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Comisión Von der Leyen: más política y francófila

Con su bloqueo a algunos candidatos el Parlamento Europeo busca el protagonismo negado al fracasar la proclamación del Spitzenkandidat

Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que defendió su candidatura [Comisión Europea]

▲ Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en la que defendió su candidatura [Comisión Europea]

ANÁLISISJokin de Carlos

En 1963 se firmaba el Tratado del Elíseo entre el presidente Charles de Gaulle y el canciller Konrad Adenauer, acabando con siglos de rivalidad franco-germana y comenzado la amistad entre estos dos países. Durante las siguientes décadas Francia y Alemania, como primeras economías de la Unión, marcarían en gran parte la agenda política y económica. Incluso en los momentos de crisis ambos países líderes evitaban dar imagen de confrontación.

Sin embargo, tras las elecciones europeas del pasado mes de mayo se produjo un público forcejeo entre Berlín y París sobre quién debía sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Por un lado, encabezados por Angela Merkel, estaban aquellos dirigentes que defendían la nominación del bávaro Manfred Weber, Spitzenkandidat del Partido Popular Europeo, integrado por formaciones de tendencia conservadora; por otro lado, dirigidos por Emmanuel Macron, estaban aquellos que, de tendencia liberal o socialdemócrata, se oponían a esta nominación en preferencia del holandés Frans Timmermans o la danesa Margrathe Vestager.

Después de semanas de negociación y tensión diplomática se accedió a retirar la candidatura de Weber, en parte por la debilidad política de Merkel en Alemania y la momentánea defenestración de Sebastián Kurz en Austria debido al Ibizagate. Pero el cargo no fue para Vestager o Timmermans sino para Ursula von der Leyen, ministra de Defensa alemana y colega democristiana de Merkel, originaria de Hannover y de familia aristocrática. 

Y así termina el verano de nuestro descontento, con este sol de Hannover.

Elección

Uno de los principales problemas de la nueva presidenta de la Comisión va a ser cómo lograr consenso entre los líderes en el Consejo y entre los partidos en el Parlamento.

Von der Leyen fue elegida por unanimidad en el Consejo, sin embargo, su elección en el Parlamento Europeo fue la más ajustada de la historia, con solo nueve votos por encima de la mayoría necesaria. Esta votación contó con varias sorpresas, como el voto favorable del italiano Movimiento 5 Estrellas o el polaco PiS y el rechazo del SPD o la totalidad de los verdes.

Composición de la Comisión

El 9 de septiembre, Von der Leyen hizo públicos sus nominados para la nueva Comisión, compuesta por 28 miembros en atención a los 28 países miembros, si bien Reino Unido renuncia a tener un sitio por su programada partida de la Unión el 31 de octubre.

La Comisión von der Leyen ha sido organizada en forma de pilares, cada uno de los cuales dirigido por un vicepresidente e integrado por uno o varios comisarios con carteras específicas. Estos pilares son cinco: (a) Acuerdo verde europeo, que cubrirá temas como energía, transporte o agricultura; (b) una Europa lista para la era digital, para temas como innovación y competencia; (c) protegiendo nuestro modo de vida europeo, que abarcará las áreas de inmigración y seguridad; (d) una Economía que trabaje para el pueblo, destinado a comercio, trabajo y finanzas, y (e) una Europa fuerte en el mundo, que incluirá asuntos como las relaciones internacionales o la administración de crisis.

Para la composición de esta Comisión, Von der Leyen ha tratado de integrar a dos de los Spitzenkandidat que fueron descartados para la presidencia. El socialista Frans Timmermans, antiguo viceprimer ministro holandés, seguirá como vicepresidente y dirigirá el pilar del Acuerdo verde europeo, mientras que la liberal Margrethe Vestager, anterior viceprimera ministra danesa, habiendo sido comisaria de Competencia en la previa Comisión, dirigirá el pilar de Una Europa lista para la era digital. Se trata de dos de los comisarios más populares en la Comisión Juncker; en el caso de Vestager por su lucha contra la evasión fiscal de varias grandes empresas tecnológicas norteamericanas, como Google, Amazon o Apple.

Del resto de vicepresidentes, tres encabezarán los otros tres pilares: el nuevo Alto Representante de la Unión Josep Borrell, exministro español en varias carteras y expresidente del Parlamento Europeo, dirigirá Una Europa fuerte en el mundo; el democristiano y expremier letón Valdis Dombrovskis se ocupará del pilar económico, y el conservador griego Margaritis Schinas dirigirá el pilar de protección del modo de vida europeo.

Otras tres vicepresidencias, con áreas más reducidas, irán para la checa Verá Jorubá (Valores y Transparencia), el eslovaco Maroš Šefčovič (Relaciones Interinstitucionales) y la croata Dubravka Šuica (Democracia y Demografía).

Entre los nominados para comisarios se encuentra gente de prestigio que ha logrado puestos importantes en sus respectivos países, así como en previas comisiones europeas: Paolo Gentiloni, expremier italiano, será comisario de Economía, y Didier Reynders, exministro de Defensa, Finanzas y Exterior en Bélgica, estará al frente de Justicia.

Análisis

Hay dos características que se pueden remarcar de esta Comisión propuesta: (1) La primera es su carácter más político y (2) la segunda es una marcada francofilia. 

(1) En ocasiones anteriores los comisarios solían mostrar un perfil técnico y en muchos casos una preferencia por permanecer en la sombra. En cierta forma se les podría haber considerado el secretariat del Consejo Europeo. Sin embargo, la selección hecha por Von der Leyen parece querer acabar con esta tradición, al optar por nombres más conocidos. Así, Gentiloni o Dombrovskis han gobernado previamente sus países, mientras que otros como Vestager, Timmermans o Reynders han tenido un cierto protagonismo previo. Parece que el interés de los políticos de la UE ya no es tanto crear lo antes posible la Federación Europea como acercar más Bruselas a la gente. Si esta estrategia funciona o no, el tiempo lo dirá.

(2) La segunda característica de esta nueva Comisión es una clara dirección pro-francesa, para satisfacción de Emmanuel Macron. Muchos de los miembros de la Comisión son aliados políticos del presidente francés; el más claro es el caso de la propia Ursula von der Leyen, pese a haber formado parte del gabinete de Merkel y ser correligionaria suya. Hay que recordar que fue Macron quien la propuso para el cargo después del veto a Weber, que era el candidato inicial de Merkel. Pero eso no es todo. Tanto Timmermans como Vestager son aliados políticos de Macron (Vestager había sido su primera opción para presidir la Comisión). Josep Borrell también es un conocido francófilo, y Didier Reynerds es un belga francófono cuyo partido es aliado del de Macron, como ocurre con el comisario italiano Paolo Gentiloni. Así, pues, se trata de una Comisión mayoritariamente francófila, lo que podría aumentar el peso de Macron sobre la Unión y hacer avanzar su visión de Europa.

Fuera de la Comisión los otros cargos nominados por el Consejo Europeo fueron Christine Lagarde, exministra de Finanzas francesa, que ha dejado de dirigir el FMI para ponerse al frente del Banco Central Europeo, y Charles Michell, premier francoparlante de Bélgica y compañero liberal de Macron, nuevo presidente del Consejo Europeo.

Con estas nominaciones también se han querido cumplir una serie de objetivos:

i) El primero y más claro es que se ha querido acabar con una posible alienación de los países de Europa Central y del Sur. De ocho vicepresidentes, cuatro son de Europa Central, al frente de áreas tan importantes como el pilar económico o temas de justicia; otros dos son del Sur, con responsabilidad sobre temas de inmigración y política exterior.

ii) También se ha intentado acercar a grupos que pueden tener dudas sobre Von der Leyen o directamente votaron en su contra en la sesión parlamentaria. Mirando a los verdes, el portafolio Acuerdo verde europeo se propone reducir las emisiones de carbono un 55% de sus niveles en 1990 para 2030 y convertir a Europa en el primer continente de emisión cero de carbono para 2050. El pilar sobre inmigración, llamado Proteger nuestro modo de vida europeo, parece querer augurar una política más estricta en temas de inmigración con el objetivo de mantener el apoyo del PiS de Polonia y Fidesz de Hungría.

iii) Brevemente también hay que mencionar que la nominación de Gentiloni a la cartera económica parece una forma de recompensar a Italia por la formación de un gobierno favorable a Bruselas. Si bien la nominación de un italiano de izquierdas para economía podría preocupar a Alemania o a la Nueva Hansa, parece que la nominación de conservador austriaco Johannes Hahn para la Comisión Presupuestaria se ha hecho para equilibrar la de Gentiloni.

Retos y posibles complicaciones

Los cuatro principales retos de esta nueva Comisión parece que van a ser la ecología, la economía, la inmigración y la construcción de una política exterior común.

Como se ha dicho antes, la nominación de Borrell y otros comisarios puede llevar a una política exterior que siga las líneas francesas, lo que en ciertos momentos puede suponer conflictos con Polonia, los Países Bálticos o incluso Alemania si las tensiones entre Francia y Estados Unidos llevan a Washington a cuestionarse sus compromisos con la OTAN y con Rusia.

La inmigración parece que va a seguir siendo un asunto principal para la Comisión, aunque no tanto como los últimos años, en gran medida porque el número de personas que llega a Europa ha bajado drásticamente. De más de un millón en 2015 a menos de 150.000 en 2018. Todo parece indicar que la línea en inmigración ilegal va a ser más dura que en años previos, si bien va a intentarse evitar una retórica populista. Sin embargo, el propio nombre del portafolio, Proteger nuestro modo de vida europeo, ya ha sido objeto de críticas por parte de ciertos sectores políticos y de la sociedad civil de Europa Occidental.

La economía será otro elemento clave. Con un Brexit que puede dañar la economía europea o provocar una desaceleración.

Otro de los principales problemas va a estar relacionado con Timmermans y su cargo. Como cabeza del pilar Acuerdo verde europeo, el holandés será el encargado de tratar con los países para reducir sus emisiones de carbono. Los países de Europa Central, especialmente Polonia, son todavía muy dependientes del sector del carbón, que ocupa a una sensible porción de mano de obra. Timmermans demostró cierta torpeza a la hora de tratar con Polonia y Hungría en temas de justicia siendo vicepresidente de Juncker, por lo que habrá que ver cómo se ocupa del asunto energético.

En relación a las nominaciones ha habido preocupación por el bloqueo del Parlamento a los comisarios de Rumanía, Hungría y Francia, que fueron rechazados por distintas razones. En el caso del nominado húngaro el veto se atribuyó a su relación con un bufete de abogados, y en el de la francesa, a la vinculación con un think tank americano. Sin embargo, el análisis general parece indicar que estos rechazos, sobre todo en el caso de la nominada francesa, parecen una represalia del Parlamento por haber sido apartado en la decisión sobre la presidencia de la Comisión –al desconsiderarse la proclamación del Spitzenkandidat más votado– por el Consejo Europeo, especialmente por Emmanuel Macron. La caída del gobierno rumano y el establecimiento de un gobierno provisional hasta las elecciones legislativas de 2020 puede retrasar la formación de la Comisión. Según el Alto Representante Josep Borrell, es esperable que la formación de la Comisión Von der Leyen se retrase hasta el 1 de diciembre.

Conclusión

Decir que la Comisión Von der Leyen va a ser continuista, como muchos afirman, sería parcialmente incorrecto. Si bien la ideología parece ser la misma, los objetivos marcados son muy distintos y mucho más políticos. Parece que algunos de los errores cometidos por la Comisión Juncker quieren ser solucionados y se está tratando de dar respuesta a algunas de las demandas que la ciudadanía plantea a Bruselas, en temas como el cuidado del medioambiente, la mejora económica, la correcta integración de Europa Central, el control de las fronteras, el desarrollo de una política internacional común y el acercamiento de Bruselas a los europeos.

Si esto será un fracaso o una victoria, on verra.

Puertas del Valhalla: la política migratoria sueca

La necesidad de mano de obra ha llevado tradicionalmente a Suecia a acoger olas de inmigrantes; sectores de la sociedad lo viven hoy como un problema

Puente de Oresund, entre Dinamarca y Suecia, visto desde territorio sueco [Wikipedia]

▲ Puente de Oresund, entre Dinamarca y Suecia, visto desde territorio sueco [Wikipedia]

ANÁLISISJokin de Carlos

Suecia ha tenido la reputación, desde la Segunda Guerra Mundial, de ser un país abierto a los inmigrantes y de desarrollar políticas sociales tolerantes y abiertas. Sin embargo, el aumento del número de inmigrantes, la lenta adaptación cultural de algunas de esas nuevas comunidades, especialmente la musulmana, y los problemas de violencia generados en áreas de mayor vulnerabilidad han provocado un intenso debate en la sociedad sueca. La opinión de que una generosa política migratoria puede estar destruyendo la identidad sueca y haciendo la vida más difícil para los suecos nativos ha alimentado el voto de cierta oposición de derechas, si bien los socialdemócratas revalidaron el año pasado el apoyo ciudadano para un Gobierno que mantiene las políticas tradicionales con cierto mayor énfasis en la expulsión de aquellos cuya solicitud ha sido rechazada.

Política migratoria

Uno de los problemas históricos de Suecia ha sido su baja tasa de fecundidad, que alrededor de la década de 1960 había ya caído al umbral de 2,1 hijos por mujer necesarios para el reemplazo poblacional. Eso era algo que amenazaba el célebre estado de bienestar sueco, por la necesidad de ingresos por impuestos que mantuvieran los generosos servicios públicos, de forma que el país promovió la llegada de inmigrantes. Al mismo tiempo, la necesidad de mano de obra también era planteada por el desarrollo de la industria nacional.

Suecia surgió de la Segunda Guerra Mundial en buenas condiciones. No sufrió la destrucción de otras naciones, al quedar territorialmente en los márgenes del conflicto, y pudo consolidar una industria metalúrgica que, gracias a la producción de sus minas de hierro, se había beneficiado de vender a los dos bandos en guerra. Ese desarrollo industrial requería de una gran fuerza de trabajo que la baja natalidad propia y la concentración de la población en la costa y en el sur, fuera de los núcleos industriales, dificultaban reunir. Además, el estado de bienestar sueco y las continuas décadas de paz crearon una clase media que no quería trabajar en la nueva industria por los bajos salarios que esta ofrecía para resultar competitiva.

Para resolver la falta de mano de obra y así mantener el progreso económico, desde la década de 1950 Suecia recurrió a la inmigración. El Gobierno abrió primero la frontera a quienes buscaban asilo o trabajo y luego construyó grupos de viviendas, generalmente de baja calidad, cerca de las áreas industriales donde los recién llegados podían encontrar empleos sin ningún requisito de idioma. Cuando el impacto cultural de esas incorporaciones era demasiado grande en algunas áreas, el Gobierno procedía a cerrar las fronteras, restringiendo la inmigración. Cuando se necesitaran nuevos trabajadores, el Gobierno volvía a abrir la frontera.

Este sistema ayudó a un importante avance económico, pero también aisló a muchos grupos sociales, que se quedaron estancados en áreas de bajos ingresos sin apenas posibilidad de desarrollo ni integración social.

Desarrollo histórico

Tanto durante la Segunda Guerra Mundial como a su término, Suecia fue un destino importante para personas procedentes de Noruega, Dinamarca, Polonia, Finlandia y las Repúblicas Bálticas que escapaban de la guerra o de la destrucción que creó; también fue un destino neutral para muchos judíos. En 1944, había en Suecia más de 40.000 refugiados; si bien muchos regresaron a sus países tras la contienda, un grupo considerable de ellos se quedó, principalmente estonios, letones y lituanos, cuyas naciones de origen fueron incorporadas a la URSS.

En 1952, Suecia, Dinamarca y Noruega formaron el Consejo Nórdico, creando un área de libre comercio y libertad de movimiento, a la que Finlandia se unió en 1955. Con esto, miles de migrantes fueron a Suecia para trabajar en la industria, principalmente de Finlandia pero también de Noruega, que aún no había descubierto sus reservas de petróleo. Esto aumentó el porcentaje de la población inmigrante del 2% en 1945 al 7% en 1970. Todo esto ayudó a Tage Erlander (primer ministro de Suecia entre 1946 y 1969) a crear el proyecto "Sociedad Fuerte", dirigido a aumento del sector público y el estado del bienestar. Sin embargo, este flujo de mano de obra comenzó a dañar a los trabajadores suecos nativos y, en consecuencia, en 1967, los sindicatos comenzaron a presionar a Erlander para que limitara la inmigración laboral a los países nórdicos.

En 1969, Erlander renunció al cargo y fue sustituido por su protegido, Olof Palme. Palme era miembro del sector más radical de los socialdemócratas y quería aumentar aún más el estado de bienestar, continuando el proyecto de su predecesor a una mayor escala.

Con el fin de atraer una fuerza laboral más grande sin enojar a los sindicatos, Palme comenzó a utilizar la retórica a favor de los refugiados, abriendo las fronteras de Suecia a las personas que escapaban de las dictaduras y la guerra. Al mismo tiempo, estas personas serían trasladadas a vecindarios industriales, construidos especialmente para ellos en áreas industriales cercanas donde trabajarían. Al mismo tiempo, Palme trató de hacer de Suecia un país atractivo para los inmigrantes mediante políticas de asimilación a favor del multiculturalismo.

Durante este período, personas de muchas nacionalidades comenzaron a llegar al país: desde quienes escapaban del conflicto en Yugoslavia o la ley marcial en Polonia a quienes huían de Oriente Medio y América Latina. Estas nuevas poblaciones se establecieron lejos de núcleos demográficos nativos suecos; debido a esto muchos vecindarios de la clase trabajadora se convirtieron en guetos aislados. En 1986, Palme fue asesinado y su sucesor, Ingvar Carlsson, cambió la política de inmigración y comenzó a aceptar solo a aquellos que configuraran como refugiados de acuerdo con las normas de las Naciones Unidas.

Durante la década de 1990, el aumento de los conflictos en lugares como Somalia, Yugoslavia y varias naciones africanas hizo aumentar el flujo de refugiados de guerra, y muchos de ellos fueron a Suecia. En 1996 se creó el Ministerio de Migración y Política de Asilo. Sin embargo, los dos mayores movimientos de personas de países extranjeros se producirían a raíz de los siguientes conflictos de Irak e Siria. El gobierno conservador de Fredrik Reinfeldt comenzó a acoger a un gran volumen de refugiados iraquíes, que en 2006 se convirtieron en la segunda minoría más grande del país, después de los finlandeses. En 2015, el gobierno socialdemócrata de Stefan Löfven abrió la frontera a los refugiados sirios, que llegaron en masa, huyendo de la Guerra Civil siria y del empuje de Daesh.

Esta sucesión de olas de inmigrantes de Oriente Medio agravaron algunos problemas: en muchos vecindarios, los llegados de fuera no se sienten como en Suecia, principalmente porque estos fueron construidos para "no ser Suecia"; además, la difícil integración y los trabajos mal pagados alimentan las pandillas y el crimen organizado. Todo esto llevó a Löfven a aplicar una política de migración más estricta en 2017, aceptando menos solicitantes de asilo y comenzando a expulsar a aquellos cuyas solicitudes de asilo habían sido denegadas.

Como se puede ver la tendencia en Suecia es abrir las fronteras a la inmigración cuando esta es necesaria y cerrarlas cuando esta comienza a provocar tensiones sociales.

Orígenes de la población inmigrante

Suecia se ha convertido en una sociedad étnicamente muy diversa, donde casi el 22% de la población tiene antecedentes extranjeros. Hasta 2015, la mayor minoría étnica en eran los finlandeses, que a finales del pasado siglo superaban los 200.000. A raíz de la guerra de Irak y de la crisis migratoria siria, las personas procedentes de Oriente Medio han pasado a ser el mayor grupo.

En la actualidad, el 8% de los habitantes de Suecia procede de un país de mayoría musulmana –básicamente de Siria e Irak, pero también de Irán–, si bien solo el 1,4% de la población practica la religión musulmana (alrededor de 140.000 personas en 2017), pues también existen inmigrantes procedentes de esos países con otras adscripciones religiosas, como cristianos, drusos, yazidis o zoroastrianos. Estos números pueden haber aumentado ligeramente, si bien no para provocar cambios muy drásticos en la demografía.

A pesar de no ser especialmente numerosa, la comunidad musulmana ha generado atención mediática a raíz de diversas polémicas. En 2006, Mahmoud Aldebe, miembro del Consejo Musulmán de Suecia, planteó por carta a los partidos políticos del Riksdag y al Gobierno sueco demandas especialmente controvertidas, como derecho a vacaciones islámicas específicas, financiamiento público especial para la construcción de mezquitas, que todos los divorcios entre parejas musulmanas sean aprobados por un imán, y que a los imanes se les permita enseñar el Islam a niños musulmanes en escuelas públicas. Esas demandas fueron rechazadas por las autoridades y la clase política de Suecia. También se ha dado el caso de que algunas asociaciones musulmanas o mezquitas han invitado a predicadores radicales, como Haitham al-Haddad o Said Rageahs, cuyas conferencias fueron finalmente prohibidas.

Áreas Vulnerables y crimen organizado

El Gobierno sueco ha designado algunos barrios como Áreas Vulnerables (Utsatt Område). No son propiamente “No-Go Zones”, porque en ellas tanto los agentes policiales, como los servicios sanitarios o los medios de comunicación pueden entrar. Se trata de áreas de menor seguridad que exigen una mayor atención de las autoridades.

Algunas de ellas se encuentran en Malmö, ciudad con la mayor tasa de criminalidad del país, principalmente debido a su ubicación. Malmö se encuentra al otro lado del puente de Oresund, que conecta Dinamarca con Suecia y es la única ruta por tierra entre Suecia y el continente sin tener que rodear el Báltico. Allí diversas pandillas y mafias participan en el tráfico de drogas y de personas, al tiempo que se enfrentan entre ellas en una pugna por el control del espacio. Grupos de este tipo también actúan en Rotterdam, en relación a la actividad generada por su importante puerto.

A pesar de la impresión dada por ciertos mensajes contrarios a la inmigración, la comisión de delitos en Suecia se encuentra en niveles parecidos a los de 2006. Después de ese año el número de delitos descendió, para subir de nuevo en 2010 y 2012. Podría establecerse una relación entre ese ascenso y la crisis económica, que supuso un aumento del desempleo, pero no está tan clara su vinculación con los registros de inmigración. La llegada de iraquíes en 2005 no conllevó una mayor inseguridad en las calles de Suecia y tampoco lo ha hecho la recepción de sirios en los recientes años. La tasa de homicidios en Suecia es de 1,1 por cada cien mil habitantes –por debajo de otros muchos países europeos–, y hay más delitos registrados por nativos suecos que por extranjeros, según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito.

No obstante, las mafias que operan en Suecia se componen en su mayoría de ciertos grupos étnicos. Su formación se derivó especialmente de la llegada de personas de Yugoslavia, tanto de trabajadores de la década de 1970 como de refugiados de las guerras balcánicas de la década de 1990. El principal de esos grupos, conocido como Yugo Mafia, está hoy liderada por Milan Ševo, apodado “El Padrino de Estocolmo”. Otros grupos son K-Falangen y Naserligan, compuestos por albaneses; la Legión Werefolf, formada por sudamericanos, y los Gangsters, originales por los asirios (minoría cristiana de Siria). No obstante, uno de los más grandes es Brödraskapet o la Hermandad, fundada en 1995, con más de 700 miembros que en su totalidad son suecos nativos y con mucha presencia en las cárceles suecas.

 

Movimientos migratorios de Suecia entre 1850 y 2007. En rojo, llegada de inmigrantes; en azul, salida de emigrantes [Wikipedia-Koyos]

Movimientos migratorios de Suecia entre 1850 y 2007. En rojo, llegada de inmigrantes; en azul, salida de emigrantes [Wikipedia-Koyos]

 

Terrorismo

Desde 2011 en Suecia se han producido tres ataques terroristas; un cuarto ataque pudo se evitado al ser detectada con tiempo su preparación. El primero fue realizado por Anton Lundin Pettersson, un neonazi sueco que en 2015 atacó la Escuela Trollhättan, donde mató a cuatro personas, todas ellas inmigrantes. El siguiente fue perpetrado por el Movimiento de Resistencia Nórdica, una organización neonazi, que actuó contra un centro de refugiados y el café de una organización de izquierdas; en el ataque solo se produjo un herido. El tercero, el más conocido, fue perpetuado en 2017 por un hombre de Uzbekistán aparentemente reclutado por Daesh, que arremetió con un camión contra viandantes en el centro de Estocolmo, matando a cinco personas e hiriendo a catorce.

De los tres atentados, solo uno tuvo motivación yihadista, a diferencia del peso que el terrorismo islamista ha tenido en otros países europeos con mayor población musulmana. En cualquier caso, la segregación que se vive en algunas comunidades y el adoctrinamiento radical que se da en ellas llevó a jóvenes suecos musulmanes a marchar a Siria para encuadrarse en Daesh y las autoridades siguen de cerca su posible retorno.

Aciertos y errores

Durante mucho tiempo, desde la izquierda europea se puso a Suecia como ejemplo de modelo socialdemócrata exitoso; ahora, desde ciertos grupos de derecha, se le pone como ejemplo de multiculturalismo fallido. Probablemente ambas afirmaciones son una exageración con fines partidistas. No obstante, lo cierto es que Suecia cuenta con un bienestar generoso que está costando mantener, y que en su también generosa apertura de fronteras ha cometido errores que no han facilitado la integración de la nueva población. Todo parece indicar que Löfven continua el camino que empezó en 2017 y se ha aumentado la presencia policial en las calles así como un endurecimiento en las políticas de inmigración, siguiendo a su vez las políticas hechas en Dinamarca.

Tiempo tendrá que pasar para ver qué resultados estas políticas tendrán en una futura Suecia.

*En la mitología nórdica, el Valhalla es un enorme y majestuoso salón al que, en la otra vida, aspiran a entrar los héroes

Qué hará Bolivia con su gas natural cuando Brasil y Argentina ya no lo necesiten

La próxima autosuficiencia gasista de sus dos grandes vecinos compradores obliga al Gobierno boliviano a buscar mercados alternativos

Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

▲ Planta de gas de Yacimientos Pretrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) [Corporación YPFB]

ANÁLISIS / Ignacio Urbasos Arbeloa

Bolivia, bajo el mandato de Evo Morales, es la única historia de éxito económico de todos los países latinoamericanos que abrazaron el populismo de izquierdas al comienzo del presente siglo. El país altiplánico ha logrado junto a Panamá y República Dominicana el mayor crecimiento de PIB de la región en el último lustro, y todo esto en un difícil contexto de decrecimiento por parte de sus principales socios comerciales: Argentina y Brasil[1]. La estabilidad política aportada por Evo Morales desde 2006, sumada a políticas macroeconómicas prudentes de carácter contracíclicas y una nueva gestión de los hidrocarburos son parte de la fórmula de este éxito. A pesar de todo, existen enormes riesgos para Bolivia de carácter económico y político. Por un lado, el gas natural supone un 30% de las exportaciones y su destino es exclusivamente Brasil y Argentina, países que se hallan cerca de la autosuficiencia gasística. Encontrar vías alternativas no es una tarea sencilla para un Estado sin salida al mar, con un conflicto diplomático con Chile y separado por la Cordillera de los Andes del Perú. Además, la apuesta del gobierno boliviano por explotar el litio por medio de empresas nacionales que integren su procesamiento para favorecer la industrialización es una estrategia arriesgada que puede dejar al país fuera del creciente mercado del litio mundial. Por último, Evo Morales y el MAS han seguido una creciente tendencia autoritaria, permitiendo la reelección del presidente, atentando contra la separación de poderes y la reciente constitución de 2009. La nueva Bolivia enfrenta en la próxima década el desafío de reorientar sus exportaciones de gas natural, diversificar su economía y consolidar una democracia real que permita un crecimiento sostenido de su economía y su papel como actor regional.

Gas Natural: en el centro del debate político del s.XXI

Durante las fracasadas exploraciones petrolíferas en el Chaco de los años 1960, acontece el descubrimiento de abundantes reservas de gas natural de gran potencial económico. Si bien se trataba de un recurso de menor valor que el del crudo, pronto se desarrolla una incipiente industria gasista de la mano de compañías extranjeras, principalmente norteamericanas como la Standard Oil. En 1972 se produce una primera nacionalización, con el surgimiento de YPFB como la empresa estatal encargada de la exploración, producción, transporte y refino de los recursos energéticos bolivianos en colaboración con empresas extranjeras. Ese mismo año, se construirá el primer gasoducto exportador, con dirección a Argentina. Para 1999, Bolivia exportará gas natural a Brasil por medio del gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo, cuyo proyecto supuso más de 8 años de negociaciones y obras e introdujo a Petrobras como un importante actor en el sector. De este modo, Bolivia entra al siglo XXI con una creciente industria gasista, mayoritariamente privatizada por el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y aupada por un modelo fiscal muy favorable para las compañías extranjeras[2].

El año 2001 marca el inicio de una convulsa etapa política en Bolivia con la denominada Guerra del Agua. Una oleada de protestas surgida de la privatización de los servicios municipales de aguas en el marco de negociaciones financieras entre el FMI y el Gobierno de Hugo Banzer. En el centro neurálgico de dichas protestas en Cochabamba surgió la figura de Evo Morales, líder cocalero que irá incrementando su popularidad de forma imparable. El gas se convertirá en protagonista en 2003, con una nueva oleada de protestas en contra de la construcción de un gasoducto de gas natural desde Tarija a Mejillones (Chile) para consumo de la industria minera de este país y exportación a México y EEUU en forma de GNL. La oposición al proyecto argumentaba la incoherencia histórica de aportar recursos bolivianos a la explotación de la región minera perdida frente a Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y que privó a Bolivia de una salida al mar. Además, se proponía un gasoducto alternativo, más costoso, que atravesase Perú, pero que supuestamente beneficiaría la región norte de Bolivia y no supondría una humillación nacional. Las protestas tomaron un cariz nacionalista e indigenista convirtiéndose en una auténtica revolución que bloqueó La Paz, el aeropuerto internacional y sumió el país entero en la violencia y el desabastecimiento. El presidente Lozada terminó renunciando y la mayoría de su gobierno huyendo al extranjero, mientras el proyecto quedaba cancelado y enterrado para siempre.

El nuevo presidente Mesa llega al poder con la promesa de llamar a un referéndum vinculante sobre el gas, al establecimiento de una Asamblea Constituyente y a una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyera la revisión de los procesos de privatización. El referéndum termina por dar la victoria a las propuestas de Carlos Mesa, si bien con una baja participación y una confusa redacción de las preguntas. El presidente Mesa, incapaz de capitalizar la legitimidad que le otorgaba el plebiscito renuncia al cargo y convoca elecciones presidenciales anticipadas en 2005, que llevan al poder al primer presidente indígena de la historia de Bolivia, Evo Morales, por mayoría absoluta. De esta forma el gas natural se convierte en el principal catalizador del cambio político en Bolivia.

La reforma de los hidrocarburos

La llegada de Evo Morales supuso un profundo cambio en el marco legal de los hidrocarburos. En 2006 se promulga la nueva ley de hidrocarburos “Héroes del Chaco”, que nacionaliza los recursos energéticos de Bolivia, expropia el 51% de las acciones de empresas involucradas en el sector y establece un impuesto directo sobre los hidrocarburos del 50% sujeto a una regalía extra del 32% a YPFB en aquellos yacimientos de más de 100 mcf de producción anual[3].  Esta legislación, en palabras de Evo Morales “daba la vuelta a la tortilla, pasando de 18% a 82% en los ingresos del Estado sobre los hidrocarburos”[4]. La legislación, aunque adornada con una retórica radical revolucionaria, ha demostrado ser moderada y viable en el medio plazo, ya que permite en la práctica fórmulas fiscales mucho menos gravosas para las multinacionales energéticas y no implicó grandes expropiaciones de activos. Tal y como se puede ver en la gráfica inferior, los ingresos fiscales derivados del gas natural crecieron enormemente desde 2005, año de la reforma, sin afectar dramáticamente a la producción de gas natural. Además, esta reforma vino acompañada de máximos históricos en el precio de las materias primas en 2006, 2007 y 2008, amortiguando la reducción porcentual en los ingresos de las compañías extranjeras. En el año 2009 Bolivia incluye en el artículo 362 la primacía de contratos de servicios petroleros, una fórmula en la que las multinacionales no obtienen ningún derecho sobre los hidrocarburos extraídos, pero son remuneradas por los servicios prestados. 

Desde la reforma, las exportaciones han sido relativamente estables, aupadas por una creciente demanda tanto en Brasil como Argentina. El caso más polémico se dio en el invierno de 2016, especialmente frío, en el que Bolivia paralizó sus exportaciones debido a tareas de mantenimiento en el campo Margarita. Este hecho desenmascaró una tozuda realidad sobre las reservas demostradas de gas natural en Bolivia y la necesidad de aumentar las labores de exploración y perforación en el país. Las reservas actuales de Bolivia ascienden a 283 bcm (10 tcf), suficientes para solamente 10 años de actividad exportadora al ritmo actual. Conocedora de esta situación límite, la corporación YPFB ha lanzado para 2019 una campaña de inversión que asciende a los 1.450 millones de dólares, de los cuales 450 irán dedicados a labores de exploración[5]. Buena parte de la inversión en el sector durante los últimos años ha ido dirigida a industrializar la producción de gas natural en lugar de labores de exploración, construyendo plantas de refino como la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo[6]. Actualmente trabajan en labores de exploración y producción Total, Shell, Repsol y Petrobras[7]. Este esfuerzo pretende contestar el informe del FMI que consideraba demasiado escasas las reservas de gas natural en Bolivia para convertir al país en un centro energético regional, máxima aspiración de Evo Morales[8]. Para YPFB, existen unas reservas probables de 850 bcm (35 tfc) que garantizarían una larga vida para el sector gasista, pero que debería repensar su política fiscal para volver a atraer empresas extranjeras, que a día de hoy solo suponen el 20% de la inversión total[9].

El futuro del gas natural boliviano

De acuerdo con los contratos firmados con Brasil (1999) y Argentina (2005) los precios de exportación están indexados a una canasta de hidrocarburos, que en general ha garantizado a Bolivia un precio muy favorable, superior al de Henry Hub, pero que hace al país igualmente dependiente de las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, la revolución de tecnología no convencional y nuevas formas de transporte ahora más económicas como el GNL están transformando la realidad del mercado del gas natural en el Cono Sur. Esta nueva coyuntura, ligada a la finalización de los contratos con Brasil en 2019 y Argentina en 2026, pone en jaque el futuro del principal activo de la economía boliviana.

Tal y como se muestra en el gráfico, la balanza comercial boliviana y su estabilidad fiscal dependen de los volúmenes exportados de gas natural y su precio internacional. La supervivencia del modelo económico actual boliviano y la presidencia de Evo Morales dependen en gran medida de los ingresos derivados de este hidrocarburo, siendo un factor fundamental para el futuro de la República Plurinacional de Bolivia.

Brasil

Desde 1999 Brasil se convierte en el principal destino de las exportaciones de gas natural, siendo en el periodo 2001-2005 el único cliente de Bolivia. Esta posición permitió la entrada de Petrobras como principal inversor en el sector hasta el año de la nacionalización, suponiendo una importante fricción diplomática entre ambos países. Fue la complicidad entre Morales y Lula, así como la importancia de mantener la armonía entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar una confrontación mayor entre ambos países. A pesar de las palabras del presidente de Petrobras en 2006, Sergio Gabrielli, anunciando el fin para siempre de la compañía en Bolivia, esta ha continuado siendo un importante inversor debido a la rentabilidad de sus actividades y la importancia estratégica del gas boliviano para Brasil.

Parece evidente que el gas natural va a jugar un papel importante en el futuro de Brasil, ya que la principal fuente de electricidad en el país, la hidroeléctrica, requiere de otras fuentes que la sustituyan cuando haya escasez de lluvias, tal y como ocurrió entre 2012 y 2014. Este contexto favoreció la entrada de gas natural en el mix eléctrico, que pasó de un 5% en 2011 a un 25% para 2015[10]. Sin embargo, Brasil comenzó hace una década con las revolucionarias explotaciones de hidrocarburos presal, que han permitido al país aumentar su producción de crudo de 1,8 mbd en 2008 a 2,6 mbd en 2018. Se espera que la producción de gas natural asociado a estos campos entre al mercado brasileño conforme se vaya construyendo la infraestructura necesaria que conecte los yacimientos off-shore con la todavía insuficiente red de gasoductos, algo que se prevé mejorar con la entrada de actores privados al sector tras la reforma energética de 2016. Igualmente, Brasil ya cuenta con 3 plantas para importar GNL, lo que le permite diversificar sus importaciones, tal como hizo durante 2018 cuando Bolivia no pudo suministrar los 26 millones de metros cúbicos al día acordados en 1999. Todo esto pone en una posición privilegiada para la negociación a Petrobras y Bolsonaro, situado en las antípodas ideológicas de Morales, y que podría apostar por aumentar las importaciones del cada vez más barato GNL norteamericano y reducir el volumen de gas boliviano. En cualquier caso, debido a ciertos incumplimientos en el suministro de gas desde Bolivia, el contrato se extenderá durante al menos dos años más hasta que se alcancen los volúmenes pendientes de entregar y que Brasil ya ha pagado.

Argentina

El otro mercado de gas natural para Bolivia también está inmerso en profundas transformaciones, en este caso derivado de las técnicas no convencionales de shale y tight oil. El yacimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los mayores depósitos de shale del mundo, ha comenzado a producir los primeros retornos tras años de inversiones por parte de YPF y otras multinacionales. A pesar de la inestabilidad económica argentina y las reformas fiscales exigidas por el FMI que retrasarán el desarrollo total de este yacimiento gigante[11], se prevé que para 2022 su producción cubra aproximadamente el 80% de las importaciones bolivianas, volviendo a la senda de la autosuficiencia alcanzada en buena parte de la década de los 90 y el 2000[12]. Por el momento Argentina ya ha logrado renegociar los volúmenes de gas natural importados en verano y en invierno de forma más favorable a la demanda interna[13].  Además, Argentina autorizó exportar gas natural a Chile tras 12 años de interrupción[14] y realizó su primera exportación de GNL en mayo de 2019[15], lo que constituyen primeros síntomas de una creciente producción doméstica.

Parece evidente que el mercado argentino no tendrá un largo recorrido para el gas natural boliviano y que probablemente ponga fin a sus importaciones cuando termine el contrato en 2026. Otras opciones pasan por emplear la completa red de gasoductos argentinos como tránsito a otros destinos vía GNL o a vecinos como Uruguay, Paraguay o incluso Chile.

Perú

Desde hace unos meses, Bolivia ha articulado una campaña de diplomacia pública para lograr extender un gasoducto exportador a Puno, ciudad peruana situada en el Lago Titikaka. Si bien Perú tiene una importante  producción de gas natural en Camisea que le permite exportar grandes cantidades de GNL, el país lanzó un programa conocido como Siete Regiones para universalizar el acceso al gas natural. El sur de Perú puede abastecerse de forma más económica por medio de importaciones bolivianas debido a la proximidad del gasoducto de La Paz, pero existen reticencias, especialmente en la oposición fujimorista, a importar un bien excedentario en el país. Esta fórmula sería integrada en un plan para exportar desde Bolivia gas licuado de petróleo a esta misma zona, mientras que Perú construiría un gasoducto para importar petróleo y derivados desde el puerto de Ilo, en el Pacífico, a La Paz. Para Bolivia, el mercado peruano puede ser una solución temporal mientras se siguen diversificando las exportaciones, pero tendrá una fecha de caducidad temprana dadas las reservas de gas natural peruanas, el doble que las bolivianas, y la tendencia lógica a una mayor producción doméstica que cubra la demanda de todo el país. Igualmente, parece sensato pensar que la costa de Perú será en el futuro uno de los puntos por donde Bolivia podría exportar su gas natural en forma de GNL si el mercado regional está saturado.

Chile

Desde un punto de vista económico, Chile es el país más atractivo para las exportaciones bolivianas. Carece de reservas de gas natural y su zona minera, de alta demanda energética, se sitúa en una zona relativamente próxima a la red de gasoductos y yacimientos de Bolivia. Sin embargo, la ya centenaria disputa por los territorios originariamente de Bolivia anexionados por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1883) han sido un obstáculo insalvable en el presente siglo. Cabe mencionar que durante los años 50 y 60 Bolivia exportó petróleo a Chile y a EEUU por medio del oleoducto Sica Sica-Arica; es decir, la negativa a exportar gas natural a Chile ha sido una bandera empleada por Evo Morales y no una tradición histórica en la relación de estos países.

Tras las enormes movilizaciones producidas por la Guerra del Gas, Evo Morales supo catalizar el fervor popular y utilizar la disputa territorial para incrementar su popularidad. De hecho, buena parte de sus esfuerzos en la anterior legislatura se centraron en lograr la ansiada salida al mar por medio de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En 2018 este tribunal falló de forma favorable para Chile, dictaminando que este país no tiene el deber de negociar con Bolivia un arreglo territorial. La negativa de Morales a exportar gas natural a Chile parece que continuará mientras dure su presidencia.

Sin embargo, el tratado de Paz y Amistad de 1904 firmado por ambos estados otorga a Bolivia plena autonomía aduanera en los puertos chilenos de Arica y Antofagasta y el derecho a mantener mercancía en tránsito por 12 meses, con almacenamiento sin costo para sus importaciones, y 60 días de almacenamiento gratuito para sus exportaciones. Estas condiciones parecen las ideales para la construcción de una planta de GNL en Arica o Antofagasta que permita exportar gas natural por vía marítima mientras se abastece el norte chileno, necesitado de gas natural barato que permita desplazar al carbón. Las difíciles relaciones políticas entre ambos países complican la viabilidad de este proyecto, que no debe ser descartado cuando Morales abandone la presidencia y exista una mayor sintonía, tal y como ocurrió con Pinochet y Banzer en el poder.

Consumo doméstico

El consumo doméstico de gas natural en Bolivia ha crecido a un ritmo del 4,5% anual en el periodo 2008-2018 impulsado por unos precios subsidiados para consumo y la puesta en marcha de proyectos estatales que pretenden dotar de valor añadido a la extracción de gas natural como la planta de urea de Bulo Bulo o la industria siderúrgica de Mutún. Se espera que la renta per cápita en Bolivia y el consumo eléctrico sigan aumentando en la próxima década. Si el volumen de subsidios al gas natural crece de forma similar mientras que los ingresos por exportaciones disminuyen, el delicado equilibrio fiscal boliviano podría tomar una senda similar al de Argentina. El proceso de industrialización nacional por medio del gas natural tampoco parece descabellado, siempre y cuando se asiente sobre las reglas de mercado y no a costa de las finanzas públicas. El país ya ha alcanzado la autosuficiencia en fertilizantes y ya suponen un creciente rubro exportador, ejemplo de la diversificación económica que el gobierno de Morales persigue.

La pregunta: ¿Hay mercado para todos?

Tras revisar el contexto regional, puede parecer que el mercado de gas natural en Sudamérica va a estar saturado por un exceso de oferta futura. Tal y como se puede observar en el gráfico, la demanda de gas natural en el vecindario boliviano va a aumentar de 107 bcm a 140 bcm anuales para 2030. Probablemente Perú, Argentina y Brasil aumenten su producción, pudiendo alcanzar la autosuficiencia a lo largo de la década de 2020. Esto complica la comercialización del gas boliviano, pero no la hace imposible. En primer lugar, la realidad geográfica de Sudamérica hace que ciertos proyectos transfronterizos sean más económicos que otros internos, como en el caso del Sur de Perú. Igualmente, los cada vez menores costes de exportar gas por vía marítima permiten encontrar mercado a los excedentes de la producción regional, como es el caso de Perú que concentra sus exportaciones de gas a España. En un contexto de cada mayor interconexión energética, Bolivia podrá seguir exportando gas natural, ahora bien, con una posición menos privilegiada y teniendo que invertir en infraestructura exportadora. Los grandes retos se concentran en aumentar las actividades de exploración atrayendo más inversión extranjera y privada, así como la búsqueda de nuevos mercados, siendo la cuestión chilena un elemento central en este debate.

 


Blood diamonds keep going through Antwerp

The Belgian city, the world's capital of diamonds, has applied more regulations, sanctions and scrutiny on the industry, but still there are some bad practices

The diamond industry has its main world centre in the Belgian city of Antwerp

▲ The diamond industry has its main world centre in the Belgian city of Antwerp

ANALYSISJokin de Carlos Sola

The diamond trade moves hundreds of millions of euros every year around the globe. Most of them come from third world countries were the diamonds are extracted by very hard means. Even today, diamonds coming from conflict zones and used to finance conflicts and violence are a significant part of the market. Nowadays the production is mainly sold in cities of the United States and Europe and most of those diamonds in some way or another end up passing through the city of Antwerp in Belgium, showing that the Dutch and Belgians still have certain control over the industry.

This text will explore the origins of the city of Antwerp as a centre in the diamond market and of the control by Dutch and Belgians of this particular business; then it will analyse this industry in the new globalised era, and finally explain the relation of the city of Antwerp and the trade of blood diamonds.

Low Lands, a land of diamonds

Until the 19th century most diamonds came to Europe from India through the ports of Bruges, Antwerp and Amsterdam. The origins of the Low Countries as a centre of diamond craft and trade comes from the 15th century. In 1475 a Flemish jeweller, named Lodewyck van Bercken, invented the scaif, a polishing wheel infused with diamond dust and olive oil. This made easier the cutting of a diamond and revolutionised the industry. Bercken was a protégée of Duke Charles de Bold and his techniques were spread all around the Low Countries. For the next years Antwerp and Amsterdam became big competitors in the diamond trade.

In the 17th century Amsterdam was the most important city in Europe concerning diamonds. Because of the religious tolerance of the Netherlands, many Sephardic Jews established themselves in the city moving from Antwerp. There they had acquired knowledge working with diamond due to the guild-system, for the only industry that they were allowed to work in was the diamond industry.

In 1725 diamonds were discovered in Brazil and most of them went through Amsterdam. During the 19th century over 90% of rough diamonds sold in Europe passed through the Dutch city. Due to the colonial power of the Netherlands, the Dutch diamond trade extended over the world, specially to New Amsterdam (New York) and Cape Town, which would become vital bases of the international diamond trade in the 20th and the 21st century. However, after the mines in Brazil started to dry up and the power of the Netherlands began to fade Amsterdam started to lose importance in favour of Antwerp, its biggest rival on the diamond industry, also a culturally Dutch city that would become the diamond's capital of the world. During its golden age Amsterdam developed a high-quality craft industry, but Antwerp managed to be as effective and cheaper as well as more permissive regarding taxes.

In 1866 diamonds were discovered in South Africa, in the Transvaal region, an area mainly populated by Dutch settlers. At the same time the British magnate Cecil Rhodes created the diamond company De Beers, based in Johannesburg. Massive amounts of rough diamonds started then to arrive to Europe, through Cape Town and Antwerp.

By the beginning of the 20th century De Beers controlled over 90% of the diamond industry in the world. In 1927 the company passed from the hands of Cecil Rhodes to the ones of Ernst Oppenheimer, a white South African entrepreneur, whose family still controls the diamond trade around the world.

During the Second World War most Jews from both Amsterdam and Antwerp were either forced to flee or were sent to extermination camps. This had hard consequences on an industry that was mainly controlled by the Jewish community. After the war, Antwerp quickly rebuilt its diamond business.

In 1948, De Beers established a new marketing strategy: it presented diamonds as a symbol of love and marriage, with the motto “a diamond is forever”. A ring with a diamond became the perfect wedding present and it was advertised extensively. This new strategy increased the demand of diamonds, especially in the United States, where not just the economic elite was buying them, but it was also the aspiration of the high-middle class and even of the middle class. As result, De Beers experienced it biggest growth in history turning Antwerp the indisputable capital of the diamond industry.

In 1973 the Antwerp Diamond World Centre (ADWC) was established. It is a public/private corporation, founded by the Belgian government and the most important diamond companies in the city. The Diamond Office, an ADWC’s subsidiary, facilitates the import and export of diamonds in and out of Antwerp.

Antwerp's diamond industry

The Antwerp's diamond industry is concentrated in a part of the city called the diamond district or Diamantkwartier, which covers a complete square mile. According to the ADWC, 84% of the rough diamonds and 50% of the polished ones pass through Antwerp. In 2012 the turnover of the Diamantkwartier was 54 billion euros. Over 16 billion dollars in polished diamonds pass through the district's exchanges each year. There are 380 workshops that serve 1,500 companies. There are also 3,500 brokers, merchants and diamond cutters. The main actions taken in Antwerp are both the trade of rough and cut diamonds and the cut of rough diamonds with modern machinery. They also perform other jobs like applying colour and crafting jewellery. There is even a bank consecrated to the diamond industry, the Antwerp Diamond Bank, which is owned by the KBC Bank.

Traditionally the Jewish community had almost complete control over the diamond business in Antwerp. More than 80% of Antwerp's Jewish population works in the diamond trade. In fact for many years the Yiddish was considered the main language of the diamond exchange. No business is conducted on Saturdays. However, since the late 20th century many Indian, Arminian and Lebanese dealers have increased importance in Antwerp’s diamond trade.

For Belgium, the importance of Antwerp as the diamond capital of the world has been a source of economic incomes and great prestige. The diamond trade counts for 5% of Belgium's exports to the EU and 15% of its exports outside the EU; it is the 5th largest industry in the country. It also has been the reason for a lot of foreign investment.

During the last decade several other cities outside Western Europe have invested on their diamond industry, like Tel Aviv, Tokyo, Hong Kong, Chicago and several cities in South Africa. However, Antwerp still is the most important trade centre in Europe, being Amsterdam its biggest competitor.

In 2017 Antwerp traded 46 billion dollars in diamonds, with a total of 233.6 million of carats. This figures meant a slight improvement, aided by the approval of the Diamond Regime by the Belgian Parliament. This law changed the way of taxation and ended up benefiting the diamond companies of Belgium.

Diamonds and political corruption

Because of its size and the profits it generates, the diamond industry has a lot of influence in Belgian politics, especially in Flanders. It acts as a lobby in favour of specific bills and policies and tries to avoid an increase of regulations. An example of this is when in 1986 an investigation was opened on the business of Abraham Kirschen, who reportedly sold diamonds in the black market to avoid taxation. According to the media, some conservative politicians were linked to the scheme and some 170 diamond traders were investigated for evading a billion dollars in taxes through a bank account in Geneva. The case ended up implicating the second largest diamond company after De Beers, Omega Diamond, and most of the Belgian political establishment. The AWDC rapidly distanced itself from the scandal at the beginning of the controversy, which was to closed without having much negative impact in the industry.

Following this and other scandals, the Belgian government managed to impose more regulations, in order to rule a business that traditionally has shown a lack of transparency and has been prone to tax evasion. But the diamond lobby has been very active and through its political influence has scored some victories. In 2011 it achieved its main goal: the change of the Belgian criminal law.

In 2008 the biggest fraud of a diamond company was discovered by Belgian authorities. The company was Omega Diamonds, established only in 1994 by the Belgian Sylvian Goldberg. The company became the second biggest diamond company after De Beers and had for many years the monopoly of the diamond exports from Angola. An investigation started in 2006 concluded that the company had created a tax fraud scheme. Omega Diamonds imported diamonds from Angola and the Democratic Republic of Congo through Dubai into Antwerp. During the transfer, documents were manipulated allowing the company to conceal the origin of the diamonds. It ordered the shipment of diamonds purchased in Angola and the DRC to be delivered to entities located in Dubai. Upon arrival in Dubai the diamonds were repacked and exported to Antwerp. The new shipment, marked “diamonds of mixed origin”, was issued with an invoice addressed to Omega Diamonds wherein the value of the diamonds was artificially increased. In so doing, the company was able to hide its additional profit from Belgian tax authorities.

In October 2008, Belgian federal police raided the premises of Antwerp-based Omega Diamonds. The raids resulted in a record seizure of 150 million dollars worth diamonds. Companies in Antwerp started to fear similar scrutiny from Belgian courts and the federal police. Because of this, the AWDC asked for political support, and it got help from some politicians, who accused law enforcement of “damaging the reputation” of the diamond industry. A bill meant to block law enforcement from confiscating illegal diamonds, written by AWDC’s lawyers, was introduced by members of the most important political parties of the Belgian establishment.

In December 2010, the sponsors of the 2008 bill became members of a secretive group, “The Diamond Club”, in order to push this legislation, which passed in 2011. According to the law, diamond companies investigated by fraud could avoid prison by paying a sum of money to the public prosecutor, as well as fight back the judicial backlog, and prevent, in many cases, a deeper investigation.

In application of the law, Omega Diamonds agreed in 2013 to pay a settlement of 160 million euros to avoid being prosecuted for tax evasion and money laundering, all that for a fraud that is calculated to have been of over 2 billion euros. The settlement cleared Omega Diamonds of all charges.

The law was controversial, to say the least, and it became very unpopular in Belgium, mainly because almost all parties were involved in it. In 2016 the Federal Constitutional Court of Belgium declared unconstitutional most parts of it. In 2017, the Belgian Parliament set up an inquiry commission to investigate the relation between the law of 2011 and the diamond industry. The commission stated that the blueprint of the law was written by lawyers for the AWDC, but at the moment it hasn't investigated the relations of various politicians with the diamond industry.

Blood diamonds

A blood diamond is the one that is extracted from conflict zones and used for financing wars or violent actions. They have been a very common threat to the image of the diamond industry and nowadays there is a big effort by various diamond companies of tracking the origin of the stones, in order to avoid scandals. However, during the 1980s and 1990s blood diamonds worth millions of dollars flooded from Angola and Sierra Leone to Antwerp, something that still happens today.

Diamonds have a very big value, that’s common knowledge, but in fact a big reason for this value comes from a strategy started by De Beers and followed by other diamond companies. This strategy consists of acquiring the monopoly of diamonds in a certain region and putting them in the market in a way that prices will always remain high. This was firstly done by Cecil Rhodes, and the diamonds in South Africa. If all the diamonds were put in the market at the same time their price will decrease. With this the company always got a big revenue.

Before the Angolan Civil War (1975-2002) there was not much concern on what was the origin of the stones. However, during this war the UNITA group started to use the diamonds extracted in their territory to fund its war against the government. This made diamonds a reason for instability and provided violent groups with weaponry. Because of this there was a big international pressure for the ending of the trading of the Angolan diamonds in 1998, by the UN Security Council resolution 1173. 

A similar situation happened in Sierra Leone with RUF group and its war against government (1991-2002). It is calculated that the RUF extracted yearly a total of 125 million dollars every year. This money was used to fund a war were the RUF committed a series of crimes such as rape, mass killings or mutilations. In the year 2000 the UN Security Council imposed sanctions on diamonds from Sierra Leone.

Even though these sanctions were harmful for both rebel movements a report written by Robert Fowler, chairman of the Security Council committee investigating violations of sanctions on Angola, informed the UN that blood diamonds were still being exported from these countries, most of them arriving to Antwerp, where they were sold in the international market.

 

The 2017 African Diamond Conference organized by the Antwerp Diamond World Centre [ADWC]

The 2017 African Diamond Conference organized by the Antwerp Diamond World Centre [ADWC]

 

The Fowler Report

The Fowler report was very critical with the role of Antwerp as the end stage of all blood diamonds. “The unwillingness or inability of the diamond industry, particularly in Antwerp, to police its own ranks is a matter of special concern to the panel,'” said the report.

The report also stated that the willingness to traffic the diamonds provided by UNITA or RUF “results from the often-expressed fear that stricter regulation would simply cause traders to take their business elsewhere.” It also said that he Belgian authorities had failed to establish a credible system for identifying rough diamonds coming from conflict zones, while making “no serious effort” to keep track of diamond traders known to deal with the rebels. A prominent Antwerp diamond trader trained the diamond experts who work for UNITA, the report said.

The system for concealing the bad practices consisted on transporting the diamonds to third countries that were willing to act as a bridge between the diamond exporter and Antwerp. Two examples of this are Liberia for the Sierra Leone diamonds and Rwanda for the stones from Angola. In fact, Rwanda had a key role in the war in Angola: UNITA transported diamonds to Rwanda which were bought by Antwerp diamond traders and then the money was used to buy guns from Eastern Europe that were transported to Rwanda.

The Fowler report, together with another research made by the international NGO Global Witness, also pointed De Beers to have bought Angolan blood diamonds to maintain its monopoly on diamond sells. De Beers admitted to have done this before the sanctions of the UN, but Global Witness still accuse De Beers of trading with blood diamonds even after the sanctions. According to this report the company bought blood diamonds through its huge network of buying offices in Africa and the company's cartel-like Central Selling Organization, which sets world diamond prices (although it is based in London, many of its diamond traders work in Antwerp).

This severely harmed De Beers' name. Because of this Anthony Oppenheimer, CEO of the company, stopped buying Angolan diamonds except the ones provided directly by the Angolan government. Due to the fall of prestige of diamond industry after the scandals involving blood diamonds De Beers and other diamond companies started to establish more transparent roots of diamond trading to avoid new scandals.

The Kimberly Process

After the effects of the Fowler report the Kimberly Process of Certification Scheme was established to guarantee a fair and clean trade of diamonds. Established in 2003 following a meeting in Kimberly, South Africa, and by the UN General Assembly Resolution 55/56. Belgium took an active role in the establishment of the process. The first step of these process was the system of warranties created by World Diamond Council, all these warranties were incorporated in the Kimberly Process and all its members must follow them:

–Trade only with companies that include warranty declarations on their invoices.

–Not buy diamonds from suspect sources or unknown suppliers, or which originate in countries that have not implemented the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not buy diamonds from any sources that, after a legally binding due process system, have been found to have violated government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

–Not buy diamonds in or from any region that is subject to an advisory by a governmental authority indicating that conflict diamonds are emanating from or available for sale in such region, unless diamonds have been exported from such region in compliance with the Kimberley Process Certification Scheme.

–Not knowingly buy or sell or assist others to buy or sell conflict diamonds.

–Ensure that all company employees that buy or sell diamonds within the diamond trade are well informed regarding trade resolutions and government regulations restricting the trade in conflict diamonds.

Members like the Democratic Republic of Congo have been expelled after being unable to ensure the origins of the stones. Organizations such as Global Witness have criticized the ineffectiveness of the process and its inability to end with the continuing trade of blood diamonds: “Rough and uncut diamonds can easily be smuggled over porous borders from places like the Ivory Coast and can obtain a Kimberley Process certificate from another country before being shipped to Europe.” Other critics accuse the Kimberly process of making the diamond trade too complicated and too bureaucratized and therefore harming developing countries which heavily depend on the diamond trade such as Botswana or South Africa. They underscore that only 0,2% of diamonds in the industry are considered conflict diamonds and during both Angola and Sierra Leone civil war the number never increased over 15%, as it was addressed by the publication Foreign Policy.

The Belgian connection

Despite the efforts of the Kimberly Process and the Belgian government blood diamond still pass through Antwerp, mainly using companies and bank accounts in Switzerland. An example of this was when in March of 2017 Belgian authorities seized 14 million euros worth of diamonds believed to be from the Ivory Coast from a major diamond smuggling ring based in Antwerp. The investigation also led to several Geneva-based firms that used fake certificates to import raw diamonds worth 370 million euros from countries outside the Kimberley Process before selling them to Belgian traders.

Antwerp dealers routinely settle multi-million-dollar transactions in cash and rarely offer receipts, according to a study on diamonds and conflict in Sierra Leone by the NGO Partnership Africa Canada. While illegal operations have a hand in keeping the trade alive in Europe, even legitimate enterprises could be unwittingly involved.

Another case was when in 2015 the Belgian businessman Michael Desaedeleer was arrested in Spain, accused of enslavement and pillaging blood diamonds during Sierra Leone’s civil war. His arrest was a “landmark” because it was the first time an individual resulted detained on international charges related to the exploitation of the war in Sierra Leone to market blood diamonds.

Recently, Zimbabwe has gained recognition as an exporter of blood diamonds and a 2017 report by Global Witness relates these diamonds with the Antwerp diamond industry. Like most of its neighbours, Zimbabwe has diamond mines in its territory. However, in 2006 in the area of Marenga the richest diamond deposits were found –the so called Marenga diamond field. Since its discovery, the extraction of these diamonds has been done either by the government or by companies related to the regime. According to Global Witness these stones are being used to strength the regime and keep the political repression. Because of that most countries and organizations consider it blood diamonds. Since its discovery, there has been an embargo of these diamonds, but the Antwerp industry has tried to make the trade flow between Zimbabwe and the city, sometimes violating the EU sanctions.     

The report mentions confidential government papers that talk about deals between Belgian diamond traders with the Zimbabwean Consolidation Diamond Company (ZCDC), as well as with two other companies in Marenga: Anjin and Jinan, both related to the state-owned military company Zimbabwean Defence Industries (ZDI). Since 2008, the EU imposed sanctions on ZCDC as well as on Anjin and Jinan. However, in 2013 the EU decided to withdrew all sanctions against ZMDC following increasing pressure from state members, especially from Belgium (pressed by the AWDC). The decision was very criticised by human rights groups, and finally the sanctions against the ZDI were kept.

Since 2010 Zimbabwe has officially exported over 2.5 billion dollars in diamonds according to official figures from the Kimberley Process. According to the limited available government reporting, only around 300 million dollars can clearly been identified in public accounts.

The diamond trade is definitely part of the Belgian trade tradition and part of the Belgian economy. As a part of a country with very few natural resources, Antwerp has done around history a big effort to maintain its position as a diamond centre. Bringing money, jobs and prestige to the city. However, it has also brought corruption to the political system and has served as a place for money laundry, tax evasion and financing of violent groups in Africa. With corruption, with money, with prestige and by work and schemes, without question Antwerp is the diamond of Belgian crown.

Pacto de la ONU sobre migración: ausencias clave

Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez

▲ Frontera entre México y Estados Unidos en Anapra, a las afueras de Ciudad Juárez [Dicklyon]

ANÁLISISTúlio Dias de Assis y Elena López-Doriga

Con una votación de 152 países a favor, cinco en contra y doce abstenciones (1), la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el pasado 19 de diciembre el proyecto de resolución que ratificaba el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, acuerdo firmado algunos días antes en la ciudad marroquí de Marrakech. Se trata del primer pacto internacional, bajo los auspicios de la ONU, destinado a abordar la migración a nivel global. Si bien no se trata de un acuerdo vinculante, al ser ejecutado por la Asamblea General de la ONU pretende reiterar principios importantes acerca de la protección de los derechos humanos de los migrantes, de una forma universal y unísona.

A pesar de lo positivo de que se alcanzara un amplio consenso, muchos países se abstuvieron de votar o se posicionaron directamente en contra del pacto, generando incertidumbre sobre su eficacia. Aunque se terminaría llevando a cabo la tan esperada firma en Marrakech, finalmente hubo muchos menos firmantes de los que durante las negociaciones se esperaba. ¿Por qué ese rechazo por parte de algunos países? ¿Y la neutralidad o indiferencia de otros? ¿A qué se deben los múltiples debates que han tenido lugar en varias cámaras parlamentarias a lo largo del mundo en relación al pacto? Estas son algunas de las cuestiones que van a ser abordadas en este análisis.

Antes de abordar el pacto mismo, es importante diferenciar los conceptos de “migrante” y “refugiado”. Un migrante se define como persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente, a menudo por razones económicas y generalmente con el objetivo de mejorar su nivel de vida. Mientras que el concepto de refugiado hace referencia a las personas que huyen de conflictos armados, violencia o persecución y se ven por ello obligadas a abandonar su país natal para garantizar su propia seguridad. Los motivos de la persecución pueden ser de muy diversos tipos: persecuciones étnicas, religiosas, de género, por su orientación sexual, entre otros. En todos ellos, dichas causas han provocado temores fundamentados por su vida, lo que, tras un debido proceso, les convierte en “refugiados” a ojos de la Comunidad Internacional.

Cabe destacar que este pacto aborda únicamente lo referente a los derechos de los migrantes, pues para los refugiados ya existe el referente histórico vinculante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de enmienda de 1967, ambos firmados y ratificados por una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU. Además, habría de mencionarse que, de forma simultánea a la elaboración del pacto migratorio, también fue confeccionado un pacto no vinculante, de carácter similar, sobre la temática de los refugiados. Pacto que fue apoyado por una amplia mayoría de Estados, registrándose apenas dos votos contrarios (EEUU y Hungría) y tres abstenciones (República Dominicana, Libia y Eritrea). Por ello, se podría concluir que al menos en materia de refugiados la mayoría de los países no parece tener ningún problema; en lo que a migrantes se refiere, la opinión parece cambiar bastante.

Los orígenes del texto se remontan a la Declaración de Nueva York sobre los Derechos de los Migrantes y Refugiados de 2016, en la que se propone la elaboración de ambos pactos –por un lado el que concierne a los refugiados, y por otro, el de la migración– como una iniciativa más de la implementación de la Agenda 2030. Desde entonces ambos documentos fueron elaborados de forma paulatina hasta que en julio de 2018 se dio por concluido el texto del que nos concierne.

El documento, de naturaleza no vinculante, consiste de varias partes. La primera, comúnmente llamada “Chapeau”, es simplemente una declaración de valores compartidos que supuestamente deberían poseer todos Estados de la comunidad internacional. Seguidamente figura una lista de 23 objetivos, principalmente en materia de cooperación internacional, en gran medida a través de la Organización Internacional de la Migración (OIM), órgano subsidiario de Naciones Unidas. Finalmente el texto explica cómo ha de ser llevada a cabo la revisión periódica del progreso de los Estados firmantes en lo que se refiere a los 23 objetivos mencionados.

La parte más polémica a lo largo y después de las negociaciones es el Chapeau, especialmente por equiparar los derechos de los migrantes y de los refugiados. El documento en su totalidad también es criticado por no distinguir de forma clara los derechos de los migrantes regulares de los que corresponden a los irregulares. Por último, otra medida altamente controvertida fue el llamado a que los países firmantes faciliten un mayor número de visados.

Otros puntos importantes del texto concitaron un sustancial acuerdo, aunque tampoco se libraron de las críticas de los gobiernos más conservadores: entre ellos la garantía de buenas condiciones y cuidados a los migrantes en casos de deportación, el principio de non-refoulement aplicado a las deportaciones de migrantes (la no devolución de migrantes a zonas conflictivas), la otorgación de derechos sociales a los migrantes en los países en los que se encuentren, la creación de una mejor red de cooperación internacional en materia de migrantes bajo la administración de la OIM, así como la creación de medidas para combatir la discriminación a los migrantes.

 

DIFERENTES POSTURAS

En América

Durante las negociaciones apenas dos países mostraron explícitamente aversión a la elaboración del tratado. Compartiendo la postura de la Hungría de Orbán, se encontraban los EEUU de Trump, que ni tan siquiera se molestó en participar en las negociaciones. La entonces embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, se posicionó rotundamente en contra del acuerdo. “EEUU se enorgullece de su origen migratorio, pero serán los mismos americanos quienes decidirán cómo controlar sus fronteras y quiénes podrán entrar”, declaró Haley, remarcando el interés estadounidense en hacer prevalecer su soberanía nacional. EEUU terminó no firmando el documento.

Además de las razones aportadas por la Administración Trump, la pérdida la dirección de la OIM sufrida por EEUU frente al candidato portugués António Vitorino –y por ende la pérdida del control de la puesta en marcha del pacto– también podría haber tenido bastante peso en su forma de actuar. Quizá no tanto en la decisión primaria de no participar en las negociaciones del pacto, como en la actitud final de no firmarlo. Asimismo, llama la atención el hecho de que varios países que en un principio parecían demostrar apoyo al pacto terminaran retirándose, véase el caso de Brasil tras la toma de posesión de Jair Bolsonaro, o no firmando, como Chile o República Dominicana, que en un principio no se habían opuesto a la propuesta. Esa falta de adhesión se justificaría, según algunos de los negociadores, por los intentos de persuasión de los diplomáticos estadounidenses, aunque ese esfuerzo de EEUU no parece haberse limitado a la esfera latinoamericana. De igual manera, cabe mencionar que la decisión de la delegación dominicana estuvo también en gran medida influenciada por presiones internas procedentes de algunos grupos del legislativo.

En Europa

“Hungría jamás podría aceptar un documento tan partidista, tendencioso y promigración. ¡La migración es un fenómeno peligroso!”. Así empezó la intervención del ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjaártó, durante la celebración del fin de las negociaciones del pacto el pasado 13 de julio. Hungría, junto a EEUU, ha sido de los pocos países que se opusieron a la propuesta desde un principio, pero la representación magyar, al contrario de la estadounidense, sí tomó parte en las negociaciones. El hecho de que la representación magiar adoptara una postura desde el principio tan distinta en comparación con los demás Estados miembros de la Unión Europea hizo que la butaca asignada al cuerpo diplomático europeo estuviera vacía durante la totalidad de  las negociaciones.

Sin embargo, Hungría no fue el único país europeo en tomar una postura tan radical sobre el acuerdo. Cabe destacar que, una vez terminadas las negociaciones, junto a Hungría había en la Asamblea General otros cuatro países opuestos al pacto: Polonia, EEUU, República Checa e Israel. Además, doce más se abstuvieron, incluyendo varios miembros de la UE, como Austria, Bulgaria, Italia, Letonia y Rumanía, mientras que Eslovaquia se ausentó de la votación.

En varios de esos países se produjo un agrio debate parlamentario. En Bélgica, que acabó aceptando el texto, el primer ministro Charles Michel perdió su coalición de gobierno por haber firmado el pacto, ya que la Nueva Alianza Flamenca, su principal aliado en el Ejecutivo, rechazó la ratificación del documento. En el Bundestag también hubo cierta controversia causada por Alternative für Deutschland y algunos miembros de la CDU, aunque finalmente se aprobó la adopción tras una votación en la que una mayoría de 372 a favor, frente a 153 votos en contra y 141 abstenciones, terminó aprobando la medida. En Letonia el parlamento de Riga rechazó claramente el acuerdo, así como los gobiernos de Bulgaria, Austria, Polonia, República Checa y Eslovaquia. Italia y Suiza no aceptaron el pacto en un principio, pero los Ejecutivos de ambos Estados han remitido la decisión a sus respectivos parlamentos para que tengan la palabra final. En el resto de Europa se aceptó el pacto sin mayores problemas, a pesar de que en casi la totalidad de parlamentos nacionales los grupos parlamentarios de extrema derecha o derecha conservadora plantearon objeciones.

China, Rusia y otros

También cabría destacar las posturas de otros países. Australia fue el primero en quitar su apoyo al pacto tras las negociaciones; justificó su salida afirmando que su sistema actual de protección fronteriza es totalmente incompatible con algunas partes del pacto, invocación a la seguridad que también utilizó Israel. China y Rusia terminaron firmando el pacto, pero reiteraron su negativa a cumplir varios de los objetivos. Finalmente prácticamente todos los países de África y Oriente Medio apoyaron la iniciativa, sin plantear especiales resistencias, probablemente debido al hecho de que se trata de regiones donde se originan los flujos migratorios más relevantes.

 

MAL PARA LA UE Y PARA LA ONU

En definitiva, la dificultad de un pacto mundial migratorio reside en la preocupación con que muchos países receptores de migrantes ven estos movimientos de personas. La reticencia de los países europeos se debe en gran medida a la crisis migratoria del Mediterráneo, causada por los varios conflictos del Magreb y Oriente Medio; en el caso de Estados Unidos estaría motivada por los flujos migratorios hacia su frontera con México procedentes de América Central y del Sur. En general, todos los países que se resistieron a la adopción del acuerdo han venido siendo los últimos años puntos de destino de inmigración masiva, frente a la que han establecido estrictos controles fronterizos; en esas sociedades la oposición a una propuesta tan aperturista como la promovida por Naciones Unidas, a pesar de no ser vinculante, se ha visto con normalidad.

En cuanto al panorama europeo, las distintas posturas tomadas por los Estados miembros de la Unión Europea podrían suponer una mala señal de cara la integración europea, puesto que una vez más el Servicio Europeo de Acción Exterior parece haber fracasado en su labor de crear una postura común para la UE. El hecho de que desde el principio la representación europea no estuviera presente, debido a la indisposición inicial de Hungría de modificar su postura, pone en cuestión el servicio diplomático común. Además, la postura inicial común que parecían tener los otros 27 Estados de la UE, al margen de la postura magiar, se desvaneció por completo al final del proceso, dado que varios de ellos terminaron desvinculándose del acuerdo. Eso marcó una clara división dentro de la UE en cuanto a migración, asunto sobre el que ya hay bastantes debates abiertos en las instituciones europeas.

En general, a pesar del gran número de países firmantes, teniendo en cuenta toda la oposición creada y las crisis políticas que se llegaron a dar en algunos países, la iniciativa sobre la migración se podría clasificar como de dudosa efectividad, y en algunos aspectos incluso como un fracaso por parte de la ONU. Es evidente que Naciones Unidas parece haber perdido parte de su capacidad para promover su agenda de carácter global, tal como solía hacer hasta hace una década. Probablemente diez años atrás, Occidente habría aceptado de forma unánime las propuestas migratorias del secretario general; hoy, en cambio, existe una mayor división entre los países occidentales, así como dentro de sus mismas sociedades, entre las que cree el escepticismo hacia la propia organización.

Al fin y al cabo, es evidente que entre los países que se han opuesto a un pacto migratorio global se empieza a notar una cierta alineación en contra del planteamiento idealista en relaciones internacionales, a la vez que se ve un realce de la actitud conocida como realista: no hay más que ver los EEUU de Trump, la Italia de Salvini, la Hungría de Orbán, el Brasil de Bolsonaro y el Israel de Netanyahu, por citar los casos más emblemáticos.

Probablemente, en un futuro, la ONU tenga que adaptar sus proyectos a la nueva realidad política internacional, si es que espera mantener su influencia entre sus Estados miembros. ¿Podrá la ONU adaptarse a esta nueva ola de conservadurismo realista? Indudablemente, tiempos interesantes nos esperan para la siguiente década en el panorama internacional…

 

(1) Votos en contra: Estados Unidos, Hungría, Israel, Polonia y República Checa. Abstenciones: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumanía, Singapur y Suiza.

'Mujeres confort', dificultad en las relaciones coreano-japonesas

ANÁLISISNerea Álvarez

Las relaciones entre Japón y Corea no son fáciles. La anexión japonesa de la península en 1910 sigue muy presente en la memoria coreana. Por su parte, Japón posee un sentido de la historia distorsionado, fruto de haber asumido su culpabilidad en la guerra de modo obligado, forzado por el castigo sufrido en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación estadounidense, y no como consecuencia de un proceso propio de asunción voluntaria de responsabilidades. Todo ello ha llevado a que Japón se resista a revisar su historia, sobretodo la de su época imperialista.

Uno elemento clave que dificulta una reconciliación sincera entre Japón y los países vecinos que se vieron invadidos por los nipones en la primera mitad del siglo XX son las mujeres de consuelo o “mujeres confort”. Este grupo de mujeres, procedentes de China, Filipinas, Myanmar, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea del Sur (alrededor del 80% provenían de este último país), son una consecuencia de la expansión de Japón comenzada en 1910. Durante este periodo, los soldados japoneses se llevaron aproximadamente entre 70.000 y 200.000 mujeres a estaciones de confort donde estos abusaban sexualmente de ellas. Estas estaciones siguieron en marcha en Japón hasta finales de los años 40. Según los testimonios de las mujeres supervivientes, los soldados japoneses se las llevaban de diversas formas: secuestro, engaño y extorsión son solo algunos ejemplos.

Según el testimonio de Kim Bok-Dong, una de las mujeres supervivientes, los soldados nipones adujeron que debían llevársela para trabajar en una fábrica de uniformes porque no tenían suficiente personal. En aquel entonces ella tenía 14 años. Los soldados prometieron a su madre devolvérsela una vez fuese mayor para casarse, y amenazaron con el exilio a toda la familia si no los padres no permitían la marcha de la joven. Fue transportada en ferri desde Busan hasta Shimonoseki (prefectura de Yamaguchi, en Japón), junto con otras treinta mujeres. Después tomaron otro barco que las transportó a Taiwán y luego a la provincia de Guangdong. Allí fueron recibidas por oficiales, que las acompañaron hasta el interior de un edificio donde les esperaban médicos. Examinaron sus cuerpos y las acompañaron a sus habitaciones. Las mujeres fueron agredidas y violadas repetidamente. Tras varias semanas, muchas pensaban en el suicidio: “Estábamos mucho mejor muertas” (Kim Bok-Dong, 2018). Muchas murieron debido a las condiciones a las que se les sometía, a causa de enfermedades, asesinadas por los soldados japoneses en los últimos años de la guerra o, si tenían oportunidad, suicidándose. Se estima que sobrevivieron alrededor de un cuarto o un tercio de las mujeres.

Largo proceso

Tras la guerra y pese a conocerse los hechos, ese dramático pasado fue quedando relegado en la historia, sin que se le prestara la atención necesaria. Corea del Sur no estaba preparada para ayudar a estas mujeres (y Corea del Norte había entrado en un absoluto aislamiento). Durante los años 60, las relaciones entre la República de Corea y Japón empeoraron debido a las políticas antijaponesas de los líderes políticos surcoreanos. En 1965, Tokio y Seúl firmaron el Tratado de Normalización, pero quedó demostrado que los asuntos económicos eran lo prioritario. Se tendieron puentes de cooperación entre ambos países, pero el conflicto emocional impedía y sigue impidiendo mayor relación en campos alejados del económico. Japón sigue alegando que en el Tratado de Normalización se encuentran los argumentos para descartar que estas mujeres posean el derecho de legitimación ante tribunales internacionales, aunque en el texto no se las mencione.

Las cosas comenzaron a cambiar en los años 70, cuando se formó en Japón la Asociación de las Mujeres Asiáticas, la cual empezó a arrojar luz sobre este aspecto de la historia reciente. Al principio, incluso el Gobierno coreano ignoró el problema. La razón principal fue la falta de pruebas de que los hechos hubieran ocurrido, ya que el Gobierno de Japón había mandado destruir los documentos comprometedores en 1945. Además, Japón impidió que el Gobierno surcoreano reclamara reparaciones adicionales por daños incurridos durante el período colonial basándose en el tratado de 1965.

La cultura del sudeste asiático jugó un papel importante en la ocultación de los hechos acontecidos. El valor de mantener las apariencias en la cultura oriental primaba sobre la denuncia de situaciones como las vividas por estas mujeres, que debieron callar durante décadas para no ser repudiadas por su familia.

Cuando la República de Corea se democratizó en 1987, el Gobierno surcoreano comenzó a darle importancia a esta cuestión. En 1990, el presidente Roh Tae Woo, pidió al Gobierno de Japón una lista con los nombres de las mujeres, pero la respuesta desde Tokio fue que esa información no existía porque los documentos se habían destruido. El dirigente socialista Motooka Shoji, miembro de la Cámara Alta de la Dieta japonesa, reclamó que se investigara lo ocurrido, pero el Parlamento alegó que el problema ya se habría resuelto con el Tratado de Normalización de 1965. En 1991, Kim Hak-Sun, una de las mujeres que sobrevivieron a la explotación sexual, presentó la primera demanda judicial, siendo la primera víctima en hablar de su experiencia. Esto supuso el arranque de la lucha de un grupo de más de cincuenta mujeres coreanas que pedían el  reconocimiento de los hechos y una disculpa oficial del Gobierno japonés. A partir del 8 de enero de 1992, “todos los miércoles a las 12 del mediodía, las víctimas junto a miembros del Consejo Coreano y otros grupos sociales marchan frente a la Embajada de Japón en Seúl. La marcha consiste en levantar carteles exigiendo justicia y perdón y expresar en público sus reclamos”.

El Gobierno de Tokio negó toda implicación en el establecimiento, reclutamiento y  estructuración del sistema de las mujeres de confort desde el principio. No obstante, desde la Secretaría del Gabinete tuvo que emitirse en 1992 una disculpa, aunque fue vaga y demasiado genérica, dirigida a todas las mujeres por los actos cometidos durante la guerra. No fue hasta ese año que el Gobierno japonés reconoció su implicación en la administración y supervisión de estas estaciones. La UNHRC determinó entonces que las acciones del Gobierno nipón representaban un crimen contra la humanidad que violó los derechos humanos de las mujeres asiáticas.

En 1993, Japón admitió haber reclutado bajo coerción a las mujeres coreanas. La coerción era la palabra clave para desmentir las declaraciones previas, que indicaban que estas mujeres se dedicaban a la prostitución voluntariamente. El secretario del Gabinete, Yohei Kono, declaró que “el ejército japonés estuvo, directa o indirectamente, involucrado en el establecimiento y la gestión de las estaciones de confort, y en el traslado de mujeres de confort... que, en muchos casos, fueron reclutados en contra de su propia voluntad”. El Gobierno de Japón ofreció sus disculpas, arrepintiéndose de lo sucedido, pero no hubo compensación a las víctimas. En 1994, la Comisión Internacional de Juristas recomendó a Japón pagar la cantidad de $40.000 a cada superviviente. El Gobierno quiso estructurar un plan para pagar a las mujeres con fondos no gubernamentales, pero el Consejo Coreano para las mujeres raptadas por Japón como exclavas sexuales, fundado en 1990 e integrado por 37 instituciones no se lo permitió.

En 1995, el primer ministro Murayama Tomiichi sentó las bases del Asian Women’s Fund, que serviría para proteger los derechos de las mujeres en Japón y en el mundo.  A ojos internacionales, esta organización se vio como una excusa para escapar de las responsabilidades legales requeridas, ya que se recaudaba dinero público, lo que hacía que la participación del Gobierno fuese casi imperceptible. Además, comenzó a hacerse oír una creciente opinión minoritaria de ciudadanos afines a la derecha japonesa que calificaban a las mujeres confort de ‘prostitutas’, a las que no era necesario compensar de ningún modo.

No obstante, la compensación monetaria es una de las cuestiones que menos ha importado a este grupo de mujeres. Su prioridad ante todo es restaurar su dignidad. Que el Gobierno japonés no se haya implicado directamente y no acalle opiniones como las de la minoría derechista, es probablemente lo que más les afecte. Ante todo, estas mujeres luchan por que Tokio reconozca los hechos públicamente y ofrezca una disculpa oficial por lo ocurrido.

La ONU ha seguido tomando el papel de mediador a lo largo de los años. Encontramos en varios documentos pertenecientes a la UNHRC declaraciones que instan a Japón a resolver el problema. En un documento que revisa la primera demanda de la organización (2 de febrero de 1996) en el Consejo de los Derechos Humanos, figura la respuesta del primer ministro Ryutaro Hashimoto: “la cuestión acerca de las reparaciones se resolvió mediante tratados de paz y el Gobierno nunca pagará una indemnización a las víctimas”.

En el documento en cuestión, se clasifica de esclavitud militar a las estaciones de confort. Japón respondió negando cualquier tipo de responsabilidad legal, dada la incapacidad de aplicarse retroactivamente la ley internacional del momento, la imprecisión de la definición de estaciones de confort, la no vigencia de leyes contra la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial y la no prohibición en las leyes internacionales de cometer violaciones en situaciones de conflicto internacional. Además, adujo que las leyes existentes durante la guerra solo se podían aplicar a la conducta cometida por los militares japoneses contra ciudadanos de un Estado beligerante, pero no contra los ciudadanos de Corea, ya que esta fue anexionada y formaba parte del territorio japonés.

En 1998, la abogada estadounidense Gay J. McDougall presentó ante la UNHRC un documento que concluía que las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Japón eran crímenes contra la humanidad. Más tarde, ese mismo año, la ONU adoptó el texto y cambió la definición previa a estaciones de violación.

 

Estatua de bronce de una “mujer de consuelo” frente a la embajada de Japón en Seúl [Wikipedia]

 

Entendimiento que no llega

A lo largo de los años, el problema no ha hecho más que crecer y la política japonesa ha ido alejándose de un posible camino de mejora de las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Este problema de revisión de la historia es la base de los movimientos políticos que observamos en Japón desde 1945. Las reformas impuestas por la ocupación estadounidense y los tribunales de Tokio jugaron un papel de gran importancia, así como el Tratado de San Francisco, firmado en 1948. Todo ello ha establecido en la población japonesa una aceptación pasiva de la historia pasada y de sus responsabilidades.

Al haber sido juzgados en los tribunales de 1948, la responsabilidad y culpabilidad que cargaban los nipones se creyó absuelta. Por otro lado, la ocupación de EEUU sobre el archipiélago, tomando el control militar, afectó al orgullo de los ciudadanos. La transformación de la economía, la política, la defensa y, sobretodo, la educación también tuvo sus repercusiones. Desde los comienzos democráticos de Japón, la política se ha centrado en una defensa pasiva, una educación antinacionalista y unas relaciones exteriores alineadas con los intereses de la potencia norteamericana.

Sin embargo, tras las elección como primer ministro en 2012 de Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático (LDP), se han introducido numerosos cambios en la política exterior e interior del país, con reformas en campos que van desde la economía hasta la educación y la defensa. Respecto a esta última, Abe se ha enfocado mayormente en reintroducir la fuerza militar en Japón a partir de una enmienda en el artículo 9 de la Constitución de 1945. Este giro se debe a la ideología propia del partido, que quiere dar a Japón un mayor peso en la política internacional. Uno de los puntos clave en su Gobierno es precisamente la postura frente al polémico tema de las mujeres confort.

En 2015, Shinzo Abe y la presidenta de la República de Corea, Park Geun-hye, firmaron un tratado en el que se establecían tres objetivos a cumplir: las disculpas oficiales de Japón, la donación de mil millones de yenes a una fundación surcoreana para el beneficio de estas mujeres y la retirada de la estatua en recuerdo de las mujeres confort levantada frente a la embajada de Japón en Seúl. Este tratado fue el mayor logro en el largo proceso del conflicto, y fue recibido como la solución a tantos años de disputa. Los dos primeros objetivos se cumplieron, pero la controvertida estatua no fue apartada de su emplazamiento. La llegada del presidente Moon Jae-in en 2017 complicó la completa implementación del acuerdo. Ese año, Moon criticó abiertamente el tratado, por considerar que deja de lado a las víctimas y al pueblo coreano en general. Su presidencia ha variado ciertos enfoques estratégicos de Corea del Sur y se desconoce exactamente qué quiere conseguir con Japón.

Acuerdo pendiente

Lo que sí puede concluirse es que retrasar la solución no es beneficioso para ninguna de las partes. Dejar el problema abierto está frustrando a todos los países involucrados, sobre todo a Japón. Un ejemplo de ello es la reciente ruptura de la hermandad entre las ciudades de San Francisco y Osaka en 2018 debido a una estatua en la población estadounidense que representa a las víctimas de este conflicto. En ella se encuentran tres niñas, una niña china, una coreana y una filipina, cogiéndose de las manos. El alcalde de Osaka, Hirofumi Yoshimura, y su predecesor, Toru Hashimoto, habían escrito cartas a su ciudad hermanada desde que se redactó la resolución para construir el memorial. Asimismo, dentro del propio LDP, Yoshitaka Sakurada, calificó de ‘prostitutas’ a este grupo de mujeres en 2016; poco después de haber establecido el tratado de 2015 sobre este tema. Eso ha provocado una respuesta negativa al tratado, ya que se cree que en realidad Japón no busca la reconciliación, sino olvidar el tema sin aceptar la responsabilidad que conlleva. 

El problema radica en cómo afrontan la controversia estos países. La República de Corea, con el presidente Moon, busca cerrar las heridas pasadas con nuevos acuerdos, pero Japón solo aspira a cerrar el asunto lo antes posible. La renegociación de un tratado no es la mejor opción para Japón: incluso buscando la mejor solución para ambas partes, saldría perdiendo. En caso de que el presidente Moon logre llegar a un nuevo acuerdo con el primer ministro Abe para solventar los problemas del anterior tratado, se demostraría que las negociaciones anteriores y las medidas adoptadas por Japón en 2015 han fracasado.

Por muchas disculpas que el Gobierno de Japón haya emitido a lo largo de los años, nunca se ha aceptado la responsabilidad legal sobre las acciones en relación a las mujeres confort. Mientras que esto no suceda, no se pueden proyectar futuros escenarios donde la discusión se solucione. El presidente Moon renegociará el tratado con Japón, pero las probabilidades de que resulte son escasas. Todo indica que Japón no tiene ninguna intención de renegociar el tratado ni de hacerse cargo legalmente. Si no alcanzan una solución, las relaciones entre los dos países se pueden llegar a deteriorar debido a la carga emocional que presenta el problema.

La raíz de las tensiones se sitúa en el pasado histórico y su aceptación. Tanto Moon Jae-in como Shinzo Abe deben reevaluar la situación con ojos críticos en relación a sus propios países. Japón debe comenzar a comprometerse con las acciones pasadas y la República de Corea debe mantenerse una posición constante y decidir cuáles son sus prioridades respecto a las mujeres confort. Solo ello puede permitirles avanzar en la búsqueda del mejor tratado para ambos.

Adiós Asia-Pacífico, hola Indo-Pacífico: China convierte a India en el 'reino del Medio'

Área del Indo-Pacífico y territorios adyacentes

▲Área del Indo-Pacífico y territorios adyacentes [Wikimedia-Commons]

ANÁLISISEmili J. Blasco

Estamos asistiendo al nacimiento efectivo de Eurasia. Si esa palabra surgió como artificio, para reunir dos geografías adyacentes, sin relación, hoy Eurasia está emergiendo como realidad, en una única geografía. El catalizador ha sido sobre todo la apertura hacia Poniente de China: en la medida en que China ha comenzado a ocuparse de su parte trasera –Asia Central–, y ha dibujado nuevas rutas terrestres hacia Europa, las distancias entre los márgenes de Eurasia también se han ido reduciendo. Los mapas de la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda tienen como efecto primero presentar un único continente, de Shanghái a París o Madrid. La guerra comercial entre Pekín y Washington y el desamparo europeo del otrora paraguas estadounidense contribuyen a que China y Europa se busquen mutuamente.

Una consecuencia de la mirada cruzada desde los dos extremos del supercontinente, cuyo encuentro construye ese nuevo mapa mental de territorio continuo, es que el eje mundial se traslada al Índico. Ya no está en el Atlántico, como cuando Estados Unidos retomó de Europa el estandarte de Occidente, ni tampoco en el Pacífico, adonde se había movido con el fenómeno emergente del Este asiático. Lo que parecía ser la localización del futuro, el Asia-Pacífico, está cediendo el paso al Indo-Pacífico, donde ciertamente China no pierde protagonismo, pero queda más sujeta al equilibrio de poder euroasiático. La ironía para China es que queriendo recuperar su pretérita posición de Reino del Medio, sus planes expansivos acaben dando centralidad a India, su velada némesis.

Eurasia se encoge

La idea de un encogimiento de Eurasia, que reduce su vasta geografía al tamaño de nuestro campo visual, ganando en entidad propia, fue expresada hace dos años por Robert Kaplan en un ensayo que luego ha recogido en su libro The Return of Marco Polo's World (2018)[1]. Justamente el renacimiento de la Ruta de la Seda, con sus reminiscencias históricas, es lo que ha acabado por poner en un mismo plano en nuestra mente Europa y Oriente, como en unos siglos en los que, desconocida América, no existía nada allende los océanos circundantes. “A medida que Europa desaparece”, dice Kaplan en referencia a las crecientemente vaporosas fronteras europeas, “Eurasia se cohesiona”. “El supercontinente se está convirtiendo en una unidad fluida y global de comercio y conflicto”, afirma.

Para Bruno Maçães, autor de The Down of Eurasia (2018)[2], hemos entrado en una era euroasiática. A pesar de lo que cabría haber predicho hace tan solo un par de décadas, “este siglo no será asiático”, asegura Maçães. Tampoco será europeo o americano, sino que estamos como en aquel momento, al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se pasó de hablar de Europa a hacerlo de Occidente. Ahora Europa, desprendida de Estados Unidos, según argumenta este autor portugués, también pasa a integrarse en algo mayor: Eurasia.

Teniendo en cuenta ese movimiento, tanto Kaplan como Maçães vaticinan una disolución de Occidente. El americano pone el acento en las deficiencias de Europa: “Europa, al menos como la hemos conocido, ha comenzado a desaparecer. Y con ella Occidente mismo”; mientras que el europeo señala más bien el desinterés de Estados Unidos: “Uno tiene la sensación de que la vocación universalista estadounidense no es garantizar la preeminencia global de la civilización occidental, sino seguir como la única superpotencia global”.

Cambia el eje del mundo

A raíz del descubrimiento español de América, en el siglo XVI se veía coronar una traslación gradual hacia Occidente de la hegemonía y de la civilización en el mundo. “Los imperios de los persas y de los caldeos habían sido reemplazados por los de Egipto, Grecia, Italia y Francia, y ahora por el de España. Aquí permanecería el centro del mundo”, escribe John Elliott citando un escrito de la época, del humanista Pérez de Oliva[3]. La idea de estación final también se tuvo cuando el peso específico del mundo se situó en el Atlántico, y luego en el Pacífico. Hoy proseguimos de nuevo ese viraje hacia Poniente, hasta el Índico, sin ya quizá mucho ánimo de darlo por definitivo, aunque se complete la vuelta sobre cuyos inicios teorizaron los renacentistas.

Al fin y al cabo, también ha habido traslaciones del centro de gravedad en sentido contrario, si atendemos a otros parámetros. En las décadas posteriores a 1945 la localización media de la actividad económica entre diferentes geografías estuvo situada en el centro del Atlántico. Con el cambio de siglo, sin embargo, el centro de gravedad de las transacciones económicas ha estado emplazado al Este de las fronteras de la Unión Europea, según apunta Maçães, quien pronostica que en diez años el punto medio estará en la frontera entre Europa y Asia, y a mitad del siglo XXI entre India y China, países que están “abocados a desarrollar la mayor relación comercial del mundo”. Con ello, India “puede convertirse en el nudo central entre los extremos del nuevo supercontinente”. Moviéndonos hacia un lado del planeta hemos llegado al mismo punto –el Índico­– que en el viaje en sentido contrario.

El mundo isla

A diferencia del Atlántico y del Pacífico, océanos que en el globo se extienden verticalmente, de polo a polo, el Índico se despliega horizontalmente y en lugar de encontrar dos riberas, tiene tres. Eso hace que África, al menos su zona oriental, forme parte también de esta nueva centralidad: si la rapidez de navegación propiciada por los monzones ya facilitó históricamente un estrecho contacto del subcontinente indio con la costa este africana, hoy las nuevas rutas de la seda marítimas pueden acrecentar aún más los intercambios. Eso y la creciente llegada de migrantes subsaharianos a Europa refleja un fenómeno centrípeto que incluso da pie a hablar de Afro-Eurasia. Así que, como apunta Kaplan, referirse al mundo isla como en su día hizo Halford Mackinder “ya no es algo prematuro”. Maçães recuerda que Mackinder veía como una dificultad para percibir la realidad de ese mundo isla el hecho de que no fuera posible circunnavegarlo por completo. Hoy esa percepción debiera ser más fácil, cuando se está abriendo la ruta del Ártico.

En el marco de las teorías complementarias –verso y reverso– de Halford Mackinder y de Nicholas Spykman sobre el Heartland y el Rimland, respectivamente, cualquier centralidad de India tiene que traslucirse en poder marítimo. Cerrado su acceso al interior de Asia por el Himalaya y por un antagónico Pakistán (le queda el único y complejo paso de Cachemira), es en el mar donde India puede proyectar su influencia. Como India, también China y Europa están en el Rimland euroasiático, desde donde todas esas potencias disputarán el equilibrio de poder entre ellas y también con el Heartland, que básicamente ocupa Rusia, auque no en exclusiva: en el Heartland también se encuentran las repúblicas centroasiáticas, que cobran un especial valor en la competencia por el espacio y los recursos de un encogido supercontinente.

Pivot a Eurasia

En esta región del Indo-Pacífico, o del Gran Índico, que va del Golfo Pérsico y las costas de África oriental hasta la segunda cadena de islas de Asia-Pacífico, a Estados Unidos le corresponde un papel exterior. En la medida en que el mundo isla se cohesiona, queda más remarcado el carácter satelital estadounidense. La gran estrategia de Estados Unidos deviene entonces en lo que ha sido el tradicional imperativo del Reino Unido con respecto a Europa: impedir que una potencia domine el continente, algo que más fácilmente se logra apoyando a una u otra potencia continental para debilitar a la que en cada momento sea más fuerte (Francia o Alemania, según la época histórica; hoy Rusia o China). Ya en la Guerra Fría, Estados Unidos se esforzó por impedir que la URSS se alzara en hegemón al controlar también Europa Occidental. Eurasia entra en un juego de equilibrio de poder presumiblemente intenso, como lo fue el escenario europeo entre el siglo XIX y el XX.

Por eso, Kaplan dice que Rusia puede ser contenida mucho más por China que por Estados Unidos, como también Washington debiera aprovechar a Rusia para limitar el poder de China, a sugerencia de Henry Kissinger. Para ello, el Pentágono debiera ampliar hacia el Oeste la presencia estratégica que tiene en el Pacífico Occidental: si como potencia exterior y marítima no puede acceder al centro continental de Eurasia, sí puede tomar posición en las entrañas mismas de esa gran región, que es el propio Índico.

“Si Obama hizo el pivot a Asia, entonces Trump ha pivotado a Eurasia. Quienes toman decisiones en Estados Unidos parecen crecientemente conscientes de que el nuevo centro de gravedad en la política mundial no es el Pacífico ni el Atlántico, sino el Viejo Mundo entre los dos”, ha escrito Maçães en un ensayo posterior a su libro[4].

 

Imagen de la presentación oficial de la Free and Open Indo-Pacific Strategy japonesa

Imagen de la presentación oficial de la Free and Open Indo-Pacific Strategy japonesa [Mº Exteriores de Japón]

 

Alianzas con India

El cambio de foco desde Asia-Pacífico al Indo-Pacífico por parte de Estados Unidos fue expresado formalmente en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada en diciembre de 2017, el primero de ese tipo de documentos elaborado por la Administración Trump. Consecuentemente, Estados Unidos ha rebautizado su Comando del Pacífico como Comando del Indo-Pacífico.

La estrategia de Washington, como la de otros destacados países occidentales de la región, sobre todo Japón y Australia, pasa por una coalición de algún tipo con India, por el carácter central de este país y como mejor manera de contener a China y Rusia.

La conveniencia de una mayor relación con Nueva Dehli ya fue esbozada por Trump durante la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Washington en junio de 2017, y luego por el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, en octubre de 2017. El sucesor de este, Mike Pompeo, abordó un marco más definido en julio de 2018, cuando anunció ayudas de 113 millones de dólares para proyectos destinados a lograr una mayor conectividad de la región, desde tecnologías digitales a infraestructuras. El anuncio fue entendido como el deseo estadounidense de hacer frente a la Iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda lanzada por China.

En ocasiones, la Estrategia para el Indo-Pacífico de Estados Unidos se presenta asociada a la Estrategia para un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), que es el nombre puesto por Japón para su propia iniciativa de cooperación para la región, ya expuesta hace diez años por el primer ministro japonés Shinzo Abe. Ambas son coincidentes en contar con India, Japón, Australia y Estados Unidos como los principales garantes de la seguridad regional, pero presentan dos principales divergencias. Una es que para Washington el Indo-Pacífico va desde el litoral oriental de India hasta la costa oeste estadounidense, mientras que en la iniciativa japonesa el mapa va del Golfo Pérsico y la costa africana a Filipinas y Nueva Zelanda. La otra tiene que ver con la manera de percibir a China: la propuesta japonesa busca la cooperación china, al menos en el nivel declarativo, mientras que el propósito estadounidense es hacer frente a los “riesgos de dominio chino”, como se consigna en la Estrategia de Seguridad Nacional.

India también ha elaborado una iniciativa propia, presentada en 2014 como Act East Policy (AEP), con el objeto de potenciar una mayor cooperación entre India y los países de Asia-Pacífico, especialmente de la ASEAN. Por su parte, Australia expuso su Policy Roadmap para la región en 2017, que descansa en la seguridad que ya viene prestando Estados Unidos y aboga por un continuado entendimiento con las “las democracias indo-pacíficas” (Japón, Corea del Sur, India e Indonesia).

Otras consecuencias

Algunas otras consecuencias del nacimiento de Eurasia, de diferente orden e importancia, son:

–La Unión Europea no solo está dejando de ser atrayente como proyecto político e incluso económico para sus vecinos, debido a sus problemas de convergencia interna, sino que la realidad de Eurasia la reduce a ser una península en los márgenes del supercontinente. Por ejemplo, pierde cualquier interés la vieja cuestión de si Turquía forma o no parte de Europa: Turquía va a tener una mejor posición en el tablero.

–Adquieren toda su importancia los corredores que China quiere tener abiertos hacia el Índico (Myanmar y, sobre todo, Pakistán). Sin poder recobrar el estatus milenario de Reino del Medio, China valorará aún más disponer de la provincia de Xinjiang como modo de estar menos escorada en un lado del supercontinente y como plataforma para una mayor proyección hacia el interior del mismo.

–El pivot a Eurasia por parte de Estados Unidos obligará a Washington a distribuir sus fuerzas en una mayor extensión de mar y sus riberas, con el riesgo de perder poder disuasorio o de intervención en determinados lugares. Cuidar el Índico puede llevarle, sin pretenderlo, a descuidar el Mar de China Meridional. Un modo de ganar influencia en el Índico sin gran esfuerzo podría ser trasladar la sede de la Quinta Flota de Bahréin a Omán, igualmente a un paso del estrecho de Ormuz, pero fuera del Golfo Pérsico.

–Rusia se ha visto tradicionalmente como un puente entre Europa y Asia, y ha contado con alguna corriente defensora de un euroasianismo que presentaba Eurasia como un tercer continente (Rusia), con Europa y Asia a cada lado, y que reservaba el nombre de Gran Eurasia al supercontinente. En la medida en que este se encoja, Rusia se beneficiará de la mayor conectividad entre un extremo y otro y estará más encima de sus antiguas repúblicas centroasiáticas, aunque estas tendrán contacto con un mayor número de vecinos.

 

(1) Kaplan, R. (2018) The Return fo Marco Polo's World. War, Strategy, and American Interests in the Twenty-First Century. Nueva York: Random House

(2) Maçães, B. (2018) The Dawn of Eurasia. On the Trail of the New World Order. Milton Keynes: Allen Lane

(3) Elliott, J. (2015) El Viejo Mundo y el Nuevo (1492-165). Madrid: Alianza Editorial

(4) Maçães, B. (2018). Trump's Pivot to Eurasia. The American Interest. 21 de agosto de 2018

South Korea’s soft power strategies to deal with North Korea’s threat

Kim Jung-un and Moon Jae-in met for the first time in April, 2018 [South Korea Gov.]

▲Kim Jung-un and Moon Jae-in met for the first time in April, 2018 [South Korea Gov.]

ANALYSISKanghun Ji

North Korea has always utilized its nuclear power as a leverage for negotiation in world politics. Nuclear weapons, asymmetric power, are the last measure for North Korea which lacks absolute military and economic power. Although North Korea lags behind the United States and South Korea in military/economic power, its possession of nuclear weapons renders it a significant threat to other countries. Recently, however, they have continued to develop their nuclear power in disregard of international regulations. In other words, they have not used nuclear issue as a leverage for negotiation to induce economic support. They have rather concentrated on completing nuclear development, not considering persuasion from peripheral countries. This attitude can be attributed to the fact that the development of their nuclear power is almost complete. Many experts say that North Korea judges the recognition of their nation with nuclear power to be a more powerful negotiation tool (Korea times, 2016).

In this situation, South Korea has been trying many different kinds of strategies to resolve the nuclear crisis because security is their main goal: United States-South Korea joint military exercises and United Nations sanctions against North Korea are some of those strategies. Despite these oppressive methods using hard power, North Korea has refused to participate in negotiations.

Most recently, however, North Korea has discarded its previous stance for a more peaceful and amicable position following the PyeongChang Olympics. Discussions about nuclear power are proceeding and the nation has even declared that they will stop developing nuclear power.

Diverse causes such as international relations or economic needs influence their transition. This essay would argue that the soft power strategies of South Korea are substantially influencing North Korea. Therefore, an analysis of South Korea’s soft power strategies is necessary in order to figure out the successful way to resolve the nuclear crisis.

Importance of soft-power strategies in policies against North Korea

North Korea has justified its dictatorship through the development of its ‘Juche’ ideology which is very unique. This ideology is established on the theory of ‘rule by class’ which stems from Marxism-Leninism. In addition, the regime has combined it with Confucianism that portrays a dictator as a father of family (Jung Seong Jang, 1999). Through this justification, a dictator is located at the top of class, which would complete the communist ideal. People are taught this ideology thoroughly and anyone who violates the ideology is punished. To open up this society which has formerly been ideologically closed, their ideology should be undermined by other attractive ideology, culture, and symbol.

However, North Korea has effectively blocked it. For example, recently, many people in North Korea have covertly shared TV shows and music from South Korea. People who are caught enjoying this culture are severely punished by the government. In these types of societies, oppression through hard power strategies doesn’t affect making any kind of change in internal society. It rather could be used to enhance internal solidarity because the potential offenders such as United States or South Korea are postulated as certain enemies to North Korea, which requires internal solidarity to people. North Korea has actually depicted capitalism, United States and South Korea as the main enemies in media. It intends to induce loyalty from people.

As a result, the regime have developed nuclear weapons successfully under strong censorship. Nuclear power is the main key to maintain the dictatorship. The declaration of ‘Nuclear-Economy parallel development’ from the start of Kim Jung-Eun’s government implies that the regime would ensure nuclear weapon as a measure to maintain its system. In this situation, sending the message that its system can coordinately survive alongside South Korea in world politics is important. Not only oppressive strategies but also appropriate strategies which attract North Korea to negotiate are needed.

Analysis of South Korea Soft Power Strategies

In this analysis, I will employ a different concept of soft power compared from the one given by Joseph Nye. Nye’s original concept of soft power focuses on types of behavior. In terms of his concept, co-optive power such as attraction and persuasion also constitutes soft power regardless of the type of resource (Joseph Nye, 2013). However, the concept of soft power I will use focuses on what types of resources users use regardless of the type of behaviors. Therefore, any kinds of power exerted by only soft resources such as images, diplomacy, agenda-setting and so on could be soft power. It is a resource-based concept compared to Nye’s concept which is behavior based (Geun Lee, 2011).

I use this concept because using hard resources such as military power and economic regulation to resolve the nuclear problem in North Korea has been ineffective so far. Therefore, using the concept of soft power which is based on soft resources makes it possible to analyze different kinds of soft power and find ways to improve it.

According to the thesis by Geun Lee (2011: p.9) who used the concept I mentioned above, there are 4 categories of Soft Power. I will use these categories to analyze the soft power strategies of South Korea.

1. Application of soft resources – Fear – Coercive power (or resistance)

2. Application of soft resources – Attractiveness, Safety, Comfort, Respect – Co-optive power

3. Application of soft resources (theories, interpretative frameworks) – New ways of thinking and calculating – Co-optive power

4. Socialization of the co-optive power in the recipients – Long term soft power in the form of “social habit”

 

1. Oppression through diplomacy: Two-track diplomacy

South Korea takes advantage of soft power strategies that request a global mutual-assistance system in order to oppress North Korea. Based on diplomatic capabilities, South Korea has tried to make it clear that all countries in world politics are demanding a solution to the North Korean nuclear crisis. Through these strategies, it wants to provoke fear in North Korea that it would be impossible to restore its relationship with the world. These strategies have been influential because they are harmonized with United Nations’ Security Council resolutions. Especially, the two-track diplomacy conducted by the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly in 2017 is evaluated to be successful. He gave North Korea two options in order to attract them to negotiate (The fact, 2017). The president Moon-jae-in stressed the importance of cooperation about nuclear crisis among countries in his address to the general assembly. Moreover, he discussed the issue with the presidents of United States and Japan and pushed for a firm stance against the North Korea nuclear problem. However, at the same time, he declared that South Korea is ready for peaceful negotiation and discussion if North Korea wish to negotiate and stop developing its nuclear power. By offering two options, South Korea not only aimed to incite fear in North Korea but also left room for North Korea to appear at the negotiation tables.

Strategies using diplomatic capabilities are valuable because they can induce coercive power through soft resources. However, it would be difficult to judge the effectiveness if North Korea didn’t show any reaction to these strategies. Moreover, the cooperation with Russia and China is very important to persuade North Korea because they are maintaining amicable relationships with North Korea against United States and Japan. In the situation that North Korea has aimed to complete development of nuclear weapons for negotiation, diplomatic oppression is not effective itself for making change.

 

Joint statement by the leaders of North and South Korea, in April 2018 [South Korea Gov.]

Joint statement by the leaders of North and South Korea, in April 2018 [South Korea Gov.]

 

2. Sports and culture: Peaceful gesture

The attempt to converse through sports and culture is one of the soft power strategies used by South Korea in order to solve the nuclear crisis. This strategy intends to obtain North Korea’s cooperation in non-political areas which could then spread to political negotiations. As a result of this strategy, South Korea and North Korea formed a unified team during the last Olympics and Asian games (Yonhapnews, 2018). However, for it to be a success, their cooperation should not be limited to the non-political area, but instead should lead to a constructive conversation in politics. In these terms, South Korea’s peaceful gesture in the Pyeong-Chang winter Olympic is seen to have brought about positive change. Before the Olympics, many politicians and experts were skeptical to the gesture because North Korea conducted the 6th nuclear test in 2017, ignoring South Korea’s message (Korea times, 2018). In extension of the two-track diplomacy strategy, nevertheless, the South Korea government has continually shown a desire to cooperate with North Korea. These strategies focus on cooperation only in soft power domains such as sports, culture, and music rather than domains that expose serious political intension.

In the United Nations general assembly which adopted a truce for the Pyeong-Chang Olympics, gold medalist Kim-yun-a required North Korea to participate in Olympics on her address (Chungang, 2017). Moreover, in the event for praying successful Olympics, the president Moon-jae-in sent another peaceful gesture mentioning that South Korea would wait for the participation of North Korea until the beginning of Olympics (Voakorea, 2017). This strategy ended up having successfully attracted North Korea. As a result, they composed a unified ice hockey team and diplomats were dispatched from North Korea during the Olympics to watch the game with South Korean government officials. And then, they exchanged cultural performances in Pyeong-Chang and Pyeong-yang. Finally, the efforts led to the summit meeting between South-North Korea, and North Korea even declared that it would stop developing nuclear power and establish cooperation with South Korea.

It is too early to judge whether North Korea will stop developing their nuclear influence. However, it is a success in the sense that South Korea has attracted North Korea into conversations. Especially, South Korea has effectively taken advantage of the situation that all countries in international relations pay attention to the nuclear crisis of North Korea. They continuously pull North Korea into the center of world politics and leave North Korea without alternative option. Continuous agenda-setting and issue making has finally attracted North Korea.

3. Agenda-setting and framing

It is important to continuously set agendas about issues which are related to North Korea’s violations concerning the nuclear crisis and human rights. Although North Korea is isolated from world politics, it can’t operate its system if it refuses to cooperate or trade with other countries. As a result, it do not want to be in constant conflict with world politics. Therefore, the focal point of agenda-setting South Korea should impress is the negative effects of nuclear policies and dictatorship of North Korea. Moreover, South Korea should recognize that the goal of developing nuclear influence of North Korea is not to declare war but to ensure protection for their political system. South Korea needs to continuously stress that political system of North Korea would be insured after nuclear dismantlement. These strategies change thoughts of North Korea and induce it to participate in negotiations.

However, South Korea has not been effectively employing this strategy. Agenda-setting which might arouse direct conflict with North Korea could aggravate their relationship. This explains its unwillingness to resort to this strategy. On the other hand, the United States show effective agenda-setting which relates to the nuclear crisis mentioning Iran as a positive example of a successful negotiation.

South Korea needs to set and frame the agenda about similar issues closely related to North Korea. For example, the rebellion against the dictatorship in Syria and the resulting death of the dictator in Yemen which stem from tyrannical politics could be a negative precedent. Also, the agreement with Iran that acquired economic support by abandoning nuclear development could be a positive precedent. Through this agenda setting, South Korea should change the thought of North Korea about their nuclear policies. If this strategy succeeds, North Korea will obtain a new interpretative framework, which could lead them to negotiate.

4. Competition of system: North Korea defector and Korean wave

The last type of soft power strategy is a fundamental solution to provoke change. While the strategies I mentioned above directly targets the North Korea government, this strategy mainly targets the people and the society of North Korea. Promoting economic, cultural superiority could influence the North Korean people and then it could lead to movements which would require a transition from the current society. There are many different kinds of way to conduct this strategy and it is abstract in that we can’t measure how much it could influence society. However, it could also be a strategy which North Korea fears the most in the sense that it could provoke change from the bottom of the society. In addition to this, it could arouse fundamental doubt about the ‘Juche’ ideology or nuclear development which is maintained by an exploitative system.

One of these strategies is the policy concerning defectors. South Korea has been implementing policies which accept defectors and help them adjust to the South Korea society. These defectors get a chance to be independent through re-socialization. And then, some of them carry out activities which denounce the horrible reality of the internal society of North Korea. If their voice became influential in world politics, it could become a greater threat to the North Korea system. In 2012, some defectors testified against the internal violation of human rights in UNCHR to gain attention from the world (Newsis, 2016).

In addition, recently, Korean dramas and music are covertly shared within the North Korea society (Daily NK, 2018). It could also provoke a social movement to call for change. Because the contents reflect a much higher standard of living, it triggers curiosity and admiration from North Korean people. These strategies lead society of North Korea to socialize with the co-optive power in the recipients. Ultimately, long term soft power could threaten North Korea itself.

Limits and conclusion

This essay has analyzed the strategies South Korea has used in order to resolve the North Korean nuclear crisis. South Korea threatens North Korea utilizing consensus among countries. Strategies its government has shown such as the speech of the president Moon-jae-in in the United Nations general assembly, the winter Olympics which reflected a desire for peace and the two-track diplomacy are totally different from the consistently conservative policies that the previous governments showed during the last ten years. In addition, the declaration of the Trump’s administration that they would continuously pressure North Korea about nuclear issues offered the opportunity to react to North Korea’s nuclear policies. In this process, active joint response among South Korea, United States and Japan is also necessary.

However, it is true that there are some drawbacks. In order for North Korea to eventually accept nuclear disarmament, South Korea absolutely needs to cooperate with Russia and China which are not only in a good relationship with North Korea but also in a comparatively competitive relationship with the United States and Japan. If South Korea will succeed in gaining their support, the process of reaching an agreement concerning nuclear issues would be much easier.

Eventually, in contrast with the hard power strategies with hard resources, soft power strategies with soft resources can only be effective when South Korea offers the second attractive option. The options are diverse. The main point is that North Korea should recognize the positive effects of abandoning nuclear.

Also, South Korea should recognize that the effect of soft power strategies is maximized when it coexists with economic / military oppression through hard power. In other words, South Korea must take into account Joseph Nye’s smart power to solve the nuclear crisis.

In this process, the most important thing is to persuade North Korea by offering an attractive choice. The reason why North Korea desires to have a summit meeting with South Korea and the United States is because they judge that the choice would be more profitable. Therefore, the South Korean government needs to reflect upon what objectives North Korea has when they accept to negotiate. For example, China’s economic opening is an example of a good precedent that North Korea could follow. South Korea needs to give North Korea a blue print such as the example of China and lead the agreement about the nuclear problem.

Lastly, it is difficult to apprehend the effectiveness of soft power strategies with soft resources, mentioned by Geun Lee, in the sense that the data and the figures about this strategy are not easy to measure in contrast with hard power strategies. Also, many causes exist concerning change of North Korea. Therefore, further research needs to establish a system to get concrete and scientific data in order to apprehend the complex causes and effects of this strategy such as that stem from smart power strategies.

 

References

Geun Lee (2009) A theory of soft power and Korea's soft power strategy, Korean Journal of Defense Analysis, 21:2, 205-218, DOI: 10.1080/10163270902913962

Joseph S. Nye. JR. (2013) HARD, SOFT, AND SMART POWER. In: Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur(eds.) The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, pp.559-574

Jung Seong Jang. (1999) Theoretical Structure and Characteristics of the Juche Ideology. 북한연구학회보, 3:2, 251-273

Chungang ilbo, (2017) 김연아, 평화올림픽 위해 UN에서 4분 영어연설 [Online] Available.

DAILY NK. (2018) 어쩔 수 없이 인도영화를 처벌강화에 南드라마 시청 주춤 [Online] Available.

Korea Times. (2018) 북한, 평창올림픽 참가 놓고 정치권 장외설전 가열 [Online] Available.

Korean Times. (2016) 왜 북한은 핵개발을 멈추지 않는가? [Online] Available.

Newsis. (2016) 탈북자들, 유엔 인권위에서 강제낙태와 고문 등 증언 [Online] Available.

The Fact. (2017) 文대통령’데뷔전’ UN본부 입성… ‘북핵 파문’ NYPD ’긴장’ [Online] Available.

Voakorea. (2017) 문재인 한국 대통령 “북한 평창올림픽 참가 끝까지 기다릴 것” [Online] Available.

Yonhapnews. (2018) 27년 만에 ‘남북 단일팀’ 출범 임박… 올림픽은 사상 최초 [Online] Available.

Acuerdo de paz en Colombia: la nueva presidencia

Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

▲Firma del acuerdo de paz en Cartagena, en septiembre de 2016, antes del referéndum que lo rechazó y que llevó a algunas modificaciones del texto [Gobierno de Chile]

ANÁLISISCamila Oliveros

El Acuerdo de Paz firmado el 26 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es uno de asuntos más decisivos en las elecciones de este 17 de junio, en su segunda vuelta, y del próximo mandato presidencial.

Luego de unas largas negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana, y de la introducción de modificaciones en el texto inicialmente pactado, a raíz del triunfo del “no” en el plebiscito convocado, el acuerdo de paz fue finalmente firmado en noviembre del 2016. La larga duración de las negociaciones y el resultado del plebiscito demuestran que el acuerdo de paz es algo especialmente controversial en Colombia, donde este conflicto de 52 años supuso la muerte de 220.000 personas y el desplazamiento forzado de casi 6 millones, además de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados.

Claramente, todos los colombianos ansían tener una paz duradera, pero mientras unos creen que lo redactado en La Habana es la solución para lograr esa paz, otros consideran que todavía se le pueden hacer varias modificaciones al texto. La decisión sobre eso y sobre la rapidez de la implementación del acuerdo queda en manos del próximo presidente.

Grado de implementación

Por ahora, luego de más de un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, se pueden resaltar tanto elementos negativos como positivos en la implementación de lo pactado en La Habana. Según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, a comienzos de 2018, antes de que el país entrara en el largo proceso electoral en el que se encuentra, solo se había cumplido el 18.3% del acuerdo. Es una cifra relativamente baja, que en parte puede deberse a la insuficiencia de recursos económicos y humanos para implementar los acuerdos con rapidez y eficacia, y no tanto a una falta de compromiso por parte del Gobierno.

Sin embargo, frente a ese bajo porcentaje de lo que ya se ha implementado, hay otras cifras que demuestran que el acuerdo está teniendo algunos resultados positivos. Es el caso de la disminución de la tasa de homicidios en Colombia. Esta pasó a ser una de las más bajas en treinta años, con 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Además, el número de personas desplazadas se redujo casi a la mitad, ya que de 91.045 desplazados en 2016 se pasó a 48.335 en 2017, según la Unidad de Víctimas. El número de desplazados ya se había ido reduciendo notablemente los años anteriores, incluso a mayor ritmo: en 2002 la cifra había sido de 757.240 personas; en los siguientes 14 años se produjo un descenso de 47.598 personas de promedio anual, incluidos los 8 años de presidencia de  Álvaro Uribe, que ha sido el gran opositor a los términos del acuerdo de paz.

También el número de víctimas por minas antipersonales se ha reducido: pasó de 72 en 2016 a 58 en 2017, lo que ha ayudado a generar un clima de mayor confianza en las comunidades rurales.

Es importante resaltar que en las zonas que se habían visto más afectadas por el conflicto armado, de acuerdo con lo establecido por el acuerdo de paz, se han podido constituir nuevas compañías que se benefician de los mecanismos previstos para las “zonas más afectadas por el conflicto armado” o Zomac. Sin embargo, esas empresas se encuentran con un entorno complicado, pues aunque las FARC han completado las diversas fases de su desmovilización, como la entrega de armas y la devolución de los menores reclutados, en diversas zonas siguen actuando las disidencias de las FARC y otros grupos dedicados al narcotráfico.

Aunque ha habido algunos avances, queda por delante aún la implementación de la mayor parte del acuerdo. ¿Cómo lo afrontan los dos candidatos presidenciales, Iván Duque y Gustavo Petro?

Duque o Petro

Iván Duque es un abogado y político que ha sido senador de la República por el Centro Democrático, partido encabezado por el expresidente Uribe, gran opositor del acuerdo de paz. Eso ha llevado a muchos a pensar que si Duque llega a la presidencia, dejará en papel mojado el acuerdo de La Habana, sin darle cumplimiento en sus cuatro años de mandato. Su propuesta de gobierno está orientada a mejorar la economía, reduciendo los impuestos de las grandes empresas, financiando el emprendimiento de los jóvenes y privilegiando la inversión. Además, promueve una gran reforma de la justicia colombiana.

Gustavo Petro es economista y político, pero además desmovilizado de la guerrillera del M-19. Es del partido político Movimiento Progresista, de centro izquierda. Petro propone un modelo económico de tonos socialistas que se centra en “cambiar el modelo extractivista” y en potenciar las políticas agrícolas. Los ejes centrales de su propuesta de gobierno están en el ámbito público, garantizado plenamente los derechos a la salud, a la educación de “calidad, pluralista, universal y gratuita”.

Colombia nunca ha elegido a un candidato de izquierda para ser presidente de la República, quizá porque a la izquierda se la identifica con el comunismo y eso la asocia a las FARC. En cualquier caso, Petro no se ha mostrado en contra de los acuerdos de La Habana, y eso le hace atractivo para muchos colombianos que desean preservar lo pactado en el 2016, con la esperanza de terminar el conflicto armado vivido por el país.

Lo cierto es que es difícil dar marcha atrás jurídicamente en el acuerdo de paz, ya que una reforma constitucional estableció que los próximos tres gobiernos están obligados a cumplir lo pactado. Si gana Duque, el acuerdo de paz puede estar sujeto a más cambios, pero de ninguna forma Duque es sinónimo de guerra y Petro de paz. 

Como lo ha expresado Duque, hacer ciertas modificaciones a los acuerdos no es acabarlos. El candidato del Centro Democrático sostiene que el acuerdo debe tener ciertos ajustes que permitan alcanzar una paz “creíble, sostenible y cimentada en la justicia”. De acuerdo con sus propuestas, los principales cambios que impulsaría serían los dos siguientes:

Jurisdicción Especial y participación política

El primero tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que Iván Duque en su plan de gobierno busca simplificar el sistema de justicia colombiano, pasando de las seis cortes actuales a solo una, con el propósito de conseguir mayor rapidez y eficacia en los procesos judiciales. Sin embargo, con este cambio el poder puede verse altamente concentrado y centralizado. Una modificación de la JEP prevista en el acuerdo de paz puede causar cierta incertidumbre entre los antiguos guerrilleros, con los que se había acordado cierta indulgencia.

Por otro lado, el gran cambio que podría hacer Duque tiene que ver con la participación política. Cree en que los ex integrantes de las FARC que hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden llegar al Congreso sin haber cumplido una pena. Duque asegura que no busca acabar con el punto 2 del acuerdo de paz, que habla de la participación política de los ex guerrilleros en el Congreso. Si a un miembro del Congreso se le ratifica una condena por un crimen de este tipo, debería dejar su curul y ser sustituido por alguien de su mismo grupo que no tenga ningún crimen de lesa humanidad.

Aunque en el caso de ganar las elecciones, Gustavo Petro no planteara especiales modificaciones a los acuerdos, sea quien sea el próximo presidente tendrá serios retos en relación al proceso de paz.

 

Fiesta en Tolima en recuerdo de las víctimas del conflicto [Unidad de Víctimas]

Fiesta en Tolima en recuerdo de las víctimas del conflicto [Unidad de Víctimas]

 

Retos más importantes en el próximo mandato presidencial

La presencia de las disidencias de las FARC en zonas fronterizas del país es uno de los retos que tendrá el próximo presidente; no solo por cuestiones de seguridad, sino por su vinculación con la producción de droga, que ha aumentado un 52%. El Gobierno tiene constancia de que alrededor del 10% de la fuerza de combate de las FARC se ha mantenido en la lucha armada, lo que supone un volumen de al menos 700 individuos, si bien otras entidades incluso doblan esa cifra. Esa disidencia actúa en quince diferentes grupos, que se han venido concentrado en zonas del país como Nariño, Norte de Santander y el Cauca. Además, otro de los grupos armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ha comenzado a incrementar su presencia en ciertas zonas fronterizas, como el Norte de Santander. Esto, no solo supone una amenaza para la seguridad colombiana sino que además puede detonar una guerra entre grupos guerrilleros y de crimen organizado para por el control del negocio de la producción ilegal de coca y el narcotráfico.

Frente a la presencia aún de grupos armados en parte del territorio colombiano, ambos candidatos defienden el aumento de los efectivos militares en las zonas conflictivas. Sin embargo, frente a la erradicación de los cultivos ilegales, Iván Duque aboga por el uso del glifosato, un fuerte herbicida cuyo empleo es rechazado por Gustavo Petro alegando sus efectos medioambientales. El uso de este químico, algo polémico en Colombia, podría ser asumido como una forma eficaz de acabar con los cultivos ilícitos si su contaminación es contrarrestada, por ejemplo, sembrando nuevos árboles en las zonas que se logre erradicar la producción de coca. En cualquier caso, parte de los ambientalistas han utilizado la imagen negativa del glifosato para pedir el voto para Petro en la segunda vuelta electoral.

Otro de los grandes retos con el cual se va a enfrentar el próximo presidente es el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP es un organismo que está encargado de juzgar a los exguerrilleros. Tiene competencias judiciales y “representa la columna de los acuerdos firmados”. Está compuesta por cinco órganos, cada uno encargado de que se cumplan partes esenciales del acuerdo: “la Sala de Reconcomiendo de Verdad y Responsabilidad, la Sala de Amnistía e Indulto, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Unidad de Investigación y acusación, y el tribunal para la Paz”. La JEP es un organismo complejo del depende especialmente el avance el proceso de paz. De hecho, una de las razones de los grandes atrasos que ha sufrido la implementación del acuerdo ha sido la lentitud en la constitución de esta institución, que no comenzó a funcionar hasta el pasado mes de enero. Sin embargo, los obstáculos sufridos por la JEP no solo han tenido que ver con falta de actividad, sino con asuntos como el caso de Jesús Santrich.

Santrich, uno de los jefes guerrilleros, que fue negociador en La Habana por parte de las FARC y recibió uno de los puestos asignados al nuevo partido en el Congreso, resultó arrestado en abril, acusado de participar en un plan para llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con base en una investigación de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, las autoridades judiciales estadounidenses pidieron su detención y ahora esperan su extradición. Sin embargo, teniendo en cuenta que todos los miembros de las FARC deben ser juzgados por la JEP, y que este organismo no contempla la extradición, Jesús Santrich no podría ser entregado a Estados Unidos. Además, de momento no hay pruebas de cuándo se cometieron los atribuidos crímenes de narcotráfico, por lo que por ahora no se ha podido determinar si ocurrieron antes o después de la creación de la JEP. El ex guerrillero está preso en una cárcel de Bogotá y las FARC insisten en que sea puesto en libertad. El próximo presidente tendrá que determinar cómo proceder con el caso. Esto es además una muestra de que hay lagunas en el acuerdo, lo que genera mucha incertidumbre y da margen para que el próximo presidente pueda tomar varios rumbos.

Más allá de la paz

El próximo 17 de junio, en la segunda vuelta presidencial entre Iván Duque y Gustavo Petro, se decide el futuro de Colombia. Por más de que muchos colombianos creen que se decide entre guerra o paz, es errado decir esto. Como ya fue discutido antes, el acuerdo de paz es muy difícil de retroceder jurídicamente. El fondo de lo pactado debe ser respetado por los próximos tres gobiernos. Aunque sea cierto que con el candidato del Centro Democrático en el poder el acuerdo puede sufrir más modificaciones que las que aplicaría el candidato del Movimiento Progresista, la posibilidad de consolidar la paz sigue estando abierta con cualquiera de los dos. Más allá de la paz, también está en juego el modelo económico y social de la sociedad colombiana. Así la paz sea uno de los temas más importantes, el próximo presidente no debe dejar atrás otros elementos tan relevantes como son la corrupción, la seguridad, el comercio y la economía en el mandato presidencial 2018-2022 de la República de Colombia. La posición de los candidatos frente a estos temas debe también influir en los votantes.

Hungría: La victoria electoral de Orban inquieta a la UE

Viktor Orban, en un acto cerca de la frontera con Rumanía  en mayo de 2017

▲Viktor Orban, en un acto cerca de la frontera con Rumanía en mayo de 2017 [Károly Árvai/Gobierno húngaro]

ANÁLISISElena López-Doriga

El 8 de abril de 2018 se celebraron en Hungría las elecciones parlamentarias para la renovación de los 199 miembros de la Asamblea Nacional, la única cámara del Parlamento húngaro. La alta participación del 68,13% superó la de los comicios de 2010, cuando acudió a votar el 64,36% del censo electoral, un dato récord que no se veía desde 2002. El primer ministro, Viktor Orban, en el poder desde 2010, se aseguró un cuarto mandato, el tercero consecutivo, dado que su partido, Fidesz, y el aliado de este, el Partido Popular Demócrata Cristiano, ganaron 134 de los 199 escaños. Orban, el dirigente europeo con mayor tiempo como jefe de gobierno después de Angela Merkel, se ha convertido en ciertos aspectos en un líder tan influyente como la canciller alemana.

Esos datos electorales –la alta participación y el amplio respaldo logrado por un líder no bien visto por todos en Bruselas– dan pie a algunas cuestiones. ¿Cuál es el motivo por el cual ha habido tanta movilización social a la hora de votar? ¿Por qué el resultado de estas elecciones está en el punto de mira de la Unión Europea?

Antecedentes históricos

Hungría es un país situado en Europa Central que fronteriza con Austria, Croacia, Rumania; Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. El segundo río más grande de Europa, el Danubio, atraviesa todo el país y divide la capital de Budapest en dos territorios diferentes (Buda y Pest).

Hungría accedió a la Unión Europea en 2004. Este acontecimiento fue muy anhelado por los húngaros ya que lo veían como un avance en su democracia, un paso adelante para el desarrollo del país y un acercamiento al admirado Occidente. Era el deseo de hacer un cambio de rumbo en su historia, ya que, después de la disgregación del Imperio Austro-Húngaro en 1918, el país vivió bajo dos regímenes totalitarios desde la Segunda Guerra Mundial: primero bajo el mandato del Partido de la Cruz Flechada (fascista, pro-alemán y antisemita), durante el cual 80.000 personas fueron deportadas a Auschwitz, y más tarde por la ocupación de la Unión Soviética y sus políticas de posguerra. En aquellos tiempos las libertades individuales y de expresión dejaron de existir, el encarcelamiento arbitrario se convirtió en habitual y la policía secreta húngara llevó a cabo series de purgas tanto dentro como fuera de las jerarquías del Partido. Así, pues, la sociedad húngara sufrió una gran represión desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1945, que no se detuvo hasta la caída del Telón de Acero en 1989.

En términos económicos, la transición del comunismo al capitalismo fue muy dura para vastos sectores sociales. De una economía centralizada con sectores muy protegidos y fuertes subsidios agrícolas, se pasó a un plan de ajuste, especialmente severo, adoptado por el Gobierno electo en marzo de 1990 en las primeras elecciones libres.

El acceso a la Unión Europea simbolizaba marcar un antes y un después en la historia de Hungría, en un proceso de incorporación a Occidente que previamente vino señalado por la entrada en la OTAN en 1999. Formar parte de la UE era el paso hacia la democracia que Hungría deseaba y ese amplio consenso social quedó de manifiesto en el mayoritario apoyo que el ingreso obtuvo –el 83% de los votos– en el referéndum de 2003.

Hungría en la Unión Europea

Convertirse en un nuevo miembro de la UE tuvo un impacto positivo en la economía de Hungría, dando lugar a un evidente desarrollo y proporcionando ventajas competitivas para las compañías extranjeras que establecían una presencia permanente en el país. Pero a pesar de esos apreciables avances y de la ilusión mostrada por Hungría al acceder a la UE, el panorama ha cambiado mucho desde entonces, de forma que el euroescepticismo se ha extendido notablemente entre los húngaros. En los últimos años, en la opinión pública nacional ha emergido un gran desacuerdo con las políticas de Bruselas adoptadas durante la crisis de refugiados de 2015.

Ese año Bruselas decidió hacer una reubicación de los 120.000 refugiados que habían llegado a Hungría (provenientes de Siria, que se estaban desplazando por la ruta de los Balcanes hacia Alemania y Austria) e Italia (en su mayoría procedentes del norte de África). Para distribuir a los refugiados se establecieron cuotas, fijando el número de refugiados que cada país debía acoger en función de su tamaño y de su PIB. La política de cuotas fue cuestionada por los países del Grupo Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y por Rumanía. Hungría levantó una valla de varios cientos de kilómetros en su frontera sur y se negó a aceptar las cuotas de acogida.

Esa actitud de cierre de fronteras y rechazo a acoger refugiados fue criticada por los dirigentes de la Unión, quienes llegaron a amenazar con sanciones a esos países. La dificultad de un consenso llevó a firmar en 2016 un acuerdo con Turquía para que este país retuviera el flujo de refugiados sirios. En 2017 vencieron las cuotas para el reparto a través de la UE de los refugiados que previamente habían llegado, sin completar así la reubicación inicialmente planteada. Aunque el momento de mayor confrontación política sobre esta cuestión en la UE ha pasado, la crisis de los refugiados ha creado una gran divergencia entre los dos bloques apuntados, erosionando el supuesto proyecto común europeo.

A la vista de esta situación, las elecciones parlamentarias de Hungría del 8 de abril de 2018 eran especialmente importantes, ya que los ciudadanos de ese país iban a tener la oportunidad de pronunciarse sobre el pulso mantenido entre Budapest y Bruselas.

Los principales candidatos

En las elecciones, la opción que partía con todas las encuestas a favor era la coalición del partido conservador Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano, con Viktor Orban, de 54 años, como candidato. Orbán se dio a conocer en 1989 cuando, con 26 años, desafió al régimen comunista y comenzó a erigirse en adalid de los principios liberales, lo que lo convirtió en símbolo de las aspiraciones de los húngaros por liberarse del totalitarismo y adoptar los valores occidentales. Sin embargo, su vuelta al poder en 2010, tras un primer mandato entre 1998 y 2002, estuvo marcada por un giro hacia una tendencia conservadora, caracterizada por un mayor control sobre la economía, los medios de comunicación y la justicia. Orban se reivindica defensor de una “democracia iliberal”: un sistema en el que, aunque la Constitución pueda formalmente limitar los poderes del Gobierno, en la práctica estén restringas ciertas libertades como la de expresión o pensamiento. Orban pone a prueba a menudo las líneas rojas de la UE al presentarse como defensor de una "Europa cristiana" y detractor de la inmigración irregular.

El partido que pretendía plantear el principal pulso electoral a Fidesz, sustrayéndole buena parte de sus votantes, era sorprendentemente uno situado aún más a la derecha: Jobbik (Movimiento por una Hungría Mejor), fundado en 2003 y considerado como una de las organizaciones políticas de extrema derecha más poderosas de la Unión Europea. Durante años, este partido no escondió su carácter xenófobo, anti-gitano, anti-semita, nacionalista y radicalmente opuesto al sistema político imperante en la UE, apostando por una Hungría fuera de esta. Sin embargo, a partir de 2013 moderó su lenguaje. Mientras que Orban fue adoptando una línea cada vez más radical, el líder de Jobbik, Gábor Vona, fue atemperando las posiciones de su partido para presentarlo como una opción conservadora, alternativa a Fidesz, capaz de captar votos del centro. Gyöngyösi, uno de los líderes nacionalistas del partido decía: “Somos el partido del siglo XXI, mientras que Fidesz es del siglo pasado y representa lo antiguo. Ya no tiene sentido esa división entre izquierda y derecha, eso ya es parte del pasado, de la vieja política”.

En el otro lado del espectro político, se presentaba a las elecciones una lista formada por el Partido Socialista (MSZP) y el partido ecologista de centro-izquierda Parbeszed ("Diálogo"), encabezada por un dirigente de este, Gargely Karacsony. El candidato de la izquierda contaba con amplios apoyos del MSZP, pero no con el de sus excompañeros del partido ecologista LMP, del que se separó hace cinco años, lo que podía conllevar una división del voto.

 

Completada una segunda valla en la frontera con Serbia, en abril de 2017

Completada una segunda valla en la frontera con Serbia, en abril de 2017 [Gergely Botár/Gobierno húngaro]

 

La campaña electoral

Durante la campaña se especuló sobre una posible pérdida de votos de Fidesz debido a una serie de escándalos de corrupción que involucraban a autoridades del Gobierno, acusadas de malversar dinero de ayudas europeas. Jobbik y otros grupos de la oposición aprovecharon esa situación para promocionarse como partidos anti-corrupción, centrando buena parte de su campaña en este asunto y abogando por una mejora de los servicios públicos, especialmente la sanidad. 

No obstante, el tema más destacado de la campaña electoral no fue la corrupción, el mal funcionamiento del sistema de sanidad pública o los bajos salarios, sino la inmigración. El Gobierno de Orbán se había negado a aceptar las cuotas de refugiados que imponía la UE desde Bruselas, aduciendo que acoger a inmigrantes es un asunto de política doméstica en el que las organizaciones exteriores no deben intervenir. Insistía en que Hungría tiene derecho a negarse a recibir inmigrantes, y más si son musulmanes, reiterando su rechazo al multiculturalismo, que considera una mera ilusión. Orbán opinaba que los refugiados que llegaban a las puertas de Hungría no estaban luchando por su vida, sino que eran inmigrantes económicos en búsqueda de una vida mejor. Por lo tanto, la campaña política de Orbán era un claro mensaje: Inmigrantes ilegales en Hungría: ¿sí o no? ¿Quién debe decidir acerca del futuro de Hungría, los húngaros o Bruselas?

Reducir la convocatoria electoral a una pregunta tuvo el principal efecto de una amplia movilización social. Según la oposición, Orbán utilizó el tema de la migración para alejar la atención popular de la corrupción generalizada.

Otro punto clave en la campaña política de Fidesz fueron las constantes acusaciones a George Soros, a quien Orbán identificó como el principal enemigo del Estado. Soros es un multimillonario estadounidense, de origen judeo-húngaro, que a través de su Open Society Foundation (OSF) financia diversas ONG dedicadas a promover valores liberales, progresistas y multiculturales en diferentes partes del mundo. En 1989 Soros financió a Viktor Orban para que estudiara en Inglaterra, y en 2010 donó un millón de dólares a su Gobierno para ayudar en la limpieza medioambiental tras un accidente químico. Pero la reputación de Soros en Hungría recibió un golpe durante la crisis migratoria de 2015. Su defensa del trato humano a los refugiados se topó con la actitud de Orban. Durante la campaña, este acusó a Soros de usar la OSF para “inundar” Europa con un millón de inmigrantes al año y socavar la “cultura cristiana” del continente.

Además, antes de las elecciones, Fidesz aprobó una enmienda a la ley de educación superior húngara, que establece nuevas condiciones para las universidades extranjeras en Hungría, algo que se ha visto como un ataque directo a la Universidad Central Europea de Budapest. La institución, financiada por Soros, goza de gran prestigio por fomentar el pensamiento crítico, los valores liberales y la libertad académica. La nueva legislación pone en riesgo la autonomía universitaria, la libre contratación de profesores y el carácter internacional de los títulos.

La Comisión Europea mostró sus diferencias con el Gobierno de Orbán acerca de varias de las cuestiones que ocuparon la campaña electoral. Así, expresó su insatisfacción por la nueva ley universitaria, al considerar que no es compatible con las libertades fundamentales del mercado interior de la UE, pues “vulneraría la libertad de proveer servicios y la libertad de establecimiento”. También criticó que Orbán no hubiera cumplido con la cuota de refugiados, a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia, y que hubiera hecho campaña utilizando electoralmente el desacuerdo que tiene con la UE.

El resultado de las elecciones

En las elecciones del 8 de abril de 2018, el partido Fidesz (en su alianza con el Partido Popular Demócrata Cristiano) obtuvo un tercer amplio triunfo consecutivo, aún mayor que el anterior, con casi la mitad del voto popular (48,89%) y su tercera mayoría absoluta de dos tercios (134 de los 199 escaños). Era la primera vez desde la caída del comunismo en 1989 que un partido gana tres veces seguidas unas elecciones.

El partido Jobbik logró convertirse en el principal partido de la oposición, al quedar en el segundo lugar con el 19,33% de los votos y 25 escaños. Sin embargo, su crecimiento de votos fue mínimo y solo obtuvo dos escaños extra, quedando prácticamente estancado en las cifras de 2014. El segundo puesto de Jobbik más bien se vio propiciado por la debilidad del Partido Socialista Húngaro (MSZP), cuya debacle lo llevó a quedar en tercer lugar, con el 12,25% de los votos y 20 escaños. Fue la primera vez desde 1990 en la que el MSZP no quedaba en primer o segundo lugar, poniendo fin al bipartidismo que mantenía con Fidesz desde 1998.

Por otra parte, desde su vuelta al Gobierno en 2010 Fidesz modificó significativamente el sistema electoral, reduciendo el número de legisladores de 386 a 199 y eliminando la segunda vuelta, cosa que no favorece a los partidos más pequeños, que podrían formar alianzas entre las rondas de votación. Al asegurarse dos tercios de la cámara, Fidesz podrá seguir gobernando cómodamente y reformando la Constitución a su medida.

Reacción de la UE

Una semana después de las elecciones, decenas de miles de opositores salieron a las calles de Budapest, en desacuerdo con un sistema electoral calificado de “injusto”, que le ha dado al primer ministro Viktor Orban un triunfo arrollador en las urnas después de una campaña basada en la negación de aceptar refugiados.

Diversos medios valoraron que la carta de felicitación que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dirigió a Orban fue más fría que la emitida en otras ocasiones similares. A la UE le preocupa que Orban continúe con su defensa de una democracia “iliberal” y que parece estar conduciendo el país hacia tendencias autoritarias. La compra que en los últimos años el Gobierno ha hecho de muchos medios de comunicación, para aislar a la oposición y hacer más propaganda, le asemeja a lo que ha ocurrido en países como Rusia y Turquía.

Es cierto que con Orban al frente del Gobierno Hungría ha crecido económicamente a buen ritmo y que las clases medias han mejorado su situación, pero su última victoria se ha debido no solo a la buena gestión económica, sino la defensa de valores que el pueblo húngaro considera importantes (esencialismo, cristianismo, respeto de las fronteras).

Los socialistas europeos no se han mostrado satisfechos con la nueva victoria de Orban insinuando que se trata de un retroceso para la democracia en Hungría. La alegría que los partidos populistas han manifestado por su triunfo es la prueba de que Orban, cuya formación Fidesz sigue perteneciendo al Partido Popular Europeo, se ha convertido en un exponente del ultranacionalismo moderno, que amenaza ideas democráticas de la Unión Europea.

De momento, Bruselas está siendo cautelosa con Hungría, incluso más que con el Brexit británico, puesto que Viktor Orban, visto por muchos como “el rebelde de la UE”, a diferencia del Reino Unido, quiere permanecer dentro del bloque, pero cambiar parte de los ideales que representa.

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