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▲Viktor Orban, en un acto cerca de la frontera con Rumanía en mayo de 2017 [Károly Árvai/Gobierno húngaro]
ANÁLISIS / Elena López-Doriga
El 8 de abril de 2018 se celebraron en Hungría las elecciones parlamentarias para la renovación de los 199 miembros de la Asamblea Nacional, la única cámara del Parlamento húngaro. La alta participación del 68,13% superó la de los comicios de 2010, cuando acudió a votar el 64,36% del censo electoral, un dato récord que no se veía desde 2002. El primer ministro, Viktor Orban, en el poder desde 2010, se aseguró un cuarto mandato, el tercero consecutivo, dado que su partido, Fidesz, y el aliado de este, el Partido Popular Demócrata Cristiano, ganaron 134 de los 199 escaños. Orban, el dirigente europeo con mayor tiempo como jefe de gobierno después de Angela Merkel, se ha convertido en ciertos aspectos en un líder tan influyente como la canciller alemana.
Esos datos electorales –la alta participación y el amplio respaldo logrado por un líder no bien visto por todos en Bruselas– dan pie a algunas cuestiones. ¿Cuál es el motivo por el cual ha habido tanta movilización social a la hora de votar? ¿Por qué el resultado de estas elecciones está en el punto de mira de la Unión Europea?
Antecedentes históricos
Hungría es un país situado en Europa Central que fronteriza con Austria, Croacia, Rumania; Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. El segundo río más grande de Europa, el Danubio, atraviesa todo el país y divide la capital de Budapest en dos territorios diferentes (Buda y Pest).
Hungría accedió a la Unión Europea en 2004. Este acontecimiento fue muy anhelado por los húngaros ya que lo veían como un avance en su democracia, un paso adelante para el desarrollo del país y un acercamiento al admirado Occidente. Era el deseo de hacer un cambio de rumbo en su historia, ya que, después de la disgregación del Imperio Austro-Húngaro en 1918, el país vivió bajo dos regímenes totalitarios desde la Segunda Guerra Mundial: primero bajo el mandato del Partido de la Cruz Flechada (fascista, pro-alemán y antisemita), durante el cual 80.000 personas fueron deportadas a Auschwitz, y más tarde por la ocupación de la Unión Soviética y sus políticas de posguerra. En aquellos tiempos las libertades individuales y de expresión dejaron de existir, el encarcelamiento arbitrario se convirtió en habitual y la policía secreta húngara llevó a cabo series de purgas tanto dentro como fuera de las jerarquías del Partido. Así, pues, la sociedad húngara sufrió una gran represión desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que no se detuvo hasta la caída del Telón de Acero en 1989.
En términos económicos, la transición del comunismo al capitalismo fue muy dura para vastos sectores sociales. De una economía centralizada con sectores muy protegidos y fuertes subsidios agrícolas, se pasó a un plan de ajuste, especialmente severo, adoptado por el Gobierno electo en marzo de 1990 en las primeras elecciones libres.
El acceso a la Unión Europea simbolizaba marcar un antes y un después en la historia de Hungría, en un proceso de incorporación a Occidente que previamente vino señalado por la entrada en la OTAN en 1999. Formar parte de la UE era el paso hacia la democracia que Hungría deseaba y ese amplio consenso social quedó de manifiesto en el mayoritario apoyo que el ingreso obtuvo –el 83% de los votos– en el referéndum de 2003.
Hungría en la Unión Europea
Convertirse en un nuevo miembro de la UE tuvo un impacto positivo en la economía de Hungría, dando lugar a un evidente desarrollo y proporcionando ventajas competitivas para las compañías extranjeras que establecían una presencia permanente en el país. Pero a pesar de esos apreciables avances y de la ilusión mostrada por Hungría al acceder a la UE, el panorama ha cambiado mucho desde entonces, de forma que el euroescepticismo se ha extendido notablemente entre los húngaros. En los últimos años, en la opinión pública nacional ha emergido un gran desacuerdo con las políticas de Bruselas adoptadas durante la crisis de refugiados de 2015.
Ese año Bruselas decidió hacer una reubicación de los 120.000 refugiados que habían llegado a Hungría (provenientes de Siria, que se estaban desplazando por la ruta de los Balcanes hacia Alemania y Austria) e Italia (en su mayoría procedentes del norte de África). Para distribuir a los refugiados se establecieron cuotas, fijando el número de refugiados que cada país debía acoger en función de su tamaño y de su PIB. La política de cuotas fue cuestionada por los países del Grupo Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y por Rumanía. Hungría levantó una valla de varios cientos de kilómetros en su frontera sur y se negó a aceptar las cuotas de acogida.
Esa actitud de cierre de fronteras y rechazo a acoger refugiados fue criticada por los dirigentes de la Unión, quienes llegaron a amenazar con sanciones a esos países. La dificultad de un consenso llevó a firmar en 2016 un acuerdo con Turquía para que este país retuviera el flujo de refugiados sirios. En 2017 vencieron las cuotas para el reparto a través de la UE de los refugiados que previamente habían llegado, sin completar así la reubicación inicialmente planteada. Aunque el momento de mayor confrontación política sobre esta cuestión en la UE ha pasado, la crisis de los refugiados ha creado una gran divergencia entre los dos bloques apuntados, erosionando el supuesto proyecto común europeo.
A la vista de esta situación, las elecciones parlamentarias de Hungría del 8 de abril de 2018 eran especialmente importantes, ya que los ciudadanos de ese país iban a tener la oportunidad de pronunciarse sobre el pulso mantenido entre Budapest y Bruselas.
Los principales candidatos
En las elecciones, la opción que partía con todas las encuestas a favor era la coalición del partido conservador Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano, con Viktor Orban, de 54 años, como candidato. Orbán se dio a conocer en 1989 cuando, con 26 años, desafió al régimen comunista y comenzó a erigirse en adalid de los principios liberales, lo que lo convirtió en símbolo de las aspiraciones de los húngaros por liberarse del totalitarismo y adoptar los valores occidentales. Sin embargo, su vuelta al poder en 2010, tras un primer mandato entre 1998 y 2002, estuvo marcada por un giro hacia una tendencia conservadora, caracterizada por un mayor control sobre la economía, los medios de comunicación y la justicia. Orban se reivindica defensor de una “democracia iliberal”: un sistema en el que, aunque la Constitución pueda formalmente limitar los poderes del Gobierno, en la práctica estén restringas ciertas libertades como la de expresión o pensamiento. Orban pone a prueba a menudo las líneas rojas de la UE al presentarse como defensor de una "Europa cristiana" y detractor de la inmigración irregular.
El partido que pretendía plantear el principal pulso electoral a Fidesz, sustrayéndole buena parte de sus votantes, era sorprendentemente uno situado aún más a la derecha: Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor), fundado en 2003 y considerado como una de las organizaciones políticas de extrema derecha más poderosas de la Unión Europea. Durante años, este partido no escondió su carácter xenófobo, anti-gitano, anti-semita, nacionalista y radicalmente opuesto al sistema político imperante en la UE, apostando por una Hungría fuera de esta. Sin embargo, a partir de 2013 moderó su lenguaje. Mientras que Orban fue adoptando una línea cada vez más radical, el líder de Jobbik, Gábor Vona, fue atemperando las posiciones de su partido para presentarlo como una opción conservadora, alternativa a Fidesz, capaz de captar votos del centro. Gyöngyösi, uno de los líderes nacionalistas del partido decía: “Somos el partido del siglo XXI, mientras que Fidesz es del siglo pasado y representa lo antiguo. Ya no tiene sentido esa división entre izquierda y derecha, eso ya es parte del pasado, de la vieja política”.
En el otro lado del espectro político, se presentaba a las elecciones una lista formada por el Partido Socialista (MSZP) y el partido ecologista de centro-izquierda Parbeszed ("Diálogo"), encabezada por un dirigente de este, Gargely Karacsony. El candidato de la izquierda contaba con amplios apoyos del MSZP, pero no con el de sus excompañeros del partido ecologista LMP, del que se separó hace cinco años, lo que podía conllevar una división del voto.
Completada una segunda valla en la frontera con Serbia, en abril de 2017 [Gergely Botár/Gobierno húngaro] |
La campaña electoral
Durante la campaña se especuló sobre una posible pérdida de votos de Fidesz debido a una serie de escándalos de corrupción que involucraban a autoridades del Gobierno, acusadas de malversar dinero de ayudas europeas. Jobbik y otros grupos de la oposición aprovecharon esa situación para promocionarse como partidos anti-corrupción, centrando buena parte de su campaña en este asunto y abogando por una mejora de los servicios públicos, especialmente la sanidad.
No obstante, el tema más destacado de la campaña electoral no fue la corrupción, el mal funcionamiento del sistema de sanidad pública o los bajos salarios, sino la inmigración. El Gobierno de Orbán se había negado a aceptar las cuotas de refugiados que imponía la UE desde Bruselas, aduciendo que acoger a inmigrantes es un asunto de política doméstica en el que las organizaciones exteriores no deben intervenir. Insistía en que Hungría tiene derecho a negarse a recibir inmigrantes, y más si son musulmanes, reiterando su rechazo al multiculturalismo, que considera una mera ilusión. Orbán opinaba que los refugiados que llegaban a las puertas de Hungría no estaban luchando por su vida, sino que eran inmigrantes económicos en búsqueda de una vida mejor. Por lo tanto, la campaña política de Orbán era un claro mensaje: Inmigrantes ilegales en Hungría: ¿sí o no? ¿Quién debe decidir acerca del futuro de Hungría, los húngaros o Bruselas?
Reducir la convocatoria electoral a una pregunta tuvo el principal efecto de una amplia movilización social. Según la oposición, Orbán utilizó el tema de la migración para alejar la atención popular de la corrupción generalizada.
Otro punto clave en la campaña política de Fidesz fueron las constantes acusaciones a George Soros, a quien Orbán identificó como el principal enemigo del Estado. Soros es un multimillonario estadounidense, de origen judeo-húngaro, que a través de su Open Society Foundation (OSF) financia diversas ONG dedicadas a promover valores liberales, progresistas y multiculturales en diferentes partes del mundo. En 1989 Soros financió a Viktor Orban para que estudiara en Inglaterra, y en 2010 donó un millón de dólares a su Gobierno para ayudar en la limpieza medioambiental tras un accidente químico. Pero la reputación de Soros en Hungría recibió un golpe durante la crisis migratoria de 2015. Su defensa del trato humano a los refugiados se topó con la actitud de Orban. Durante la campaña, este acusó a Soros de usar la OSF para “inundar” Europa con un millón de inmigrantes al año y socavar la “cultura cristiana” del continente.
Además, antes de las elecciones, Fidesz aprobó una enmienda a la ley de educación superior húngara, que establece nuevas condiciones para las universidades extranjeras en Hungría, algo que se ha visto como un ataque directo a la Universidad Central Europea de Budapest. La institución, financiada por Soros, goza de gran prestigio por fomentar el pensamiento crítico, los valores liberales y la libertad académica. La nueva legislación pone en riesgo la autonomía universitaria, la libre contratación de profesores y el carácter internacional de los títulos.
La Comisión Europea mostró sus diferencias con el Gobierno de Orbán acerca de varias de las cuestiones que ocuparon la campaña electoral. Así, expresó su insatisfacción por la nueva ley universitaria, al considerar que no es compatible con las libertades fundamentales del mercado interior de la UE, pues “vulneraría la libertad de proveer servicios y la libertad de establecimiento”. También criticó que Orbán no hubiera cumplido con la cuota de refugiados, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia, y que hubiera hecho campaña utilizando electoralmente el desacuerdo que tiene con la UE.
El resultado de las elecciones
En las elecciones del 8 de abril de 2018, el partido Fidesz (en su alianza con el Partido Popular Demócrata Cristiano) obtuvo un tercer amplio triunfo consecutivo, aún mayor que el anterior, con casi la mitad del voto popular (48,89%) y su tercera mayoría absoluta de dos tercios (134 de los 199 escaños). Era la primera vez desde la caída del comunismo en 1989 que un partido gana tres veces seguidas unas elecciones.
El partido Jobbik logró convertirse en el principal partido de la oposición, al quedar en el segundo lugar con el 19,33% de los votos y 25 escaños. Sin embargo, su crecimiento de votos fue mínimo y solo obtuvo dos escaños extra, quedando prácticamente estancado en las cifras de 2014. El segundo puesto de Jobbik más bien se vio propiciado por la debilidad del Partido Socialista Húngaro (MSZP), cuya debacle lo llevó a quedar en tercer lugar, con el 12,25% de los votos y 20 escaños. Fue la primera vez desde 1990 en la que el MSZP no quedaba en primer o segundo lugar, poniendo fin al bipartidismo que mantenía con Fidesz desde 1998.
Por otra parte, desde su vuelta al Gobierno en 2010 Fidesz modificó significativamente el sistema electoral, reduciendo el número de legisladores de 386 a 199 y eliminando la segunda vuelta, cosa que no favorece a los partidos más pequeños, que podrían formar alianzas entre las rondas de votación. Al asegurarse dos tercios de la cámara, Fidesz podrá seguir gobernando cómodamente y reformando la Constitución a su medida.
Reacción de la UE
Una semana después de las elecciones, decenas de miles de opositores salieron a las calles de Budapest, en desacuerdo con un sistema electoral calificado de “injusto”, que le ha dado al primer ministro Viktor Orban un triunfo arrollador en las urnas después de una campaña basada en la negación de aceptar refugiados.
Diversos medios valoraron que la carta de felicitación que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dirigió a Orban fue más fría que la emitida en otras ocasiones similares. A la UE le preocupa que Orban continúe con su defensa de una democracia “iliberal” y que parece estar conduciendo el país hacia tendencias autoritarias. La compra que en los últimos años el Gobierno ha hecho de muchos medios de comunicación, para aislar a la oposición y hacer más propaganda, le asemeja a lo que ha ocurrido en países como Rusia y Turquía.
Es cierto que con Orban al frente del Gobierno Hungría ha crecido económicamente a buen ritmo y que las clases medias han mejorado su situación, pero su última victoria se ha debido no solo a la buena gestión económica, sino la defensa de valores que el pueblo húngaro considera importantes (esencialismo, cristianismo, respeto de las fronteras).
Los socialistas europeos no se han mostrado satisfechos con la nueva victoria de Orban insinuando que se trata de un retroceso para la democracia en Hungría. La alegría que los partidos populistas han manifestado por su triunfo es la prueba de que Orban, cuya formación Fidesz sigue perteneciendo al Partido Popular Europeo, se ha convertido en un exponente del ultranacionalismo moderno, que amenaza ideas democráticas de la Unión Europea.
De momento, Bruselas está siendo cautelosa con Hungría, incluso más que con el Brexit británico, puesto que Viktor Orban, visto por muchos como “el rebelde de la UE”, a diferencia del Reino Unido, quiere permanecer dentro del bloque, pero cambiar parte de los ideales que representa.
DOCUMENTO DE TRABAJO / María Granados Machimbarrena
RESUMEN
A pesar de la sentencia HIRSI Y JAMAA, de 2012, Italia fue condenada en 2015 una vez más por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por detención ilegal y devolución sumaria y colectiva de varios emigrantes. Los hechos ocurrieron en 2011, cuando los demandantes viajaron en un barco a través del Mediterráneo y fueron interceptados por buques italianos. Los emigrantes fueron traslados a la isla de Lampedusa, y detenidos en el Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA), en una área reservada a los nacionales tunecinos. Según los demandantes, fueron detenidos en habitaciones superpobladas y sucias, sin contacto con el exterior. Los acontecimientos tuvieron lugar inmediatamente después de la primavera árabe. Las cuestiones planteadas frente al Tribunal por los demandantes y los argumentos planteados por los jueces son relevantes en el contexto actual de crisis europea en la gestión de los flujos de refugiados por las instituciones de la UE y sus Estados miembros.
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DOCUMENTO DE TRABAJO / Lucía Serrano Royo
RESUMEN
La Unión Europea nació como un mecanismo de cooperación entre países, pero su reciente historia, hace que el sistema sea aún muy frágil. A su vez, su diversidad, hace que la toma de decisiones sea compleja y que entren en juego numerosos intereses políticos, que pueden entrar en conflicto. Uno de los acontecimientos más relevantes que está teniendo lugar en la actualidad y que ha hecho tambalear los pilares de la Unión es “El Brexit”, la salida de Reino Unido como estado miembro de la Unión. Este escrito analizará la lenta aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que se activa por primera vez en la historia. Además, analiza los motivos en el contexto europeo e internos que han llevado a esta situación y las consecuencias desde un punto de vista político, económico y social. Ante este clima de inestabilidad e incertidumbre, se plantearán diferentes alternativas a esta situación y se analizará cómo la Unión Europea ha dado respuesta a este problema en su Libro Blanco, donde se han establecido diferentes escenarios para la continuación de la Unión.
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El semestre de Bulgaria pone el acento en la crisis de los refugiados y los Balcanes Occidentales
La presidencia de Bulgaria de la Unión Europea, además de avanzar en la concreción del 'Brexit', pone sobre la mesa asuntos especialmente sensibles para Europa Central y Oriental, como son las rutas migratorias que entran en Europa por el sureste continental y la conveniencia de la futura integración de los estados nacidos de la ex-Yugoslavia, de los que de momento solo Croacia se ha adherido a la UE.
▲El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov [Nikolay Doychinov–Presidencia Búlgara]
ARTÍCULO / Paula Ulibarrena García
Durante este primer semestre de 2018, por primera vez, Bulgaria ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE). La presidencia búlgara tiene como principales retos la gestión de la crisis migratoria y las negociaciones del 'Brexit'. Como especial objetivo se ha marcado poner el foco en los Balcanes Occidentales. Durante el semestre, Bulgaria confía en dar los últimos pasos hacia el euro y en integrarse en el espacio Schengen.
Bajo el lema "La unidad hace la fuerza", Bulgaria –el país más pobre de la UE– se ha impuesto una ambiciosa agenda hasta junio. El gobierno búlgaro, formado por el partido populista conservador GERB y el ultranacionalista Frente Patriótico, se ha propuesto contribuir a que el bloque europeo sea más fuerte, estable y solidario.
Para ello, Sofía quiere fomentar el consenso, la cohesión y la competitividad, con el desafío concreto de superar las diferencias existentes en el manejo de la crisis de refugiados. Dado el rechazo de varios socios a las cuotas de reubicación de demandantes de asilo, Bulgaria buscará "un sistema sostenible para gestionar la inmigración", con "reglas comunes que se cumplan", según destaca el programa de la presidencia búlgara.
Crisis migratoria
El diálogo con terceros países para facilitar la devolución de inmigrantes sin derecho a asilo y el fortalecimiento del control de las fronteras externas son algunas de las medidas previstas por el ejecutivo liderado por el primer ministro búlgaro, el populista conservador Boiko Borisov.
La posición de Bulgaria en la crisis de los refugiados sirios es que la adopción de un mecanismo para reubicar a los refugiados es solo una solución provisional. El gobierno de Sofía considera que hay que encontrar una solución perdurable y sólida en virtud de la cual limitar la presión en las fronteras exteriores de la UE y la migración secundaria que de ella se deriva. Propone que la UE trabaje de forma prioritaria y urgente junto con sus socios comunitarios con vistas a estabilizar los países de origen y ayudar a los países de tránsito. Bulgaria, que tiene a Turquía como vecino, estima que este país es clave para la resolución del problema y plantea que la UE debería forjar medidas urgentes para reforzar la capacidad de Turquía en la acogida de refugiados. Bulgaria ha tenido siempre un gran interés en que los acuerdos contemplen que Turquía admita los refugiados que la UE pueda devolver desde Grecia.
Para Sofía, hay que aclarar la distinción entre inmigrantes económicos y refugiados y avanzar hacia "mecanismos de solidaridad" que sean aceptables para todos los estados miembro, recordando a este respecto el fracaso del sistema de cuotas obligatorias para la reubicación de los refugiados en Italia y Grecia.
Balcanes Occidentales
Otra de las prioridades de la presidencia búlgara es colocar los países de los Balcanes Occidentales en el punto de mira de una UE, que de momento no se plantea ninguna nueva ampliación. Algunos países de la región, como Serbia y Montenegro, están negociando activamente su entrada, que esperan se produzca en los próximos cinco años. Mientras, Bosnia Herzegovina, Albania, Macedonia y Kosovo siguen a la espera de iniciar formalmente las negociaciones.
Entre las cerca de 300 reuniones previstas durante la presidencia búlgara de la UE, destaca una cumbre especial el 17 y 18 de mayo entre los líderes de la UE y esos seis aspirantes.
"El proyecto europeo no estará completo sin la integración de los Balcanes", ha advirtido la ministra responsable de la presidencia búlgara, Lilyana Pavlova. Bulgaria insiste en la conveniencia de ayudar a una región europea aún marcada por la inestabilidad política de los nuevos y pequeños Estados surgidos tras la guerra yugoslava.
Después de la integración de Croacia en la Unión Europea el 1 de julio de 2013, es lógico que otros países de la ex Yugoslavia pretendan seguirla. Montenegro (que incluso tiene un acuerdo bilateral con Bulgaria de asistencia técnico-política sobre el tema) y Albania ya son candidatos oficiales, y probablemente pronto habrá una invitación para Serbia y Macedonia.
La economía, la estabilidad de las instituciones y la transparencia democrática siempre han sido y serán unos factores decisivos en el proceso de integración. Por esto, hoy en día, la pregunta sobre el desarrollo de los Balcanes y la región del sureste de Europa está bien presente en la agenda europea ya que los grandes donantes de los presupuestos europeos no olvidan los problemas originados de la integración de países como Polonia, Hungría, Rumanía o la propia Bulgaria. De hecho, cuatro países de la zona están sometidos la política económica de la Unión: Grecia, Bulgaria, Rumania, Croacia.
De esta posible integración, por el momento, se excluyen Bosnia y Herzegovina, que todavía está bajo protectorado europeo, y Kosovo, sin reconocimiento oficial por parte de varios gobiernos, incluidos dos miembros del Consejo de Seguridad (China y Rusia) y cinco miembros de la UE (España, Grecia, Eslovaquia, Chipre y Rumanía). Además el nivel de desempleo en los Balcanes Occidentales es bastante alto en comparación con Bulgaria y Rumanía, con una media conjunta de los cuatro candidatos en torno al 25 %.
Por otra parte, con la desintegración del bloque soviético y la guerra de los Balcanes, los sistemas socioeconómicos se vieron colapsados y el periodo de transición se ha traducido no solo en crecientes desigualdades, sino en una ausencia de legalidad y de gobierno efectivo. Consecuencia de todo ello ha sido en muchos países de la zona el importante papel desempeñado por el dinero negro en la economía. Bulgaria lidera este triste palmarés, con un sector informal que supone el 31% de la economía, seguida muy de cerca por Rumanía y Croacia, cuyo economía sumergida constituye el 28%, y Grecia, con el 24%. El problema radica en preguntarse hasta qué punto la economía sumergida y los canales de tráfico ilegal en el sureste de Europa pueden suponer un peligro para la seguridad de los demás países de la Unión. Por esto, el esfuerzo de los países candidatos en mejorar las estructuras democráticas, la gobernabilidad, la transparencia y el control de los flujos de capital será un factor importante a tener en cuenta en las negociaciones.
'Brexit', Schengen y corrupción
Se espera que bajo la presidencia búlgara comience la fase decisiva de las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, después de los avances constatados a principios de diciembre por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Sofía quiere convertirse en un "coordinador neutral" en este proceso, según indicó el presidente búlgaro, Rumen Radev.
El avance en la economía digital del continente tras el impulso que ha dado a este tema la presidencia saliente de Estonia, así como en la unión bancaria, son otros puntos clave de la agenda búlgara. El país balcánico defenderá además la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC), que se verán afectadas por la pérdida de fondos debido al 'brexit'.
Al mismo tiempo, Bulgaria aspira a entrar durante su presidencia comunitaria en la "antesala" de la zona euro e ingresar en el espacio Schengen, de libre circulación comunitaria, un paso bloqueado hasta ahora por la falta de avances de Bulgaria en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Y es que el país balcánico, considerado el más corrupto de la UE, tardó once años en aprobar su primera ley anticorrupción, adoptada el 20 de diciembre pasado, menos de dos semanas antes de asumir su presidencia de la UE. A diferencia de lo ocurrido en la vecina Rumanía, hasta ahora la Justicia búlgara no ha investigado ni condenado a ningún político por casos de corrupción.
Conectividad aérea
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) pidió un enfoque de política renovado para fortalecer la competitividad de la aviación de Europa en la presidencia búlgara de la UE. Existe una necesidad urgente de planificar estratégicamente la capacidad necesaria para satisfacer la creciente demanda de conectividad global, mejoras ambientales y regulación de los costos de infraestructura.
IATA pronostica una expansión del 6 por ciento de la demanda de viajes aéreos en Europa en 2018. "Operar una línea aérea en Europa es un desafío. Hay altos costos y cargas regulatorias. La capacidad de infraestructura a menudo no es suficiente y los cargos por usar aeropuertos se han duplicado en toda Europa en la última década. El gobierno búlgaro ha puesto la competitividad y la conectividad en el centro de la agenda de su Presidencia de la UE. Esto impulsará una mayor competitividad y prosperidad para las economías europeas, pero solo si los estados miembros individuales de la UE cumplen con la adopción de políticas que promuevan la conectividad aérea ", dijo Rafael Schvartzman, vicepresidente regional de IATA Europa, en el Día de la Aviación de IATA Bulgaria, en Sofía.
Bulgaria ocupa una posición estratégicamente importante como puerta de entrada de Europa a Turquía y, más allá, a Asia. También es un mercado de rápido crecimiento por derecho propio, con un número de pasajeros que se duplicará en los próximos 20 años. Este es un desafío para la gestión del tráfico aéreo del país, y el proveedor búlgaro de servicios de navegación aérea BULATSA.
ENSAYO / Alejandro Palacios Jiménez
De acuerdo al artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los objetivos comunitarios se enmarcan en la promoción de la paz por medio del impulso de la libertad, seguridad y la justicia. Sin embargo, las situaciones de inestabilidad externas pueden hacer mermar la consecución de tales objetivos internos. ¿Será capaz la UE de dar una respuesta eficaz a tales situaciones sin traicionar a los valores que la crearon?
Este artículo trata de exponer los principales esfuerzos mediadores que realiza la Unión Europea como entidad supranacional. Este artículo no pretende, sin embargo, ofrecer un profundo análisis en el tema de la mediación, sino mostrar las principales instituciones que, a nivel europeo, intentan dar una respuesta a los conflictos a través de la mediación como proceso de resolución pacífica de (potenciales) controversias.
La mediación se ha vuelto cada vez más importante en su labor tanto de prevención como de resolución de conflictos en muchos ámbitos. El hecho de que la mediación resulte económicamente más viable que una guerra, y de que ésta permita llegar a situaciones más favorables para ambas partes, ha favorecido su uso para mitigar los conflictos. Consecuentemente, la UE está dándole una mayor importancia a la mediación, siendo la Unión Europea una de las instituciones supranacionales más importantes dedicadas a esta labor.
¿Qué se entiende por mediación? Este es un proceso alternativo de resolución de conflictos, fundamentado en el diálogo, a través del cual las partes implicadas, de manera voluntaria y confidencial, se reúnen con un mediador imparcial que les guiará a la hora de conseguir un acuerdo beneficioso para ambas partes. En resumen, mediar es ayudar a comunicarse. Aun teniendo esto claro, las distintas organizaciones que se dedican a ello difieren en la manera de llevarlo a cabo. En nuestro caso, la Unión aprovecha su carácter normativo y resiliencia para mediar en conflictos que podrían suponer inestabilidad cerca de sus fronteras externas mediante acuerdos, principalmente de carácter económico.
El compromiso de la UE con la mediación quedó plasmado por primera vez en el “Concept on Strengthening EU Mediation and Dialogue Capacities”, elaborado en 2009. Aunque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa modificó su modus operandi, dicho documento sirvió para sentar las bases de los objetivos de la UE en materia de diálogo y cooperación. Por un lado, expandió la definición de mediación incorporando el diálogo y la facilitación y, por otro lado, trató a la mediación como “instrumento de respuesta primaria”, es decir, como un instrumento al cual recurrir en primera instancia. Además, el Concepto hace hincapié en incorporar la mediación como parte integral de la política exterior de la Unión para así desarrollarla de una manera más sistemática, en vez de concentrar estas acciones en meras misiones ad hoc.
El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y en vigor desde 2009, permitió la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) más eficiente, completo y cuasi-independiente, dentro del cual se desarrolló la Política Exterior de Seguridad y Común (PESC), haciendo posible un tratamiento más completo del tema de la resolución pacífica de controversias. De hecho, la PESC supuso una mejora de las capacidades de la UE en relación a, por un lado, los instrumentos diplomáticos y diálogo político, y, por otro lado, de la estrategia contra la proliferación de armas nucleares.
Este compromiso de la UE se plasma también en su implicación a diferentes niveles que difieren según la importancia que la UE otorgue a cada proceso. Existen dos vías de actuación: la primera hace referencia a la asistencia que la UE le brinda a la ONU en su labor particular para la prevención de conflictos. Esto lo hace mediante la aportación de tropas, agentes de policía y observadores internacionales sus operaciones, lo que supone un total de casi 6.000 efectivos, es decir, más del 6% del personal total. La vía alternativa es que la UE en sí misma ejerza de actor en el proceso a través de los Representantes Especiales de la Unión Europea (EUSRs, en inglés), diplomáticos elegidos por la Alta Representante para cumplir con un mandato específico. Un ejemplo de esto son las llamadas “CSDP Missions” relativas a la resolución del conflicto entre Albania y Macedonia, conocido como el acuerdo de Ohrid en 2001; así como en el Acuerdo de Paz de la región Aceh en 2005. En ocasiones es la Alta Representante la que directamente hace de mediadora en los conflictos, tal ha sido y es el caso de las charlas E3+3 con Irán sobre su programa nuclear o el diálogo Belgrado-Pristina.
En materia de actuación, la Unión Europea presenta estrategias tanto a largo como a corto plazo, dando prioridad las primeras.
La acción a largo plazo de la UE se centra en atacar las causas estructurales que impiden la vida pacífica en una región específica. Tales acciones se basan en la premisa de que la mayoría de los conflictos se deben a las diferencias socioeconómicas de las regiones en vías de desarrollo tales como Filipinas, Irak o Georgia. La UE se centra en dar estabilidad y cohesión a la región, principalmente a través de la ayuda comercial. En esta tarea, la Unión facilita el acceso al mercado europeo de los productos provenientes de estas zonas. Un claro ejemplo de esto se ve en el hecho de que la Unión Europea es el principal socio comercial para África.
Además, la Unión Europea, a través de sus delegaciones, realiza planes de cooperación consular para hacer frente a posibles situaciones de crisis, incluidos planes de contingencia, es decir, procedimientos alternativos a la normal operatividad de una institución. Su finalidad es la de permitir funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. En la actualidad, dichos planes están siendo desarrollados en países como Nepal, Gaza, Libia, Lesotho o la India.
Estas acciones requieren un profundo análisis de la región en cuestión mediante la elaboración de una hoja de ruta lo suficientemente flexible que le permita a la UE reaccionar ante un cambio sustancial en las circunstancias que rodean al conflicto (nuevo estallido del conflicto, aumento de la tensión, desastres naturales que acarreen aún más desplazados…) Por ello, no cabe un acercamiento global y uniforme en la mejora de las condiciones estructurales para la prevención de conflictos.
En relación al corto plazo, la UE creó en 2001 el llamado “Mecanismo de Acción Rápida”. Este consiste en apoyar a las víctimas y proporcionar ayuda económica a ONG, organizaciones regionales, agentes públicos, privados y otros actores con experiencia y capacidad de actuación en la zona afectada. Dichas aportaciones se realizan a fondo perdido, es decir, el prestatario no tiene la obligación de devolverle al prestamista, en este caso la UE, el dinero prestado. Además, la Unión realiza, según el Reglamento ECHO aprobado en 1996, misiones de apoyo a las víctimas civiles por causas naturales o acción humana. Así, la UE lleva a cabo labores como ayuda humanitaria en Siria, asistencia médica en África Occidental por el surgimiento del Ébola, suministro de agua o construcción de refugios en la República Centroafricana, entre otras. Todo esto es posible, gracias a los casi 1.000 millones de euros destinados cada año por la Unión Europea a estas tareas.
Ambas acciones están coordinadas por la Comisión, la cual, una vez finalizadas las acciones, evalúa si éstas han contribuido como se esperaba a los objetivos previamente fijados. Todo esto permitirá, a corto plazo, restablecer mínimamente las condiciones de estabilidad en la zona afectada.
Además de todo ello, la Unión ejerce un papel importante en lo que se refiere a la financiación de proyectos de organizaciones ajenas destinadas a la prevención de conflictos. En este sentido, la UE cuenta con dos órganos principales. El primero es el llamado Instrument Contributing to Stability and Peace (IcSP), antiguamente Instrument for Stability (IfS), que actualmente financia más de 200 proyectos en más de 75 países, tarea para la cual cuenta este curso 2014-2020 con 2,3 billones de euros. El segundo es el African Peace Facility (APF), fundado en 2004. Este sistema, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo y que destina anualmente alrededor de 1,9 billones de euros, permite a la Unión proveer al continente africano de fondos para financiar los esfuerzos de la Unión Africana en materia de paz y seguridad.
Por otro lado, cabe destacar las alianzas que la Unión ha establecido con organizaciones independientes pertenecientes al ámbito la sociedad civil. La más importante de todas es la European Peacebuilding Liaison Office (EPLO). Fundada en 2001, su misión es influenciar a los políticos europeos para que tomen una acción más efectiva y eficiente en el ámbito de la mediación. En total, EPLO cuenta con 33 organizaciones asociadas de 13 países europeos (Berghof Foundation, Interpeace…) más los llamados academic friends, que es una red informal de académicos que trabajan en temas relacionados con la resolución pacífica de controversias.
La organización EPLO, gracias a la financiación de las organizaciones miembros y de la Unión, lleva a cabo proyectos paralelos cuyo objetivo es la promoción del diálogo entre políticos europeos y la sociedad civil. Destacan la Red de Diálogo de la Sociedad Civil (CSDN, en inglés) y la Capacidad Civil de la Unión Europea (EU-CIVCAP, en inglés).
En conclusión, el compromiso de la Unión Europea con la mediación se plasma tanto en la acción individual como en el apoyo a esta amalgama de organizaciones dedicadas a la búsqueda de un método alternativo de resolución de controversias. Los múltiples esfuerzos en este sentido reflejan las preocupaciones una sociedad cada vez más comprometida con el desarrollo de políticas pacíficas, en oposición a unas beligerantes que no podrían más que sumir a la humanidad en la violencia, la pobreza, la incertidumbre y el miedo.
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El nuevo programa de cooperación de la UE deberá llevar a una mayor inversión en seguridad y defensa
Tras siete largos años de hibernación, el pasado 11 de diciembre se puso en marcha la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) de la Unión Europea, cuya misión es lograr una mayor convergencia en asuntos de seguridad y defensa. La iniciativa supone un salto hacia adelante en el proceso de integración europea, que viene a superar la etapa de estancamiento y dudas que trajo consigo la última crisis económica y financiera.
▲Soldados llevando la bandera de la Unión Europea frente a las instituciones comunitarias, en 2014 [Parlamento Europeo]
ARTÍCULO / Manuel Lamela Gallego
El mismo año en el que se conmemoraba el 60º aniversario de los Tratados de Roma finalizó con un cierto sentido de reivindicación y reafirmación por parte de la Unión Europea y sus Estados miembros, al conseguir contra todo pronóstico generar inversión y cooperación en las áreas de seguridad y defensa. La puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO por sus siglas en inglés) es la respuesta a la urgente necesidad de inversión en estas dos áreas, necesidad que la UE tiene planteada desde hace décadas y que ni el fracaso en los Balcanes consiguió que fuera afrontada.
Hablamos de reafirmación frente a la evidente crisis que ha sufrido la Unión Europea en estos últimos años, en los que ha visto cómo se generaban dudas acerca de su propia continuidad. Pese a esta delicada situación, la UE ha actuado con una admirable flexibilidad y se ha planteado su propio rol en el escenario mundial con el objetivo poder seguir marcando una diferencia positiva en el mundo. En este contexto de reflexión y cambio es dónde debemos enmarcar la puesta en marcha de PESCO.
A esta reciente pérdida de credibilidad hay que sumarle la colección de “fracasos” que acumula la UE a la hora de generar una estrategia común de defensa. Las palabras de Javier Solana en 2003 al reconocer el fracaso y la fractura de la Unión en la gestión de la crisis de Irak generaron una sombra de impotencia e ineptitud que la UE no ha conseguido desprenderse hasta el momento. La aplicación de PESCO supone un gran destello de luz en la acción europea de cara al exterior, ya que pone de manifiesto la unidad dentro del proyecto europeo en un área tan delicada como es la seguridad y la defensa.
De esta manera y cumpliendo con lo que se establece en la Tratado de Lisboa, el pasado 13 de noviembre y tras varios meses de insistencia por parte del Consejo Europeo, 23 Estados miembros firmaron una notificación que supone el primer paso para la puesta en marcha de la Cooperación Estructurada Permanente. Este momento es declarado como “histórico” por parte de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. Sin ninguna duda nos encontramos ante un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Europea, pues tras varias décadas se consigue romper con la tendencia que reducía la cooperación europea al ámbito de la integración económica. PESCO aspira a sentar la base desde la cual, con proyectos verdaderamente vinculantes, se puedan generar estrategias comunes y compartidas que poco a poco vayan configurando a la nueva Europa de la seguridad y la defensa. En su medida, la Cooperación Estructurada Permanente se posiciona como en lo que su día fue la Comisión de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), cuya dimensión decisoria constituyó uno de los pilares para la expansión del supranacionalismo europeo hacia otras áreas más ambiciosas.
Base legal
La base legal de PESCO la encontramos en los Artículos 42(6) y 46, junto con el Protocolo número 10, del Tratado de Lisboa (2009).
Artículo 42(6): “Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en la materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión. Esta cooperación se regirá por el artículo 46 y no afectará a lo dispuesto en el artículo 43”.
Si algo se debe destacar de la Cooperación Estructurada Permanente es su naturaleza vinculante, por lo que los Estados se verán verdaderamente obligados a cumplir sus compromisos, como podemos observar en el Artículo 46(4): “Si un Estado miembro participante ya no cumple los criterios o ya no puede asumir los compromisos contemplados en los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la cooperación estructurada permanente, el Consejo podrá adoptar una decisión por la que se suspenda la participación de dicho Estado”.
La nula influencia que PESCO posee sobre la soberanía estatal es una de sus características fundamentales. Esto se ve claramente reflejado en los artículos 46(5) y 46(6) del Tratado de Lisboa. El primero clarifica los pasos que deberá seguir un Estado miembro para abandonar el proyecto: solamente será necesario que notifique al Consejo su abandono. El segundo trata de la toma de decisiones dentro de la Cooperación Estructurada Permanente: se tomarán de forma unánime, en una unanimidad constituida por los votos de los representantes de todos los Estados miembros que participen en PESCO.
Gasto del 2%
El 11 de diciembre el Consejo Europeo decidió finalmente poner en marcha PESCO, iniciativa a la que se sumaron Irlanda y Portugal, elevando el número de integrantes a 25 países. De esta manera se adoptaron los primeros 17 proyectos en los que los Estados participantes se comprometen a cooperar y que se adoptarán formalmente por el Consejo en 2018. Estos proyectos abarcarán diversos ámbitos dentro de la seguridad y la defensa europea, como pueden ser la formación de tropas o la estandarización y facilitación del transporte militar transfronterizo (este último altamente demandado por parte de la OTAN en los últimos años). Aparte de esta lista de proyectos cabe destacar el compromiso de los Estados de aumentar de forma constante y continuada los presupuestos de defensa en términos reales. Tras varios años de recesión económica y financiera en la mayoría de Estados europeos, los gastos en defensa no alcanzan el 2% del PIB acordado en la cumbre de la OTAN de Gales de 2014. Esta es sin duda una de las tareas más importantes que PESCO ha de cumplir para poder continuar con un desarrollo estable.
La iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente la tuvieron Francia, Alemania, España e Italia, lo que confirma el funcionamiento de la Europa de las dos velocidades, aunque finalmente al proyecto se ha sumado prácticamente la Unión en su conjunto, con las únicas ausencias de Malta, Dinamarca (que no participa en la defensa europea) y obviamente Reino Unido, que tiene pensada su salida para marzo de 2019. Habrá que ver si esta alta participación no pone en riesgo la ambición inicial del proyecto. Aunque la propia naturaleza de PESCO facilita la convivencia de las dos Europas siempre que se cumplan con los compromisos mínimos.
La fricción que PESCO y la OTAN puedan tener o la futura posición que Reino Unido detentará en la defensa europea tras su salida de la UE, son otros de los interrogantes que PESCO genera. Solo su puesta en marcha despejará esas incertidumbres. Dejando de lado estas dudas por un momento, lo que sí se puede afirmar es que la Cooperación Estructurada Permanente abre un amplio horizonte y que está exclusivamente en manos de los ciudadanos europeos poder aprovecharlo.
Como afirma el actual ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno le Maire: “Europa no es una certeza, es un combate”.
Bibliografía
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[Mai’a K. Davis Cross, The Politics of Crisis in Europe. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2017. 248 páginas]
RESEÑA / Mª Teresa La Porte [Versión en inglés]
La principal tesis de la extensa investigación que presenta esta obra se condensa en una de sus últimas conclusiones: ‘Indeed, what the crisis over Iraq, the constitution, and the Eurozone have revealed is that even in the face of extreme adversity, and even when the easy route of freezing or rolling back integration is on the table before them, Europeans routinely choose more Europe, not less’ (p. 235). La autora justifica esta afirmación arguyendo que la percepción de crisis existencial (existential crisis) que periódicamente azota a la Unión Europea es un constructo social (social construct), iniciado y orquestado por los medios de comunicación y los líderes de opinión pública (public opinión shapers) que controlan la elaboración de las narrativas y determinan la percepción pública de los hechos. La cobertura mediática amplifica un problema, que si bien es innegable, no cuestiona la existencia de la Unión Europea. Esa visión negativa provoca en la ciudadanía lo que Cross denomina ‘integrational panic’, generando un sentimiento de catástrofe que se multiplica a través de los discursos políticos. La ausencia de ‘crisis real’ vendría demostrada por el hecho de que, tras estas aparentes catástrofes, se produce un avance constatable en integración europea y un renovado deseo de encontrar un consenso.
El libro presenta el análisis de tres ‘crisis’ recientes por las que ha atravesado la Unión Europea: la disputa en relación con la participación en la guerra de Irak (2003), el debate en torno a la Constitución Europea (2005) y la crisis económica de la euro zona (2010-12). Cada uno de los casos comprende un estudio cualitativo y cuantitativo del contenido de medios líderes internacionales, un examen de la reacción de la opinión pública y un seguimiento de la toma de decisiones políticas. A pesar de la diferencia entre los casos de estudio, la autora encuentra un patrón común a todos ellos que permite el estudio comparativo y que se desarrolla de la siguiente manera: surgimiento del conflicto que provoca el debate, reacción negativa de los instigadores sociales elaborando narrativas alarmantes, percepción de crisis existencial por parte de la ciudadanía, estado de ‘catarsis’ (catharsis) en la que se relajan las tensiones y se produce una reflexión serena sobre los acontecimientos, y, por último, la fase de resolución en la que se adoptan medidas políticas que refuerzan la integración europea (Estrategia de Seguridad Europea, 2003 (European Security Strategy); Tratado de Lisboa, 2009 (Lisbon Treaty); Pacto Fiscal Europeo, 2012 (Fiscal Compact)).
La Unión Europea se entiende como un proyecto en vías de desarrollo: ‘a work in progress, a project that is perennially in the middle of its evolution, with no clearly defined end goal’ (p.2). Las desavenencias entre los estados miembros, en relación con la política exterior o con el grado de integración, son propias de una iniciativa ambiciosa, que está en plena proceso de maduración y que avanza contando siempre con el parecer de todos y cada uno de sus miembros. Sin embargo, el estudio no minusvalora las dificultades reales por las que atraviesa la institución comunitaria y están presentes a lo largo de toda la investigación.
Resulta especialmente interesante el detenido seguimiento de las dinámicas sociales que genera la interpretación de las ‘crisis de existencia’ de la Unión Europea. Los procesos de elaboración de las narrativas por los medios de comunicación, el efecto multiplicador a través de los discursos de actores políticos y expertos, y la reacción de la opinión pública europea y global aportan un conocimiento sobre el impacto político del comportamiento social que debe tener mayor consideración en la disciplina de relaciones internacionales. El estudio destina una especial atención a la resolución de la crisis y al fenómeno de ‘catarsis’ que se produce como consecuencia de la reflexión política. Esta etapa comenzaría cuando se amplían las opciones y se empiezan a valorar diferentes soluciones, las élites políticas recuperan su poder de decisión y se inicia la consideración de potenciales oportunidades de generar consenso y avanzar en la integración. Como la autora remarca, la catarsis no elimina las tensiones, pero permite un debate abierto que concluye con una propuesta positiva.
Es también una contribución positiva la revisión científica del concepto de ‘crisis’ en las principales perspectivas intelectuales de la materia: la visión sistémica, la conductual o del comportamiento y la visión sociológica. Basándose en la producción anterior, la autora aporta un nuevo concepto ‘integrational panic’ que define como ‘a social overreaction to a perceived problem’.
La crítica procedente del ámbito académico, aunque no deja de subrayar el interés del enfoque del trabajo, considera insuficiente el análisis político de cada uno de los conflictos analizados y afirma que el libro no refleja bien la complejidad de los problemas a los que se enfrenta Europa. En concreto, se cuestiona si la crisis del Brexit y el surgimiento de los partidos euroescépticos no desmantelan la argumentación expuesta en estas páginas. La autora incluye un breve comentario sobre ambas cuestiones (el referéndum británico coincide con la publicación del libro) arguyendo que ambos problemas responden a un conflicto de política nacional y no europeo, pero la crítica lo considera incompleto.
En cualquier caso, la relevancia del trabajo está justificada por varios motivos. En primer lugar, su novedad: aunque las crisis por las que ha atravesado la Unión Europea han sido estudiadas con anterioridad, son muy pocos los trabajos que lo han hecho de forma comparada y concluyendo comportamientos comunes. En segundo lugar, y aunque sea una tesis discutible, el análisis del efecto de los medios de comunicación y de los líderes de opinión pública en la crisis existenciales de la UE contribuye a una valoración política del fenómeno más certera y realista. Por último, la investigación favorece una mejor gestión de estos periodos de turbulencia, permitiendo reducir los efectos desgastantes de un constante debate sobre la pervivencia de la institución dentro y fuera de Europa.
ENSAYO / Andrea Pavón-Guinea [Versión en inglés]
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Introducción
La combinación de ataques terroristas en suelo europeo, el surgimiento del Estado Islámico, la guerra civil siria y la crisis de los refugiados han puesto de manifiesto la importancia del diálogo intercultural entre la Unión Europea y el mundo islámico. En este contexto de guerra asimétrica y retos no tradicionales de seguridad, la Unión Europea está centrando sus recursos en iniciativas de la sociedad civil basadas en poder blando que puedan contribuir a la prevención de la radicalización. Mediante la creación de la Fundación Anna Lindh para el desarrollo intercultural, la Unión Europea dispone de un instrumento sin igual para acercar a las sociedades civiles de ambas orillas del Mediterráneo y contribuir a la mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas.
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Las relaciones Euro-Mediterráneas y el diálogo intercultural
Las relaciones entre la Unión Europea y el Mediterráneo Sur empezaron[1] a ser reguladas formalmente con la creación del Proceso de Barcelona en 1995[2].
La Declaración de Barcelona daría lugar a la creación de la Asociación Euro-Mediterránea; un foro de relaciones multilaterales que, ‘basadas en un espíritu de asociación’, pretende convertir la cuenca mediterránea en un ‘área de diálogo, intercambio y cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad’. El Proceso de Barcelona traería así a colación uno de los principios fundadores de la Unión Europea, aquel que llama a alcanzar los objetivos comunes mediante un espíritu de corresponsabilidad (Suzan, 2002). La Declaración persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, la creación de un área común de paz y estabilidad a través del refuerzo de la seguridad y del diálogo político (sería la llamada ‘cesta política’); en segundo lugar, la construcción de una zona de prosperidad compartida a través de la asociación económica y financiera (‘cesta económica y financiera’); y, en tercer lugar, la promoción del entendimiento entre las cultures a través de las redes de la sociedad civil: el llamado diálogo intercultural (cesta de ‘asuntos sociales, culturales y humanos’).
Más de veinte años después de la Declaración, los reclamos de la política actual en el Mediterráneo Sur subrayan la importancia del desarrollo del diálogo intercultural para la seguridad europea. Aunque los políticos europeos rechazaran la tesis del choque de civilizaciones de Huntington cuando ésta fue articulada por primera vez, se convertiría, sin embargo, en un escenario a considerar después de los ataques del once de septiembre: un escenario, sin embargo, que podría evitarse mediante la cooperación en el ámbito de la ‘tercera cesta’ de la Asociación Euro-Mediterránea, es decir, a través del diálogo reforzado y la cooperación cultural (Gillespie, 2004).
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Luchando contra la radicalización a través del diálogo intercultural: La Fundación Anna Lindh
Así pues, haciendo hincapié en que el diálogo entre culturas, civilizaciones y religiones en toda la región Euro-Mediterránea es más necesario que nunca para promover el entendimiento mutuo, los socios Euro-Mediterráneos acordaron durante la quinta conferencia Euro-Mediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores, en Valencia en 2002, establecer una fundación cuyo objetivo fuese el desarrollo del diálogo intercultural. De esta manera nace la Fundación Anna Lindh para el Diálogo entre Cultures que, con sede en Alejandría, comenzaría a funcionar en el año 2005.
Cabe destacar que Anna Lindh es única en su representación y configuración, pues reúne a todos los socios Euro-Mediterráneos en la promoción del diálogo intercultural, que es su único objetivo. Para ello, se basa en la coordinación de una red regional de más de 4.000 organizaciones de la sociedad civil, tanto europeas, como mediterráneas.
A pesar de que lleve en funcionamiento ya más de diez años, su trabajo se centra en la actualidad en el desarrollo del diálogo intercultural con el fin de prevenir la radicalización. Este énfasis ha sido continuamente puesto de manifiesto en los últimos años, por ejemplo, en el Foro Mediterráneo de la Fundación Anna Lindh, celebrado en Malta en octubre de 2016, su mandato en el diálogo intercultural contenido en la nueva Política Europea de Vecindad (18.11.2015) y en la estrategia de la Alta Representante Mogherini para la promoción de la cultura en las relaciones internacionales.
Sin embargo, han sido los recientes ataques terroristas en Europa los que han resaltado la necesidad urgente de abordar el fenómeno de la radicalización[3], que, en última instancia, puede llegar a conducir al extremismo violento y al terrorismo. En este sentido, la prevención de la radicalización[4] es una pieza clave en la lucha contra el terrorismo, tal y como ha sido puesto de manifiesto en la Agenda Europea de Seguridad en 2015[5]. Esto es así porque la mayoría de los terroristas sospechosos de haber atentado en suelo europeo son ciudadanos europeos, nacidos y creados en estados miembros de la Unión Europea, donde han experimentado procesos de radicalización que culminarían en actos de violencia terrorista. Este hecho evidencia ‘la dimensión transnacional del terrorismo islamista’ (Kaunert y Léonard, 2011: 287), así como la naturaleza cambiante de la amenaza, cuyos motores son diferentes y más complejos que previos procesos de radicalización: ‘La radicalización de hoy tiene diferentes fundamentos, opera sobre la base de diferentes técnicas de reclutamiento y comunicación y está marcada por objetivos globalizados y móviles dentro y fuera de Europa, creciendo en diversos contextos urbanos’[6]. El siguiente mapa muestra el número de arrestos por sospecha de terrorismo yihadista en Europa en 2016.
Fuente: Europol (2016) |
En consecuencia, la Fundación Anna Lindh puede entenderse como una respuesta alternativa y no conflictiva al discurso del choque de civilizaciones y la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos (Malmvig, 2007). Su objetivo principal que es el de crear ‘un espacio de prosperidad, convivencia y paz’ mediante ‘la restauración de la confianza en el diálogo y la reducción de los estereotipos’ se basa en la importancia otorgada por la Unión Europea al desarrollo del diálogo intercultural entre civilizaciones como elemento crucial de cualquier programa político y estratégico dirigido a los países mediterráneos vecinos (Rosenthal, 2007). Dicho de otro modo, la creación de un área de diálogo, cooperación e intercambio en el sur del Mediterráneo es una prioridad clave de la política exterior de la Unión Europea. Además, con la creación de la Fundación Anna Lindh, la Unión Europea está reconociendo que para que la Asociación Euro-Mediterránea funcione, el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil, y no solo entre las elites políticas, es esencial.
Así pues, Anna Lindh, como organización basada en red de redes de la sociedad civil, se vuelve instrumento crucial para abordar la prevención de la radicalización. En esta línea, el grupo de trabajo de implementación de la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas[7] ha argumentado que el Estado por sí solo no cuenta con los recursos necesarios para luchar contra la radicalización terrorista, y, por lo tanto, necesita cooperar con socios de otra naturaleza para llevar a cabo esta tarea. La involucración de la sociedad civil y las comunidades locales serviría así para aumentar la confianza y la cohesión social, llegando incluso a ser un medio para llegar a ciertos segmentos de la sociedad con los que los gobiernos tendrían dificultades para interactuar. La naturaleza de los actores locales, tal y como ha resaltado la Unión Europea mediante la creación de la Fundación Anna Lindh, sería la más acertada para prevenir y detectar la radicalización tanto a corto como a largo plazo[8].
Conclusión
De esta forma, el diálogo intercultural constituye una herramienta para abordar el fenómeno de la radicalización en la región del Mediterráneo Sur, donde los legados de un pasado colonial exigen que ‘se encuentren interlocutores más creíbles entre las organizaciones no gubernamentales’ (Riordan, 2005: 182). Con el objetivo de prevenir la radicalización terrorista dentro y fuera de Europa, y asumiendo que prácticas basadas en el diálogo y la mutualidad pueden ofrecer un marco adecuado para el desarrollo y mejora de las relaciones Euro-Mediterráneas, la Unión Europea debería avanzar hacia asociaciones reales dirigidas hacia el fomento de la confianza entre las personas y rechazar cualquier programa de acción unilateral que suponga una reproducción del discurso del choque de civilizaciones (Amirah y Behr, 2013: 5).
[1] Previamente a la Declaración de Barcelona se intentó regular la cooperación Euro-Mediterránea mediante el Diálogo Euro-Árabe (1973-1989); sin embargo, aunque concebido como un foro de diálogo entre la entonces Comunidad Económica Europea y la Liga Árabe, las tensiones de la Guerra del Golfo terminarían frustrando su trabajo (Khader, 2015).
[2] La Asociación Euro-Mediterránea se complementaría con la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2004. Basada en la política europea de ampliación, su lógica subyacente es la misma: “Intentar exportar las normas y valores de la Unión Europea a sus vecinos” (Gsthöl, 2016: 3). En respuesta a los conflictos en las regiones del Mediterráneo Sur, el aumento del extremismo y el terrorismo y la crisis de los refugiados en Europa, la PEV ha sufrido dos importantes revisiones, una en 2011 y otra en 2015, perfilando un enfoque más diferenciado entre los países de la PEV para conseguir una mayor estabilización de la zona. La PEV se basa en un bilateralismo diferencial (Del Sarto y Schumacher, 2005) y abandona la prevalencia del principio multilateral y regional inherente al Proceso de Barcelona.
[3] Aunque se pueden diferenciar varios tipos de extremismo político, esta nota se centra en el extremismo islamista y el terrorismo yihadista, pues es el extremismo suní el que ha sido responsable del mayor número de ataques terroristas en el mundo (Schmid, 2013). Cabe destacar también en este aspecto que aún no existe una definición universalmente válida del concepto de ‘radicalización’ (Veldhuis y Staun 2009).
[4] Since 2004, the term ‘radicalization’ has become central to terrorism studies and counter-terrorism policy-making in order to analyze ‘homegrown’ Islamist political violence (Kundnani, 2012).
[5] The European Agenda on Security, COM (2015) 185 of 28 April 2015.
[6] The prevention of radicalization leading to violent extremism, COM (2016) 379 of 14 June 2016
[7] First Report of the Working Group on Radicalization and Extremism that Lead to Terrorism: Inventory of State Programmes (2006)
[8] The prevention of radicalization leading to violent extremism, COM (2016) 379 of 14 June 2016
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ENSAYO / Marianna McMillan [Versión en inglés]
I. Introducción
El 31 de marzo de 2016, la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, presentó la nueva plataforma de diplomacia cultural, cuyo objetivo es realzar la visibilidad y el entendimiento hacia la Unión a través del diálogo intercultural. El hecho de que todos los actores influyentes se comprometan con esta plataforma (desde una perspectiva vertical, de abajo a arriba), hace que debamos reconsiderar tres factores de la UE: (1) el contexto en el que opera; (2) las limitaciones internas que tiene que abordar, y (3) la política exterior a la que se aspira. Sin embargo, la UE quiere dar una sola imagen cultural, con una voz única y coherente con sus políticas; por eso, en primer, la UE lugar debe defender su lema “unidad en la diversidad”. Este lema significa la integración de las culturas nacionales en otros países, sin que esta integración haga peligrar las diferentes identidades nacionales de los estados miembros. Por consiguiente, en su estatus de actor internacional y de organización regional, la UE tiene una carencia en lo que respecta al diálogo intercultural y la negociación entre identidades (Servicio de Acción Exterior Europeo, 2017). Por ello, debe esforzarse tanto en uno como en el otro (diálogo intercultural y la negociación entre identidades) para hacer frente a las amenazas a la seguridad europea como son el terrorismo, la ciber-inseguridad, la inseguridad energética o la ambigüedad de identidad.
El objetivo de este análisis es, por una parte, comprender la importancia de la cultura como instrumento de poder blando, y por otra parte, reflexionar sobre la influencia de la cultura como fundamento teórico de la nueva plataforma cultural europea.
II. Unidad en la diversidad mediante la Nueva Plataforma de Diplomacia Cultural
Si la Unión Europea aspira a ser un orden liberal fundamentado en la cooperación, entonces ¿hasta qué punto la UE puede ser mundialmente influyente? Lo que es innegable es que carece de una única voz y de una política exterior común coherente.
El hecho de que la UE carezca de una única voz es resultado del trascurso de la integración a lo largo de la historia, una integración que ha estado basado más basada en la diversidad y no tanto en la igualdad. Por otra parte, la afirmación sobre la incoherencia de la política exterior común hace referencia a todos aquellos casos en los que ante un problema de coordinación, prima lo que se pactó en el tratado de Maastricht 1992 (Banús, 2015: 103-105 y Art. 6, TFUE): las competencias pueden ser de los estados miembros, de la UE o puede que sean competencias compartidas
Como consecuencia de la aceleración de globalización, el aumento de amenazas de seguridad no tradicionales (terrorismo internacional, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, las ciberamenazas o el cambio climático) la idea de una política exterior común entre los estados miembros y la UE queda desafiada. Tales amenazas no solo exigen un nuevo paradigma de seguridad, sino también un nuevo paradigma de coexistencia. Este cambio de paradigmas permitiría a la UE tener una mayor capacidad para reducir la radicalización y para dirigir la coexistencia hacia las necesidades de las sociedades civiles (véase European Comission, 2016). A modo de ilustración sobre el nuevo paradigma, podemos nombrar la promoción de narrativas de un patrimonio cultural compartido que ayuda al proceso regional de integración. Sin embargo, al mismo tiempo que se implementan iniciativas como la anterior, crece el escepticismo hacia los inmigrantes y se fomentan narrativas contrarias con la narrativa comunitaria proyectada por la UE. Estas limitaciones institucionales y estructurales –diversidad y competencias compartidas– reflejan las dinámicas del panorama cultural y sus consecuencias imprevistas en el seno UE. Dan además una visión del proyecto europeo como un proceso de integración (unidad en diversidad) y la identidad europea como una voz única. Por lo tanto, la UE en su condición de actor internacional y de organización regional, basada en unidad en diversidad, tiene una necesidad de establecer un diálogo intercultural y una negociación de identidades compartidas desde el seno de su organización (EEAS, 2017). Esto serviría no solo para establecer condiciones favorables a las políticas de Bruselas, sino también como un instrumento o medio para la UE a contrarrestar las amenazas no tradicionales y externas, como terrorismo, narrativas populistas, ciberamenazas, inseguridad energética y ambigüedad de identidad.
Respecto a la dificultad para distinguir las limitaciones internas y amenazas externas, Federica Mogherini estableció la Nueva Plataforma de Diplomacia Cultural (NPC) en 2016.
Con el objetivo de aclarar la terminología utilizada previamente, ‘diplomacia cultural’ es entendida como “equilibrio de poder” según el enfoque realista y como un “equilibrio reflexivo” desde un enfoque conceptual (Triandafyllidou y Szucs, 2017). Por un lado, el enfoque realista entiende diplomacia cultural como un tipo de diálogo que sirve para avanzar y proteger los intereses nacionales en el extranjero (por ejemplo, eventos culturales europeos conjuntos o programas bilaterales, como festivales de cine, el apoyo al fortalecimiento del sector cultural de Túnez, la creación de casas europeas culturales, el programa de Cultura y Creatividad, Comunicación y Cultura para el desarrollo en el la región del Mediterráneo sur, y la NPC). Por otro lado, el enfoque conceptual, más reflexivo, entiende la diplomacia cultural como una política en sí misma. Se fomenta el potencial de las sinergias de la cultura para un desarrollo social y económico sostenible mediante los individuos (por ejemplo, intercambios culturales como Erasmus Plus, el Instrumento de Desarrollo y Cooperación y sus subprogramas, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos –EIDHR por sus siglas en inglés–, el ENI Cross Border Cooperation y la Civil Society Facility). La aplicación de la diplomacia cultural a la UE busca tener una visibilidad y una influencia mundial, y por otro lado, busca promocionar el crecimiento económico y la cohesión social a través de las sociedades civiles (Trobbiani, 2017: 3-5).
A pesar de ser financiado por el Partnership Instrument (PI), que tiene como objetivo fomentar la visibilidad y el entendimiento de la UE, la NPC es un balance entre el enfoque realista y el enfoque conceptual de diplomacia cultural (Europea Comission, 2016b). En consecuencia, es una estrategia de resiliencia que responde a una nueva realidad (la resiliencia se entiende en términos de inclusividad, prosperidad y seguridad de la sociedad). En esta realidad han surgido amenazas de seguridad no tradicionales y en la que ha habido un cambio en la posición de los ciudadanos, que han pasado de ser observadores independientes, a ser participantes activos que exigen un diálogo constructivo que involucre a todas las partes interesadas: gobiernos nacionales, organizaciones internacionales y sociedades civiles (Higgot, 2017:6-8 y EU, 2016).
La Estrategia Global de 2016 busca el pluralismo, la convivencia y el respeto por "profundizar en el trabajo en la educación, la cultura y la juventud" (EU, 2016). En otras palabras, la plataforma invierte en estructuras creativas, tales como grupos de expertos, institutos culturales o artistas locales, para conservar una identidad cultural, avanzar en la prosperidad económica y realzar el poder blando.
Al buscar el entendimiento y la visibilidad mundial, se ve cómo ha crecido el interés de la UE en las relaciones culturales internacionales (ICR) y la diplomacia cultural (CD). Esto, a su vez, refleja la necesidad interna de la UE de tener una voz única y una política exterior común. Este esfuerzo demuestra el rol fundamental de la cultura en el poder blando, creando así una conexión entre la cultura y el poder exterior. Quizá la pregunta más apropiada sea: ¿hasta qué punto puede la NCP de Mogherini convertir la cultura en una herramienta de poder blando? ¿Y son las estrategias –ICR y NCP– una comunicación y un modelo de coordinación efectivo ante las amenazas de seguridad internas y externas, o va inevitablemente a socavar su narrativa de unidad en la diversidad?
III. Cultura y Poder Blando
El cambio en el concepto de seguridad exige revisitar el concepto de poder blando. En este caso, la diplomacia cultural debe entenderse en términos de poder blando, y poder blando debe entenderse en términos de capacidad de atracción e influencia. El poder blando, de acuerdo con la noción de persuasión de Joseph Nye, surge de "recursos de poder intangibles": "como la cultura, la ideología y las instituciones" (Nye, 1992:150-170).
La UE como producto de los diálogos culturales es un poder civil, un poder normativo y un poder blando. El poder de persuasión de la UE depende de su legitimidad y credibilidad en sus instituciones (EU, 2016a y Michalski, 2005:124-141). Por esta razón, la coherencia entre la identidad que la UE desea mostrar y las prácticas que va a seguir, es fundamental para la proyección de sí misma como un actor internacional creíble. Esta coherencia será necesaria si la UE quiere cumplir su objetivo de "reforzar la unidad en la diversidad". En caso contrario, sus valores liberales se contradirían y se solidificarían los prejuicios populistas contra la UE. Por lo tanto, la legitimidad interna y la credibilidad como fuentes de poder blando dependen en última instancia de la consistencia entre la identidad narrativa de la UE y los valores democráticos que se reflejan en sus prácticas (UE, 2016).
La diplomacia cultural responde a la incoherencia exigiendo reflexión, por un lado, y mejorando esa identidad, por otro. Por ejemplo, la optimización de la imagen de Europa a través del programa de comunicación Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) ayudan a promover intereses geopolíticos específicos, creando condiciones más duraderas para la cooperación con países como Argelia, Libia y Siria, al sur; y Georgia, Moldavia y Ucrania, al este. Esto es relevante en relación a lo que Nye acuñó como poder blando o "co-optive Power": "la capacidad de un país para manejar una situación de manera que otros países desarrollen unas determinadas preferencias o definan sus intereses de acuerdo con los suyos" (Nye, 1990:168). El poder blando aplicado a la cultura puede funcionar indirecta o directamente. Funciona indirectamente cuando es independiente del control del gobierno (por ejemplo, la cultura popular) y directamente a través de la diplomacia cultural (por ejemplo, la NCP). Los actores de la política exterior pueden actuar como defensores de la cultura doméstica, tanto conscientemente (por ejemplo, los políticos) como inconscientemente (por ejemplo, los artistas locales). Al hacerlo sirven como agentes para otros países o canales de poder blando.
IV. Cultura y política exterior
Considerando el poder blando como un surgimiento de la cultura, de los valores y de las políticas nacionales, podemos afirmar que la cultura es a la vez una fundamentación y un recurso de la política exterior (Liland, 1993:8). La política exterior a su vez, opera dentro del marco cultural de cualquier sociedad que interactúe en el plano internacional. Por lo tanto, es necesario un contexto cultural europeo capaz de influir mundialmente (como por ejemplo, la diferencia en las negociaciones de adhesión entre Croacia y Turquía y el atractivo de la integración económica o la capacidad de ajustar las políticas de derechos humanos). La cultura es a su vez un recurso, ya que el intercambio cultural dota de poder a la UE. Esta nueva capacidad de la UE le permite conocer nuevas actitudes, sentimientos e imágenes populares que son capaces de influir en la política exterior, la política doméstica y la vida social. (Liland, 1993:9-14 y Walt, 1998). Otra función a destacar de la cultura es la de difusión de información y su capacidad para obtener opiniones favorables en la nación extranjera (Liland, 1993:12-13).
Por lo tanto, la diplomacia cultural se encuentra a la vanguardia de la política exterior europea; en cambio, esto no significa que el uso de la cultura pueda sustituir los objetivos tradicionales de política exterior –geografía, poder, seguridad, política y económica–, sino que el uso de la cultura sirve para apoyarlos y legitimarlos. En otras palabras, la cultura no es el agente principal en el proceso de la política exterior, sino que es la fundamentación que refuerza, contradice o explica su contenido –así, el idealismo de Wilson en la década de 1920 se puede vincular a una cultura doméstica del "destino manifiesto" (Liland, 1993 y Kim, 2011:6).
V. Conclusiones
El propósito de este artículo ha sido resaltar la importancia de la cultura en relación al poder blando y la política exterior, como fundamentación teórica para entender la lógica de la nueva plataforma de Diplomacia Cultural de la UE. Identificando el papel de la cultura como una parte fundamental en la cohesión social dentro de la UE, podemos concluir que la cultura ha hecho de la UE un actor mundial con más capacidad de influencia. La cultura, así mismo, ha sido identificada como fuente del poder blando y como un instrumento de la política exterior. Pero las fuentes del poder blando –cultura, valores políticos y política exterior– dependen de tres factores: (1) un contexto favorable; (2) credibilidad en los valores y la práctica, y (3) la percepción de legitimidad y autoridad moral (ver Nye, 2006). La UE tiene que legitimarse primero como un actor coherente con autoridad moral, a fin de poder tratar con eficacia su crisis existencial (European Union, 2016a:9 y Tuomioja, 2009).
Para hacerlo, la UE debe superar sus límites institucionales y estructurales al enfrentar colectivamente sus amenazas exteriores de seguridad externas no tradicionales. Esto requiere de una estrategia de resistencia en la que la UE no se identifique como una amenaza a la identidad nacional, sino como una entidad cultural, económica y legislativa.
En este artículo se han tratado diversos temas relacionados con la cultura, el poder blando, la política exterior de la UE y su dinámica interna; sin embargo, no se ha analizado en profundidad el impacto de un "sistema cultural uniforme" y cómo la política exterior puede influir en la cultura de una sociedad. La cultura no es un fin en sí mismo, ni lo son los diálogos interculturales y el desarrollo de la diplomacia cultural.
La Unión debe evitar el riesgo de evolucionar hacia una estructura burocrática deshumanizadora que favorezca a una cultura estándar para contrarrestar sus limitaciones internas y las amenazas externas no tradicionales de seguridad. Según Vaclav Havel, la UE puede evitar este fenómeno si apoya a las instituciones culturales que trabajan por la pluralidad y la libertad de cultura. Estas instituciones son fundamentales para preservar la identidad nacional y las tradiciones de cada nación. En otras palabras, la cultura debe ser subvencionada para adaptarse mejor a su pluralidad y libertad como es el caso de los patrimonios nacionales, bibliotecas, museos y archivos públicos – o los testigos de nuestro pasado (Havel, 1992).
Como broche final y a modo de reflexión histórica, la diplomacia cultural promueve narrativas compartidas sobre las identidades culturales. Hacer lo contrario no sólo solidificaría la retórica populista y los prejuicios internos contra la Unión, sino que además haría endémico el totalitarismo cultural, o peor aún, el relativismo cultural. Aspirar a un "sistema de cultura uniforme" a través de una narrativa europea acordada, sería negociar el pluralismo y la libertad y, consecuentemente, contradecir en primer lugar la naturaleza de la cultura y, en segundo lugar, los valores liberales en los que se fundó la Unión.
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ENSAYO / Celia Olivar Gil [Versión en inglés]
El contexto global continúa planteando nuevos retos a la acción colectiva europea en materia de desarrollo, siendo el más importante de ellos las migraciones procedentes del Mediterráneo Sur y la dificultad para articular una reacción conjunta bien articulada. Consciente de la urgencia de la situación, la Unión Europea está intentando ofrecer una nueva y ambiciosa respuesta bajo la forma del Nuevo Consenso sobre Desarrollo (de ahora en adelante ‘Consenso’) que coincide también con la revisión de los Objetivos del Milenio realizado por Naciones Unidas.
El Consenso es un ‘marco de actuación’ para favorecer la integración y coherencia de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea y sus estados miembros. Este marco de actuación exige adoptar aquellos cambios necesarios para que tanto la legislación comunitaria como las nacionales cumplan con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propuesta por Naciones Unidas y con el acuerdo de París sobre el cambio climático.
El Consenso mantiene como objetivo principal la erradicación de la pobreza, pero incluye una visión novedosa, al proponer que la pobreza se aborde desde una triple perspectiva económica, social y medioambiental. Además de la erradicación de la pobreza, el Consenso quiere cumplir con la Agenda 2030, para ello articula sus cinco pilares que son: población, planeta, prosperidad, paz y cooperación. A esta articulación, el Consenso suma algunos elementos novedosos y transversales, que son: énfasis en la juventud (suplir las necesidades básicas de los jóvenes como el empleo); igualdad de género; buena gobernanza (conseguir un Estado de Derecho que garantice los derechos humanos, fomentar la creación de instituciones transparentes, la toma de decisiones participativa y los tribunales independientes e imparciales); movilización y migración; energía sostenible y cambió climático; Inversión y comercio; compromiso innovador con los países en desarrollo más avanzados (creación de nuevas asociaciones con estos países para aplicar la Agenda 2030 aquí); movilización y uso de los recursos nacionales (uso efectivo y eficaz de los recursos mediante la iniciativa “recaudar más, gastar mejor”).
Con el fin de conseguir todas las iniciativas y objetivos anteriormente fijados, la aplicación del Consenso se extiende tanto a las políticas de la Unión Europea como a las de todos sus estados miembros. Además, enfatiza que el Consenso también se debe aplicar en las nuevas asociaciones más adaptadas y más multilaterales que incluyan a la sociedad civil y una mayor participación de países socios. Los medios de implementación combinan ayuda tradicional junto con otras formas más innovadoras de financiación para el desarrollo, como son las inversiones del sector privado y la movilización recursos nacionales adicionales para el desarrollo. En cuanto a su seguimiento, el nuevo consenso tendrá un mecanismo de seguimiento periódico que incluye la obligación de rendir cuentas a través del Parlamento europeo y de los parlamentos nacionales y la obligación de emitir informes.
Las primeras evaluaciones del nuevo consenso coinciden en afirmar que es una síntesis correcta de las preocupaciones internacionales de desarrollo. Sin embargo, suscita algunas críticas en relación con la capacidad efectiva para resolver dichas preocupaciones.
En primer lugar, tal y como señala el ‘Overseas Development Institute’, no es un verdadero plan estratégico, sino un conjunto de prioridades inconexas. Para que fuera una real estrategia, haría falta que se determinasen los roles de la Comisión y de los estados miembros, que se definiesen las prioridades temáticas, sectoriales y geográficas (los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 se tratan con igual importancia), y que se construyesen nuevas instituciones europeas o bien que se utilizasen las existentes (como el “International Climate Fund”) para coordinar los fondos nacionales de forma más efectiva. Igualmente, el Consenso debería determinar la forma y el contenido de la cooperación con los países de renta media, fijando una coordinación horizontal, vertical y sectorial. Esta coordinación exigiría al mismo tiempo, establecer una división de tareas en el seno de la UE para conseguir un mejor uso de los recursos.
En segundo lugar y de acuerdo con James Mackie (jefe del departamento de aprendizaje y calidad del Centro Europeo para el Desarrollo) resulta difícil percibir a quién se dirige y qué es exactamente lo que exige. El hecho de que las prioridades geográficas y sectoriales queden sin determinar, hace que el grado de compromiso de los estados miembros quede en la incertidumbre y en el caso de que haya compromiso, este será más táctico que explícito.
La tercera crítica está relacionada con su implementación. Aunque el consenso es ambicioso con sus objetivos, carece de un adecuado marco institucional y de un mecanismo eficiente para implementar sus nuevas propuestas. Además, concede al sector privado un papel muy importante, sin dotarle de transparencia en casos de abusos de derechos humanos o daños medioambientales, tal y como aclaraba Marta Latek, investigadora del EPRS (European Parliamentary Research Service)
En cuanto a sus objetivos hay muchos actores influyentes como CARE (la confederación internacional de desarrollo) que coinciden en que se centra demasiado en el control de la migración y no prioriza las necesidades de los pobres. Esto se puede comprobar en el hecho de que tanto en el marco de cooperación con otros países no miembros de la UE, así como el plan de inversiones exterior, prioriza los intereses de seguridad y comerciales de la UE antes de ayudar a la población a salir de la pobreza.
Una quinta crítica hace referencia a la dimensión política. El nuevo Consenso debería integrar un concepto de seguridad tanto holístico como sostenible para conectar los problemas de estabilidad y democracia con los de seguridad en los asuntos exteriores de la UE. Un concepto holístico de desarrollo significa una visión de la sostenibilidad duradera, que comprenda aspectos como la condición de sostenibilidad, la justicia social o la democracia. (Crítica según Henökl, Thomas y Niels Keijzer del German Development Institute)
Por último, en lo que concierne a la financiación, el Parlamento Europeo sigue pidiendo a los estados miembros que donen el 0.7% de su presupuesto anual para la cooperación al desarrollo. Visto que son muy pocos aquellos que llegan a dar ese 0.7%, el consenso recurre a la importancia de la participación del sector privado vía el plan europeo de inversión externa.
En conclusión, estamos ante un documento que recoge las necesidades del contexto global actual pero que requiere una serie de cambios para poder ser totalmente efectivo y una verdadera estrategia. Cambios necesarios para evitar que el Consenso se quede solo en teoría.
REFERENCIAS
Preguntas y respuestas: Nuevo Consenso europeo sobre desarrollo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1505_es.pdf
El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo: La UE y los Estados miembros firman una estrategia conjunta para erradicar la pobreza: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1503_es.htm
The proposed new European Consensus on Development Has the European Commission got it right? https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11263.pdf
New European consensus on development Will it be fit for purpose? http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599434/EPRS_BRI(2017)599434_EN.pdf
Seven critical questions for review of ‘European Consensus on Development’ https://www.euractiv.com/section/development-policy/opinion/sevencritical-questions-for-review-of-european-consensus-on-development/
The Future of the "European Consensus on Development" https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_5.2016.pdf
European Union Development Policy: Collective Action in Times of Global Transformation and Domestic Crisis http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dpr.12189/full
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