Líder de la Revolución. Entre sus objetivos está la lucha contra el imperialismo, y expresamente se compromete a intentar rescatar Jerusalén para devolverla a los palestinos[8]. Su importancia es crucial para el régimen, y cualquier ataque a estos cuerpos representa una amenaza directa al gobierno iraní[9].

La relación de Irán con los países musulmanes de su entorno se encuentra marcada por dos hechos principales: por un lado, su condición chiita; por otro, la preeminencia que logró tener en el pasado en la región[10]. Gracias a que su acción exterior se encuentra apoyada en la Guardia Revolucionaria Islámica, Irán ha conseguido establecer grandes vínculos con grupos políticos y religiosos por todo Oriente Medio. A partir de ahí, Irán aprovecha distintos recursos para afianzar su influencia en los distintos países. En primer lugar, haciendo uso de herramientas de poder blando o soft power. Así, entre otras acciones, ha participado en la reconstrucción de mezquitas y escuelas en países como el Líbano o Irak[11]. En Yemen ha proporcionado ayudas logísticas y económicas al movimiento hutí. En 2006, se implicó en la reconstrucción del sur de Beirut.

No obstante, los métodos utilizados por estas fuerzas alcanzan otros extremos, pasando a mecanismos más intrusivos (hard power). Por ejemplo, tras la invasión israelí de 1982 en el Líbano, Irán ha ido estableciendo allí a lo largo de tres décadas un punto de apoyo, con Hezbolá como proxy, aprovechando las quejas sobre la privación de derechos de la comunidad chiita. Esta línea de acción ha permitido a Teherán promover su Revolución Islámica en el extranjero[12].

En Irak la GRI buscó la desestabilización interna de Irak, apoyando facciones chiitas como la organización Badr, durante la guerra irano-iraquí de la década de 1980. Por otro lado, Irán involucró a la GRI en el levantamiento de Saddam Hussein a principios de la década de 1990. A través de este tipo de influencias y encarnando el paradigma de proxy army, Irán ha ido estableciendo influencias muy directas sobre estos lugares. Incluso en Siria, este cuerpo de élite iraní tiene una gran influencia, apoyando al gobierno de Al Assad y las milicias chiitas que combaten junto a él.

Por su parte, Arabia Saudí acusa a Iran y su Guardia de proveer armas en Yemen a los hutíes (movimiento que defiende a la minoría chiita), generando una importante escalada de tensión entre ambos países[13].

La GRI se consolida, así, como uno de los factores más importantes en el panorama de Oriente Medio, impulsando la lucha entre dos bandos que quedan contrapuestos. No obstante, no es el único. De esta manera, encontramos un escenario de “guerra fría”, que acaba trascendiendo y convirtiéndose en foco internacional. Por un lado, Irán, apoyado por potencias como Rusia o China. Por el otro, Arabia Saudí, de la mano de EEUU. Esta contienda se desarrolla, en gran medida, de una manera no convencional, a través de proxy armies como Hezbolá y las milicias chiitas en Irak, en Siria o en Yemen[14].

Causas de una confrontación

Las tensiones entre Arabia Saudí e Irán se han extendido a todo Oriente Medio (y más allá), creando en este territorio dos bandos bien determinados, ambos con pretensión de adjudicarse la hegemonía en la zona.

Para interpretar este escenario y comprender mejor su oposición es importante, en primer lugar, distinguir dos corrientes ideológicas contrapuestas: el chiismo y el sunismo (wahabismo). El wahabismo es una tendencia religiosa musulmana de extrema derecha, de la rama del sunismo, que hoy en día es la religión mayoritaria en Arabia Saudí. El chiismo, como previamente se ha mencionado, es la corriente en la que se basa la República de Irán. No obstante, como veremos, la pugna que se desarrolla entre Irán y Arabia Saudí es política, no religiosa; está más basada en la ambición de poder, que en la religión.

En segundo lugar, encontramos en el control del tráfico del petróleo otra causa de esta rivalidad. Para entender este motivo, conviene tener en cuenta la posición estratégica que juegan los países de Oriente Medio en el mapa global al acoger las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Un gran número de luchas contemporáneas se deben, en efecto, a la intromisión de las grandes potencias en la región, intentando tener un papel sobre estos territorios. Así, por ejemplo, el acuerdo de Sykes-Picot[15] de 1916 para el reparto de influencias europeas sigue condicionando acontecimientos actuales. Tanto Arabia Saudí como Irán, como venimos diciendo, poseen un protagonismo especial en estos enfrentamientos, por las razones descritas.

Bajo estas consideraciones, es importante señalar, en tercer lugar, la implicación en dichas tensiones de potencias exteriores como Estados Unidos.

Los efectos de las primaveras árabes han debilitado a muchos países de la zona. No así a Arabia Saudí e Irán, que han buscado en las últimas décadas su consolidación como potencias regionales, en gran medida gracias al respaldo que les otorga su producción y sus grandes reservas de petróleo. Las diferencias entre ambos países se ven reflejadas en la manera en la que intentan configurar la región y en los distintos intereses que pretenden lograr. Además de las diferencias étnicas entre Irán (persas) y Arabia Saudí (árabes), su alineamiento en el panorama internacional también es opuesto. El wahabismo se presenta como antinorteamericano, pero el gobierno saudí es consciente de la necesidad que tiene del apoyo de EEUU, y ambos países mantienen una conveniencia recíproca, con el petróleo como base. No sucede lo mismo con Irán.

Irán y EEUU fueron estrechos aliados hasta 1979. La Revolución Islámica lo cambió todo y desde entonces, con la crisis de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán como momento inicial especialmente dramático, las tensiones entre los dos países han sido frecuentes. La confrontación diplomática ha vuelto a ser aguda con la decisión del presidente Donald Trump de retirada del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015 para la no proliferación nuclear de Irán, con la consiguiente reanudación de las sanciones económicas hacía este país. Además, en abril de 2019 Estados Unidos situó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas[16], responsabilizando a Irán de financiar y promover el terrorismo como una herramienta de gobierno[17].

Por un lado, pues, está el bando de los saudís, apoyados por EEUU y, dentro de la región, por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin e Israel. Por el otro lado, Irán y sus aliados de Palestina, Líbano (parte pro-chiita) y recientemente Qatar, lista a la que podría añadirse Siria e Irak (milicias chiitas). Las tensiones aumentaron tras la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. En este último bando podríamos destacar el apoyo internacional de China o Rusia, pero poco a poco podemos observar un alejamiento de las relaciones entre Irán y Rusia.

Al hablar de la lucha por la hegemonía del control del tráfico del petróleo, es imprescindible mencionar el Estrecho de Ormuz, el punto geográfico crucial de esta contienda, donde se ven enfrentadas ambas potencias directamente. Este estrecho es una zona estratégica situada entre el Golfo Pérsico y el de Omán. Por ahí pasa un 40% del petróleo mundial[18]. El control de estas aguas es, evidentemente, decisivo en el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán; así como para cualquiera de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de Oriente Medio (OPEP) en la región: Irán, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes y Kuwait.

Uno de los objetivos de las sanciones económicas impuestas por Washington a Irán es reducir sus exportaciones para favorecer a Arabia Saudí, su mayor aliado regional. A estos efectos, la Quinta Flota estadounidense, con sede en Baréin, tiene la tarea de proteger la navegación comercial en esta área.

El Estrecho de Ormuz “es la válvula de escape que utiliza Irán para aliviar la presión que se ejerce desde fuera del Golfo” [19]. Desde aquí, Irán intenta reaccionar ante las sanciones económicas impuestas por EEUU y otras potencias; es lo que le otorga una mayor voz en el panorama internacional, al tener capacidad de bloquear el estratégico paso. Recientemente se han dado ataques a petroleros de Arabia Saudí y otros países[20], algo que provoca una gran desestabilización tanto económica como militar en cada nuevo episodio[21].  

En definitiva, la competencia entre Irán y Arabia Saudí tiene un efecto no solo regional sino que afecta globalmente. Los conflictos que pudieran desatarse en esta área recuerdan, cada vez más, a una ya conocida Guerra Fría, tanto por los métodos en el frente de batalla (y la incidencia de las proxy armies en este frente), como por la atención que requiere para el resto del mundo, que depende de este resultado, quizá, bastante más de lo que es consciente.

Conclusiones

Desde hace varios años se ha ido consolidando un enfrentamiento regional que implica también a las grandes potencias. Esta lucha trasciende las fronteras de Oriente Medio, análogamente a la situación desencadenada durante la Guerra Fría. Sus principales agentes son las proxy armies, que impulsan luchas a través de agentes no estatales y con métodos de guerra no convencionales, desestabilizando constantemente las relaciones entre los Estados, así como dentro de los propios Estados.

Para evitar la lucha en Ormuz, países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han intentado transportar el petróleo por otras vías, por ejemplo, mediante la construcción de oleoductos. Este grifo lo tiene Siria, país por el que las conducciones deben pasar para llegar a Europa). Al fin y al cabo, la guerra de Siria se puede ver desde muchas perspectivas, pero no hay duda de que uno de los motivos de la intromisión de potencias extrarregionales es el interés económico que conlleva la costa siria.

Desde 2015 hasta ahora se libra la silenciada guerra civil de Yemen. En ella están en juego asuntos estratégicos como el control del Estrecho de Mandeb. Detrás de esta terrible guerra contra los hutíes (proxies), hay un latente miedo a que estos se hagan con el control de acceso al Mar Rojo. En este mar y cerca del estrecho se encuentra Djibouti, donde las grandes potencias han instalado bases militares para un mejor control sobre la zona.

La potencia más perjudicada es Irán, que ve su economía debilitada por las constantes sanciones económicas. La situación afecta a una población oprimida tanto por el propio gobierno como por la presión internacional. El propio gobierno acaba desinformando a la sociedad, provocando una gran desconfianza hacia las autoridades. Esto genera una creciente inestabilidad política, que se manifiesta en frecuentes protestas.

El régimen ha publicitado esas manifestaciones como protestas por las actuaciones de EEUU, como por ejemplo a raíz del asesinato del general Soleimani, sin mencionar que muchas de estas revueltas se deben al gran descontento de la población civil por las graves medidas tomadas por el ayatolá Jamenei, más centrado en procurar la hegemonía en la zona que en resolver los problemas internos.

Así, muchas veces es difícil darse cuenta de implicación de estos enfrentamientos para la mayoría del mundo. En efecto, la utilización de proxy armies no debe distraernos del hecho de la verdadera involucración de las principales potencias de Occidente y de Oriente (al verdadero modo de una Guerra Fría). Tampoco los motivos que se alegan para mantener estos frentes abiertos deben distraernos de la verdadera incidencia de lo que está en juego realmente: ni más ni menos que la economía global.

▲ Logo of Pakistan's Inter-Services Intelligence organization. It depicts Pakistan's national animal, Markhor, eating a snake [Wikipedia]

ESSAY / Manuel Lamela

Jihadism continues to be one of the main threats Pakistan faces. Its impact on Pakistani society at the political, economic and social levels is evident, it continues to be the source of greatest uncertainty, which acts as a barrier to any company that is interested in investing in the Asian country. Although the situation concerning terrorist attacks on national soil has improved, jihadism is an endemic problem in the region and medium-term prospects are not positive. The atmosphere of extreme volatility and insistence that is breathed does not help in generating confidence. If we add to this the general idea that Pakistan's institutions are not very strong due to their close links with certain radical groups, the result is a not very optimistic scenario. In this essay, we will deal with the current situation of jihadism in Pakistan, offering a multidisciplinary approach that helps to situate itself in the complicated reality that the country is experiencing.

1. Jihadism in the region, a risk assessment

Through this graph, we will analyze the probability and impact of various risk factors concerning jihadist activity in the region. All factors refer to hypothetical situations that may develop in the short or medium term. The increase in jihadist activity in the region will depend on how many of these predictions are fulfilled.

Risk Factors:

R1: US-Taliban treaty fails, creating more instability in the region. If the United States is not able to make a proper exit from Afghanistan, we may find ourselves in a similar situation to that experienced during the 1990s. Such scenario will once again plunge the region into a fierce civil war between government forces and Taliban groups. The proposed scenario becomes increasingly plausible if we look at the recent American actions regarding foreign policy.

R2: Pakistan two-head strategy facing terrorism collapse. Pakistan’s strategy in dealing with jihadism is extremely risky, it’s collapse would lead to a schism in the way the Asian state deals with its most immediate challenges. The chances of this strategy failing in the medium term are considerably high due to its structure, which makes it unsustainable over the time.

R3: Violations of the LoC by the two sides in the conflict. Given the frequency with which these events occur, their impact is residual, but it must be taken into account that it in an environment of high tension and other factors, continuous violations of the LoC may be the spark that leads to an increase in terrorist attacks in the region.

R4: Agreement between the afghan Taliban and the government. Despite the recent agreement between Ashraf Ghani and Abdullah Albduallah, it seems unlikely that he will be able to reach a lasting settlement with the Taliban, given the latter's pretensions. If it is true that if it happens, the agreement will have a great impact that will even transcend Afghan borders.

R5: Afghan Taliban make a coup d’état to the afghan government. In relation to the previous point, despite the pact between the government and the opposition, it seems likely that instability will continue to exist in the country, so a coup attempt by the Taliban seems more likely than a peaceful solution in the medium or long term

R6: U.S. Democrat party wins the 2020 elections. Broadly speaking, both Republican and Democratic parties are betting on focusing their efforts on containing the growth of their great rival, China.

R7: U.S. withdraw its troops from Afghanistan regarding the result of the peace process. This is closely related to the previous point as it responds to a basic geopolitical issue.

R8: New agreement between India and Pakistan regarding the LoC.  If produced, this would bring both states closer together and help reduce jihadist attacks in the Kashmir region. However, if we look at recent events, such a possibility seems distant at present.

2. The ties between the ISI and the Taliban and other radical groups

Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) has been accused on many occasions of being closely linked to various radical groups; for example, they have recently been involved with the radicalization of the Rohingya refugees in Bangladesh[1]. Although Islamabad continues strongly denying such accusations, reality shows us that cooperation between the ISI and various terrorist organizations has been fundamental to their proliferation and settlement both on national territory and in the neighboring states of India and Afghanistan. The West has not been able to fully understand the nature of this relationship and its link to terrorism. The various complaints to the ISI have been loaded with different arguments of different kinds, lacking in unity and coherence. Unlike popular opinion, this analysis will point to the confused and undefined Pakistani nationalism as the main cause of this close relationship.

The Directorate for Inter-Services Intelligence, together with the Intelligence Bureau and the Military Intelligence, constitute the intelligence services of the Pakistani State, the most important of which is the ISI. ISI can be described as the intellectual core and center of gravity of the army. Its broad functions are the protection of Pakistan's national security and the promotion and defense of Pakistan's interests abroad. Despite the image created around the ISI, in general terms its activities and functions are based on the same "values" as other intelligence agencies such as the MI6, the CIA, etc. They all operate under the common ideal of protecting national interests, the essential foundation of intelligence centers without which they are worthless. We must rationalize their actions on the ground, move away from inquisitive accusations and try to observe what are the ideals that move the group, their connection with the government of Islamabad and the Pakistani society in general.

2.1. The Afghan Taliban

To understand the idiosyncrasy of the ISI we must go back to the war in Afghanistan[2], it is from this moment that the center begins to build an image of itself, independent of the rest of the armed forces. From the ISI we can see the victory of the Mujahideen on Afghan territory as their own, a great achievement that shapes their thinking and vision. But this understanding does not emerge in isolation and independently, as most Pakistani society views the Afghan Taliban as legitimate warriors and defenders of an honorable cause[3]. The Mujahideen victory over the USSR was a real turning point in Pakistani history, the foundation of modern Pakistani nationalism begins from this point. The year 1989 gave rise to a social catharsis from which the ISI was not excluded.

Along with this ideological component, it is also important to highlight the strategic aspect; we are dealing with a question of nationalism, of defending patriotic interests. Since the emergence of the Taliban, Pakistan has not hesitated to support them for major strategic reasons, as there has always been a fear that an unstable Afghanistan would end up being controlled directly or indirectly by India, an encircle strategy[4]. Faced with this dangerous scenario, the Taliban are Islamabad's only asset on the ground. It is for this reason, and not only for religious commitment, that this bond is produced, although over time it is strengthened and expanded. Therefore, at first, it is Pakistani nationalism and its foreign interests that are the cause of this situation, it seeks to influence neighboring Afghanistan to make the situation as beneficial as possible for Pakistan. Later on, when we discuss the situation of the Taliban on the national territory, we will address the issue of Pakistani nationalism and how its weak construction causes great problems for the state itself. But on Afghan territory, from what has been explained above, we can conclude that this relationship will continue shortly, it does not seem likely that this will change unless there are great changes of impossible prediction. The ISI will continue to have a significant influence on these groups and will continue its covert operations to promote and defend the Taliban, although it should be noted that the peace treaty between the Taliban and the US[5] is an important factor to take into account, this issue will be developed once the situation of the Taliban at the internal level is explained.

2.2. The Pakistani Taliban (Al-Qaeda[6] and the TTP)

The Taliban groups operating in Pakistan are an extension of those operating in neighboring Afghanistan. They belong to the same terrorist network and seek similar objectives, differentiated only by the place of action. Despite this obvious similarity, from Islamabad and increasingly from the whole of Pakistani society, the two groups are observed in a completely different way. On the one hand, as we said earlier, for most Pakistanis, the Afghan Taliban are fighting a legitimate and just war, that of liberating the region from foreign rule. However, groups operating in Pakistan are considered enemies of the state and the people. Although there was some support among the popular classes, especially in the Pashtun regions, this support has gradually been lost due to the multitude of atrocities against the civilian population that have recently been committed. The attack carried out by the Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP)[7] in the Army Public School in Peshawar in the year 2014 generated a great stir in society, turning it against these radical groups. This duality marks Pakistan's strategy in dealing with terrorism both globally and internationally. While acting as an accomplice and protector of this groups in Afghanistan, he pursues his counterparts on their territory. We have to say that the operations carried out by the armed forces have been effective, especially the Zarb-e-Azb operation carried out in 2014 in North Waziristan, where the ISI played a fundamental role in identifying and classifying the different objectives. The position of the TTP in the region has been decimated, leaving it quite weakened. As can be seen in this scenario, there is no support at the institutional level from the ISI[8], as they are involved in the fight against these radical organizations. However, on an individual level if these informal links appear. This informal network is favored by the tribal character of Pakistani society, it can appear in different forms but often draw on ties of Kinship, friendship or social obligation[9]. Due to the nature of this type of relationship, it is impossible to know to what extent the ISI's activity is conditioned and how many of its members are linked to Taliban groups. However, we would like to point out that these unions are informal and individual and not institutional, which provides a certain degree of security and control, at least for the time being, the situation may vary greatly due to the lack of transparency.

2.3. ISI and the radical groups that operate in Kashmir

Another part of the board is made up of the radical groups that focus their terrorist attention on the conflict with India over control of Kashmir, the most important of which are: Lashkar-e-Taiba (Let) and Jaish-e-Mohammed (JeM). Both groups have committed real atrocities over the past decades, the most notorious being the one committed by LeT in the Indian city of Mumbai in 2008. There are numerous testimonies, in particular, that of the American citizen David Haedy, which point to the cooperation of the ISI in carrying out the aforementioned attack.[10]

Recently, Hafiz Saeed, founder of Let and intellectual planner of the bloody attack, was arrested. The news generated some turmoil both locally and internationally and opened the debate as to whether Pakistan had finally decided to act against the radical groups operating in Kashmir. We are once again faced with a complex situation, although the arrest shows a certain amount of willpower, it is no more than a way of making up for the situation and relaxing international pressure. The above coincides with the FATF's[11] assessment of Pakistan's status within the institution, which is of great importance for the short-term future of the country's economy. Beyond rhetoric, there is no convincing evidence that suggests that Pakistan has made a move against those groups. The link and support provided by the ISI in this situation are again closely linked to strategic and ideological issues. Since its foundation, Pakistani foreign policy has revolved around India[12], as we saw on the Afghan stage. Pakistani nationalism is based on the maxim that India and the Hindus are the greatest threat to the future of the state. Given the significance of the conflict for Pakistani society, there has been no hesitation in using radical groups to gain advantages on the ground. From Pakistan perspective, it is considered that this group of terrorists are an essential asset when it comes to putting pressure on India and avoiding the complete loss of the territory, they are used as a negotiating tool and a brake on Indian interests in the region.

As we can see, the core between the ISI and certain terrorist groups is based on deep-seated nationalism, which has led both members of the ISI and society, in general, to identify with the ideas of certain radical groups. They have benefited from the situation by bringing together a huge amount of power, becoming a threat to the state itself. The latter has compromised the government of Pakistan, sometimes leaving it with little room for maneuver. The immense infrastructure and capacity of influence that Let has thanks to its charitable arm Jamaat-ud-Dawa, formed with re-localized terrorists, is a clear example of the latter. A revolt led by this group could put Islamabad in a serious predicament, so the actions taken both in Kashmir and internally to try to avoid the situation should be measured very well. The existing cooperation between the ISI and these radical groups is compromised by the development of the conflict in Kashmir, which may increase or decrease depending on the situation. What is certain, because of the above, is that it will not go unnoticed and will continue to play a key role in the future. These relationships, this two-way game could drag Pakistan soon into an internal conflict, which could compromise its very existence as a nation.