Turquía en la OTAN: claves de un futuro incierto

Cada vez más alejada de la Alianza, Turquía está creando incomodidad en sus socios occidentales, pero difícilmente será invitada a marcharse

Su estrategia en el conflicto sirio, su acercamiento a Rusia con la adquisición del sistema antiaéreo S-400 y su deseo de proyección en el Mediterráneo oriental, donde está lesionando intereses de Grecia, han llevado en los últimos pocos años a Ankara a una continua fricción con la OTAN. Pero la Alianza no está en condiciones de prescindir de Turquía. No es solamente su valiosa situación geográfica como puente entre Oriente y Occidente, sino que sin Turquía la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar contra el terrorismo o controlar los movimientos de refugiados y vería mermadas sus capacidades militares de defensa como alianza.

Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

▲ Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

ARTÍCULOÁngel Martos

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y la República de Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Y es que la política exterior de Ankara se ha prestado a un continuo vaivén dada la inestabilidad de sus gobiernos desde que el Padre de la Patria, Mustafá Kemal Ataturk, falleciera. La república kemalista proyectaba una imagen de Asia Menor muy distinta a la que conocemos hoy en día: el laicismo y la occidentalización que caracterizaron su legado se ha visto reemplazado por un autoritarismo de tinte islámico moderado (según el propio Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República y líder de la formación AKP).

Esta profunda evolución se ha dejado ver en el ámbito de las relaciones internacionales, como es lógico. La doctrina del neo-otomanismo ha ganado terreno entre los artífices de su política exterior. Turquía busca ahora explotar al máximo su posición como puente entre la civilización occidental y la oriental, a la vez que gana influencia entre sus Estados adyacentes y se perfila como el estabilizador de Oriente Medio.

En este escenario, el principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Anatolia con la Federación Rusa, el archienemigo de la OTAN. Esta mejora no se entiende sin recordar una serie de eventos que han llevado a Turquía a distanciarse del continente europeo: la tibia reacción de los gobiernos occidentales ante el golpe de estado de 2016; las reticencias mostradas ante las continuas solicitudes de extradición de los seguidores de Fetulah Gülen refugiados en la UE y EEUU; la negativa de Grecia a extraditar a los militares refugiados tras el golpe de estado; las continuas condenas de la Comisión Europea hacia la política interna de Turquía, y, sobre todo, el sueño truncado de la adhesión de Turquía a la Unión. Es por esto que Turquía ha decidido redefinir su diplomacia atendiendo a sus propios intereses únicamente, basculando entre la ayuda de Rusia y la de la OTAN. La adquisición del sistema antiaéreo ruso S-400 o sus recientes operaciones en el Noreste sirio son ejemplo de ello.

La compra del mencionado sistema de misiles antiaéreos de largo alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. La urgente necesidad de Turquía de disponer de ellos es evidente, ya que se enfrenta a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-400, tras varios años de negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del sistema norteamericano Patriot, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de quinta generación F-35. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta problemático. Lo que preocupa a la Alianza es el acceso que el Kremlin pueda tener a información de la organización a través de su tecnología de radar.

El otro acontecimiento que nos lleva a cuestionarnos el futuro de las relaciones de Ankara con la OTAN fue la reciente operación militar turca en el norte sirio. El ejército turco lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas (YPG, a las que considera terroristas) en el norte de Siria. El trato al pueblo kurdo es el gran punto de disensión entre EEUU y Turquía, ya que se trata de aliados incondicionales de la superpotencia, pero a la vez una amenaza política y de seguridad para la estabilidad de Anatolia.

Ankara había estado presionando a Estados Unidos para establecer una "zona de seguridad" que penetrara en el territorio sirio y había amenazado repetidamente con lanzar una acción militar unilateral si Washington le seguía parando los pies. A principios de octubre, Estados Unidos dio vía libre a la operación al ordenar la retirada de la zona fronteriza a los militares que tenía desplegados en Siria. La Administración Trump abandonó, por tanto, a su suerte a los kurdos con los que combatía al Estado Islámico, dando cancha a Turquía para un mayor control de su frontera con Siria.

El siguiente aspecto que es imprescindible mencionar a la hora de describir las complejas relaciones entre Ankara y la OTAN es la pugna geopolítica constante entre Grecia y Turquía. Si bien ambos son miembros de la OTAN desde la década de 1950, las relaciones entre estos dos países del Mediterráneo oriental siempre se han caracterizado por la permanente tensión que se percibe en ellas, y que por tanto tiene algunas consecuencias en la cooperación militar supranacional. Cabe mencionar aquí los tres principales contenciosos que han dado forma, desde finales del siglo XIX, a este enfrentamiento bilateral: la soberanía del archipiélago del Dodecaneso, la del actual Chipre, y la pugna marítima por la plataforma del mar Egeo. Tal fue la magnitud del litigio que el gobierno griego llegó incluso a decretar su salida de la OTAN en 1974, aunque más tarde se reincorporara.

Si bien este conflicto greco-turco estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XX, son muchos los aspectos étnicos e históricos los que hacen parecer a estos dos países irreconciliables, salvo en excepciones históricamente puntuales. Esto hace que el flanco oriental del Mediterráneo, dada su proximidad a un área tan inestable como Oriente Medio, haya sido un foco constante de preocupaciones para los dirigentes de la OTAN. Si bien Grecia ha logrado, tras su transición a la democracia, perfilarse como un aliado estable de la Alianza, Turquía no ha seguido el mismo camino. Ello juega sin duda en su contra tanto en la política doméstica como en sus aspiraciones de soberanía marítima.

Históricamente, es conveniente destacar el creciente papel de Turquía como mediador interregional entre Oriente Medio y Occidente. Quizá respondiendo a una estrategia diseñada por Ahmet Davutoglu, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores ya con el gobierno del AKP, Turquía quiso marcar distancias con los EEUU de Bush hijo. Su negativa a colaborar en la invasión de Irak en 2003 le granjeó ciertas simpatías en la región, que ha sabido utilizar en países tan diversos como Irak, Israel o Irán. Sin embargo, a lo largo de los años el gobierno islamista se ha pronunciado varias veces en contra del sionismo y la amenaza que este supone para la estabilidad de la región.

Su distanciamiento con la Unión Europea y su acercamiento en materia económica a Rusia también ha marcado la imagen de la administración turca en la Alianza. Las relaciones con Rusia, a pesar de haber estado marcadas por contenciosos políticos tales como los de la autodeterminación kurda y chechena (apoyada antagónicamente por ambos países), se mantienen a flote gracias al comercio de hidrocarburos. El panorama entonces resulta más favorable al eje ruso que al americano-israelí en la región. Esto, lógicamente, mina la confianza de la OTAN en este país “bisagra”, que ya no se muestra interesado en actuar como tal sino como una potencia independiente y soberana que persigue sus propios intereses, buscando apoyos de la Alianza o del Este según le convenga.

Este alejamiento de la hoja de ruta de la OTAN por parte del Gobierno turco, sumado a un acercamiento en ciertos aspectos al Kremlin y la deriva autoritaria de la Presidencia del país es lo que hace que analistas y líderes internacionales hayan abierto el debate sobre una posible expulsión de la República de Asia Menor de la Alianza. Sin embargo, es poco probable que los aliados decidan prescindir de la importancia estratégica de Turquía. Su situación geográfica la convierte en un país puente entre Oriente y Occidente. Sin Turquía, la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo o al control de los movimientos de refugiados. Además, Turquía tiene el segundo mayor ejército de todos los Estados de la OTAN: una exclusión afectaría gravemente sus capacidades militares de defensa como alianza. Por otro lado, las representaciones de Turquía en la OTAN, si bien se han mostrado críticas con la misma como también lo ha hecho la Administración Trump en repetidas ocasiones, no ha manifestado un claro deseo de abandonarla unilateralmente.

La percepción americana sobre la 'Guerra en la Sombra'

[Jim Sciutto, The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America. Hasper-Collins. New York, 2019. 308 p.]

RESEÑAÁlvaro de Lecea

The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat AmericaCon el fin de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaron la antigua Unión Soviética y Estados Unidos de América, país que salió vencedor, el sistema internacional pasó de ser bipolar a una hegemonía liderada por esta segunda potencia. Con Estados Unidos en cabeza, Occidente se centró en la extensión de la democracia y la globalización comercial y si algo concentró su preocupación geoestratégica fueron los ataques de Al-Qaeda contra las Torres Gemelas del 11-S, de modo que el foco de atención cambió y la actual Rusia fue dejada en un segundo plano. Sin embargo, Rusia continuó reconstituyéndose lentamente, a la sombra de su antiguo enemigo, que ya no le mostraba demasiado interés. A Rusia se le sumó China, que comenzó a crecer a pasos agigantados. Llegados a este punto, Estados Unidos empezó a percatarse de que tiene a dos grandes potencias pisándoles los talones y de que se encuentra enzarzado en una guerra que ni sabía que existía: la Shadow War.

Ese el término que utiliza Jim Sciutto, corresponsal jefe de seguridad nacional de CNN, para designar lo que a lo largo de su libro describe con detalle y que en gran medida ha dado en llamarse también guerra híbrida o de zona gris. Sciutto prefiere hablar de Shadow War, que se podría traducir como guerra en la sombra, porque así se denota mejor su carácter de invisibilidad ante el radar de la guerra abierta o convencional.

Esta nueva guerra la comenzaron Rusia y China, no como aliados, sino como potencias con un enemigo en común: Estados Unidos. Es un tipo de guerra híbrida, por lo que contiene métodos tanto militares como no militares. Por otro lado, no contempla un enfrentamiento directo militar entre ambos bloques. En The Shadow War: Inside Russia's and China's Secret Operations to Defeat America, Sciutto explica siete situaciones en las cuales se puede observar claramente las estrategias que están siguiendo China y Rusia para derrotar a Estados Unidos y así conseguir convertirse en las mayores potencias mundiales y poder imponer sus propias normas internacionales.

En primer lugar, es importante destacar que Rusia y China, aun siguiendo estrategias similares, son diferentes tipos de adversarios: por un lado, China es un poder creciente, mientras que Rusia es más bien un poder decreciente que está tratando de volver a lo que era antes. No obstante, ambos comparten una serie de similitudes. En primer lugar, ambos buscan ampliar su influencia en sus propias regiones. En segundo lugar, sufren una crisis de legitimidad dentro de sus fronteras. En tercer lugar, ambos buscan corregir los errores de la historia y restaurar lo que perciben como las posiciones legítimas de sus países como líderes mundiales. Y por último, poseen una gran unidad nacional, por lo que la mayoría de su población haría lo que fuese necesario por su nación.

En la guerra en la sombra, gracias a las normas establecidas por Rusia y China, cualquiera gran actor puede ganar, independientemente del poder que tenga o de la influencia que ejerza sobre el resto de actores internacionales. Siguiendo las teorías de las relaciones internacionales, se podría considerar que esas normas siguen un patrón muy realista, ya que, en cierto modo, todo vale para ganar. El poder de la mentira y del engaño es el pan de cada día, y se cruzan líneas que se creían impensables. Ejemplos de esto, como explica y profundiza el libro, son la militarización de las islas artificiales construidas por China en el Mar de la China Meridional cuando el propio Xi Jinping había prometido no hacerlo, o el hackeo del sistema informático del Partido Demócrata en la campaña de las elecciones estadounidenses de 2016 por parte de hackers rusos, que podría haber ayudado a alzarse victorioso a Donald Trump.

A todo esto hay que sumarle una parte esencial de lo que está sucediendo en este contexto de guerra no tradicional: la idea especialmente equivocada que tiene Estados Unidos sobre todo lo que está ocurriendo. Para empezar, el primer error de Estados Unidos, como explica Sciutto, fue dejar de lado a Rusia como foco relevante en el ámbito internacional. Creyó que, al haberlo derrotado en la Guerra Fría, el país ya no volvería a resurgir como potencia, y por eso no vio las claras pistas que mostraban que estaba creciendo poco a poco, liderado por el presidente Vladimir Putin. Del mismo modo, no supo entender las verdaderas intenciones del Gobierno chino en situaciones como la del Mar de la China Meridional o en la carrera de submarinos. Todo esto se puede resumir con que Estados Unidos creyó que todos los actores internacionales jugarían con las normas establecidas por Washington tras la Guerra Fría, sin imaginarse que crearían un nuevo escenario. En conclusión, Estados Unidos no entendió a sus contrincantes.

En su último capítulo, Sciutto deja claro que actualmente Estados Unidos está perdiendo la guerra. Su mayor error fue no darse cuenta de la situación hasta que la tuvo delante y ahora se encuentra con que está jugando en un escenario en desventaja. Es cierto que Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en muchos aspectos, pero Rusia y China le están adelantando en otros, siguiendo las nuevas normas que ellos mismos han establecido. No obstante, un cambio de actitud en las políticas estadounidenses podría girar totalmente las tornas. Así, el autor propone una serie de soluciones que podrían ayudar a Estados Unidos a volver a ponerse en cabeza.

Las soluciones que propone se centran, en primer lugar, en el total conocimiento del enemigo y de su estrategia. Esta ha sido en todo momento su gran desventaja y sería el primer paso para comenzar a controlar la situación. Del mismo modo, recomienda una mayor unidad dentro del bloque aliado, así como una mejora de sus propias defensas. También recomienda conocer mejor el nuevo escenario en el que está sucediendo toda la contienda, por lo que una serie de tratados internacionales que regulasen estos nuevos espacios, como lo es el ciberespacio, serían de gran ayuda. Más adelante, propone fijar unos límites claros a las acciones enemigas, elevando los costes y las consecuencias a dichas acciones. Y por último, anima a Estados Unidos a ejercer un liderazgo claro.

En conclusión, la tesis de Sciutto es que Estados Unidos se encuentra luchando una guerra cuya existencia acaba de descubrir. Es un tipo de guerra a la que no está acostumbrado y con una serie de normas ajenas a lo que predica. Aun siendo todavía el líder del sistema internacional actual, se encuentra perdiendo la partida porque China y Rusia han sido capaces de descubrir los puntos débiles de su rival y utilizarlos a su favor. El mayor error de Estados Unidos fue ignorar todas las señales que evidenciaban la existencia de esta guerra en la sombra y no hacer nada al respecto. Se han introducido escenarios nuevos y se han cambiado las normas del juego, por lo que Estados Unidos, si quiere darle la vuelta a la situación y alzarse una vez más como vencedor, según argumenta el autor, deberá unirse más que nunca internamente como nación y afianzar sus alianzas, y conocer mejor que nunca a sus enemigos y sus intenciones.

En cuanto a una valoración del libro, puede afirmarse que logra transmitir de forma clara y concisa los puntos más relevantes de esta nueva contienda. Consigue dejar claro los puntos fuertes y débiles de cada actor y hacer un balance general de la situación actual. No obstante, el autor no consigue ser demasiado objetivo en sus juicios. Aunque admite los fallos cometidos por Estados Unidos, ofrece una imagen negativa de sus rivales, dando por sentado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Falta esa objetividad en algunos casos, ya que ni los buenos son siempre tan buenos ni los malos son siempre tan malos. Dicho esto, Sciutto realiza un gran análisis de la situación internacional actual en la que se encuentran las mayores potencias mundiales.

Is a shift to a more moderate form of Islam possible for Saudi Arabia?

Will success in parts of the Vision 2030's agenda –like diversifying the economy– have a parallel  opening up to religious moderation?

King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

▲ King Salman bin Abdulaziz Al Saud in a recent Custodian of the Two Holy Mosques Chairs Cabinet's Session [Saudi Press Agency]

ANALYSIS / Marina García Reina

Since King Salman first envisioned the need of a reform of Saudi Arabia towards a less dependent economy on petroleum, gradual changes have been done upon the aim of progress, and, in a more precise way, not to be left behind in the world race led by western countries and the booming Asian giants. The crown prince Mohammed bin Salman Al Saud has positioned himself as the leader of the shift towards a religiously moderate Saudi Arabia within the frame of the Vision 2030 initiative. Predictably, however, the reforms held in the country have been subject to numerous criticism and double readings.

A succinct contextualization

It is convenient to recall the year 1979, when Shiite militants overthrew the secular Shah of Iran and Sunni fundamentalists besieged the Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Mecca. That same year, the country's Shiite minority started a revolt in Al-Hasa province, resulting in numerous deaths. The Saudi monarchy responded to those mishaps by moving closer to the Wahhabi (an extremely conservative conception of Islam) religious establishment and restoring many of its hardline stances. As a result, for instance, the government shut down the few cinemas that existed in the kingdom. It was not till 2015 (or 2014, depending on which reforms to base on) when King Salman bin Abdulaziz Al-Saud —along with Mohammed bin Salman (popularly known as MBS), who he promoted to crown prince—, proclaimed reforms in Saudi Arabia towards a more moderate political scenario, opening up a new era of Saudi politics. The two expressed their will to limit the authority of the religious police to arrest citizens. They allowed the first cinemas and music concerts since decades of prohibitions, condemned religious incitement, and gradually granted women several rights.

Vision 2030

First conceived by King Salman, Vision 2030 is meant to be the decisive plan to transform the country by a sweep in economy and society, and Crown Prince Muhammad bin Salman himself has positioned as its spearhead. It is basically the headline upon which all the modernization changes are framed. The plan aims to face the three major challenges that Saudi Arabia has nowadays: unemployment, diversification, and privatization.

It is worth mentioning that in contrast to the great majority of western countries, Saudi Arabia has a growing youthful population. Approximately, 70% of Saudi population is under 30 and the 29% of Saudis between 16 and 29 are unemployed. Vision 2030 includes greater investments in education to train future Saudi leaders, which seems quite unnecessary when noticing that Saudi citizens pay no taxes and receive free education (making up 25% of the total budget), free health care and subsidies for most utilities.

Economy is something that has been worrying most Saudis, since the country’s economy is almost entirely based on petroleum and recently the price of a barrel of oil has ranged between about $46 and $64 in 2019, much lower that what it has ranked for years. Diversifying the economy is crucial for the progress of Saudi Arabia. All in all, Vision 2030 will rely on earnings coming from the Aramco’s IPO (initial public offering), which will be placed in a sovereign wealth fund  —also sourced by Saudi fiscal assets and the sale of state-owned real estate and other government assets—, expectedly resulting into an investment-driven economy rather than a petroleum-based one as it has been for decades. It has also cast serious doubts the nature of the measures that are being developing to modernize the country, especially because the social aspects have been left apart by, for instance, the construction of Neom, a planned futuristic city in the middle of the desert, which is meant to be the great achievement of the crown prince MBS.

Additionally, the initiative has been configured as the political rebirth of the crown prince in the eyes of the international sphere, since it means diminishing the role of government by selling Aramco’s 5% of shares to investors, even so, the enterprise still is under tight control of the royal family. Without going any further, Khaled Al-Falih, the chairman of Aramco, is also the new minister of Energy, Industry, and Natural Resources, which once again brings to light the relation between these two.

The stated target is to increase the private sector’s contribution to GDP from 40% today to 65% by 2030. Much of this private sector growth will come through public-private partnerships, as said before, high-positioned Saudis will have been direct or indirectly pressured to invest in the IPO. The Saudi government has been criticized on several occasions for being corrupted and showing a lack of transparency over its acts. In this area, Vision 2030 hopes to ensure the law and the obligation of honestly reporting every business activities. Under proposal of MBS a follow-up department, headed by a ministerial rank official, has been set up to follow the implementation by government ministries of projects that have been approved.

Anti-terrorist positioning and extremist ideologies

Mohammed bin Salman has severely expressed his aim of not only dealing with extremist ideologies, but also of destroying them. As part of this determination, some clerics, which are meant to form part of the extremist ideology that the leader seems to condemn, have been targeted.

Nevertheless, organizations such as Amnesty International, Human Rights Watch and the Committee to Protect Journalists have demonstrated that these presumed extremist clerics have long records of advocating the type of reform and religious moderation MBS asserts to support. For instance, in September 2017, numerous clerics, journalists and scholars known for their reluctance to MBS policy, which they consider as half-measured and not going straight to the point, were arrested by Saudi security forces. On the other hand, certain state clerics continue unpunished despite publicly criticizing the reforms and inciting hatred against the Shia minority. In particular, two members of the Council of Senior Scholars —the highest religious body in the country, whose role is to advise the King on religious matters by issuing fatwas (judicial advice provided by a religious specialist)— have been in the spotlight for years. These are Saleh al-Fawzan and Samm leh al-Lohaidan, both close to bin Salman. These two scholars are owners of broadcasting channels funded and promoted by the Saudi government from which they divulge their ultra-conservative view of Islam and condemn with the death penalty whatever they consider as violations of religious and moral rules contrary to Islam. An example of such are the declarations made saying that Shiites are not Muslims or that Muslims are not allowed to protest or even publicly criticize rulers as this would lead to rebellion that would in turn justify rulers’ violent response, like those held in 2017.

Together with these personalities, there are others who also hold high-rank positions in the country’s politics and government. Abdulaziz al-Sheikh, for example, is the grand mufti (muslim religious who has the authority to interpret Sharia) of Saudi Arabia. In that capacity, he has issued numerous fatwas and statements preaching the virtues of obedience to existing authorities and submitting to their policies without question. This, once again, raises the question of whether or not Saudi Arabia is actually cleansing extremist ideologies. Some, as Abdullah Almalki —a religious academic—, argue that the sovereignty and free choice of the people must have precedence over any desire to implement Sharia and that justice and free choice must be the pillars of any political community.

Almalki’s father, Salman Alodah, like himself, advocates religious tolerance against calls of jihad in Iraq, Syria, and elsewhere, calling for a democratic change, supporting the empowerment of women, fighting against discrimination, and respecting the religious minorities who are marginalized in the Kingdom. Both Almalki and Alodah were also arrested in the 2017 detentions and referred the following year to court for a secret trial —something that has become common when the accused are moderate voices, feminists and intellectuals—, facing death penalty for their extra-progressive views. Besides these cases, probably the best known one was that of the Washington Post columnist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi consulate in Istanbul in October 2018.

In contrast to some of these powerful men characterized by their severe religious stances, the Saudi society as a whole holds a somewhat more nuanced view of Islam and does not completely identify with them. On this, it is worth recalling the attack on the Shia mosques carried out by Daesh in May 2015. The event was followed by mass funerals in the Saudi streets, which exposed the unity of the Saudi people above sectarian lines.

Al Qaida was apparently eradicated from the country and, as a result of that, it moved its operations to Yemen, where Saudi Arabia’s military force together partnered with the UAE —with limited US support, it must be said— and the Yemeni government forces have been doing efforts to combat it, achieving, for instance, the liberation of Mukalla. Specifically, Saudi Arabia blames the failing states of Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen as the reason why Al Qaida has not yet been definitively eradicated.

The Iraqi government broke down after the US invasion in 2003, which led to a sectarian  and corrupt government. In Syria, Bashar al Assad led the military uprising and breakdown of authority, providing al Qaida refuge, although he continuously expressed he was combating terrorists, actually al Qaida freely operated in both sides of the border. Saudi Arabia claims that further efforts must be made to remove Assad as an essential part of the battle against terrorism in the region. It also advocates efforts at the international level to stop with the use by terrorists of pro-Palestine propaganda to recruit young members.  

Aramco and the oil crisis

Petroleum prices have dropped considerably in recent years, exacerbating the need of a side Saudi economy which does not revolve around oil. This has become a rough task, taking into account that the petroleum sector employs around the 70% of the population in Saudi Arabia. Aramco’s IPO, which promises to sell shares to investors, has become the center of the Vision 2030 initiative for Mohammed bin Salman.

The reasons behind the IPO are two: money —Saudi Arabia needs greater money inputs in order to accomplish the reform plans and finance the war in Yemen— and the political rehabilitation of the crown prince (MBS) under the consent of the international sphere, portraying, in a way, that the IPO may not be motivated that much because of an economic interest (which of course it is) but more deeply because of a political benefit of claiming that Saudis are opened to the world by selling part of Aramco to foreigners.

The tremendous expectation raised around the IPO can be interpreted as a way of starting attention of the incidents of 2017 and Khashoggi’s murder mentioned before. Aramco’s initial public offering, which started this last December in Tadawul (Saudi Arabia’s domestic stock market), went resoundingly bad after the US attack in Bagdad resulting in the death of the Iranian military commander Qasem Soleimani as well as the Iraqi-Iranian deputy chief of the armed organization Popular Mobilization Committee. Shares of the State petroleum company have dropped in a 1.7%. However, in spite of this event, Aramco’s IPO went reasonably well and the company managed to be valued in $2 billion, which is not surprising considering that the Saudi government has actively encouraged Saudis to invest, meaning that there are investors (people within the orbit of the royal court and big business) who have no choice in the matter because their livelihoods and stature are dependent on proving they support Mohammed bin Salman’s program and retail investors who will invest because of all the hoopla and nationalist sentiment whipped up around the offering.

Women and the guardianship rule

Undoubtedly, changes have been done within the Saudi State to overcome the lack of involvement of women in everyday life. As an example of it, the permission to drive automobiles extended to women has found a significant echo globally. Women make up half of the population in Saudi Arabia. As part of the Saudi transformation of its economy plan, there is a need beyond the sole fact of integrating women in society, namely that of integrating this half of the Saudi population into the labor force.

Women conform nowadays just the 7% of the work force. After the implementation of the Vision 2030 plan, the number is expected to rise up to a 30% by that year. Following a worldwide tendency, more women than men graduate from universities in all disciplines. Furthermore, thanks to efforts attributed to the crown prince and to King Abdullah before him, women can be members of the Consultative Assembly since 2014. Currently, they occupy 20% of its seats. In September 2011, King Abdullah granted women the right to vote, a right they exercised in 2015 for the first time.

Further changes have been done within the country in favor of integrating women, which have gone unnoticed by the public eye. Princess Reema bin Bandar al Saud is an example of that. As president of the Saudi Federation for Community Sport, she has developed different initiatives, together with other ministries, to promote women; for instance, by creating football leagues. Moreover, opening women access to the armed forces has also been a huge step forward considering the impact in the shift of gender perspective. It cannot be omitted that Saudi Arabia has been for decades an extremely conservative country and that what may be seen as basic things for westerners in the 21st century, supposes a top-down reform within their principles, especially considering that they are being introduced in a considerably short time.

Conclusion

Saudi Arabia is facing —and will face in the following years— great challenges to redirect the country’s economy into one less dependent on oil, and to reeducate a youth that has been raised up with almost everything being granted by the government. Finally, there is also the challenge of making bin Salman’s vision more translatable to the western public, which, as said, see the reforms with some skepticism, notwithstanding official energetic and ambitious proclamations. As a summary, society, diversification of economy and governance and bylaws are crucial for the Saudi progress. What is true is that, regardless the reticence of westerners, MBS has gained huge support among his compatriots and is thought to be the reformer he repeatedly self-proclaims to be. This may lead us, Westerners, to consider whether an Islamic conception of renovation of Islam in appliance to govern is similar, and if so, to which extent, to our own conception of it.

El pueblo elegido, por gracia de Kim Il-sung

[Barbara Demick, Querido líder. Vivir en Corea del Norte. Turner. Madrid, 2011. 382 páginas]

RESEÑA / Isabel López

Todas las dictaduras son iguales hasta cierto punto. Regímenes como el de Stalin, Mao, Ceaucescu o Sadam Husein compartieron haber instalado estatuas de esos líderes en las principales plazas y sus retratos en todos los rincones... Sin embargo, Kim Il-sung llevó más lejos el culto a la personalidad en Corea del Norte. Lo que le distinguió del resto fue su capacidad para explotar el poder de la fe. Es decir, comprendió muy bien el poder de la religión. Utilizó la fe para atribuirse poderes sobrenaturales que sirvieron para su glorificación personal, como si fuera un Dios.

Así se ve en Querido líder. Vivir en Corea del Norte, de la periodista Barbara Demick, que trabajó como corresponsal de Los Angeles Times en Seúl. El libro relata la vida de seis norcoreanos de la ciudad de Chongjin, situada en el extremo septentrional del país. A través de estos seis perfiles, desde personas pertenecientes a la clase más baja, llamada beuhun, hasta la clase más privilegiada, Demick expone las diferentes etapas que han marcado la historia de Corea del Norte.

Hasta la conquista y ocupación de Japón en la guerra de 1905 regía el imperio coreano. Durante el mandato del país vecino, los coreanos se veían obligados a pagar elevados tributos y los jóvenes eran llevados con el ejército japonés para combatir en la guerra del Pacífico. Tras la retirada de las tropas japonesas en 1945, se planteó un nuevo problema puesto que la Unión Soviética había ocupado parte del norte de Corea. Esto llevó a que Estados Unidos se involucrara para frenar el avance de los rusos. Como consecuencia, se dividió el territorio en dos zonas: la parte sur ocupada por Estados Unidos y la parte norte ocupada por la Unión Soviética. En 1950 ambas fracciones se vieron envueltas en la guerra de Corea, finalizada en 1953.

Después del armisticio se produjo un intercambio de prisioneros por el cual las fuerzas comunistas pusieron en libertad a miles de personas, de las cuales más de la mitad eran surcoreanas. Sin embargo, otros miles nunca volvieron a casa. Los prisioneros liberados eran introducidos en vagones que partían de la estación de Pyongyang con la presunta intención de devolverlos a su lugar de origen en el sur, pero en realidad fueron conducidos a las minas de carbón del norte de Corea, en la frontera con China. Como consecuencia de la guerra la población se había mezclado y no era posible la distinción entre los norcoreanos y surcoreanos.

Al terminar la guerra, Kim Il-sung, líder del Partido de los Trabajadores, comenzó por depurar a todos aquellos que podían poner en peligro su liderazgo, basándose en un criterio de fiabilidad política. Entre 1960 y 1970 se instauró un régimen que la autora describe como de terror y caos. Los antecedentes de cada ciudadano eran sometidos a ocho comprobaciones y se establecía una clasificación basada en el pasado de sus familiares, llegando a convertirse en un sistema de castas tan rígido como el de India. Esta estructura se basaba en gran parte en el sistema de Confucio, aunque se adoptaron los elementos menos amables de él. Finalmente, las categorías sociales eran agrupadas en tres clases: la principal, la vacilante y la hostil. En esta última se encontraban los adivinos, los artistas y los prisioneros de guerra, entre otros.

Los pertenecientes a la clase más baja no tenían derecho a vivir en la capital ni en las zonas más fértiles y eran observados detenidamente por sus vecinos. Además, se crearon los llamados inminban, término que hace referencia a las cooperativas formadas por unas veinte familias que administraban sus respectivos barrios y que se encargaban de transmitir a las autoridades cualquier sospecha. Era imposible subir de rango, con lo cual este pasaba de generación en generación.

A los niños se les enseñaban el respeto por el partido y el odio por los estadounidenses. La educación obligatoria era hasta los 15 años. A partir de aquí solo los niños pertenecientes a las clases más altas eran admitidos en la educación secundaria. Las niñas más inteligentes y guapas eran llevadas a trabajar para Kim Il-sung.

Hasta el fin de los años sesenta Corea del Norte parecía mucho más fuerte que Corea del Sur. Esto provocó que en Japón la opinión pública se alineara en dos bandos, los que apoyaban a Corea del Sur y los que simpatizaban con el Norte, llamados Chosen Soren. Miles de personas sucumbieron a la propaganda. Los japoneses que emigraban a Corea del Norte vivían en un mundo diferente al de los norcoreanos puesto que recibían dinero y regalos de sus familias, aunque debían de dar parte del dinero al régimen. Sin embargo, eran considerados parte de la clase hostil, puesto que el régimen no se fiaba de nadie adinerado que no fuera perteneciente del partido. Su poder dependía de su capacidad de aislar totalmente a los ciudadanos.

El libro recoge la relación de Japón con Corea del Norte y su influencia en el desarrollo económico de esta. Cuando a principios del siglo XX Japón decidió construir un imperio ocupó Manchuria y se hizo con los yacimientos de hierro y carbón próximos a Musan. Para el transporte del botín se escogió la ciudad de Chongjin como puerto estratégico. Entre 1910 y 1950 los japoneses levantaron enormes acerías y fundaron la ciudad de Nanam, en la que se construyeron grandes edificios: empezaba el auténtico desarrollo de Corea del Norte. Kim Il-sung exhibió el poder industrial atribuyéndose los méritos y no reconoció ninguno a Japón. Las autoridades norcoreanas tomaron el control de la industria y luego instalaron misiles apuntando a Japón.

La autora también describe la vida de las trabajadoras de las fábricas que sustentaban el desarrollo económico del país. Las fábricas dependían de las mujeres por la falta de mano de obra masculina. La rutina de una trabajadora de fábrica, que era considerado como una posición privilegiada, consistía en ocho horas diarias los siete días de la semana, más las horas añadidas para continuar con su formación ideológica. También, se organizaban asambleas como la de las mujeres socialistas y sesiones de autocrítica.

Por otro lado, se enfatiza el hecho de hasta qué punto eran moldeadas las personas, que eran regenerados para ver a Kim Il-sung como un gran padre y protector. En su propósito de rehacer la naturaleza humana Kim Il-sung desarrolló un nuevo sistema filosófico apoyado en las tesis marxistas y leninistas llamado el Juche, que se traduce como confianza en uno mismo. Hizo ver al pueblo coreano que era especial y que había sido el pueblo elegido. Este pensamiento cautivaba a una comunidad que había sido pisoteada por sus vecinos durante siglos. Enseñó que la fuerza de los seres humanos provenía de la capacidad de someter su voluntad individual a la colectiva y esa colectividad debía de ser regida por un líder absoluto, Kim Il-sung.

No obstante, esta idea no le bastaba al líder, que además quería ser querido. La autora afirma que “no quería ser visto como Stalin sino como Papa Noel”: se le debía de considerar como un padre en el estilo confuciano. El adoctrinamiento empezaba desde la infancia en las guarderías. Durante los siguientes años no escucharían ninguna canción, no leerían ningún artículo que no estuviera divinizando la figura de Kim Il-sung. Se repartían insignias de solapa con su rostro, que eran obligatorias de llevar en la parte izquierda, sobre el corazón, y su retrato debía de estar en todas las casas. Todo era distribuido gratuitamente por el Partido de los Trabajadores.

Escalada de la tensión en Oriente Medio

Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

▲ Qasem Soleimani recibe una condecoración de manos del Líder Supremo iraní, Ali Khamenei, a comienzos de 2019 [Oficina de Khamenei]

COMENTARIO*Salvador Sánchez Tapia

La muerte en Irak del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza iraní Quds, a manos de un dron norteamericano es un eslabón más en el proceso de creciente deterioro de las, ya de por sí malas, relaciones entre Estados Unidos e Irán, cuyo último capítulo se vive desde 2018, año en que el presidente Trump decide romper el denominado “acuerdo nuclear” (JCPOA) suscrito con Irán en 2015 por la administración Obama y los demás miembros del G 5+1.

El ataque sobre Soleimani, ejecutado como represalia por la muerte de un contratista norteamericano en un ataque lanzado, al parecer, por la milicia irakí chiíta Kataib Hezbollah sobre la base K1 de los Estados Unidos en Kirkuk el pasado 27 de diciembre, ha supuesto un cambio cualitativo en el tipo de respuesta que Estados Unidos acostumbran a dar a incidentes de este tipo pues, por primera vez, el objetivo ha sido un alto responsable militar de la República Islámica de Irán.

Inmediatamente después del asesinato, durante las exequias por el general fallecido, Ali Khamenei, líder supremo de Irán, anunció en términos un tanto apocalípticos que el ataque no quedaría sin respuesta, y que esta vendría directamente de manos iraníes, no a través de proxies. Ésta llegó, en efecto, la noche del pasado 8 de enero en forma de un ataque masivo con misiles sobre dos bases militares estadounidenses situadas al oeste de Irak y en el Kurdistán iraquí. Contradiciendo declaraciones iraníes que hablaban de que los bombardeos habrían producido unos ochenta muertos norteamericanos, la administración estadounidense se apresuró a asegurar que no se había registrado ninguna baja por los ataques.

Tras este nuevo ataque, el mundo contuvo la respiración esperando una escalada por parte de Washington. Sin embargo, las declaraciones del presidente Trump del propio 8 de enero parecieron rebajar la tensión con el argumento de que la ausencia de bajas norteamericanas era indicativa de un intento iraní de desescalar. Estados Unidos no responderá militarmente, aunque anunció la intención de endurecer el régimen de sanciones económicas hasta que el país cambie de actitud. Con ello, el riesgo de una guerra abierta en la región parece conjurado, al menos momentáneamente.

¿Nos afecta la tensión entre Estados Unidos e Irán?

Evidentemente, sí, y de varias formas. En primer lugar, no podemos obviar que varios países de Europa, entre los que se encuentra España, mantienen importantes contingentes militares desplegados en la región, operando en los marcos de la OTAN, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en misiones como “Inherent Resolve” en Irak, “Resolute Support” en Afganistán, UNIFIL en Líbano, “Active Fence” en Turquía, o “Atalanta” en la zona del Cuerno de África.

En los casos de Irak y Afganistán en particular, las tropas españolas desplegadas en las misiones antes mencionadas trabajan en estrecha colaboración con otros aliados de la OTAN, entre los que se encuentra Estados Unidos. Aunque en principio los soldados españoles –o, para el caso, los de las otras naciones OTAN– no están en el punto de mira de las respuestas iraníes, dirigidas específicamente contra Norteamérica y sus intereses, no cabe duda de que cualquier ataque de Irán sobre unidades estadounidenses podría afectar de forma colateral a los contingentes de otras naciones operando con ellas, aunque sólo sea por una cuestión de mera proximidad geográfica.

Menos probable es que Irán intentara una respuesta contra algún contingente no norteamericano a través de alguno de sus proxies en la región. Este sería el caso, por ejemplo, de Hezbollá en Líbano, país en el que España mantiene un importante contingente cuya seguridad podría verse afectada si este grupo, bien por iniciativa propia, o a instancias de Irán, intentara atacar a alguna unidad o instalación de UNIFIL. Esta opción, como decimos, es considerada como poco probable por el impacto negativo que tendría sobre la comunidad internacional en general, y por la proximidad a Israel del despliegue de UNIFIL.

La escalada ha producido un incremento del nivel de alerta y un refuerzo de las tropas que Estados Unidos mantiene en la región. Si el incremento de la tensión continuara, no sería descartable que Washington llegara a articular algún tipo de respuesta militar directa sobre Irán para la que podría apelar al apoyo de sus socios y aliados, sea con tropas o con recursos. Es difícil determinar en qué momento y condiciones se podría producir tal solicitud, con qué objeto y, muy importante, qué respuesta daría Europa a la misma, teniendo en cuenta la preocupación con que el Viejo Continente observa una escalada en la que no está interesada, y el estado de relativa frialdad que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y Europa.

Como consecuencia del asesinato, Irán ha hecho pública su intención de desvincularse totalmente de las cláusulas del acuerdo nuclear que aún observaba. En otras palabras, manifiesta sentirse libre para continuar con su programa nuclear. Indudablemente, este último clavo en el ataúd del JCPOA puede desembocar en una abierta carrera nuclear en la región con consecuencias negativas para la seguridad regional, pero también para la europea. El aumento del número de potencias nucleares es, por sí mismo y desde nuestro punto de vista, una mala noticia.

Por último, y como efecto secundario de la escalada, el precio del barril de petróleo comienza a mostrar una inquietante tendencia alcista. Si no hay medidas correctoras por la vía del incremento de producción de otros países, la tendencia podría mantenerse. No es necesario abundar en lo que el aumento del precio del petróleo significa para la economía europea y, desde luego, para la nacional.

Rusia y China en la crisis

Rusia está haciendo esfuerzos para reemplazar a Estados Unidos como la principal potencia en la región y para presentar a Norteamérica como un socio poco fiable, que abandona a sus aliados en dificultades. La escalada de la crisis puede tener un impacto negativo en ese esfuerzo, retardándolo o, en el peor de los casos, terminando con él si, finalmente, Estados Unidos llegara a revertir su política de paulatino abandono de Oriente Medio por mor de un aumento de la tensión con Irán. La retórica rusa será contraria a Washington. A la postre, sin embargo, no hará nada para que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumente y sí, probablemente, para que se mantenga dentro de un nivel tolerable o disminuya.

Rusia no es tanto un aliado incondicional de Irán, como uno de conveniencia. Irán es un competidor de Rusia por influencia en la región –en particular, en Siria–, y puede intentar influir negativamente sobre el islamismo de la Federación Rusa. Por otro lado, Rusia no está entusiasmada con la idea de que Irán se dote de armas nucleares.

La postura de China está condicionada por su gran dependencia del flujo estable de petróleo de Oriente Medio. Por este motivo, no tiene ningún interés en la inestabilidad que acarrea este incremento de la tensión. Previsiblemente actuará como un elemento moderador, tratando de utilizar la crisis como una oportunidad para incrementar su influencia en la región. China no está interesada per se en convertirse en árbitro de la seguridad en la región, pero sí está interesada en una región estable, amigable para el comercio.

El proyecto “One Belt, One Road” es otra de las razones por las que China tratará de mantener la crisis dentro de unos límites asumibles. Oriente Medio es un elemento clave en el proyecto chino de recreación de una suerte de nueva Ruta de la Seda. Una guerra abierta entre USA e Irán podría afectar negativamente a este proyecto.

En resumen, ni Rusia ni China están interesados en una escalada entre Estados Unidos e Irán que pueda desembocar en una guerra abierta entre ambas naciones que ponga en peligro el suministro de petróleo, en el caso de China, y el asentamiento como principal potencia internacional en la región, en el caso de Rusia. Ambos tratarán de atemperar la respuesta iraní, incluso si, a nivel de declaraciones, se manifiestan en contra del asesinato de Soleimani.

 

* Este texto alarga un comentario previo realizado por el autor a El Confidencial Digital.

Brazil relaunches its space industry by opening the Alcântara base to the US

The Brazilian Congress has approved to ratify the Technological Safeguards Agreement signed by Presidents Trump and Bolsonaro

With the reactivación of the launch site in Alcântara, the world’s most perfectly placed launch site due to its proximity to the Equator, the Brazilian space industry hopes to achieve 10 billion dollars a year in business deals by the year 2040, with control of at least 1% of the global market, especially in space launches. The Bolsonaro administration has accepted the Technological Safeguards Agreement with the USA, an agreement that has evaded Washington before the Workers Party arrived to power.

Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

▲ Launch premises at the Brazilian launch site in Alcântara, near the Equator [AEB]

ARTICLEAlejandro J. Afonso [Spanish version]

Brazil wants to be a part of the new Space Age, where private companies, especially from the United States, are going to be the protagonists, alongside with the traditional national space agencies of the global powers. With the Technological Safeguards Agreement, signed in March 2019 by President Donald J. Trump and Jair Bolsonaro, the strategic Alcântara launch site will be able to launch rockets, spacecraft and satellites equipped with American technology.

The guarantee of technological confidentiality - access to some areas of the base will be authorized only to American personnel, although the jurisdiction of the base will remain with the Brazilian Armed Forces - will permit that Alcântara need not negotiate contracts with only 20% of the global market, as it has been until now, something that has held back the economic rentability of the base. However, this agreement is also limiting, in that Brazil is only authorized to launch national or foreign rockets and spacecraft that are composed of technology that has been developed by the United States.

The new political landscape in which Brazil finds itself has permitted the agreement to be ratified without issue on the 22nd of October by the Chamber of Deputies and on the 12th of November by the Senate, a very different situation than that of 2000, when the Brazilian Congress blocked the agreement proposed by then president Fernando Henrique Cardoso. The subsequent arrival to power of the Workers Party, with the presidency of Luiz Inácio Lula de Silva and Dilma Rousseff, froze relations between Brazil and the United States, leading Washington to momentarily set aside its interest for Alcântara.

The Alcântara Launch Site is situated in Maranhão, a state in north northeast Brazil. Alcântara is a small colonial town that sits 100 kilometers away from the state capital of São Luís. The town has 22,000 inhabitants and access to the sea. The launch site was constructed during the 1980s, and has a campus 620 kilometers squared. Furthermore, the launch site is located 2.3 degrees south of the Equator, making the site an ideal location for launching satellites into geostationary orbit, meaning that the satellites remain fixed over one area of earth during rotation. The unique geographical conditions of the launch site, which facilitates the launch of rockets for geostationary orbit, attracts companies that are interested in launching small or medium satellites, usually used for communications or surveillance satellites. Unfortunately, the institution suffered a bad repute when operations were briefly halted due to a failed launch in 2003, resulting in the deaths of 21 technicians and the destruction of some of the installations.

The United States is interested in the Alcântara Launch site due to its strategic location. As mentioned previously, the launch site is located 2.3 degrees south of the Equator, thus allowing US rockets to save up to 30% on fuel consumption in comparison to launches from Cape Canaveral, Florida. Likewise, due to its proximity to the Equator, the resistance to reach orbit is lesser than Cape Canaveral, meaning that companies can increase the weight of the rocket or of the load it is carrying without adding additional fuel5. Thus, this location offers American companies the same advantages enjoyed by their European counterparts who utilize a launch site in French Guiana, located nearby, north of the Equator. The Technology Safeguards Agreement signed between Presidents Bolsonaro and Trump in March is meant to attract these American companies by ensuring that any American companies using the Alcântara launch site will have the necessary protection and safeguards to ensure that the technology used is not stolen or copied by Brazilian officials.

Brazil’s space aspirations are not new; the Brazilian Space industry is the largest in Latin America. In the 1960s, the Brazilian government constructed their first launch site, Barreira do Inferno, close to the city of Natal. In 1994, the military’s space investigation transformed into the Brazilian Space Agency (AEB), a national agency. In addition to the development of satellites, in 2004 the AEB launched their first rocket. Furthermore, in 2006 Marcos Pontes became the first brazilian astronaut to incorporate into the International Space Station, of which Brazilian is a partner.

The Brazilian government is clearly interested in the Americans using the Alcântara launch site. The global space industry is worth approximately 300 billion USD, and Brazil, who still has a developing space agency, could utilize funds earned from leasing the launch site to further develop their space capabilities7. The Brazilian Space Agency (AEB) has been underfunded for many years, and could do with the supposedly 3.5 billion USD that will come with American use of the Alcântara Launch Site. Furthermore, Brazilian officials have speculated that investment into the launch site will bring with it further investment into the Alcântara region as a whole, improving the quality of life there. In conclusion, the Brazilian government led by Jair Bolsonaro hopes that with the signing of this TSA the relationship between the US and Brazil deepens, and with this deepened relationship comes monetary means to invest in the launch site and its surrounding areas, and invest in the Brazilian Space Agency.

However, this agreement does not come without its critics. In 2000, the government of Brazilian president Fernando Henrique Cardoso tried to sign a similar agreement with the Bush administration that was eventually blocked by the Brazilian congress in fear that Brazil would be ceding its sovereignty to the United States. These same fears are still present today. Brazilian former Minister of Foreign Affairs Samuel Pinheiro Guimarães Nieto stated that the United States is seeking to establish a military base within Brazil, thus exercising sovereignty over Brazil and its people. Criticism is also directed to the wording of the agreement itself, stating that the money that the Brazilian government earns from American use of the launch site cannot be invested into Brazilian rockets, but can be invested in other areas concerning the Brazilian Space Agency.

In addition to the arguments concerning the integrity of Brazilian sovereignty is also a defense of the Quilombolas, descendants of Brazilian slaves that escaped their masters, who were displaced from their coastal land when the base was originally built. Currently, the government is proposing to increase the size of the Alcântara launch site by 12,000 hectares, and the Quilombo communities fear that they will once again be forced to move, causing further impoverishment. This has garnered a response in both the Brazilian congress as well as the American Congress, with Democrat House Representatives introducing a resolution calling on the Bolsonaro government to respect the rights of the Quilombolas.

The Technology Safeguards Agreement is a primarily commercial agreement in order to attract more American companies to Brazil for an ideal launch site in Alcântara, which would save these companies money due to the ideal location of the launch site while investing in the Brazilian economy and space program. However, due to the controversies listed above, some may consider this a one sided agreement where only American interests prevail, while the Brazilian government and people lose sovereignty over their land. At the same time, one point could be made: Brazil has traditionally developed an important aeronautic industry (Embraer, recently bought by Boeing, is an outstanding example) and the Alcântara base gives it the opportunity of jumping into the new space era.

Lebanon, a need for a systemic change

A demonstration in Beirut as part of 2019 protests [Wikimedia Commons]

▲ A demonstration in Beirut as part of 2019 protests [Wikimedia Commons]

ESSAYDavid España Font

1. Introduction

A shared feeling has been rising across the globe for the last three years, but with special strength during the last six months. The demonstrations since February in Algeria, since September in Egypt, Indonesia, Peru or Haiti, and in Chile, Iraq or Lebanon since October are just some manifestations of this feeling. The primary objective of this essay will not be to find a correlation among all demonstrations but rather to focus on the Lebanese governmental collapse. The collapse of the Lebanese government is one example of the widespread failure most politicians in the Middle East have to meet public needs.[i]

Regarding the protests that have been taking place in Egypt and the Levant, it is key to differentiate these uprisings from the so-called Arab Spring that took place in 2011, and which caused a scene of chaos all over the region, leading to the collapse of many regimes.[ii] The revolutionary wave from 2011, became a spark that precipitated into many civil wars such as those in Libya, Yemen or Syria. It is important to note that, the uprisings that are taking place at the moment are happening in the countries that did not fall into civil war when the Arab Spring of 2011 took place.

This essay will put the focus on the issue of whether the political power in Lebanon is legitimate, or it should be changed. Are the Lebanese aiming at a change in leadership or rather at a systemic change in their political system? This essay id divided into four different parts. First, a brief introduction summarizes the development of the October demonstrations. Second, it throws a quick overview into recent political history, starting from the formation of the Lebanese state. Third, it will approach the core question, namely which type of change is required. Finally, a brief conclusion sums up the key ideas.

2. October 2019

On Thursday October 17th, thousands of people jumped into the streets of Beirut to protest against political corruption, the nepotism of the public sector and the entrenched political class. There hadn’t been a manifestation of public discontent as big as this one since the end of the civil war in 1990. The demonstration was sparked by the introduction of a package of new taxes, one of which aimed at WhatsApp calls.[iii] Roads were blocked for ten days in a row while citizens kept demanding for the entire political class to resign. Although, apparently, the demands were the same as those forwarded in 2011, the protests might have been looking more for a change in the whole political system than for mere changes in leadership.

It must not be forgotten the fact that Hasan Nasrallah, the leader of Hezbollah, warned that such protests could lead to another civil war and that the right to demonstrate had to be abolished as soon as possible. He literally stated: “I’m not threatening anyone, I’m describing the situation. We are not afraid for the resistance; we are afraid for the country.”[iv] Certainly, a change in the political power could make   such a power notably stronger, Hezbollah is now enjoying the weakness of the Lebanese political power and prefers to maintain the status quo.

This arising conflict must be analysed bearing in mind the very complicated governmental structure which seems to be very effective towards conflict avoidance, but not towards development and progress. The country is governed by a power-sharing system aimed at guaranteeing political representation for all the country's 18 sects.[v] Lebanon’s government is designed to provide political representation of all Lebanese religious groups, the largest ones being the Maronites, the Shiite and the Sunni. The numbers of seats in the Parliament is allotted among the different denominations within each religion. The President must always be a Maronite Christian, the prime minister a Sunni and the Speaker of Parliament as Shiite.[vi]

Therefore, it goes without saying that the structure of the political power is designed for survival rather than for coexistence. Each representative is inclined to use his position in favour of the interest of the sects that he belongs to instead of that of the national, common interest. There is no chance for common policies to be agreed as long as any of these interfere with the preferences of any one of the sects.

3. A quick overview into recent history

Since the end of the 16th century, the Ottoman Empire managed to control all the region today known as Levant and Egypt. However, the area known as Mount Lebanon remained out of its direct influence[vii]. The region became a self-governed area controlled by powerful Christian Maronite families. Because the Ottoman Empire did not allow European Christians to settle in the territory and benefit from trading activities, the Europeans used the Lebanese Maronites as their commercial representatives.[viii] This was one of the main ways how the European legacy penetrated the region, and one of the reasons that explains why Christians in Lebanon and Syria had a good command of French even before the arrival of the French mandate, and why they became, and still are, richer than the Muslims.

Following World War I, the League of Nations awarded France the mandate over the northern portion of the former Ottoman province of Syria, which included the region of the Mount Lebanon. This was a consequence of the signature in 1916 of the Sykes-Picot Agreement, by which the British and the French divided the Middle East into two areas put under their control. The British would control the South, and the French the North.[ix]

In 1920 the French carved out the region of Lebanon from their mandated area. The region would later be granted the independence in 1943. The means of such demarcation had as primary objective the guarantee and protection of the Christian’s free and independent existence in the Muslim Arab world, not even the protection of their rights but rather the recognition of their existence. Since the very first moment of Lebanon’s establishment as a separate territory from Syria, Sunni Muslims rejected the very idea of a Lebanese state which was perceived as an act of French colonialism with the objective of dividing and weakening what was perceived to be the united Arab Nation.[x]

Because the preservation of the greater Lebanon was the primary objective for the Christians and they were not going to give up that objective for the sake of a united Arab Nation, a gap between the Maronite and the Sunni communities opened that had to be closed. The legal agreement that came up from efforts in this sense came to be known as the National Pact of 1943 “al-Mithaq al-Watani.”[xi] At the heart of the negotiations was on the one hand the Christians' fear of being overwhelmed by the Arab countries, and on the other hand the Muslims' fear of Western hegemony. In return for the Christian to accept Lebanon's "Arab face," the Muslim side agreed to recognize the independence and legitimacy of the Lebanese state in its 1920 boundaries and to renounce aspirations for union with Syria.[xii]

With hindsight, the pact may be assessed as the least bad political option that could be reached at this time. However, as mentioned earlier, this pact has led to a development of the governmental structure that doesn’t lead to political construction and development but rather to mere survival.

4. Change in leadership or systemic change?

The issue at stake is very much related to the legitimacy that could be given to the Lebanese political power. In order to tackle this issue, a basic approach to these terms is a must.

The concept of political power is very vague and might be difficult to find a set definition for it; the basic approach could be “a power exercised in a political community for the attainment of the ends that pertain to the community.”[xiii] In order to be political, power inherently requires  legitimacy. When the power is fully adapted to the community, only then this power can be considered a political power and therefore, a legitimate power.[xiv] While it is possible to legitimize a power that is divided into a wide variety of sects, it cannot be denied that such power is not fully adapted to the community, but simply divided between the different communities.

Perhaps, the issue in this case is that there cannot be such a thing as “a community” for the different sects that conform the Lebanese society. Perry Anderson[xv] states that in 2005, the Saudi Crown reintroduced the millionaire Rafik Hariri into the Lebanese politics getting him to become prime minister. In return, Hariri had to allow the Salafists to preach in Sunni villages and cities, up to the point that his son, Saad, does not manage to control the Sunni community any longer. How is it possible to avoid such a widespread division of sects in a region where politics of influence are played by every minimally significant power?

Furthermore, in order to be legitimate, power must safeguard the political community. However, going deeper into the matter, it is essential that a legitimate power transcends the simple function of safeguarding and assumes the responsibility of maintaining the development of the community. As mentioned in the previous paragraph, in this case there might be no such thing as a community; therefore, the capacity of the political power in this specific case, legitimacy might be link to the idea of leading the project of building and developing such idea of community under one united political entity. Possibly, the key to achieve a sense of community might be the abolition of confession-based politics however…is it possible?

Additionally, another reason for which I do not believe that there is a full politization of the state is because it has still not transitioned from power, understood as force, into power understood as order. The mere presence of an Iranian backed militia in the country which does have a notable degree of influence on the political decisions doesn’t allow for such an important change to happen. In the theory, the state should recover the full control of military power however, the reality is that Lebanon does need the military efforts of the Shiite militia.  

Finally, a last way to understand the legitimacy of the power can be through acceptance. Legitimacy consists on the consent given to the power, which implies the disposition to obey of the community, and the acceptance of the capacity to force, of the power[xvi]. Until now there has been acceptance. However, being these protests the biggest ones seen since the end of the civil war, it is an important factor to bear in mind. It might be that these protests delegitimize the political power, or they might simply reflect the euphoric hit that many of these events tend to cause before disappearing.

5. Conclusion

After three months since the beginning of the protests, it seems that steps have been taken backwards rather than forwards. Could Hariri’s resignation mean a step forward towards the construction of the community and the abolition of the sectarian division?

The key idea is the nature of the 1943 agreement. The Pact’s core idea was to help overcome any philosophical divisions between the two main communities, the Christian and the Sunni. The Christians were not willing to accept a united Arab Nation with Syria, and the Muslims were not willing to be fully ruled by the Christians. However, 80 years later, the importance of confessionalism in the political structure is still there, it has not diminished.

To sum up, there are two additional ideas to be emphasised. One is that Lebanon was created in order to remain a non-Muslim state in an Arab world, the second one is that the principal reason for stating that the political powers in the Arab world have so little legitimacy is because of the intrusion of other regional powers in the nation’s construction of a community and the persistent war that is being fought between the Sunni and the Shiite in the region in

[i] B. Alterman, J. (2019). Lebanon’s Government Collapses. Retrieved 16 December 2019, from 

[ii] B. Alterman, J. (2019). Lebanon’s Government Collapses. Retrieved 16 December 2019, from

[iii] B. Alterman, J. (2019). Lebanon’s Government Collapses. Retrieved 16 December 2019, from

[iv] B. Alterman, J. (2019). Lebanon’s Government Collapses. Retrieved 16 December 2019, from

[v] CIA. (2019). World Factbook (p. Lebanese government). USA.

[vi] CIA. (2019). World Factbook (p. Lebanese government). USA.

[vii] Hourani, A. (2013). A history of the Arab peoples (p.). London: Faber and Faber.

[viii] el-Khazen, F. (1991). The Comnlunal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact [Ebook] (1st ed., pp. 7, 13, 14, 49, 52,). Oxford: Centre for Lebanese Studies, Oxford. Retrieved from

[ix] Taber, A. (2016). The lines that bind (1st ed.). Washington: The Washington Institute for Near East Policy.

[x] el-Khazen, F. (1991). The Comnlunal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact [Ebook] (1st ed., pp. 7, 13, 14, 49, 52,). Oxford: Centre for Lebanese Studies, Oxford. Retrieved from

[xi] el-Khazen, F. (1991). The Comnlunal Pact of National Identities: The Making and Politics of the 1943 National Pact [Ebook] (1st ed., pp. 7, 13, 14, 49, 52,). Oxford: Centre for Lebanese Studies, Oxford. Retrieved from

[xii] Thomas Collelo, ed. Lebanon: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1987.

[xiii] Zemsky, B. (2019). 2000 [Blog]

[xiv] Cruz Prados, A. (2000). Ethos y Polis (2nd ed., pp. 377-400). Pamplona: EUNSA.

[xv] Mourad, S. El mosaico del islam: una conversación con Perry Anderson (1st ed., pp. 81-82). Madrid: Siglo XXI de España Editores, S. A., 2018.

[xvi] Jarvis Thomson, J. (1990). The Realm of Rights (1st ed., p. 359). Massachusetts: Harvard University Press.

La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía

La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

 

 

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.

The Pan-American Highway, unplugged

[Eric Rutkow, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas. Scribner. New York, 2019. 438 p.]

 

REVIEW / Marcelina Kropiwnicka

The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the AmericasThough the title tries to convince the reader that they will merely be exploring the build-up to the largest link between the United States of America and its southern neighbors, The Longest Line on the Map: The United States, the Pan-American Highway and the Quest to Link the Americas covers much more. The book is written in more of a novel-fashion than a textbook-fashion. Author Eric Rutkow, rather than simply discussing the nitty-gritty development of the highway alone, is able to cover historical events from political battles in the homeland of the US to economic hardships encountered among the partner countries. Divided into three main blocks, the book chronologically introduces the events that took place during the Pan-American Highway’s construction, beginning with the dream that a railway would connect the two hemispheres.

With the New World just barely beginning to grasp its potential, writer Hinton Rowan Helper’s first-hand experience of traveling from the United States to Argentina in the mid-1800s made him come to the realization that there must be an alternative method of traveling between the two countries. After enduring the long voyage, he came to the conclusion, “Why not by rail?” The first quarter of the book hence explains the early attempts made towards linking the wide span between North America and Southern Argentina through the use of a railroad. Thus, when in 1890 the Intercontinental Railway Commission was created, the idea of a Pan-American railway began to flourish and preliminary work began.

The idea was passed on from one indefatigable supporter to another, keeping in mind the cooperative aim of pan-Americanism and the potential for US economic expansion. Yet still by the early 1900s, over half of the projected length of the railway remained unassembled. Despite multiple attempts and investment in building and rebuilding the rail (mainly due to logistical purposes), the project came to a final halt with the realization that the Pan-American Railway was beginning to look like what it was: an unfeasible dream. President Theodore Roosevelt had concluded similarly in 1905, when he gave preference to developing the Panama Canal, regulating the rules of the railway and building the US Navy. In the subsequent and comparatively short chapter of the book, Rutkow introduces the era when automobiles and bicycles were on the rise, causing a demand for the increased construction of roads and exhaustive efforts to build decent thoroughfare within the US. Also made note of in the book was the diverging attention from the rail as a result of the outbreak of the First World War. These events combined would ultimately cease continuation of the railway’s assembly.

The second half of the book is dedicated to the continuation of the dream of connecting the two spheres using a different method: the building of the Pan-American Highway. Although only a sister to the railway project, the two ideas arise from the same ideal. The new project seemed especially tangible due to the growth of the ‘motoring generation’ and the strengthened advocacy of Pan-Americanism. The belief was that the highway would foster “closer and more harmonious relations” among the nations in the Americas. Nevertheless, the highway remains unfinished due to a mere 50-mile wide gap, known as the Darien Gap, located between Panama and Colombia (“mere” considering the highway today stretches more than 20,000 miles, connecting Alaska to the southern tip of Argentina).

The most engaging part of the book emerges in the last chapter, when Rutkow attempts at connecting the missing link between the two worlds, but isn’t able to, which reminds us that the road remains unfinished. The chapter, which is committed to the Darien Gap, is able to give light to the idea that once, the two spheres had a dream of connecting, contrasting to what we see today with the pressure of erecting walls along the southern US border. Though the dream continues to overcome the gap and finish the road, a new challenge had finally emerged: Panama had changed its policy and refused to finish the pavement.

As for such a well-researched book of one of the largest projects on the American continent, there’s a peculiar laxity: the coverage on South America is far less complete in comparison to all the focus that the United States’ government efforts to organizing and funding the link received. In terms of critiquing the book as a literary piece, not every quotation within the book would be considered absolutely necessary to telling the story. Ironically there’s a certain scarcity when it comes to describing the road itself or its surrounding environment. Perhaps the author makes up for this blunder with his meticulous choosing of maps and images to provide the reader with a context of the environment and era in which the dream was being pursued.

Centroamérica aprovecha sus volcanes para generación eléctrica

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULOAlexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra ­–los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

 

 

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y  el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.