Groenlandia, en el centro de la pugna China-EEUU por el Ártico

Empresas chinas desarrollan cuatro proyectos mineros en la isla; Trump ofreció comprarla

El deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas y otorga especial valor a ciertos territorios, como Islandia o especialmente Groenlandia, cuyo enorme tamaño también esconde grandes recursos naturales. Empresas mineras chinas están presentes en la 'Tierra Verde' desde 2008; el gobierno danés ha querido poner freno a un incremento de influencia de Pekín asumiendo directamente la construcción de tres aeropuertos en lugar de que quedaran bajo gestión china. Copenhague teme veladamente que China fomente la independencia de los groenlandeses, mientras la Casa Blanca ha ofrecido comprar la isla, como ya intentara en otros momentos de la historia.

Población de Oqaatsut, en la costa oriental de Groenlandia [Pixabay]

▲ Población de Oqaatsut, en la costa oriental de Groenlandia [Pixabay]

ARTÍCULOJesús Rizo Ortiz

Groenlandia es la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras sus habitantes no llegan a 60.000, lo que la hace el territorio con menor densidad de población del globo. Esta realidad, junto con las riquezas naturales aún por explotar y la ubicación geográfica, otorgan a esta Tierra Verde una gran importancia geoestratégica. Además, el calentamiento global y la puga por el nuevo orden mundial entre EEUU, China y Rusia sitúan a este territorio dependiente de Dinamarca en el centro de las dinámicas geopolíticas, por primera vez en su historia.

Debido al deshielo del Océano Ártico están surgiendo nuevas rutas de comunicación entre los continentes americano, europeo y asiático. Estas vías, aunque en el futuro permanezcan sujetas a limitaciones, están haciéndose cada vez más accesibles y durante más tiempo a lo largo del año. Groenlandia constituye un punto estratégico de control y suministro tanto de la ruta del Norte (la que sigue el contorno norte de Rusia) como del Noroeste (que atraviesa las islas septentrionales de Canadá), no solo en el caso de mercancías y barcos comerciales, sino también en términos de seguridad, ya que el deshielo del océano acorta notablemente las distancias entre los principales actores internacionales.

La posición geográfica de Groenlandia es clave, pero también lo que contiene bajo el hielo que cubre el 77% de su superficie. Se estima que el 13% de las reservas petroleras mundiales se hallan en Groenlandia, así como el 25% de las llamadas tierras raras (neodimio, disprosio, itrio...), que son fundamentales en la producción de nuevas tecnologías.

Interés de China y EEUU

Las perspectivas que abre la mayor posibilidad de navegación a través el Ártico ha llevado a que las potencias árticas elaboraren sus estrategias. Pero también China, interesada en una Ruta de la Seda Polar, ha buscado modos de estar presente el círculo ártico, y ha encontrado en Groenlandia una puerta.

La política exterior de China se concreta en gran medida en la ejecución de proyectos en zonas donde su poderío financiero es necesario, y así lo está haciendo en lugares requeridos de desarrollo como en África y Latinoamérica. Ese tipo de actuación también lo está llevando a cabo en Groenlandia, donde empresas chinas se encuentran presentes desde 2008. Los principales partidos políticos daneses ven con reticencia esa conexión con Pekín, pero la realidad es que mucha de la población groenlandesa, que en más del 80% es de origen inuit, valora positivamente las posibilidades de desarrollo local que abren las inversiones chinas. Esa diferente perspectiva se puso de manifiesto especialmente cuando en 2018 el gobierno de este territorio autónomo promovió tres aeropuertos internacionales (ampliación del de la capital, Nuuk, y construcción en los lugares turísticos de Ilulimat y Qaqortog), lo que en conjunto suponía la mayor contratación de obra pública de su historia. Aunque rápidamente desde China llegó una oferta de la constructora estatal CCCC, finalmente Copenhague decidió aportar fondos públicos daneses y participar en la propiedad de los aeropuertos, dados los recelos que levantaba la iniciativa china.

China está presente, en cualquier caso, en cuatro proyectos previos, relacionados con la minería y gestionados tanto por empresas estatales como privadas, todas ellas siguiendo los propósitos geopolíticos del gobierno chino, cuyo Ministerio de Tecnología de la Información e Industria ha expresado su interés por la actividad en Groenlandia. Esos cuatro proyectos son el de Kvanefjeld para la extracción de tierras raras, financiado principalmente Shenghe Resources; el de Iusa para la extracción de hierro, completamente financiado por General Nice; el de Wegener Halvø para la extracción de cobre, sostenido por Jiangxi Zhongrun tras un acuerdo con Nordic Mining en 2008; y por último, el denominado Citronen Base Metal, a cargo de China Nonferrus Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction (NFC).

Estados Unidos no se queda atrás en el interés por Groenlandia. Ya en la década de 1860 el presidente estadounidense Andrew Johnson destacó la importancia de Groenlandia en cuanto a recursos y posición estratégica. Casi un siglo después, en 1946, Harry Truman ofreció al gobierno danés comprar Groenlandia por 100 millones de dólares en oro. Aunque la oferta fue rechazada por Dinamarca, este país sí aceptó el establecimiento en 1951 de una base aérea estadounidense en Thule. Se trata de la base militar más septentrional del mundo, que fue clave en el transcurso de la Guerra Fría y aún hoy sigue funcionando. Esta base supone para EEUU una ventaja no solo ante la apertura comercial de nuevas travesías marítimas, sino ante una hipotética coalición chino-rusa que busque dominar la ruta del Norte. En otras palabras, dada la doble vertiente en la importancia de Groenlandia (recursos naturales y seguridad), se entiende que alguien tan poco convencional como Donald Trump haya vuelto a sugerir la posibilidad de comprar la inmensa isla, algo que Copenhague ha declinado.

 

Proyección de rutas a través del Ártico; la fila superior corresponde al deshielo que podría producirse con bajas emisiones, la inferior en el caso de altas emisiones [Arctic Council]

Proyección de rutas a través del Ártico; la fila superior corresponde al deshielo que podría producirse con bajas emisiones, la inferior en el caso de altas emisiones [Arctic Council]

 

En el centro de un ‘Great Game’

Al margen de la inviabilidad hoy de una operación de ese tipo sin tener en cuenta, entre otras cosas, la voluntad de la población, es cierto que está teniendo lugar un Great Game entre los principales actores internacionales por contar con Groenlandia entre sus cartas geoestratégicas.

1) Estados Unidos ya cuenta con presencia militar en Groenlandia, así como con buenas relaciones con Dinamarca e Islandia, ambos miembros de la OTAN, por lo que el control del estrecho de Dinamarca está garantizado, así como del espacio entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido (conocido como GIUK Gap), que comunica el Ártico con el Atlántico Norte. No obstante, Washington deberá cambiar su estrategia si quiere hacerse con el control de Groenlandia, comenzando por mejorar sus relaciones con el gobierno danés y financiando proyectos en la isla.

2) Aunque sin protagonismo en relación a Groenlandia, Rusia goza de preeminencia en toda la región ártica. Es, con diferencia, el país con más presencia militar en la zona, habiendo reutilizado algunas de las instalaciones soviéticas. Es la potencia hegemónica en toda la ruta Norte, considerada por el Kremlin como la principal vía de comunicación nacional. Dado el imperio absoluto de Rusia sobre esta vía, el hielo que todavía la cubre durante gran parte del año, y el control de los EEUU en su vertiente atlántica, esta Ruta no supondrá (al menos en principio) una alternativa real y rentable al estrecho de Malaca, para desasosiego de China.

3) China presentó en 2018 su libro blanco sobre su política para el Ártico, en el que se definió como “potencia casi ártica”. De momento, se ha fijado en Groenlandia como punto fundamental en su Ruta de la Seda Polar. La ruta del Norte acortaría alrededor de una semana el tiempo de transporte entre los puertos asiáticos y europeos y sería una alternativa más que necesaria al estrecho de Malaca. En la gran isla se ha centrado Hasta ahora en la extracción de recursos, siguiendo su particular y cauto modus operandi. Además, los fondos chinos suponen para los groenlandeses una alternativa a la dependencia absoluta de Dinamarca, lo que adicionalmente favorece las pretensiones nacionalistas de la isla.

Diez novedades del Tratado de Comercio EEUU-México-Canadá

Los cambios, aunque significativos en algunos casos, no modificarán sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países

El nuevo Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México ha quedado listo para su aplicación, tras la ratificación llevada a cabo en los congresos de los tres países. La revisión del anterior tratado, que entró en vigor en 1994, fue reclamada por Donald Trump en su llegada a la Casa Blanca, alegando el déficit comercial generado para EEUU en relación a Canadá y especialmente a México. Aunque se han introducido algunas correcciones significativas, siguiendo los principales planteamientos estadounidenses, no parece que el revisado acuerdo vaya a modificar sustancialmente las corrientes comerciales entre los tres países.

Los presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el acuerdo de libre comercio en noviembre de 2019 [US Gov.]

▲ Los presidentes Peña Nieto, Trump y Trudeau firman el acuerdo de libre comercio en noviembre de 2019 [US Gov.]

ARTÍCULOMarcelina Kropiwnicka

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o su versión en inglés, NAFTA). Más de veinte años después y bajo la administración del presidente Donald Trump, los tres países socios abrieron un proceso de revisión del acuerdo, ahora denominado Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México (al que cada país, poniéndose por delante, le ha dado unas siglas distintas: los mexicanos lo llaman T-MEC o TMEC, los estadounidenses USMCA y los canadienses CUSMA).

El texto del TMEC (sus siglas en español) finalmente ratificado por los tres países es coherente en general con el antiguo TLCAN. No obstante, hay distinciones particulares. Así, incluye normas de origen más estrictas en los sectores automovilístico y textil, un requisito de contenido de valor laboral actualizado en el sector del automóvil, un mayor acceso de Estados Unidos a los mercados gestionados por la oferta canadiense, disposiciones novedosas relacionadas con los servicios financieros y una especificación sobre el establecimiento de acuerdos de libre comercio con economías que no son de mercado. El objetivo conjunto es incentivar la producción en América del Norte.

Novedades negociadas en 2017–2018

Las tres partes comenzaron la negociación en verano de 2017 y al cabo de algo más un año cerraron un acuerdo, firmado por los presidentes de los tres países en noviembre de 2018. Las principales novedades introducidas hasta entonces fueron las siguientes:

1) El acuerdo revisa el porcentaje del contenido de valor regional (RVC) referido a la industria del automóvil. En el TLCAN se establecía que al menos el 62,5% de un automóvil debía estar hecho con piezas procedentes de América del Norte. El TMEC eleva el porcentaje al 75% con la intención de fortalecer la capacidad de fabricación de los países y aumentar la fuerza de trabajo en la industria automotriz.

2) En esta misma línea, para apoyar el empleo en América del Norte, el acuerdo contiene ​nuevas reglas de origen comercial para impulsar los salarios más altos al obligar a que el 40-45% de la fabricación de automóviles sea realizada por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora de promedio para el año 2023; eso es aproximadamente tres veces el pago que normalmente recibe hoy un operario mexicano.

3) Aparte de la industria automotriz, el mercado de productos lácteos se abrirá para asegurar un mayor acceso de los productos lácteos de EEUU, una demanda clave para Washington. En la actualidad, Canadá tiene un sistema de cuotas nacionales que se establecieron para proteger a sus agricultores de la competencia extranjera; sin embargo, en virtud del nuevo acuerdo del TMEC, los cambios permitirán a Estados Unidos exportar hasta el 3,6% del mercado de productos lácteos de Canadá​, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto a la disposición original del TLCAN. Otro logro clave para Trump fue la negociación de la eliminación por parte de Canadá de lo que se conoce como sus ​clases de leche 6 y 7​.

4) Otro aspecto nuevo es la cláusula de extinción. El TLCAN tenía una cláusula de extinción automática o una fecha de finalización predeterminada del acuerdo, lo que significaba que cualquiera de las tres partes podía retirarse del acuerdo, previo aviso de seis meses sobre el retiro; si esto no ocurría, el acuerdo se mantenía indefinido. Sin embargo, el TMEC prevé una duración 16 años, con la opción de reunirse, negociar y revisar el documento después de seis años, así como con la posibilidad de renovar el acuerdo una vez transcurridos los 16 años.

5) El pacto de los tres países también incluye un capítulo sobre el trabajo que ancla en el núcleo del acuerdo las obligaciones laborales, haciendo más exigente su ejecución.

Reformas en México

Precisamente para hacer más creíble ese último punto, los negociadores de EEUU y Canadá exigieron que México hiciera cambios en sus leyes laborales para acelerar el proceso de aprobación y ratificación del TMEC por parte de los legisladores de Washington y Ottawa. Los líderes de la Cámara de Representantes de EEUU habían dudado de la capacidad de México para cumplir específicamente con los puntos de derechos laborales del acuerdo. Uno de los principales objetivos del presidente Trump en la renegociación era asegurar a los trabajadores estadounidenses que se superaría la situación de competencia desigual.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al Congreso de EEUU garantizando la implementación de un plan de cuatro años para asegurar el logro de los derechos laborales adecuados. López Obrador se comprometió a un desembolso de 900 millones de dólares en los siguientes cuatro años para cambiar el sistema de justicia laboral y asegurar que las disputas entre trabajadores y empleadores se resuelvan de manera oportuna. México también ha invertido en la construcción de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde los conflictos laborales serán abordados antes de su audiencia en la corte.

Obrador mostró su compromiso con las reformas laborales asegurando al menos un aumento del 2% del ​salario mínimo en México​. Lo más notable es que la exigencia del voto directo de los líderes sindicales modificará el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Con elecciones directas, las decisiones sobre los convenios colectivos serán más transparentes. El plan mexicano para mejorar el entorno laboral comenzará en 2020.

Novedades de 2019 para facilitar la ratificación

Ante las demandas planteadas en el Congreso de EEUU, sobre todo por la mayoría demócrata, para ratificar el tratado, los negociadores procedieron a dos revisiones importantes del TCLAN. Una de ellas dirigida principalmente a revisar una amplia cantidad de disposiciones relativas a la propiedad intelectual, los productos farmacéuticos y la economía digital:

6) El capítulo dedicado a los derechos de propiedad intelectual busca responder a inquietudes de EEUU para impulsar la innovación, generar crecimiento económico y respaldar puestos de trabajo. Por primera vez, según el representante de ​Comercio de Estados Unidos​, las adiciones incluyen: normas estrictas contra la elusión de las medidas de protección tecnológica de música, películas y libros digitales; una fuerte protección para la innovación farmacéutica y agrícola; una amplia protección contra el robo de secretos comerciales, y autoridad de oficio para que los funcionarios detengan mercancías presuntamente falsificadas o pirateadas.

7) También se ha incluido un nuevo capítulo sobre comercio digital que contiene controles más estrictos que cualquier otro acuerdo internacional, lo que consolida los cimientos para la expansión del comercio y la inversión en esferas en las que EEUU tiene una ventaja competitiva.

8) El redactado final elimina una garantía de 10 años de protección de la propiedad intelectual para los ​medicamentos biológicos​, que son algunos de los medicamentos más caros del mercado. Asimismo, suprime conceder tres años adicionales de excluvisidad de propiedad intelectual para medicamentos a los que se encuentre un nuevo uso.

Un segundo grupo de cambios de última hora hace referencia a mayores protecciones medioambientales y laborales:

9) Lo relativo al medio ambiente cubre 30 páginas, que esbozan las obligaciones para combatir el tráfico de vida silvestre, madera y pescado; fortalecer la aplicación de la ley para detener dicho tráfico, y abordar cuestiones ambientales críticas como la calidad del aire y los residuos marinos. Entre las ​nuevas obligaciones figuran: la protección de diversas especies marinas, la implantación de métodos adecuados para las evaluaciones de impacto ambiental, y la adecuación a las obligaciones de siete acuerdos ambientales multilaterales. En particular, México está de acuerdo en mejorar la vigilancia para poner fin a la pesca ilegal, y los tres países acuerdan dejar de subvencionar la pesca de especies sobreexplotadas. Para aumentar la responsabilidad ambiental, los demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU instaron a que se cree un comité interinstitucional de supervisión. Sin embargo, el tratado no en asuntos de cambio climático.

10) Para asegurar que México cumple lo prometido respecto al ámbito laboral, los demócratas de la Cámara de Representantes forzaron la creación de un comité interagencial que monitoree la implementación de la ​reforma laboral de México y el cumplimiento de las obligaciones laborales. A pesar del nuevo y único requisito de la ‘LVC’, una regla de contenido de valor laboral, todavía será difícil imponer un salario mínimo a los fabricantes de automóviles mexicanos. No obstante, los demócratas estadounidenses esperan que la condición obligue a los fabricantes de automóviles a comprar más suministros de Canadá o EEUU o que haga que los salarios de los fabricantes de automóviles en México aumenten.

El acuerdo finalmente ratificado reemplazará el que está vigor desde hace 25 años. En general el paso del TLCAN al TMEC no debería causar un efecto drástico en los tres países. Es un acuerdo progresivo que supondrá ligeros cambios: ciertas industrias se verán afectadas, como la automotriz y la lechera, pero en una pequeña proporción. A largo plazo, dadas las modificaciones introducidas, los salarios debieran aumentará en México, lo que disminuiría la migración mexicana a EEUU. Las empresas se verán afectadas a largo plazo, pero con planes de respaldo y nuevos rediseños es de esperar que el proceso de transición sea suave y mutuamente beneficioso.

Russia’s sharp power in Africa: the case of Madagascar, Central Africa Republic, Sudan and South Africa

A picture of Vladimir Putin on Sputnik's website

▲ A picture of Vladimir Putin on Sputnik's website

ESSAYPablo Arbuniés

A new form of power

Russia’s growing influence in African countries and public opinion has often been overlooked by western democracies, giving the Kremlin a lot of valuable time to extend its influence on the continent.

Until very recently, western democracies have looked at influence efforts from authoritarian countries as nothing more than an exercise of soft power. Joseph S. Nye defined soft power as a nation’s power of attraction, in contrast to the hard power of coercion inherent in military or economic strength (Nye 1990). However, this influence does not fit the common definition of soft power as ‘winning hearts and minds’. In the last years China and Russia have developed and perfected extremely sophisticated strategies of manipulation aimed towards the civil population of target countries, and in the case of Russia the role of Russia Today should be taken as an example.

These strategies go beyond soft power and have already proved their effectiveness. They are what the academia has recently labelled as sharp power (Walker 2019). Sharp power aims to hijack public opinion through disinformation or distraction, being an international projection of how authoritarian countries manipulate their own population (Singh 2018).

Sharp power strategies are being severely underestimated by western policy makers and advisors, who tend to focus on more classical conceptions of the exercise of power. As an example, the “Framework document” issued by the Spanish Institute for Strategic Studies on Russia-Africa relations (Mora Tebas 2019). The document completely ignores sharp power, labelling Russian interest in communication markets as no more than regular soft power without taking into consideration de disinformative and manipulative nature of these actions.

A growing interest in Africa 

Over the past 20 years, many international actors have shifted their interest towards the African continent, each in a different way.

China has made Africa a mayor geopolitical target in recent years, focusing on economic investments for infrastructure development. Such investments can be noticed in the Ethiopian dam projects such as the Gibe III, or in the Entebbe-Kampala Expressway in Uganda.

This could be considered as debt-trap diplomacy, as China uses infrastructure investments and development loans to gain leverage over African countries. However, there is also a key geopolitical interest, especially in those countries with access to the Red Sea and the Indian Ocean, due to the One Belt One Road Initiative. This project requires a net of seaports, where Kenya, and specifically the port of Lamu, could play a key role becoming a hub for trade in East Africa (Hurley, Morris and Portelance 2019).

Also, Chinese investments are attractive for African countries because they do not come with prerequisites of democratization or transparent administration, unlike those from western countries.

Yet, even though both China and Russia use sharp power as part of their foreign policy strategies, China does barely use it in Africa, since its interests in the continent are more economic than political. This is based on the view that China is more keen to exploit Africa’s natural resources (Mlambo, Kushamba y Simawu 2016) than anything else.

On the other hand, Russia has both economic and military interests in the region. This is exemplified by the case of Sudan, where in addition to the economic interest in natural resources, there is also a military interest in accessing the Red Sea. In order to achieve these goals, the first step is to grant stability in the country, and it can be achieved through ensuring that public opinion supports the government and accepts Russian presence.

The idea of a Russian world—Russkiy Mir—has grown under Putin and is key to understanding the country’s soft and sharp power strategies. It consists on the expansion of power and culture using any means possible in order to regain the lost superpower status.

However, this approach must not be seen only as a nostalgic push to regain status, but also from a purely pragmatic point of view, since economic and practical factors have “pushed aside ideology” in the competition against the West (Warsaw Institute 2019).

The recent Russia-Africa Summit (23-24 October 2019), that took place in Sochi, Russia, proves how Russia has pivoted towards Africa in recent years, offering infrastructure, energy and other investments as well as arms deals and different advisors. The outcome of this pivoting is being quite beneficial for Moscow in strategic terms.

The Kremlin’s interest in Africa was not remarkable until the post Crimea invasion. The economic sanctions imposed after the occupation of Crimea forced Russia to look further abroad for allies and business opportunities. For instance, as part of this policy there a more robust involvement of Russia in Syria.

The Russian strategy for the African continent involves benefiting favourable politicians through political and military advisors and offering control on media influence (Warsaw Institute 2019). In exchange, Russia looks for military and energy supply contracts, mining concessions and infrastructure building deals. Moreover, on a bigger picture, Russia—as well as China—aims to reduce the influence of the US and former colonial powers France and the UK.

Leaked documents published by The Guardian (Harding and Buerke 2019), show this effort to gain influence on the continent, as well as the strategies followed and the degree of cooperation with the different powers—from governments to opposition groups or social movements.

However, the growth of Russia’s influence in Africa cannot be understood without the figure of Yevgeny Prigozhin, an extremely powerful oligarch which, according to US special counsel Robert Mueller, was critical to the social media campaign for the election of Donald Trump in 2016. He is also linked to the foundation of the Wagner group, a private military contractor present among other conflicts in the Syrian war.

Prigozhin, through a network of enterprises known as ‘The Company’ has been for long the head of Putin’s plans for the African continent, being responsible of the growing number of Russian military experts involved with different governments along the continent, and now suspected to lead the push to infiltrate in the communication markets.

Between 100 and 200 spin doctors have already been sent to the continent, reaching at least 10 different countries (Warsaw Institute 2019). Their focus is on political marketing and specially on social media, with the hope that it can be as influential as in the Arab Springs.

Main targets

Influence in the media is one of the key aspects of Russia’s influence in Africa, and the main targets in this aspect are the Central African Republic, Madagascar, South Africa and Sudan. Each of these countries has a potential for Russian interests, and is targeted on different levels of cooperation, from weapons deals to spin doctors (Warsaw Institute 2019), but all of them are targets for sharp power strategies.

However, it is hard for a foreign government to directly enter the communication markets of another country without making people suspicious of its activities, and that is where The Company plays its role. Through it, pro-Russian editorial lines are fed to the population of the target states by acquiring already existing media platforms—such as newspapers or television and radio stations—or creating new ones directly under the supervision of officials of the Ministry of Foreign Affairs, this ensures that the dominant frames fit Russia’s interests and that of its allies.

Also, the presence of Russian international media is key to its sharp power. Russia Today and Sputnik have expanded their reach by associating with local entities in Eritrea, Ivory Coast, etc. Russian radio services have been expanded to Africa as well as a key factor in both soft and sharp power.

Finally, social media are a great way of distributing disinformation, given its global reach and the insufficient amount of fact-checkers devoted to this area. There, not only Russian media can participate but also bots and individual accounts are at the service of the Kremlin’s interests.

Madagascar

Although Madagascar is viewed by the Kremlin as a high cooperation partner, it doesn’t seem to have much to offer in geopolitical terms other tan mining concessions for Russian companies. Therefore, Russian presence in Madagascar was widely unexpected.

During the May 2019 election, Russia backed six different candidates, but none of them won. In the final stages of the campaign, the Kremlin changed its strategy and backed the expected and eventual winner, Andry Rajoelina (Allison 2019). This could be considered a fiasco and ignored because of the disastrous result, but there is a key aspect that shows how Russia is trying to shape public opinion across the continent.

Although political advisors and spin doctors were only one part of the plan, Russia managed to produce and distribute the biggest mass-selling newspaper along the country with more than two million copies every month (Harding and Buerke 2019). Though it did not seem to have any major impact on the short term, it could be an important asset for shaping public opinion on the long run.

Central African Republic

The Central African Republic (CAR) is of major geopolitical relevance in the whole of the African continent. Due to its location as well as its cultural and ethnic features, it is viewed by the Kremlin as the gate to the whole continent. It is the zone of transition between the Muslim north of the continent and the Christian south (Harding and Buerke 2019).

Given the complicated situation and the context of the ongoing civil war, it can be considered as an easy target for foreign powers. This is mainly due to the power structures being weakened by the war. Russia is part of the UN peacekeeping mission in the CAR, in a combination of soft and hard power. Also, a Russian training centre is operative in the country, and both Moscow and Bangui are open to the inauguration of a Russian military base.

Russia played a key role in the peace deal of February 2019, and since 2017 Valery Zakharov, a former Russian intelligence official, has been an adviser to CAR’s president. All of this, if the peacekeeping operations are successful, would lead to an immense political debt in favour of the Kremlin.

The mineral richness of the CAR is another asset to consider due to the reserves of gold and high-quality diamonds. Also, there is a big business opportunity in rebuilding a broken country, and Russian oligarchs and businessmen would certainly be interested in any public contracts regarding this matter. 

In the CAR, Russia exerts sharp power not only through social media, but also through two print publications and a radio station, which still have limited influence (Harding and Buerke 2019). Through such means, Russia is consistently feeding its frames narratives to a disoriented population, which given the unstable context, would be an easy target to manipulate.  Moreover, the possibility to create a favourable dominant post conflict narrative would render public opinion more likely to accept Russian presence in the future.

Sudan

Sudan is of major geostrategic importance for Russia among many other actors. For long time both countries have had economic, political and military relations, leading to Sudan being considered by the Kremlin as a level 5 co-operator, the highest possible (Harding and Buerke 2019). This relation is enforced by Sudan’s constant claims of aggressive acts by the United States, for which it demands Russia’s military assistance.

Also, Sudan is rich in uranium, bearing the third biggest reserves in the world. Uranium is a key raw material to build a major power nowadays, and Russia is always keen on new sources of uranium to bolster its nuclear industry.

Moreover, Sudan is key in regional and global geopolitics because it offers Russia a possibility to have a military base with access to the Red Sea. Given the amount of trade routes that go through its waters, the Kremlin would be very keen to have said access. Many other powers have shown interest in this area, such as the gulf States, or China with its base in Djibouti being operative since 2017.  

For all these reasons. Sudan is a very special element in Russia’s plans, and thus its level of commitment is greater than in other countries. The election to take place on April 2020 could be considered as one of the most important challenges for democracy in the short term. Russia is closely monitoring the situation in order to draw an efficient plan of action.

Before the end of Omar al-Bashir’s presidency, Russia and Sudan enjoyed good relationship. Russian specialists had prepared reforms in economic and political matters in order to ensure the continuity in power of Bashir, and his fall was a blow to these plans.

However, Russia will devote many resources to amend the situation in the Sudan parliamentary and presidential election, that will take place in April 2020. In a ploy to maintain power, Al Bashir mirrored the measures employed against opposition protesters in Russia. These tactics consist of using disinformation and manipulated videos in order to portray any opposition movement as anti-Islamic, pro-Israeli or pro-LGBT. Given the fact the core of Sudan’s public opinion is mostly conservative and religious, Russia’s plan consists on manipulating it towards its desired candidate or candidates (Harding and Buerke 2019).

In order to ensure that the Russian framing was dominant, social media pages like Radio Africa’s Facebook page or Sudan Daily were presented like news pages, while being in fact part of a  Russian-backed influence network in central and northern Africa (Alba and Frenkel 2019). The information shown has been supportive of whatever government is in power, and critical of the protesters (Stanford Internet Observatory 2019), which shows that Russia’s prioritary interest is a stable government and weak protesters.

Another key part of the strategy has been pressuring the government to increase the cost of newsprint to limit the possibilities of countering the disinformation distributed with the help pf Russian advisors (Harding and Buerke 2019). The de-democratization of information can prove to be very effective, even more taking into account the fact that social media is not as powerful in Sudan as it is in western countries, so owning the most popular means of communication allows to create a dominant frame and impose it to the population without them even noticing.

South Africa

The economic context of South Africa, with a large economy, a rising middle class and a good market overall, is quite interesting for business and could be one of the reasons why Russia has such an interest in the country. Also, South Africa can be seen as an economic gateway to the southern part of the African continent.

South Africa is a key country for the global interest of Russia. Not only for its mineral richness and business opportunities, but mainly for its presence in BRICS. Russia attempts to use BRICS as a global counterbalance in a US dominated international landscape.

Russia is interested in selling nuclear technology to its allies, and South Africa is no exception. The presence of South Africa in BRICS is key to understand why such a deal would be so interesting for Russia. BRICS may not offer the possibility to create a perfect counter-balance for western powers, mainly due to the unsurpassable discrepancies among the involved countries, but its ability to cooperate comprehensively on limited shared projects and objectives can be of critical relevance (Salzman 2019).

The presence in the country of Afrique Panorama and AFRIC (Association for Free Research and International Cooperation), shows how Russia attempts to exert its influence. Both pages are linked to Prigozhin, but they are disguised as independent. AFRIC was involved in the elections of Zimbabwe, South Africa, Madagascar and DRC (Grossman, Bush y Diresta 2019).

In fact, if public opinion could be shaped in order to make Russia’s interests like nuclear cooperation acceptable by South Africa, the main obstacle would be surpassed, and a comprehensive plan of cooperation would be in play sooner than later.

The elections of May 2019 were one of the main priorities for Russia. The election saw Cyril Ramaphosa elected, as successor of Jacob Zouma. Ramaphosa is known to have openly congratulated Nicolás Maduro for his second inauguration and holds good relations with Vietnam. This are indicators of a willingness to have good relations even with anti-western powers, which is of big interest for the Kremlin. Furthermore, he has a vast business experience, being the architect of the most powerful trade union in the country among other achievements and initiatives, which would see him open to strike deals with Russian oligarchs in the mineral or energetic fields.

All this considered, South Africa is of extreme relevance for Russia, and thus its efforts to be able to shape public opinion. This could be used to favour the implementation of nuclear facilities as well as electing favourable politicians, creating a political debt to be exploited someday. For now, any activity has been limited to tracking and getting to understand public opinion. However, the creation of new media under some form of control by the Kremlin is one of the priorities for the coming years (Harding and Buerke 2019), and could prove a very valuable asset if it’s successfully achieved. Also, despite what was said in the case of Sudan, the importance of social media is not to be forgotten or underestimated, especially given the advantage of English being an official language in the country.

The bigger picture

From a more theorical point of view, that of the Flow and Contra-flow paradigm, Russia attempts to set the political agenda through mass media control, as well as impose its own frames or those that benefit its allies. Also, given the proportions of the project, we could talk about an attempt to go back to the cultural imperialism doctrines, where Russia attempts to pose its narrative as a counterflow of the western narratives. This was mainly seen during the cold war, when global powers attempted to widely spread their own narratives through controlling said information flows, arguably as a form of cultural imperialism.

This can be seen as an attempt to counterbalance the power of the US and western powers by attempting to shift African countries towards non-western actors. And African countries may be interested in this idea, since being the centre of the competition could mean better deals and business opportunities or investments being offered to them.

It would be a mistake to think that Russia’s sharp power in Africa is just a tool to help political allies get to power or maintain it. Beyond that, Russia monitors social conflicts and attempts to intensify them in order to destabilize target countries or exterior powers (Alba and Frenkel 2019). Such is the case in Comoros, where Prigozhin employees were tasked to explore the possibilities of intensifying the conflict between the local government and the French administration (Harding and Buerke 2019). Again on a broader picture of things, the attempt to develop an African self-identity through the use of sharp power looks to reduce the approval of influence of western democracies on the continent, thus creating a context ideal for bolstering dependence on the Russian administration either through supply contracts or political debt.

In conclusion, the recent growth of Russia’s soft and above all sharp power in Africa could potentially be one of the political keys in the years to follow, and it is not to be overlooked by western democracies. Global media, supranational entities and public administrations should put their efforts on providing civil society with the tools to avoid falling for Russia’s manipulative tactics and serve as guarantors of democracy. The most immediate focus should be on the US 2020 election, since the worst-case scenario is that the latest exercises of Russia’s sharp power in Africa are a practice towards a new attempt at influencing the US presidential election in 2020.

 

REFERENCES

Alba, Davey, and Sheera Frenkel. 2019. “Russia Tests New Disinformation Tactics in Africa to Expand Influence.” The New York Times, 30 October.

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Warsaw Institute. 2019. “Russia in Africa: weapons, mercenaries, spin doctors.” Strategic report, Warsaw.

A rural Japanese perspective of WWII

[Edgar A. Porter & Ran Yin Porter, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation. Amsterdam University Press. Amsterdam, 2017. 256 p.]

REVIEWRut Natalie Noboa Garcia

Japanese Reflections on World War II and the American OccupationWorld War II has provided much inspiration for an entire genre of literature. However, few works fail to capture Asian perspectives on the beginning, development, end, and consequences of World War II. Additionally, the attitude and outlooks of defeated parties are often left out of popularized discussions of conflicts. Because of these two factors, Japanese perspectives during the war and occupation have often served as only minor discussions in World War II literary work.

This sets the stage for Edgar A. Porter and Rin Ying Porter’s Japanese Reflections on World War II and the American Occupation, which presents the experiences of ordinary Japanese citizens during the period. The book specifically focuses on the rural Oita prefecture, located on the eastern coast of the island of Kyushu, a crucial yet critically unacknowledged place in Japan’s role in World War II. Hosting the Imperial Japanese Navy base that served as the headquarters for the Pearl Harbor attack, being the hometown of the two Japanese representatives that signed the terms of surrender at the USS Battleship Missouri, serving as the place for the final kamikaze attack against the United States, and providing much of Japan’s foot soldiers for the conflict, Oita is ripe with unchronicled, raw, and diverse accounts of the Japanese experience. 

The collective stories of the 43 interviewees, who lived through the war and occupation present the varied perspectives of soldiers, sailors, and pilots, who are often at the center of war discussions and experiences, but also that of students, teachers, nurses, factory workers and more, providing a multidimensional portrayal of the period.

The book begins with the early militarization of the Oita prefecture, specifically in Saiki, the location for one of the most crucial bases for the Japanese Imperial Navy. This first chapter features the perspectives of young Saiki citizens raised during the period who still see the Pearl Harbor attack with a conflicted yet enduring pride, setting the stage for following interesting discussions on Japanese post-war sentiment. 

Another important aspect addressed by the Porters in this work is the mass censorship and indoctrination that took place in Japan during the war period. During this time, media censorship and military-based education helped to obscure the actual happenings of the conflict, particularly in its earlier years, as well as rallying the population in support for the Japanese navy. As well as presenting censored portrayals of the war itself, local Oita editorials both highlighted and encouraged public support for the war and the glorification of death and martyrdom. This indoctrination is also acknowledged by the Porters in relation to traditional Japanese Shinto beliefs on the emperor, specifically his divine origins. Japan's media portrayals of the conflict concerning to the state and emperor as well as its moral education curriculum feed into each other, applying moral pressure to the support of war efforts. 

Japanese Reflections on World War II and the American Occupation also provides particularly interesting insights on East Asian regionalism, particularly from the perspective of Imperial Japan, which viewed itself as an “older brother leading the newly emerging members of the Asian family towards development” and promoted the idea that the Japanese were racially superior to other Asian ethnic groups. The first-hand accounts of many of the atrocities committed by Japanese in cities such as Nanjing and Shanghai as well as their glorification by the Japanese press add to the book’s depth and relevance.

As the war approached an end, conflict reached Oita. The targeting of civilians and the bombing of factories during American air raids lowered Oita morale. Continued air raids on Oita City, the prefecture’s capital city, rapidly fueled the region’s fear and resentment towards American soldiers. 

In conclusion, Japanese Reflections on World War II and the American Occupation manages to present important first-hand accounts of Japanese life during one of the most consequential moments in modern history. The impact of these events on current Japan is particularly interesting when it comes to Japanese culture, especially when it comes to the glorification of war in Japanese education as well as the rising tide of Japanese nationalism. 

A comparative study of the effectiveness of women’s political participation. The case of Spain, Rwanda and South Africa

Farewell of Espérance Nyirasafari (left) as minister of Gender and Family Promotion, in Rwanda's capital in 2018 [Rwanda's Gov.]

▲ Farewell of Espérance Nyirasafari (left) as minister of Gender and Family Promotion, in Rwanda's capital in 2018 [Rwanda's Gov.]

ESSAY María Rodríguez Reyero

South Africa is ranked 17th in the World Economic Forum's 2020 Global Gender Gap Index[1] (a two place increase from 2019), while Rwanda is ranked 9th (a three place decline from the previous year). Interestingly, Spain is ranked 8th (a major gain of 11 places in one year). Since 2018, Spain has made a gain of 21 places, which is only rivaled by countries like Madagascar (22), Mexico and Georgia (25) and Ethiopia (35).

Regarding political participation and governance in the last decade, the number of African women in ministerial posts has tripled. African women already account for 22.5% of parliamentary seats, a similar percentage to that of Europe (23.5%) and higher than that of the US (18%). However, does the increase in female participation in high political positions lead to a real improvement in the lives of other women? Or is female participation only a façade?

This study’s main aim is to explore the impact that women’s participation in politics has on the circumstances of the rest of women in their countries. The study is based on secondary research and quantitative data collection and will objectively analyze the situation in Spain, Rwanda, and South Africa and draw pertinent conclusions.

Rwanda

From April to July 1994, between 800,000 and one million ethnic Tutsis were brutally killed during a 100 day killing spree perpetrated by Hutus [2]. After the genocide, Rwanda was on the edge of total collapse. Entire villages had been destroyed, and social cohesion was in tatters. Yet, this small African country has made a remarkable economic turnaround since the genocide. The country now boasts intra-regional trade and has positioned itself as an attractive destination for foreign investment, being a leading country in the African economy. Rwanda’s economy appears to be thriving, with annual GDP growth averaging 7.76% between 2000 and 2019, and “growth expected to continue at a similar pace over the next few years” according to a recent study of World Finance.[3] About 70% of the survivors of the fratricidal struggle between Hutus and Tutsis are women, and thus women play a role of utmost importance in the recovery of Rwanda.[4]

The Rwandan genocide ended with the deaths of one million people and the rape of more than 200,000 women.[5] Women were the clear losers of the conflict, yet the conflict also enabled women to become the main economic, political and social engine of Rwanda during its recovery from the war. Roles traditionally assigned to men were assigned to women, which turned women into more active members of society and empowered them to fight for their rights. The main area where this shift has been felt is in politics, where gender parity reaches its highest level thanks to Rwanda’s continued commitment to equal representation. This support has led the proportion of women in the Rwandan National Parliament to even exceed that of men in the lower house, which consists of 49 women out of a total of 89 representatives.[6]

The body responsible for coordinating female protection and empowerment is the Ministry of Gender and Family Promotion, promoter of the National Gender Policy. The minister of Gender until 2018 was Espérance Nyirasafari. Nyirasafari was responsible for several main changes in Rwandan society including the approval of laws against gender-based violence. She now serves as one of two Vice Presidents of the senate of Rwanda.

Consequently, Rwanda illustrates African female advancement. In addition to currently being the world's leading country in female representation in Parliament, (in which women hold nearly 60% of the seats), Rwanda reached the fourth highest position in the las World Economic Forum's gender gap report. The only countries that came close in this respect were Namibia and South Africa.

The political representation of women in Rwanda has led to astonishing results in other areas, notably education. Rwanda’s education system is considered one of the most advanced in Africa, with free and compulsory access to primary school and the first years of high school. About 100% of Rwandan children are incorporated into primary school and 75% of young people ages 15+ are literate. However, high school attendance is significantly low, counting with just 23% of young people, of which women represent only 30%.[7] Low high school attendance is mainly due to the predominance of rural areas in the country, where education is more difficult to access, especially for women, who are frequently committed to marriage and the duties of housework and family life from a very young age. Despite the growing data and measures established, education is in reality very hard to achieve for women, who are mostly stuck at home or committed to other labor.[8]

Regarding the legislative measures put in place to achieve gender equality and better conditions and opportunities for women, Rwanda does not score high. Despite being one of the most advanced countries in gender equality, currently, no laws exist to ensure equal pay or non-discrimination in the hiring of women, according to WEF’s 2019 report, even if some relevant legal measures have been effectively been put into practice since the ratification of the 2003 Constitution, which demonstrates the progress on gender equality in Rwanda.

The Constitution also argues that the principle of gender equality must prevail in politics and that the list of members of the Chamber of Deputies must be governed by this equitable principle. The law on gender violence passed in 2008 is proof of national commitment to women's rights, as it recognizes innovative protections such as the prohibition of spousal rape, three months of compulsory maternity leave (even some Western countries such as the United States lack this protection) or equal rights in inheritance process regardless of gender.[9]

Finally the labor law passed in 2009 establishes numerous protections for Rwandan women, such as receiving the same salary as their male colleagues or the total prohibition of any gesture of sexual content towards them.

Some of the most relevant progress made in Rwanda are the reduction of the percentage of women in extreme poverty from 40% in 2001 to 16.3% in 2014, and the possession of land by 26% of women personally and 54% in a shared way with their husbands.[10] Thanks to the work and commitment of female politicians, Rwandan women today enjoy inalienable rights which women in many other countries can only dream of.[11] This ongoing egalitarian work has paid off: Rwanda is as mentioned above the 9th country in the world with a smaller gender gap, only behind Iceland, Nicaragua, Finland, Sweden, and Norway. In the annual study of the World Economic Forum, only five countries (including Rwanda, the only African) have surpassed the 50% barrier in terms of reducing the gender gap in politics. Likewise, the gender parity in economic participation that Rwanda has achieved is of great relevance, which has made it the first country in the world to include women in the world of work and equal economic remuneration. Rwanda is a regional role model in terms of egalitarian legislation.[12]

South Africa

According to IMF and World Bank latest data, South Africa currently is the second most prosperous country of the whole continent, only surpassed by Nigeria. The structure of its economy is that of a developed country, with the preeminence of the services sector, and the country stands out for its extensive natural resources, thus being considered one of the largest emerging economies nowadays. South Africa also has a seat in the BRICS economy block (with Brazil, Russia, India, and China) and is a member of the G20.

Despite its economic position, the country is also home to great inequality, largely bequeathed in its history of racial segregation. According to the New York Times, the post-apartheid society had to face great challenges: it had to “re-engineer an economy dominated by mining and expand into modern pursuits like tourism and agriculture while overcoming a legacy of colonial exploitation, racial oppression, and global isolation — the results of decades of international sanctions."[13] However, what is the role of women in this deep transformation? Has their situation improved or are they the new discriminated ones?

South Africa continues to lead the way in women's political participation in the region with 46% of women in the House of Assembly and provincial legislatures and 50% of women in the cabinet after the May 2019 elections. All the speakers in the national and provincial legislatures are women. Women parliamentarians rose from 40% in 2014 to 46% in 2019.

Rwanda, Namibia and South Africa are ranked in the top 20 countries in reducing the gender gap. On the other hand, South Africa does have established legislation about equality in salaries, but not in non-discrimination in the hiring process according to the data collected by the World Economic Forum in January 2020.

South Africa is writing a new page in its history thanks to the entry of Nkosazana Dlamini-Zuma (she was elected in 2012 president of the African Union Commission becoming the first woman to lead this organization, and currently serves as Minister of Planning, Monitoring, and Evaluation in South Africa’s Government) and other women, such as Lindiwe Nonceba Sisulu (minister of International Relations and Cooperation until 2019) into the political competition.

Subsequently, women have always been involved in political organizations, as well as in the trade union movement and other civil society organizations. Although evolving in a patriarchal straitjacket due to the social role women had assigned, they don't waited for "the authorization of men" to claim their rights. This feminine tradition of political engagement in South Africa has resulted the writing of a protective Constitution for women in a post-apartheid multiracial and supposedly non-sexist context.

However, this has not led to an effective improvement in the real situation of women in the country. According to local media data,[14] a woman dies every eight hours in South Africa because of gender violence and, according to 2016 government statistics, one in five claims to have suffered at some time in her life. Besides, in South Africa, about 40,000 violations are reported annually, according to police data, the vast majority reported by women. These figures lead South Africa's statistics agency to estimate that 1.4 out of every thousand women have been raped, which places the country with one of the highest rates of this type in the world.[15]

Spain

After a cruel civil war, followed by 36 years of dictatorship, Spanish society was looking forward to a change, and thus the democratic transition took place, transforming an oppressed country into the Spain we nowadays know. In many occasions, history tends to forget the 27 women, deputies and senators of the 1977 democratic legislature who were architects of this political change (divorce law, legalize the sale of contraceptives, participate in the drafting of the Constitution of 1978, amongst others). These women also having an active role in politics, something unusual and risky for a woman at that time (without rights as basic as owning property or opening a bank account during the dictatorship). It is clear that women played a crucial role in the transformation of Spanish society, but has it really been effective?

Spain’s new data since the establishment of a new government in January 2020 is among the top 4 European countries with the highest female proportion: behind Sweden (with 47.4%), France (47.2%) and Finland (45.8%), according to the latest data published by the European Institute for Gender Equality (EIGE).[16] After the last elections in November, Spain is placed in tenth place in the global ranking. Ahead, there are Rwanda (with 61.3%), Cuba (53.2%), Bolivia (53.1%), Mexico (48.2%) and others such as Grenada, Namibia, Sweden, Nicaragua, and Costa Rica, according to data published by the World Bank. Of the 350 congress deputies, 196 are men and 154 are women, meaning that 56% of the members of the House of Representatives are men while 44% are women.

In Spain, also almost every child gets a primary education according to OECD but almost 35% of Spanish young people do not get a higher education. Of those who do go to university nearly 60% of all the students are women. They also get better grades and take on average less time to graduate than men but are less likely to hold a power position: according to PwC Spain last data, only a 19% of all directive positions are held by women, 11% of management advice are women and less than a 5% are women in direction or presidency of Spanish enterprises. This is since at least 2.5 million women in Spain cannot access the labor market because they have to take care of family care. Among men, the figure is reduced to 181,000. The data has been given by the International Labor Organization (ILO). The study also revealed that women in Spain perform 68% of all unpaid care work, dedicating twice as much time as men. About 25% of inactive women in Spain claim that they cannot work away from home because of their family charges. This percentage is much higher than those of other surrounding countries, such as Portugal (13%) or France (10%) and the European average. It is also much larger than that of Spanish men who do not work for the same reason (3%).

Regarding gender-based violence, even if Spain has since 2004 an existing regulation to severely punish it, in the year 2019 a total of 55 women have been killed by their partners or ex-partners, the highest death toll since 2015, with a total of 1,033 since they began to be credited in 2003, according to the balance of the Government Delegation for Gender Violence last data.

Conclusion

To sum up, even if African countries such as Rwanda and South Africa have more women representation and are doing well by-passing laws and measures, due to cultural reasons such as a more ingrained patriarchal society, community interventions, family pressure or the stigma of single mothers, gender equality is more difficult in Africa. Culture, in reality, makes it more difficult to be effective, whereas in Spain the measures implemented, even if they are apparently less numerous, are more effective when it comes to creating institutions that protect women. Women in Africa usually depend a lot on their husbands; they very often suffer in silence not to be left alone without financial support, a situation that in Spain has been tacked without problems.

It is not so much a legislative issue but a cultural one: in Spain, if a woman suffers gender violence and reports it, it is more likely that she would be offered government's help (monetary help, job opportunities...) in order to start a new life, and she most certainly will not be judged by society due to her circumstances. Whereas in South Africa for example, a UN Women rapporteur estimated that only one in nine rapes were reported to the police and that this number was even lower if the woman was raped by a partner, this mainly being due to the social stigma still present nowadays. In Rwanda, a 2011 report from the Rwandan Men's Resource Centre said 57% of women questioned had experienced violence from a partner, while 32% of women had been raped by their husbands, this crime being admitted by only 4% of men, as rape in marriage is seen as a normal situation due to cultural reasons: women still depend somehow on their husbands, and family is the center of society, so it must not be broken.

In numerous occasions, in African countries justice is taken at a different level, in order not to disturb the social and familial order; frequently, rape or gender violence is tackled amongst the parties by negotiating or by less traditional justice systems such as community systems like Gacaca court in Rwanda (a  social form of justice designed to promote communal healing, massively used after Rwandan genocide),[17] something unbelievable in Spain, where according to official data from Equality Ministry, last year more than 40.000 reports for gender violence were heard by courts.[18]

In regard to inequality and according to the latest IMF studies, closing the gender gap in employment could increase the GDP of a country by 35% on average, of which between 7 and 8 percentage points correspond to increases in productivity thanks to gender diversity. Having one more woman in senior management or on the board of directors of a company raises the return on assets between 8 and 13 basis points. Consequently, we could state that, as shown by the data (not only those provided by the IMF, but the evident improvements that have taken place throughout this decade in Spain, Burundi, Rwanda, and South Africa) the presence of women both in top management positions and above all, in politics and governance does lead to a real improvement in the rights and lifestyles of the rest of the women, and a substantial improvement of the country as a whole.

However, after their arduous and tricky climb to the top, women inherit a political system which is difficult, if not almost impossible, to change in a few years. Furthermore, the question of the application of laws, when they exist, by the judicial system is a huge challenge in all states as well as making effective all the measures for the reduction of gender inequality. This supposes such a great challenge, not only for these women but also for the whole society, as having arrived where we are.

 


[1] World Economic Forum (December 2020), The Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. Accessed 14/02/2020

[2] Max Roser and Mohamed Nagdy (2020), "Genocides". Published online at OurWorldInData.org. Accessed 14/02/202

[3] Natalie Keffler (2019)., ‘Economic growth in Rwanda has arguably come at the cost of democratic freedom’, World Finance. Accessed 14/02/2020

[4] Charlotte Florance (2016), 22 Years After the Rwandan Genocide. Huffpost. Accessed 14/02/2020

[5] Violet K. Dixon (2009), A Study in Violence: Examining Rape in the 1994 Rwandan Genocide. Inquires journal. Accessed 14/02/2020

[6] Inter-parliamentary Union (2019), ‘Women in national Parliaments’. IUP. Accessed 14/02/2020

[7] World Bank (2019), The World Bank in Rwanda. World Bank. Accessed 14/02/2020

[8] Natalie Keffler (2019)., ‘Economic growth in Rwanda has arguably come at the cost of democratic freedom’, World Finance. Accessed 14/02/2020

[9] Tony Blair. (2014), ‘20 years after the genocide, Rwanda is a beacon of hope.’ The Guardian. Accessed 14/02/20

[10] Antonio Cascais (2019), ‘Rwanda – real equality or gender-washing?’ DW. Accessed 14/02/2020

[11] Álex Maroño (2018), ‘Ruanda, ¿una utopía feminista?.’ El Orden Mundial. Accessed 14/02/2020

[12] Alexandra Topping (2014), ‘The genocide Conflict and arms Rwanda's women make strides towards equality 20 years after the genocide.’ The Guardian. Accessed 14/02/2020

[13] Peter S. Goodman (2017), ‘End of Apartheid in South Africa? Not in Economic Terms.’ The New York Times Sitio. Accessed 14/02/2020

[14] Gopolang Makou (2018), ‘Femicide in South Africa: 3 numbers about the murdering of women investigated.’ Africa Check. Accessed 14/02/2020

[15] British Broadcasting Corporation (2019), ‘Sexual violence in South Africa: 'I was raped, now I fear for my daughters'. BBC News. Accessed 14/02/2020

[16] European Institute for Gender Equality (2019). ‘Gender Equality Index.’ EIGE. Accessed 14/02/2020

[17] Gerd Hankel. (2019), ‘Gacaca Courts’, Oxford Public International Law. Accessed 14/02/2020

[18] Instituto de la mujer (2016), ‘Estadísticas violencia de género.’ Ministerio de Igualdad de España. Accessed 14/02/2020

Los otros ‘piratas del Caribe’: los paraísos fiscales caribeños y su impacto en Latinoamérica

El 27% de la riqueza privada total latinoamericana está depositada en territorios que ofrecen un tratamiento impositivo favorable

Latinoamérica es la región mundial con mayor porcentaje de riqueza privada “offshore”. La cercanía de paraísos fiscales, en diversos países o dependencias insulares del Caribe, puede facilitar la llegada de esos capitales, algunos generados de forma ilícita (narcotráfico, corrupción) y todos evadidos de unas instituciones fiscales nacionales con poca fuerza supervisora y coercitiva. Latinoamérica dejó de ingresar impuestos en 2017 por valor de 335.000 millones de dólares, lo que representó el 6,3% de su PIB.

Playa del Caribe [Pixabay]

▲ Playa del Caribe [Pixabay]

ARTÍCULOJokin de Carlos Sola

Contrasta la riqueza natural de los países latinoamericanos con la precariedad de la situación económica de buena parte de sus sociedades. Tierras ricas en petróleo, minerales y bienes primarios no consiguen en ocasiones alimentar a todos sus ciudadanos. Una de las razones de esa deficiencia es la frecuencia con la cual empresas y dirigentes tienden a evadir impuestos, alejando el capital de sus países.

Una de las razones de la tendencia a evadir impuestos es el gran tamaño de la economía sumergida y las carencias de los Estados para implementar los sistemas impositivos. Otra es la presencia cercana de paraísos fiscales en el Caribe, básicamente vinculados históricamente a Reino Unido. Estos territorios con características fiscales beneficiarias han atraído capital proveniente del continente.

Historia

La historia de la evasión fiscal es larga. Su relación con Latinoamérica y los archipiélagos británicos caribeños, sin embargo, tiene su origen en la caída del Imperio Británico.

A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder poco a poco las posesiones coloniales que tenía repartidas por el mundo. El efecto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o fueron sacadas de operaciones en todo el imperio. Para hacer frente a esa situación y poder mantener su poder financiero mundial, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de acción fuera de la jurisdicción del Banco de Inglaterra, desde donde pudieran operar también banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos) para evitar sus respectivas regulaciones nacionales. Surgió entonces una nueva oportunidad en los territorios de ultramar británicos, algunos de los cuales no se independizaron, sino que mantuvieron su vinculación, aunque laxa, con Reino Unido. Fue el caso del Caribe.

En 1969 las islas Caimán crearon la primera legislación sobre secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. A partir de oficinas establecidas allí, los bancos de la City fueron generando redes de operaciones no reguladas por el Banco de Inglaterra y con apenas supervisión local. Pronto otras jurisdicciones caribeñas siguieron los mismos pasos.

Los paraísos fiscales

Los principales paraísos fiscales del Caribe son territorios británicos de ultramar como las islas Caimán, Vírgenes y Montserrat, o algunas excolonias británicas luego independizadas, como las Bahamas. Se trata de islas con poca población y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de esos lugares trabajan para el sector financiero británico y garantizan el secreto dentro de sus territorios.

A diferencia de otros emplazamientos que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas de influencia británica del Caribe ofrecen un segundo nivel de secreto además del legal: el fideicomiso. La mayor parte de quienes tienen bienes en sociedades establecidas en esos territorios lo hacen a través de la figura del fideicomiso. Bajo este sistema el beneficiario guarda sus bienes (acciones, propiedades, sociedades, etc.) en un fideicomiso el cual es administrado por un fideicomisario. Estos elementos (fideicomiso, beneficiario, fideicomisario, empresas fantasmas, etc.) están repartidos en diversas estructuras vinculadas a diferentes jurisdicciones caribeñas. De esa forma, un fideicomiso puede estar establecido en una jurisdicción, pero sus beneficiarios estar en otra diferente, el fideicomisario en una tercera y las empresas fantasmas en una cuarta. Se trata de un tipo de estructuras que para los gobiernos son casi imposibles de desarticular. Por ello cuando gobiernos de ultramar se comprometen a compartir información bancaria, por presiones de Washington o Bruselas, esta resulta es de poca utilidad por la propia estructura de secreto mencionada.

Impacto en Latinoamérica

La legislación sobre el secreto bancario surgió en Latinoamérica con el objetivo de atraer capital obtenido de forma lícita. Sin embargo, durante la década de 1970 y de 1980 esa protección sobre los datos de las cuentas corrientes atrajo también el capital obtenido a través de medios ilícitos, como el narcotráfico y la corrupción.

Durante esos años capos del tráfico de droga como Pablo Escobar usaron los beneficios de las Islas Caimán y otros territorios para esconder fortunas y propiedades. Por otra parte, varias de las dictaduras latinoamericanas también utilizaron estos mecanismos para esconder el enriquecimiento de sus líderes a través de la corrupción o incluso también de la droga, como ocurrió con el panameño Manuel Noriega.

Con el tiempo comunidad internacional aumentó su presión sobre los paraísos fiscales. En los últimos años las autoridades de las Islas Caimán y Bahamas han hecho esfuerzos para que sus estructuras de secreto no sean usadas como lavado de dinero del crimen organizado, pero no todos los territorios considerados paraísos fiscales han hecho lo mismo.

Esas redes opacas son utilizadas por una parte considerable de las grandes fortunas latinoamericanas. El 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en países que ofrecen un tratamiento impositivo favorable, lo que le convierte en la región del mundo con mayor proporción de capitales privados en esos lugares, de acuerdo con un estudio de Boston Consulting Group de 2017. Según esta consultora, ese desvío de la riqueza privada es mayor en Latinoamérica que en Oriente Medio y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá (1%). 

Los paraísos fiscales son el destino de una parte difícil de precisar del total de 335.000 millones de dólares objeto de evasión o elusión fiscal que hubo en la región en 2017, cifra que constituyó el 6,3% del PIB latinoamericano (4% dejado de ingresar en el impuesto de la renta de las personas físicas y 2,3% en el IVA), tal como se especifica en el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2019 de la CEPAL. Esta comisión económica de la ONU para la región destaca que en promedio los países latinoamericanos pierden más del 50% de sus ingresos por concepto de impuesto de la renta.

 

 

La conexión con Londres

Ha habido diversas teorías sobre el papel jugado por Londres en relación a los paraísos fiscales. Esas teorías coinciden en presentar una conexión de intereses entre las sociedades opacas y la City de Londres, en una red de complicidad en la que incluso podrían haber participado el Banco de Inglaterra y el gobierno británico.

La más importante fue expresada por el autor británico Nicholas Shaxson en el libro Treasure Island. La tesis fue desarrollada más tarde por el documental Spiders Web, producido por la organización Tax Justice Network, cuyo fundador, John Christiansen, trabajó como asesor para el gobierno de Jersey, que es una jurisdicción especial.

La City de Londres cuenta con una administración separada, elegida por los todavía existentes gremios, los cuales representan a la clase comercial y bancaria de la ciudad. Esto permite que las operaciones financieras que se desarrollan en esa zona de la capital británica escapen parcialmente del control del Banco de Inglaterra y de las regulaciones gubernamentales. Una City atractiva para el capital extranjero y próspera beneficia grandemente a la economía británica, pues su actividad supone el 2,4% del PIB del país.

La soberanía británica sobre los territorios de ultramar que sirven de paraísos fiscales lleva en ocasiones a acusar a Reino Unido de complicidad con esas redes financieras. Downing Street responde que se trata de territorios que operan con una gran autonomía, por más que Londres ponga al gobernador, controle la política exterior y tenga poder de veto sobre las legislaciones que se aprueban en esos lugares.

Además, es cierto que el Gobierno británico ha apoyado en la última década una mayor coordinación internacional para incrementar el escrutinio sobre los paraísos fiscales, obligando a las autoridades de esos lugares a entregar relevante información fiscal, si bien la estructura de los fideicomisos sigue actuando contra la transparencia.

Corregir la situación

Los problemas de Latinoamérica con relación a la evasión fiscal pueden estar más relacionados con la propia fragilidad de sus propias instituciones fiscales que a la presencia de paraísos fiscales cercanos al continente americano. Al mismo tiempo, algunos paraísos fiscales se han beneficiado de la inestabilidad y la corrupción política en Latinoamérica.

Los efectos de la fuga de capitales nacionales hacia esos lugares de regímenes fiscales especiales son claramente negativos para los países de la región, pues les priva de mayor actividad económica y posibilidades recaudatorias, lastrando la capacidad del Estado para acometer una necesaria mejora de los servicios públicos.

Por ello es imperativo que se establezcan ciertas políticas de corrección. En el campo de las políticas nacionales se deberían crear mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscales. Al mismo tiempo, a nivel internacional se deberían configurar iniciativas diplomáticas para acabar con las estructuras de los fideicomisos. La OEA ofrece, en este sentido, un importante marco negociador no solo con ciertos territorios de ultramar, sino con sus propias metrópolis, pues estas, como es el caso del Reino Unido, son miembros observadores permanentes de la organización hemisférica.

Batalla por el nuevo presupuesto europeo

Las siempre complicadas negociaciones se ven dificultadas aún más por los 75.000 millones de euros que el Reino Unido deja de aportar

ANÁLISIS / Pablo Gurbindo Palomo

Las negociaciones para el presupuesto europeo para el periodo 2021-2027 son cruciales para el devenir de la Unión. Tras el fracaso de la cumbre extraordinaria de los días 20 y 21 de febrero el tiempo se acaba y los Estados miembros deben aparcar sus diferencias para llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020.

La negociación de un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) europeo es siempre complicada y capital pues la ambición de la Unión depende de la cantidad de dinero que los Estados miembros estén dispuestos a aportar. Pero la negociación de esta nueva partida presupuestaria, para el periodo 2021-2027, tiene una complicación añadida: es la primera sin el Reino Unido tras el Brexit. Esta complicación no reside en la ausencia de los británicos en las negociaciones (para algunos eso es más un alivio) sino en los 75.000 millones de euros que han dejado de aportar.

¿Qué es el MFP?

El Marco Financiero Plurianual es el marco presupuestario de la UE a largo plazo y establece los límites de gasto de la Unión, tanto en su conjunto como en sus diferentes ámbitos de actividad, para un plazo no inferior a 5 años. Aparte, el MFP incluye una serie de disposiciones y de “instrumentos especiales” más allá, para que, aún en circunstancias imprevistas como crisis o emergencias, puedan emplearse fondos para afrontar el problema. Por eso el MFP es capital, pues marca las prioridades políticas y los objetivos para los próximos años.

Este marco es propuesto inicialmente por la Comisión y, sobre esta base, el Consejo (compuesto por todos los Estados miembros) negocia y tiene que llegar a un acuerdo unánime. Tras esto la propuesta es enviada al Parlamento Europeo para su aprobación.

La cantidad que se destina al MFP se calcula con la Renta Nacional Bruta (RNB) de los Estados miembros, es decir, la suma de las retribuciones de los factores de producción de todos los miembros. Pero también forman parte derechos aduaneros, gravámenes agrícolas y azucareros y otros ingresos como el IVA.

Alianzas para la guerra

En la UE hay países que son “contribuidores netos” y otros “receptores netos”. Unos pagan más a la Unión de lo que reciben a cambio y otros, por contra, reciben más de lo que aportan. Por ello las posturas de los países están viciadas cuando afrontan estas negociaciones: unos quieren pagar menos dinero y otros no quieren recibir menos.

Como toda guerra europea que se precie, las alianzas y coaliciones han sido formadas previamente.

La propuesta de la Comisión para el MFP 2021–2027, realizada el 2 de mayo de 2018, ya puso nerviosas a muchas capitales europeas. La propuesta era del 1,11 % de la RNB (ya excluyendo al Reino Unido). En ella se preveían aumentos presupuestarios para el control de las fronteras, la defensa, la migración, la seguridad interior y exterior, la cooperación al desarrollo y la investigación, entre otros ámbitos. Pero, por otro lado, se preveían recortes en la Política de Cohesión (ayudas para ayudar a las regiones más desfavorecidas de la Unión) y la Política Agrícola Común (PAC).

El Parlamento presentó un informe provisional sobre esta propuesta en la que pidió que se subiera al 1,3 % de la RNB (lo que corresponde a una subida del 16,7% de la propuesta anterior). Además, los parlamentarios pedían, entre otras cosas, que se mantuvieran los fondos para la cohesión y la agricultura como en el marco presupuestario anterior.

El 2 de febrero de 2019 la presidencia finlandesa del Consejo propuso un marco de negociación a partir del 1,07 % de la RNB.

Esta sucesión de acontecimientos provocó la aparición de dos bloques antagónicos: el club de los frugales y los amigos de la cohesión.

El club de los frugales está compuesto por cuatro países del norte de Europa: Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Estos países son todos contribuidores netos y abogan por un presupuesto no superior al 1 % de la RNB. Por otro lado, piden que los recortes se hagan en partidas que consideran “anticuadas” como los fondos de cohesión o la PAC y quieren aumentar el presupuesto en otras como I+D, defensa y lucha contra la inmigración o cambio climático.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ya ha anunciado que vetará en el Consejo cualquier propuesta que exceda el 1 % de la RNB.

Los amigos de la cohesión integran a quince países del sur y este de la Unión: España, Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Todos estos países son receptores netos y demandan que se mantengan los fondos destinados a la PAC y a la política de cohesión, y que el presupuesto comunitario se base en entre el 1,16 y 1,3 % de la RNB.

Este nutrido grupo se reunió el pasado 1 de febrero en la localidad portuguesa de Beja. Allí trataron de mostrar una imagen de unidad antes de los primeros días de debate del MFP, que se llevarían a cabo en Bruselas los días 20 y 21 de ese mismo mes. También anunciaron que bloquearán cualquier tipo de recorte.

Será curioso ver si con el avance de las negociaciones los bloques se mantendrán fuertes o cada país tirará hacia lo que más le convenga.

Fuera de estos dos grupos destacan los dos grandes contribuidores netos, que son quienes mueven los hilos de lo que ocurre en la UE: Alemania y Francia.

Alemania es más cercana a los frugales al querer un presupuesto más austero y destinar más dinero a partidas más modernas como la digitalización o la lucha contra el cambio climático. Pero ante todo quiere que se llegue a un acuerdo rápido.

Francia, por su parte, es más próxima a los amigos de la cohesión al querer mantener una PAC fuerte, pero también quiere un mayor gasto en defensa.

El problema de los “rebates”

Y si todas estas variables no fueran suficientes, hay que añadir la figura de los cheques compensatorios o “rebates”. Estos son descuentos a la aportación de un país al presupuesto. Esta figura se creó en 1984 para el Reino Unido, durante la presidencia de la conservadora Margaret Thatcher. Para la “Dama de Hierro” la cantidad que aportaba su país al presupuesto era excesiva, ya que la mayor parte del monto (un 70%) iba destinado a la PAC y a los Fondos de Cohesión, de los que el Reino Unido apenas se beneficiaba. Por ello se acordó que el Reino Unido tendría ciertos descuentos en su aportación presupuestaria de forma permanente y completa.

Estos cheques compensatorios se han entregado desde entonces a otros países contribuidores netos, pero estos se tenían que negociar con cada MFP y eran parciales sobre un ámbito concreto como el IVA o las contribuciones. Esta figura ya se intentó eliminar sin éxito en 2005.

Para los frugales y Alemania estos cheques deben mantenerse, en oposición a los amigos de la cohesión y especialmente Francia, que quieren que desaparezcan.

Sánchez busca su primera victoria en Bruselas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se juega mucha de su credibilidad tanto en Europa como en España en estas negociaciones.

En Europa, para muchos fracasó en las negociaciones para la nueva Comisión. Sánchez partía en una posición de fuerza al ser el líder de la cuarta economía de Europa, tras la salida del Reino Unido. Además, era el miembro más fuerte del grupo parlamentario socialista, de capa caída los últimos años a nivel europeo, pero segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Europeo. Por ello, para muchos, la elección del español Josep Borrell como Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sin ningún otro socialista en puestos capitales, fue visto como un fracaso.

Sánchez tiene la oportunidad en las negociaciones de mostrarse como un líder fuerte y confiable para que el eje franco-alemán cuente con España para llevar a cabo los importantes cambios que la Unión tiene que hacer en los próximos años.

Por otro lado, en España, Sánchez tiene al campo en pie de guerra por las perspectivas de reducción de la PAC. Y se juega mucha de su credibilidad tras su victoria en las elecciones del año pasado y la formación de la “coalición progresista” con el apoyo de Podemos y los independentistas. El Gobierno español ya se ha posicionado con los agricultores, y no puede permitirse una derrota.

Los agricultores españoles son muy dependientes de la PAC. Según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: “en 2017, un total de 775.000 perceptores recibieron 6.678 millones de euros por esta vía. En el período 2021-2027 nos estamos jugando más de 44.000 millones de euros.”

Estas ayudas de la PAC son de dos tipos diferentes:

  • Ayudas directas: unas se conceden por volumen de producción, por cultivo (denominadas “acopladas”), y las otras, las “desacopladas”, se conceden por razón de las hectáreas, no por producción o por rendimiento y han sido criticadas por algunos sectores.

  • Ayudas indirectas: no van destinadas directamente al agricultor, sino que se utilizan para el desarrollo de las zonas rurales.

El volumen de las ayudas recibidas varía dependiendo del sector, pero pueden suponer hasta el 30 % de la renta de un agricultor. Sin estas ayudas gran parte del campo español y de otros países europeos no puede competir con productos que vienen de fuera de la Unión.

Fracaso de la primera cumbre presupuestaria

Los días 20 y 21 de febrero tuvo lugar una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo para llegar a un acuerdo. La cosa no empezó bien con la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, de un presupuesto basado en el 1,074 % de la RNB. Esta propuesta no convenció a nadie, ni a los frugales por excesiva, ni a los amigos de la cohesión por insuficiente.

La propuesta de Michel incluyó una complicación añadida al querer vincular la entrega de ayudas al cumplimiento del Estado de Derecho. Esta medida puso en guardia al denominado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia), pues desde el oeste de la Unión ponen en entredicho los Estados de Derecho de algunos de estos países. Así que otro grupo se sube a la palestra.

Los servicios técnicos de la Comisión lanzaron varias propuestas para intentar contentar a todos. La final fue del 1,069 % de la RNB. Acercándose más al 1 %, e incluyendo un aumento en los “rebates” para Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca, para contentar a los frugales y atraer a los alemanes. Pero también un aumento en la PAC para contentar a los amigos de la cohesión y Francia, a costa de reducir otras partidas presupuestarias como los fondos en investigación, defensa y exteriores.

Pero los bloques no se movieron. Los frugales siguen enrocados en el 1 %, y los amigos de la cohesión en respuesta han decidido hacer lo mismo, pero en el 1,3 % que propuso el Parlamento Europeo (aunque sepan que no es realista).

Ante la falta de acuerdo Michel disolvió el encuentro; se espera que en las próximas semanas haya conversaciones y se convoque otra cumbre.

Conclusión

La UE tiene un problema: su ambición no se iguala con el compromiso de sus Estados miembros. La Unión tiene que reinventarse y ser más ambiciosa, dicen sus integrantes, pero a la hora de la verdad son pocos los que están dispuestos verdaderamente a contribuir y aportar lo que sea necesario.

La Comisión Von der Leyen llegó con tres planes estrella: el Pacto Verde Europeo para convertir a Europa en el primer continente neutro en carbono; la digitalización, y, de la mano de Josep Borrell, una mayor implicación internacional por parte de la Unión. Pero en cuanto han empezado las negociaciones del presupuesto y se ha visto que esto conllevaría un aumento del gasto, cada país ha tirado hacia lo que más le conviene y han sido este tipo de propuestas las primeras en caer en recortes ante la imposibilidad de un entendimiento.

Se tiene que llegar a un acuerdo para antes del 31 de diciembre de 2020, si no se quiere que no haya dinero para nada: ni para PAC, ni para “rebates” ni incluso para Erasmus.

Los Estados miembros deben entender que para que la UE sea más ambiciosa ellos mismos tienen que ser más ambiciosos y estar dispuestos a involucrarse más, con el aumento del presupuesto que ello conlleva.

El mundo de Putin

[Angela Stent, Putin’s World: Russia Against the West and with the Rest. Twelve. New York, 2019. 433 p.]

RESEÑAÁngel Martos

Putin’s World: Russia Against the West and with the RestAngela Stent, directora del Centro para Estudios de Eurasia, Rusia y Europa del Este de Georgetown University, presenta en este libro un profundo análisis de la naturaleza de Rusia en estos comienzos del siglo XXI. Para comprender lo que sucede hoy, nos muestra previamente las líneas maestras históricas que dieron forma al masivo heartland que los estadistas rusos han consolidado a lo largo del tiempo.

Rusia aprovechó el escaparate global que suponía la organización del Mundial de Fútbol de 2018 para presentar una imagen renovada. La operación de venta de la marca nacional de Rusia tuvo cierto éxito, como reflejaron las encuestas: muchos espectadores extranjeros (especialmente estadounidenses) que visitaron el país para el torneo de fútbol se llevaron una imagen mejorada del pueblo ruso, y viceversa. Sin embargo, lo que se presentaba como una apertura al mundo, no ha tenido su manifestación en la política nacional o internacional del Kremlin: no se ha aflojado en lo más mínimo el control de Putin sobre el régimen híbrido que gobierna Rusia desde el colapso de la Unión Soviética.

Muchos expertos no pudieron predecir el destino de esta nación en los años 90. Después del colapso del régimen comunista, muchos pensaron que Rusia comenzaría un largo y doloroso camino hacia la democracia. Estados Unidos mantendría su condición de superpotencia única y conformaría un Nuevo Orden Mundial que abarcara a Rusia como potencia menor, igual a otros estados europeos. Pero esas consideraciones no tenían en cuenta la voluntad del pueblo ruso, que entendía la gestión de Gorbachov y Yeltsin como “errores históricos” que debían corregirse. Y esta perspectiva puede verse en los principales discursos de Vladimir Putin: un sentimiento nostálgico por el pasado imperial de Rusia, el rechazo a ser parte de un mundo gobernado por Estados Unidos y la necesidad de doblegar la soberanía de las una vez repúblicas soviéticas. Este último es un aspecto crucial de la política exterior de Rusia que, en distinta medida, ya ha aplicado a Ucrania, Bielorrusia, Georgia y otros.

¿Qué ha cambiado en el alma de los rusos desde el colapso de la Unión Soviética? ¿Han sufrido altibajos las relaciones con Europa a lo largo de la historia del Imperio ruso? ¿Cómo son esas relaciones ahora que Rusia no es un imperio, tras perder casi todo su poder en cuestión de años? La autora nos lleva de la mano por esas cuestiones. La Federación de Rusia, tal como la conocemos ahora, solo ha sido gobernada por tres autócratas: Boris Yeltsin, Dmitry Medvedev y Vladimir Putin, aunque podríamos argumentar que Medvedev ni siquiera cuenta propiamente como presidente, ya que durante su mandato Putin era el líder intelectual que estaba detrás de cada paso adoptado en el ámbito internacional.

Las complicadas relaciones de Rusia con los países europeos tienen un ejemplo notorio en el caso de Alemania, que el libro compara con una montaña rusa (expresión que en castellano es especialmente elocuente). Alemania es la puerta de la Federación hacia Europa, una puerta metafórica que, a lo largo de la historia contemporánea, ha estado entreabierta, abierta de par en par o cerrada, como en este momento. Tras la toma de Crimea las relaciones de la Alemania de Merkel con Moscú se han limitado estrictamente a cuestiones comerciales. Vale la pena resaltar las enormes diferencias que podemos encontrar entre la Ostpolitik de Willy Brandty y la actual Frostpolitik de Angela Merkel. Aunque Merkel se crió en Alemania Oriental, donde Putin trabajó como agente de la KGB durante cinco años, y ambos pueden entenderse tanto en ruso como en alemán, ese vínculo biográfico que los une no se ha reflejado en su relación política.

Alemania pasó de ser el mayor aliado europeo de Rusia (hasta el punto de que el canciller Gerhard Schröder, tras dejar el cargo, fue nombrado después de dejar el cargo de presidente del consejo de administración de Rosneft), a ser una amenaza para los intereses rusos. Después de las sanciones que se impusieron a Rusia en 2014 con el apoyo del gobierno de Alemania, las relaciones entre Putin y Merkel están en su peor momento. Sin embargo, algunos podrían argumentar que Alemania actúa de manera hipócrita dado que ha aceptado y financiado el gasoducto Nordstream, que perjudica fuertemente la economía de Ucrania.

Además de la UE, el otro oponente principal para los intereses rusos es la OTAN. En cada punto del mapa en el que el Kremlin desea poner presión la OTAN ha reforzado su presencia. Bajo el mando de Estados Unidos, la organización sigue la estrategia estadounidense de intentar mantener a raya a Rusia. Y Moscú percibe a la OTAN y a EEUU como el máximo obstáculo para recuperar su esfera de influencia en “near abroad” (Europa del Este, Asia Central) y en Oriente Medio.

La fijación de Putin con las exrepúblicas soviéticas no se ha desvanecido en absoluto con el tiempo. En todo caso, ha aumentado después de la exitosa anexión de la península de Crimea y la guerra civil que se encendió en el Donbass. La nostalgia de Rusia de lo que alguna vez fue parte de su territorio no es más que un pretexto para intentar neutralizar cualquier gobierno disidente en la región y subyugar tanto como sea posible a los países que componen su zona de amortiguación, por razones de seguridad y financieras.

Oriente Medio también juega un papel importante en la agenda de asuntos internacionales rusos. El objetivo principal de Rusia es fomentar la estabilidad y combatir las amenazas terroristas que pueden surgir en lugares escasamente controlados por los gobiernos de la región. Putin ha estado luchando contra el terrorismo islámico desde la amenaza separatista de Chechenia. Sin embargo, sus posibles buenas intenciones en la zona a menudo se malinterpretan debido a su apoyo en todas las formas posibles (incluso bombardeos aéreos) a algunos regímenes autoritarios, como el de Assad en Siria. En esta guerra civil en particular, Rusia está repitiendo el juego de guerra proxy de la Guerra Fría contra EEUU, que por su parte ha estado apoyando a las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y a los kurdos. El interés de Putin es mantener a su aliado Assad en el poder, junto con la ayuda de la República Islámica de Irán.

Angela Stent dibuja una descripción precisa del pasado reciente de Rusia y su relación con el mundo exterior. Sin ser parcial, logra resumir críticamente lo que cualquier persona interesada en la seguridad debe tener en cuenta al abordar el tema de las amenazas y oportunidades de Rusia. Porque, como declaró el propio Vladimir Putin en 2018, “nadie ha logrado frenar a Rusia”. Aún no.

La política exterior de Bukele acerca El Salvador a Estados Unidos

La crítica a Maduro, la redimensión del abrazo chino y el mayor control migratorio marcan la sintonía con Washington tras diez años de FMLN

El sorprente uso del Ejército para presionar sobre la Asamblea Legislativa salvadoreña a comienzos de febrero, para la aprobación de una partida destinada a seguridad, ha generado alarma internacional sobre lo que puede deparar la presidencia de Nayib Bukele, que accedió al poder en junio de 2019. El haber estrechado en su primer medio año las relaciones con Estados Unidos, tras dos décadas de gobierno de la exguerrilla del FMLN, pudo haber hecho pensar a Bukele que su gesto autoritario sería disculpado desde Washington. La reacción unánime en la región le hizo corregir el tiro, al menos de momento.

Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

▲ Juramentación de Nayib Bukele como presidente, en junio de 2019, junto a su esposa, Gabriela Rodríguez [Presidencia de El Salvador]

ARTÍCULOJimena Villacorta

El Salvador y Estados Unidos tuvieron una estrecha relación durante el largo dominio político del partido de derecha ARENA, pero la llegada al poder en 2009 del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) supuso un alineamiento de El Salvador con los países del ALBA (Venezuela, Nicaragua y Cuba, fundamentalmente), que ocasionó alguna tirantez ocasional con Washington. Además, en 2018, en la recta final de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y se abrió la posibilidad de inversiones estratégicas de China que fueron vistas con recelo por Estados Unidos (sobre todo la opción de control del puerto pacífico de La Unión, por el riesgo a su uso militar en situación de crisis).

Nayib Bukele ganó las elecciones de comienzos de 2019 presentándose como una alternativa a los partidos tradicionales, a pesar de que fue alcalde de San Salvador (2015-2018) liderando una coalición con el FMLN y de que para las presidenciales se quedó con las siglas GANA, creadas unos años antes como una escisión de ARENA. Su denuncia de la corrupción del sistema político, en cualquier caso, resultó creíble para la mayoría de un electorado ciertamente cansado con el tono bolivariano de los últimos gobiernos.

Durante su campaña electoral Bukele ya abogó por mejorar las relaciones con Estados Unidos, por ser un socio económicamente más interesante para El Salvador que las naciones del ALBA. «Toda ayuda que venga es bienvenida y mejor si es de Estados Unidos», dijo uno de sus asesores. Esos mensajes enseguida tuvieron acogida en Washington, y en el mes de julio el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, visitó El Salvador: era la primera vez en diez años, justamente el tiempo de las dos presidencias consecutivas del FMLN, que el jefe de la diplomacia estadounidense acudía al país centroamericano. Ese viaje sirvió para acentuar la colaboración en materia de lucha contra el narcotráfico y el problema de las pandillas, dos problemas compartidos. «Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13, que ha sembrado la destrucción en El Salvador y también en Estados Unidos, porque tenemos su presencia casi en cuarenta de los cincuenta estados de nuestro país», dijo Pompeo.

Acorde con el cambio de orientación que estaba dando, El Salvador pasó a alinearse en los foros regionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Así, el 12 de septiembre la representación salvadoreña en la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), después de años absteniéndose o votando a favor de resoluciones apoyando la Venezuela chavista. El 3 de diciembre Bukele anunció la expulsión de El Salvador de los diplomáticos del gobierno de Maduro, acción replicada de inmediato por Caracas.

En esos mismos meses El Salvador aceptó los términos del nuevo enfoque migratorio que la Administración Trump estaba perfilando. Durante el verano la Casa Blanca negoció con los países del Triángulo Norte centroamericano acuerdos asimilables al mecanismo de tercer país seguro, mediante los cuales Guatemala, Honduras y El Salvador aceptaban tramitar como demandantes de asilo a quienes pasando por su territorio hubieran acabado en EEUU formalizando esa solicitud. Bukele se entrevistó en septiembre con Trump en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y firmó el acuerdo, que fue presentado como un instrumento para combatir el crimen organizado, fortalecer la seguridad entre fronteras, reducir el tráfico ilegal y la trata de personas. 

La firma del acuerdo resultó controvertida, pues desde muchas instancias se cuestiona las garantías de seguridad y protección de los derechos que puede ofrecer El Salvador, cuando es su falta la que impulsa la emigración de salvadoreños. Rubén Zamora, exembajador de El Salvador ante la ONU, censuró que Bukele estuviera concediendo mucho a Estados Unidos, sin apenas recibir nada a cambio.

Bukele, no obstante, pudo exhibir en octubre una contrapartida estadounidense: la extensión por un año, hasta enero de 2021, del Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de 250.000 salvadoreños y sus familias en EEUU. El total de salvadoreños que residen en ese país asciende al menos a unos 1,4 millones, la mayor cifra de migrantes latinoamericanos después de los mexicanos. Esto muestra la gran vinculación de la nación centroamericana, en la que viven 6,5 millones de personas, con la gran potencia del norte, que además es el destino del 80% de sus exportaciones y cuyo dólar es la moneda de uso en El Salvador.

El nuevo presidente salvadoreño pareció truncar esa sintonía con Washington en diciembre, cuando hizo un viaje oficial a Pekín y se entrevistó con el líder chino, Xi Jinping. EEUU había alertado del riesgo de que China aprovechara a nivel estratégico la puerta que se le abría en Centroamérica con el sucesivo establecimiento de relaciones diplomáticas con los países del istmo americano, que hasta hace pocos años eran un reducto de apoyo a Taiwán. En concreto, la embajada estadounidense en El Salvador había sido especialmente activa en denunciar las supuestas gestiones del gobierno de Sánchez Cerén para conceder a China la gestión del Puerto de La Unión, en el Golfo de Fonseca, al que podría unirse una zona económica especial.

Sin embargo, lo que hizo Bukele en ese viaje fue redimensionar, al menos de momento, esa relación con China, limitando las expectativas y calmando las suspicacias estadounidenses. No solo la cuestión del puerto de La Unión parece aparcada, sino que además el presidente salvadoreño circunscribió la asistencia china al terreno de la ayuda al desarrollo a fondo perdido y no en el de la concesión de créditos que luego, en caso de impago, condicionan la soberanía nacional. Bukele precisó que la «gigantesca cooperación» que prometía China era «no reembolsable» y se refirió a proyectos típicos de la cooperación internacional, como la construcción de una biblioteca, un estadio deportivo y una planta depuradora para limpiar las aguas servidas que se vierten en el lago Ilopango, junto a la capital.

Islamic fundamentalism and the case for inter-civilizational dialogue in Nigeria and Cameroon

People in a rural area of Cameroon [Photokadaffi]

▲ People in a rural area of Cameroon [Photokadaffi]

ESSAY EMILIJA ŽEBRAUSKAITĖ

Introduction

In seeking to better understand the grounds of Islamic fundamentalism in Africa, it is worth to looks for the common denominators that make different areas prone to the insurgence of extremism. In the continent of boundaries that were mainly drawn by the Europeans, many countries contain a multitude of cultures and religions, all of them in constant interaction and more often than not – friction with each other. However, in order to classify the region as highly susceptible to the inter-religious or inter-cultural conflict to happen, there are more important factors that must be taken into consideration. Through quantitative study and document analysis, this article, with an example of the rise of Boko Haram in Northern Nigeria and the expansion of the group to the neighbouring countries such as Cameroon, will underline the most important problems that paved the path for the emergence and spread of the Islamic fundamentalism, discussing its historical, social and ideological origins, at the same time providing possible long-time solutions on social and ideological ground.    

The brief history of Islam in Nigeria and Cameroon

The arrival of Islam to Nigeria dates back to the 11th and 12th centuries, when it spread from North Africa through trade and migration. It incorporated Husa and Fulani tribes into the common cultural ground of Islam which extended throughout North Africa, introducing them to the rich Islamic culture, art, Arabic language and teachings. In the 19th century, Fulani scholar named Usman Dan Fodio launched a jihad, establishing a Sokoto Caliphate ruled under a strict form of Shari’a law, further spreading Islamic influence in the region, introducing it for the first time to the area which today forms the Northern part of Cameroon, another country of our analysis.

The Sokoto Caliphate remained the most powerful state in Western Africa until the arrival of the European colonists. As opposed to the Southern part of Nigeria which was colonized and Christianized, the North received a lesser portion of Western education and values, as the Europeans ruled it indirectly through the local leaders. The same happened with Cameroon, which was indirectly ruled by the Germans in the North and experienced a more direct Westernization in the South. Even the indirect rule, however, brought great changes to the political and judicial processes, which became foreign to the local inhabitants. “This was viewed by Muslim northerners as an elevation of Christian jurisprudence over its Islamic judicial heritage” (Thomson, 2012) and the experience was without a doubt a humiliating and painful one – a foreign body destroying the familiar patterns of a lifestyle led for centuries, implementing a puppet government, diminishing the significance of a Sultan to that of a figurehead.

After their corresponding independence in 1960, both Nigeria and Cameroon became what American political scientist Samuel Huntington called cleft countries – composed of many ethnical groups and two major religions – Christianity in the South and Islam in the North. This situation, as described by Huntington, can be called the clash of civilizations between Islamic and Western tradition. He identifies the similarity between the two religions as one of the main reasons for their incompatibility: “Both are monotheistic religions, which, unlike the polytheistic ones, cannot easily assimilate additional deities, and which see the world in dualistic, us-and-them terms” (Huntington, 2002).

The independence also brought secularization of the two countries, thus undermining in both the political Islamism and the idea that Muslims should be ruled by the law of God, and not the law of men. However, the long-lasting Islamic tradition uniting the Northern Nigeria (and to some extent Northern Cameroon, although it was introduced to Islam much later) with the rest of North Africa and separating it from its Southern counterpart prevailed. “The Sokoto Caliphate remains a not-so-very distant and important reference point for Nigeria’s Muslims and represents the powerful role that jihad and Shari’a law played in uniting the region, rejecting corruption, and creating prosperity under Islam” (Thomson, 2012).

Fertile ground for fundamentalism

Out of the romantic sentiments of long lost glory, it is not too difficult to incite resentment for modernity. To a certain extent, a distaste for the Westernization, which was an inevitable part of modernizing a country, is justifiable. After all, European imperialism selfishly destroyed indigenous ways of life enforcing their own beliefs and political systems, ethics, and norms a practice that continued even after decolonisation. Yet, the impetus for the growth of Islamic fundamentalism in Nigeria as well as other places in Africa can be found as much in the current situation as in the past grievances. 

In Nigeria specifically, the gap was further enhanced by different European policies concerning the Northern and Southern parts of the country. Along with the more direct Westernization, the Southern part of Nigeria was also better educated, familiar to Western medicine, bureaucracy, and science. It had an easier time to adapt to forming part of a modern liberal state. According to the data published in Educeleb, by 2017 Nigeria’s literacy rate was 65.1% (Amoo, 2018). All the Southern states were above the national average and all the Northern ones were below. The same statistics also depict the fact that the difference between literacy level between genders is barely noticeable in the Southern states, while in the Northern states the gap is much wider.

Apart from the differences mentioned above, the Southern region is the place where the oil-rich Niger delta, which in 2018 contributed to 87.7% of Nigeria’s foreign exchange, is situated  (Okpi, 2018). It can be argued that the wealth is not equally distributed throughout the country and while the Christian South experiences economic growth, it often does not reach the Northern regions with Muslim majority. “Low income means poverty, and low growth means hopelessness”, wrote Paul Collier in his book The Bottom Billion: “Young men, who are the recruits for rebel armies, come pretty cheap in an environment of hopeless poverty. Life itself is cheap, and joining a rebel movement gives these young men a small change of riches” (Collier, 2007).

The rise of Boko Haram

In this disproportionally impoverished Northern part of the country and with the goal of Islamic purification for Northern Nigeria, a spiritual leader, Muhammad Yusuf, founded an organization which he called People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and Jihad. The locals, however, named it Boko Haram, which literally means books are forbidden and reflects the organization’s rejection of Western education and values. Boko Haram was founded in 2002 in Borno state, Maiduguri, where Yusuf established a mosque and Koranic school in which he preached Islamic teachings with a goal of establishing an Islamic state ruled by Shari’a law. “Western-style education is mixed with issues that run contrary to our beliefs in Islam” (Yusuf, 2009).

Although the organization seemed to be peaceful enough for Nigerian government to ignore it for the first seven years of its existence, from the start Boko Haram was antagonistic towards the secular government which they associated with corruption, Christian-domination and Western influence. In 2009 the confrontation between the group and Nigeria’s security forces led to and extrajudicial killing of the Muhammed Yusuf in captivity (Smith, 2009). The event became an impetus for the pre-existing animosity Boko Haram felt for the state to grow into an actual excuse for violence. Since 2009 the group was led by Abubakar Shekau who replaced Muhammad Yusuf after his death.

The attacks of the organization became more frequent and brutal, killing many civilians in Nigeria and neighboring countries, Muslims and Christians alike. Although its primary focus laid on the state of Borno, after being pushed out of its capital Maiduguri, Boko Haram became a rural-based organization, operating in the impoverished region around Lake Chad basin (Comolli, 2017). Apart from Nigeria, the countries in which Boko Haram inflicted damage include Niger, Burkina Faso, Chad and Cameroon, the latest being the subject of analysis in this essay.

Impact of Boko Haram in Nigeria and Cameroon

To illustrate the impact the terrorist group had on the socio-economic development of the region, we will look at the Mo Ibrahim Index of African Governance (Ibrahim Index of African Governance, n.d.). As an example, we will evaluate the perception of personal security and level of national security in Nigeria – a country in which the Boko Haram had originated, and Cameroon – one of the countries where it spread after Nigeria’s government launched their counter-terrorism program. The timeline for the graphs runs from the year 2000 to 2016 in order to capture the changes in national security and personal safety in Cameroon and Nigeria. This aid the study in drawing concrete conclusions over a period of time.

 

Figure 1: Impact of Boko Haram on Personal Safety and National Security in Nigeria.

Source: Mo Ibrahim Index

 

The perception of personal safety in Nigeria, according to Mo Ibrahim Index of African Governance, started decreasing since 2010. The tendency can be explained by the fact that in 2009 Nigerian government confronted the fundamentalist group, after which it became more active and violent. The perception of personal safety also dropped after 2014, the year that was marked by the infamous capturing of 276 Chibok schoolgirls out of their school dormitory. When it comes to the index portraying the level of national security, similar tendencies can be seen characterized by the drop of national security in 2009 and after 2014.

 

Figure 2: Impact of Boko Haram on Personal Safety and National Security in Cameroon

Source: Mo Ibrahim Index

 

Another example can be Cameroon, the second most affected country after Nigeria which was infiltrated by Boko Haram in 2009. During that time, however, the presence of the terrorist group in the North of Cameroon was rather unassertive. At first the group was focusing on establishing their connections, gaining Cameroonian recruits, using the country as a transit of weapons to Nigeria (Heungoup, 2016). With the beginning of the kidnapping of foreigners, however, the year 2013 is marked by the drop of national security in the country. By 2014, the Cameroonian government declared war against Boko Haram, to which the group responded with a further increase of violence and thus – further drop of national safety.

An additional peak of terrorist attacks can be noticed after the renewed wave of governmental resistance after the 2015 elections in Nigeria which strongly weakened Boko Haram’s influence, at the same time leading to increasingly asymmetric warfare. In Cameroon only, Boko Haram executed more than 50 suicide bombers attacks, which killed more than 230 people (Heungoup, 2016). In the end, it is clear that despite the efforts of Nigerian and Cameroonian governments in fighting Boko Haram by declaring the war against terrorism, it cannot be said with certainty that the response of the governments of these countries were effective in eliminating or even containing the terrorist group. On the contrary, it seems that pure military resistance only further provoked the terrorist group and led to an increase of violence.

Response of the government

The outbreak of violence at the instigation of Boko Haram elicited a similar response from Nigerian armed forces in 2009 (Solomon, 2012). The office of president Goodluck Johnson launched a military mission in Maiduguri, which united the Nigerian Police Force with the Department of State Security, the army, the navy and the air force (Amnesty, 2011). Extra attention was bestowed upon the emergency regions of Borno, Niger, Plateau and Yobo (Economist, 2011).

In order to prevent Boko Haram from hiding and regrouping in the neighboring states after being actively fought in Nigeria, the government tightened the border security in the North, however, as it has already been explained, the tactics failed miserably as Boko Haram was able to hide and regroup in Nigeria’s Northern neighbors after being pushed out of Nigeria. The effort to prevent Boko Haram from gaining foreign support, financing and reinforcement were also dysfunctional, as the terrorist group was successful in finding allies. With the support of other Islamist groups such as Al Qaeda, the previously local problem is becoming more globalized and requires equally global and coordinated efforts to fight it.

And yet, so far the policy of Goodluck Johnson was proven counterproductive due to the internal problems of Nigerian security process such as corruption, unjustified violence, extrajudicial killings as opposed to intelligence-based operations (Amnesty, 2011, p. 30). Another problem can be identified in the specific case of Nigeria being a melting pot of cultures and religions. Each region requires a unique approach based on the understanding of the culture, values and customs of the area. Yet, the Nigerian soldiers in charge of the safety of the Northern states were National instead of local, making the indigenous population feel controlled by the foreign body.

So far, the policy of president Muhammadu Buhari, who was elected in 2015, was not much more successful than his predecessor’s. At the beginning of his presidency, Buhari was successful in reclaiming the territory occupied by Boko Haram and was quick to announce the defeat of the terrorist group. However, after losing their ground in Nigeria, Boko Haram again retreated to regroup in the neighboring countries, only to reemerge again multiplied into two distinct terrorist organization, further complicating the resistance. Overall, the use of force has proven to be ineffective in striking down terrorism. The previous examples lead to the conclusion that the use of dialogue and changes in national policies, as opposed to pure force, are crucial for the long term solutions.

Solution to Boko Haram

According to United Nations development program report “Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment” the main factors that make a person prone to get involved with fundamentalism are childhood circumstances, lack of state involvement in their surroundings, religious ideologies, and economic factors (UNDP, 2017). In order to prevent violent extremism, it must be tackled in the roots, because, as we have already seen before, facing violence with further violence approach provided little improvement on the status quo.

Childhood experience may be one of the fundamental reasons for joining extremism later. Members of marginalized communities, in which children were facing personal problems such as lack of parental involvement, lack of education, lack of exposure to different ethnicities and religions, are especially vulnerable. In these borderland areas, the children are rarely entitled to social security, they are often distrustful of the government and do not develop any sense of national belonging. The trust that the government favors some over others is only strengthened by personal witnessing of bribe-paying and corruption. The staggering 78% of the responders of the UN research reported being highly mistrustful of the police, politicians and the military (UNDP, 2017).

The isolation and minimum exposure to other ethnic and religious groups also contribute to the feeling of segregation and suspicion towards others. 51% of recruits have reported having joined due to religious beliefs, some in fear of their religion being endangered. However, even a higher percentage of 57 confessed their understanding of the sacred texts to be limited. This closes the circle of poverty and lack of education, with unemployment being the priority factor for 13% of the volunteer recruits questioned. In the end, are there any possible solutions for this continuous lemniscate (UNDP, 2017)? If there are any they must be in line with the theory of security-development nexus. By increasing the quality of the former, the later will be activated into motion and vice versa. Eliminate one of them and the other will stabilize itself naturally. 

The few solutions tackling both lack of security and slow development can be named, starting with combating the traumatizing childhood experiences. Long term solutions are undoubtedly based on the provision of education and social security which would aim to ensure the school attendance, community support for the parents and child-welfare services. The civil education is no less important to encourage the sense of national belonging and trust in the government, which also includes harsher anti-corruption regulations and more government spending directed to the marginalized communities. Strategies to promote a better understanding of the religion as a counterforce for the ignorance leading to easy recruitment, encouraging religious leaders to develop their own anti-extremism strategy, are also solutions that address the often expressed fears of religious groups who feel excluded, their faith being depreciated. The last but not least are the provision of work opportunities in the risk areas - promoting entrepreneurship, facilitating the access of the markets, upgrading infrastructure, basically creating economic opportunities of dignified employment and livelihood. 

Ideological background-check

In the end, underlying question when analyzing Islamic fundamentalism is this: when a Western liberal state, such as the Federal Republic of Nigeria, and Islamic faith meet, is there a possibility of reasonable conversation? Originating in Europe, liberalism, as a political doctrine, grew as an opposition to religious doctrines, seeking to establish a secular government founded on reason. And although functional in the Western societies, is liberalism really compatible with Christianity, and even more unlikely, is it compatible with Islam?

While liberal societies are open to freedom of religion, the Abrahamic Religions, being based on a notion of a singular truth, are not that welcoming of the freedom of thought, at least when it extends beyond the dogmas. Neither are they originally very tolerant of the beliefs that diverge from their own doctrines. Looking back at the Middle Ages, the time of prosperity of the Catholic Church, it can be said that Catholic social structure stands on the obedience to the Pope and the official doctrine of the Church. When it comes to Islam, following similar logic, one can argue that the caliphate with a society (ummah) ruled under the shari’a law is a basis of Islamic social order. In its fundamental forms, both are considered unalterable and divinely originated and neither is compatible with a relativist liberal state whose basis of legitimacy lies far from God’s will. When the two religious doctrines meet in a nation-state, as in the case of Nigeria, there are arguably only two ends to the story.

The first one, which was already mentioned is Huntington’s idea of the clash of civilizations. He argued that the conflict that happens when Islamic and Western civilizations meet is inherent in their doctrines. A secular modern state, being a Western creation, when incorporating Muslim societies only further enhances the friction due to the fact that "the Muslim concept of Islam as a way of life transcending and uniting religion and politics versus the Western Christian concept of the separate realms of God and Cesar" (Huntington, 2002). This makes it more difficult for the Muslims to adapt to the contemporary reality, as in Islam the idea of nation-state is undermined by the concept of ummah (Huntington, 2002).

And although Huntington’s argument that the inherent beliefs of a single truth in both religions in their fundamental forms make them incompatible with each other as well as with the present-day reality of a nation-state based international order, this line of thinking does not promote any kind of solution to the continuous problem of religious and cultural differences, which often manifest themselves in the oppression of one group by another creating friction – a fertile ground for further religious fundamentalism. In a world where the colliding of the different religions in everyday situations are inevitable, we must search for a middle ground.

This brings us to the second outcome, which is arguably the only one that can ever lead to a peaceful end. It, of course, requires compromise from religious groups, a compromise which nobody is likely to make when it comes to their fundamental beliefs, and much needed yet the same, because only the dialogue can lead to mutual respect and understanding, two things that wipe out hostility and fear rooted into ignorance. The second outcome of inter-religious interaction would be what John Rawls called an overlapping consensus between different comprehensive doctrines (Rawls, 1933). As by definition comprehensive doctrines are those, which are compatible with political liberalism, it inherently carries an idea of the necessity of some doctrines to give up on the segments of their ideologies that are incompatible with the aforementioned system.

The capitalist system, for example, originally was not willingly received by the Catholic social teachings, being considered a source of injustice. However, the Church, although never particularly eager for it, learned to accept the dominance of capitalism as a current reality and live with it (Fred Kammer). But would it be possible with the doctrine of shari’a law, for example, which is, after all, a basis of Muslim faith, as some Muslims believe that being ruled by the law of God is the only righteous path? This kind of comparison is hardly just from the beginning, as Jesus, unlike Muhammad, was never a political leader and Christianity was always religious and never political tradition, while Islam was always both. Shari’a law, as the sovereignty of God over people, is completely incompatible with democracy which is based on the idea of the sovereignty of the people over themselves, and we are forced to come back to the question of willingness to compromise again.

John Rawls argues that “A modern democratic society is characterized not simply by a pluralism of comprehensive religious, philosophical, and moral doctrines but by a pluralism of incompatible yet reasonable comprehensive doctrines,” (Rawls, 1933). The doctrines might as well be incompatible and coexist together, but in the end, they will still have to compromise in order to be compatible with liberalism. The modern world will have to learn to do so sooner or later, to give up their universalist beliefs and give them the benefit of the doubt. This is the price for peace everybody must pay: the weak will have to pay more than the strong, but even the strong cannot use the principle of coercion forever. 

Conclusion

In the end, it can be concluded that the insurgence of Islamic fundamentalism in Africa is grounded in common traits such as historical and religious grievances, the relative poverty of one group in proportion to the other, lack of governmental presence and aid in some of the regions. On the micro-level, people are more willing to be recruited when they are uneducated, belong to segregated religious communities, live in relative poverty, do not receive support from the government and live without hope for a better future.

The solution to the spread of extremism, as it has been demonstrated by the example of Nigeria and Cameroon, cannot be rooted purely in the military missions, as they tend to get violent and further decrease the trust of the civilians in their government, closing a circle of us vs. them mentality. The means for solving the problem should include higher governmental presence and aid in the development of the afflicted regions, in the effort of further integration of currently segregated societies by helping them form a part of wider national identity. The idea of integration also transcends to the ideological, religious and cultural level as Islamic fundamentalism often arises from the rejection of Western culture and values that often feel imposed and foreign in the Muslim communities.

The key to the inter-religious conversation, especially when we are talking about Islam and Christianity, two religions that clash ideologically due to mutual assertiveness of sole truth, is the willingness to compromise and adapt to the current social order. If the roots of the problem are not cut off, the friction will continue on to transcend the ideological sphere and manifest itself in the military conflicts, terrorism, even big-scale wars. In an increasingly smaller world, in which the inter-religious interactions cannot be avoided, the decisions must be made. After all, how long we can live in the clash of civilizations?

 

BIBLIOGRAPHY

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