Libia, cronología de un conflicto: del ascenso de Gadafi hasta hoy

Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

▲ Cartel de propaganda exaltando la figura de Gadafi, cerca de Ghadames, en 2004 [Sludge G., Wikipedia]

ENSAYOPaula Mora

El 20 de octubre de 2011 fue asesinado el coronel Muamar Muhamad Abu-Minyar el Gadafi, poniéndose fin a un régimen dictatorial que duró más de cuarenta años. Esa fecha significó esperanza, libertad y democracia, o por lo menos esas eran las aspiraciones de muchos de los que contribuyeron a un cambio en Libia. Sin embargo, la realidad hoy, nueve años después, es casi inimaginable para aquellos rebeldes que el 23 de octubre de 2011 pensaron que sus hijos podrían envejecer en una democracia. La guerra civil que sufre el país desde entonces ha propiciado la desintegración de la nación. Para entender esto, es primordial entender la propia naturaleza del poder político libio, totalmente distinta a la de sus vecinos y a la de sus antiguas metrópolis: el tribalismo.

El tribalismo libio presenta tres características: es contractual, pues está fundado en negociaciones permanentes; las bases territoriales de los pueblos han ido moviéndose hacia las ciudades, pero los lazos no se han distendido, y la extensión territorial de estos pueblos sobrepasan las fronteras de Libia. El territorio libio se compone en un 90% de desierto, lo que ha propiciado la persistencia del poder tribal. Los pueblos originarios han luchado, y siguen haciéndolo, por el control territorial y la armonía de sus territorios, que se logra a través de alianzas tradicionales renegociadas cada cierto tiempo entre las tres regiones principales del país: Tripolitania, Cirenaica y Fezán.

El tropismo Tuareg

La cultura beduina y su mitología de los tiempos de las cavernas transaharianas, previas a la época colonial, explican que Gadafi enfocara su política hacia el Sahara y África del Norte. Estos pueblos consideraban el desierto como una vía de comunicación, no como un obstáculo o una frontera. Bajo la dictadura, las costumbres y el habla beréber fueron protegidas y promovidas.

Los Tuareg son un pueblo beréber de tradición nómada que se extiende por cinco países africanos: Argelia, Burkina Faso, Libia, Malí y Níger. Poseen su propio idioma y costumbres. En Libia, ocupan el territorio del suroeste, junto a las fronteras de Argelia, Túnez y Níger. El dictador proclamó en numerosas ocasiones su afinidad con este pueblo, afirmando incluso pertenecer a este linaje por parte de madre. Los consideraba aliados de su proyecto panafricanista.

Gadafi no se veía como el líder del movimiento, sino como un “guía” de la revolución. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión revolucionaria fue apaciguándose hasta convertirse en una visión realista y pacificadora. Este cambio se debió principalmente a la incapacidad de los Tuareg de superar las divisiones internas (tribus) y a su voluntad de abandonar la lucha armada. Las consecuencias fueron que lo que empezó como una lucha nacional y social, degeneró en un tráfico de drogas y armas.

El colonialismo italiano

En abril de 1881, Francia ocupó Túnez. Esto provocó rencores en Italia pues la regencia de Túnez estaba pensada como una prolongación natural de Italia, dado que 55.000 italianos residían en el territorio. En vista de esta situación, y para evitar un enfrentamiento con Francia, Italia decidió entonces crear un proyecto libio. En 1882, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro crearon la Triple Alianza. Como consecuencia de esto, Francia se opuso al proyecto libio de Italia.

Ante la oposición de Francia a sus planes en Libia, Italia buscó una compensación en el Mar Rojo y en 1886 intentó, fallidamente, conquistar Etiopía. Pero el nacionalismo italiano de la época no se iba a dar por vencido, pues aspiraba a crear “una Italia más grande”. Tras la victoria etíope, solo le quedaban dos alternativas africanas: Marruecos, que ya había sido prácticamente colonizado por Francia, o la Regencia Turca de Trípoli, que llevaba establecida desde 1858.

Finalmente, Italia se decidió por esta última y en 1902 buscó el apoyo de Francia para llevar a cabo su proyecto. Bajo el compromiso de la Triple Alianza, le ofreció neutralidad en la frontera compartida de los Alpes en caso de guerra y la renuncia al proyecto marroquí. París no se mostró interesado, en cambio Rusia ofreció en 1908 su apoyo a Italia para debilitar al Imperio Otomano. Empezó así la guerra ítalo-turca. El pretexto italiano fue el supuesto maltrato que sufrían los colonos instalados en Libia por parte del régimen turco, al cual dio un ultimátum. Bajo mediadores austrohúngaros, los turcos aceptaron transferir el control de Libia a Italia, movimiento que este país consideró una maniobra turca que solo buscaba ganar tiempo para prepararse para la guerra. El 29 de septiembre de 1911, Italia declaró la guerra al Imperio Otomano. Esto trajo importantes consecuencias para la Triple Alianza, pues Austria-Hungría temía que el conflicto libio derivara en uno directo con el Imperio Otomano, mientras que Alemania se vio enfrentada al dilema de tener que elegir bando, pues gozaba de buenas relaciones con ambas partes. El 18 de octubre de 1912, debido a los peligros abiertos en diferentes frentes, el Imperio Otomano decidió firmar el Tratado de Lausana-Ouchy a través del cual cedió a Italia Tripolitania, Cirenaica y las islas del Dodecaneso.

Durante la Primera Guerra Mundial, Italia formaba parte de la Triple Entente, por lo que el Imperio Otomano no le declaró la guerra. La amenaza al control italiano de Libia no estaba tanto entre sus enemigos europeos, sino entre la población del propio país africano. Aprovechando la guerra, la Sanûsiya (una orden religiosa musulmana fundada bajo el Imperio Otomano que se oponía a la colonización) empezó a atacar al ejército italiano. Estos rebeldes fueron ganando territorio, hasta que los aliados de Italia pasaron a la ofensiva. El 21 de agosto de 1915, el día que Italia se cambió al bando de los Aliados, la táctica cambió. Pese a que también le ofrecían apoyo, los nuevos aliados de Italia estaban lidiando con insurgencias en sus colonias, y se ocupaban, sobre todo, de custodiar sus fronteras para que los insurgentes no pasaran y propagaran las ideas independentistas.

El 17 de abril de 1917, el emir Idris As-Sanûsi, aliado del Imperio Otomano, dándose cuenta de la proximidad de la victoria aliada, firmó con Italia el Pacto de Acroma, mediante el cual Italia reconoció la autonomía de la Cirenaica y a cambio el emir aceptó el control italiano de la Tripolitania.

 

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

Distribución geográfica de etnias en Libia [Wikipedia]

 

La independencia colonial

La Segunda Guerra Mundial tuvo un papel clave en África, pues alentó el nacionalismo del continente. Italia, aliada de Alemania, intentó entre 1940 y 1942 ocupar el Canal de Suez a través de la frontera de Libia, pero el objetivo no fue alcanzado.

En 1943, Libia cayó en manos de la Francia Libre (de Charles de Gaulle) e Inglaterra: la primera administraba Fezán; la segunda, la Tripolitania y Cirenaica. Al final de la guerra, y con el cambio de bando de Italia en su curso, esta propuso una división tripartita de Libia. Estados Unidos y la Unión Soviética se opusieron, y estipularon que el territorio quedaría bajo la tutela de Naciones Unidas (ONU). Entonces dos posiciones políticas se opusieron en Libia: por un lado, los “progresistas”, que defendían la creación de un estado democrático unitario, y por otro, los pueblos originarios de la Cirenaica, que defendían un reino cuyo líder sería Mohammed Idris As-Sanûsi, el líder de la Sanûsiya.

El 21 de noviembre de 1949, a través de la Resolución 289, Naciones Unidas fijó la independencia de Libia para el primero de enero de 1952. Sin tener en cuenta ninguna realidad geográfica, histórica, religiosa, cultural y política, la ONU impuso el nacimiento de un país soberano constituido por las tres principales regiones independientes. En 1950, tuvo lugar la elección de la Asamblea Nacional, compuesta por 60 diputados (20 por región). El 2 de diciembre del mismo año, después de arduas negociaciones, la Asamblea acordó que Libia fuera una monarquía federal compuesta de tres provincias y que tuviera como Rey a Mohammed Idriss As-Sanûsi.

Inicialmente el Reino pudo asentarse dado el reconocimiento internacional y el descubrimiento de yacimientos petroleros que permitían a Libia convertirse en el país más rico del continente. Este optimismo, sin embargo, ocultaba que el verdadero problema libio residía dentro de sus fronteras: el país era regido por los pueblos originarios de Cirenaica. Para equilibrar el poder, el rey decidió nombrar como primer ministro a Mahmoud el-Montasser, un tripolitano.

Sin embargo, el rey cometió el error de no haber fundamentado su monarquía en la Sanûsiya, sino en su tribu, la Barasa. El régimen se convirtió en totalitario. Después de manifestaciones pro-Nasser, el rey prohibió en 1952 los partidos políticos, y despidió a más de diez gobernadores, quienes fueron reemplazados por prefectos. En cuanto a las relaciones exteriores, bajo el reinado de Idriss, Libia firmó con Gran Bretaña una alianza de veinte años mediante la cual los ingleses podrían utilizar las bases militares libias. Con Estados Unidos suscribió uno similar que concedió permiso a los norteamericanos para construir la base Wheelus Field, cerca de Trípoli. Finalmente, firmó un tratado de paz con Italia por el que la antigua metrópolis se comprometía a pagar reparaciones siempre y cuando Libia protegiera las propiedades de los 27.000 italianos que aún residían allí. Estas medidas llevaron el reino a la perdición, puesto que sus países vecinos y su población consideron que el rey no estaba siendo solidario con Egipto al alinearse con los países occidentales.

La caída de la monarquía

El 1 de septiembre de 1969 se produjo un golpe de estado en el país para derrocar a Idriss; este, gravemente enfermo, anunció su abdicación para el día siguiente. El Consejo de Comandancia de la Revolución (CCR), constituido por los oficiales que habían propiciado este cambio de gobierno, abolió la monarquía y proclamó la República Árabe Libia. La junta militar que se estableció en el poder estaba compuesta por una docena de miembros, en su mayoría de los dos pueblos originarios principales: los Warfalla y los Maghara. Estos últimos eran de ideología marxista, lo que propició el régimen del coronel Muamar el Gadafi.

Durante las primeras semanas de gobierno, los nuevos dirigentes intentaron tomar todas las precauciones posibles para evitar una intervención británica y americana. Emitieron un comunicado garantizando la seguridad de los bienes de los extranjeros y prometiendo que las compañías petroleras no serían nacionalizadas. Ante estas declaraciones, que no se alineaban con el comunismo, Estados Unidos y Occidente reconocieron el 6 de septiembre el nuevo gobierno.

Las verdaderas intenciones del nuevo gobierno aparecieron poco después. Al mes del comunicado, las autoridades libias anunciaron que los tratados anteriores relativos a las bases militares tendrían que ser nuevamente negociados. También pidieron una renegociación de la fiscalidad de las compañías petroleras. Finalmente, en 1971, fue creado un partido único: la Unión Socialista Árabe.

El gobierno de Gadafi

El 15 de abril de 1973, casi cuatro años después del golpe de estado del 69, Gadafi pronunció un discurso en el que invitó a las “masas populares” a retomar el poder confiscado por el partido de la Unión Socialista Árabe. Se impuso como cabeza del país, promoviendo una revolución cultural y política que proponía, por un lado, una reforma de las instituciones con una aplicación más estricta de los preceptos de la sharia, y por otro, la idea de que los agresores del pueblo eran los países árabes aliados con Occidente e Israel.

Gadafi basó su poder en una profunda recomposición tribal. La primera medida que tomó, al día siguiente de la toma de poder, desconfiando de Cirenaica y de sus tribus fieles al rey Idriss, fue la de constituir una alianza con el pueblo de Hada, con la que buscó equilibrar el poder de los Barasa.

En segundo lugar, se divorció de su mujer, de origen turco-kouloughli, la cual constituía un obstáculo para las alianzas con los pueblos que le eran necesarios para ampliar su base de poder. Se casó entonces con una mujer de Firkeche, un segmento de la tribu de los Barasa. Este matrimonio le permitió construir una alianza entre los Qadhafa y las grandes tribus de Cirenaica ligadas a los Barasa.

En tercer lugar, construyó también una alianza con la Misrata, una élite letrada que ocupó posteriormente muchos de los puestos del régimen. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta alianza se rompió y propició un crecimiento del odio hacia el coronel que jugaría un rol importante en la revolución que acabó con Gadafi.

En cuarto lugar, después de haber perdido a la Misrata, Gadafi recompuso su estrategia apoyándose en su propia confederación, la de los Awlad Sulayman, enemigos de los Misrata desde la época del dominio italiano. Esta alianza cubría la ciudad de Trípoli y extendía geográficamente el territorio del mandatario.

En quinto lugar, el problema del gobernante vendría dado justo por los puntos anteriores: las alianzas tribales. Fracciones de sus aliados conspiraron contra él en 1973 para intentar dar un golpe de estado. El ejército de Gadafi, sin embargo, lo impidió y condenó a muerte a los cabecillas. A partir de este punto, el coronel empiezó a desconfiar de las tribus de esta región, la de Tripolitania, y comenzó a romper poco a poco relaciones con ellas. Esto le resultaría fatal.

Gadafi de cara al mundo

El activismo internacional bajo Gadafi buscaba la fusión de los pueblos árabes con el objetivo de crear un califato transnacional. En 1972, pese a que aún no controlaba la totalidad del territorio libio, contribuyó a la creación de la Unión de Repúblicas Árabes (Libia, Egipto y Siria), que se disolvería en 1977. En 1984, creó la Unión Libia-Marroquí, que desaparecería dos años después. Otras cuatro tentativas tuvieron lugar: con Túnez en 1974, con el Chad en 1981, con Argelia en 1988 y con Sudán en 1990; ninguna de ellas salió adelante. Estos intentos de unión provocaron tensiones en el continente, sobre todo con Egipto, con el cual hubo un conflicto fronterizo del 21 al 24 de julio de 1977. La consecuencia fue el cierre de la frontera mutua hasta marzo de 1989.

En cuanto al resto del mundo, el apoyo del dictador a los movimientos terroristas durante los años 80 le crearon enemigos, especialmente Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Varios ataques propiciados por el régimen libio, como el derribo de un avión americano encima de la ciudad escocesa de Lockerbie y asesinatos de embajadores, llevaron en 1992 al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar una política de sanciones de embargo comercial y financiero. A ello se sumó la orientación socialista del coronel, quien nacionalizó las empresas petroleras y los bienes de los residentes italianos alegando que fueron robados durante la época colonial.

La caída del régimen

Con el paso del tiempo, el régimen fue perdiendo poder y apoyo nacional. Esta decadencia se debió a la marcha de la economía, pues los ciudadanos se beneficiaban de los ingresos directos de los hidrocarburos: la sanidad y la educación eran gratis, y la agricultura estaba subvencionada. Además, existía el proyecto de crear un “gran río” (Great Man Made River, GMMR), de 4.000 kilómetros. En resumen, los cinco millones de habitantes tenían una vida excepcional, con un PIB per cápita de 3.000 euros en 2011.

La oposición principal provenía de los ambientes islámicos, más concretamente de los Hermanos Musulmanes y de grupos salafistas (movimiento de ultraderecha islámico suní), quienes a partir de 1995 se radicalizaron con la ayuda de los grupos de Afganistán. Sus razones para oponerse a Gadafi eran la occidentalización del país: el dejar atrás en cierta medida el tropismo Tuareg y un giro hacia los países del Norte. Ese mismo año estalló una rebelión islamista iniciada por el Frente por la Liberación de Libia en Cireniaica. Gadafi respondió con una gran represión, estableciendo leyes anti-islámicas que castigaban cualquier persona que no denunciara a los islamistas y el cierre de la mayoría de las zawiya (escuelas y monasterios religiosos), sobre todo las de la Sanûsiya.

En 2003, Libia reconoció su participación en el atentado de Lockerbie y se comprometió a indemnizar a todas las víctimas. Esto propició que el Consejo de Seguridad de la ONU levantara las sanciones. En diciembre de ese mismo año, el país renunció a la producción de armas de destrucción masiva y en 2004 se adhirió al Tratado de No-Proliferación Nuclear. Con estas nuevas medidas, el régimen fue aliándose con los países de occidente, que a su vez promovieron la industrialización del país. Un ejemplo fue el tratado firmado entre Gadafi y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, por el que Italia se comprometía a reembolsar 5.000 millones de dólares a Libia, en un periodo de 25 años, siempre y cuando el país africano se abriera al mercado italiano y evitara la inmigración clandestina a Europa.

Libia no vivió “la primavera árabe”, pues estaba sufriendo una guerra civil nacida en Cirenaica, que comenzó como un levantamiento de una minoría beréber que vivía cerca de la frontera con Túnez. Gadafi, con el miedo de estropear la buena imagen que por fin había logrado construir en la comunidad internacional, decidió no emplear la fuerza militar para restablecer su poder en Cirenaica, pero con el paso del tiempo no le quedó más remedio que hacerlo. Esta acción conllevó lo que él ya sabía: la protesta internacional.

El primer país en oponerse fue la Francia de Nicolás Sarkozy. Bajo el pretexto de injerencia humanitaria, Francia, junto con los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), decidieron destruir el régimen de Gadafi. En marzo de 2011 reconocieron al Consejo Nacional de Transición (CNT). La Unión Africana quería también el cambio de gobierno, pero sin embargo defendió que se hiciera mediante una negociación, con el fin de evitar consecuencias negativas como la desintegración del Estado. 

Durante el mes de febrero de 2011, el coronel tuvo que hacer frente a una triple sublevación. En Cirenaica, por parte de los yihadistas (recordemos las leyes anti-islámicas), quienes contaban además con el apoyo de Turquía y las mafias locales, que desde el acuerdo ítalo-libio sobre la migración se sentían amenazadas. En Tripolitania, por pare de los beréberes, que veían ahora negada su identidad en favor de la defensa del nacionalismo árabe. Finalmente, también en Misrata, zona tenía una cuenta personal que arreglar con el dictador desde 1975 (conflicto tribal).

Gadafi tomó medidas preventivas, como la prohibición de manifestaciones o la suspensión de eventos deportivos, y anunció reformas sociales favorables a la población pensando que se trataba de quejas que no trascenderían. Su error de análisis fue pensar que la contestación tenía un motivo social, mientras que sus razones eran de tipo tribal, regional, político y religioso.

El gobierno pudo controlar la situación durante un mes, hasta que el 15 de febrero la violencia escaló hasta convertir el conflicto en una auténtica guerra civil.

La injerencia extranjera empezó el 17 de marzo, cuando el ministro de Asuntos Exteriores francés promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU la Resolución 1973, que autorizaba la creación de una zona de exclusión aérea sobre Libia, así como la imposición de las “medidas necesarias” para otorgar la protección a los civiles. Esta resolución excluía la ocupación terrestre, y fue apoyada por la Liga Árabe, con el apoyo aéreo militar de Qatar.

A los pocos días, el 21 de marzo, la intervención de los países de la OTAN sobrepasó las pautas de la Resolución 1973, pues la residencia de Gadafi fue bombardeada bajo el pretexto de que servía como centro de comando. La Unión Africana, apoyada por Rusia, pidió entonces el “cese inmediato de todas las hostilidades”. Por su parte, la Liga Árabe recordó a la OTAN que se estaba desviando de sus objetivos declarados. Sin embargo, los países occidentales no hicieron caso. El 31 de marzo, a través de su hijo Saif al-Islam, el coronel propuso un referéndum sobre la instauración de una democracia en Libia. La OTAN estaba dispuesta a examinar sus propuestas, pero el Consejo Nacional de Transición se opuso rotundamente, pues exigía simple y llanamente la salida de Gadafi del poder.

El 16 de septiembre, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 2009, creó la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL, por sus siglas en inglés). Su objetivo era asistir a las autoridades nacionales para el restablecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho, a través de la promoción del diálogo político y de la reconciliación nacional.

La “liberación” del país tuvo lugar el 23 de octubre de 2011, cuando Gadafi fue capturado de camino de Fezzan, acompañado de su hijo. Su convoy fue atacado por las fuerzas áreas de la OTAN. Fue hecho prisionero y posteriormente linchado por sus compatriotas. El presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustapha Adbel Jalil, se proclamó entonces como el nuevo gobernante legítimo del país hasta nuevas elecciones.

Libia después de Gadafi

El presidente transitorio, declaró en su primer día que la sharia sería la base de la Constitución, así como del Derecho, restableció la poligamia e ilegalizó el divorcio. Las consecuencias de la guerra civil fueron tremendas: llevaron a la desintegración del país. La muerte de Gadafi no marcó el fin del conflicto, pues las milicias tribales, regionales y religiosas que participaron en la guerra defendían diferentes visiones sobre cómo debía ser el nuevo gobierno, lo que hacía imposible una unificación.

En el exterior, el descontrol territorial cambió la geopolítica de la región de Sáhara-Sahel, ofreciendo nuevas oportunidades a los yihadistas.

Tres periodos pueden distinguirse. El primero, entre 2011 y 2013, podría considerarse como el tiempo de la incertidumbre, pero también el de la esperanza y la ilusión democráticas. Pese a las guerras entre los distintos pueblos por diferentes ideologías (defensores del antiguo régimen contra los fundamentalistas musulmanes defensores de las tradiciones islámicas) y una guerra de poder territorial (Cirenaica contra Tripolitania por la capital del nuevo Estado), se estaban instaurando lo que parecían mecanismos democráticos.

El 31 de octubre de 2011 fue elegido Abdel Rahim al-Keeb, originario de Trípoli, por 26 votos de 51, como primer ministro del gobierno de transición. Las elecciones legislativas tuvieron lugar el 7 de julio de 2012; en ellas ganó el Congreso Nacional General (CNG), que reemplazó al Consejo Nacional de Transición. Pero la situación estaba lejos de consolidarse. El 11 de septiembre de 2012, el embajador americano, John Chistropher Stevens fue asesinado por un grupo salafista denominado Ansar al-Sharia.

El segundo período empezó a principios de 2013. Libia estaba en el camino de la normalización mediante elecciones democráticas y la reactivación de la exportación de petróleo y gas. Sin embargo, el año siguiente fue el del comienzo de la anarquía y las tentativas de recomposición del orden interno. Los “avances democráticos” no habían sido suficientes, pues las regiones contaban con una gran autonomía y no había seguridad fronteriza. Nadie había sido capaz de controlar en su totalidad el territorio libio. El presidente de Chad, Idriss Déby, quien ya había advertido sobre estas consecuencias cuando tuvo lugar la intervención occidental en la guerra civil, denominó la nueva situación libia como una “somalización”.

A partir de febrero de 2014, esta anarquía se tradujo en una serie de dimisiones de cargos del “gobierno” debidas a las amenazas por parte de las distintas milicias del país y de protestas frente al CNG, pues el gobierno no fue disuelto después de la expiración del mandato. El 20 de febrero tuvieron lugar las elecciones de los 60 miembros de la Asamblea constituyente que tenía como objetivo redactar una nueva constitución, pero sólo el 15% de los electores participaron. Mientras tanto, el 6 de marzo, en Roma, en la Conferencia Internacional sobre Libia, el ministro de Asuntos Exteriores italiano consideró que el problema principal era la “superposición de legitimidad”.

El tercer período, tuvo lugar a finales de 2014, cuando empezó la denominada “segunda guerra de Libia”. A partir de 2015 entró en escena el Estado Islámico, lo que cambió el cuadro político libio. La ONU creó un órgano ejecutivo de transición denominado Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA por sus siglas en inglés), con el objetivo de dirigir la política libia en esta nueva situación. Se formó por la unión del Congreso General Nacional y la Cámara de Representantes. Está compuesto por 32 ministros, y Fayez-al Sarraj ocupa el cargo de presidente del Consejo Presidencial y de primer ministro del GNA.

Libia se encontraba entonces con dos parlamentos, uno en Trípoli, bajo el control de los islamistas, y el otro, reconocido por la comunidad internacional, en Tobruk, Cirenaica, cerca de la frontera egipcia, el cual había sido forzado a desistir de actuar por las fuerzas yihadistas. Esto llevó al comienzo de otro conflicto, que sigue en vigor actualmente. En la Cirenaica, tiene lugar una guerra confusa y multiforme, en la que participan los yihadistas y los que apoyan al general Jalifa Haftar, quien lidera el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) y se opone tanto a los yihadistas como al Gobierno de Acuerdo Nacional. A través de su ejército, el general lanzó en mayo ataques aéreos contra grupos islamistas en Bengasi, con el objetivo de apoderarse del Parlamento. Además, acusa al primer ministro Ahmed Maiteg de cooperar con grupos islamistas. En junio, Maiteg renunció después de que la Corte Suprema dictaminase que su nombramiento fue ilegal.

En 2014, Haftar lanzó la “Operación Dignidad” contra los islamistas, intentando sacar del poder al coronel Moktar Fernana, comandante de la policía militar y elegido por Misrata y los Hermanos Musulmanes. Esta misión fracasó debido al poder de las diferentes milicias musulmanas a lo largo del territorio de Tripolitania, dividido en diferentes áreas: está la ciudad de Misrata, que ess territorio yihadista bajo el mando de los Hermanos Musulmanes; al Oeste, reina la milicia beréber arabófona de Zenten; en la capital, la milicia islamista Farj Lybia tiene el control, mientras que Fezzan y el Gran Sur se han convertido en territorios casi autónomos, donde se combate a los Tuareg.

En junio de 2014, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias. Los partidos islamistas fueron derrotados, hubo una baja participación debido a la inseguridad y el boicot de los partidos dominantes, y surgió un enfrentamiento entre las fuerzas leales al CNT y las del nuevo Parlamento o Cámara de Representantes (HoR por sus siglas en inglés). Finalmente, surgió el Gobierno de Salvación Nacional, con Nouri Absuhamain, aliado de los Hermanos Musulmanes, como presidente.

En julio, la seguridad nacional se deterioró gravemente a raíz de varios acontecimientos. El aeropuerto Internacional de Trípoli fue destruido por los conflictos entre la milicia de Misrata y su operación Dawa Libia contra la milicia de Zintan; el HoR se trasladó a Tobruk después de que la Corte Suprema de Trípoli (compuesta por el CNT) lo disolviera; el CNT se votó a sí mismo como reemplazo para la Cámara de Representantes; Asar al-Sharia pasó a controlar Bengasi, y los enviados de la ONU dejaron el país debido a la creciente inseguridad.

El 29 de enero de 2015, el LNA y sus aliados de Trípoli declararon un cese del fuego después del “Diálogo Libio” organizado por la ONU en Ginebra para fomentar la reconciliación de los distintos bandos. El 17 de diciembre del mismo año tuvo lugar el Acuerdo Político Libio, o Acuerdo Skhirat, promovido por UNSMIL. Su objetivo era resolver la disputa entre la Cámara de Representantes legítima, con sede en Tobruk y al-Bayda, y el CNT, con sede en Trípoli. Se creó un Consejo de la Presidencia, compuesto por 9 miembros para formar un gobierno de unidad que en dos años condujera a elecciones. El HoR debía ser el único parlamento y actuaría como tal hasta los comicios.

El 30 de marzo de 2016, el GNA llegó a Trípoli por mar debido al bloqueo aéreo. El asentamiento del gobierno legítimo propició que después de dos años, en abril, la ONU volviera al territorio. Además, el GNA, junto con las fuerzas aéreas estadounidenses, liberó Sirte del ISIS en diciembre del 2016. Sin embargo, el LNA siguió ganando territorio, contando en septiembre con el control de las terminales orientales de petróleo.

En julio de 2017, el LNA expulsó al ISIS de Bengasi. Un año después, controló Derna, el último territorio occidental bajo grupos terroristas. El 17 de diciembre, Haftar declaró nulo el Acuerdo Político Libio, pues las elecciones no habían tenido lugar, resaltando la obsolescencia del gobierno libio creado por la ONU. El general comenzó entonces a tomar fuerza en el contexto nacional e internacional: “Todas las instituciones creadas bajo este acuerdo son nulas, pues no han obtenido completa legitimidad. Los libios sienten que han perdido su paciencia y que el prometido periodo de paz y estabilidad se ha convertido en una fantasía lejana”, declaró Haftar.

El 19 de abril de 2019 era la fecha en la que se iba a celebrar la Conferencia Nacional Libia en Ghadamas para avanzar en acuerdos y cerrar una fecha en la que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, días antes la convocatoria de conferencia fue cancelada debido a la “Operación Inundación de Dignidad” del LNA con el objetivo de la “liberación” del país.

 

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

Correlación de fuerzas en la guerra civil libia, en febrero de 2016 [Wikipedia]

 

La injerencia extranjera

La situación libia actual es preocupante. La comunidad internacional teme que el país se convierta en la próxima Siria. El Ejército Nacional de Liberación, dirigido por Haftar, es apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, con la esperanza de detener el avance de los Hermanos Musulmanes, a quienes consideran una organización terrorista. También lo apoyan Egipto y Rusia, interesados en el control de los recursos energéticos del país. El Gobierno de Acuerdo Nacional, con Fayez al-Sarraj como líder, representa el gobierno legítimo para la comunidad internacional (la ONU lo reconoce). Además, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y los países de la Unión Europea (menos Francia), así como Turquía y Qatar, que le otorgan apoyo militar (sobre todo los turcos). Sin embargo, Estados Unidos y la UE defienden las fronteras marítimas de Grecia e Israel frente al deseado proyecto turco de construir tuberías de gas por el Mediterráneo para abastecerse.

El acercamiento entre Haftar y Francia empezó en 2015. El país europeo intentó transformar al LNA en un actor legítimo, asistiéndole con operativos clandestinos, fuerzas especiales y consejeros. El 20 de julio de 2016, la Francia de Holland le declaró oficialmente su apoyo militar después del asesinato de tres soldados franceses de fuerzas especiales en Bengasi a manos del GNA, que argumentó que fue una “violación de su soberanía nacional”. El 25 de julio de 2019 tuvo lugar la Cumbre de París. Macron invitó a los dos líderes a dialogar sobre la paz y la unidad. El mayor interés de Francia es erradicar el terrorismo.

El 6 de marzo de 2019, el Acuerdo de Abu Dhabi reunió a los líderes de los bandos más importantes de la guerra libia y puso énfasis en varios aspectos: Libia como Estado civil, reducción del período de transición de gobierno, unificación de las institucionales estatales (como el Banco Central), el cese del odio y su incitación, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias a finales del año, la transferencia pacífica del poder, la separación de poderes y el seguimiento de los puntos acordados por parte de la ONU. El lugar de la reunión muestra la gran implicación que los Emiratos Árabes Unidos tienen en esta guerra, en especial como aliado del general Haftar. El país del Golfo Pérsico negó el apoyo al ataque en Trípoli que tuvo lugar el 31 de marzo del 2020 por parte del LNA. Sin embargo, varios medios de comunicación libios declararon que dos aviones de carga militares llegaron a la base aérea Emirati Al-Khadim, en el este de la ciudad libia de Marj, provenientes de la base aérea Sweihan de Abu Dhabi.

El 27 de noviembre de 2019, tuvo lugar el Acuerdo de Frontera Marítima entre el GNA y Turquía. El presidente de Turquía, Erdogan, y Fayez al-Sarraj, firmaron dos memorandos de entendimiento. Pactaron un límite de 18,6 millas náuticas, como frontera marítima compartida entre Turquía y Libia y firmaron un acuerdo de cooperación militar por el que Ankara enviaría soldados y armamento. En vez de crear una nueva tropa, que llevaría más tiempo, Turquía ofreció un sueldo de 200 dólares al mes para luchar en Libia frente a los 75 que daba por luchar en Siria.

El problema con la frontera marítima es que ignora las islas de Chipre y de Grecia y viola sus derechos amparados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994, si bien ninguno de estos dos países ha acudido al Tribunal del Derecho del Mar. El interés turco reside en la posibilidad de la presencia de petróleo y gas natural en la costa sur de Creta. El acuerdo por lo pronto durará lo que duré el GNA, en una situación de inestabilidad a lo que también contribuye la impopularidad de la intervención militar en Turquía.

El 2 de enero de 2020, los presidentes de Argelia y Túnez se reunieron con Jalifa Haftar. El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, insistió en que la solución del problema libio debe ser interna y no depender de la afluencia de armas propiciada por la injerencia extranjera. Propuso la creación de nuevas instituciones que permitan la organización de elecciones generales y el establecimiento de las nuevas bases del Estado democrático libio con la aprobación de la ONU.

El 6 de enero, el LNA tomó control sobre Sirte. Esta ciudad es estratégica pues se halla cerca de la “media luna petrolera” de Libia, una franja costera en la que se encuentran varias terminales importantes de exportación de petróleo.

El 12 de enero, Rusia y Turquía declararon una tregua en Siria y Libia. Este acuerdo fue un quid pro quo, puesto que Rusia tiene mayores intereses en Siria que en Libia, pues busca un puerto en el Mediterráneo, y Turquía, como se explicó anteriormente, desea construir un sistema de suministro de gas a través del mar Mediterráneo desde Libia. Sin embargo, el acuerdo no se está cumpliendo, sobre todo en el escenario libio. Enviados de la ONU alegan que ambos países siguen proporcionando armamento a los guerrilleros.

El 19 de enero tuvo lugar la Conferencia de Berlín, que constituyó un intento de apaciguamiento de la situación del país. Participaron Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Italia, China, Turquía y Argelia, y se expresó el compromiso a acabar con la injerencia política y militar en el país. Sin la intervención de terceros actores, el país no podría mantener una guerra civil pues ninguno de los bandos tiene suficiente fuerza. En la conferencia, también se discutió sobre el incumplimiento del embargo de armas establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2011. El problema es que ninguna potencia, en especial Turquía y Rusia, reconoce su implicación, por lo que no hay responsabilidades ni tampoco sanciones.

Una semana después tuvo lugar la primera violación del pacto. En cuanto a la tregua, el Gobierno de Haftar, con el objetivo de recuperar la capital, lanzó una ofensiva en dirección a la ciudad de Misrata, donde se encuentra una base importante del Gobierno de Acuerdo Nacional. Además, la misión especial de la ONU en Libia (UNSMIL) afirmó que sigue llegando material a los bandos combatientes por vía aérea.

El 31 de marzo, la Unión Europea lanzó la "Operación Irini” (“paz” en griego). Sustituye a la “Operación Sofía” de 2015, que tenía como objetivo combatir el tráfico de personas frente a las costas libias. La nueva operación ha cambiado de objetivo principal, pues luchará por hacer cumplir el embargo de armas. Además, cuenta con otras tareas secundarias como el control del contrabando petrolero, la continuación de la formación de los guardacostas libios y el control del tráfico de personas a través de la recopilación de información con el uso de patrullas aéreas. Esta iniciativa nace sobre todo por parte de Italia, primer país al que llegan los refugiados libios y por lo tanto preocupado por la inmigración. Este liderazgo se manifiesta en el desarrollo de la operación, ya que el cuartel general se encuentra en Roma y la dirección operativa está a cargo del contralmirante italiano Fabio Agostini. Por lo pronto, tiene una duración de un año.

El 5 de abril, la ONU hizo un llamamiento al cese de las hostilidades para combatir el Covid-19. Llamó a una tregua humanitaria en la que participen no solo los bandos nacionales, sino también las fuerzas extranjeras. El virus se cobró la vida Mahmud Jibril, antiguo primer ministro y líder de la rebelión contra Gadafi.

Nueva geopolítica regional y conclusión

Podemos definir la nueva geopolítica libia a través de los siguientes puntos. En primer lugar, la propagación de las armas por toda la región Sáhara-Sahel, la zona de los viejos y actuales conflictos. En segundo, la amenaza fronteriza que sienten Egipto, Argelia y Túnez por el conflicto interno. Finalmente, el desinterés de las nuevas autoridades libias por al Gran Sur, pues prácticamente se ha independizado, controlando casi la totalidad del comercio a través del Sahara. Al-Qaeda, a través de subgrupos como Fajr Lybia, está intentando establecer un Estado Islámico de África del Norte imitando el de Iraq. Para ello, en las zonas conquistadas, el Daesh destruye el paradigma tribal liquidando a los jefes de las tribus que no quieren aliarse con ellos con el objetivo de aterrorizar al resto. Es a través de estas prácticas como todas las milicias yihadistas pudieron aliarse al final de 2015. Frente a esto, Naciones Unidas patrocinó como primer ministro a Fayez Sarrraj, quien se instaló en Trípoli en abril de 2016. 

Libia es un estado privilegiado en cuanto a riquezas naturales. Sin embargo, en su historia ha sufrido mucho y lo sigue haciendo. Ha pasado por monarquías, colonización y dictaduras hasta finalmente convertirse hoy en un Estado fallido. Su estructura política es complicada, pues es tribal, y por eso ninguno de los sistemas políticos ha triunfado del todo porque no ha logrado armonizar las organizaciones internas. Hoy el país consta de tres gobiernos rivales y cientos de milicias y grupos armados que siguen compitiendo por el poder y el control del territorio, rutas comerciales y emplazamientos militares estratégicos. Para que la situación se resuelva, es necesario que los países que participan activamente en el conflicto (Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Qatar) cumplan el embargo de armas establecido por la ONU. Además, las potencias extranjeras deben aumentar su comprensión del país para acertar en propiciar la mejor solución posible. Aunque Libia esté al borde de convertirse en la próxima Siria, todavía quedan oportunidades para salvar la situación y darle al país lo que hace tiempo no tiene: estabilidad.

 

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La ética en las decisiones sobre política internacional

[Joseph S. Nye. Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump. Oxford University Press. New York, 2020. 254 pag.]

RESEÑAEmili J. Blasco

Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to TrumpLa pregunta que sirve de título al nuevo libro de Jospeh Nye, conocido por el gran público por haber acuñado la expresión poder blando, no es una concesión al pensamiento secularizado, como una falta de atrevimiento para aseverar de entrada la conveniencia de la reflexión ética en las decisiones sobre política exterior, una importancia que, a pesar del interrogante, se intuye que es defendida por el autor.

En realidad, la pregunta, en sí misma, es un planteamiento clave en la disciplina de las relaciones internacionales. Un enfoque común es ver el escenario mundial como una conjunción de estados que pugnan entre sí, en una dinámica anárquica donde impera la ley del más fuerte. Internamente, el estado puede moverse por criterios de bien común, atendiendo a las distintas necesidades de sus habitantes y tomando decisiones de ámbito nacional o local a través de procesos democráticos. Pero más allá de las propias fronteras, la legitimidad otorgada por los propios electores ¿no exige al mandatario que sobre todo garantice la seguridad de sus ciudadanos frente a amenazas exteriores y que vele por el interés nacional frente al de otros estados?

El hecho de que el estado sea el sujeto básico en las relaciones internacionales marca, desde luego, una línea divisoria entre los dos ámbitos. Y por tanto la pregunta de si el discernimiento ético que se exige al mandatario en el ámbito interior debe reclamársele también en el exterior es plenamente pertinente.

Solo desde posiciones extremas que consideran que el estado es un lobo para el estado, aplicando al orden (desorden) internacional el principio hobbesiano (y aquí no habría un supraestado que disciplinara esa tendencia del estado-individuo), puede defenderse que la amoralidad rija el todos contra todos. En un escalón más abajo está el llamado realismo ofensivo y, en un peldaño inferior, el defensivo.

Nye, estudioso de las relaciones internacionales, considera que la teoría realista es un buen punto de partida para todo mandatario a la hora de definir la política exterior de un país, dado que debe guiarse especialmente por la ética de la responsabilidad, pues cumple un “papel fiduciario”. “El primer deber moral de un presidente es el de un fideicomiso, y esto comienza por asegurar la supervivencia y seguridad de la democracia que le ha elegido”. Pero a partid de aquí también debe explorarse qué posibilidades existen para la colaboración y el beneficio mutuo internacional, no cerrando de entrada la puerta a planteamientos del liberalismo o cosmopolitismo.

“Cuando la supervivencia está en peligro, el realismo es una base necesaria para una política exterior moral, aunque no suficiente”, afirma Nye, para quien se trata de una “cuestión de grado”. “Dado que nunca hay perfecta seguridad, la cuestión moral es qué grado de seguridad debe ser asegurada antes que otros valores como el bienestar, la identidad o los derechos formen parte de la política exterior de un presidente”. Y añade: “Muchas de las decisiones morales más difíciles no son todo o nada [...] Las decisiones morales difíciles están en el medio. Si bien es importante ser prudente acerca de los peligros de una pendiente resbaladiza, las decisiones morales descansan en ajustar los fines y los medios entre sí”. Llega a concluir que “el mantenimiento de instituciones y regímenes internacionales es parte del liderazgo moral”.

Nye echa mano desde el comienzo del libro a las tres condiciones que tradicionalmente han puesto los tratados de moral para juzgar una acción como éticamente buena: que sean buenos a la vez la intención, los medios y las consecuencias.

Utilizando esos tres baremos, el autor analiza la política exterior de cada uno de los presidentes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y establece una clasificación final en la que combina tanto la moralidad de su actuación en la escena internacional como la efectividad de su política (porque puede darse el caso de una política exterior ética, pero que favorezca poco los intereses nacionales de un país).

Así, de los catorce presidentes, considera que los cuatro con mejor nota en esa combinación son Roosevelt, Truman, Eisenhower y Bush I. En el medio sitúa a Reagan, Kennedy, Ford, Carter, Clinton y Obama. Y como los cuatro peores menciona a Johnson, Nixon, Bush II y (“tentativamente por incompleto”) Trump. Hecha la clasificación, Nye advierte que puede haber primado las administraciones demócratas para las que trabajó.

El libro es un rápido repaso de la política exterior de cada presidencia, destacando las doctrinas de los presidentes, sus aciertos y fracasos (además de examinar el componente ético), por lo que también es interesante como historia sucinta de las relaciones internacionales de Estados Unidos de los últimos ochenta años.

Al aspecto de la moralidad quizá le falte un mayor fundamento académico, tratándose de una disciplina especialmente estudiada ya desde la era escolástica. Pero el propósito de Nye no era profundizar en esa materia, sino ofrecer un breve estudio de moral aplicada.

Leer a Nye siempre resulta sugerente. Entre otras reflexiones que realiza podría destacarse la idea de las nuevas perspectivas que se habrían abierto para el mundo si tiempos especialmente propicios hubieran coincidido en el calendario. En concreto, sugiere que si Breznev y su generación gerontocrática se hubieran marchado antes y la URSS se hubiera visto acuciada también antes por los graves problemas económicos, Gorbachov hubiera podido llegar al poder coincidiendo con la presidencia de Carter; lo que hubieran logrado juntos es, no obstante, terreno de la especulación.

Operation Checkmate: Pakistan in a crossfire between world powers

A view of the Badshahi Mosque, in Lahore, capital of the Punjab province [Pixabay]

▲ A view of the Badshahi Mosque, in Lahore, capital of the Punjab province [Pixabay]

STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Naomi Moreno, Alejandro Puigrefagut, Ignacio Yárnoz

 

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EXCECUTIVE SUMMARY

This report has been aimed at examining the future prospects for Pakistan in the 2025 horizon in relation to other States and to present various scenarios through a prospective strategic analysis.

The research draws upon the fact that, despite the relatively short space of time, Pakistan is likely to undergo several important changes in its international affairs and thus feel forced to rethink its foreign policy. This strategic analysis suggests there could be considerable estrangement between the U.S. and Pakistan and, therefore, the American influence will decrease considerably. Their security alliance could terminate, and Pakistan would cease to be in U.S.’ sphere of influence. Moreover, with the new BRI and CPEC projects, China could move closer to Pakistan and finally become its main partner in the region. The CPEC is going to become a vital instrument for Pakistan, so it could significantly increase Chinese influence. Yet, the whole situation risks jeopardizing Pakistan’s sovereign independence.

India-Pakistan longstanding dispute over Kashmir seems to be stagnated and will possibly remain as such in the following years. India has taken steps to annex its administered territory in Jammu and Kashmir and Pakistan could potentially follow. The possibility of an open conflict and a nuclear standoff remains possible as both nuclear powers have very different strategies and conceptions which could lead to a misinterpretation and a nuclear escalation. 

In the quest to rethink its foreign policy, the U.S.-Taliban peace and the empowerment of the group has come as a bolt from the sky for Pakistan. Through its ties with the Taliban, Pakistan could gain itself a major presence in the region namely by reaching out to Central Asia and advance its interest to curtail India’s influence. Amid a dire economic crisis, with regards to the Saudi Iranian Cold War, Pakistan could seek a way in which it can recalibrate its stance in favor of the resource-rich Saudi alliance while it appeases sectarian groups who could strongly oppose this potential policy.

 Pakistan ought to acknowledge that significant changes ought to be made in both the national and international sphere and that decisive challenges lay ahead.

China aumenta su presencia en la Antártida

Pekín ha anunciado la construcción de una quinta base, igualando en número las que tiene Estados Unidos

Si bien existe un amplio seguimiento internacional sobre la toma de posiciones de las grandes potencias en el Ártico, dado que el calentamiento global abre rutas de comercio y posibilidades de explotación de recursos, los movimientos geopolíticos en torno a la Antártida pasan más desapercibidos. Congelada cualquier reivindicación nacional por los acuerdos vigentes sobre el continente del polo Sur, los pasos que dan las superpotencias son menores, pero también significativos. Como en el Ártico, China es un nuevo jugador, y está incrementando su apuesta.

Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

▲ Campamento compartido para la investigación científica en la Antártida [Pixabay]

ARTÍCULOJesús Rizo

La Antártida es el continente más meridional y al mismo tiempo más extremo por sus condiciones geográficas y térmicas, que limitan seriamente su habitabilidad. La presencia humana es casi imposible en la llamada Antártida Oriental, situada a dos mil metros de altura sobre el nivel del mar y que constituye más de dos tercios del continente, siendo este, pues, el de mayor altitud media. Además, como la Antártida no es un océano, como ocurre con el Ártico, no se ve afectada, más que en su perímetro continental, por el incremento de la temperatura de los mares a causa del cambio climático.

A esas dificultades para la presencia humana se añaden las limitaciones impuestas por las disposiciones internacionales, que han aplicado una moratoria para cualquier reivindicación de soberanía o explotación comercial, algo que no sucede en el Ártico. La actuación en la Antártida está fuertemente determinada por el Tratado Antártico (Washington, 1959) que, en sus artículos I y IX, reserva el continente para investigación científica y actuaciones de carácter pacífico. Además, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos (artículo V), y toda medida no pacífica de carácter militar (artículo I).

Este tratado lo complementan y desarrollan tres documentos más: la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA, Canberra, 1980), la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA, Londres, 1988) y el Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Madrid, 1991), el cual prohíbe “cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación científica” hasta 2048. En definitiva, el llamado Sistema del Tratado Antártico (STA) “blinda” la región antártica frente a la explotación de sus recursos y al incremento de las tensiones internacionales, puesto que, además de lo anterior, congela las reclamaciones territoriales mientras tenga vigencia. No obstante, esto no impide que las potencias globales también busquen tener un pie en la Antártida.

La actuación más reciente corresponde a la República Popular China, que aspira a tener gran protagonismo en la zona, como ocurre en el Ártico. Contando ya con cuatro bases científicas en el continente austral (las bases antárticas Gran Muralla, Zhongshan, Kunlun y Taishan, las dos primeras permanentes y las dos últimas funcionales en verano), el noviembre pasado anunció la construcción de su quinta base (igualando así en número a Estados Unidos). La nueva instalación, en el mar de Ross, estaría operativa en 2022.

En relación con estas estaciones científicas, desde la llega al poder de Xi Jinping en 2013, China está buscando crear una Zona Antártica Especialmente Administrada, para la protección del medioambiente en torno a la base de Kunlun, algo a lo que se resisten sus vecinos regionales, puesto que daría a Pekín dominio sobre las actividades que allí se llevan a cabo. Esta es la base china con mayor protagonismo, esencial para sus estudios en materia astronómica y, por ende, para el desarrollo del BeiDou, sistema chino de navegación satelital, fundamental para la expansión y modernización de sus fuerzas armadas y que rivaliza con los sistemas GPS (Estados Unidos), Galileo (UE) y GLONASS (Rusia). A este respecto y en vista de las implicaciones militares que posee la Antártida, el Tratado estableció la posibilidad de que cualquier país realizara inspecciones a cualquiera de las bases allí presentes, como una forma de asegurar el cumplimiento de las predisposiciones del acuerdo (artículo VII). Sin embargo, la peligrosidad y coste de estas inspecciones han hecho que se reduzcan considerablemente, por no mencionar que la base de Kunlun se encuentra en una de las regiones climatológicamente más hostiles del continente.

Por otro lado, China cuenta actualmente con dos rompehielos, el Xue Long I y el Xue Long II, este último construido íntegramente en territorio chino con la asistencia de la finlandesa Aker Arctic. Los expertos consideran que, tras la construcción de este buque, la República Popular podría estar cerca de la construcción de rompehielos de propulsión nuclear, algo que actualmente solo lleva a cabo Rusia y que tendría consecuencias de alcance global.

Pero la importancia de la Antártida para China no sólo se refleja en los avances técnicos y tecnológicos que está realizando, sino también en sus relaciones bilaterales con países próximos al continente austral como Chile o Brasil, el primero con estatus consultivo original, y con reclamación territorial en el STA; el segundo con estatus consultivo únicamente. El pasado septiembre, el país andino mantuvo con la República Popular la primera reunión del Comité Conjunto de Cooperación Antártica, en la cual, entre otros asuntos, se trató el uso del puerto de Punta Arenas por parte de China como base para el abastecimiento de personal y materiales a sus instalaciones antárticas, conversaciones que requerirán de mayor profundización. En cuanto a Brasil, la empresa china CEIEC (China National Electronics Import & Export Corporation) financió en enero una nueva base antártica brasileña por valor de 100 millones de dólares.

 

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

Ubicación aproximada de las principales bases antárticas. En azul, las bases de Estados Unidos; en rojo, las de Rusia, y en amarillo, las de China.

 

Por último, cabe analizar el peso estadounidense y ruso en la Antártida, aunque previsiblemente será China quien adquiera mayor importancia en la región, al menos hasta la apertura del Protocolo de Madrid para su revisión en 2048. Estados Unidos posee tres bases permanentes (las bases McMurdo, Amundsen-Scott South Pole Station y Palmer) y dos únicamente de verano (las bases Copacabana y Cabo Shirreff), por lo que la construcción de la nueva base china igualará el número total de las bases estadounidenses.

Por su parte, Rusia, potencia dominante del Ártico, lo es también de su contraparte meridional, al menos en cuento el número de bases, ya que cuenta con seis, de las cuales cuatro son de funcionamiento anual (Mirni, Novolazárevskaya, Progrés y Vostok) y las otras dos únicamente en período estival (Bellingshausen y Molodiózhnaya). No obstante, conviene precisar que Rusia no ha abierto ninguna base antártica desde que cayó la URSS, siendo la más reciente Progrés (1988), si bien es cierto que ha intentado, por ejemplo, reabrir la base soviética Russkaya, sin éxito. También Estados Unidos estableció la mayoría de sus bases antárticas en plena Guerra Fría, en los años 50 y 60, salvo las dos de período estival (Copacabana en 1985 y Cabo Shirreff en 1991).

China, por el contrario, abrió la base Gran Muralla en 1985, la base Zhongshan en 1989, la Kunlun en 2009 y la Taishan en 2014 y, como ya se ha dicho, tiene una nueva pendiente para 2022.

Además de los países mencionados, otra veintena dispone de bases de investigación en la Antártida, entre ellos España, que tiene estatus consultivo en el Tratado Antártico. España cuenta con dos bases estivales en las islas Shetland del Sur, la base Juan Carlos I (1988) y la Gabriel de Castilla (1998). También cuenta con un campamento científico temporal situado en la Península Byers de la Isla Livingston.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Covid-19

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Covid-19

COMENTARIOCarlos Jalil

El Covid-19 ha obligado a muchos estados a tomar medidas extraordinarias para proteger el bienestar de sus ciudadanos. Esto incluye la suspensión de ciertos derechos humanos por motivos de emergencia pública. Derechos como la libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de reunión y privacidad, se ven afectados por las respuestas estatales a la pandemia. Por lo tanto, nos preguntamos: ¿Afectan los estados indebidamente la libertad de expresión cuando combaten las noticias falsas? ¿Restringen indebidamente nuestra libertad de movimiento y reunión o incluso nos privan de nuestra libertad? ¿Infringen nuestro derecho a la privacidad con las nuevas aplicaciones de rastreo? ¿Está justificado?

Para proteger la salud pública, los tratados de derechos humanos permiten a los estados adoptar medidas que pueden restringir derechos. El artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR) establecen que en situaciones de emergencia pública que amenazan la vida de la nación, los estados pueden tomar medidas y derogar sus obligaciones establecidas en dichos tratados. Del mismo modo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), permite a los estados parte suspender sus obligaciones en situaciones de emergencia que amenazan la independencia o seguridad de la nación.

Durante la pandemia, algunos estados han declarado estado de emergencia y, por la imposibilidad de respetar ciertos derechos, han derogado sus obligaciones. Sin embargo, las derogaciones están sujetas a requerimientos. La Observación General 29 sobre Estados de Emergencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece seis condiciones para efectuar derogaciones, que son similares en los tratados mencionados: (1) proclamación oficial de estado de emergencia y emergencia pública que amenace la vida de la nación; (2) proporcionalidad requerida por las exigencias de la situación en cuanto a la duración, cobertura geográfica y base sustantiva; (3) no discriminación (sin embargo el ECHR no incluye esta condición); (4) conformidad con otras obligaciones de derecho internacional; (5) notificación formal de la derogación a los respectivos organismos establecidos por los tratados (estas deben incluir información completa sobre las medidas, sus razones y documentación de leyes adoptadas); y (6) prohibición de derogar derechos no derogables.

La última condición es particularmente importante. Los tratados mencionados (ICCPR, ECHR y CADH) establecen explícitamente los derechos que no pueden ser derogados. Estos, llamados también derechos absolutos, incluyen, inter alia: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad de la ley, y libertad de conciencia y religión.

Sin embargo, las derogaciones no siempre son necesarias. Hay derechos que, por el contrario, no son absolutos y tienen la inherente posibilidad de ser limitados, para lo cual no es necesario que un estado derogue sus obligaciones bajo los tratados. Esto quiere decir que el estado, por motivos de salud pública, puede limitar ciertos derechos no absolutos sin necesidad de notificar su derogación. Estos derechos no absolutos son: derecho a la libertad de movimiento y reunión, libertad de expresión, derecho a la libertad personal y privacidad. Específicamente, el derecho a la libertad de movimiento y asociación está sujeto a limitaciones por motivos de seguridad nacional, orden y salud pública, o los derechos y libertades de otros. El derecho a la libertad de expresión puede ser limitado por el respeto a los derechos o reputación de otros y por la protección de la seguridad nacional, orden y salud pública. Y los derechos de libertad personal y privacidad pueden ser sujetos de limitaciones razonables de conformidad con las provisiones estipuladas en los tratados de derechos humanos.

A pesar de estas posibilidades, países como Letonia, Estonia, Argentina y Ecuador, los cuales han declarado oficialmente estado de emergencia, han recurrido a la derogación. Consecuentemente, han justificado el Covid-19 como una emergencia que amenaza la vida de la nación, notificando a las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa sobre la derogación de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados mencionados. Por el contrario, la mayoría de los estados adoptando medidas extraordinarias no han procedido a esa derogación, basándose en las limitaciones inherentes a estos derechos. Entre ellos están Italia y España, países gravemente afectados, que no han derogado, sino que han aplicado limitaciones.

Esto un fenómeno interesante porque demuestra las diferencias en las interpretaciones de los estados, también sujetos a sus legislaturas nacionales, sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Claramente existe el riesgo de que estados aplicando limitaciones abusen del estado de emergencia y atenten contra los derechos humanos. Por lo tanto, podría ser que algunos estados interpretan las derogaciones en el sentido de que reflejan su compromiso con el imperio de la ley y el principio de la legalidad. No obstante, es probable que los organismos de derechos humanos encuentren también las medidas adoptadas por los estados que no han derogado consistentes con la situación de la pandemia. Exceptuando, en ambos casos, situaciones de tortura, excesivo uso de la fuerza y otras circunstancias que afecten a los derechos absolutos.

Tras la pandemia, es factible que las cortes y tribunales decidan si las medidas adoptadas fueron necesarias. Pero mientras tanto, los estados deben considerar que las medidas extraordinarias adoptadas deben ser temporales, ateniendo a condiciones adecuadas de salud y dentro del marco de la ley.

EEUU como máquina que se reprograma sola

[George Friedman. The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph Beyond. Doubleday. New York, 2020. 235 pag.]

RESEÑAE. Villa Corta, E. J. Blasco

The Storm Before the Calm. America's Discord, the Coming Crisis of the 2020s, and the Triumph BeyondEl título del nuevo libro de George Friedman, impulsor en su día de la agencia de análisis geopolítico e inteligencia Stratfor y luego creador de Geopolitical Futures, no hace referencia a la crisis mundial creada la pandemia del Covid-19. Cuando habla de crisis de la década de 2020, que Friedman lleva anticipando hace algún tiempo en sus comentarios y ahora explica por extenso en este libro, se refiere a movimientos históricos profundos y de larga duración, en este caso circunscritos a Estados Unidos.

Más allá, pues, de la pandemia de estos momentos, de algún modo coyuntural y no abordada en el texto (su composición es previa), Friedman avanza que EEUU se reinventará a finales de esta década. Como una máquina que, casi automáticamente, incorpora cambios y correcciones sustanciales cada determinado periodo de tiempo, EEUU se prepara para un nuevo salto. Habrá crisis prolongada, pero EEUU saldrá de ella triunfante, vaticina Friedman. ¿Declive de EEUU? Todo lo contrario.

A diferencia de otros libros suyos anteriores, como Los próximos cien años o Flashpoints, Friedman deja esta vez el análisis geopolítico global de Friedman para centrarse en EEUU. En su reflexión sobre la historia estadounidense, Friedman ve una sucesión de ciclos de aproximada duración. Los actuales están ya en sus fases finales, y la reposición de ambos será coincidente a finales de la década de 2020, en un proceso de crisis y posterior resurgimiento del país. En el terreno institucional se está agotando el ciclo de 80 años comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (el previo venía desde el término de la Guerra de Secesión, en 1865); en el campo socioeconómico, está acabando el ciclo de 50 años iniciado con Ronald Reagan en 1980 (el previo se había prolongado desde el fin de la Gran Recesión y la llegada de Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca).

Friedman no ve a Donald Trump como el catalizador del cambio (su esfuerzo ha sido simplemente el de recuperar la situación creada por Reagan para la clase media trabajadora, afectada por el paro y la pérdida de poder adquisitivo), ni tampoco cree que lo vaya a ser quien pueda sustituirle los próximos años. Más bien sitúa el giro hacia 2028. El cambio, gestado en un tiempo de gran desconcierto, tendrá que ver con el fin de la tecnocracia que domina la vida política e institucional estadounidense y con la disrupción creativa de nuevas tecnologías. El autor quiere denotar la habilidad de EEUU para superar las adversidades y sacar provecho del “caos” para luego tener un crecimiento fructífero.

Friedman divide el libro en tres partes: la creación de la nación como la conocemos, los ciclos atravesados y el pronóstico sobre el que viene. En esta última parte presenta los retos o adversidades a los que se deberá enfrentar el país.

En cuanto a la creación del país, el autor razona sobre el tipo de gobierno creado en Estados Unidos, el territorio en el que se encuentra el país y el pueblo americano. Este último aspecto es, quizá, el más interesante. Define al pueblo estadounidense como un constructo meramente artificial. Eso le lleva a ver a EEUU como una máquina que afina su funcionamiento automáticamente cada cierto tiempo. Como país “inventado”, EEUU se reinventa cuando sus ciclos se agotan.

Friedman presenta la formación del pueblo estadounidense a través tres tipos superpuestos: el vaquero, el inventor y el guerrero. Al vaquero, que busca empezar algo completamente nuevo y de forma “americana”, se debe especialmente el constructo social tan único de EEUU. Al inventor corresponde el ímpetu por el progreso tecnológico y la prosperidad económica. Y la condición de guerrero ha estado presente desde los inicios.

En la segunda parte del libro se aborda la cuestión ya apuntada de los ciclos. Friedman considera que el crecimiento de EEUU ha sido cíclico, en un proceso en el que el país se reinventa cada cierto tiempo para seguir progresando. Después de hacer un recuento de los periodos vividos hasta hora, sitúa el próximo gran cambio de EEUU en esta década que acaba de comenzar. Advierte que la gestación de la siguiente etapa será complicada debido a la acumulación de eventos de los ciclos pasados. Uno de los aspectos sobre los que el país deberá resolver tiene que ver con la paradoja entre el deseo de internacionalizar la democracia y los derechos humanos y el de mantener su seguridad nacional: “liberar al mundo” o asegurar su posición en la esfera internacional.

El momento de cambio presente, en el que de acuerdo con el autor el ciclo institucional y el socioeconómico van a chocar, supone un tiempo de profunda crisis, pero tras ella llegará un largo periodo de calma. Friedman cree que los primeros “temblores” de la crisis se sintieron en las elecciones de 2016, que mostraron una radical polarización de la sociedad estadounidense. El país deberá reformar no solo su complejo sistema institucional, sino también diversos aspectos socioeconómicos.

Esta última parte del libro –dedicada a la resolución de problemas como la crisis de las deudas estudiantiles, el uso de las redes sociales, las construcciones sociales nuevas o la dificultad en el sector educativo–, es probablemente la más importante. Si la mecanicidad y el automatismo en la sucesión de ciclos determinada por Friedman, o incluso su existencia misma, son cuestionables (otros análisis podrían llevar a otros autores considerar distintas etapas), los problemas reales que el país tiene en la actualidad son fácilmente constatables. Así que la presentación de propuestas para su resolución tiene un indudable valor.

Albania, primer país de mayoría musulmana que podría integrarse en la UE

Población turística en el distrito de Gjirokastër, al sur del Albania [Pixabay]

▲ Población turística en el distrito de Gjirokastër, al sur del Albania [Pixabay]

ENSAYOJan Gallemí

El pasado 24 de noviembre de 2019 el gobierno francés de Enmanuel Macron lideró el veto, junto a otros estados como Dinamarca o los Países Bajos, a la adhesión de las naciones balcánicas de Albania y Macedonia del Norte a la Unión Europea. Según justifica el presidente de la Quinta República francesa, esto es debido a que el mayor número de refugiados económicos que entran en Francia son de los Balcanes, en concreto de la ya mencionada Albania. Este último país presentó su candidatura a la Unión Europea el 28 de abril de 2009 y el 24 de junio de 2014 se acordó por unanimidad de los 28 países de la UE otorgar a Albania el estatus de país candidato a la adhesión. Los motivos por los cuales se justifica ese rechazo vienen dados principalmente por motivos económicos y financieros[1]. También existe una ligera preocupación ante la diversidad que existe en la estructura etnográfica del país y los conflictos que esta podría ocasionar en un futuro, no solo dentro del propio país sino también en su relación con sus vecinos, ante todo con la cuestión de Kosovo y las relaciones con Grecia y Macedonia del Norte[2]. Sin embargo, otro aspecto que también ha sido explorado es el hecho de que la adhesión de Albania supondría la incorporación a la UE del primer estado en que la religión con más número de fieles es la islámica, en concreto de la rama suní. En este ensayo se procederá a analizar el impacto de dicho aspecto y observar cómo o hasta qué punto pueden conjugar o divergir los valores albaneses, principalmente por ser de religión primordialmente islámica, con aquellos en los que se fundamentan el proyecto común europeo.

Evolución del Islam en Albania

Hay que remontarse a la historia para tener en cuenta las causas por las cuales un país europeo como Albania ha desarrollado una estructura social en la cual la religión más profesada por parte de la población es la suní. Por la región geográfica en la que se halla, teóricamente sería más común pensar que Albania tendría un mayor porcentaje de población ortodoxa que suní[3]. El mismo caso se da con Kosovo y Bosnia-Herzegovina. En un principio esta región era mayoritariamente de religión cristiana ortodoxa en el sur (como la mayor parte de los estados balcánicos de hoy en día) debido al hecho de que constituía uno de los muchos territorios que conformaban el imperio Bizantino hasta el siglo XIII, cuando esta nación logró su independencia. Sin embargo, la razón por la cual el Islam está tan presente en Albania, a diferencia de sus estados vecinos, es que fue más influenciada en el aspecto religioso por el imperio Otomano, sucesor del Bizantino. Este cayó en 1453 y sus territorios fueron ocupados por los otomanos, un pueblo turco establecido en aquel momento sobre la península de Anatolia. Según historiadores como Vickers fue entre los siglos XVII y XVIII cuando gran parte de la población albanesa se convirtió al Islam[4]; la causa de ello, como indica a su vez John L. Esposito, fue que para las poblaciones albanesas cambiar de religión suponía librarse de los mayores impuestos que los cristianos debían pagar en el imperio Otomano[5].

La religión en Albania se fue moldeando desde entonces a través de los acontecimientos. Por lo que sabemos gracias a estudios como los de Gawrych en el siglo XIX, la sociedad albanesa se dividía entonces principalmente en tres grupos: católicos, ortodoxos y sunís (estos últimos representaban el 70% de la población). Durante este mismo siglo nacieron muchos de los nacionalismos conocidos de carácter europeo y en los Balcanes se inició la que se conoce como crisis del Este. Durante este periodo muchos pueblos balcánicos se sublevaron contra los otomanos, pero los albaneses, al identificarse con ellos por su religión, inicialmente se mantuvieron fieles al sultán[6]. Debido a este apoyo, se empezó a denominar peyorativamente a los albaneses musulmanes como “turcos”[7]. Esto provocó que el nacionalismo albanés se distanciara del emergente pan-islamismo otomano del sultán Abdualhmid II. De ahí surgió, según Endresen, un renacer nacional albanés denominado Rilindja, el cual buscó el apoyo de las potencias de Europa occidental[8].

Generalmente los movimientos independentistas balcánicos que surgieron en el siglo XIX reforzaron el sentimiento cristiano en contraposición al musulmán, pero en Albania no fue así; como indica Stoppel, tanto cristianos como musulmanes albaneses cooperaron en un objetivo nacional común[9]. Esto fomentó la convivencia entre ambas creencias (ya presente en tiempos anteriores) y permitió la diferenciación de este movimiento con el Helenismo[10]. Cabe destacar que en aquel momento en Albania los musulmanes y los cristianos estaban peculiarmente distribuidos territorialmente: en el norte había más cristianos católicos que no fueron tan influenciados por el imperio otomano y en el sur también predominaban ortodoxos por la frontera con Grecia. El 28 de noviembre de 1912 los albaneses, siendo acaudillados por Ismail Qemali, declararon finalmente la independencia.

El reconocimiento internacional de Albania por el Tratado de Londres supuso la imposición de una monarquía cristiana, lo que conllevó la indignación de los albaneses musulmanes, que según las estimaciones suponían el 80% de la población, y provocó la denominada revuelta islámica. La revuelta fue liderada por Essad Pasha Toptani, quien se declaraba como “salvador de Albania y del Islam” y se rodeó de clérigos descontentos. Sin embargo, durante el periodo de la Primera Guerra mundial, los nacionalistas albaneses se dieron cuenta enseguida de que las diferencias religiosas podrían ocasionar la fracturación del propio país y decidieron romper lazos con el mundo musulmán con la intención de poder tener “una Albania común”, lo que llevó a que Albania se declarara como un país sin religión oficial; esto permitió la formación de un gobierno con representación de las cuatro creencias religiosas principales: suní, bektashi, católica y ortodoxa. Las elites secularistas albanesas programaron una reforma del Islam que fuera más acorde con las tradiciones de Albania para que el país se diferenciase más de Turquía, y se nacionalizaron las instituciones religiosas. A partir de 1923 el Congreso Nacional Albanés acabó realizando los cambios desde una perspectiva muy semejante a la del liberalismo occidental. Las reformas más importantes fueron la supresión del hiyab y la ilegalización de la poligamia, y se implementó una forma distinta de orar que substituía el ritual del Salat. Pero el mayor cambio fue la substitución de la sharia por leyes semejantes a las occidentales.

Durante la Segunda Guerra Mundial Albania fue ocupada por la Italia fascista y en 1944 acabó imponiéndose un régimen comunista bajo el liderazgo de Enver Hoxha. Este régimen comunista veía en las distintas creencias religiosas del país un peligro para mantener la seguridad del gobierno autoritario, y por ello declaró a Albania como el primer estado oficialmente ateo y propuso la persecución de las distintas prácticas religiosas. De esta manera se impusieron leyes represivas que impedían profesar las fe católica u ortodoxa, y prohibían a los musulmanes leer o poseer el Corán. En 1967 el gobierno demolió hasta 2.169 edificios de carácter religioso y el resto los transformó en edificios públicos. De 1.127 edificios que guardaban alguna relación con el Islam en aquella época, tan solo se conservan hoy en día unos 50, y en muy malas condiciones[11]. Se considera que el impacto de este tipo de persecución se vio reflejado en el incremento de no creyentes dentro de la población albanesa. Entre 1991 y 1992 una serie de protestas acabó con el régimen. En esta nueva Albania democrática, el Islam volvió a ser la religión predominante, pero se prefirió mantener la aconfesionalidad del estado para garantizar la armonía entre las distintas creencias.

Influencias del campo internacional

Teniendo en cuenta esa realidad de Albania de país con mayoría de población islámica, pasamos a analizar el impacto que supondría su adhesión a la Unión Europea y hasta qué punto los valores de ambas se contradicen o conjugan.

Para empezar, si todo esto se analiza desde una perspectiva basada en la teoría del “constructivismo”, como la propuesta por Helen Bull, puede verse cómo Albania desde los inicios de su historia ha sido un territorio cuya estructura social ha estado fuertemente influenciada por la interacción de los distintos actores internacionales. Durante los años en los que formaba parte del imperio Bizantino, absorbió en gran medida los valores ortodoxos; cuando fue ocupado por los otomanos, la mayor parte de su población adoptó la religión islámica. De la misma manera, durante la desotomanización de los Balcanes, el país adoptó corrientes de pensamiento político tales como el liberalismo debido a la influencia de las potencias de Europa occidental. Eso generó un ánimo de crear un gobierno constitucionalista y parlamentarista cuya visión de la política no se basara en ninguna moral religiosa[12]. También puede verse que el régimen comunista se impuso en un contexto común al de los demás estados de Europa del Este. A la par también volvió a la senda democrática como consecuencia de la caída de la URSS, aun a pesar de que Albania no mantuviera buenas relaciones con el Pacto de Varsovia desde el año 1961.

Desde que Albania presentó su candidatura a la UE, esos valores liberales se han vuelto a fortalecer. En concreto, Albania se esfuerza por mejorar sus infraestructuras y por erradicar la corrupción y el crimen organizado. Por lo que puede observarse que la sociedad albanesa siempre se adapta a ser parte de una organización supra gubernamental. Esto es un aspecto importante porque significa que lo más probable es que el país participe activamente en las propuestas realizadas por la Comisión europea, sin dejarse llevar por los valores sociales internos. No obstante, esto a su vez otorga un punto a favor de aquellos eurodiputados que alegaron que la decisión de veto se trataba de un error histórico. Puesto que si no se aliena con la UE, Albania podría alienarse con otros actores internacionales. Según los propios eurodiputados estos podrían ser Rusia o China.

Sin embargo, hay dos limitaciones ante esta afirmación. La primera es que desde 2012 Albania es miembro de la OTAN, por lo que en parte ya está alienada con Occidente en el aspecto militar. Pero importa más un segundo aspecto, y es que Albania ya intentó durante la Guerra fría alienarse con Rusia y China, pero comprobó que esto le suponía efectos negativos pues le constituía en un estado satélite. Por otro lado, y aquí es donde los valores islámicos entran en juego, Albania hoy en día forma parte de organizaciones de naturaleza islámica como la OIC (Organization of Islamic Cooperation). Por lo que el rechazo de la UE podría suponer el realineamiento de Albania con otros estados islámicos, como los árabes o Turquía. El propio gobierno de Turquía, actualmente liderado por el partido de Erdogan, posee una naturaleza neo-otomanista: pretende acercar a su influencia los estados que anteriormente constituyeron el imperio Otomano. Albania está siendo influenciada por ese neo-otomanismo y un rechazo europeo podría devolverla al seno de esta concepción[13]. Además, si se acerca a países árabes de Oriente Medio como Arabia Saudí, Albania correría el peligro de asimilar los valores islámicos de estos territorios[14], los cuales son incompatibles con los de la UE debido a que incumplen con buena parte de los artículos firmados en la Declaración Universal de Derechos de 1952.

Islam y Unión Europea

Otro aspecto sería plantearse ¿en qué aspectos se contradicen los valores islámicos con los de la UE? Generalmente la Unión Europea afirma estar en contra de la poligamia, la homofobia o las prácticas religiosas que se opongan a la dignidad de la persona. Esto ha generado, entre otras cosas, un potente debate interno de si el hiyab puede considerarse como una práctica personal que no debe impedirse legalmente. Muchos grupos feministas están en contra de este aspecto puesto que lo relacionan con el patriarcalismo familiar[15]; sin embargo, otros grupos de la UE afirman que se trata tan solo de una práctica personal e individual totalmente respetable y que su supresión sería un gesto de naturaleza islamofóbica. En cualquier caso, como ya se ha mencionado, Albania suprimió en 1923 tanto la poligamia como el uso del hiyab por no reflejar los valores del Islam en Albania[16]. En este aspecto se observa que aun siendo Albania un país de mayoría Islámica, este Islam está mucho más influenciado por las corrientes europeistas del mismo que por las orientales: es decir, un Islam adaptado a las costumbres europeas y cuyos valores se asemejan más actualmente a la de los estados balcánicos vecinos.

Algunos diputados europeos, generalmente de grupos pertenecientes a la ultraderecha, como bien podrían ser Ressamblement National o Alternativ für Deutschland, aseguran que los valores islámicos nunca serán compatibles con los europeos debido a que son de carácter expansionista y radical. El holandés Geert Wilders afirma que el Corán «es más antisemita que el Mein Kampf»[17]. En otras palabras, alegan que quienes profesan el Islam son incapaces de mantener buenas relaciones con otras confesiones debido a que en el propio Corán se habla de hacer la guerra al infiel a través de la Yihad. Y como ejemplo citan los ataques terroristas que el grupo islamista DAESH ha provocado durante la última década, como los perpetrados en París o Barcelona[18]. Pero habría que recordarles a estos grupos que un texto sagrado como es el Corán puede ser interpretado de muchas maneras y que aunque algunos grupos musulmanes crean en esta incompatibilidad de buenas relaciones con quienes piensan distinto, la mayoría de los musulmanes interpreta el Corán de una forma muy distinta, de igual manera que sucede con la Biblia, aunque unos grupos sumamente específicos se vuelvan irracionales.

Esto sucede claramente en Albania, donde desde su democratización en 1991 ha habido un proyecto nacional integrador de todos los ciudadanos, al margen de sus diferentes creencias. Más bien, a lo largo de su historia como país independiente en Albania solo ha habido un periodo de persecución religiosa y este fue a causa de la represión de un autoritarismo comunista. Una limitación que podría darse en este aspecto sería la revolución islámica que sufrió el país en 1912.  Pero cabe destacar que esta revolución, a pesar de su fuerte sentimiento islámico, sirvió para derribar un gobierno títere; después de ella no se aplicó ninguna ley que impusiera los valores islámicos sobre el resto. Por lo que cabe destacar que el modelo político de Albania es muy similar al expuesto por Rawls en su libro “Political Liberalism”, debido a que configura un estado con múltiples valores (aunque haya uno predominante), pero sus leyes no se redactan en base a ninguno de ellos, sino a unos valores comunes entre todos ellos basados en la razón[19]. Este modelo propuesto por Rawls es una de las bases fundacionales de la Unión Europea y Albania sería un estado que daría ejemplo de estos mismos valores[20]. Así lo afirmaba el sumo pontífice Francisco I en su visita en Tirana en 2014: “Albania demuestra que la convivencia pacífica entre ciudadanos pertenecientes a religiones diferentes es un camino que se puede recorrer de forma concreta y que produce armonía y libera las mejores fuerzas y la creatividad de un pueblo entero, transformando la simple convivencia en verdadera colaboración y fraternidad”[21]

Conclusiones

Puede concluirse que los valores de Albania como un estado de mayoría islámica no parecen ser divergentes a los de Europa Occidental y por ende de la Unión Europea. Albania es un estado aconfesional que respeta todas las creencias religiosas y anima a todos los individuos, independientemente de su fe, a participar de la vida política del país (lo cual tiene mucho mérito debido a la significativa diversidad religiosa que ha distinguido a Albania a lo largo de su historia). Además, el Islam en Albania es sumamente distinto al de otras regiones debido al impacto que tuvo la influencia europea en la región. No solo eso, sino que también el país parece muy dispuesto a colaborar con proyectos comunes. Lo único que, en el campo de los valores, llevaría a pensar que Albania no es apta para entrar en la UE sería que, del mismo modo como se vio influenciada por los actores que han interaccionado con ella a lo largo de su historia, vuelva serlo de nuevo por estados musulmanes de valores divergentes a los europeos. Pero este caso es más probable de darse si la Unión Europea rechazase a Albania, pues esta buscaría el amparo de otros aliados en el campo internacional.

Las implicaciones de la adhesión del primer estado con mayoría musulmana a la UE serían ciertamente ventajosas, puesto que fomentaría la variedad de pensamiento religioso dentro de la Unión y esto podría conducir a un mayor entendimiento entre las distintas creencias que la integran. Habría la posibilidad de una mayor presencia de diputados sunís en el Parlamento Europeo y ayudaría a potenciar la convivencia dentro de otros estados de la UE en base a lo hecho en Albania, como puede ser el caso de Francia, donde el 10 % de la población es musulmana. Cabe decir además que el comportamiento ejemplar multirreligioso de Albania debilitaría seriamente al euroscepticismo y además ayudaría a fomentar la concordia dentro de la región de los Balcanes. Como ha alegado Donald Tusk, hay que dar una perspectiva europea a los Balcanes y es del mayor interés para la UE que Albania se integre a ella.


[1] Lazaro, Ana; El Parlamento Europeo aprueba una resolución contra el veto a Macedonia del Norte y Albania;  euronews. ; última actualización: 24/10/2019

[2] Sputnik Mundo; La actitud de Occidente ante el fantasma de la 'Gran Albania' que preocupa a Moscú; Sputnik Mundo, 22/02/2018. Nota: Hay que tener cuidado a la hora de analizar esta fuente puesto que suele ser utilizada como método de propaganda rusa.

[3] «Third Opinion on Albania adopted on 23 November 2011». Strasbourg. 4 de junio de 2012.

[4] Vickers, Miranda (2011). The Albanians: a modern history. London: IB Tauris.

[5] Esposito, John; Yavuz, M. Hakan (2003). Turkish Islam and the secular state: The Gülen movement. Syracuse: Syracuse University Press

[6] Gawrych, George (2006). The crescent and the eagle: Ottoman rule, Islam and the Albanians, 1874–1913. London: IB Tauris.

[7] Karpat, Kemal (2001). The politicization of Islam: reconstructing identity, state, faith, and community in the late Ottoman state. Oxford: Oxford University Press.

[8] Endresen, Cecilie (2011). "Diverging images of the Ottoman legacy in Albania". Berlin: Lit Verlag. pp. 37–52.

[9] Stoppel, Wolfgang (2001). Minderheitenschutz im östlichen Europa (Albanien). Cologne: Universität Köln.

[10] Gawrych, George (2006). The crescent and the eagle: Ottoman rule, Islam and the Albanians, 1874–1913. London: IB Tauris.

[11] Nurja, Ermal (2012). "The rise and destruction of Ottoman Architecture in Albania: A brief history focused on the mosques". Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

[12] Albanian Constituition de 1998.

[13] Return to Instability: How migration and great power politics threaten the Western Balkans. European Council on Foreign Relations. 2015.

[14] Bishku, Michael (2013). "Albania and the Middle East".

[15] García Aller, Marta; Feministas contra el hiyab: "Europa está cayendo en la trampa islamista con el velo”

[16] Jazexhi, Olsi (2014). "Albania". In Nielsen, Jørgen; Akgönül, Samim; Alibašić, Ahmet; Racius, Egdunas (eds.). Yearbook of Muslims in Europe: Volume 6. Leiden: Brill.

[17] EFE; El diputado holandés que comparó el Corán con el 'Mein Kampf' no retira sus palabras. La Vanguardia; 04/10/2010

[18] Khader, Bichara; Los musulmanes en Europa, la construcción de un “problema”; OpenMind BBVA

[19] Rawls, John; Political Liberalism; Columbia University Press, New York

[20] Kristeva, Julia; Homo europaeus: ¿existe una cultura europea?; OpenMind BBVA

[21] Vera, Jarlison; Albania: El Papa destaca la colaboración entre católicos, ortodoxos y musulmanes; Acaprensa

Pakistan. Predictions on the eternally hijacked

A woman crosses a bridge in a rural area of Pakistan [Pixabay]

▲ A woman crosses a bridge in a rural area of Pakistan [Pixabay]

STRATEGIC ANALYSIS REPORT / Naiara Goñi, Roberto Ramírez, Albert Vidal

 

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EXCECUTIVE SUMMARY

The purpose of this strategic analysis report is to ascertain how geopolitical dynamics in and around Pakistan will evolve in the next few years.

Pakistani relations with the US will become increasingly transactional after the US withdrawal from Afghanistan. As the US-India partnership strengthens to face China, the US will lose interest in Pakistan and their priorities will further diverge. In response, Beijing will remain Islamabad’s all-weather strategic partner despite claims that the debt-trap could become a hurdle. Trade relations with the EU will continue to expand and Brussels will not use trade leverage to obtain Human Rights concessions from Islamabad. Cooperation in other areas will stagnate, and the EU’s neutrality on the Kashmir issue will remain unchanged.

In Central Asia, Islamabad will maintain positive relations with the Central Asian Republics, which will be based on increasing connectivity, trade and energy partnerships, although these may be endangered by instability in Afghanistan. Relations with Bangladesh will remain unpropitious. An American withdrawal from Afghanistan will most likely lead to an intensification of the conflict. Thanks to connections with the Taliban, Pakistan might become Afghanistan’s kingmaker. Even if regional powers like Russia and China may welcome the US withdrawal, they will be negatively affected by the subsequent security vacuum. Despite Pakistani efforts to maintain good ties with both Iran and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), if tensions escalate Islamabad will side with Riyadh. Pakistan’s weak non-proliferation credentials will be coupled with a risk of Pakistan sharing its nuclear arsenal with the Saudis.

A high degree of tensions will continue characterizing its relations with India, following the abrogation of Articles 370 and 35A of the Indian constitution. Water scarcity will be another source of problems in their shared borders, which will be exacerbated by New Delhi’s construction of reservoirs in its territory. Islamabad will continue calling for an internationalization of the Kashmir issue, in search of international support. They are likely to fight localized skirmishes, but there is a growing fear that the contentious issues mentioned above could eventually lead to an all-out nuclear war. PM Khan and Modi will be reluctant to establish channels of rapprochement, partly due to internal dynamics of both countries, be it Hindu nationalism or radical Islam.

A glance inside Pakistan will show how terrorism will continue to be a significant threat for Pakistan. As a result of Pakistan’s lack of effective control in certain areas of its territory, the country has been used as a base of operations by terrorist and criminal groups for decades, to perpetrate all kinds of attacks and illegal activities, which will not change in the near future. Risks that should be followed closely include the power of anti-Western narratives wielded by radical Islamists, the lack of a proper educational system and an ambiguous counter-terrorism effort. In the midst of this hodgepodge, religion will continue to have a central role and will be undoubtedly used by non-state actors to justify their violent actions, although it is less likely that it will become an instrument for states to further their radical agendas.

La UE cambia las reglas de juego para la adhesión de los Balcanes occidentales

Albania y Macedonia del Norte se ven obligadas a aceptar normas de negociación más duras, mientras Serbia y Montenegro reevalúan sus opciones

El Brexit ha estado absorbiendo la atención negociadora de la UE durante muchos meses y ahora el Covid-19 ha ralentizado procesos de decisión no prioritarios. En octubre de 2019, la UE decidió enfriar las conversaciones con los Balcanes occidentales, por presión de Francia y algunos otros países. Albania y Macedonia del Norte, que habían realizado el trabajo que Bruselas había solicitado para poder abrir formalmente las negociaciones, han visto cómo se han cambiado las reglas de juego justo antes de comenzar el partido.

Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

▲ Encuentro de los Balcanes occidentales con países de la UE, celebrado en Londres en 2018 [Comisión Europea]

ARTÍCULOElena López-Doriga

Desde sus orígenes, la Comunidad Europea ha ido evolucionando y expandiendo sus competencias a través de tratados que estructuraban su funcionamiento y fines. En el número de miembros de la organización también se ha dado una considerable expansión: comenzó con 6 países (Francia, Bélgica, la República Federal Alemana, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) y hoy está compuesta por 27 (tras la reciente salida del Reino Unido).

El año más destacable de esa ampliación fue 2004, cuando la Unión Europea se comprometió a integrar a 10 nuevos países, lo que supuso un gran reto, dado que estos países eran principalmente de Europa Central y del Este, provenientes del “telón de acero”, con unas economías menos desarrolladas que salían de sistemas comunistas e influencia soviética.

La próxima meta en la ampliación es la posible integración en la UE de los países de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro y Serbia). No obstante, en una cumbre celebrada en Bruselas a finales de 2019 para la apertura de negociaciones de adhesión de nuevos miembros, algunos países de la UE se mostraron contrarios a seguir con el proceso, por lo que por el momento la adhesión de los países candidatos va a tener que esperar. Algunos líderes de la Unión han calificado de “error histórico” ese aplazamiento.

Ampliación hacia Europa Central y del Este

En mayo de 1999 la Unión Europea lanzó el Proceso de Estabilización y Asociación. La Unión se comprometía a desarrollar nuevas relaciones contractuales con los países de Europa Central y del Este que expresaran su deseo de adherirse a la Unión por medio de acuerdos de estabilización y asociación, a cambio de compromisos en la reforma política, económica, comercial o de derechos humanos. Como consecuencia en 2004 la UE integró a la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, y Eslovenia (primer integrante de los Balcanes occidentales). En 2007 Bulgaria y Romania también entraron a formar parte de la Unión y en 2013 lo hizo Croacia, segundo país de los Balcanes occidentales en sumarse.

La integración de los Balcanes occidentales

Desde la conclusión de las guerras yugoslavas a finales de 2001, la UE ha jugado un papel muy destacado en los Balcanes, ya no solo como potencia económica en materia de reconstrucción, sino también como garante de la estabilidad y la seguridad en la región. El objetivo de la UE es en parte evitar que los Balcanes occidentales se conviertan en un agujero negro para la seguridad, debido al alza de los nacionalismos en alza, la tensión creciente entre Moscú y Washington, que alimenta las tensiones entre los grupos étnicos en la región, y la penetración económica de China a la zona. El avance más claro hacia la integración de los Balcanes se reafirmó en la estrategia de la Comisión para los Balcanes occidentales de febrero de 2018 y en la Declaración de Sofía tras la Cumbre UE-Balcanes occidentales celebrada en la capital búlgara el 17 de mayo de 2018. En la Cumbre, los dirigentes de la UE reiteraron su apoyo inequívoco a la perspectiva europea de los Balcanes occidentales. “No veo para los Balcanes occidentales más futuro que la UE. No hay otra alternativa, no hay un plan B. Los Balcanes Occidentales forman parte de Europa y pertenecen a nuestra comunidad”, dijo el entonces presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Candidatos oficiales: Albania y Macedonia

Albania solicitó su ingreso en la Unión el 28 de abril de 2009. En 2012, la Comisión constató progresos notables y recomendó que se le concediera el estatuto de candidato, siempre que efectuara una serie de reformas pendientes. En octubre de 2013, la Comisión recomendó de manera inequívoca que se concediese a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión. Angela Merkel realizó una visita a Tirana el 8 de julio de 2015 y afirmó que la perspectiva de ingreso de los países de la región balcánica en la Unión Europea (UE) era importante para la paz y la estabilidad. Destacó que en el caso de Albania el ritmo del proceso de adhesión dependía del cumplimiento de reformas en el sistema judicial y de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. A la vista de los progresos del país, la Comisión recomendó la apertura de negociaciones de adhesión con Albania en sus informes de 2016 y 2018.

Por otro lado, la República de Macedonia del Norte (antigua república yugoslava de Macedonia) solicitó su ingreso en la Unión en marzo de 2004 y se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2005. Sin embargo, el país no inició las negociaciones de adhesión por el litigio con Grecia sobre la utilización del nombre “Macedonia”. Cuando se resolvió satisfactoriamente mediante el Acuerdo de Prespa con el nuevo nombre del país –Macedonia del Norte–, el Consejo acordó la posibilidad de abrir las negociaciones de adhesión con este país en junio de 2019, suponiendo que se cumplieran las condiciones necesarias.

Candidatos potenciales: Bosnia y Herzegovina y Kosovo

Bosnia y Herzegovina es un país candidato potencial. Pese a que negoció y firmó en 2008 un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Unión, la entrada en vigor de este acuerdo quedó en suspenso principalmente debido a que el país no había ejecutado una sentencia clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entretanto, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina no ha alcanzado un acuerdo en lo concerniente al reglamento interno que rige sus reuniones con el Parlamento Europeo (dos veces al año), ya que dichas reuniones llevan sin celebrarse desde noviembre de 2015, y esta situación constituye una infracción del Acuerdo por parte de Bosnia y Herzegovina. 

Kosovo es un candidato potencial a la adhesión a la Unión. Declaró su independencia de forma unilateral en febrero de 2008. Todos los Estados miembros han reconocido la independencia de Kosovo, menos cinco (Chipre, Eslovaquia, España, Grecia y Rumanía). De entre los países de la región, Serbia y Bosnia y Herzegovina tampoco han reconocido a Kosovo como Estado independiente. En septiembre de 2018 el Parlamento Europeo dio un paso más y decidió entablar negociaciones interinstitucionales, actualmente en curso. No obstante, el hecho de que no todos los países miembros actualmente reconozcan su independencia supone un gran freno.

Negociando el acceso: Montenegro y Serbia

Montenegro, uno de los Estados más pequeños del continente europeo, ha formado parte de diferentes imperios y Estados a lo largo de los últimos siglos, obteniendo finalmente la independencia de manera pacífica en 2006. Solicitó su ingreso en la Unión en diciembre de 2008; se le concedió el estatuto de país candidato en diciembre de 2010, y las negociaciones de adhesión dieron comienzo en junio de 2012. A finales de 2018, se habían abierto 32 capítulos de negociación, de un total de 35.

El proceso de Serbia comenzó en diciembre de 2009 cuando el expresidente Boris Tadić presentó oficialmente la solicitud de ingreso y, además, entregó a la justicia al criminal de guerra Ratko Mladić, responsable de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de Bosnia, que se ocultaba en territorio serbio. Sin embargo, el conflicto con Kosovo es uno de los principales obstáculos que enfrenta Serbia para alcanzar su adhesión a la Unión Europea. Se le concedió el estatuto de país candidato en marzo de 2012, después de que Belgrado y Pristina llegaran a un acuerdo sobre la representación regional de Kosovo. La apertura oficial de las negociaciones de adhesión tuvo lugar el 21 de enero de 2014. En febrero de 2018, la Comisión publicó una nueva estrategia para los Balcanes occidentales en la que se afirmaba que Serbia (al igual que Montenegro) podría ingresar en la Unión de aquí a 2025, si bien reconocía el carácter “extremadamente ambicioso” de esta perspectiva. El futuro ingreso de Serbia en la Unión, al igual que el de Kosovo, sigue estando íntimamente ligado al diálogo de alto nivel entre estos dos países, celebrado bajo los auspicios de la Unión, que debería desembocar en un acuerdo exhaustivo jurídicamente vinculante sobre la normalización de sus relaciones.

Un paso atrás en las negociaciones

En octubre de 2019 se llevó a cabo en Bruselas una cumbre cuyo objetivo era estructurar las negociaciones de los candidatos oficiales a entrar en la UE. Tanto Macedonia del Norte como Albania estaban convencidas de que se fijaría una fecha para empezar el largo proceso de negociaciones. No obstante, el proceso quedó en un punto muerto después de siete horas de disputas, en las que Francia rechazó la entrada de ambos países. Francia lideró la campaña contra esta ampliación, pero también Dinamarca y los Países Bajos se sumaron al veto. Alegan que la UE no está preparada para asumir el ingreso de nuevos Estados. “No funciona demasiado bien a 28, no funciona demasiado bien a 27, y no estoy seguro de que vaya a funcionar mejor con otra ampliación. Así pues, hemos de ser realistas. Antes de ampliar, necesitamos reformarnos nosotros mismos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.

El entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, consideró que esa suspensión constituía un gran error histórico y confió en que solo sea momentánea. Por su parte, Donald Tusk dijo que se sentía “avergonzado” por la decisión, y concluyó que Macedonia del Norte y Albania no tenían la culpa de la situación creada, pues los informes de la Comisión Europea eran claros en que ambos habían hecho lo necesario para empezar las negociaciones con la UE.

En Albania, el primer ministro, Edi Rama, afirmó que la falta de consenso entre los líderes europeos no cambiaría las futuras aspiraciones de Albania para formar parte de la UE. Aseguró que su gobierno estaba decidido a llevar adelante las reformas iniciadas, en el ámbito electoral, judicial y administrativo, porque las consideraba necesarias para el desarrollo del país, no solo porque así se pidiera en Bruselas.

Por otro lado, en Macedonia del Norte el rechazo europeo decepcionó profundamente, pues el país había procedido a reformar sus instituciones y el sistema judicial y a combatir la corrupción; también había modificado su Constitución, su nombre y su identidad nacional. La negativa dejó a este país, candidato oficial a la adhesión desde hace 14 años, en una situación de gran incertidumbre, por lo que el primer ministro Zoran Zaev decidió disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 12 de abril de 2020 (luego pospuestas debido a la emergencia de Covid-19). “Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, pero la UE no lo ha hecho. Somos víctimas de un error histórico que ha provocado una enorme decepción”, aseguró Zaev.

Un nuevo proceso más estricto

A pesar de que, según la Comisión, Macedonia del Norte y Albania cumplían los requisitos para convertirse en candidatos de ingreso, Macron propuso endurecer el proceso de adhesión. Para poder desbloquear la situación y seguir con el proceso, que la UE asegura ser un objetivo prioritario, Bruselas ha cedido ante la petición del presidente francés fijando una nueva metodología para integrar a nuevos países.

El nuevo proceso contempla la posibilidad de reabrir capítulos de las negociaciones que se daban por cerrados o de suspender las conversaciones en marcha en alguno de los capítulos; incluso prevé paralizar el conjunto de las negociaciones. Pretende dar un peso más relevante a los gobiernos y facilitar la suspensión de fondos preadhesión o la paralización del proceso si los países candidatos paralizan o revierten las reformas comprometidas. El nuevo método se aplicará a Albania y Macedonia del Norte, cuyas negociaciones con la UE aún no han empezado, mientras que Serbia y Montenegro podrán elegir si se acogen a él, sin necesidad de cambiar su marco de negociación establecido, según la Comisión.

La nueva guerra de precios petroleros

Marzo y abril de 2020 serán recordados en la industria petrolera como los meses en los que ocurrió la tormenta perfecta: un descenso de más de un 20% de la demanda mundial al mismo tiempo que se desataba una guerra de precios que incrementaba la oferta de crudo generando una situación de abundancia sin precedentes. Esta situación ha puesto en evidencia el fin del dominio de la OPEP sobre el resto de productores y consumidores de petróleo tras casi medio siglo.

Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay]

▲ Estructura de bombeo en un campo de petróleo de esquisto [Pixabay]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

El pasado 8 de marzo, ante el fracaso de las negociaciones del denominado grupo OPEP+, Arabia Saudí ofrecía su crudo con descuentos de entre 6 y 8 dólares en el mercado internacional al tiempo que anunciaba el incremento de su producción a partir del día 1 de abril hasta la cifra record de 12 millones de barriles diarios. El movimiento saudí fue imitado por otros productores como Rusia, que anunciaba un incremento de 500.000 barriles por día (bpd) a partir de la misma fecha, cuando expiran los acuerdos previos del cártel. La reacción de los mercados fue inmediata con un descenso histórico en los precios de más de un 30% en todos los índices internacionales y la apertura de titulares que anunciaban el comienzo de una nueva guerra de precios. El mundo del petróleo contemplaba atónito el colapso del precio del crudo, que alcanzó mínimos históricos el 30 de marzo, al descender el precio del barril de WTI por debajo de los 20 dólares, barrera psicológica que demostraba la crudeza del enfrentamiento y las consecuencias históricas que podría tener para un sector de especial sensibilidad geopolítica.

Experiencias previas

Arabia Saudí, líder mundial de la industria petrolera por sus vastas reservas y su enorme producción orientada mayoritariamente a la exportación, ha recurrido tres veces a una guerra de precios para obtener compromisos de otros productores para que se realicen recortes de oferta que estabilicen los precios internacionales. El mercado petrolero, acostumbrado a un precio artificialmente alto, cuando carece de restricciones en su oferta disponible tiende a sufrir dramáticos descensos en sus precios. Debido a la inestabilidad económica y política que estos precios generan en los países productores, se suele producir un rápido retorno de los mismos a la mesa de negociación, en la cual siempre les espera Arabia Saudí y sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

La primera experiencia de este tipo se produjo en 1985, tras la guerra Irán-Iraq y la crisis petrolera de los setenta, el Rey saudí Fahd bin Abdulaziz Al Saud tomó la decisión de incrementar la producción unilateralmente para recuperar la cuota de mercado que había perdido ante el surgimiento de nuevas regiones productoras como el Mar del Norte o el Golfo de México. La experiencia llevó a un descenso de los precios del 50% tras más de un año de producción sin restricciones que terminaron con un acuerdo en diciembre de 1986 de 12 países de la OPEP para realizar los recortes exigidos por Arabia Saudí y sus aliados.

En 1997, ante la preocupación de Arabia Saudí por el creciente desplazamiento que estaba sufriendo su petróleo entre las refinerías norteamericanas en favor del crudo venezolano y mexicano, el recién llegado monarca saudí Abdalá bin Abdulaziz decidió anunciar en medio de una cumbre de la OPEP en Yakarta que procedía a incrementar su producción sin restricciones. La estrategia saudí no contaba con que al año siguiente estallaría una crisis económica entre los mercados emergentes con especial virulencia en el Sudeste Asiático y Rusia, lo que hundió los precios de nuevo un 50% hasta que se alcanzó un nuevo acuerdo en abril de 1999.

Con el siglo XXI, llegó la bonanza petrolera con el denominado súper ciclo de las commodities (2000-2014) que mantuvo los precios del petróleo en cifras desconocidas por encima de los 100 dólares entre 2008 y 2010-2014. Esta bonanza permitió incrementar la inversión en exploración y producción, generando nuevas técnicas de extracción hasta entonces desconocidas o simplemente inviables económicamente. EEUU vivía en 2005 una crisis petrolera preocupante, con la producción en mínimos históricos de tan solo 5,2 millones de bpd frente a los 9,6 millones bpd de 1970. Además, la dependencia energética de aproximadamente 6 millones de bpd era solventada con cada vez más costosas importaciones de crudo desde el Golfo Pérsico, que tras el 11-S era observado con mayor escepticismo, y Venezuela, que ya contaba con Hugo Chávez como líder político. Los alto precios petroleros permitieron recuperar ideas anteriormente frustradas como la fractura hidráulica, que contó con permisos masivos para desarrollarse a partir de 2005 con el objetivo de mitigar la otra gran crisis energética del país: el rápido descenso de la producción doméstica de gas natural, una commodity mucho más cara y difícil de importar para EEUU. La fractura hidráulica, también conocida como fracking, permitió un crecimiento inesperado de la producción de gas natural, que pronto atrajo la atención del sector petrolero norteamericano. Para 2008, una variante del fracking pudo ser aplicada para la extracción de petróleo, técnica posteriormente denominada como shale, dando lugar a una revolución sin precedentes en Estados Unidos que permitió incrementar la producción del país en más de 5 millones de barriles diarios en el periodo 2008-2014. El cambio en el panorama energético estadounidense fue tal, que en 2015 Barack Obama retiró una ley de 1975 que prohibía a EEUU exportar petróleo producido domésticamente.

La reacción saudí no se hizo esperar, y lanzó en la sede de Viena de la OPEP en noviembre de 2014 una nueva campaña de producción sin restricciones que permitiese al Reino recuperar parte de su cuota de mercado. Los efectos en los mercados internacionales fueron más dramáticos que nunca con un descenso del 50% del precio en tan solo 7 meses. Las multinacionales petroleras (IOC) y las compañías nacionales de petróleo (NOC) redujeron dramáticamente sus beneficios viéndose obligadas a realizar recortes desconocidos desde comienzos de siglo. Los países exportadores también padecieron los efectos de unos menores ingresos fiscales con muchos mercados emergentes sumidos en déficit fiscales inasumibles, inflación e incluso recesión; con el caso particular de Venezuela que entró a partir de ese año en el caos socioeconómico que conocemos hoy. Para desesperación de Arabia Saudí, la industria del shale norteamericano demostró una resiliencia inesperada al mantener una producción de 4 millones de barriles diarios para 2016 del pico de 5 millones en 2014. Arabia Saudí no comprendía que el shale oil, a diferencia del petróleo convencional, no era una industria madura, sino una en plena expansión y desarrollo. Los productores norteamericanos lograron incrementar la tasa de recuperación de petróleo del 5% al 12% entre 2008-2016, el equivalente a incrementar la productividad en 2,4 veces. Además, la eliminación de las compañías menos competitivas permitió una reducción en el coste de los servicios y mayor facilidad para acceder a la infraestructura de transporte. La naturaleza del shale, con una maduración de los pozos de entre 18 meses y 3 años, en comparación con los 30 años o más de un pozo convencional, permitían parar la producción en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para minimizar el impacto de unos menores precios, optando por mantener aquellos pozos más competitivos. Arabia Saudí se rindió y optó por un giro de 180 grados en su estrategia, eso sí, logrando atraer a la mesa de negociaciones a Rusia. La guerra de precios más larga de la historia, tras casi 22 meses, terminaba con un acuerdo sin precedentes entre los países de la OPEP con la incorporación de Rusia y su esfera de influencia energética, grupo denominado como OPEP+. Una Rusia herida por las sanciones internacionales y la debilidad de su divisa había cedido ante Arabia Saudí que, sin embargo, no había conseguido derrotar la revolución petrolera del shale estadounidense.

 

 

La producción del shale norteamericano no ha parado de crecer, siendo a pesar de su efectividad la única región del mundo con una industria similar, creciendo a un ritmo de más de un millón de barriles diarios al año. Esta situación ha dotado a EEUU de una robusta seguridad energética al no depender de las importaciones de crudo venezolano o del Golfo. El país alcanzó a finales de 2019 exportaciones netas de petróleo positivas por primera vez en más de medio siglo, lo que se sumaba al ser exportador neto de gas natural, carbón y productos refinados. Buena parte del repliegue geoestratégico ejercido por la Administración Trump en Oriente Medio responde a una independencia energética creciente del país que reduce sus intereses en la región.

La ruptura del grupo OPEP+:

Como se ha mencionado, durante la primera semana de marzo la OPEP+ se reunía en Viena buscando un acuerdo para un nuevo recorte de unos 1,8 millones de barriles diarios para paliar los efectos de la cuarentena por el COVID-19 en China. El malestar entre los productores era evidente, tras haber ejecutado un recorte similar en diciembre de 2019. Arabia Saudí trataba de repartir lo máximo posible la distribución de los recortes de producción cuando el ministro de energía ruso Alexander Novak dijo “niet”, aduciendo solvencia económica para un descenso en los precios, haciendo naufragar cualquier tipo de acuerdo. Se desconoce si la negativa rusa respondía a un plan meditado o simplemente era un farol para ganar terreno en las negociaciones, sin embargo, supuso el comienzo de una nueva guerra de precios. Tal y como se puede apreciar en el gráfico inferior, el descenso del precio del crudo en el primer mes ha sido histórico, sin una referencia similar en la historia de las negociaciones entre productores. Al incremento en la disponibilidad de petróleo en los mercados por la estrategia saudí de cargar petroleros con crudo de sus reservas estratégicas, se une una parada en seco de la economía y la demanda de petróleo, generando una depresión de precios súbita hasta el momento desconocida en el sector. Las anteriores guerras de precios normalmente contaban con el elemento estabilizador de que, a menor precio de productos derivados del petróleo el consumo aumentaba en el corto plazo. Sin embargo, debido a los efectos económicos de la cuarentena, ese contrapeso del mercado desaparece, generando en un mes lo que en otras ocasiones hubiese requerido entre 12 y 15 meses.

 

 

Y es que los efectos del COVID-19 en la demanda mundial de petróleo se han estimado en un descenso del 12,5% en marzo y se espera que alcancen el 20% en abril. En las zonas de Europa más afectadas por la cuarentena, la caída en la venta de combustible en estaciones de servicio alcanza el 75%, una cifra que muy probablemente se replique en el resto de las economías avanzadas conforme se vayan endureciendo las medidas y que ya empieza a dejar atrás China tras dos meses de confinamiento. El caso del transporte aéreo es particular al consumir 16 millones de bpd y encontrarse en la actualidad totalmente suspendido, sin una fecha clara en el retorno a la normalidad de la aviación internacional. La paralización parcial de la producción industrial, cuyo alcance es todavía desconocido, puede implicar descensos todavía mayores en el consumo. Una situación como esta no requeriría de incrementar la producción para generar un colapso en los precios, que con la presión añadida por el lado de la oferta están generando unos niveles de estrés en la capacidad de almacenamiento, transporte y refino sin precedentes.

Un acuerdo histórico:

A comienzos de abril, Donald Trump temeroso de que un exceso de petróleo pudiese hundir aún más los precios y destrozar la industria de los hidrocarburos norteamericana, tomó la iniciativa de hablar telefónicamente con los líderes de Arabia Saudí y Rusia. En un movimiento paradójico, el Presidente de los Estados Unidos lograba acercar posturas entre los principales productores para establecer nuevos recortes que pusiesen fin a la guerra de precios. El 9 de abril, tras varias semanas de especulaciones se reunía el mayor grupo de productores de todos los tiempos, incluyendo los miembros de la OPEP y 10 países no miembros entre los que destacaban Rusia, Kazajistán y México. Tras varios días de negociaciones, se acordó recortar un 23% de la producción en 20 países con una producción combinada de más de 40 millones de barriles, lo que dejaba casi 10 millones de barriles fuera del mercado, a partir del primer día de mayo. Las negociaciones fueron coordinadas por la OPEP y el G20, que en ese momento presidía Arabia Saudí. De esta forma, se alcanzó un pintoresco acuerdo por el que se reducían los mencionados 10 millones de barriles entre los miembros de la OPEP+, incluidos en la tabla inferior, y se estimaban otros 5 millones de barriles a reducir de forma indeterminada entre EE.UU., Canadá, Brasil y Noruega. Estos últimos recortes, por la naturaleza de sus sectores, se realizaría por medio del libre mercado y está por ver de qué forma se materialicen.

 

 

En el sector y los mercados existe cierto escepticismo sobre la efectividad que tendrán estos recortes, que suponen entre un 10- 15% del petróleo consumido a nivel global antes de la crisis del COVID-19. El consumo ha descendido cerca de un 20% y la capacidad de almacenamiento de petróleo empiezan a agotarse, lo que reduce el margen para absorber el petróleo excedentario. Además, los recortes comenzarán a aplicarse el 1 de mayo, dejando tres semanas de margen que pueden hundir todavía más los precios. La naturaleza del acuerdo, de carácter voluntario y de difícil monitoreo, deja abierta la puerta a no cumplir con los recortes establecidos, que muchas veces son difíciles de aplicar por las condiciones geológicas de ciertos pozos antiguos o la existencia de contratos que obliga a una compensación económica si se interrumpe el suministro. En general, el nivel de cumplimiento de los acuerdos de la OPEP ha sido escaso, siendo de mayor incidencia en los países que exportan por vía marítima y de menor incidencia en aquellos que oleoductos, que a diferencia del cargamento marítimo no puede ser controlado satelitalmente.

Los principales actores:

Arabia Saudí:

En medio del naufragio de las negociaciones de la OPEP+, el 6 de marzo Mohamed Bin Salman (MBS) dirigió nuevo golpe palaciego en el que el ex heredero al trono saudí Mohammed bin Nayef y otros miembros de la familia real fueron arrestados y acusados de planear contra el príncipe heredero MBS y su padre Salmán bin Abdulaziz. Todo ello en un momento en el que el heredero al trono saudí parecía querer asentar su poder con una nueva estrategia arriesgada tras el absoluto fracaso de la Guerra de Yemen y el plan de modernización nacional Visión Visión 2030.

El indiscutible liderazgo de Arabia Saudí para dirigir el mercado de petróleo se basa en su capacidad para incrementar en menos de 6 meses su producción en varios millones de barriles, algo que ningún otro país del mundo es capaz de realizar. El incremento en la producción le permite además compensar parcialmente el descenso en los precios por barril, lo que sumado a sus reservas de divisas y su acceso a crédito barato permite a Arabia Saudí afrontar una guerra de precios con una aparente resistencia muy superior al de cualquier otro país de la OPEP. El bajo coste de producir un barril de petróleo en el país, en torno a los 7 dólares, también permiten mantener los ingresos en casi cualquier contexto del mercado.

Sin embargo, las reservas de divisas, que ascienden a 500.000 millones de dólares, son un 30% menores que las de 2016, y pueden ser insuficientes para mantener la paridad dólar-rial por más de dos años sin los ingresos petroleros, algo fundamental para una sociedad acostumbrada a una opulencia dependiente de las importaciones. Además, el déficit fiscal viene siendo un gran problema para el país que ha sido incapaz de reducirlo por debajo del 4% tras alcanzar un pico del 16% en 2016 como resultado de una recuperación insuficiente en el precio del petróleo y los costes de la guerra en Yemen. La dominancia energética del petróleo tiene fecha de caducidad y las finanzas de Arabia Saudí son adictas a una actividad que supone el 42% de su PIB y genera el 87% de los ingresos fiscales. Por el momento, el ministro de economía saudí ya ha anunciado un recorte del 5% en el presupuesto para 2020, muestra de que el acuerdo petrolero no asegura un escenario optimista. En cualquier caso, Arabia Saudí ha sido uno de los grandes ganadores de la guerra de precios. En las fracasadas negociaciones de marzo, Arabia Saudí producía 9.7 millones de barriles diarios, cifra que en las negociaciones de abril había ascendido a 11 millones. Como los recortes se establecen de forma proporcional, en tan solo un mes el reino saudí obtuvo un incremento de 1.3 millones de barriles en su cuota de mercado. Igualmente, el fondo soberano saudí Petroleum Investment Fund (PIF) ha realizado compras de acciones en Eni, Total, Equinor, Shell y Repsol durante el mes de abril, en un contexto de caídas bursátiles de estas compañías.

Federación Rusa:

Rusia se mantuvo firme al comienzo de la guerra de precios, destacando la resiliencia del sector energético ruso y el volumen de las reservas soberanas del país, inferiores a las saudíes pero que ascienden a 435.000 millones de dólares y un fondo de estabilización de otros 100.000 millones: un 33% más que en 2014. Paradójicamente las sanciones internacionales sobre el sector petrolero ruso han reducido su dependencia del exterior, permitiendo que la devaluación del rublo; de libre convertibilidad, no afecte a la producción y permita compensar parcialmente los menores precios. La capacidad rusa para incrementar la producción en el corto plazo, a diferencia de Arabia Saudí, es inferior a 500.000 bpd, lo que deja a Rusia sin poder compensar menores precios con mayor producción, principal motivo para que el país aceptase el resultado de las negociaciones de abril.

El liderazgo de Vladimir Putin es incuestionable con una posible reforma constitucional que permitiese una ampliación de su mandato retrasada a causa del COVID-19. Las buenas relaciones de la élite política rusa con la oligarquía petrolera permiten la unidad de acción en un país con una mayor atomización y presencia de capital privado en sus empresas. La estrategia de Alexander Novak parece ir en consonancia con la de Igor Sechin, CEO de Rosneft, que apuestan por un contexto de precios bajos que termine por dañar profundamente a la industria del shale norteamericano. Existen especulaciones sobre una posible intervención diplomática de EE.UU. con el gobierno ruso en favor del acuerdo OPEP+ de abril. El último movimiento de la rusa Rosneft, abandonando Venezuela al vender todos sus activos a una empresa controlada por el gobierno ruso, puede ser una explicación a esta concesión de Moscú a aceptar un acuerdo que durante un mes trató, al menos retóricamente, de evitar. El desarrollo de las futuras sanciones norteamericanas sobre el sector petrolero ruso serán un buen indicador de este posible acuerdo.

Estados Unidos:

Para EEUU los descensos en el precio del petróleo suponen una de las mayores rebajas fiscales de todos los tiempos, en palabras de su presidente, con un precio menor a un dólar por galón. Sin embargo, la industria petrolera genera más de 10 millones de empleos en EE.UU. y es una actividad central en muchos estados como Texas, Oklahoma o Nuevo México fundamentales para una hipotética victoria republicana en las elecciones de 2020. Además, la importancia geoestratégica del sector, que ha permitido un reducir la dependencia energética de EEUU a mínimos históricos, ha hecho que Donald Trump haya asumido la responsabilidad de salvaguardar la industria petrolera norteamericana. Él mismo coordinó los primeros pasos para un gran acuerdo, por medio de presiones, amenazas y concesiones. Lo cierto es que La crisis de precios ha llegado en un momento de cierto agotamiento para el sector, que comenzaba a padecer los efectos del sobrendeudamiento y la presión de los inversores por incrementar los beneficios. El crudo norteamericano, tasados en el índice West Texas Intermediate (WTI), ha experimentado desde 2011 una valoración un 10% inferior a la del Brent o la OPEC Basket, los otros índices globales, generando un entorno hipercompetitivo que comenzaba a hacer mella entre los productores de shale, que acusaban desde finales de 2019 un descenso del 20% en el número de perforaciones totales comparando año a año. El mercado norteamericano, que ya arrastraba problemas de almacenamiento y transporte desde 2017, se ha visto colapsado en la tercera semana de abril con precios negativos ante las limitaciones para almacenar petróleo y la especulación en los mercados de futuros.

Donald Trump finalmente ha conseguido un acuerdo global que no vincula a EE.UU. de forma directa, sino que deja al mercado regular los recortes que parecen más que previsibles. De esta forma, la administración Trump se permite no tener que intervenir el mercado petrolero, algo que seguro obligaría al desarrollo de legislación y a un complejo debate de salvar la contaminante industria del petróleo a costa del contribuyente. Desde el Senado, varios políticos de ambos partidos han tratado de introducir al debate parlamentario la necesidad de aranceles o sanciones a aquellos productores que inundan el mercado doméstico, recuperando antiguas iniciativas como la Ley NOPEC. Estas amenazas han permitido al Presidente una posición de fuerza a nivel internacional, siendo uno de los grandes ganadores del acuerdo OPEP+ de abril. De hecho, cuando las negociaciones parecían a punto de colapsar por la negativa de México a asumir 400.000 barriles diarios de recorte, EE.UU. intervino anunciando que sería su país el que los asumiría. Filtraciones posteriores han demostrado la existencia de un seguro financiero contratado por México en caso de bajos precios petroleros, que se cobraría por barril producido. La intervención de EE.UU., más retórica que práctica puesto que el país carece de una producción concreta a recortar, salvó el acuerdo de un nuevo fracaso.

 

Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay]

Instalaciones para la refinación de productos derivados del petróleo [Pixabay]

 

Nada volverá a ser como antes:

La revolución del shale oil ha transformado la industria petrolera y generando un nuevo balance geopolítico en detrimento de la OPEP. Desde 2016, los países de la OPEP+ han realizado recortes estimados en 5,3 millones de barriles diarios, en ese periodo la industria del shale norteamericano ha incrementado su producción en 4,2 millones de barriles, dejando en evidencia que la estrategia oligopolista de los países productores ha llegado a su fin. Solamente les queda el libre mercado, en el que ellos parten con ventaja por unos costes de producción menores. Sin embargo, eliminar de forma definitiva buena parte del shale norteamericano llevaría más de 3 años de precios por debajo de los 30 dólares, momento en el que maduraría gran parte de la deuda de las compañías y el descenso en el número de pozos nuevos afectaría gravemente a la producción total. Una travesía en el desierto para muchos países productores que cuentan con planes mil millonarios de diversificación económica durante esta década, probablemente la última de dominio energético absoluto de los hidrocarburos. El mundo, a diferencia de los que se esperaba a comienzos de siglo, ha entrado en una etapa de abundancia petrolera que reducirá los costes energéticos salvo que una intervención coordinada en el mercado lo remedie. La emergencia de nuevos productores, principalmente Estados Unidos, Canadá y Brasil a la par del colapso en la producción venezolana y libia, han dejado la cuota de mercado de la OPEP en 2020 en torno al 33%, en caída libre desde comienzos de siglo cuando superaba el 40%.

La demanda global de crudo ha disminuido de tal manera que solamente se puede esperar que los recortes eviten una caída por debajo de los 15 dólares el barril, prolongando lo máximo posible el llenado total de los sistemas de almacenamiento de petróleo restantes. La capacidad de almacenamiento mundial de petróleo es una de las grandes incógnitas del sector, existiendo divergencias en las estimaciones. El grueso de la capacidad de almacenamiento lo soportan los países importadores, que desde la crisis petrolera de 1973 decidieron crear la Agencia Internacional de la Energía, para entre otras cosas, coordinar infraestructura que mitigara la dependencia de la OPEP. La naturaleza estratégica de estas reservas, unido al rápido desarrollo de las mismas en la última década por China y sus compañías, hacen muy difícil el acceso a esta información.  En particular, la compañía china Sinopec ha desarrollado una estrategia de construcción de almacenes de petróleo por todo el Mar de China, incluyendo países extranjeros como Indonesia para resistir cualquier posible bloqueo del Estrecho de Malaca, el punto débil geopolítico del país asiático. Las empresas privadas también cuentan con capacidad de almacenamiento en tierra y flotante, de un volumen indeterminado, que ya ha comenzado a utilizarse con fórmulas imaginativas: oleoductos en desuso, buques petroleros e incluso trenes y camiones ahora parados por la cuarentena. En el corto plazo, estas reservas estratégicas se irán llenando paulatinamente a un ritmo similar a 20 millones de barriles diarios, estimación del diferencial actual entre oferta y demanda. En 50 días, si no se alcanza ningún acuerdo para recortar la producción, la cifra almacenada superaría los 1.000 millones de barriles, lo que probablemente saturaría la capacidad de absorber más petróleo del mercado, generando un colapso total en los precios.

La vuelta a la normalidad económica se sitúa cada vez en un horizonte más lejano, con sectores como el de la aviación o el turismo que quedarán lastrados a causa del COVID-19 por mucho tiempo. El impacto en la demanda de petróleo será prolongado, más teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento que ahora servirá de contrapeso a cualquier movimiento alcista en los precios internacionales. La industria del shale, con una gran flexibilidad, comenzará a hibernar a la espera de un nuevo contexto más favorable. La crisis derivada del COVID-19 impactará con especial virulencia en los países en desarrollo exportadores de petróleo, que cuentan con equilibrios socioeconómicos más delicados. El mundo del petróleo está viviendo grandes cambios como parte de la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. La crisis desatada por el COVID-19 solo es el comienzo de las grandes transformaciones que vivirá la industria en las próximas décadas. Una frase muy repetida para refutar la ya desestimada teoría del Peak Oil es que la Edad de Piedra no terminó por la falta de piedras y la sociedad contemporánea tampoco dejará de emplear los hidrocarburos por su agotamiento, sino por su obsolescencia.