▲ Intervención de Almagro en la inauguración de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín (Colombia) en junio de 2019 [OEA]

COMENTARIO / Ignacio Yárnoz

En la Asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín el pasado mes de junio se pudieron constatar las tensiones y la división que actualmente existen en el seno de este organismo internacional. En primer lugar, esas discrepancias fueron evidentes en la cuestión la cuestión venezolana, asunto que protagonizó la reunión con la presentación de informes de migraciones, críticas al régimen bolivariano y la presencia de la delegación venezolana representando al Gobierno de Guaidó encabezada por el embajador Gustavo Tarre.

Estos hechos fueron acogidos con el rechazo de gran parte de los países caribeños, quienes abandonaron la sala en la presentación de los informes y declararon su negativa a cumplir cualquier resolución de la OEA en la que la delegación de Venezuela votara a favor. Y es que, en opinión de los países caribeños, Venezuela formalmente abandonó la organización el mes de marzo y la presencia de la delegación de Guaidó como legítima representante de Venezuela contraviene el Derecho Internacional y los principios de la Carta de la OEA, dado que representa a un Gobierno sin control efectivo del territorio ni legitimidad legal. Pero los países del Caricom no fueron los únicos en expresar su protesta, la delegación de Uruguay también abandonó la sala y la de México manifestó su desagrado por la presencia opositora venezolana como delegación de pleno derecho.

La controversia, sin embargo, no solo dejaba ver las discrepancias sobre el modo de afrontar la crisis venezolana, sino que también reflejaba otra realidad de fondo, y es que la candidatura de Luis Almagro para ser reelegido como secretario general de la organización pende de un hilo.

El mes de diciembre del pasado año, el uruguayo Almagro anunció formalmente que, a petición de Colombia y Estados Unidos, había decidido presentarse a la reelección con la seguridad de tener los votos necesarios. Desde entonces, sin embargo, el paisaje de la reelección se ha oscurecido. La votación tendrá lugar el primer semestre del año 2020 y para conseguir ser reelegido Almagro necesita al menos 18 votos de los 35 países de la OEA (si incluimos a Cuba, aunque no participe activamente).

Variables

El futuro de Almagro, que llegó al cargo en mayo de 2015, depende de varios factores que se irán desarrollando este año. Principalmente, las elecciones generales de Argentina, Canadá, Uruguay y Bolivia, que se celebrarán entre octubre y noviembre. Sin embargo, existen otras variables que también pueden afectar a su reelección, como el apoyo que obtenga de los países del Grupo de Lima o la posible división entre los miembros del Caricom al respecto. A continuación, revisaremos uno a uno estos supuestos.

En el caso de las elecciones de Bolivia, Almagro ya ha jugado sus cartas y ha sido acusado de haber utilizado una doble vara de medir al criticar duramente el régimen de Maduro, pero después no mostrarse crítico con la posibilidad de reelección de Evo Morales por tercera vez. Dicha reelección supuestamente no es legal según la Constitución boliviana y fue vetada por la población en un referéndum, pero el presidente Evo Morales ha hecho caso omiso bajo pretexto de que impedirle ser candidato de nuevo va contra los derechos humanos, argumentación luego avalada por la Corte Suprema de Bolivia. La Secretaría General de la OEA, pese a no estar de acuerdo con el “derecho a ser reelegido”, no elevó ninguna crítica ni se posicionó en contra de dicha elección supuestamente debido al posible voto de Bolivia a favor de Almagro, algo que podría pasar si Evo Morales sale finalmente reelegido pero que no es completamente seguro tampoco. Sin embargo, de no ser así, ya se ha granjeado la animadversión de los candidatos de la oposición como Carlos Mesa u Óscar Ortiz y del jefe opositor Samuel Doria Medina quienes de salir elegidos no votarían a favor de él.

Respecto a Guatemala, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio la victoria a Sandra Torres (22,08% de los votos) y a Alejandro Giammattei (12.06% de los votos), quienes el domingo 11 de agosto se enfrentarán en la segunda vuelta. En el caso de que Torres saliera elegida, tal vez alinee su postura con la de México adoptando una política menos injerencista respecto a Venezuela y por tanto en contra de Almagro. En el caso de la victoria de Giammattei, político de centro-derecha, es probable que alinee sus posiciones con Almagro y que vote a favor de él. Guatemala siempre ha estado alineado con las posturas de EEUU, por lo que es dudoso que el país vote contra una candidatura apoyada por Washington, aunque no imposible.

En cuanto a Argentina y Canadá, la posición dependerá de si el candidato vencedor en sus respectivas elecciones es conservador o progresista. Incluso en el caso de Canadá está abierta la posibilidad de un rechazo de Almagro independientemente de la orientación política del nuevo Gobierno, ya que si bien Canadá ha sido crítico con el régimen de Maduro, también ha criticado la organización interna de la OEA bajo el mando del actual secretario general. Por lo que afecta a Argentina, sí existe una clara diferencia entre los candidatos presidenciales: mientras Mauricio Macri representaría la continuidad en el apoyo a Almagro, la fórmula Alberto Fernández–Cristina Kirchner supondría claramente un rechazo.

Uruguay representa un caso curioso de cómo afecta la política interna y los juegos políticos entre miembros incluso del mismo partido. No debemos olvidar que Luis Almagro fue ministro en el Gobierno de Pepe Mujica y que su primera candidatura a secretario general fue presentada por Uruguay. Sin embargo, dada la división en la formación política a la que pertenecía, Frente Amplio, se ganó algunos enemigos como los del actual gobierno de Tabaré Vázquez. Es por eso que Uruguay ha sido tan crítico con Luis Almagro pese a ser un compatriota y compañero de partido. Sin embargo, no debemos dudar que también tendrá sus amistades en el partido que hagan cambiar la postura de Uruguay. De ser así, no importaría el candidato que salga elegido (Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional o Daniel Martínez por el Frente Amplio) que Almagro tendría asegurado el voto: el de la derecha del Partido Nacional al tener unas tesis más críticas con Maduro (de hecho, reconocieron como partido al Gobierno de Guaidó y criticaron la neutralidad de Uruguay), o el de la izquierda del Frente Amplio por los contactos que Almagro pueda tener, aunque esto último sea aún una hipótesis dado que el ala más extrema del partido es la que aún tiene la mayoría de los votos dentro del Frente Amplio.

Otro aspirante

No obstante, las opciones de Almagro para la reelección podrían verse frustradas si presenta su candidatura otro aspirante que pudiera ganarse la simpatía del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 e integrado por una docena de países de América para coordinar su estrategia en relación a Venezuela. Perú suena como el que posiblemente presente un candidato: Hugo de Zela, un diplomático peruano con 42 años de carrera que en abril fue nombrado embajador de Perú en Washington y que ha jugado un papel muy relevante dentro del Grupo de Lima como coordinador. Además, De Zela conoce la estructura de la OEA dado que ha ejercido como jefe de gabinete de la Secretaría General en dos ocasiones: primero, entre 1989 y 1994, cuando el titular del organismo era el brasileño Joao Clemente Baena Soares; y luego entre 2011 y 2015, con el chileno José Miguel Insulza. Este candidato, aparte de su amplia experiencia política, tiene como baza el hecho de haber sido coordinador del Grupo de Lima, lo que podría dar garantías acerca de la colaboración entre ese grupo y la OEA sobre la cuestión venezolana.

Si De Zela decidiera presentarse, el Grupo de Lima podría romperse y dividir sus votos, lo que podría favorecer a los intereses de los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom), que suelen votar en bloque y que se han mostrado descontentos con la gestión de Almagro sobre la crisis venezolana. De hecho, el Caricom ya está pensando en presentar un candidato que tenga en cuenta los intereses de esos países, principalmente el cambio climático. Los nombres que suenan entre los miembros del Caricom son el embajador ante la OEA de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, o la representante de Barbados ante la ONU, Liz Thompson.

Sin embargo, queda una esperanza en la comunidad del Caricom para Almagro. Santa Lucía, Haití, Jamaica y las Bahamas rompieron filas en el momento de votar la admisión del embajador Gustavo Tarre nombrado por el Gobierno de Guaidó para representar a Venezuela ante la OEA (aunque técnicamente lo que apoyaron es que fuera designado como “representante permanente designado de la Asamblea Nacional, en espera de nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”). Estos cuatro países, aunque con una posición más moderada que la del Grupo de Lima, se unieron a su posición aceptando la designación de dicho representante con el matiz anteriormente mencionado. Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que han roto filas en Caricom en el tema venezolano. Esto podría dar al secretario general una baza con la que poder jugar para lograr el apoyo de alguno de estos cuatro países, aunque necesitará de hábiles técnicas de negociación y dar algo a cambio a estos países, ya sean puestos en la secretaría general o bien beneficios en nuevos programas y becas de desarrollo integral o cambio climático, por ejemplo.  

En conclusión, en el mejor escenario posible para Almagro y suponiendo que ningún país del Grupo de Lima presentara un candidato alternativo, la candidatura a la reelección del actual secretario general contaría con 12 votos asegurados, 4 negociables de Santa Lucía, Jamaica, Haití y Bahamas y 5 pendientes de las elecciones (Guatemala, Canadá, Uruguay, Argentina y Bolivia). Está claro que votarán en contra México, gran parte del Caricom (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y Nicaragua. Además, debemos añadir el hecho de que cualquier candidatura puede ser presentada hasta 10 minutos antes de la Asamblea General extraordinaria, lo que da pie aún más a juegos políticos en la sombra y sorpresas de última hora. Como podemos ver, es una situación muy difícil para el secretario general y de seguro va a suponer más de un quebradero de cabeza en esta aritmética de votos por conseguir el puesto. Sin duda una pugna por el puesto que dará mucho de lo que hablar de aquí a febrero 2020.

[I. H. Daalder & James M. Lindsay, The Empty Throne. America’s Abdication of Global Leadership. Public Affairs. New York, 2018. 256 p.]

RESEÑA / Salvador Sánchez Tapia

La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2017 ha desatado un importante caudal editorial que llega hasta hoy, y en el que numerosas plumas ponen en cuestión, en fondo y forma, al nuevo inquilino de la Casa Blanca desde ángulos diversos.

En este caso, dos autores del ámbito de los think tanks norteamericanos, próximos a Barack Obama –uno de ellos sirvió durante su presidencia como embajador de Estados Unidos en la OTAN– nos ofrecen una visión muy crítica del presidente Trump y de su gestión al frente del poder ejecutivo norteamericano. Con el sólido apoyo de numerosas citas, declaraciones y testimonios recogidos de los medios de comunicación, y en un lenguaje ágil y atractivo, componen el retrato de un presidente errático, ignorante –en un pasaje se resalta sin paliativos su “ignorancia en muchas cuestiones, su falta de disposición para aceptar consejos ajenos, su impulsividad, y su falta de capacidad de pensamiento crítico”–, arrogante e irresponsable.

Los autores de The Empty Throne sostienen que los hechos y palabras del presidente Trump muestran cómo ha roto con la línea tradicional de la política exterior estadounidense desde Franklin Delano Roosevelt, basada en el ejercicio de un liderazgo orientado a la seguridad colectiva, a la apertura de los mercados globales y a la promoción de la democracia, de los derechos humanos y del imperio de la ley, y que ha resultado muy beneficioso para Estados Unidos. Trump, argumentan, habría abdicado de ese liderazgo, abrazando en su lugar otra política puramente transaccional, hecha por un simple cálculo de interés.

Esta nueva forma de concebir la política internacional, basada en la lógica de la competición y el dominio, se justificaría desde la administración Trump con el argumento de que la antigua ha sido altamente perniciosa para Estados Unidos, pues ha propiciado que amigos y aliados hayan obtenido importantes ganancias a costa de la prosperidad norteamericana.

Parafraseando el lema de campaña de Trump America First, los autores aducen que esta nueva política resultará, más bien, en una America Alone, y que beneficiará en su lugar a China, asumiendo que será a ella a quien miren las naciones en busca de un nuevo líder.

Para apoyar su tesis, los autores hacen un repaso a la gestión de Donald Trump en el año y medio transcurrido entre su inauguración a comienzos de 2017 y la fecha de publicación del libro en 2018. En su argumentación revisan la gestión de los presidentes que la nación ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la comparan con la puesta en práctica por la administración Trump.

Una parte importante de la crítica va dirigida al controvertido estilo presidencial desplegado por Donald Trump, exhibido incluso desde antes de las elecciones, y que resulta evidente en hechos como el abandono de la etiqueta acostumbrada en el mundo de las relaciones internacionales, especialmente hiriente en sus relaciones con amigos y aliados; la falta de interés mostrada por coordinar con la administración Obama una transición ordenada, o la toma de ciertas decisiones en contra de su equipo de seguridad nacional o, incluso, sin consultar a sus miembros.

No reconocer estos hechos sería negar la evidencia y poner en cuestión la realidad inescapable de la desazón que a muchos produce esta nueva forma de tratar a naciones con las que Norteamérica comparte tantos intereses y valores, como las de la Unión Europea, u otras como Japón, Canadá o Australia, firmes aliados de Estados Unidos desde hace décadas. Cabe, sin embargo, hacer alguna crítica a los argumentos.

En primer lugar, y dejando de lado la falta de perspectiva temporal para hacer una valoración definitiva de la presidencia de Trump, los autores hacen una comparación entre el primer año y medio de mandato del actual presidente y los de todos sus predecesores desde el final de la Segunda Guerra Mundial para demostrar el retorno de Trump a la política del America First imperante hasta Roosevelt. Este contraste requiere ciertas matizaciones pues, sobre la base del común denominador de la estrategia de liderazgo internacional que todos los predecesores de Trump practicaron, el país experimentó en este tiempo momentos de mayor unilateralismo como el del primer mandato de George W. Bush, junto a otros de menor presencia global del país como, quizás, los de las presidencias de Eisenhower, Ford, Carter e, incluso, Obama.

En el caso de Obama, además, las diferencias de fondo con Trump no son tantas como parece. Ambos presidentes tratan de administrar, para mitigarla, la pérdida de poder relativo norteamericano motivada por los largos años de presencia militar en Oriente Medio y por el ascenso de China. No es que Trump considere que Estados Unidos deba abandonar las ideas de liderazgo global e interacción multinacional; de hecho, a la vez que se le acusa de dejar a su suerte a los aliados tradicionales, se le reprocha su aproximación, casi complicidad, con otros como Arabia Saudita e Israel. Más bien, lo que pretende es ejercer el liderazgo, pero, eso sí, dictando sus condiciones para que sean favorables a Estados Unidos. Del liderazgo inspiracional, al liderazgo por imposición.

La pregunta sería ¿es posible mantener un liderazgo en esas condiciones? Según los autores, no. De hecho, como consecuencia de esta “abdicación de liderazgo” norteamericano, ofrecen dos escenarios: el retorno a un mundo en el que ninguna nación lidere, o la irrupción de otra nación –China, evidentemente– que llenará el vacío creado por esa abdicación.

No consideran los autores una tercera opción: la de que los aliados tradicionales se adapten al nuevo estilo de liderazgo, aunque sea a disgusto, por necesidad, y en la confianza de que un día, la presidencia de Trump será historia. Esta idea sería consistente con la premisa expuesta en la obra, y con la cual coincidimos, de que el liderazgo norteamericano continúa siendo imprescindible, y con el propio reconocimiento que se hace al final de la misma, de que hay cierto fundamento en los agravios que Trump presenta y que la actitud del presidente está llevando a muchos de los amigos y aliados de Estados Unidos a reconsiderar sus gastos de defensa, a repensar las reglas del comercio internacional para hacerlas más digeribles para Norteamérica, y a adoptar un papel más activo en la resolución de los desafíos globales más importantes.

El tiempo dirá cuál de las tres opciones prevalecerá. Aún considerando los retos que implica el trato con el actual titular de la Casa Blanca, Estados Unidos continúa unido a sus socios y aliados tradicionales por una tupida red de intereses comunes y, sobre todo, valores compartidos que trascienden a las personas y que perdurarán por encima de ellas.

ENSAYO / Jairo Císcar Ruiz [Versión en inglés]

En los últimos meses las abiertas hostilidades comerciales entre los Estados Unidos de América y la República Popular China han copado las principales cabeceras generalistas y publicaciones económicas especializadas del mundo entero. La denominada “guerra comercial” entre estas dos superpotencias no es sino la sucesiva escalada de imposición de aranceles y gravámenes especiales a productos y manufactura originales de los países enfrentados. Esto, en cifras económicas, supone que EEUU impuso en 2018 aranceles especiales sobre US$250.000 millones de productos chinos importados (de un total de US$539.000 millones), mientras que China por su parte impuso aranceles sobre 110 de los US$120.000 millones de productos de importación norteamericana [1]. Estos aranceles supusieron para el consumidor y empresas americanas un aumento de US$3.000 millones en impuestos adicionales. Este análisis quiere, por tanto, explicar y mostrar la posición y futuro de la Unión Europea en esta guerra comercial de una manera general.

Mediante este pequeño recordatorio de cifras, se ilustra la magnitud del desafío para la economía mundial que supone este choque entre las dos locomotoras económicas del mundo. No es China quién está pagando los aranceles, como dijo literalmente Trump el 9 de mayo durante un encuentro con periodistas [2], sino que la realidad es mucho más compleja, y, evidentemente, como en el caso de la inclusión de Huawei en la blacklist comercial (y por tanto la prohibición de adquirir cualquier elemento en suelo norteamericano, ya sea hardware o software, sin un acuerdo previo con la Administración), que puede afectar a más de 1.200 empresas norteamericanas y centenares de millones de clientes a nivel global según la BBC [3], la guerra económica pronto puede empezar a suponer un gran lastre para la economía a nivel global. El día 2 de junio Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos vaticinó que de seguir el enfrentamiento tanto China como EEUU podrían llegar a perder entre 5 y 6 décimas del PIB, subrayando de manera especial que "el proteccionismo es la principal amenaza para el crecimiento mundial” [4].

Como se infiere por las palabras de Moscovici, la guerra comercial no preocupa solamente a los países directamente implicados en ella, sino que es seguida muy de cerca por otros actores de la política internacional, especialmente la Unión Europea.
La Unión Europea es el mayor Mercado Único en el mundo, siendo esta una de las premisas y pilares fundamentales de la propia existencia de la UE. Pero no ya está centrada en el comercio interno, sino que es una de las mayores potencias comerciales de exportación e importación, siendo una de las principales voces que abogan por sanas relaciones comerciales que sean de mutuo beneficio para los diferentes actores económicos a nivel global y regional. Esta apertura a los negocios hace que el 30% del PIB de la UE provenga del comercio exterior y le convierte en el principal actor a la hora de hacer negocios de importación y exportación. Por ilustrar brevemente, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea [5] en el último año (mayo 2018-abril 2019), la UE realizó importaciones por valor de €2.022.000 millones (un crecimiento del 7%) y exportó un 4% más, con un total de €1.987.000 millones. La balanza comercial queda, por tanto, en un saldo negativo de €35.000 millones, lo cual, debido al gran volumen de importaciones y exportaciones y el PIB nominal de la UE (tomando como dato 18'8 billones de euros) supone tan sólo el 0,18% del PIB total de la UE. EEUU fue el principal lugar de exportación desde la UE, mientras que China fue el primer lugar de importación. Estos datos son reveladores e interesantes: parte importante de la economía de la UE depende del negocio con estos dos países y una mala marcha de su economía podría lastrar la propia de los países miembros de la UE.

Otro dato que ilustra la importancia de la UE en materia comercial es el de Inversión Extranjera Directa (IED). En el 2018, el 52% de la IED mundial provino de países dentro de la Unión Europea y esta recibió un 38,5% de la inversión total a nivel mundial, siendo líder en los dos indicadores. Por tanto, cabe afirmar que la actual guerra comercial puede suponer un grave problema para la futura economía europea, pero, como veremos más adelante, la Unión puede salir reforzada e incluso beneficiada de esta situación si consigue medrar bien entre las dificultades, negocios y estrategias de los dos países. Pero veamos, primero, las relaciones de la UE tanto con EEUU como con China.

La relación EEUU-UE ha sido tradicionalmente (aunque con altibajos) la más firme de la esfera internacional. Estados Unidos es el principal aliado en defensa, política, economía y diplomacia de la Unión Europea y viceversa. Se comparten el modelo económico, político, cultural; así como la principal organización de defensa colectiva a nivel mundial, la OTAN. Sin embargo, en la denominada relación transatlántica, siempre han habido choques, acentuados en los últimos tiempos de la Administración Obama y habituales con Trump. Con la Administración actual no sólo han surgido reproches a la UE en el seno de la OTAN (respecto al fallo de países miembros en invertir el presupuesto exigido; compartida la crítica con Reino Unido), sino que se ha iniciado un conato de guerra arancelaria en toda regla.

En apenas dos años se ha pasado de las negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), la anunciada base del comercio del siglo XXI que finalmente fracasó en los últimos compases de Obama en la Casa Blanca, a la actual situación de proteccionismo extremo de EEUU y respuesta de la UE. Especialmente ilustrativa es la sucesión de eventos que han tenido lugar en el último año: a golpe de Twitter, en marzo de 2018 EEUU impuso unilateralmente aranceles globales al acero (25%) y aluminio (10%) para proteger la industria americana [6]. Estos aranceles no sólo afectaban a China, también infringían gran daño a empresas de países europeos como Alemania. También estaba en el aire aplicar aranceles del 25% a vehículos de procedencia europea. Tras un duro clima de reproches mutuos, el 25 de julio, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció junto a Trump un acuerdo para bajar aranceles a productos agrarios y a servicios, y comprometiéndose EEUU a revisar la imposición de los aranceles metalúrgicos a la UE, así como a apoyar en el seno de la Organización Mundial del Comercio las proclamas europeas para una reforma de las leyes de Propiedad Intelectual, las cuales China no respeta [7]. Sin embargo, tras la reiteración de la amistad transatlántica y del anuncio de Trump de “vamos hacia los aranceles cero” [8], pronto han vuelto a sonar las cajas destempladas. En abril de este año actual, el día 9 de abril, Trump anunció en Twitter la imposición de aranceles a la UE por valor de US$11.000 millones por el apoyo de la UE a Airbus (competencia de las norteamericanas Boeing, Lockheed Martin...), volando por los aires el principio de acuerdo de julio del año pasado. La UE por su parte amenazó con imponer aranceles de €19.000 millones por el apoyo estatal norteamericano a Boeing. Como se ve, la UE, a pesar de su tradicional papel conciliador y muchas veces subyugada a EEUU, ha decido contraatacar y no permitir mas salidas de tono por parte americana. La última amenaza, de mediados de julio, va contra el vino francés (y debido al mecanismo europeo, contra todos los caldos de procedencia europea, incluidos los españoles). Esta amenaza ha sido calificada como “ridícula” [9], ya que EEUU consume más vino del que produce (es el mayor consumidor mundial) y por tanto, la oferta disponible se podría ver bastante mermada.

Todavía es pronto para ver el impacto real que está teniendo en EEUU la guerra comercial, más allá del descenso del 7,4% de las exportaciones de EEUU a China [10] y el daño que están sufriendo los consumidores, pero el Nobel de Economía Robert Schiller, en una entrevista para la CNBC [11] y el presidente de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, para la BBC; ya han expresado sus temores respecto a que si la situación y las políticas proteccionistas siguen así, podríamos estar frente a la mayor crisis económica desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es difícil dilucidar como será la relación en el futuro entre Europa y su principal socio exportador, EEUU. Todo indica que van a seguir los roces y la elevación del tono si la Administración americana no decide rebajar su retórica y actos contra el libre comercio con Europa. Por último, tiene que quedar claro (y con ánimo de rebajar el tono a veces excesivamente alarmista de las noticias) que entre las amenazas (ya sea por Twitter o portavoces) de ambos lados y la imposición efectiva de aranceles (en EEUU tras el anuncio pertinente de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU; en la UE mediante la aprobación de los 28) dista un largo camino, y no hay que confundir actos en potencia y hechos. Es evidente que a pesar de la dureza del tono, los equipos negociadores de ambos lados del atlántico siguen en contacto e intentan evitar en la medida de lo posible acciones perjudiciales para ambos.

Por otra parte, la relación entre China y Europa es francamente diferente a la que se mantiene con EEUU. La Belt and Road Initiative (BRI) (a la que se ha adherido formalmente Italia) supone la confirmación de la apuesta de China por ser el próximo líder de la economía mundial. Mediante esta iniciativa, el presidente Xi Jinping pretende redistribuir y agilizar los flujos de comercio desde y hacia China por la vía terrestre y marítima. Para ello resulta vital la estabilidad de países del Sur de Asia como Pakistán y Afganistán, así como poder controlar puntos vitales de tráfico marítimo como el Estrecho de Malaca o el Mar del Sur de China. El “dragón” asiático cuenta con una situación interna que favorece su crecimiento (un 6,6% de su PIB en 2018 que, siendo el peor dato desde hace 30 años, sigue siendo una cifra abrumadora), ya que la relativa eficiencia de su sistema autoritario y, especialmente, el gran apoyo del Estado a empresas impulsan su crecimiento, así como también poseen las mayores reservas de divisas extranjeras, especialmente dólares y euros, que permiten una gran estabilidad de la economía del país. La moneda china, el Renminbi, ha sido declarada por el FMI moneda de reserva mundial, lo cual es otro indicador de la buena salud que se le augura en el futuro a la economía china.

Para la UE, China es un competidor, pero también un socio estratégico y un socio negociador [12]. China es para la UE su principal socio importador, totalizando el 20,2% de las importaciones (€395.000 millones), y el 10,5% de las exportaciones (€210.000 millones). El volumen de importaciones es tal que, a pesar de que la inmensa mayoría llegan al continente europeo por vía marítima, existe una conexión por vía férrea que, amparada en la BRI, une todo el continente euroasiático, desde la capital manufacturera de China, Yiwu, y la última parada en el extremo sur de Europa, Madrid. A pesar de que parte de lo importado siguen siendo bienes denominados “low-end”, es decir, productos de manufactura básica y precio unitario barato, desde la entrada de China en la OMC, en diciembre de 2001, el concepto de material producido en China a cambiado radicalmente: la gran abundancia de tierras raras en territorio chino, junto con el avance en su industrialización e inversión en nuevas tecnologías (en lo que China es líder) han hecho que ya no se piense en China sólo como productora de bazares en masa; al contrario, la mayoría de las importaciones en la EU desde China fueron maquinaria y productos “high-end”, de alta tecnología (especialmente equipamiento de telecomunicaciones y de procesamiento de datos).

En el citado comunicado de prensa de la Comisión Europea, se advierte a China de que hagan frente a los compromisos adquiridos en los Protocolos de Kyoto y Acuerdos de París respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero; e insta al país asiático a respetar los dictados de la OMC, especialmente en materia de transferencia tecnológica, subvenciones estatales y prácticas ilícitas como el dumping.

Estos aspectos son vitales para las relaciones económicas con China. En un momento donde la mayoría de los países del mundo firmaron o son parte de los Acuerdos de París para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras la UE está haciendo esfuerzos para reducir su contaminación (cerrando plantas y minas de carbón; poniendo impuestos especiales a la energía obtenida de fuentes no renovables...), China, que totaliza el 30% de las emisiones globales, aumentó en el 2018 un 3% sus emisiones. Esto, más allá de los nocivos efectos para el clima, tiene beneficios industriales y económicos: mientras que en Europa las industrias están estrechando sus márgenes e beneficio por el encarecimiento de la energía; China, que se alimenta de carbón, provee de energía más barata a sus empresas, que, sin restricciones activas, pueden producir más. Un ejemplo de como afecta el clima en las relaciones económicas con China es el reciente anuncio [13] de AcerlorMittal de reducir en 3 millones de toneladas la producción total su acero en Europa (sobre 44 millones de producción habitual) debido a los altos costes de la electricidad y al aumento de la importación de países de fuera de la UE (especialmente China) que con excesos de producción están bajando los precios a nivel mundial. Esta práctica, que es especialmente utilizada en China, consiste en inundar el mercado con una sobreproducción de determinado producto (está sobreproducción es pagada con subsidios gubernamentales) para abaratar los precios. Hasta diciembre de 2018, en los últimos 3 años, la UE ha tenido que imponer más de 116 sanciones y medidas antidumping contra productos chinos [14]. Lo cual muestra que, pese a los intentos de la UE para negociar en términos satisfactorios para ambos, China no cumple lo estipulado en los acuerdos con la UE y la OMC. Especialmente espinoso es el problema con las empresas controladas por el gobierno (se está estudiando la prohibición de redes 5G en Europa, controladas por proveedores chinos, por motivos de seguridad), que tienen prácticamente el monopolio en el interior del país; y sobretodo, la tergiversada lectura de la legalidad por parte de las autoridades chinas, que intentan emplear todos los mecanismos posibles a su favor, dificultando o poniendo trabas a la inversión directa de capital extranjero en su país, así como imponiendo requisitos (necesidad de contar con socios chinos, etc.) que dificultan la expansión internacional de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo,

La mayor fricción con la UE, sin embargo, es la transferencia forzosa de tecnología al gobierno, especialmente por parte de empresas de productos estratégicos como las de hidrocarburos, farmacéuticas y de la industria automotriz [15], impuesta por leyes y conditio sine qua non las empresas no pueden aterrizar en el país. Esto crea un clima de competencia desleal y ataque directo a las leyes internacionales de comercio. La inversión directa de capital chino en industrias y productoras críticas en la UE ha provocado que se alcen voces pidiendo mayor control e incluso vetos sobre estas inversiones en determinadas áreas por cuestiones de Defensa y Seguridad. La falta de protección de derechos intelectuales o patentes también son importantes puntos de quejas por parte de la UE, que pretende poder crear mediante la diplomacia y las organizaciones internacionales un clima favorable para el impulso de las relaciones comerciales igualitarias entre ambos países, tal cómo está plasmado en las diversas directrices y planes europeos referentes al tema.

Tal como hemos visto, la guerra comercial no se limita sólo a EEUU y China, sino que terceras partes la están sufriendo e incluso participando activamente en ella. Aquí surge la pregunta. ¿Puede la UE salir beneficiada de algún modo y evitar una nueva crisis? Pese al ambiente pesimista, la UE puede obtener múltiples beneficios de esta guerra comercial si consigue maniobrar adecuadamente y evitar en la medida de lo posible más imposiciones arancelarias contra sus productos y mantiene el mercado abierto. De continuar la guerra comercial y endurecerse las posiciones de EEUU y China, la UE al ser socio principal de ambos podría recibir beneficios gracias a una redistribución del flujo de comercio. Así pues, para evitar la pérdida debido a los aranceles, tanto China como EEUU podrían vender productos con fuertes gravámenes al mercado europeo, pero, especialmente, importar productos desde Europa. Si se llega a un acuerdo con EEUU para levantar o minimizar aranceles, la UE se encontraría ante un inmenso nicho de mercado dejado por los productos chinos vetados o gravados en EEUU. Lo mismo en China, especialmente en el sector automotriz, del cual se podría beneficiar la UE vendiendo al mercado chino. Alicia García-Herrero, del think tank belga Bruegel, afirma que el beneficio para Europa sólo será posible si no se inclina hacia ninguno de los contendientes y se mantiene neutral en el plano económico [16]. También resalta, como la Comisión Europea, que China debe adoptar medidas para garantizar su reciprocidad y acceso al mercado, ya que la Unión Europea sigue teniendo mayor volumen de negocio e inversiones con EEUU, por lo que la oferta china debería ser altamente atractiva para los productores europeos como para plantearse dirigir productos a China en vez de a EEUU. La propia ONU cifra en US$70.000 millones los beneficios que podría absorber la UE gracias a la guerra comercial [17]. Definitivamente, si se toman las medidas adecuadas y los 28 trazan una hoja de ruta adecuada, la UE se podría beneficiar de esta guerra, sin olvidar que, como aboga la propia UE, las medidas coercitivas no son la solución al problema comercial, y espera que, debido a su inefectividad y daño producido tanto a los consumidores como a los productores, la guerra arancelaria llegue a su fin y, si persisten las diferencias, se diluciden en el Órgano de Apelación de la OMC, o en la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas.

Esta guerra comercial es un tema altamente complejo y con muchos matices; este análisis ha querido intentar abordar gran parte de los aspectos, datos y problemas a los que se enfrenta la Unión Europea en esta guerra comercial. Se ha analizado generalmente en que consiste la guerra comercial, así como las relaciones entre la UE, China y EEUU. Nos encontramos ante un futuro gris, con la posibilidad de que ocurran múltiples y rápidos giros (especialmente por parte de EEUU, tal como se ha visto tras la cumbre del G20 en Osaka, tras la cual ha permitido la venta de componentes a Huawei, pero no ha sacado a la compañía de su blacklist) y del cual, si se dan los requisitos y las condiciones expuestas más arriba, la UE saldrá definitivamente beneficiada, no sólo en el plano económico, sino que si se mantiene unida y haciendo frente común, será un ejemplo de negociación y libertad económica para el mundo entero.

REFERENCIAS

1. Thomas, D. (14-5-2019) ¿Quién pierde en la guerra comercial entre China y EEUU?. BBC. Recuperado de

2. Blake, A. (9-5-2019) Trump's rambling, deceptive Q&A with reporters, annotated. The Washington Post.
 Recuperado de

3. Huawei: US blacklist will harm billions of consumers (29-5-2019) BBC. Recuperado de

4. La UE alerta a China y EEUU: una guerra comercial les restaría 0,6 puntos del PIB. (3-6-2019) El Confidencial.
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5. European Union Trade Statistics. (18-6-2019) European Comission.
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[Condoleezza Rice, Amy B. Zegart, Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity. Hachette Book Group. New York, May 2019]

REVIEW / Rossina Funes Santimoni

Every year Stanford Graduate School of Business offers their students a seminar in Political Risk. The classes are taught by former U.S Secretary of State Condoleezza Rice and the renowned academic Amy B. Zegart. Motivated by their students, they decided to turn their classes into a book in order to allow more people and organizations to navigate the waters of political risk.

The work titled Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity is divided into ten chapters. The authors start by explaining the contemporary concept of political risk. Consequently, theoretical framework is added as they advance in the explanation, in this way making it useful for the reader in order to understand, analyze, mitigate and answer efficiently to political risks. Their ultimate objective is to provide functional framework that can be utilized in any organization or by any person to improve political risk management. 

Rice and Zegart define the twenty-first-century political risk as the probability that a political action could significantly affect a company’s business. Nowadays, the public and the private sphere are constantly changing and evolving. Everything is more complex and intertwined. Governments are no longer the only ones playing an important role in business decisions. The authors emphasize how companies need to efficiently deal with the political risks spawn by an increasing diversity of actors, among which is anyone with access to social media. In order to illustrate the latter, the authors make use of real-life examples, for instance the Blackfish Effect. It is named after a low-budget investigative documentary with the same title that depicted how SeaWorld Entertainment's treatment of orcas harmed both the animals and their human trainers. The film that started with one woman reading a story about orcas triggered political action at the grassroots, state and federal levels, ending up with devastating consequences from which the company has still have not recovered up to now. These cascading repercussions of the film have been denominated the Blackfish Effect. 

The work is well equipped with more examples about distinguished companies’ experience. Among the organizations cited are Lego Company Group, FedEx, Royal Caribbean and Nike. Some have excelled in dealing with political risk and some have failed. However, both sides of the coin are useful to learn and to understand how the convoluted world of political risks management work.

Nowadays, risk generators perform at five intersecting levels including individuals, local organizations and governments, national governments, transnational organizations, and supranational and international institutions. Therefore, today’s risks are different from the old ones, even if those still persist. With this in mind, Rice and Zegart shed a light on these days’ top ten political risks: geopolitics, internal conflict, policy change, braches of contract, corruption, extraterritorial reach, natural resource manipulation, social activism, terrorism and cyber threats.

Nevertheless, even if the theory is laid out, the question still haunts us: Why is good political risk management so hard? The authors dedicate a whole chapter investigating it and conclude that there are “Five Hards”. Political risk is hard to reward, hard to understand, hard to measure, hard to update, and hard to communicate. Therefore, in order to succeed at its management, one must get right the four basics: understanding, analyzing, mitigating and responding to risks. Rice and Zegart dedicate the remaining four chapters of the book expanding on each basic and, again, employing examples to better illustrate their knowledge.

The thing about political risks is that they are always there. They are imminent and we can do nothing more than try to prevent them and learn from them, to use the present in order to make the best of it for the future. It is not about predicting the future, which is impossible. “No one ever builds a disaster recovery plan that allows for the destruction of everybody in the office at 8:45 am. That is never the plan” assures Howard W. Lutnick, CEO at Cantor Fitzgerald on the how the company dealt with the 9/11 terrorist attack aftermath. Paradoxically, Rice and Zegart maintain that the best way to deal with crises is not having them. Henceforth, they dedicate a whole chapter to providing key takeaways in order to better respond to crises. Politics has always been an unpredictable business. There is no one that can discern accurately how human history is going to unfold. However, the authors are convinced that managing political risks does not have to be pure guesswork and that being prepare is essential and can improve companies performances in a great deal.

Political Risk: How Businesses and Organizations can Anticipate Global Insecurity completely revamps the way we reflect on the topic. It is easy to notice both authors proficiency in the field. On one hand, the past experiences of former U.S Secretary of State Condoleezza Rice serve as anecdotes to elucidate the build-up of the theoretical framework. It is valuable to have such a persona to act as a primary source that has lived among other high-end characters and important people in history. On the other hand we have Professor Amy B. Zegart, who with her natural eloquence excels in conveying the importance of political risk management nowadays. Consequently, everyone can get a precious lesson from this book, ranging from students that are interested in navigating the sphere, to everyday workers, company owners and public servants.

[Winston Lord, Kissinger on Kissinger. Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and Leadership. All Points Books. New York, 2019. 147 p.]

RESEÑA / Emili J. Blasco

A sus 96 años, Henry Kissinger ve publicado otro libro en gran parte suyo: la transcripción de una serie de largas entrevistas en relación a las principales actuaciones exteriores de la Administración Nixon, en la que sirvió como consejero de seguridad nacional y secretario de Estado. Aunque él mismo ya ha dejado amplios escritos sobre esos momentos y ha aportado documentación para que otros escriban en torno a ellos –como en el caso de la biografía de Niall Ferguson, cuyo primer tomo apareció en 2015–, Kissinger ha querido volver sobre aquel periodo de 1969-1974 para ofrecer una síntesis de los principios estratégicos que motivaron las decisiones entonces adoptadas. No se aportan novedades, pero sí detalles que pueden interesar a los historiadores de esa época.

La obra no responde a un deseo de última hora de Kissinger de influir sobre una determinada lectura de su legado. De hecho, la iniciativa de mantener los diálogos que aquí se transcriben no partió de él. Se enmarca, no obstante, en una ola de reivindicación de la presidencia de Richard Nixon, cuya visión estratégica en política internacional quedó empañada por el Watergate. La Fundación Nixon promovió la realización de una serie de vídeos, que incluyeron diversas entrevistas a Kissinger, llevadas a cabo a lo largo de 2016. Estas fueron conducidas por Winston Lord, estrecho colaborador de Kissinger durante su etapa en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado, junto a K. T. McFarland, entonces funcionaria a sus órdenes (y, durante unos meses, número dos del Consejo de Seguridad Nacional con Donald Trump). Pasados más de dos años, esa conversación con Kissinger se publica ahora en una obra de formato pequeño y breve extensión. Sus últimos libros habían sido “China” (2011) y “Orden Mundial” (2014).

El relato oral de Kissinger se ocupa aquí de unos pocos asuntos que centraron su actividad como gran artífice de la política exterior estadounidense: la apertura a China,  la distensión con Rusia, el fin de la guerra de Vietnam y la mayor implicación en Oriente Medio. Aunque la conversación entra en detalles y aporta diversas anécdotas, lo sustancial es lo que más allá de esas concreciones puede extraerse: son las “reflexiones sobre diplomacia, gran estrategia y liderazgo” que indica el subtítulo del libro. Pudiera resultar cansino volver a leer la intrahistoria de una actuación diplomática sobre la que el propio protagonista ya ha sido prolífico, pero en esta ocasión se ofrecen reflexiones que trascienden el periodo histórico específico, que para muchos puede quedar ya muy lejos, así como interesantes recomendaciones sobre los procesos de toma de decisión en posiciones de liderazgo.

Kissinger aporta algunas claves, por ejemplo, sobre por qué en Estados Unidos se ha consolidado el Consejo de Seguridad Nacional como instrumento de acción exterior del presidente, con vida autónoma –y en ocasiones conflictiva– respecto al Departamento de Estado. La Administración Nixon fue su gran impulsora, siguiendo la sugerencia de Eisenhower, de quien Nixon había sido vicepresidente: la coordinación interdepartamental en política exterior difícilmente podía ya hacerse desde un departamento –la Secretaría de Estado–, sino que debía llevarse a cabo desde la propia Casa Blanca. Mientras el consejero de Seguridad Nacional puede concentrarse en aquellas actuaciones que más le interesan al presidente, el secretario de Estado está obligado a una mayor dispersión, teniendo que atender multitud de frentes. Por lo demás, a diferencia de la mayor prontitud del Departamento de Defensa en secundar al comandante en jefe, el aparato del Departamento de Estado, habituado a elaborar múltiples alternativas para cada asunto internacional, puede tardar en asumir plenamente la dirección impuesta desde la Casa Blanca.

En cuanto a estrategia negociadora, Kissinger rechaza la idea de fijar privadamente un máximo objetivo y después ir recortándolo poco a poco, como las rodajas de un salami, a medida que se va alcanzando el final de la negociación. Propone en cambio fijar desde el principio las metas básicas que se desearían lograr –añadiendo tal vez un 5% por aquello de que algo habrá que ceder– y dedicar largo tiempo a explicárselas a la otra parte, con la idea de llegar a un entendimiento conceptual. Kissinger aconseja comprender bien qué mueve a la otra parte y cuáles son sus propios objetivos, pues “si tú impones tus intereses, sin vincularlos a los intereses de los otros, no podrás sostener tus esfuerzos”, dado que al final de la negociación las partes tienen que estar dispuestas a apoyar lo logrado.

Como en otras ocasiones, Kissinger no se abroga en exclusiva el mérito de los éxitos diplomáticos de la Administración Nixon. Si bien la prensa y cierta parte de la academia ha otorgado mayor reconocimiento al antiguo profesor de Harvard, el propio Kissinger ha insistido en que fue Nixon quien marcó decididamente las políticas, cuya maduración habían previamente realizado ambos por separado, antes de colaborar en la Casa Blanca. No obstante, es quizás en este libro donde las palabras de Kissinger más ensalzan al antiguo presidente, tal vez por haberse realizado en el marco de una iniciativa nacida desde la Fundación Nixon.

 “La contribución fundamental de Nixon fue establecer un patrón de pensamiento en política exterior, que es seminal”, asegura Kissinger. Según este, la manera tradicional de abordar la acción exterior estadounidense había sido segmentar los asuntos para intentar resolverlos como problemas individuados, haciendo su resolución la cuestión misma. “Nixon fue –dejando aparte a los Padres Fundadores y, yo diría, a Teddy Roosevelt– el presidente estadounidense que pensó la política exterior como gran estrategia. Para él, la política exterior era la mejora estructural de la relación entre los países de modo que el equilibrio de sus intereses propios promoviera la paz global y la seguridad de Estados Unidos. Y pensó sobre esto en términos de relativo largo alcance”.

Quienes tengan poca simpatía por Kissinger –un personaje de apasionados defensores pero también de acérrimos críticos– verán en esta obra otro ejercicio de autocomplacencia y enaltecimiento propio del exconsejero. Quedarse en ese estadio sería desaprovechar una obra que contiene interesantes reflexiones y creo que completa bien el pensamiento de alguien de tanta relevancia en la historia de las relaciones internacionales. Lo que de afirmación personal pueda tener la publicación se refiere más bien a Winston Lord, que aquí se reivindica como mano derecha de Kissinger en aquella época: en las primeras páginas aparece completa la foto de la entrevista de Nixon y Mao, cuyos márgenes aparecieron cortados en su día por la Casa Blanca para que la presencia de Lord no molestara al secretario de Estado, que no fue invitado al histórico viaje a Pekín.

Evolución de la estrategia espacial estadounidense ante la creciente rivalidad de China y Rusia

La perspectiva de entablar batallas en el espacio, como extensión de guerras que puedan mantenerse en la Tierra, buscando interferir en las capacidades que aportan los satélites, ha llevado a la Administración Trump a promover una división específica de las Fuerzas Armadas estadounidenses dedicada a ese dominio, la US Space Force. Aunque su constitución debe ser aún aprobada por el Congreso, el nuevo componente del Pentágono va a contar ya con su presupuesto.

▲ El vehículo orbital X-37B en operaciones de prueba en 2017, en el Kennedy Space [US Air Force]

ARTÍCULO / Ane Gil

Más de 1.300 satélites activos envuelven el globo a día de hoy, proporcionando comunicaciones a nivel mundial, navegación GPS, pronóstico meteorológico y vigilancia planetaria. La necesidad de protegerlos frente a cualquier ataque, que podría trastocar seriamente la seguridad nacional de los países, se ha convertido en una prioridad de las grandes potencias.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump ha insistido en su idea de constituir una Fuerza Espacial, dándole el mismo rango que a las cinco ramas ya existentes de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea, Guardacostas). Trump firmó el pasado 19 de febrero la directiva para la creación de la US Force Space, cuya aprobación final debe aún darse en el Congreso. Sería la primera rama militar que se crea en Estados Unidos desde 1947, cuando se puso en marcha la Fuerza Aérea. El Pentágono cuenta con que ya esté operativa en 2020.

Como ya adelantó hace casi un año el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, esta nueva Fuerza Espacial contará con sus propias instalaciones, si bien de momento se nutrirá de apoyo y recursos de la Fuerza Aérea. Según Pence, el objetivo de la Fuerza Espacial es hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia, China, Corea del Norte e Irán en el espacio. Aunque su fin último es contener específicamente a Rusia y a China, quienes desde hace algunos años ya están elaborando sus propios métodos con los que conquistar el espacio.

Informes estratégicos de la era Obama

La Administración Trump ha llamado a esa especialización militar en el espacio ante la competencia que presentan China y Rusia en ese mismo dominio, la cual durante la Administración Obama aún era embrionaria. No obstante, aunque durante la presidencia de Barack Obama la Casa Blanca puso un menor acento en los desarrollos militares de las capacidades espaciales, también procuró fomentar la presencia estadounidense en el espacio.

En el documento National Space Policy de 2010, en una redacción más bien inclusiva, Estados Unidos defendió el derecho que tienen todas las naciones a explorar el espacio y pidió que todos los países pudieran trabajar juntos para asegurar una actividad espacial responsable y respetuosa, en un marco de cooperación internacional. La política que entonces se fijaba miraba sobre todo a la dimensión comercial y civil del espacio, en la que EEUU aspiraba a fortalecer su liderazgo.

El documento incluía, no obstante, un apartado sobre seguridad. Así, hacía referencia a la necesidad desarrollar y operar sistemas y redes de información que dieran cobertura a la seguridad nacional, facilitando operaciones de defensa e inteligencia tanto en tiempos de paz como en momentos de crisis y conflicto. Además, pedía desarrollar e implementar planes, procedimientos, técnicas y capacidades para asegurar misiones críticas de seguridad nacional, utilizando los activos espaciales y a la vez aprovechando las capacidades no espaciales de países aliados o de empresas privadas.

Lo que ahí se presentaba de un modo más genérico, la Administración Obama lo concretó en un subsiguiente documento estratégico, la National Security Space Strategy de 2011, donde se presentaba el espacio como un ámbito vital para la seguridad nacional estadounidense. El texto advertía que el espacio es algo “crecientemente congestionado, disputado y competitivo”, lo que apremiaba a EEUU a intentar mantener su liderazgo, aunque sin dejar a un lado la colaboración internacional para hacer del espacio un lugar seguro, estable y protegido.

Seguidamente el documento planteaba objetivos y aproximaciones de carácter estratégico. En concreto, EEUU se proponía “proveer capacidades espaciales mejoradas”, con el fin de mejorar la obtención de sistemas, reducir el riesgo de fallos en las misiones, incrementar el éxito en el lanzamiento y la operatividad de los sistemas y formar profesionales de seguridad nacional para respaldar todas esas actividades espaciales.

Otro de los objetivos señalados era “prevenir y disuadir la agresión contra la infraestructura espacial que respalda la seguridad nacional de EEUU”, que como elemento central incluía negar a los adversarios los beneficios significativos de un ataque, fortaleciendo la resistencia de la arquitectura de sus sistemas. No obstante, el documento precisaba que EEUU se guarda el derecho de responder en defensa propia si la disuasión falla.

Precisamente en ese último caso, el texto estratégico requería preparar las propias capacidades para “derrotar ataques y operativos en un entorno degradado”. Indicaba que las capacidades militares y de inteligencia deben estar preparadas para “combatir” y vencer los ataques dirigidos a sus sistemas espaciales e infraestructura de apoyo. 

Rivalidad de China y Rusia en la era Trump

Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su lema “America First”, que también ha aplicado en la estrategia espacial, priorizando los intereses de su país en un contexto de mayor rivalidad frente a Pekín y Moscú. Su política en relación al espacio hace hincapié en la interacción dinámica y cooperativa entre los intereses militar, civil y comercial, respectivamente, del Pentágono, la NASA y las empresas privadas interesadas en los vuelos extraatmosféricos. 

El primer documento estratégico sobre seguridad nacional de la era Trump es la National Security Strategy (NSS) de diciembre de 2017. Aunque en el informe apenas se hace referencia al espacio, el texto supone la declaración de “rivales” de China y Rusia, dando pie a EEUU a confrontar los intereses contrarios de esos países, también fuera de la Tierra. La NSS proclama que EEUU debe mantener su “liderazgo y libertad de acción en el espacio”, y alerta del riesgo de que “otros actores” alcancen la capacidad de atacar activos espaciales estadounidenses obteniendo así una “ventaja asimétrica”. “Cualquier dañina interferencia o ataque contra componentes críticos de nuestra arquitectura espacial que directamente afecte a este vital interés de EEUU se encontrará con una deliberada respuesta en el momento, lugar, manera y dominio de nuestra elección”, advierte el documento.

Algunas de esas cuestiones militares obtienen una mayor elaboración en el informe que meses después elaboró el Pentágono. En el documento Space Operations de abril 2018, la cúpula militar constata que varias naciones están obteniendo avances significativos en las capacidades de control espacial ofensivo, con la intención de desafiar el uso del espacio por parte de EEUU y sus aliados, amenazando sus activos espaciales. Por ello, defiende la importancia de las operaciones fuera del ámbito terrestre, las cuales tienen el objetivo de asegurar y defender las capacidades espaciales contra las actividades agresivas de otros.

“El progreso de nuestros adversarios en la tecnología espacial”, indica el informe, “no solo amenaza el entorno espacial y nuestros activos espaciales, sino que también nos puede negar una ventaja si perdemos la superioridad espacial”. Para mitigar esos riesgos y amenazas, EEUU se compromete “la planificación y la realización de operaciones defensivas y ofensivas”.

Las grandes líneas de la política de Trump en relación al espacio quedan recogidas en el documento National Space Strategy de marzo de 2018. Se trata de una política basada en cuatro pilares: reforzar las arquitecturas espaciales; fortalecer las opciones de disuasión y combate; mejorar las capacidades fundacionales, estructuras y procesos, y fomentar ambientes domésticos e internacionales propicios.

Directivas y presupuesto

Además de los aspectos de seguridad ya señalados, la Administración Trump también ha expresado el deseo de “promover el comercio espacial”, para lo que “simplificará y actualizará regulaciones para la actividad comercial en el espacio para fortalecer la competitividad”.

Para supervisión de esas actividades, que abren el negocio espacial a las empresas privadas estadounidenses y al mismo tiempo marcan un horizonte de explotación mineral de asteroides y planetas, Trump revivió en junio de 2017 el Consejo Nacional del Espacio, dependiente de la Casa Blanca, 24 años después de haber sido disuelto. En diciembre de 2017 Trump firmó la Space Police Directive-1, que ordenaba a la NASA enviar astronautas estadounidenses a la Luna una vez más, y en junio de 2018 firmó una directiva sobre la gestión del tráfico en el espacio (Space Policy Directive-3). La cuarta directiva es la firmada en febrero de 2019 para la creación de la Fuerza Espacial.

La nueva política de Trump no ha sido inmune a las críticas, ya que se argumenta que al erigir la Fuerza Espacial como una división más de las Fuerzas Armadas podría debilitar los recursos de las demás divisiones, lo que pondría en riesgo al país ante un posible ataque o emergencia en la Tierra. De hecho, el general James Mattis, secretario de Defensa durante 2017 y 2018, expresó públicamente al principio alguna reticencia, si bien luego comenzó a ejecutar los planes del presidente.

De acuerdo con los datos facilitados a raíz de la reciente presentación de los presupuestos para el próximo año fiscal, la Fuerza Espacial podría contar con una dotación de 830 personas (repartidas entre el Cuartel General, la Agencia de Desarrollo Espacial y el Comando Espacial, instancias que requerirán 300 millones de dólares para su instalación) y un presupuesto de unos 2.000 millones durante los cinco primeros años. Al final de esos cinco años podría a contar con una nómina de 15.000 personas.

Las consecuencias positivas del acuerdo de libre comercio se derivarán más del fin de la incertidumbre que de las nuevas disposiciones introducidas

Tras un año y medio de negociaciones, el nuevo Tratado de Estados Unidos, Canadá y México (este país lo ha bautizado como T-MEC, los otros dos hablan de USMCA) está aún pendiente de aprobación por las cámaras legislativas de cada país. En Washington el debate político debiera comenzar en breve; en él tendrá importancia qué efectos se prevé para la economía de EEUU y la de sus dos vecinos. Los primeros estudios discrepan en algunos aspectos, si bien coinciden en que los cambios introducidos en la renegociación del acuerdo que existía desde 1994 no van a tener especial impacto.

▲ Firma del tratado de libre comercio entre EEUU, México y Canadá, en el marco del G-20, en noviembre de 2018 [Shealah Craighead-Casa Blanca]

ARTÍCULO / Ramón Barba

La renegociación del antes llamado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN, o NAFTA por su siglas en inglés) y ahora bautizado como Tratado de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o, en su versión anglosajona, USMCA), ha sido uno de los principales puntos en la agenda de la Administración Trump. Aprobado por las tres partes negociadoras a finales de 2018, ahora el tratado está pendiente de ser ratificado por las cámaras legislativas de cada país.

Puesto en marcha en 1994, el acuerdo había sido calificado por Trump como “el peor tratado comercial de la historia”. Desde el comienzo de su presidencia, Trump se propuso modificar algunos aspectos del acuerdo para reducir el gran déficit comercial con México (unos 80.000 millones de dólares, el doble del déficit que EEUU tiene con Canadá), y al tiempo devolver actividad y empleos al Rust Belt estadounidense, donde el eco de sus promesas había sido decisivo para su victoria electoral.

¿Qué ha ganado y qué ha perdido cada país en la renegociación del tratado? Y, sobre todo, ¿qué efectos va a tener en la economía de cada país? ¿mejorará Estados Unidos su balanza comercial? ¿se verán afectados negativamente México o Canadá por algunas modificaciones introducidas? Primero examinaremos cómo quedaron las pretensiones de cada uno de los socios al término de las negociaciones, y luego veremos el posible efecto económico de la nueva versión del tratado a la luz de dos recientes estudios, uno de un órgano independiente de la Administración estadounidense y otro elaborado por el FMI.

Tira y afloja

En las negociaciones, que se alargaron durante casi año y medio, México y Canadá lograron “mantener el status quo en muchas áreas importantes”, pero si bien los cambios reales fueron modestos, según se analizó desde Brookings Institution, estos “fueron casi uniformemente en la dirección de lo que quería Estados Unidos”. “El enfoque agresivo y amenazador de Trump”, que desafió con romper definitivamente el tratado, “logró obtener concesiones modestas de sus socios”.

En el punto clave de la industria automotriz, EEUU consiguió aumentar del 62,5% al 75% la proporción de la producción de un automóvil que debe hacerse dentro del área de libre comercio, obligar a que el 30% del trabajo necesario para fabricar un coche tenga un salario de 16 dólares/hora (el 40% a partir de 2023) –una medida dirigida a apaciguar a los sindicatos estadounidenses, pues en México el sueldo medio de un trabajador de la automoción es hoy de 4 dólares/hora–, y fijar un arancel del 25% para los coches llegados de fuera.

México y Canadá vieron atendida su demanda de que no introducir una cláusula de terminación autonómica a los cinco años si no había consenso previo para la renovación del acuerdo, puesta sobre la mesa por Washington. Finalmente, el T-MEC tendrá una duración de 16 años, renovable, con una revisión al sexto año.

El Gobierno de Justin Trudeau tuvo que hacer algunas cesiones ante el sector lácteo estadounidense, pero preservó lo que desde el comienzo había sido su principal línea roja: la vigencia del capítulo 19, referente a la solución de controversias mediante un arbitraje binacional independiente.

México, por su parte, ganó la tranquilidad que supone la pervivencia del tratado, evitando incertidumbre futura y garantizando la estrecha relación comercial con el gran mercado estadounidense. No obstante, las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos puede funcionar como un arma de doble filo para la economía azteca, pues por un lado puede favorecer una mejora del nivel de vida e incentivar el consumo, pero por otro puede afectar a la localización de empresas debido a unos salarios menos competitivos.

Al margen de estos cambios en una u otra dirección, la actualización del tratado era necesaria tras 25 años de un acuerdo que se firmó antes de la revolución de internet y de la economía digital que esta ha traído. Por otra pare, el cambio de denominación del tratado fue una “triquiñuela” ideada por Trump para vender a su electorado la renovación de un acuerdo cuyo nombre anterior iba asociado a críticas vertidas en las dos últimas décadas.

El debate sobre el texto se desarrollará en otoño en el Congreso estadounidense, donde los demócratas insistirán en reforzar las garantías de que México aplicará las medidas laborales comprometidas. Antes del voto EEUU deberá aplicar un exención a Canadá y México de los aranceles sobre el acero y el aluminio que la Administración Trump ha impuesto internacionalmente.

Efecto económico

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), órgano independiente que tiene el estatus próximo al de una agencia gubernamental, considera que el T-MEC tendrá un impacto limitado, pero positivo para la economía estadounidense. Así, en un informe publicado en abril, estima que la entrada en vigor del reformulado acuerdo hará aumentar la producción de EEUU en un 0,35%, con un incremento del empleo del 0,12%, cifras algo menores de las previstas cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, momento en que EEUU esperaba un aumento del 0,5% de su economía y una subida del 1% del empleo.

En cualquier caso, ese tímido impacto no sería tanto por el contenido del texto acordado, sino por su mera existencia, ya que elimina incertidumbres sobre las relaciones comerciales de EEUU con sus dos vecinos.

El informe cree que el T-MEC supondrá un incremento de la producción de accesorios de automóvil en EEUU, arrastrando hacia arriba el empleo en ese país, pero provocando un encarecimiento de los productos y, por tanto, afectando negativamente la exportación. El informe prevé también que el mantenimiento del actual el sistema de arbitraje, como exigían México y Canadá, desanimará inversiones estadounidenses en el mercado mexicano y las potenciará en EEUU.

Esas conclusiones no coinciden con la apreciación del Fondo Monetario Internacional, si bien ambas instancias están de acuerdo en descartar efectos mayores del acuerdo. Así, un estudio del FMI publicado en marzo cree difícil afirma que, en el nivel agregado, los efectos del nuevo redactado “son relativamente pequeños”. Las nuevas provisiones “podrían llevar a una menor integración económica de Norteamérica, reduciendo el comercio entre los tres socios norteamericanos en más de 4.000 millones de dólares (0,4%), al tiempo que otorgando a sus miembros unas ganancias conjuntas de 538 millones de dólares”. Añade que los efectos en el PIB real del área de libre comercio son “insignificantes”, y matiza que muchos de los beneficios “vendrían de las medidas de facilitación comercial que modernizan e integran procedimientos aduaneros para reducir aún más los costes de comercio y las ineficiencias fronterizas”.

El resultado del estudio muestra que las más exigentes normas de origen en el sector de la automoción y los requerimientos de contenido de valor laboral, asuntos que atañen especialmente a la relación EEUU-México, “no conseguirían sus deseadas consecuencias”. Según el FMI, “las nuevas reglas llevan a un declive en la producción de vehículos y partes en los tres países norteamericanos, con giros hacia mayor abastecimiento de vehículos y partes de fuera de la región. Los consumidores encontrarán precios de vehículos más altos y responderán con una demanda de menor cantidad”.

En cuanto al mercado lácteo de Canadá, cuestión de especial relevancia en la relación comercial entre ese país y EEUU, los efectos de un mayor acceso estadounidense “serían muy pequeños y macroeconómicamente insignificantes”.

Esta disparidad de previsiones entre la USITC y el FMI obedece a que diversas variables están indeterminadas, como el futuro del acuerdo transpacífico, en el que están Canadá y México, o las discusiones comerciales en curso entre EEUU y China. Una muestra en que el terreno es especialmente movedizo es el dato de que en enero y febrero de 2019 México pasó a ser el primer socio comercial de EEUU (un intercambio de 97.400 millones de dólares), por delante de Canadá (92.400 millones) y China (90.400 millones). Eso elevó en 3.000 millones de dólares el déficit comercial de EEUU con México, justo en la dirección opuesta de las pretensiones de la Administración Trump.

Los bombarderos estratégicos seguirán importando en el equilibrio geopolítico como “armas de disuasión masiva”

La flota estadounidense de bombaderos B-52 va a recibir una serie de mejoras que impulsarán su vida en activo al menos hasta la década de 2050. Para entonces, el B-52 llevará volando cerca de 90 años, desde su despegue en la presidencia de Eisenhower. Esto le convertirá, de lejos, en el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

▲ Un B-52G cuando estaba en servicio [USAF]

ARTÍCULO / Jairo Císcar Ruiz

Puede que las palabras “bombardero estratégico” suenen a Guerra Fría, a Unión Soviética y a aviones espías, pero hoy es un concepto que está al orden del día a pesar de sonar muy lejano. Es cierto que la situación actual de la aviación estratégica se ve limitada por el Acuerdo de Praga de 2010 (START III), que restringe a 700 los vectores de lanzamiento de armas nucleares desplegados. Entre estos vectores se encuentran los bombarderos estratégicos, los ICBM (misiles intercontinentales) y los SLBM (lanzamiento submarino). A pesar de que actualmente tanto Rusia como EEUU han reducido notablemente el número de sus bombarderos (EEUU cuenta “solo” con 176), las armas estratégicas (y con ello, los bombarderos) van a seguir siendo una parte fundamental del equilibrio geopolítico en las relaciones internacionales.

Solo hay 3 países en el mundo que tengan en su arsenal bombarderos estratégicos, EEUU, Rusia y China (aunque el Xian H-6 chino se encuentra muy por debajo de sus homólogos rusos y estadounidenses), y esta escasez de aviones hace que sean tan preciados y supongan un elemento diferenciador en el campo de batalla. Pero no solo es en el campo de batalla donde estos aviones provocan un desequilibrio, sino que especialmente destacan en el ámbito de las relaciones internacionales como “armas de disuasión masiva”.

Un bombardero estratégico es un avión diseñado no para el campo de batalla directamente, sino para penetrar en el territorio enemigo y atacar tanto objetivos estratégicos (bases militares, cuarteles generales, búnkers...) como lugares críticos para el esfuerzo de guerra de un país. El hecho de que un país cuente en su flota de aeronaves con un avión así claramente supone un elemento disuasorio hacia posibles enemigos. Tanto Rusia como EEUU –especialmente este último país– son capaces de tener permanentemente en el aire a sus bombarderos (gracias a los repostajes en vuelo) cargados con hasta casi 32 toneladas de armamento, con una duración de vuelo solo restringida a la capacidad de aguante de la tripulación. En esta “diplomacia del miedo”, los bombarderos estratégicos seguirán siendo elementos destacados en el plano de la geoestrategia y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial. EEUU es plenamente consciente de ello y por eso se está embarcando en una serie de ambiciosos planes para seguir gozando de superioridad aérea y geoestratégica. De estos planes, uno de los más nuevos y, quizás, más esperados es el anuncio de que los B-52 americanos seguirán volando hasta, al menos, 2050.

Aunque se presuponía que iba a ser así, la confirmación que dio la US Air Force no deja de ser menos sorprendente: la flota de B-52 en activo va a recibir una serie de mejoras que van a impulsar su vida en activo hasta, como mínimo, la década de 2050. No sería una noticia demasiado notable teniendo en cuenta que es habitual la aprobación de paquetes de mejora, ya sea de aviónica o de software para aumentar la vida útil de los aviones en servicio, pero la realidad es que último B-52 Stratofortress salió de la planta de ensamblaje de Boeing en Wichita (Kansas) en el año 1962. Es decir, que en 2050 la flota completa llevaría volando cerca de 90 años, lo que le haría ser, con gran diferencia, el modelo de avión que más tiempo llevará volando con su operador principal, en este caso la USAF.

Polivalencia, efecto disuasorio y menor coste operativo

¿Pero puede un avión que fue puesto en servicio a partir de 1955, con Eisenhower como presidente, plantar cara a los nuevos modelos de bombarderos, como el B-2 o el futuro B-21 Raider? ¿Es justificable el enorme desembolso que pretende realizar el Congreso de EEUU? Se calcula que solo en motores podría gastar 11.000 millones; para el ejercicio 2019 están aprobados casi 300 millones.

La respuesta es sí. Tanto por su polivalencia estratégica, como por su efecto disuasorio y su, comparativamente, escaso coste operativo, el B-52 se convierte en un aparato vital para EEUU.

Su polivalencia en combate ha sido largamente probada, desde su “debut” en la Guerra de Vietnam, donde fue protagonista de los bombardeos en alfombra (es capaz de lanzar más de 32 toneladas de explosivos). Conforme fue avanzando el tiempo demostró que no solo podía lanzar bombas, sino misiles de largo alcance como el AGM-158 JASSM o el antibuque Harpoon. Su gran capacidad armamentística le hace ser uno de los aviones insignia de ataque a larga distancia de EEUU. Así se ha atestiguado en la misión internacional contra el Daesh, en la que, hasta ser relevados por el B-1, los B-52 realizaron 1.850 misiones de combate, arrojando unas 12.000 bombas, algo que fue fundamental para la victoria sobre el Daesh en Mosul.

Precisamente hablando de larga distancia es donde el B-52 apabulla: sin repostaje, un B-52 puede volar más de 15.000 km, llegando a haber volado 20.000 km en situaciones extraordinarias. Esto ofrece una capacidad de ataque a nivel global, ya que en caso de repostar, solo impediría estar indefinidamente en vuelo la propia resistencia de la tripulación. Esta capacidad los hace ideales no solo para efectuar bombardeos desde bases alejadas del enemigo, sino para participar en tareas de búsqueda, pudiendo realizar entre dos aviones un “escaneo” de 364.000 km2  en una dos horas. Esto resulta vital para su uso por parte de la US Navy en misiones antisubmarinas o de detección de armadas enemigas.

Los mismos parámetros y ventajas se aplican al uso del B-52 como arma de disuasión “masiva”. Creado inicialmente para tener permanentemente una escuadra en vuelo armada con bombas nucleares, y así garantizar una respuesta inmediata ante cualquier agresión, actualmente los aviones destacados en Guam se utilizan como parte de la táctica estadounidense de libre paso por las aguas internacionales del Mar de China. También se han empleado como apoyo aéreo permanente en zonas de especial riesgo como el valle de Korengal, en Afganistán, o al principio de la propia guerra, en Tora Bora. Al tener un B-52 en espera, las tropas podían disponer en pocos momentos (y durante un largo tiempo) de un apoyo aéreo que, de otra manera, tardaría en llegar.

Otra ventaja incontestable de estos aparatos es su, relativo, bajo coste en proporción con los otros bombarderos de la flota estadounidense. Primero hay que aclarar que el coste por hora de vuelo no es solo cuenta el combustible utilizado, sino también el coste de mantenimiento, repuestos... Es cierto que a estos precios teóricos no se les añaden ni el coste de la munición (que puede ascender a decenas de millones) ni otras variables como el sueldo de pilotos, mecánicos, coste de seguro, costes de aparcamiento en hangares u otras variables que resultan clasificadas, pero sí que sirven para darnos una visión global de su coste operativo. Los B-52 cuestan al contribuyente estadounidense unos 70.000 dólares por hora. Puede parecer un precio extraordinariamente alto, pero su “hermano” el B-2 alcanza los 130.000 dólares la hora. A pesar de ser precios exorbitantes para un ejército como el español (los Eurofighter cuestan unos 15.000 dólares/hora), para el presupuesto de Defensa de EEUU no es significativo (Trump pretende llegar hasta los 680.000 millones de dólares en presupuesto).

Renovación de motores

Hemos visto que el B-52, ese Big Ugly Fat Fellow como lo apodan cariñosamente sus tripulaciones, puede seguir siendo un vector a tomar en cuenta en el aire durante los próximos años, pero la USAF no quiere que se convierta en un actor secundario, sino que siga siendo el actor principal. Para ello, ha creado el programa Commercial Engine Reengining Program (CERP) para sustituir los viejos motores originales. Los TF33 tienen ya más de 50 años, y en los últimos 20 años su coste se ha duplicado, debido a la falta de recambios (actualmente tienen que canibalizar las piezas de motores retirados) y a su ineficiente consumo. No hay que olvidar que tiene 8 motores, por lo que el consumo no es asunto baladí. Para sustituirlos, la USAF ha abierto un concurso que se debería fallar a partir de mediados de 2019. De momento, las especificaciones de la USAF pretenden, como mínimo, conseguir motores un 25% más eficientes y que tarden 5 veces más en necesitar una reparación, lo que supondría un ahorro a 30 años vista (hasta 2050) de cerca de 10.000 millones de dólares. Con un contrato muy jugoso (se habla del orden de 11.000 millones de dólares para sustituir los 650 motores de la flota de B-52), las grandes empresas de aviación militar han empezado a presentar sus propuestas, entre ellas Pratt&Whitney (con el PW815), General Electric (con el nuevo Passport Advanced Turbofan) y Rolls-Royce (con el Pearl o el BR735). Otras insignias de la industria aeronáutica están pendientes de presentar sus propuestas.

Pero no solo los motores se verán beneficiados de las mejoras y la inversión, sino que precisamente la compra de nuevos motores va a hacer necesario un cambio en la instrumentación de la cabina: de esta manera, también van a aprovechar la remodelación para cambiar los viejos indicadores analógicos y pantallas de rayos catódicos por las modernas pantallas multifuncionales que vemos en cualquier caza actualmente. El secretario asistente de la USAF para compras, William Roper, también ha comentado que se están considerando nuevos asientos eyectables.

Más allá de las especulaciones, es seguro que en el marco del Radar Modernization Program (RMP), se van a invertir 817 millones de dólares entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2023 en la compra de nuevos sistemas de radar para sustituir los APQ-166, de los años 60. También se va a comprar nuevo software táctico de datos Link 16, ya que es el único avión de la USAF que no lo tiene incorporado y es vital para llevar acabo operaciones conjuntas, tanto dentro del propio ejército estadounidense como con ejércitos OTAN europeos.

En futuro, se adaptará el software y el propio avión para aumentar sus capacidades ofensivas, como ya se hizo con el programa IWBU, que aumentó su capacidad de carga en la bodega en un 67%. Uno de los objetivos principales de la remodelación de corte ofensivo es poder llevar como mínimo una GBU-43/b (o MOAB; Madre de todas las bombas; la bomba no nuclear más potente del mundo). Para ello se está diseñando un nuevo pilón alar que pueda soportar 9.000 kilos de peso. Ya de cara a un futuro, el B-52 podrá llevar misiles hipersónicos, pero eso no se verá hasta mediados de la década de 2020 como mínimo.

De esta manera, la USAF pretende conseguir que el B-52 Stratofortress siga siendo la opción A de su flota a la hora de realizar bombardeos pesados. Por tanto, el B-52 va a seguir siendo un factor estratégico-militar fundamental para entender las relaciones internacionales durante los años venideros. Nadie hubiera afirmado en 1955 que aquel avión, por muy bueno que fuera, podría seguir volando hasta cien años más tarde. Para ello quedan todavía 31 años, pero veremos qué nos depara el B-52, ese “gran tipo gordo y feo” que se ha convertido, gracias a su magnífico diseño y construcción, en el decano de los aviones de bombardeo: el B-52 (posiblemente) el mejor bombardero del mundo.

Washington alerta del incremento de las pandillas violentas trasnacionales y estima que la MS-13 llega a los 10.000 miembros

La Administración Trump ha llamado la atención sobre un incremento de las pandillas violentas trasnacionales en Estados Unidos, singularmente la Mara Salvatrucha o MS-13, que mantiene relación con los pandilleros del Triángulo Norte centroamericano. Aunque Trump ha invocado este asunto de manera demagógica, criminalizando la inmigración y olvidando que las maras centroamericanas nacieron en Los Ángeles, el FBI constata que esas organizaciones están reclutando más jóvenes que nunca y exigiendo a sus miembros una mayor violencia. Las autoridades estadounidenses estiman que esas pandillas son regidas en cierta medida desde El Salvador, pero esa jerarquía no está tan clara.

▲ Pintada de la Mara Salvatrucha [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / Lisa Cubías [Versión en inglés]

Nunca antes probablemente palabra “animal” había causado tanta controversia en Estados Unidos como cuando la pronunció el presidente Donald Trump en alusión a los miembros de la Marasalvatrucha o MS 13, el pasado 16 de mayo. Inicialmente pareció que se refería a todos los inmigrantes indocumentados, lo que provocó un amplio rechazo; luego precisó que la etiqueta la había querido aplicar a los pandilleros que llegan ilegalmente a Estados Unidos para cometer actos de violencia. Trump situó su war on gangs (guerra a las pandillas) en el marco de su política migratoria de tolerancia cero y de refuerzo de agencias nacionales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con el fin de reducir los flujos migratorios que van de Latinoamérica a Estados Unidos.

La descripción del fenómeno de las bandas de jóvenes latinos como un problema migratorio ya había surgido en el discurso del Estado de la Unión que Trump pronunció el 28 de enero. Ante el Congreso estadounidense, Trump contó la historia de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, que habían sido brutalmente asesinadas por seis miembros de la MS-13 cuando regresaban a casa. Aseguró que los criminales habían aprovechado agujeros en la legislación migratoria para vivir en Estados Unidos y reiteró que el Congreso debía actuar para cerrarlos y prevenir que los miembros de pandillas puedan utilizarlos para entrar en el país.

A pesar de la simplificación demagógica de Trump, la verdad es que las bandas latinas son un producto de Estados Unidos. Son, como ha dicho The Washington Post, “tan hechas en Estados Unidos como Google”. Nacieron en Los Ángeles, primero a partir de hijos de la inmigración mexicana y luego alimentadas por la llegada de emigrantes y refugiados que huían de los conflictos armados de América Central. Así, El Salvador vio el surgimiento de una guerra civil de doce años entre el Gobierno y la guerrilla de izquierdas durante la década de 1980. La duración y brutalidad del conflicto, junto con la inestabilidad política y económica que estaba padeciendo el país, impulsaron el éxodo de salvadoreños hacia Estados Unidos. El flujo de jóvenes de El Salvador, y también de Honduras y Guatemala, propició el surgimiento de las maras Salvatrucha y Barrio 18, ambas relacionadas con la preexistente Mafia Mexicana (La M).

Cuando la paz llegó a Centroamérica en la década de 1990 muchos de esos jóvenes regresaron a sus países, siguiendo a sus familias o expulsados por las autoridades estadounidenses debido a sus actividades delictivas. De esta forma, las maras comenzaron a actuar en el Triángulo Norte, donde constituyen un grave problema social.

Trasnacionalidad

Según el Departamento de Justicia, en Estados Unidos existen unas 33.000 bandas callejeras violentas, con un total de 1,4 millones de miembros. La MS-13, con alrededor de 10.000 jóvenes enrolados, supone solo el 1% de ese total y en 2017 solo fueron procesados 17 de sus miembros, y sin embargo merece toda la atención de la Casa Blanca. Al margen de posibles intereses políticos de la Administración Trump, lo cierto es que las autoridades estadounidenses han venido destacando su incremento y su peligrosidad, además de advertir que ciertas órdenes se imparten desde El Salvador. Esa trasnacionalidad es vista con preocupación.

Estados Unidos no reconoce a la MS-13 como una organización terrorista, y por tanto no la ha incluido en su Estrategia Nacional contra el Terrorismo publicada en octubre de 2018. Es catalogada, en cambio, de organización criminal transnacional, como la describe un documento del Departamento de Justicia de abril de 2017. Según recoge este, varios de los líderes pandilleros están encarcelados en El Salvador y están enviando representantes para cruzar ilegalmente a Estados Unidos con el fin de unificar a las pandillas que operan en territorio estadounidense, mientras obligan a la organización de la MS-13 de Estados Unidos a enviar sus ganancias ilegales a los líderes del grupo en El Salvador y a ejercer más control y violencia sobre sus territorios.

El FBI asegura que la MS-13 y Barrio 18 “continúan extendiendo su influencia en Estados Unidos”. Esas pandillas trasnacionales “están presentes en casi todos los estados y continúan creciendo en número de miembros, apuntando ahora a reclutas más jóvenes que nunca”. Como indica la nota del Departamento de Justicia mencionada, el Fiscal General advirtió que «solo en los últimos cinco años” el número de pandilleros “ha subido significativamente”. “Organizaciones criminales trasnacionales como la MS-13 presentan una de las amenazas más graves a la seguridad de Estados Unidos”, apuntó.

Stephen Richardson, director adjunto de la división de investigación criminal del FBI, declaró al Congreso en enero de 2018 que los arrestos masivos y el encarcelamiento de miembros y líderes de nivel medio de la MS-13 durante el año pasado en Estados Unidos han causado frustración a los líderes de la MS-13 en El Salvador. “Están muy interesados en enviar a delincuentes más jóvenes y más violentos a través de sus canales a este país para ser matones de la pandilla”, dijo al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

El carácter transnacional de la MS-13 es cuestionado por el experto Roberto Valencia, autor de artículos y libros sobre las maras. Trabaja como periodista en El Faro, uno de los principales medios de comunicación de medios digitales de El Salvador; su último libro, titulado Carta desde Zacatraz, se publicó hace unos meses.

“Al principio, las pandillas de Los Ángeles sirvieron como guías morales sobre aquellos que emigraron a El Salvador durante los años 90. Algunos de los líderes veteranos que viven ahora en El Salvador crecieron en Los Ángeles y han mantenido vínculos personales y emocionales con las estructuras de las pandillas a las que pertenecían”, dice Valencia a Global Affairs. “No obstante”, añade, “eso no implica una conexión internacional: todos, sin importar dónde vivan, creen que son la esencia de la pandilla y no están subordinados a la organización de otro país”. “Algunos dirigentes en El Salvador comparten una relación muy personal con la organización en la que se iniciaron en Estados Unidos, y eso no se disuelve tan fácilmente, pero el vínculo como organización única se rompió hace tiempo”, comenta.

Valencia rechaza firmemente cualquier injerencia de la MS-13 de Estados Unidos en la de El Salvador. Admite, en cambio, que puede haber algún tipo de influencia al revés, ya que pandilleros salvadoreños en Estados Unidos “pueden ser deportados a El Salvador y acabar en las cárceles salvadoreñas, donde pueden ser castigos por las mafias carcelarias”.

Migrantes: ¿causa o consecuencia?

Roberto Valencia también se pronuncia sobre las referencias de Donald Trump a las pandillas: “Trump habla de la MS-13 para ganar votos bajo la premisa de una política de migración que termina criminalizando a todos los inmigrantes. Es indignante que Trump los presente como la causa, cuando las pandillas comenzaron en los Estados Unidos. De hecho, la gran mayoría de los emigrantes del Triángulo del Norte llegan a Estados Unidos escapando de las pandillas”.

En América Central, el control que las pandillas ejercen sobre una sociedad que es pobre va desde reclamar la “renta” (extorsión) a empresas y gente que tiene pequeños negocios hasta obligar a mujeres mayores a que cuiden de los bebés que han tenido miembros de la banda, y “pedir” a niñas jóvenes sean novias del líder principal de la banda si no quieren ser asesinadas ellas y sus familias. La solicitud de niñas jóvenes es una causa extremadamente común de migración, lo que también denota la cultura misógina en las zonas rurales de los países latinoamericanos.

En la mayoría de sus comentarios, Trump ha descrito a la MS-13 como una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de las comunidades estadounidenses. Sin embargo, el Centro de Estudios de Inmigración, una importante organización de investigación independiente y sin fines de lucro, realizó una investigación sobre el impacto de la MS-13 en Estados Unidos y abordó las medidas migratorias que la Administración debiera tomar para controlar su presencia. Consideró que la MS-13 y otras pandillas son ciertamente una amenaza para la seguridad pública, compartiendo así el punto de vista de Trump, pero discrepó de este al no vincular inmigración con el impacto de las pandillas.

El abogado estadounidense Greg Hunter, que es miembro del panel para la Ley de Justicia Penal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Este de Virginia desde 2001 y ha trabajado en asuntos relacionados con pandillas, afirma que los casos de robos de tiendas y de inmigración ilegal son mucho más frecuentes que aquellos que pueden catalogarse como amenazas a la seguridad pública o a la “comunidad estadounidense”, como el narcotráfico y los asesinatos. También alude al hecho de que estas organizaciones no están centralizadas y, aunque operan bajo la misma identidad, no siguen las mismas órdenes. Asegura que las bandas han hecho esfuerzos para centralizar las operaciones, pero han resultado ineficaces.

Es crucial tener en cuenta las estadísticas sobre la afluencia de inmigrantes a la hora de valorar las recientes caravanas de inmigrantes partidas del Triángulo del Norte y que Trump ha querido relacionar con las pandillas. El presidente estadounidense dijo que esos migrantes eran “criminales fríos como la piedra”.

Sin embargo, el registro de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos no sugiere esto. En su Informe de Seguridad de 2017 contabiliza un total de 526.901 inmigrantes ilegales a quienes se les negó la entrada, de los cuales 310.531 fueron detenidos y 31.039 arrestados; de estos últimos solo 228 pertenecían a la MS-13 y otros tantos eran miembros de otras maras (61 de ellos de Barrio-18).

The US will pull out of the treaty if Russia doesn't ‘return to full compliance’. Putin has taken the dispute to the UN

With all the conflicts and issues threatening worldwide security, the last thing the world needs is a new arms race, or what many are calling a new Cold War. European countries in particular are worried that US President Donald Trump pulling out of the INF Treaty might lead to exactly that. United States, supported by NATO, accuses Moscow of cheating on the missile treaty. At the beginning of December, the Trump administration gave 60 days to Russia to “return to full and veritable compliance”. President Vladimir Putin has taken the issue to the United Nations.

▲ Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan at the signing of the INF Treaty, in 1987 [Reagan Presidential Library]

ARTICLE / Nicole Davalos

To understand what the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is about and why the possible US withdrawal concerns most of the international community, we have first to understand why it was created and what its purpose is. The INF Treaty was signed in 1987 following the deployment by the Soviet Union of missile SS-20 in Europe, which was retaliated by American cruise missiles and their Pershing II missiles. The issue with intermediate-range missiles back then was that their flying time was as little as 10 minutes, which was seen as a possible trigger to nuclear war. Soviet leader Mikhail Gorbachev and US President Ronald Reagan signed the deal, prohibiting land-based cruise or ballistic missiles with ranges between 311 and 620 miles (500-1,000 kilometers, short-range) and between 620 and 3,420 miles (1,000-5,500 kilometers, intermediate-range).

It is important to note, however, that the treaty does not cover air or sea-launched weapons even though they can potentially fly the same distances. Russia’s 3M-54 Kalibr, a sea-launched missile, is an example. The following charts retrieved from the official website of the US Department of State outline the affected missiles specified under the elimination protocol of the treaty:

The INF Treaty has helped not only to solve the problems of its time towards the end of the Cold War but also serves still to this day as an umbrella of protection for US’s allies in Europe. The INF provides a measure of strategic stability on the European continent.

According to the Stockholm National Peace Institute, by 1991, 2,692 missiles had been eliminated thanks to the treaty; 846 owned by the US and 1,846 owned by the USSR. The treaty also allows both parties to inspect each other’s progress in eliminating the missiles to maintain transparency. So, if so much progress has been made as a result of the INF, then why is it that President Trump now insists on a US withdrawal?

President Trump has accused Russia of repeatedly violating the treaty. In fact, former President Obama first accused Russia of violations in 2014 during the Ukraine crisis, when Moscow allegedly deployed a prohibited missile. “I don’t know why President Obama didn’t negotiate or pull out” were the words of the current president, “…we’re not going to let them violate a nuclear agreement and go out and do weapons and we’re not allowed to… so we’re going to terminate the agreement. We’re going to pull out.” Recently, the NATO confirmed Russia’s violations. Jens Stoltenberg, NATO’s Secretary General, urged Russia to address these concerns in a “substantial and transparent manner.”

These accusations have truly created tensions between both parties of the treaty. Kremlin spokesman Dimitri Peskov has repeatedly denied the violations. He even went as far as claiming that it was, in fact, the US who first violated the treaty, with “armed US drones” that “fly within the ranges prohibited by the treaty”. As for the president, Vladimir Putin, he has replied with questionable threats such as “revenge is inevitable and they will be destroyed. And we, as victims of aggression, will go straight to heaven as martyrs while they will just croak.” In general, the Kremlin sees a US withdrawal as a confirmation of how “unreliable” a partner the United States is when it comes to other countries’ interests since it would be acting completely unilaterally and pulling out implies security concerns for many other countries, especially European countries.

Europe shows the most concern for the possible dissolution of the INF Treaty since it is believed that Russia’s intermediate range missiles would pose the biggest threat to them. Many analysts agree that this is a particularly bad time for the US to make a decision that would further raise tensions within Europe since security-related tensions such that of immigration exist in the region already. EU spokeswoman for foreign affairs and security policy Maja Kocijancic stated that the United States and Russia should definitely engage in dialogue and try to preserve the treaty, since “the world doesn’t need a new arms race.”

The most unexpected and interesting role in all of this, however, is China’s. It is no secret to anyone that what displeases President Trump the most about the INF Treaty is that China is not a signatory. If Russia is violating the treaty, and China, on the other hand, is not part of such an agreement that restricts its missile force, then the US seems to be at a disadvantage. “If Russia’s doing it and if China’s doing it and we’re adhering to the agreement, that’s unacceptable,” stated President Trump last October. In fact, according to Admiral Harry Harris, head of the US Pacific Command, if China were part of the INF Treaty right now, around 95% of its missile force would be violating it. When it comes to China’s reaction to the White House’s desire to withdraw, to “think twice” is what Beijing wishes Washington would do. Hua Chunying, a foreign ministry spokeswoman, said US withdrawal would lead to a “multitude of negative effects.”

What’s now left to be seen is whether President Trump will, in fact, pull out from the treaty. Presidents Putin and Trump both met in Paris in November, but although many different issues were discussed, a potential meeting to formally discuss the future of the INF Treaty was not part of the conversation. But if the US does withdraw, will that really mean a new Cold War? According to many analysts, an arms race like the one the world was experiencing back when the treaty was originally signed, might definitely become a reality. The Kremlin has also hinted several times at the possibility of a new arms race; the Russians would be “forced to develop weapons” to “restore balance in the sphere” if the US were to pull out.

For now, Secretary of State Mike Pompeo announced on December 4 that the US “will suspend its obligations as a remedy effective in 60 days unless Russia returns to full and veritable compliance”. Ten days later, Russia submitted a draft of resolution to the UN General Assembly in support of the INF Treaty calling on all sides to fulfill their obligations. It seems to be a move towards a bilateral negotiation, but 2019 will begin with uncertainty in a matter so critical as this.