Bolivia se ha consolidado en el papel de distribuir la cocaína peruana y la propia para consumo en Sudamérica y exportación a Europa

• En 2019 el gobierno de Martín Vizcarra erradicó 25.526 hectáreas de cultivo de coca, la mitad de la extensión total estimada de plantaciones

• Perú tuvo en 2018 una producción potencial de cocaína récord de 509 toneladas; la de Bolivia fue de 254, una de las históricamente más altas, según EEUU

• EEUU acusó a Morales hacia el término de su mandato de haber “faltado manifiestamente” a sus obligaciones internacionales con su plan antinarcóticos 2016-2020

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▲ Operación de erradicación de cultivo de coca en el Alto Huallaga, Perú [Proyecto CORAH]

INFORME SRA 2020 / Eduardo Villa Corta [versión PDF]

Desde que en Perú los planes nacionales contra el cultivo de coca comenzaron en la década de 1980, las campañas de erradicación de las plantaciones nunca habían llegado a lo que se conoce como VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), una zona de difícil acceso en el centro de la mitad sur del país. En esa zona opera el crimen organizado, especialmente los residuos de la vieja guerrilla de Sendero Luminoso, dedicada ahora al narcotráfico y otros negocios ilícitos. El área es origen del 64% de la producción potencial de cocaína del país. Perú es el segundo productor del mundo, después de Colombia.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra llevó a cabo en 2019 una decidida política de supresión de cultivos ilícitos. El plan de erradicación (Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga o CORAH) se aplicó el año pasado a 25.526 hectáreas de cultivos de coca (la mitad de las existentes), de las cuales 750 habrían correspondido al VRAEM (las operaciones se desarrollaron en las zonas de Satipo, río Tambo y Alto Anapati, en la región de Junín).

Estas acciones debieran traducirse, cuando se presenten las cifras referidas a 2019, en una reducción del cultivo total de coca y de la potencial producción de cocaína, rompiendo así el incremento que se venía experimentando en los últimos años. Según el último Informe Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR), del Departamento de Estado norteamericano, que sigue de cerca esta actividad ilícita en los países de la región, en 2018 había en Perú 52.100 hectáreas de coca (frente a las 44.000 de 2016 y las 49.800 de 2017), cuya extensión y calidad de cultivo podría generar una producción récord de 509 toneladas de cocaína (frente a las 409 de 2016 y 486 de 2017). Aunque en 2013 llegó a haber una mayor área cultivado (59.500 hectáreas), entonces el potencial de cocaína se quedó en 359 toneladas.

De Perú a Bolivia

Ese incremento de los últimos años en la generación de cocaína en Perú ha consolidado el papel de Bolivia en el tráfico de esa droga, pues además de ser el tercer país productor del mundo (en 2018 había cultivadas 32.900 hectáreas, con una producción potencial de 254 toneladas de sustancia estupefaciente, según EEUU), es zona de tránsito de la cocaína de origen peruano.

El hecho de que solo alrededor del 6% de la cocaína que alcanza Estados Unidos proceda de Perú (el resto llega de Colombia), indica que la mayor parte de la producción peruana va hacia el creciente mercado de Brasil y Argentina y hacia Europa, y por tanto su lugar natural de salida es por Bolivia. De esta forma, Bolivia es considerada como un gran “distribuidor”.

Parte de la droga llega en pasta y es refinada en laboratorios bolivianos. Las mercancías se introducen en Bolivia utilizando avionetas, que en ocasiones vuelan a menos de 15 metros de altura y sueltan los paquetes de cocaína en áreas rurales no habitadas; luego son recogidos por elementos de la organización. El traslado también se realiza por carretera, con la droga camuflada en caminos de carga, y en menor medida utilizando el lago Titicaca y otras vías fluviales que conectan ambos países.

Una vez pasada la frontera, la droga de Perú, junto con la producida en Bolivia, viaja a Argentina y Chile, especialmente a través de la ciudad boliviana de Santa Cruz y el paso fronterizo chileno de Colchane, o se interna en Brasil –directamente o a través de Paraguay, usando por ejemplo el paso entre la población paraguaya de Pedro Juan Caballero y la brasileña Ponta Pora– para consumo propio del mayor país de Sudamérica, cuyo volumen ha escalado al segundo puesto mundial, o para llegar a puertos internacionales como el de Santos. Este puerto, que es la salida al mar de Sao Paulo, se ha convertido en el nuevo 'hub' del comercio mundial de narcóticos, del cual sale casi el 80% de las drogas de Latinoamérica con destino a Europa (en ocasiones a través de África).

La producción en Bolivia volvió a crecer a partir de mediados de la década recién terminada, si bien en el caso boliviano existe una notoria diferencia entre las a menudo divergentes cifras ofrecidas por Estados Unidos y por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ambas estimaciones concuerdan en que previamente hubo un descenso, atribuido por el gobierno de La Paz a la llamada “racionalización de la producción de la coca”, que redujo la producción en un 35% y ajustó las áreas de cultivo a las permitidas por la ley, en un país donde están permitidos usos tradicionales de la coca.

Sin embargo, la Ley de la Coca promovida en 2017 por el presidente Evo Morales (su carrera política se originó en los sindicatos cocaleros, cuyos intereses luego siguió defendiendo) amparó una extensión de la producción, elevando las hectáreas permitidas de 12.000 a 22.000. La nueva ley venía a cubrir un incremento que ya se estaba produciendo e incentivó mayores excesos que han sobrepasado con creces el volumen requerido por los usos tradicionales, que estudios de la Unión Europea sitúan en menos de 14.700 hectáreas. De hecho, la UNODC estimó en su informe de 2019 que entre el 27% y el 42% de la hoja de coca cultivada en 2018 no fue vendida en los dos únicos mercados locales autorizados para ello, lo que indica que al menos el resto fue destinada a la producción de cocaína.

Para 2018, la UNODC determinó una producción de 23.100 hectáreas, en cualquier caso por encima de lo permitido por la ley. Los datos de EEUU hablan de 32.900 hectáreas, lo que suponía un incremento del 6% respecto al año anterior, y una producción potencial de cocaína de 254 toneladas (un 2% más).

El 65% de la producción boliviana se realiza en la zona de los Yungas, próxima a La Paz, y el 35% restante en Chapare, cerca de Cochabamba. En esta última zona los cultivos se están expandiendo, invadiendo el parque-reserva natural de Tipnis. El parque, que se adentra en la Amazonia, sufrió en 2019 importantes incendios: intencionados o no, la vegetación tropical aniquilada podría paso a plantaciones clandestinas de coca.

Después de Morales

El informe del Departamento de Estado norteamericano de 2020 destaca el mayor compromiso antidroga de las autoridades bolivianas que en noviembre de 2019 sucedieron al gobierno de Morales, el cual había mantenido “controles inadecuados” sobre el cultivo de coca. EEUU considera que el plan antidroga de Morales para 2016-2020 “priorizaba” acciones contra organizaciones criminales en lugar de combatir la producción de los cocaleros que excediera el volumen permitido. Poco antes de dejar el poder, en el mes de septiembre, Morales fue señalado desde EEUU por haber “fallado manifiestamente” a las obligaciones internacionales en materia de control de drogas.

Según EEUU, el gobierno de transición “ha dado importantes pasos en la interceptación de droga y en la extradición de narcotraficantes”. Este mayor control de las nuevas autoridades bolivianas, junto con la decidida actuación del gobierno de Vizcarra en Perú debiera conducir a una reducción del cultivo de coca y de producción de cocaína en ambos países, y por tanto de su exportación.

La seguridad regional americana ha tenido su foco de preocupación en el último año en Venezuela. Repasamos además la venta de armas de Rusia y España a la región, la presencia latinoamericana en misiones de paz, la droga en Perú y Bolivia y los homicidios en México y Brasil

▲ Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, y Nicolás Maduro, en agosto de 2019 [Palacio de Miraflores]

INFORME SRA 2020 / Resumen ejecutivo [versión en PDF]

A lo largo de 2019, Latinoamérica tuvo varios focos de tensión –violentas protestas callejeras contra medidas económicas en Quito, Santiago de Chile y Bogotá, y contra decisiones políticas en La Paz y Santa Cruz, por ejemplo–, pero a medida que esos conflictos fueron apaciguándose (en algunos casos, solo temporalmente) emergió de nuevo el constante problema de Venezuela como epicentro de inseguridad en la región.

Reducida a mínimos la migración centroamericana a Estados Unidos por las restrictivas medidas de la Administración Trump, han sido los migrantes venezolanos quienes sobre todo han seguido llenando los arcenes de las carreteras sudamericanas desplazándose de un país a otro, sumando ya más de cinco millones de refugiados. Las dificultades que ese incremento de población conlleva para los países de acogida indujo a varios de ellos a aumentar su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, aprobando en la OEA la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Pero eso no empujó a Maduro fuera del poder, como tampoco la asunción en enero de 2019 por parte de Juan Guaidó del cargo de presidente encargado de Venezuela (reconocido por más de cincuenta países), el fallido golpe de mano de unos meses después o la supuesta invasión de la Operación Gedeón de mayo de 2020.

Aunque Maduro parezca estabilizado, el trasfondo geopolítico se ha ido moviendo. El año 2019 vio cómo Rosneft se afianzaba en Venezuela como brazo del Kremlin, una vez China se había alejado como aportadora de créditos. El riesgo de no recobrar todo lo prestado hizo que Rusia actuara a través de Rosneft, obteniendo el beneficio de comercializar hasta el 80% del petróleo del país. Sin embargo, las sanciones de Estados Unidos finalmente forzaron la marcha de la energética rusa, de forma que a comienzos de 2020 a Maduro no le quedó otro gran socio extrahemisférico al que acudir que Irán. La república islámica, sometida a su vez a un segundo régimen sancionador, volvía así a la estrecha relación que mantuvo con Venezuela en el primer periodo de castigo internacional, cultivada por el tándem Chávez-Ahmadineyad.

Esa presencia iraní es seguida con atención por Estados Unidos (coincide con un despliegue del Comando Sur en el Caribe), siempre alerta ante cualquier impulso que Hezbolá –proxy iraní– pueda recibir en la región. En realidad, 2019 supuso un importante salto en la disposición de los países latinoamericanos contra esa organización, pues varios de ellos la calificaron por primera vez de terrorista. Argentina, Paraguay, Colombia y Honduras aprobaron esa declaración, a raíz de cumplirse en julio el 25 aniversario del atentado contra la AMIA, atribuido a Hezbolá. Brasil y Guatemala se comprometieron a hacerlo en breve. Con ese señalamiento varios de esos países erigieron listas de organizaciones terroristas, lo que permite aunar estrategias.

La desestabilización de la región por la situación en Venezuela tiene una clara manifestación en la acogida y promoción en ese país de las guerrillas colombianas. En agosto el ex número dos de las FARC, Iván Márquez, y algún otro antiguo dirigente anunciaron, presumiblemente desde territorio venezolano, su vuelta a las armas. Tanto ese núcleo disidente de las FARC como el ELN habían comenzado a consolidarse a finales de año como grupos colombo-venezolanos, con operaciones no ya solo en la zona fronteriza de Venezuela, sino en el interior del país. Ambos grupos tienen en conjunto unos 1.700 efectivos en Venezuela, de los que casi 600 serían venezolanos reclutados, constituyendo con ello otra fuerza de choque al servicio de Maduro.

La salida rusa de Venezuela sucede en un momento de aparente menor actividad de Moscú en Latinoamérica. Ocurre así, desde luego, en el terreno de la venta de armas. Rusia, que se había convertido en un importante exportador de material militar a la región, ha visto disminuir sus ventas los últimos años. Si durante la década de oro del boom de las materias primas diversos países gastaron parte de sus importantes ingresos en la adquisición de armamento (lo que además coincidió con la propagación de la marea bolivariana, mejor relacionada con Moscú), el desplome del precio de las commodities y algunos cambios gubernamentales hicieron que en el periodo 2015-2019 Latinoamérica solo sea el destino del 0,8% del total de armas exportadas por Rusia. Estados Unidos ha recuperado su puesto de mayor vendedor al resto del continente.

España ocupa un destacado espacio en el mercado de armas, como séptimo exportador del mundo. Sin embargo, queda atrás en las preferencias de los países latinoamericanos, a los que vende menos material de defensa de lo que le correspondería por el volumen de comercio general que mantiene con ellos. No obstante, el nivel de ventas aumentó en 2019, tras un año de cifras especialmente bajas. En los últimos cinco años, España ha vendido a Latinoamérica el 3,6% de sus exportaciones armamentísticas mundiales; en ese periodo, sus principales clientes fueron México, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia.

La mejor dotación de equipamientos militares podría hacer pensar en una mayor participación en las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, quizá como modo de mantener activo un Ejército, en un contexto de falta de despliegues regionales. Sin embargo, del total de 82.480 efectivos de las catorce misiones de paz de la ONU que había a comienzos de 2020, 2.473 procedían de países latinoamericanos, lo que supone solo un 3% del contingente total. Además, casi la mitad del personal era aportado por un país, Uruguay (45,5% de los efectivos regionales). Otro pequeño país, El Salvador (12%), es el siguiente en compromiso con las misiones, mientras que los grandes países están infrarrepresentados, singularmente México.

En cuanto a seguridad ciudadana, 2019 aportó la buena noticia de la reducción de los homicidios en Brasil, que descendieron en un 19,2% respecto al año anterior, en contraposición a lo ocurrido en México, donde subieron un 2,5%. Si en su primer año como presidente, Jair Bolsonaro se apuntaba un importante logro, gracias a la gestión del superministro de Seguridad Sérgio Moro (éxito empañado por el aumento de las muertes accidentales en operaciones policiales), en su primer año Andrés Manuel López Obrador incumplía una de sus principales promesas electorales y era incapaz de quebrar la tendencia al alza en los homicidios que invariablemente se ha dado anualmente a lo largo de los mandatos de sus dos predecesores.

Por lo que respecta a lucha contra el narcotráfico, en 2019 se produjeron dos hechos especialmente positivos. Por un lado, la erradicación de cultivos de coca por primera vez en el VRAEM, la zona de mayor producción de Perú. Dada su complicada accesibilidad y la presencia de los reductos de Sendero Luminoso, la zona había quedado previamente al margen de las operaciones de este tipo. Por otro lado, el cambio presidencial en Bolivia significó, según Estados Unidos, un mayor compromiso de las nuevas autoridades en combatir el cultivo ilícito de coca e interceptar el transporte de droga que llega desde Perú. En los últimos años Bolivia se ha convertido en el gran distribuidor de cocaína de la mitad sur de Sudamérica, conectando la producción peruana y boliviana con los mercados de Argentina y sobre todo Brasil, y con sus puertos exportadores hacia Europa.

▲ Venezolanos saliendo del país para buscar modo de subsistencia en algún lugar de acogida [UNHCR ACNUR]

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INFORME SRA 2020 / Presentación

La pandemia del Covid-19 ha modificado radicalmente los supuestos de seguridad en todo el mundo. La emergencia del coronavirus pasó de China a Europa, luego a Estados Unidos y enseguida al resto del Hemisferio Occidental. Ya perjudicada económicamente por su dependencia de las exportaciones de commodities desde el comienzo del parón chino, Latinoamérica fue padeciendo las sucesivas restricciones de las distintas áreas geográficas, para finalmente entrar también en una crisis de producción y consumo y de catástrofe sanitaria y laboral. Previsiblemente la región será una de las más largamente castigadas, con efectos igualmente en el campo de la seguridad.

El presente informe anual, no obstante, atiende a la seguridad regional americana de 2019. Aunque en ciertos aspectos incluye hechos de principios de 2020, y por tanto algunos primeros efectos de la pandemia, la incidencia de esta en asuntos como la geopolítica regional, las dificultades presupuestarias de los estados, el crimen organizado o la seguridad ciudadana quedan para el informe del próximo año.

En la medida en que en recientes meses otros desarrollos que en 2019 afectaron a la seguridad se mostraron de algún modo transitorios, Venezuela se mantuvo como el principal foco de inseguridad regional durante el año pasado. En el informe analizamos el regreso de Irán al país caribeño, después de que primero China y después Rusia hayan preferido no ver perjudicados sus propios intereses económicos; también constatamos la consolidación del ELN y parte de las exFARC como grupos binacionales colombo-venezolanos.

Además, destacamos el avance en el señalamiento por primera vez de Hezbolá como grupo terrorista por varios países y aportamos cifras sobre la caída de la venta de armas de Rusia a Latinoamérica y sobre la relativa poca comercialización en la región del material de defensa producido por España. También cuantificamos la aportación de efectivos latinoamericanos a las misiones de paz de la ONU, así como el éxito de Bolsonaro y el fracaso de AMLO en la evolución de los homicidios en Brasil y México. En cuanto al narcotráfico, en 2019 se dio la primera operación de erradicación de cultivos de coca en el VRAEM, la zona de Perú más complicada en la lucha antinarcóticos.

Estados Unidos sigue atento la innovación de métodos que también podrían servir para introducir células terroristas o incluso armas de destrucción masiva

En los últimos diez años, la proliferación de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de difícil detección, ha acaparado un tercio del transporte de droga desde Sudamérica a Estados Unidos. La incorporación de sistemas GPS por parte de los carteles dificulta también la lucha global antinarcóticos. Un posible uso de esos nuevos métodos para fines terroristas mantiene alerta a Estados Unidos.

▲ Narcosubmarino encontrado en la selva de Ecuador en 2010 [DEA]

ARTÍCULO / Marcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

El tráfico de droga hacia los grandes mercados de consumo, sobre todo Estados Unidos y Europa, es especialmente innovador: la magnitud del negocio lleva a intentar superar cualquier barrera que pongan los Estados para impedir su penetración y distribución. En el caso de Estados Unidos, donde la llegada ilícita de narcóticos se remonta al siglo XIX –desde el opio hasta la marihuana y la cocaína–, los continuados esfuerzos de las autoridades han logrado interceptar muchos envíos de droga, pero los traficantes encuentran nuevas vías y métodos para introducir en el país un volumen importante de estupefacientes.

El método más inquietante en los últimos diez años ha sido el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles, a las que comúnmente se les ha dado el nombre de narcosubmarinos, que permiten transportar varias toneladas de sustancias –cinco veces más de lo que lo hacía un barco pesquero– esquivando la vigilancia de los guardacostas [1]. La tecnología satelital también ha llevado a los traficantes a dejar cargas de droga en el mar, luego recogidas por embarcaciones de recreo sin levantar sospecha. A esos métodos hacen referencia recientes informes de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antinarcóticos estadounidense.

Por las aguas de Centroamérica

Durante muchos años, la forma habitual de transportar la droga que sale de Sudamérica hacia Estados Unidos ha sido mediante barcos pesqueros, lanchas rápidas y avionetas. Los avances en las técnicas de detección y rastreo desde el aire han empujado a los narcotraficantes a buscar nuevas maneras de llevar sus cargas hacia el Norte. De ahí el desarrollo de los narcosubmarinos, cuyo número, desde una primera interceptación en 2006 por las autoridades estadounidenses, ha conocido una rápida progresión.

Ese medio de transporte es una de las razones de que desde 2013 haya aumentado en un 10% el tráfico de la ruta de droga que va de Colombia (país que produce el 93% de la cocaína consumida en EEUU) a Centroamérica y México, desde donde los cargamentos son introducidos en EEUU. Según la DEA, este corredor representa hoy un estimado 93% del movimiento de cocaína desde Sudamérica hacia Norteamérica, frente al 7% de la ruta que busca las islas del Caribe (principalmente la República Dominicana) para llegar a Florida u otros lugares del litoral estadounidense.

Durante un tiempo, entre el servicio de guardacostas de EEUU se extendió el rumor de que los carteles de droga estaban usando narcosubmarinos. Sin haber visto de momento ninguno, los agentes le dieron el nombre de 'Bigfoot' (como se conoce un supuesto animal con forma de simio que habitaría en bosques del Pacífico estadounidense).

El primer avistamiento se produjo en noviembre de 2006, cuando un patrullero de la Guardia Costera de EEUU detectó una forma desdibujada en el océano, a unas cien millas del litoral de Costa Rica. Cuando los agentes se acercaron descubrieron tres tubos de plástico que emergían del agua, que provenían de una nave sumergible que se abría paso a dos metros bajo la superficie. Dentro encontraron tres toneladas de cocaína y cuatro hombres armados con un fusil AK-47. Los guardacostas lo bautizaron como 'Bigfoot I'.

Dos años después habría un 'Bigfoot II'. En septiembre de 2008, una fragata de la Armada estadounidenses en labores de guardacostas apresó un aparato semejante a 350 millas de la frontera entre México y Guatemala. La tripulación se componía de cuatro hombres y la carga era de 6,4 toneladas de cocaína.

Para entonces, las autoridades de EEUU calcularon que ya se habían fabricado más de cien sumergibles o semisumergibles. En 2009 estimaron que solo estaban pudiendo detener un 14% de los envíos y que este medio de transporte suministraba al menos un tercio de la cocaína que llegaba al mercado estadounidense. Las armadas de Colombia, México y Guatemala también han decomisado algunos de estos narcosubmarinos, que además de haber sido localizados en el Pacífico igualmente han sido detectados en el Caribe y el Atlántico. Fabricados de forma artesanal en la selva, quizás el episodio más llamativo fue el de haber encontrado uno de ellos en el interior de Ecuador, en las aguas de un río. 

Su innovación técnica ha sorprendido con frecuencia a los funcionarios antinarcóticos.  Muchos de estos autopropulsados narcosubmarinos llegan a medir quince metros, están hechos de materiales sintéticos y fibra de vidrio y han sido diseñados para reducir la detección por radar o infrarrojos. Ha habido modelos también con sistemas de navegación GPS para poder repostar carburante y recibir comida en citas convenidas a lo largo del trayecto.

Localización por GPS

El desarrollo y generalización del GPS también ha servido a los narcotraficantes para introducir mayores innovaciones. Un procedimiento, por ejemplo, ha sido rellenar con droga un recipiente en forma de torpedo –como un sumergible, pero esta vez sin tripulación–, unido a una boya y un emisor de señal. El contenedor puede albergar hasta siete toneladas de cocaína y se sujeta al fondo de un barco mediante un cable. Si el barco es interceptado, simplemente puede dejar caer el contenedor a más profundidad, para luego ser recuperado por otra embarcación gracias al localizador satelital. Esto hace extremadamente difícil a las autoridades capturar la droga y detener a los traficantes.

El sistema de navegación GPS también se usa para depositar cargas de droga en puntos de las aguas territoriales de Estados Unidos, donde pueden ser recogidos por embarcaciones de recreo o por un reducido grupo de personas sin levantar sospechas. El paquete conteniendo la cocaína es recubierto con varias capas de material y luego todo ello es impermeabilizado con un tipo de espuma. El paquete se coloca dentro de una bolsa de lona que se deposita en el fondo del mar para luego ser recuperado por otras personas.

Como indica la DEA en su informe de 2017, “esto demuestra cómo las organizaciones narcotraficantes han evolucionado sus métodos para llevar a cabo las transacciones de cocaína utilizando tecnología”. Y cita el ejemplo de organizaciones que “transportan kilos de cocaína en paquetes impermeables hasta una predeterminada localización y la fijan al lecho del océano para que sea luego retirada por otros miembros de la organización que tienen la localización GPS”, lo que “permite a los miembros de organizaciones de narcotráfico compartimentar su trabajo, separando a quienes hacen el transporte marítimo de los distribuidores en tierra firme”.

Riesgo terrorista

La posibilidad de que estos métodos de muy difícil detección sean utilizados para introducir armas o puedan formar parte de operativos terroristas preocupa a las autoridades estadounidenses. El vicealmirante retirado James Stravidis, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha alertado del potencial uso especialmente de los sumergibles “para transportar más que solo narcóticos: el movimiento de dinero en metálico, armas, extremistas violentos o, en el peor extremo del espectro, armas de destrucción masiva”.

A este riesgo se refirió también el contralmirante Joseph Nimmich cuando, como comandante del Grupo Sur de Trabajo Conjunto Interagencias, se enfrentó al surgimiento de los sumergibles. “Si puedes transportar diez toneladas de cocaína, puedes transportar diez toneladas de cualquier cosa”, declaró a The New York Times.

Según este periódico, la elaboración furtiva de submarinos caseros se desarrolló primero en Sri Lanka, donde el grupo rebelde de los Tigres Tamiles los utilizó en su enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales. “Los tamiles pasarán a la historia como la primera organización terrorista en desarrollar armas submarinas”, aseguró el Ministerio de Defensa de Sri Lanka. En 2006, como afirma el NYT, “un paquistaní y un esrinlanqués facilitaron planos a los colombianos para construir semisumergibles que fueran rápidos, silenciosos y de materiales baratos y comúnmente al alcance”.

A pesar de ese origen, en última instancia relacionado con los rebeldes Tamil, y de la potencialidad terrorista que presentan los sumergibles utilizados por los carteles de droga, lo cierto es que Washington no ha reportado evidencias de que los nuevos métodos de transporte de droga desarrollados por los grupos de crimen organizado estén siendo usados por actores extremistas de otro cariz. No obstante, EEUU mantiene alta la guardia dado el elevado índice de envíos de cargamentos que llegan a su destino sin detección.

[1] REICH, S., & Dombrowski, P (2017). The End of Grand Strategy. US Maritime Pperations in the 21st Century. Cornell Univesity Press. Ithaca, NY. Pág. 143-145

Las presidenciales del 1 de julio no abren un debate en serio sobre el combate contra el narcotráfico

La 'mano dura' que en 2006 comenzó Felipe Calderón (PAN), con el despliegue de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, fue prorrogada en 2012 por Enrique Peña Nieto (PRI). En estos doce años la situación no ha mejorado, sino que ha aumentado la violencia. En las elecciones de este 2018 ninguno de los principales candidatos presenta un radical cambio de modelo; el populista Andrés Manuel López Obrador (Morena) propone algunas llamativas medidas, pero sigue contando con la labor del Ejército.

▲El presidente mexicano en el Día de la Bandera, en febrero de 2018 [Presidencia de la República]

ARTÍCULO / Valeria Nadal [Versión en inglés]

México afronta un cambio de sexenio después de cerrar 2017 como el año más violento en la historia del país, con más de 25.000 homicidios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Puede comenzar a resolverse en los próximos años?

Existen diversas teorías sobre el inicio del narcotráfico en México, pero la más consensuada argumenta que el narcotráfico mexicano vio su nacimiento cuando Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos entre 1933 y 1945, impulsó el cultivo de la amapola en territorio mexicano con la velada intención de fomentar la producción de grandes cantidades de morfina para aliviar los dolores a los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el narcotráfico no fue un problema nacional grave hasta la década de 1980; desde entonces los cárteles se han multiplicado, la violencia ha aumentado y los delitos se han expandido por la geografía mexicana.

La nueva etapa de Felipe Calderón

En la lucha contra el narcotráfico en México la presidencia de Felipe Calderón marcó una nueva etapa. Candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Calderón fue elegido para el sexenio 2006-2012. Su programa incluía la declaración de guerra a los cárteles, con un plan de “mano dura” que se tradujo en el envío del Ejército a las calles mexicanas. Aunque el discurso de Calderón era contundente y tenía un objetivo claro, exterminar la inseguridad y la violencia provocada por el narcotráfico, el resultado fue el opuesto a causa de que su estrategia se basada exclusivamente en la acción de policías y militares. Esta militarización de las calles se realizó a través operativos conjuntos que combinaban las fuerzas del Gobierno: Defensa Nacional, Seguridad Pública, la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, y pese al gran despliegue realizado y el incremento de un 50% en el gasto en seguridad, la estrategia no funcionó; los homicidios no solo no se redujeron, sino que aumentaron: en 2007, el primer año presidencial completo de Calderón, se registraron 10.253 homicidios y en 2011, el último año entero de su presidencia, se llegó a un récord de 22.409 homicidios.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ese año récord de 2011 casi un cuarto del total de la población mexicana mayor de 18 años (24%) fue asaltada en la calle, sufrió algún robo en el transporte público o fue victima de extorsión, fraude, amenazas o lesiones. Las tasas de violencia fueron tan altas que sobrepasaron aquellas de países en guerra: en Irak hubo entre 2003 y 2011 una media de 12 asesinatos diarios por cada 100.000 habitantes, mientras que en México esa media alcanzaba los 18 asesinatos diarios. Finalmente, cabe mencionar que la cifra de denuncias ante esta ola indiscriminada de violencia fue bastante baja: solo un 12% de las víctimas de la violencia relacionada con el narcotráfico denunció. Esta cifra está probablemente relacionada con la alta tasa de impunidad (70%) que marcó también el mandato de Calderón.

El nuevo enfoque de Peña Nieto

Tras el fracaso del PAN en la lucha contra el narcotráfico, en 2012 fue elegido presidente Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Con ello, este partido que había gobernado durante décadas ininterrumpidas, volvía al poder después de dos sexenios seguidos de ausencia (presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN). Peña Nieto asumió el cargo prometiendo un enfoque nuevo, contrario a la “guerra abierta” planteada por su predecesor. Principalmente puso el acento de su política de seguridad en la división del territorio nacional en cinco regiones para incrementar la eficacia y coordinación de los operativos, en la reorganización de la Policía Federal y en el fortalecimiento del marco legal. Con todo, el nuevo presidente mantuvo el empleo del Ejército en la calle.

Los resultados de Peña Nieto en su lucha contra el narcotráfico han sido peores que los de su predecesor: durante su mandato, los homicidios dolosos han aumentado en 12.476 casos respecto al mismo periodo en la administración de Calderón y 2017 cerró con la pesarosa noticia de ser el año más violento en México hasta la fecha. A escasos meses de que termine su sexenio, y en un último esfuerzo por enmendar los errores que la han marcado, Peña Nieto propició la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que fue votada por el Congreso de México y promulgada en diciembre del pasado año. Esta ley no remueve a los militares de las calles, sino que pretende garantizar jurídicamente esa capacidad de actuación policial por parte de las Fuerzas Armadas, algo que antes solo tenía carácter provisional. Según la ley, la participación militar en las operaciones diarias antinarcóticos no es para suplantar a la Policía, sino para reforzarla en aquellas zonas donde esta se vea incapaz de poder hacer frente al narcotráfico. La iniciativa contó con críticas que, si bien reconocían el problema de la escasez de medios policiales, advertían del riesgo de un despliegue militar ilimitado en el tiempo. Así pues, aunque Peña Nieto comenzó su mandato intentando distanciarse de las políticas de Calderón, lo ha concluido consolidándolas.

Qué esperar de los candidatos de 2018

Ante la ineficacia evidente de las medidas adoptadas por ambos presidentes, la pregunta en este año electoral es qué política antinarcóticos adoptará el próximo presidente, en un país en el que no hay reelección y por tanto cada sexenio presidencial supone un cambio de rostro. Los tres principales candidatos son, por el orden que vienen marcando las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Ricardo Anaya, de la coalición del PAN con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y José Antonio Meade, del PRI. López Obrador estuvo cerca de alcanzar la presidencia en 2006 y en 2012, en ambas ocasiones como candidato del PRD (previamente había sido dirigente del PRI); luego creó su propio partido.

Meade, que representa una cierta continuidad respecto a Peña Nieto, aunque en la campaña electoral ha adoptado un mayor tono anticorrupción, se ha pronunciado a favor de la Ley de Seguridad Interior: “Es una ley importante, es una ley que nos da marco, que nos da certeza, es una ley que permite que la participación de las Fuerzas Armadas esté bien regulada y normada”. Anaya también se ha posicionado favorablemente ante esa ley, ya que considera que una retirada del Ejército de las calles sería “dejar a los ciudadanos a su suerte”. No obstante, apuesta por la necesidad de que la Policía recupere sus funciones y critica duramente la falta de responsabilidad del Gobierno en materia de seguridad pública alegando que México ha entrado en un “círculo vicioso que se volvió comodísimo para gobernadores y alcaldes”. En cualquier caso, ni Meade ni Anaya han especificado qué giro podrían dar que resultara realmente efectivo para reducir la violencia.

López Obrador, desde posiciones de un populismo de izquierda, supone un mayor cambio respecto a políticas anteriores, si bien no está clara la eficacia que podrían tener sus medidas. Además, alguna de ellas, como la de otorgar amnistía a los principales líderes de los cárteles de droga, se antoja claramente contraproducente. En los últimos meses, el candidato de Morena cambió el foco de su discurso, que primero estuvo centrado en la erradicación de la corrupción y luego abundó en cuestiones de seguridad. Así, ha dicho que si logra la presidencia asumirá la responsabilidad completa de la seguridad del país integrando en un mando único al Ejército, la Marina y la Policía, a los que se añadiría una guardia nacional, de nueva creación. Además, ha anunciado que sería exclusivamente él quién asumiría el mando único: “Voy a asumir de manera directa esta responsabilidad”. López Obrador se compromete a acabar la guerra contra el narco en los tres primeros años de su mandato, asegurando que, junto a medidas de fuerza, sus gestión logrará un crecimiento económico que se traducirá en la creación de empleo y la mejora del bienestar, lo que reducirá la violencia.

En conclusión, la década contra el narcotráfico que se inició hace casi doce años ha resultado ser un fracaso que se puede medir en cifras: desde que Calderón llegó a la presidencia de México en 2006 con el lema “Las cosas pueden cambiar para bien”, 28.000 personas han desaparecido y más de 150.000 han fallecido a causa de la narcoguerra. A pesar de pequeñas victorias para las autoridades mexicanas, como la detención de Joaquín “el Chapo” Guzmán durante la presidencia de Peña Nieto, la realidad que impera en México es la de una intensa actividad delictiva de los carteles de droga. De las propuestas electorales de los candidatos presidenciales no cabe esperar una rápida mejora en el próximo sexenio.