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Turquía en la OTAN: claves de un futuro incierto

Cada vez más alejada de la Alianza, Turquía está creando incomodidad en sus socios occidentales, pero difícilmente será invitada a marcharse

Su estrategia en el conflicto sirio, su acercamiento a Rusia con la adquisición del sistema antiaéreo S-400 y su deseo de proyección en el Mediterráneo oriental, donde está lesionando intereses de Grecia, han llevado en los últimos pocos años a Ankara a una continua fricción con la OTAN. Pero la Alianza no está en condiciones de prescindir de Turquía. No es solamente su valiosa situación geográfica como puente entre Oriente y Occidente, sino que sin Turquía la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar contra el terrorismo o controlar los movimientos de refugiados y vería mermadas sus capacidades militares de defensa como alianza.

Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

▲ Encuentro entre los presidentes de Turquía y Rusia en Estambul, en enero de 2020 [Presidencia de Turquía]

ARTÍCULOÁngel Martos

Las relaciones entre la Alianza Atlántica y la República de Turquía están pasando por su momento más tenso de la historia reciente. Y es que la política exterior de Ankara se ha prestado a un continuo vaivén dada la inestabilidad de sus gobiernos desde que el Padre de la Patria, Mustafá Kemal Ataturk, falleciera. La república kemalista proyectaba una imagen de Asia Menor muy distinta a la que conocemos hoy en día: el laicismo y la occidentalización que caracterizaron su legado se ha visto reemplazado por un autoritarismo de tinte islámico moderado (según el propio Recep Tayyip Erdoğan, presidente de la República y líder de la formación AKP).

Esta profunda evolución se ha dejado ver en el ámbito de las relaciones internacionales, como es lógico. La doctrina del neo-otomanismo ha ganado terreno entre los artífices de su política exterior. Turquía busca ahora explotar al máximo su posición como puente entre la civilización occidental y la oriental, a la vez que gana influencia entre sus Estados adyacentes y se perfila como el estabilizador de Oriente Medio.

En este escenario, el principal quebradero de cabeza para los estadistas occidentales es la mejora sustancial de las relaciones de Anatolia con la Federación Rusa, el archienemigo de la OTAN. Esta mejora no se entiende sin recordar una serie de eventos que han llevado a Turquía a distanciarse del continente europeo: la tibia reacción de los gobiernos occidentales ante el golpe de estado de 2016; las reticencias mostradas ante las continuas solicitudes de extradición de los seguidores de Fetulah Gülen refugiados en la UE y EEUU; la negativa de Grecia a extraditar a los militares refugiados tras el golpe de estado; las continuas condenas de la Comisión Europea hacia la política interna de Turquía, y, sobre todo, el sueño truncado de la adhesión de Turquía a la Unión. Es por esto que Turquía ha decidido redefinir su diplomacia atendiendo a sus propios intereses únicamente, basculando entre la ayuda de Rusia y la de la OTAN. La adquisición del sistema antiaéreo ruso S-400 o sus recientes operaciones en el Noreste sirio son ejemplo de ello.

La compra del mencionado sistema de misiles antiaéreos de largo alcance es objeto de gran controversia en el seno de la OTAN. La urgente necesidad de Turquía de disponer de ellos es evidente, ya que se enfrenta a potenciales amenazas de misiles balísticos procedentes de países vecinos. Pero la elección del sistema ruso S-400, tras varios años de negociaciones en los que no fue posible llegar a un acuerdo para la adquisición del sistema norteamericano Patriot, ha provocado un auténtico terremoto, llegando a cuestionarse la continuidad de Turquía en el programa del caza de quinta generación F-35. Consideraciones de orden político parecen haber pesado más que los aspectos técnicos en la adopción de esta decisión, pues ambos sistemas son incompatibles y, tratándose de sistemas de armas de nivel estratégico, tanto desde un punto de vista operativo como geopolítico, su empleo por un país de la Alianza Atlántica resulta problemático. Lo que preocupa a la Alianza es el acceso que el Kremlin pueda tener a información de la organización a través de su tecnología de radar.

El otro acontecimiento que nos lleva a cuestionarnos el futuro de las relaciones de Ankara con la OTAN fue la reciente operación militar turca en el norte sirio. El ejército turco lanzó el 9 de octubre una ofensiva contra las milicias kurdas (YPG, a las que considera terroristas) en el norte de Siria. El trato al pueblo kurdo es el gran punto de disensión entre EEUU y Turquía, ya que se trata de aliados incondicionales de la superpotencia, pero a la vez una amenaza política y de seguridad para la estabilidad de Anatolia.

Ankara había estado presionando a Estados Unidos para establecer una "zona de seguridad" que penetrara en el territorio sirio y había amenazado repetidamente con lanzar una acción militar unilateral si Washington le seguía parando los pies. A principios de octubre, Estados Unidos dio vía libre a la operación al ordenar la retirada de la zona fronteriza a los militares que tenía desplegados en Siria. La Administración Trump abandonó, por tanto, a su suerte a los kurdos con los que combatía al Estado Islámico, dando cancha a Turquía para un mayor control de su frontera con Siria.

El siguiente aspecto que es imprescindible mencionar a la hora de describir las complejas relaciones entre Ankara y la OTAN es la pugna geopolítica constante entre Grecia y Turquía. Si bien ambos son miembros de la OTAN desde la década de 1950, las relaciones entre estos dos países del Mediterráneo oriental siempre se han caracterizado por la permanente tensión que se percibe en ellas, y que por tanto tiene algunas consecuencias en la cooperación militar supranacional. Cabe mencionar aquí los tres principales contenciosos que han dado forma, desde finales del siglo XIX, a este enfrentamiento bilateral: la soberanía del archipiélago del Dodecaneso, la del actual Chipre, y la pugna marítima por la plataforma del mar Egeo. Tal fue la magnitud del litigio que el gobierno griego llegó incluso a decretar su salida de la OTAN en 1974, aunque más tarde se reincorporara.

Si bien este conflicto greco-turco estuvo en auge en la segunda mitad del siglo XX, son muchos los aspectos étnicos e históricos los que hacen parecer a estos dos países irreconciliables, salvo en excepciones históricamente puntuales. Esto hace que el flanco oriental del Mediterráneo, dada su proximidad a un área tan inestable como Oriente Medio, haya sido un foco constante de preocupaciones para los dirigentes de la OTAN. Si bien Grecia ha logrado, tras su transición a la democracia, perfilarse como un aliado estable de la Alianza, Turquía no ha seguido el mismo camino. Ello juega sin duda en su contra tanto en la política doméstica como en sus aspiraciones de soberanía marítima.

Históricamente, es conveniente destacar el creciente papel de Turquía como mediador interregional entre Oriente Medio y Occidente. Quizá respondiendo a una estrategia diseñada por Ahmet Davutoglu, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores ya con el gobierno del AKP, Turquía quiso marcar distancias con los EEUU de Bush hijo. Su negativa a colaborar en la invasión de Irak en 2003 le granjeó ciertas simpatías en la región, que ha sabido utilizar en países tan diversos como Irak, Israel o Irán. Sin embargo, a lo largo de los años el gobierno islamista se ha pronunciado varias veces en contra del sionismo y la amenaza que este supone para la estabilidad de la región.

Su distanciamiento con la Unión Europea y su acercamiento en materia económica a Rusia también ha marcado la imagen de la administración turca en la Alianza. Las relaciones con Rusia, a pesar de haber estado marcadas por contenciosos políticos tales como los de la autodeterminación kurda y chechena (apoyada antagónicamente por ambos países), se mantienen a flote gracias al comercio de hidrocarburos. El panorama entonces resulta más favorable al eje ruso que al americano-israelí en la región. Esto, lógicamente, mina la confianza de la OTAN en este país “bisagra”, que ya no se muestra interesado en actuar como tal sino como una potencia independiente y soberana que persigue sus propios intereses, buscando apoyos de la Alianza o del Este según le convenga.

Este alejamiento de la hoja de ruta de la OTAN por parte del Gobierno turco, sumado a un acercamiento en ciertos aspectos al Kremlin y la deriva autoritaria de la Presidencia del país es lo que hace que analistas y líderes internacionales hayan abierto el debate sobre una posible expulsión de la República de Asia Menor de la Alianza. Sin embargo, es poco probable que los aliados decidan prescindir de la importancia estratégica de Turquía. Su situación geográfica la convierte en un país puente entre Oriente y Occidente. Sin Turquía, la OTAN estaría menos capacitada geopolíticamente para actuar, por ejemplo, en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo o al control de los movimientos de refugiados. Además, Turquía tiene el segundo mayor ejército de todos los Estados de la OTAN: una exclusión afectaría gravemente sus capacidades militares de defensa como alianza. Por otro lado, las representaciones de Turquía en la OTAN, si bien se han mostrado críticas con la misma como también lo ha hecho la Administración Trump en repetidas ocasiones, no ha manifestado un claro deseo de abandonarla unilateralmente.

Brasil relanza su industria espacial al abrir la base de Alcántara a EEUU

El Congreso brasileño aprueba ratificar el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas firmado por Trump y Bolsonaro

Con la reactivación de su centro de lanzamientos de Alcántara, el mejor ubicado del mundo debido a su proximidad al Ecuador, la industria espacial brasileña espera alcanzar un volumen de negocios de 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2040, con el control al menos del 1% del sector mundial, especialmente en el área de lanzamientos espaciales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha aceptado garantizar a EEUU la confidencialidad tecnológica, llegando a un acuerdo que Washington ya había intentado sin éxito antes de la llegada del Partido de los Trabajadores al poder.        

Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

▲ Área de lanzamiento espacial del centro espacial brasileño de Alcántara [AEB]

ARTÍCULO Alejandro J. Alfonso [Versión en inglés]

Brasil quiere contar en la nueva era espacial, en la que la iniciativa privada, especialmente la estadounidense, va a tener un gran protagonismo, junto al ya tradicional de las agencias nacionales de las principales potencias. Con el Acuerdo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado el pasado mes de marzo por los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro, en la estratégica base de Alcántara podrán lanzarse cohetes, naves espaciales y satélites dotados de tecnología estadounidense.

La garantía de confidencialidad tecnológica –el acceso a ciertos lugares de la base solo estará autorizado a personal de EEUU, si bien la jurisdicción seguirá siendo de la Fuerza Aérea de Brasil– permitirá que Alcántara no deba negociar contratos solo con el 20% del mercado mundial, como hasta ahora, algo que lastraba la viabilidad económica de la base. No obstante, el acuerdo también tiene un aspecto limitador, pues solo autoriza a Brasil a lanzar aquellos cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tangan partes tecnológicas desarrolladas por EEUU.

El nuevo contexto político de Brasil hizo que el acuerdo fuera ratificado sin problemas el 22 de octubre por la Cámara de Diputados y el 12 de noviembre por el Senado, una situación bien diferente a la vivida en 2000, cuando el Congreso bloqueó un acuerdo similar que impulsaba el presidente Fernando Henrique Cardoso. La llegada después del Partido de los Trabajadores al poder, con las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, enfrió las relaciones entre los dos países y Washington dejó momentáneamente de lado su interés por Alcántara.

Las aspiraciones espaciales de Brasil vienen de lejos; su industria aeroespacial es la mayor de Latinoamérica. En la década de 1960 desarrolló una primera base de lanzamientos, Barrera del Infierno, cerca de Natal. En 1994 la matriz militar de la investigación se transformó en la civil Agencia Espacial Brasileña (AEB). Además del desarrollo de satélites, en 2004 la AEB lanzó su primer cohete. En 2006 un astronauta brasileño se incorporó a la Estación Espacial Internacional, de la que Brasil es socio.

El centro de lanzamiento de Alcántara está situado en Maranhão, un estado en el noreste de Brasil. Alcántara es una pequeña ciudad colonial que se encuentra a 100 kilómetros São Luís la capital del estado. La localidad cuenta con 22.000 habitantes y tiene acceso al mar. El centro de lanzamiento fue construido durante la década de 1980 y tiene un recinto de 620 kilómetros cuadrados. Además, la base de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que lo convierte en un lugar ideal para lanzar satélites en órbita geoestacionaria. Las condiciones geográficas únicas del sitio de lanzamiento atraen a las empresas interesadas en lanzar satélites pequeños o medianos, generalmente utilizados para satélites de comunicaciones o vigilancia. Desafortunadamente, la institución sufrió una mala reputación cuando las operaciones se detuvieron brevemente debido a un lanzamiento fallido en 2003, lo que resultó en la muerte de 21 técnicos y la destrucción de algunas de las instalaciones. En 2002 la Agencia

Estados Unidos está interesado en Alcántara debido a su ubicación estratégica. Como se mencionó anteriormente, el sitio de lanzamiento se encuentra a 2,3 grados al sur del Ecuador, lo que permite a los cohetes estadounidenses ahorrar hasta un 30% en el consumo de combustible en comparación con los lanzamientos desde Cabo Cañaveral, Florida. Asimismo, debido a su proximidad al Ecuador, la resistencia para alcanzar la órbita es menor que Cabo Cañaveral, lo que significa que las empresas pueden aumentar el peso del cohete o de la carga que transporta sin agregar combustible adicional. Por lo tanto, esta ubicación ofrece a las compañías estadounidenses las mismas ventajas que disfrutan sus contrapartes europeas que utilizan un sitio de lanzamiento en la Guayana Francesa, ubicada cerca, al norte del Ecuador. El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas firmado entre los presidentes Bolsonaro y Trump en marzo tiene por objeto atraer a estas empresas estadounidenses al garantizarles que las empresas estadounidenses que si utilizan las instalaciones de Alcántara tendrán la protección y las salvaguardas necesarias para que su tecnología no sea robada o copiada por operarios o ingenieros brasileños.

El gobierno brasileño está claramente interesado en que los estadounidenses utilicen el centro de Alcántara. La industria espacial mundial tiene un valor aproximado de 300.000 millones de dólares, y Brasil, que todavía tiene una agencia espacial en desarrollo, podría utilizar los fondos obtenidos del arrendamiento del sitio de lanzamiento para desarrollar aún más sus capacidades espaciales. La Agencia Espacial Brasileña ha estado infrafinanciada durante muchos años, por lo que ingresos adicionales le resultan especialmente convenientes. Además, los funcionarios brasileños han especulado que la inversión en el sitio de lanzamiento traerá consigo más inversiones en la región de Alcántara en general, mejorando la calidad de vida del área. Por ejemplo, la base de Kourou, en la Guayana Francesa, genera el 15% del PIB de ese territorio ultramarino francés, dando empleo directo o indirecto a 9.000 personas. En conclusión, el gobierno de Bolsonaro espera que con este acuerdo se profundice la relación con EEUU, y que además aporte medios monetarios para invertir en el sitio de lanzamiento y sus alrededores, e invertir en la Agencia Espacial Brasileña.

 

 

Sin embargo, este acuerdo también ha recibido críticas. En 2000, el gobierno del presidente Cardoso intentó firmar un acuerdo similar con la administración de George W. Bush que finalmente fue bloqueado por el congreso brasileño por temor a que Brasil cediera su soberanía a EEUU. Estos mismos miedos todavía están presentes hoy. El ex ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Samuel Pinheiro Guimarães Nieto declaró que EEUU está buscando establecer una base militar en Brasil, lesionando así la soberanía del pueblo brasileño. Las críticas también se dirigen a la redacción del acuerdo en sí, que señala que el dinero que el gobierno brasileño gane del uso estadounidense del centro de lanzamiento no puede invertirse en cohetes de desarrollo exclusivamente brasileño, sino bien puede invertirse en otras áreas relacionadas con la Agencia Espacial Brasileña.

Además de los argumentos sobre la integridad de la soberanía brasileña, también se defiende a los quilombolas, descendientes de esclavos brasileños que escaparon de sus amos, que fueron desplazados de sus tierras costeras cuando se construyó la base. Actualmente, el gobierno propone aumentar el tamaño del sitio de lanzamiento de Alcántara en 12.000 hectáreas, y las comunidades de Quilombo temen que una vez más se vean obligadas a mudarse, causándoles un mayor empobrecimiento. Esto ha sido objeto de debate tanto en el Congreso brasileño como en el Congreso estadounidense, con representantes de la Cámara demócrata que presentaron una resolución pidiendo al gobierno de Bolsonaro que respete los derechos de los quilombolas.

El Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas es un acuerdo principalmente comercial con el fin de atraer a más empresas estadounidenses a Brasil para el centro de Alcántara, lo que les ahorraría dinero a estas empresas debido a la ubicación ideal del lugar de lanzamiento, al tiempo que tendrían oportunidad de invertir en el programa espacial brasileño. Sin embargo, debido a las controversias mencionadas anteriormente, algunos pueden considerar esto como un acuerdo unilateral donde solo prevalecen los intereses estadounidenses, mientras que el gobierno y el pueblo brasileños pierden la soberanía sobre un lugar estratégico. No obstante, debe advertirse que Brasil ha desarrollado tradicionalmente una importante industria aeronáutica (Embraer, recientemente comprada por Boeing, es un excelente ejemplo) y la base de Alcántara brinda la oportunidad a Brasil de saltar a la nueva era espacial.

La minería ilegal, la otra destrucción de la Amazonía

La extracción de oro y el transporte de petróleo contaminan los ríos de la región amazónica

No solo los incendios están afectando negativamente a la Amazonía, sometida a una acelerada reducción de la masa forestal, sino que la mayor actividad que registra, impulsada por la propia deforestación –que a su vez propicia la minería ilegal y más transporte de carburante– aumenta la contaminación del río Amazonas y del resto de vías fluviales de los países que forman parte de la región. El uso de mercurio en la extracción del oro supone un grave problema añadido para las comunidades que viven en la cuenca.

Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

▲ Puesta de sol en el río Amazonas, en Brasil [Pixabay]

ARTÍCULO / Ramón Barba

El aumento de la minería ilegal en la región amazónica, en países como Colombia y Perú y sobre todo en Venezuela, ha incrementado la contaminación fluvial de toda la cuenca. La contaminación también se ve agravada por el transporte de petróleo, que genera escapes de crudo, y por el vertido de aguas residuales vinculadas a una mayor actividad humana, a su vez relacionada con la creciente deforestación.

La minería ilegal se ha extendido especialmente en las dos últimas décadas, vinculada al incremento del precio de los minerales. A pesar de la caída general del precio de las materias primas a partir de 2014, la cotización se ha mantenido alta en el caso del oro, pues como valor refugio resiste la desaceleración económica mundial. La obtención de oro requiere la manipulación de mercurio para extraerlo y separarlo de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se calcula que la actividad minera ilegal vierte de promedio unos 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Como señala la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) en su informe Análisis de Diagnóstico Transfronterizo Regional de la Cuenca Amazónica de 2018, se estima que solamente la Amazonía brasileña recibió 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994 y luego ha registrado volúmenes en torno a las 150 toneladas anuales.

La OTCA indica que la explotación minera está localizada especialmente en el Escudo Guayanés, en las zonas andinas de Perú y Bolivia y en el piedemonte colombiano. Información recogida por esta organización estima que de 100.000 a 200.000 personas se dedican a esta actividad en Colombia y también en Perú, cifra que se dobla en el caso de Brasil.

Por su parte, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en su estudio La Amazonía Saqueada, de finales de 2018, constata que la superficie en la que se da la minería ilegal “va en aumento”, especialmente en Venezuela, donde “los reportes cambian drásticamente de año en año”. La RAISG computa 2.312 puntos de la región amazónica donde existe actividad minera ilegal, de los cuales 1.899 corresponden a Venezuela.

La explotación minera da una doble funcionalidad a los ríos, según el informe de RAISG, en tanto que se utilizan para la introducción de maquinaria y para dar salida a los minerales. Ello tiene graves efectos medioambientales (erosión de los suelos, contaminación del agua y de los recursos hidrológicos, extinción de flora y fauna acuática, impactos atmosféricos…), a la par que graves consecuencias en lo relativo a la salud de los pueblos indígenas, pues la contaminación de los ríos con mercurio afecta a los peces y los otros seres vivos que se mueven en el entorno fluvial. Dado que la dieta principal de los pueblos indígenas es el pescado, la ingesta de niveles altos de mercurio acaba dañando la salud de las poblaciones (casos de pérdida de visión, enfermedades cardíacas, daños en el sistema nervioso central, cognitivo o motor, entre otros).

Otro aspecto de la actividad minera es que tiende a la apropiación de tierras e incursión en áreas naturales protegidas del Amazonas, incrementando la deforestación y la reducción de biodiversidad. Las áreas de Tapajós y Xingú en Brasil, junto con el escudo Guayanés, son las áreas más afectadas por la deforestación, según la RAISG. Recogiendo estudios previos, esta organización indica la desforestación derivada de la extracción de oro se ha acelerado en los últimos veinte años, pasado de una deforestación de 377 km2 entre 2001-2007, a una deforestación de 1.303 km2 entre 2007-2013. En Perú cabe destacar el caso del departamento Madre de Dios, donde se deforestaron 1.320 hectáreas entre 2017 y 2018.

Otras causas de contaminación

Además de la minería ilegal otros procesos resultan también contaminantes de los ríos, como las actividades extractivas de hidrocarburos, el vertido de aguas residuales y el transporte fluvial, tal como advierte la OTCA, organización que agrupa a los ocho países con territorio en la región amazónica: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

Contaminación por causa de los hidrocarburos. La situación afecta a los cinco países que se encuentran al oeste de la Cuenca (Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Brasil), siendo Bolivia un potencial candidato en tanto que cuenta con grandes reservas de gas sin explotar en la zona. La contaminación en este caso viene de la mano del transporte por vía fluvial del petróleo desde los puntos de extracción hasta las refinerías. Ello implica importantes consecuencias ambientales y socioeconómicas, como la degradación de los suelos y la contaminación del aire, lo cual también implica pérdida de flora y fauna, así como de recursos hidrobiológicos, afectando a la biodiversidad y a la migración de especies. En el campo socioeconómico estos problemas se traducen en el incremento de costos operacionales, el desplazamiento de indígenas, el aumento de enfermedades y el surgimiento de conflictos.

Contaminación por aguas residuales domésticas, comerciales e industriales. A pesar de la gran cantidad de agua con la que cuentan los países de la cuenca amazónica, el nivel de saneamiento no supera el 60%. Como consecuencia, los ríos se convierten en vectores de enfermedades en muchas comunidades rurales, pues en ellas el saneamiento es menor. Datos no actualizados hablan de desechos urbanos y domésticos de 1,7 millones de toneladas por litro y de 600 litros por segundo en 2007. A su vez, es importante tener en cuenta los daños causados por parte de las actividades agroindustriales en los cursos fluviales, pues el gran número de insectos y microorganismos implica un uso abundante de pesticidas, herbicidas y fungicidas. Dentro de los problemas ambientales y sociales producto de esta actividad está la emisión de gases de efecto invernadero, el deterioro de ecosistemas acuáticos, la eutrofización y la polución por agrotóxicos, y la pérdida de salarios e incremento de costos por tratamiento del agua.

Contaminación por transporte fluvial. La región amazónica cuenta con cerca de 24.000 km de río navegables, que constituyen la principal vía de comunicación. Unos 50 millones de toneladas de carga eran transportadas por el Amazonas a comienzos de esta década ahora terminada. Además de las fugas de combustible, la actividad produce un arrastre de lodos que no son dragados periódicamente, así como una contaminación de riberas y playas, que perjudican la economía y el turismo.

 

 

Impacto en las comunidades indígenas      

Para muchos pueblos indígenas, como es el caso colombiano, el oro es un mineral sagrado pues es representación del sol en la tierra. Consideran que la extracción de este mineral implica la pérdida de vida del territorio y para extraerlo los chamanes de la zona deben de “pedir permiso” mediante una serie de ceremonias; hacerlo sin el permiso otorgado implica consecuencias negativas, de ahí que las poblaciones indígenas asocian la extracción indebida de oro con enfermedades y muerte. Un ejemplo de ello es el área del Río Aaporis, considerado también como sagrado, donde el líder Yanomami Davi Kopenawa habla de la xawara wakémi (la epidemia humo), derivada de la quema del oro y que es, según afirma, la causa de la muerte algunas habitantes de la zona.

No obstante, miembros de las comunidades indígenas también se dedican a la minería artesanal, bien porque de entrada rechazan la tradición ante los beneficios económicos que supone la extracción ilegal, bien porque se ven obligados a esa ocupación por la falta de oportunidades. Esto último ocurre en la reserva comunal peruana de Amarakaeri , muy afectada por la actividad extractiva, donde sus habitantes se han visto obligados a practicar la minería artesanal presionados por sus necesidades de subsistencia y por intereses mineros externos que acaban explotándoles.

La minería realizada sin controles, por otro lado, afecta negativamente al entorno medioambiental en el que se desarrolla la vida indígena. En la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipie, por ejemplo, se llevó a cabo un mega proyecto minero a cielo abierto cuyo impacto ha implicado una deforestación en la zona de 1.307 hectáreas entre 2009 y 2017.

Cabe destacar el hecho de que la minería no solo implica un ataque contra ciertos aspectos culturales indígenas, sino que también supone un grave ataque contra sus derechos humanos en tanto que, a pesar de ser pueblos que viven en aislamiento voluntario, las empresas mineras llevan a cabo una injerencia en esas reservas y fuerzan desplazamientos y desarraigos. Esta situación es especialmente crítica en Bolivia, Ecuador y Perú, países en los que existe un “zona gris” entre la legalidad y la ilegalidad en lo que a minería artesanal se refiere, incrementando el grado de afectación en las zonas indígenas. A su vez cabe destacar la actividad represiva de los estados de destrucción de dragas y balsas, lo cual lleva a la respuesta violenta por parte de los afectados, como ocurrió en la revuelta de Humaitá en Brasil.

La vida indígena también se ve ha visto afectada por la presencia en esos territorios de grupos guerrilleros o paramilitares, así como de grupos de crimen organizado. En Colombia los grupos armados han aprovechado la minería para el financiamiento de sus actividades, que desarrollan en zonas con altos niveles de pobreza y difícil acceso para el Gobierno. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 6% de esta actividad, en lugares donde también puede cultivarse coca, cuya producción igualmente ha aumentado los últimos años. El informe de la OCDE Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana, de 2016, indica que las FARC, el ELN y las bandas criminales comenzaron su actividad minera en la década de 1980 y la incrementaron en la de 1990 como consecuencia del aumento del precio del oro y de la mayor dificultad de obtener ingresos estables provenientes de la droga. En 2012, las FARC y el ELN tenían presencia en un 40% de los 489 municipios colombianos dedicados a la minería. Recientemente se ha atestiguado la presencia del ELN en la explotación minera ilegal llevada a cabo de Venezuela, especialmente en el estado de Bolívar, a la que podrían sumarse los disidentes de las FARC resguardados en territorio venezolano.

Centroamérica aprovecha sus volcanes para generación eléctrica

La energía geotérmica supone ya el 7,5% del mix eléctrico centroamericano, con una capacidad instalada aún muy por debajo del potencial estimado

La actividad volcánica y el movimiento tectónico propios de Centroamérica ofrecen condiciones óptimas a los pequeños países de la región para el aprovechamiento de una fuente energética alternativa a unos hidrocarburos que deben importar o un carbón siempre más contaminante. De momento, la capacidad instalada –mayor en Costa Rica y El Salvador– supone apenas el 15% del potencial más probable estimado.

Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

▲ Planta geotérmica de San Jacinto-Tizate, en Nicaragua [Polaris Energy Nicaragua S. A.]

ARTÍCULOAlexia Cosmello

Centroamérica tiene en la actualidad una capacidad geotérmica instalada de 645 megavatios (MW), lejos del potencial atribuido a la región. Este puede alcanzar, en la banda más alta de las estimaciones, casi los 14.000 MW, si bien los cálculos más probables hablan de alrededor de 4.000 MW, lo que supone un aprovechamiento actual de aproximadamente el 15%, según datos del Banco Mundial publicados en 2018.

La energía obtenida constituye el 7,5% de la generación eléctrica total de los países centroamericanos: una cifra no desdeñable, pero que aún debe crecer. Las previsiones hablan de un sector en expansión, si bien la atracción de las necesarias inversiones extranjeras se ha visto de momento limitada por el riesgo propio de esta industria y los marcos jurídicos nacionales.

La energía geotérmica es una energía renovable y limpia que no depende de factores externos. Consiste en aprovechar el calor del interior de la tierra ­–los recursos de alta temperatura en forma de fluidos subterráneos calientes– para la generación eléctrica y térmica (calefacción y agua caliente sanitaria). Se rige por el movimiento magmático de la tierra, por eso es un recurso escaso y limitado a ciertas regiones con una concentración significativa de actividad volcánica o movimiento tectónico.

Latinoamérica

Esas características del istmo americano son compartida también por México, donde el sector geotérmico comenzó ya a desarrollarse en la década de 1970 y ha alcanzado una capacidad instalada de 957 MW. La fricción de las placas tectónicas a lo largo de la costa sudamericana y del Caribe oriental también da también a esas subregiones un potencial energético, aunque menor que el centroamericano; su explotación, en cualquier caso, resulta pequeña (solo Chile, con 48 MW instalados, ha comenzado realmente su aprovechamiento). El total potencial geotérmico de Latinoamérica podría estar entre 22 GW y 55 GW, un rango especialmente impreciso dadas las pocas exploraciones realizadas. La capacidad instalada se acerca a los 1.700 MW.

El Banco Mundial estima que en la próxima década, Latinoamérica necesitaría una inversión de entre 2.400 y 3.100 millones de dólares para desarrollar diversos proyectos, que añadirían una generación conjunta de unos 776 MW, de los cuales la mitad corresponderían a Centroamérica.

La atracción de capital privado no es sencilla, teniendo en cuenta que desde la década de 1990 el sector geotérmico latinoamericano ha contado con menos de 1.000 millones de dólares en inversiones privadas. Las dificultades de financiación en parte tienen que ver con la propia naturaleza de la actividad, pues exige una elevada inversión inicial, que tiene un alto riesgo pues la exploración es laboriosa y tarda en llegarse al estadio de producción de energía. Otros aspectos que han restado atractivo han sido las políticas y los marcos regulatorios de los mismos países y sus deficiencias en la gestión local e institucional.

La energía geotérmica, en cualquier caso, debiera ser una prioridad para países con un potencial alto como el centroamericano, dado que, como señala la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), constituye una fuente de generación eléctrica de bajo coste y además estimula el crecimiento económico de bajo carbono. Por este motivo esta organización ha pedido a los gobiernos de la región centroamericana que adopten políticas que favorezcan el aprovechamiento de este recurso tan valioso, y que desarrollen marcos jurídicos y regulatorios que las impulsen.

En la promoción y asesoramiento internacional están interviniendo el Banco Mundial y algunos países con especial experiencia tecnológica. Así, Alemania está llevando a cabo desde 2016 un programa de desarrollo del potencial geotérmico bajo la Iniciativa Alemana de Tecnología del Clima (DKTI). En el proyecto cooperan el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF), implementado por el banco de desarrollo alemán KfW, y el Programa de Identificación de Recursos Geotérmicos de América Central, apoyado por el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR). La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la cual ha organizado cursos técnicos, junto con la empresa LaGeo, ubicada en El Salvador, para operadores en plantas geotérmicas, profesores e investigadores en la materia, con el objetivo de lograr una mejor gestión de las instalaciones y un desarrollo más eficiente de los proyectos energéticos.

 

 

Por países

Si bien los países centroamericanos han mostrado una gran dependencia de los hidrocarburos importados como fuente energética, en cuanto a generación eléctrica la subregión ha logrado un importante desarrollo de alternativas renovables, puestas al servicio de todos los integrantes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC). El director ejecutivo de la Secretaría General del SICA, Werner Vargas, destacó a comienzos de 2019 que el 73,9% de la electricidad producida a nivel regional está generada con fuentes renovables.

No obstante, indicó que para hacer frente a la creciente demanda eléctrica, que entre 2000 y 2013 aumentó en un 70%, la región necesita un mayor aprovechamiento de sus capacidades geotérmicas. Una mayor integración de la energía geotérmica permitiría ahorrar más de 10 millones de toneladas de emisiones CO2 al año.

La participación de la energía geotérmica en el mix eléctrico varía según los países. La cuota más elevada corresponde a El Salvador (26%), Nicaragua (15%) y Costa Rica (12,5%), mientras que la participación es pequeña en Honduras (3%) y Guatemala (2,5%).

En Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entregó el pasado mes de julio la planta geotérmica Las Pailas II, en la provincia de Guanacaste, que tuvo un coste total de 366 millones de dólares. La planta aportará a la red eléctrica un máximo de 55 MW, de forma que cuando esté plenamente operativa elevará el total de capacidad instalada en el país de 207 MW a 262 MW.

A Costa Rica le sigue El Salvador en generación eléctrica a partir de la energía geotérmica. Líder nacional en la producción es la empresa LaGeo, responsable de la casi totalidad de los 204 MW instalados en el país. Esta empresa cuenta con dos plantas, una en Ahuachapá, que produce 95 MW, y la otra Usulután, con una producción de 105 MW. Con menor consumo eléctrico que Costa Rica, El Salvador es el país centroamericano con mayor peso de la generación geotérmica en su mix eléctrico, un 26%, el doble que en el caso costarricense.

Nicaragua tiene una potencia instalada de 150 MW, gracias al interés geotérmico que presenta la cordillera volcánica del Pacífico. Sin embargo, los niveles de producción están claramente por debajo, aunque suponen un 15% de la generación eléctrica en el país. Dentro de los proyectos geotérmicos, destacan el de San Jaciento-Tizate y  el de Momotombo, que ya están siendo explotados. El primero explotado por la empresa Polaris Energy, se realizó en 2005 con la pretensión inicial de producir 71 MW, para alcanzar los 200 MW a finales de la presente década; sin embargo, actualmente, está produciendo 60 MW. El segundo, controlado por la empresa ORMAT y la participación de ENEL, se impulsó en 1989 con una capacidad de 70 MW, si bien desde 2013 produce 20 MW.

Guatemala está algo por detrás, con una potencia instalada de 49 MW, seguida de Honduras, con 35 MW. Ambos países reconocen el interés de la explotación geotérmica, pero se han quedado rezagados en su promoción. Y eso que los estudios del propio gobierno guatemalteco destacan la rentabilidad de los recursos geotérmicos, cuyo coste de producción es de 1 dólar por MW/hora, frente a los 13,8 dólares en el caso de la energía hidroeléctrica o los 60,94 por ciento del carbón.

El aguacate como indicador de las relaciones EEUU-México

Durante décadas, EEUU cerró sus puertas al aguacate mexicano; hoy lo necesita para cubrir su creciente demanda

En 2019 se registrará un récord de las importaciones de aguacate mexicano en Estados Unidos: casi el 90% del millón de toneladas de aguacates consumidos por los estadounidenses procederá del vecino país, que lidera la producción mundial. Luego de estar prohibido durante décadas en EEUU –alegando cuestiones fitosanitarias, sobre todo invocadas por los productores de California–, la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas del mercado estadounidense a este producto mexicano, primero con reservas y desde 2007 sin restricciones. La llegada de Trump a la presidencia marcó un descenso de las importaciones, pero luego no han dejado de subir.

El interés por la comida saludable ha hecho aumentar el consumo de aguacate en el mundo

▲ El interés por la comida saludable ha hecho aumentar el consumo de aguacate en el mundo

ARTÍCULOSilvia Goya

Tendencias sociales como el veganismo o el “real fooding” han hecho aumentar la producción mundial de aguacate, una fruta valorada por su grasa saludable y su aportación vitamínica, que ameniza bien multitud de platos. En Estados Unidos, además, la tradición alimentaria de millones de hispanos –el aguacate nace de un árbol propio de América Central y del Sur (Persea americana)– ha fomentado el consumo de un producto que, como pocos, marca las relaciones entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) prevé que para atender el creciente consumo nacional de aguacate (que se ha multiplicado por 5,4 desde 2000, pasando de 226.000 toneladas a 1,2 millones en 2018), en 2019 el país tendrá que aumentar sus importaciones notablemente, de forma que pasen a constituir del 87% al 93% de la disponibilidad de producto. Eso supondrá un incremento de las importaciones desde México, que en 2018 aportó ya el 87% del aguacate procedente del extranjero. Esta necesidad de importación se debe en parte a problemas en la producción registrados en California, el estado de mayor producción en EEUU (alrededor del 80%), muy por delante del segundo, Florida, y gran litigador en el pasado para impedir la competencia del aguacate mexicano.

El primer año de Donald Trump en la Casa Blanca supuso un ligero descenso en la importación de aguacate mexicano, que en 2017 bajó a 774.626 toneladas. Sin embargo, en 2018 se alcanzó un nuevo récord, con 904.205 toneladas, con un incremento del 17%, en un contexto de no materialización de las amenazas comerciales lanzadas por la Administración Trump, que finalmente se avino a la renovación del tratado de libre comercio con México y Canadá. El último año, las importaciones de México supusieron el 87% del total de compras de aguacate en el exterior; el resto hasta 1,04 millones de toneladas, correspondieron a las procedentes de Perú (8%), Chile (2,5%) y República Dominicana (2,5%).

Historia de un veto

La notable alza de las ventas de aguacate en EEUU ha atraído la atención de los carteles de droga, que se han enfrentado para controlar el negocio en algunos estados mexicanos como Michoacán –el gran productor de aguacates, sobre todo de la variedad Hass, que es la de mayor comercialización–, dando lugar a un “nuevo narcotráfico”. No obstante, el historial de controversia entre los dos países en torno a esta baya viene de lejos. Fue en 1914 cuando el entonces secretario de Agricultura de EEUU firmó el un aviso de cuarentena mediante el cual declaraba la necesidad de prohibir la importación de semillas de aguacate de México debido a un gorgojo que la semilla portaba. En 1919 se promulgó la “Cuarentena de viveros, plantas y semillas”. Ese marco normativo fue vigente durante décadas.

Durante el periodo de los años 70 la discusión sobre la entrada de los aguacates mexicanos en el mercado estadounidense se mantuvo en el primer plano político debido a la insistencia de los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México. Las investigaciones en diversos estados mexicanos productores de aguacate, sin embargo, hallaron gorgojos en algunas de las semillas, lo que no permitió que se cambiase la política reguladora del Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de EEUU. Por ello, en 1976 el USDA, en una carta dirigida a su contraparte mexicana, afirmó que se debía continuar “como en el pasado, en contra de la emisión de permisos para la importación del aguacate de México”.

Tras estos acontecimientos la política estadounidense respecto a los aguacates procedentes de su país vecino continuó siendo restrictiva hasta que la liberalización del comercio y la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias comenzaron a modificar el contexto en el que los gobiernos examinaban los problemas de salud vegetal e importaciones. Durante la mayor parte del siglo XX la política de protección había consistido en negar el acceso a los productos que podían albergar plagas; en la última década, sin embargo, las reglas comenzaron a cambiar.

La creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y de la Organización Mundial del Comercio en 1995 abrieron camino para las nuevas solicitudes mexicanas de acceso al mercado de aguacate de EEUU. Aunque el objetivo principal del TLCAN era la eliminación de los aranceles para 2004, también preveía la armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los socios comerciales. No obstante, este tratado de libre comercio reconoce explícitamente que cada país puede establecer regulaciones para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, por lo que cuando el riesgo de infestación de plagas es alto, el país tiene legitimidad para poner restricciones al comercio.

Con la implementación del TLCAN en 1994 el gobierno de EEUU se vio sometido a una mayor presión para facilitar la importación de productos agrícolas de México, entre ellos el aguacate. Esto llevó a un cambio en la política fitosanitaria del USDA hacia una nueva política de “mitigación o soluciones tecnológicas”. El APHIS es la rama del gobierno encargada de implementar las disposiciones fitosanitarias del TLCAN en el caso de EEUU. Este órgano consideraba que las moscas de la fruta –presentes en una amplia variedad de especies– se podían encontrar también en los aguacates mexicanos, por lo que los funcionarios del Servicio de Sanidad Vegetal de México tenían la difícil tarea de demostrar que dicho insecto no estaba presente en sus aguacates y que aquellos de la variedad Hass no eran susceptibles al ataque de la mosca mexicana de la fruta. Entre 1992 y 1994 México presentó dos planes de trabajo con sus respectivas investigaciones. El primero fue rechazado mientras que el segundo, pese a la presión de la Comisión de Aguacates de California (CAC), fue aceptado.

Este segundo plan solicitaba el acceso del aguacate mexicano a 19 de los 50 estados estadounidenses durante los meses de octubre a febrero. A finales de junio de 1995 el USDA emitió una propuesta de norma que describía las condiciones bajo las cuales el aguacate Hass cultivado en plantaciones aprobadas en Michoacán podría ingresar en EEUU. Fue a finales de 1997 cuando el USDA publicó una norma final autorizando la importación de dichos aguacates a EEUU. Esta fue la primera vez que el USDA usó el llamado “enfoque de sistemas” para gestionar los riesgos planteados por las plagas cuarentenarias.

Al concluir la segunda temporada de envíos, en febrero de 1999, México solicitó la ampliación del programa para aumentar el número de estados de EEUU a los que podía exportar y permitir que la temporada de envíos comenzase un mes antes (septiembre) y acabase un mes después (marzo). En 2001, el USDA se reunió con el Servicio de Salud Vegetal mexicano y aceptó considerar la ampliación de los estados importadores a 31 y las fechas de importación desde el 15 de octubre hasta el 15 de abril. La buena relación establecida entre los presidentes George W. Bush y Vicente  Fox tuvo una clara influencia en este movimiento expansivo.

 

Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]

Importaciones en toneladas. En 2018, importaciones de 1,04 millones de toneladas (el 87% de México) [Fuente: USDA]

 

Liberalización

Durante cinco años se habían enviado aguacates mexicanos a EEUU sin detectar una sola plaga. Pese a que la expansión de la importación de aguacate mexicano parecía inevitable, desde California la CAC presentó una demanda contra el USDA, alegando que los aguacates mexicanos sí tenían plagas. Ante esto el USDA llevó a cabo una investigación y publicó en 2003 un borrador de “Evaluación de riesgo de plagas” en el que se confirmaba que los aguacates mexicanos no portaban la mosca de la fruta.

El USDA había tornado su posición anterior de protección interna hacia una nueva posición que beneficiaba la importación. Así pues, en 2004 el USDA emitió una nueva norma para expandir el programa de importación a los 50 estados durante los 12 meses del año. Esta norma preveía que en California, Florida y Hawái se retrasase la importación de aguacates hasta un año con el fin de comprobar la eficacia de las regulaciones propuestas. Por lo tanto, hasta enero de 2007 no se permitió a México exportar aguacates a California y Florida; desde entonces se le permite exportar a todos los estados durante todo el año, convirtiéndose así rápidamente EEUU en el mayor importador mundial de aguacate mexicano.

Hasta 2017 la importación de aguacates mexicanos se mantuvo estable; sin embargo, como se ha indicado previamente, con la llegada de Trump a la Casa Blanca las relaciones entre EEUU y México volvieron a tambalearse en torno a diversos temas, uno de ellos la exportación de alimentos de México a EEUU, con el aguacate como caso emblemático. El nuevo presidente estadounidense amenazó con una tarifa de un 20% sobre los aguacates mexicanos para financiar el muro que pretendía construir en la frontera.

En junio de 2018 Trump amenazó de nuevo con poner un arancel al aguacate del 25% y posteriormente en mayo de 2019 amenazó con imponer un arancel del 5% a todos los bienes provenientes de México.

En marzo de 2019, al darse la ola migratoria, el presidente de EEUU amenazó con cerrar la frontera con México y consecutivamente retiró su decisión, no obstante, el simple hecho de que Trump amenazase con cerrar la frontera ya hizo escalar el precio del aguacate un 34%.

Las relaciones de EEUU y México respecto al aguacate prosiguen inestables. Pese a que se ha avanzado mucho desde la implantación del TLCAN, siguen estando en juego diversos intereses que podrían llevar a EEUU a reducir la importación de aguacates mexicanos. Difícilmente el aguacate puede escapar de la incerteza propia del vínculo entre EEUU y México.

Acuerdos de tercer país seguro: baja la migración centroamericana a EEUU

Los acuerdos de EEUU con el Triángulo Norte han podido tener un efecto disuasorio antes de entrar en vigor

En el primer mes tras la extensión de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) a los tres países del Triángulo Norte, las aprehensiones en la frontera de EEUU han caído por debajo de los últimos años. La reducción real de la afluencia de migrantes que esto evidencia tiene que ver con el mayor control de México sobre su frontera con Guatemala, pero también puede deberse al efecto disuasorio del anuncio de los acuerdos, cuya implementación no ha comenzado plenamente y por tanto aún deben demostrar si tendrán directa eficacia.

Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

▲ Migrantes hondureños retenidos por la guardia fronteriza de Guatemala, en octubre de 2018 [Wikimedia Commons]

ARTÍCULO / María del Pilar Cazali

Los intentos de entrada en Estados Unidos a través de su frontera con México no solo han vuelto ya a niveles de comienzos de año, antes de que la cifra de migrantes se disparara y cada mes marcara un nuevo récord hasta alcanzarse en mayo las 144.116 aprehensiones e inadmisiones (cifras de la guardia fronteriza estadounidense que permiten valorar indirectamente la evolución de la migración), sino que han seguido descendiendo hasta quedar por debajo de varios años previos.

El mes de octubre (el primer mes del año fiscal estadounidense de 2020), hubo 45.250 aprehensiones e inadmisiones en la frontera sur de EEUU, por debajo de la cifra de los meses de octubre de 2018, 2015 y 2016 (aunque no de 2017). Esto permite vaticinar que el total de aprehensiones e inadmisiones en el nuevo año fiscal quedará claramente por debajo del récord de 977.509 registrado en el de 2019. Ese auge tuvo que ver con las caravanas de migrantes que se iniciaron a finales de 2018 en el Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala), siguiendo una corriente migratoria que, con diferentes intensidades, comenzó en la década de 1980 por inestabilidades políticas y económicas de esos países.

Esta crisis migratoria llevó a que la administración estadounidense del presidente Trump aplicara políticas de deportación más duras, incluyendo el cambio de condiciones para las deportaciones expeditas. Además, la Casa Blanca presionó a México con la amenaza de aranceles a sus productos si no contribuía a reducir el flujo de migrantes que atravesaban suelo mexicano, lo que llevó al presidente López Obrador al despliegue de la recién creada Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Trump combinó esas medidas con la negociación con los países del Triángulo Norte de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que inicialmente fueron denominados impropiamente de “tercer país seguro”, lo que contribuyó a aumentar la controversia que generaron.

Acuerdo con Guatemala

Debido a amenazas estadounidenses de imponer aranceles a Guatemala si no lograba reducir el número de migrantes de ese país o que pasan por él rumbo a EEUU, el gobierno guatemalteco aceptó los términos de un trato anunciado por Trump el 26 de julio de 2019. El acuerdo prevé que quienes solicitan asilo en EEUU pero han pasado previamente por Guatemala, sean llevados de nuevo a este país para que puedan permanecer allí como asilados en caso de reunir las condiciones requeridas. Estados Unidos ve esto como un acuerdo de tercer país seguro.

Un acuerdo de tercer país seguro es un mecanismo internacional que posibilita acoger en un país a quienes solicitan asilo en otro. El acuerdo firmado en julio impede que los solicitantes de asilo puedan recibir protección estadounidense si pasaron por Guatemala y no solicitaron primero asilo allí. El objetivo estadounidense es evitar que los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador pidan asilo en EEUU. La responsabilidad de gestionar las solicitudes de protección recaerá sobre Washington solo en tres supuestos: menores de edad no acompañados, personas con visa o documento de admisión emitido por EEUU o personas que no tengan la obligación de obtener una visa. Quienes no cumplan con los requisitos, serán enviados a Guatemala para esperar la resolución de su caso, que podría tardar años. Por otro lado, el acuerdo no impide que los solicitantes guatemaltecos y mexicanos puedan pedir asilo en EEUU.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, previamente había anunciado que un acuerdo similar podría llegar a ser parte de las negociaciones migratorias que se estaban llevando a cabo con EEUU. En Guatemala, tras el anuncio de lo acordado, surgieron múltiples críticas, porque las condiciones de seguridad de ambos países son incomparables. A esto se le sumaron rumores sobre cuál era el verdadero contenido del acuerdo que Morales había firmado, ya que no fue inmediatamente revelado al público. Ante esta incertidumbre, el ministro de Interior, Enrique Degenhart, declaró que el acuerdo era solo para hondureños y salvadoreños, no para nacionales de otros países latinoamericanos, y que el texto no mencionaba explícitamente el término “tercer país seguro”.

La semana siguiente al anuncio, fueron interpuestos tres recursos de amparo contra el acuerdo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, argumentando que el país no está en condiciones de prestar la protección que supuestamente ofrece y que el gasto que acarrearía debilitaría la situación económica de la propia población. Sin embargo, Degenhart defendió el acuerdo diciendo que las repercusiones económicas habrían sido peores si no se hubiere alcanzado el pacto con Washington, porque con los aranceles estadounidenses estaría en peligro la mitad de las exportaciones guatemaltecas y los puestos trabajos que le acompañan a estos sectores.

Estas críticas no provenían solo de ciudadanos guatemaltecos, sino también de figuras públicas como el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, invocando falta de transparencia por parte del gobierno. Rodas insistió en que Guatemala no está en condiciones de ser un tercer país seguro por sus bajos indicadores de producción, de educación, de salud pública y de seguridad. Parecidas ideas han expresado organizaciones como Amnistía Internacional también, para las que Guatemala no es seguro y no se puede considerar como refugio.

En su pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala afirmó que el gobierno guatemalteco necesita someter el acuerdo a la aprobación del Congreso para que pueda ser efectivo. Esto ha sido rechazado por el gobierno, que estima que la política internacional es competencia directa del presidente del país y por tanto comenzará a implementar lo decidido con Washington sin más dilación.

 

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

Aprehensiones e inadmisiones realizadas por la guardia de frontera de EEUU, distribuidas por meses durante los últimos años fiscales (FY) [Tomado de CBP]

 

También con El Salvador y Honduras

A pesar de toda esta controversia generada desde el mes de julio a raíz del pacto con Guatemala, EEUU desarrolló esfuerzos similares con El Salvador y Honduras. El 20 de septiembre de 2019, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un acuerdo asimilable a la figura del tercer país seguro, aunque tampoco fue llamado explícitamente así. Compromete a El Salvador a recibir solicitantes de asilo que aún no pueden ingresar a EEUU, similar al acuerdo con Guatemala. El acuerdo de El Salvador tiene los mismos tres supuestos en los que EEUU tendrá que hacer cargo de la protección de migrantes.

El gobierno salvadoreño ha recibido críticas similares, incluyendo la falta de transparencia en la negociación y la negación de la realidad de que el país es inseguro. Bukele justificó la firma diciendo que significaría la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los más 190.000 salvadoreños que viven en EEUU. En octubre de 2019, la cancillería salvadoreña dijo que este acuerdo no es de tercer país seguro porque El Salvador no se encuentra en las graves situaciones migratorias en las que están Guatemala y Honduras en cuanto a flujo de personas, por lo que es solamente un acuerdo de no violación de derechos para minimizar la cantidad de migrantes.

El 21 de septiembre de 2019 el gobierno hondureño también hizo público el anuncio de un acuerdo muy similar al aceptado por sus dos vecinos. Este dice que EEUU podrá deportar a Honduras solicitantes de asilo que hayan pasado por Honduras. Al igual que los otros dos países, el gobierno hondureño recibió críticas ya que no es un destino seguro para migrantes por ser de los países con tasas más altas de homicidio en el mundo.

Pese a las críticas generadas sobre los tres acuerdos, a finales de octubre de 2019 el gobierno de Donald Trump anunció que se encontraba en preparaciones finales para empezar a enviar solicitantes de asilo a Guatemala. Sin embargo, a finales de noviembre aún no se había producido el envío de solicitantes de asilo que no fueran guatemaltecos. La toma de posesión a comienzos de enero del presidente electo, Alejandro Giammattei, que anunció su deseo de anular ciertos términos del acuerdo, puede introducir alguna variante, aunque tal vez su propósito sea arrancar alguna concesión más a Trump, además de las visas agrícolas que Morales negoció para temporeros guatemaltecos.

Récord de llegada de niños solos en la frontera de EEUU

La avalancha de menores extranjeros no acompañados sufrida por la Administración Obama en 2014 ha sido superada en un 2019 con un nuevo pico migratorio

En verano de 2014, Estados Unidos sufrió una crisis migratoria por un incremento inesperado del número de menores extranjeros no acompañados, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a su frontera con México. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Aunque oscilante, el volumen de este tipo de inmigración bajó, pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, de la mano de la ˝crisis de las caravanas˝, que ha llevado al alza de nuevo las aprehensiones totales en la frontera.

Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

▲ Agentes fronterizos de EEUU registran a menores no acompañados en la frontera de Texas con México, en 2014 [Hector Silva, USCBP–Wikimedia Commons]

ARTÍCULOMarcelina Kropiwnicka [Versión en inglés]

Estados Unidos acoge a más inmigrantes que cualquier otro país del mundo, con más de un millón de personas que llegan cada año, ya sea como residentes legales permanentes, solicitantes de asilo y refugiados, o en otras categorías de inmigración. Si bien no existe una cifra exacta de cuántas personas cruzan ilegalmente la frontera, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US Customs and Border Control) miden los cambios en la inmigración ilícita a partir de la cantidad de aprehensiones que se realizan en la frontera; dichas detenciones sirven como indicador del número total de intentos de entrar en el país ilegalmente. En cuanto a los datos, se puede concluir que ha habido cambios notables en la demografía de la migración ilegal en la frontera con México (frontera suroeste, en términos oficiales estadounidenses) en los últimos años.

El pico de aprehensiones en la frontera con México fue durante el año 2000, cuando se detuvo a 1,64 millones de personas que intentaban entrar ilegalmente en Estados Unidos. Las cifras han disminuido, en general, desde entonces. En los últimos años ha habido más aprehensiones de no mexicanos que de mexicanos en la frontera con el vecino país, lo que refleja una disminución en el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que llegaron a Estados Unidos en la última década. El aumento, de hecho, se debió en gran medida a quienes huyeron de la violencia, la actividad de las pandillas y la pobreza existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador, región conocida como el Triángulo Norte centroamericano.

Las naciones incluidas en el Triángulo Norte se encuentran entre las más pobres de América Latina —un alto porcentaje de la población todavía vive con menos de 2 dólares al día (el umbral de pobreza internacional es de 1,90 dólares)—; en ellas apenas ha habido avances los últimos años en la reducción de la pobreza. Dentro de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la segundo porcentaje más alto de población que vive por debajo del umbral de pobreza (17%), después de Haití, según los últimos datos del Banco Mundial.

Menores extranjeros no acompañados

Mientras en la última década ha habido menos adultos, sin compañía de familia, que han intentado cruzar la frontera sin autorización, se ha registrado en cambio una oleada de menores extranjeros no acompañados (MENAs) tratando de entrar en Estados Unidos desde México. La migración de menores sin adultos acompañándoles no es nueva; lo nuevo es ahora su volumen y la necesidad de aplicar políticas en respuesta a este problema. El aumento de las aprehensiones de MENAs en el ejercicio 2014 causó alarma y motivó tanto un intenso escrutinio de los medios de comunicación como la aplicación de respuestas políticas; la atención se mantuvo incluso aunque el fenómeno decreció. Los números cayeron de nuevo a poco menos de 40.000 aprehensiones de menores al año siguiente.

La comunidad internacional define a un menor migrante no acompañado como una persona, "que es menor de dieciocho años" y que se encuentra "separado de ambos padres y no está siendo atendido por un adulto que por ley o costumbre tiene la responsabilidad de hacerlo". Muchos de estos menores no acompañados se presentan inmediatamente a la seguridad fronteriza de Estados Unidos, mientras que otros entran en el país desapercibidos e indocumentados. No solo esto, sino que los niños no tienen padres o tutores legales disponibles para proporcionar atención o custodia física, lo cual rápidamente desborda los servicios de las patrullas fronterizas locales.

En 2014 muchos de los niños no acompañados afirmaron que tenían la falsa impresión de que la Administración Obama estaba otorgando "permisos" a los niños que tenían familiares en Estados Unidos, siempre y cuando llegaran como más tarde en junio. Estos falsos convencimientos y bulos propagados fueron aún más potentes este último año, especialmente cuando el presidente Trump continúa reforzando la idea de restringir el acceso de los migrantes a EEUU. Los cárteles han seguido transportando un número cada vez más alto de centroamericanos migrantes de sus países a Estados Unidos.

Momentos críticos de 2014 y 2019

En 2014, durante el segundo mandato de Obama, las aprehensiones totales a lo largo de la frontera con México llegaron a 569.237 (esta cifra incluye las personas "no-admisibles"), un récord solo superado ahora. Si bien el incremento respecto al año anterior fue de un 13%, el aumento fue mucho más notable en cuanto a las detenciones de MENAs; estas pasaron de 38.759 en el año fiscal de 2013 a 68.541 en el año fiscal de 2014 (en EEUU el año fiscal va de octubre de un año a septiembre del siguiente), un aumento de casi el 80%, más de cuatro veces de las registradas en el año fiscal 2011. En el caso de menores procedentes de Honduras, la cifra pasó en un año de 6.747 a 18.244; los de Guatemala subieron de 8.068 a 17.057, y los de El Salvador, de 5.990 a 16.404 (los de México, en cambio, bajaron de 17.240 a 15.634). El mayor número de aprehensiones se dio en mayo, mes en el que las detenciones de MENAs supusieron el 17% del total de aprehensiones.

Desde 2014, las aprehensiones de menores no acompañados, aunque fluctuantes, descendieron en número. Pero en 2019 se ha registrado un nuevo récord, llegando a los 76.020, con un máximo en el mes de mayo. No obstante, ese mes supusieron solo el 9% de las aprehensiones totales, pues en esta ocasión no ha sido propiamente una crisis de MENAs, sino que se ha insertado en un notable pico de las aprehensiones totales. Si bien las aprehensiones generales disminuyeron significativamente durante los primeros seis meses de la presidencia de Trump, luego subieron, alcanzando en 2019 un total de 851.508 (con los "no-admisibles" la cifra llegó a 977.509), lo que supone más del doble respecto a 2018. El número de aprehensiones totales aumentó un 72% de 2014 a 2019 (en el caso de los MENAs el incrementó fue del 11%).

 

 

Aprehensiones de menores extranjeros no acompañados en la frontera entre EEUU y México, entre 2012 y 2019 (gráfico 1), y comparación de 2014 y 2019 por meses (gráfico 2). Fuente: US Customs and Border Patrol.

 

Reacción

Estados Unidos tenía diversas políticas internas destinadas a hacer frente al aumento masivo de la inmigración. Sin embargo, con el abrumador pico de 2014, Obama solicitó la financiación de un programa para "la repatriación y reintegración de los migrantes a los países de Centroamérica y para abordar las causas profundas de la migración de estos  países". Aunque la financiación del programa fue bastante consistente en los últimos años, el presupuesto para 2018 propuesto por el presidente Trump redujo la ayuda a estos países en aproximadamente un 30%.

La Administración Trump ha hecho progresos en la aplicación de su agenda sobre inmigración, desde el comienzo de la construcción del muro en la frontera con México hasta la puesta en marcha de nuevos programas, pero la línea dura ya prometida por Trump en su carrera hacia la Casa Blanca ha demostrado no ser eficaz en impedir que miles de familias centroamericanas atraviesen la frontera sudoeste hacia los Estados Unidos. Con la violencia extrema de las pandillas siendo desenfrenada y la existencia de tecnicismos en el sistema de inmigración de EEUU, la motivación de los migrantes para abandonar sus países permanecerá.

Presencia de China en Oriente Medio: controversia por el puerto de Haifa

La gestión dada a una empresa china provoca la amenaza de EEUU de no vender tecnología a Israel

Las protestas de la Administración Trump por haber otorgado la gestión del puerto de Haifa a una empresa china no han llevado de momento al Gobierno de Netanyahu a revisar el contrato, que fue tramitado a nivel ministerial sin pleno conocimiento de sus implicaciones geopolíticas. La penetración china en Israel –en el amplio contexto de Oriente Medio–, así como la reacción de Estados Unidos, pone de manifiesto un complicado triángulo de relaciones: Israel quiere la inversión china, pero teme perder el favor estadounidense.

Gestión de contenedores en el puerto de Haifa, en el norte de Israel [Wikipedia]

▲ Gestión de contenedores en el puerto de Haifa, en el norte de Israel [Wikipedia]

ARTÍCULOMaría Martín Andrade

El puerto de Haifa es uno de los principales puertos de Israel en volumen de mercancías movilizadas. Tiene también un carácter estratégico: el puerto, al norte del país, acoge a la Sexta Flota de Estados Unidos en sus desplazamientos. Esto último podría verse alterado tras conocerse el contrato de Israel con la empresa china Shanghai International Port Group (SIPG) para que opere el puerto durante los próximos 25 años contando a partir de 2021, lo que no ha tenido muy buena acogida por parte de Washington. La compañía, que se ha comprometido a invertir 2.000 millones de dólares para ampliar las instalaciones y convertirlas en el mayor puerto de Israel, describe que entre sus funciones se encuentra la construcción e instalación de equipos y la gestión diaria de las actividades portuarias, clasificando este proyecto como parte de la iniciativa One Belt, One Road.

Esta iniciativa tiene su origen en la Ruta de la Seda, un itinerario comercial que unía China con diversos países del continente asiático hasta llegar a Europa, y que se remonta a los primeros siglos antes de Cristo. La nueva versión está basada en los primeros esquemas y pretende impulsar a China creando una red de infraestructuras, inversiones y comercio, y estableciendo lazos tanto multilaterales como bilaterales con los distintos estados que la incluyen así como empresas internacionales.

Todo lo anterior, añadido a la creciente expansión industrial y de transporte que China está experimentando, justifica también el interés del país asiático por algunos de los recursos naturales que Oriente Medio ofrece, como es el caso del petróleo, cuya importación asciende a un 50%, constituyendo otra de las razones por las que China quiere obtener presencia en distintos puntos de la región y que se manifiesta entre otras formas en la inversión en canales y puertos como los de Haifa y Ashdad en Israel, Cherchell en Argelia, Said y Alexandria en Egipto, y Kumport en Turquía. Concretamente, su apuesta en el puerto de Haifa está contribuyendo además a desarrollar el conocido como Israel-Gulf Economic Corridor (IGEC), cuyo objetivo es crear una vía ferroviaria que realice el trayecto desde el puerto de Haifa a la frontera jordano-israelí, enlazando allí con el sistema ferroviario jordano.

Sin embargo, las ambiciones chinas por obtener más presencia en Oriente Medio colisionan con las pretensiones de otro “robusto rival”, Estados Unidos, que movido también por intereses económicos y de seguridad aterriza mucho antes en la región y sin intención de compartirla. Así, tras conocer los planes en el puerto de Haifa, la respuesta de Estados Unidos se manifiesta en amenazas de que podría dejar de compartir datos de inteligencia con Israel y de reconsiderar la realización de futuros ejercicios a largo plazo de la marina estadounidense en dicho puerto.

Es importante tener en cuenta que no es la primera vez que Estados Unidos interviene para entorpecer las relaciones entre China e Israel. Las condiciones en las este último país se constituyó, añadido al ambiente hostil que lo envuelve y la necesidad de la posesión de armas para mantenerlo y protegerlo, han contribuido al desarrollo de su tecnología, sobretodo en materia de defensa, cuyo amplio alcance se debe en parte a Estados Unidos, que se encarga desde los años sesenta de suministrar al país con lo último en tecnología militar. Todo ello ha contribuido a que las exportaciones israelíes en materia tecnológica, principalmente en materia de defensa, se conviertan en la fuente principal de ingresos de su industria.

Durante los años 70, la economía china comenzó a modernizarse, y el siguiente paso a  seguir fue extender esa modernización al dominio militar, por lo que China comenzó a importar avances de defensa provenientes de Israel. Estas relaciones continuaron su expansión hasta el año 2000, momento en el que el país de Oriente Medio, debido a la presión estadounidense, decidió anular el acuerdo que permitía a China la obtención de cuatro sistemas de radares Phalcon. La razón que en su momento Estados Unidos alegó para oponerse al acuerdo fue la posibilidad de que China se beneficiaria de esa tecnología en un conflicto militar en Taiwán. Sin embargo, China no es el único país con el que Israel ha tenido dificultades para exportar su tecnología. En 2008 Washington negó que pudiera entregar a Rusia drones Heron.

A pesar de todo esto, las relaciones chino-israelíes han logrado sobrevivir, llegando China a convertirse en 2012 en el segundo socio comercial de Israel, además de desarrollar nuevos lazos de colaboración R&D, consistentes en una serie de acuerdos y colaboraciones entre instituciones académicas y compañías de ambos países.

Sin embargo, considerando la reacción de Estados Unidos frente a la involucración china en el puerto de Haifa, no es impensable plantarse un escenario en el que la presión americana reincida logrando en este caso abolir el acuerdo existente con la empresa Shangai International Port. Si esto ocurre, Israel perdería una parte importante de las inversiones que recibe y las relaciones comerciales con China se enfriarían, mientras que Pekín podría ver frustrado uno de sus planes para crear su ambiciosa Ruta de la Seda, si bien eso no significaría su declive en Oriente Medio.

 Lo que es incuestionable es que Estados Unidos ya no goza de la hegemonía de esta parte del mundo y tiene que hacerse a la idea de que va a tener que compartir influencia con otras grandes potencias. Es por ello que puede que sea más lógico lograr nuevas formas de cooperación con China para así establecer condiciones que a ambos le sean favorables.

En conclusión, con esta nueva inversión china se afirma lo que ya era conocido: la presencia china a nivel internacional aumenta y adquiere cada vez más volumen, y es más sensato adaptarse a los nuevos cambios que involucrarse en triángulos amorosos que nunca tienen final feliz para nadie.

NEOM: La 'meca' futurista de Arabia Saudí

Con su proyecto de megaciudad y zona tecnológica los saudís buscan consolidar una vía económica alternativa al petróleo

NEOM, acrónimo de Nuevo Futuro, es el nombre de la nueva ciudad y área económico-tecnológica, con una superficie tres veces la de Chipre, que Arabia Saudí está promoviendo en el noroeste el país, frente a la Península del Sinaí. Además de buscar alternativas al petróleo, con NEOM los saudís pretenden rivalizar las innovaciones urbanísticas de Dubái, Abu Dhabi y Doha. El proyecto también supone trasladar el interés saudí del Golfo Pérsico al Mar Rojo y estrechar la vecindad con Egipto, Jordania e Israel.

Aspecto de la futura megaciudad de NEOM, de acuerdo con la visión de sus promotores [NEOM Project]

▲ Aspecto de la futura megaciudad de NEOM, de acuerdo con la visión de sus promotores [NEOM Project]

ARTÍCULO Sebastián Bruzzone Martínez

Los Estados de Oriente Medio están tratando de diversificar sus ingresos y evitar posibles colapsos de sus economías, en aras de contrarrestar la crisis del fin del petróleo previsto para mediados del siglo XXI. Los sectores preferidos por los árabes son las energías renovables, el turismo de lujo, las infraestructuras modernas y la tecnología. Los gobiernos de la región han encontrado la manera de unificar estos cuatro sectores, y Arabia Saudí, junto a los Emiratos Árabes Unidos, parece querer colocarse como el primero de la carrera tecnológica árabe.

Mientras el mundo mira hacia Sillicon Valley en California, Shenzhen en China o Bangalore en India, el gobierno saudí ha comenzado a preparar la creación de su primera zona económica y tecnológica independiente: NEOM (abreviatura del término árabe Neo-Mustaqbal, Nuevo Futuro). Al frente del proyecto estuvo hasta hace poco Klaus Kleinfeld, ex presidente de Siemens AG, quien al ser nombrado consejero de la Corona saudí ha sido sustituido por Nadhmi Al Nasr como CEO de NEOM.

El pasado 24 de octubre de 2017, en la conferencia de la Iniciativa Inversión Futura celebrada en Riad, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman hizo público este proyecto de 500.000 millones de dólares, enmarcado en el programa político Saudi Vision 2030. El territorio en el que se situará NEOM está en la zona fronteriza entre Arabia Saudí, Egipto y Jordania, a orillas del Mar Rojo, por donde fluye casi un diez por ciento del comercio mundial, existe una temperatura 10º C inferior a la media del resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, y se localiza a menos de ocho horas de vuelo del 70% de la población del planeta, por lo que podría convertirse en un gran centro de transporte de pasajeros.

Según ha anunciado el gobierno saudí, NEOM será una ciudad económica especial, con sus propias leyes civiles y tributarias, y costumbres sociales occidentales, de 26.500 kilómetros cuadrados (el tamaño de Chipre multiplicado por tres). Los objetivos principales son atraer la inversión extranjera de empresas multinacionales, diversificar la economía saudita dependiente del petróleo, crear un espacio de libre mercado y hogar de millonarios, “una tierra para gente libre y sin estrés; una start-up del tamaño de un país: una hoja en blanco en la que escribir la nueva era del progreso humano", dice un vídeo promocional del proyecto. Todo ello bajo el eslogan: “The world’s most ambitious project: an entire new land, purpose-built for a new way of living”. Según la página web y cuentas oficiales del proyecto, los 16 sectores de energía, movilidad, agua, biotecnología, comida, manufactura, comunicación, entretenimiento y moda, tecnología, turismo, deporte, servicios, salud y bienestar, educación, y habitabilidad generarán 100.000 millones de dólares al año.

Gracias a un informe publicado por el diario The Wall Street Journal y elaborado por las consultoras Oliver Wyman, Boston Consulting Group y McKinsey & Co., que, según aseguran, tuvieron acceso a más de 2.300 documentos confidenciales de planificación, han salido a la luz algunas de las ambiciones y lujos con los que contará la urbe futurista. Entre ellos se encuentran coches voladores, hologramas, un parque temático de dinosaurios robot y edición genética al estilo Jurassic Park, tecnologías e infraestructuras nunca vistas, hoteles, resorts y restaurantes de lujo, mecanismos que creen nubes para causar precipitaciones en zonas áridas, playas con arena que brilla en la oscuridad, e incluso una luna artificial.

Otro fin que busca el proyecto es hacer de NEOM la ciudad más segura del planeta, mediante sistemas de vigilancia de última generación que incluyen drones, cámaras automatizadas, máquinas de reconocimiento facial y biométrico y una IA capaz de notificar delitos sin necesidad de que los ciudadanos tengan que denunciarlos. Del mismo modo, los propios dirigentes de la iniciativa urbanística auguran que la ciudad será un centro ecológico de gran proyección, basando su sistema de alimentación únicamente en energía solar y eólica obtenida con placas y molinos, pues tienen todo un desierto para instalarlos.

Por el momento, NEOM no es más que un proyecto que está en fase de iniciación. El territorio en el que se situará la gran ciudad es un terreno de desierto, montañas de hasta 2.500 metros de altura y 468 kilómetros de costas vírgenes de agua azul turquesa, con un palacio y un pequeño aeropuerto. NEOM está siendo construida desde la nada, con un desembolso inicial de 9.000 millones de dólares del fondo soberano saudita Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA). Aparte de inversión empresarial extranjera, el gobierno saudí está buscando trabajadores de todos los sectores profesionales para que ayuden en sus respectivos campos: juristas que elaboren un código civil, penal y tributario; ingenieros y arquitectos que diseñen un plan de infraestructuras y energías moderno, eficiente y tecnológico; diplomáticos que colaboren en su promoción y convivencia cultural; científicos y médicos que incentiven la investigación clínica y biotecnológica y el bienestar; académicos que potencien la educación; economistas que rentabilicen los ingresos y gastos; personalidades especializadas en turismo, moda y telecomunicaciones… Pero, sobre todo, personas y familias que habiten y den vida a la ciudad.

Según ha informado el periódico árabe Rai Al Youm, Mohammed bin Salman ha aprobado una propuesta elaborada por un comité legal saudí conjunto con Reino Unido que consiste en aportar un documento VIP que ofrecerá visas especiales, derechos de residencia a inversores, altos funcionarios y trabajadores de la futura ciudad. Ya se han adjudicado contratos a la empresa de ingeniería estadounidense Aecom y de construcción a la inglesa Arup Group, a la canadiense WSP, y a la holandesa Fugro NV.

Sin embargo, no todo es tan ideal y sencillo como parece. A pesar del gran interés de 400 empresas extranjeras en el proyecto, según asegura el gobierno local, existe incertidumbre sobre su rentabilidad. Los problemas y escándalos relacionados con la corona saudí, como el encarcelamiento de familiares y disidentes, la corrupción, la desigualdad de derechos, la intervención militar en Yemen, el caso del asesinato del periodista Khashoggi y la posible crisis política tras la futura muerte del rey Salman bin Abdulaziz, padre de Mohammed, han hecho que los inversores anden con pies de plomo. Además, en la región sobre la que se pretende construir la ciudad existen pueblos de lugareños que serían reubicados, y “compensados y apoyados por programas sociales”, según asegura el gobierno saudí, lo que será objeto de reproche por grupos de defensores de derechos humanos.

En conclusión, NEOM es un proyecto único y a la altura de los propios jeques árabes, los cuales han adoptado una visión económica previsora. Se espera que en 2030 ya sea posible vivir en la ciudad, a pesar de que las construcciones sigan su curso y no estén completamente finalizadas. Según los mercados, el proyecto, aún lejos de su culminación, parece estar encauzado. Ya cuenta con un compromiso de financiación de estructura con BlackStone de 20.000 millones de euros, y de tecnología con SoftBank de 45.000 millones de euros. Debido a que nunca se ha visto un proyecto así y por tanto no existen referencias, es difícil determinar si el visionario plan se consolidará con éxito o se quedará en simple humo y pérdidas enormes de dinero.

Tres años sin poder aclarar los 'ataques sónicos' de Cuba

Algunos diplomáticos de EEUU y Canadá que estuvieron La Habana entre 2016 y 2018 siguen sin recuperarse del todo de las dolencias sufridas

Edificio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba [Departamento de Estado]

▲ Edificio de la Embajada de Estados Unidos en Cuba [Departamento de Estado]

ANÁLISISEduardo Villa Corta

Hace tres años, personal diplomático de Estados Unidos destinado en Cuba comenzó a sentir molestias físicas supuestamente causadas por unos extraños sonidos a los que al parecer habían estado expuestos; Washington habló de un ˝ataque sónico˝. Sin embargo, si bien han podido determinarse como anómalos los síntomas padecidos por los afectados, no se ha logrado establecer lo que los provocó. ¿Fue realmente un ataque? ¿Quién estaría detrás? Repasamos aquí las principales hipótesis y conjeturas que se han realizado, y señalamos sus puntos débiles.

A finales de 2016 y principios de 2017 diversos diplomáticos estadounidenses con destino en La Habana, así como miembros de sus familias, reportaron sufrir mareos, vértigos y dolores agudos en los oídos que podían estar causados por unos extraños sonidos a los que habían estado expuestos. Según sus testimonios, los sonidos provenían de una dirección específica, y los habían escuchado en sus propias residencias o, en algunos casos, en habitaciones de hotel, mientras que las personas alojadas en casas vecinas o habitaciones contiguas no habían oído ningún sonido especial. El fenómeno también afectó a diplomáticos canadienses en la capital cubana. En total, unas cuarenta personas fueron atendidas por esos síntomas.

Ataque acústico

Haciéndose eco de los hechos reportados por su personal en Cuba, a mediados de 2017 el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que los síntomas podrían haber sido causados por un ataque sónico del gobierno cubano dirigido contra los diplomáticos y sus familias. En octubre de 2017, el presidente Donald Trump acusó directamente a La Habana: “Yo creo que Cuba es responsable; sí, lo creo”.

A comienzos de 2018 el Departamento de Estado emitió un comunicado de alerta para no viajar a Cuba debido a una posible crisis sanitaria y retiró a buena parte del personal de la misión diplomática de La Habana, reduciendo la actividad de esta al mínimo posible. Hasta ese momento un total de 24 estadounidenses se habían visto afectados.

Por entonces también el Gobierno canadiense indicó que diplomáticos suyos habían experimentado molestias similares. Ottawa decidió evacuar a las familias de sus empleados en Cuba y a comienzos de 2019 procedió a reducir el personal de la embajada ante lo que parecía ser la aparición de un decimocuarto caso.

El Gobierno cubano negó desde el primer momento estar implicado en ninguna operación de acoso contra EEUU o Canadá. ˝No hay ninguna prueba sobre la causa de las dolencias reportadas, ni tampoco hay pruebas que sugieran que esos problemas de salud hayan sido causados por un ataque de ningún tipo˝, aseguró La Habana. El Gobierno de Raúl Castro ofreció su cooperación en la investigación de los hechos, sin que saliera a la luz nada que pudiera explicar el caso. No aparecieron dispositivos que pudieran haber provocado los sonidos.

Agregando confusión a la situación, al menos dos diplomáticos estadounidenses destinados en China, ocupados en el consulado general de Guangzhou, el más grande que EEUU tiene en el país, presentaron a comienzos de 2018 también los síntomas ya descritos. Washington los evacuó y publicó una advertencia sanitaria sobre las misiones en la región continental de China.

La agencia Associated Press publicó en octubre 2017 una grabación de los supuestos sonidos causantes de la dolencia reportada, e indicó que las agencias gubernamentales habían sido incapaces de determinar la naturaleza del ruido y de explicar su relación con los trastornos corporales provocados. Meses después apuntó que los informes internos del FBI no establecían siquiera que hubiera habido un “ataque”. Otros medios destacaron la escasa cooperación en la investigación, por cuestiones de celo jurisdiccional, entre el Departamento de Estado, el FBI y la CIA.

Síntomas del “síndrome de la Habana”

Un equipo médico de la Universidad de Pensilvania, a petición del Gobierno estadounidense, examinó a 21 personas afectadas por lo que la prensa comenzó a llamar “síndrome de la Habana”. La investigación, publicada inicialmente en marzo de 2018 en el Journal of the American Medical Association (JAMA), indicó que la mayoría de los pacientes reportaba problemas de memoria, concentración y equilibrio, y determinó que parecían haber sufrido heridas en extensas redes cerebrales.

Datos posteriores del mismo equipo ampliados a 40 pacientes, dados a conocer en julio de 2019, condujeron a la conclusión de que los diplomáticos habían experimentado un cierto traumatismo craneoencefálico. Los resultados de las resonancias magnéticas, comparados con los de un grupo de personas sanas, permitía advertir diferencias en el volumen de las sustancias blanca y gris del cerebro, en la integridad de las microestructuras del cerebelo y en la conectividad funcional relativas a las subredes para la audición y la visión espacial, si bien no para las funciones ejecutivas.

Este informe concluyó que el personal diplomático había sido herido físicamente, aunque no pudo determinar la causa. También destacó que los pacientes no experimentan una recuperación usual, pues no se están recuperando rápidamente de los síntomas, como ocurre en otros casos de similares “contusiones” o problemas de oído.

SI NO FUE UN ATAQUE, ¿QUÉ FUE?

Al no haberse podido establecer una causa clara de lo que provocó los males padecidos por el personal diplomático de EEUU y Canadá y algunos miembros de sus familias, la misma realidad de un ataque ha sido puesto en cuestión. Aunque se han dado diversas explicaciones alternativas, sin embargo ninguna de ellas resulta plenamente convincente.

1) Histeria colectiva

Formulación. Algunos neurólogos y sociólogos, como Robert Bartholomew, han sugerido que podría tratarse de un caso de histeria colectiva. Dada la presión a la que se encuentran sometidos algunos de los diplomáticos que trabajan en entornos muy poco amigables, y la relación endogámica en la que viven, conviviendo casi exclusivamente entre ellos, podría explicar un convencimiento mutuo de un ataque exterior que incluso tuviera consecuencias somáticas.

Punto débil. Tanto la investigación de la Universidad de Pensilvania como el médico del Departamento de Estado, Charles Rosenfarb, que comparecenció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, vinieron a descartar que los síntomas sufridos por los diplomáticos se debieran a un mero mecanismo mental. Es muy difícil que unas sesenta personas, contando a estadounidenses y canadienses, se convencieran entre ellos de una agresión de este tipo y que luego casi todos ellos desarrollaran las mismas lesiones cerebrales.

2) Microondas

Formulación. El equipo investigador de la Universidad de Pensilvania, si bien no apuntó ninguna posible causa de las dolencias, no descartó ciertos supuestos, como el de la afectación por microondas. Sobre este aspecto insistió una investigación publicada en 2018 en la revista Neural Computation, que consideraba los síntomas consistentes con la exposición a una radiación de microondas electromagnéticas (RF/MW).

Punto débil. No todos los síntomas mostrados por los pacientes podrían ser consecuencia de la exposición de una radiación de ese tipo, que además cuenta con una literatura que diverge sobre sus efectos en el cuerpo humano. Además, no se conoce que exista un arma de microondas que pueda afectar al cerebro.

3) Ultrasonido

Formulación. Un equipo de expertos informáticos de la Universidad de Michigan sugirió en 2018 que podría tratarse de un caso de exposición a algún tipo de ultrasonido, quizá proveniente de un equipo de escucha en mal funcionamiento que mezclara múltiples señales ultrasónicas.

Punto débil. La grabación de uno de los episodios de sonido –la muestra difundida por AP– no es suficiente para poder determinar su naturaleza. También cabe que el sonido fuera algo distinto en otros de los casos.

4) Grillos

Formulación. Una investigación de la Universidades de California-Berkeley y de Lincoln, a partir de la muestra de sonido existente, consideró en enero de 2019 que la posible causa de los ataques fue hecha por grillos, específicamente los grillos Anurogryllus muticus. La investigación fue un estudio comparativo entre el sonido emitido por esa variante de grillos y la muestra de uno de los episodios acústicos de La Habana.

Punto débil. El sonido percibido por los diplomáticos era direccional, de forma que no fue escuchado por personas vecinas. Si hubieran sido grillos en su medio natural, el sonido se hubiera expandido alrededor.

5) Neurotoxinas

Formulación. Un estudio conjunto de dos centros de investigación canadienses de mayo de 2019 atribuyó los síntomas sufridos por los diplomáticos a la exposición a las neurotoxinas de pesticidas utilizados para fumigar mosquitos, una práctica habitual en los edificios de las embajadas.

Punto débil. Los diplomáticos afectados relacionaron el comienzo de su malestar físico con situaciones vividas en sus propias residencias o en habitaciones de hotel, donde no hubo las fumigaciones apuntadas.

SI FUE UN ATAQUE, ¿QUIÉN LO HIZO?

Dado las explicaciones previas no parecen del todo sólidas, el Gobierno de EEUU mantiene la hipótesis de un ataque. Si este realmente se hubiera producido, ¿quién estaría detrás? También aquí hay diversas conjeturas.

1) Régimen castrista

La primera opción barajada, asumida en principio por EEUU dadas las acusaciones públicas realizadas desde Washington, ha sido atribuir los supuestos ataques al propio régimen cubano. Con ellos La Habana pretendería mantener la presión sobre los estadounidenses, a pesar del restablecimiento formal de relaciones diplomáticas, con el objetivo de marcar el territorio de cada cual.

Punto débil. Los incidentes comenzaron a ocurrir durante la Administración Obama, en un contexto de ˝luna de miel˝ marcada por la reapertura de embajadas y la visita de Barack Obama a La Habana. Lo normal es que a finales de 2016, ante las elecciones norteamericanas, el régimen castrista no quisiera dar motivos al próximo presidente estadounidense para torcer la línea diplomática abierta por Obama. Podría tener sentido que tras la revocación que luego hizo Donald Tump de las medidas aperturistas previas, Cuba quisiera castigar a la nueva Administración, pero no antes de ver la dirección que esta tomaba; en cualquier caso, los ataques no harían sino justificar la línea dura seguida por Trump, que no beneficia a la isla.

2) Un sector del castrismo

A Fidel Castro se le atribuyó una actitud poco complaciente con la decisión de su hermano Raúl de restablecer las relaciones diplomáticas con EEUU. Aunque murió en noviembre de 2016, personas de su entorno podrían haber intentado torpedear esa aproximación, convencidos de que la hostilidad con Washington era la mejor manera de asegurar la pervivencia del régimen tal como fue concebido por su fundador.

Punto débil. Si bien es cierta la reticencia de Fidel Castro hacia el acercamiento con EEUU, es difícil pensar que el sector más conservador dentro del castrismo osara boicotear tan directamente la fundamental línea política de Raúl Castro. Otra cosa es que, después de que este cediera la presidencia de Cuba a Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, algunos sectores dentro del régimen pudieran protagonizar movimientos internos para enviar ciertos mensajes, pero el relevo se produjo cuando ya se habían dado la mayor parte de los episodios acústicos.

3) Un tercer país (Rusia, China)

La tercera opción sería que un tercer país haya generado los ataques. La inteligencia americana señala que la opción más viable en este caso sería Rusia. Moscú ha puesto interés en volver a operar en el Caribe, como en la Guerra Fría, y agresión a los diplomáticos estadounidenses en Cuba encajaría con su estrategia. También se ha apuntado que China podría querer pagar a Washington en su patio trasero con el mismo hostigamiento que los chinos creen sentir por parte de EEUU en sus mares más próximos.

Punto débil. El regreso de Rusia al Caribe está ciertamente documentado, y puede ser imaginable que Moscú hubiera podido haber impulsado una acción puntual contra algún objetivo específico, pero parece difícil que haya sostenido en el tiempo una operación que lesiona la soberanía de Cuba. En cuanto a la presencia de China en el vecindario de EEUU, se trata de un movimiento de menor confrontación que el llevado a cabo por Rusia. Por lo demás, si Pekín hubiera escogido suelo extranjero para así borrar mejor los trazos de una acción contra diplomáticos estadounidenses, entonces no se habrían dado los casos registrados en Guangzhou.