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Raúl Castro: Una 'apertura' económica con pocos resultados

Examen a la reformulación del modelo económico castrista intentada por el sucesor de Fidel

El próximo mes de abril, año y medio después de la muerte de Fidel Castro, su hermano Raúl tiene previsto dejar la presidencia de Cuba, en la que ha estado una década. Su legado es el intento de alargar el régimen castrista en el tiempo mediante el obligado saneamiento económico de la isla. Pero las restricciones de las reformas mismas, la lentitud de su aplicación y el hecho de no ir acompañadas de mayor libertad política, han limitado el efecto de los cambios. En cualquier caso, pueden constituir un buen punto de partida para el próximo presidente, si realmente desea avanzar hacia una plena apertura.

Raúl Castro, una 'apertura' económica con pocos resultados

ARTÍCULO / Valeria Vásquez

Raúl Castro sustituyó en 2008 a su hermano Fidel como presidente del Consejo de Estado de Cuba. Desde entonces la isla ha vivido cambios en su organización, aunque sin dejar su estructura comunista ni los principios revolucionarios puestos en marcha en 1959. A su llegada al poder, Castro tomó la decisión de encaminarse por una senda de reformas estructurales para “actualizar” el modelo económico-social cubano y salir de la grave crisis económica.

Como parte de ese programa, Raúl Castro aprobó una serie de reformas sociales y económicas de carácter “transformativo”, las cuales tendieron a la introducción de mecanismos de mercado, pero manteniendo la adhesión a los principios socialistas basados en la planificación centralizada (y sin acompañar esos cambios con una liberalización político). La revitalización fue el principal objetivo de las reformas en el ámbito económico, dando un giro a lo que venía siendo una política con un enfoque totalmente socialista y de rechazo a las reformas de libre mercado.

Diez años después del relevo entre los hermanos Castros, el régimen cubano se está preparando para la llegada en abril del primer presidente ajeno a la familia. Aunque todavía no se ha confirmado quién será el nuevo mandatario, se prevé que, dentro de una continuidad, el designado sea el actual vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.

El país se encuentra actualmente en una situación desventajosa, con la incertidumbre política sobre la nueva etapa que se abre, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela ( el principal país benefactor de la isla por más de una década), y las truncadas expectativas exteriores que supuso hace uno año la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Actualización del modelo económico

Desde 1959, el modelo económico cubano se ha basado en principios revolucionarios socialistas. Desde la llegada de Raúl Castro al poder, sin embargo, se abordó un proceso de transformación, considerado necesario para sacar adelante una economía que se encontraba estancada y sumergida en una grave crisis.

En realidad no se dio una modificación sustancial del modelo económico, sino una actualización del mismo, manteniendo el predominio de la planificación central estatal y de la propiedad estatal sobre las leyes del libre mercado. El objetivo de ese proceso ha sido garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, como han declarado las autoridades cubanas, así como fomentar el desarrollo económico del país y mejorar el nivel de vida de la población.

El marco de reformas se aprobó en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, celebrado en 2011. Entre otros puntos, los acuerdos aprobados establecían la entrega de un usufructo a campesinos y cooperativas, y abrían las puertas al despido masivo de cientos de empleados estatales. Las pautas de la reforma, sin embargo, no fijaban el papel específico que el sector estatal y el estatal debían jugar en la economía.

La llamada actualización del modelo cubano ha logrado la expansión del mercado y de las propiedades no estatales, pero en una economía que sigue estando condicionada por la planificación estatal esta medida sigue resultando ineficiente, al igual que sucedió en China o Vietnam. Aunque la empresa estatal sigue prevaleciendo (de una forma más descentralizada, mediante el autofinanciamiento y sin subsidios fiscales), en el sector privado se la logrado una flexibilización, pero los fuertes impuestos a este sector siguen obstaculizando su desarrollo.

Tierras en usufructo

Uno de los grandes pilares de las reformas del gobierno de Castro fue la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a campesinos y cooperativas, con el propósito de reducir las importaciones y aumentar la producción. Los usufructuarios han obtenido el derecho a cultivar esas tierras y a quedarse lo que cosechen, pero el Estado sigue manteniendo la propiedad y puede rescindir el contrato por razones de interés público.

La regulación se llevó a cabo mediante dos leyes: una primera, en 2008, sujeta a muchas restricciones y en realidad desventajosa para los agricultores; y una segunda, en 2012, más flexible, mediante la cual el gobierno ampliaba el tamaño de la parcela (de 13 a 67 hectáreas), aprobaba la plantación de huertos y bosques, y además permitía la construcción de casas al lado de las tierras (anteriormente prohibidas).

En marzo de 2011, el gobierno informó que ya se habían entregado 128.000 usufructos, que totalizaban 1,2 millones de hectáreas. De todos modos, aunque la ley de 2012 era menos restrictiva que la anterior, como se ha dicho, seguía incluyendo ciertas trabas que desincentivaban la implicación de los agricultores: estos registraron ganancias, pero solo después de sortear diversos obstáculos.

Despido masivo funcionarial y cuentapropismo

A principios del año 2011, la nómina estatal presentaba una tasa “inflada”, con millones de empleados estatales en puestos y condiciones de trabajo precarias. Por esta razón, Raúl Castro promovió el despido de 500.000 trabajadores estatales excedentes, entre octubre de 2010 y marzo de 2011, lo que elevó la tasa de desempleo al 12%. Para contrarrestar esta medida, se crearon en una primera etapa 250.000 empleos por cuenta propia y se fomentaron también otras actividades privadas.

Esta medida era necesaria para elevar la productividad laboral, reducir gastos y aumentar los salarios. Los acuerdos del VI Congreso del PCC permitieron la aprobación de 178 actividades por cuenta propia: muchas de ellas eran muy específicas y no cualificadas (como carretilleros o cuidadores de baño), y unas pocas cualificadas (como traductores o agentes de seguro). Con ello se flexibilizó el trabajo privado.

Así, en un país con una fuerza laboral de 5 millones de personas, del total de 11,2 millones que residen en la isla, un total de 4,2 millones de los que trabajan son empleados estatales y el resto se ubica en el sector no estatal, formado por cooperativas agrícolas, campesinos privados y empleados por cuenta propia [1]. Estos últimos alcanzan hoy las 500.000 personas. A pesar de este desarrollo de lo que en Cuba se conoce como cuestapropismo, existen restricciones que hacen que la mayoría de profesionales no puedan trabajar por su cuenta en su profesión, y esto reduce el capital humano disponible para potenciar la economía del país.

Apertura a la inversión extranjera

El flujo de inversiones desde el exterior no ha acompañado las reformas impulsadas por Raúl Castro, lo que ha constituido uno de los mayores obstáculos para el éxito buscado. Para atraer esas inversiones extranjeras, en 2013 se inauguró la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al puerto de Mariel, ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, se le adjudicó una zona industrial de extensión de 465,4 kilómetros cuadrados y una terminal de buques avanzada. El propósito era convertir la ZEDM, mediante la existencia de incentivos para atraer inversiones, en la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior y la mayor estructura industrial de Cuba [2]. Sin embargo, a cuatro años de su inauguración, los resultados no han sido los esperados. En un proceso administrativo que ha seguido un ritmo extraordinariamente lento, hoy en día solo se ha aprobado la instalación de 33 empresas, algo que queda muy lejos de los 2.500 millones de dólares que la ZEDM pensaba atraer anualmente.

El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington llevado a cabo al final de la Administración Obama no ha acelerado las inversiones de Estados Unidos o de otros países occidentales. Además de que el embargo estadounidense sigue en pie, la Administración Trump ha dado marcha atrás las disposiciones aprobadas por su antecesor que abrían una tímida puerta a una mayor relación económica.

Situación económica

El plan de reformas de Raúl Castro no ha tenido el éxito esperado, principalmente por el grado de restricción que las regula. La falta de la pretendida revitalización económica se ha manifestado en el pobre desempeño de la economía cubana en los últimos años. En 2016, Cuba cayó en recesión, con un decrecimiento económico del 0,9%. En 2017 pudo recuperarse ligeramente (cifras aún no cerradas hablan de un aumento del 1,6% del PIB) gracias al auge del turismo y a unos mejores resultados agrícolas.

En la ultima década, el turismo ha sido precisamente uno de los activos de la economía cubana. De acuerdo con un informe de la CEPAL, el turismo a la isla creció en 2017 un 11,9%, con 4,7 millones de visitantes. Ese aumento contabiliza el mayor número de visitas realizadas desde Estados Unidos, posibilitadas por la eliminación de restricciones aprobada por Obama, pero que Trump ha vuelto a imponer.

Por otra parte, Cuba mantiene su crónico déficit comercial. Si bien en 2016 logró reducirlo al 9,6% del PIB, las perspectivas no son buenas, dadas las dificultades de Venezuela para seguir suministrado petróleo, prácticamente a fondo perdido. En 2015, Venezuela fue el principal socio comercial de Cuba, con el que mantiene el 36% de su comercio exterior, en un intercambio valorado en 4.000 millones de dólares. Por detrás le sigue China, con un 28%, país que vende en condiciones de crédito blando a la isla.

 

Principales socios comerciales de Cuba, 2015

Fuente: ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2015, sector externo.

 

 

Legado y nuevos retos

A punto de terminar la presidencia de Raúl Castro, Cuba se encuentra en una situación poco favorable, con una economía a la que le cuesta salir del estancamiento y con un programa de reformas estructurales que han sido insuficientes para resolver los problemas socio-económicos acumulados durante más de 60 años de socialismo estatal centralizado. El carácter tímido y el ritmo lento de las reformas económicas no han ayudado a relanzar la economía.

No obstante, durante su década en el poder, Castro ha liderado cambios en la gestión del modelo, algo que conviene tener en cuenta por más que en el ámbito político haya perpetuado la falta de libertad y la persecución de la actividad opositora, sin que eso suponga minusvalorar la culpa moral de la dictadura. Entre los cambios realizados está la apertura a la inversión extranjera, las nuevas relaciones diplomáticas, la participación en foros latinoamericanos y la inmersión de los cubanos en el trabajo por cuenta propia.

Probablemente obligado por las circunstancias, Raúl Castro supo romper algunos de los obstáculos y de las barreras ideológicas que su hermano Fidel había implementado en la isla por más de 40 años en el poder. El legado del presidente saliente marca un cierto avance, pero serán las acciones del entrante las que indique si Cuba verdaderamente camina hacia la apertura económica –y política– ansiada por los cubanos.

 

[1] VIDAL, P. y PÉREZ Villanueva, Omar E. “Se extiende el cuentrapropismo en Cuba”. Espacio Laical, vol. 6, n. 3 (2010), p. 53-58.

[2] HERSHBERG, E., & LEOGRANDE, W. M. (2016). A new chapter in US-Cuba relations: social, political, and economic implications. New York: Palgrave Macmillan.

La Iniciativa de los Tres Mares

Introducción al proyecto de cooperación de 12 países de la UE ubicados entre los mares Báltico, Adriático y Negro

A los esfuerzos de integración Este-Oeste propios de la ampliación de la Unión Europea, se han añadido varias iniciativas de conexión Norte-Sur entre los países de Europa Central y Oriental, como esta de los Tres Mares. El objetivo es superar el déficit de infraestructuras viarias y mejorar la conexión entre esas naciones, algo que potenciará la cooperación en la región y en el conjunto de la UE.

▲Primera reunión del nuevo foro, en la ciudad croata de Dubrovnik, en agosto de 2016 [i3]

ARTÍCULOPaula Ulibarrena

¿Qué es y qué pretende?

Se trata de una iniciativa de Polonia y Croacia que reúne a 12 países ubicados entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro por lo que también es conocida como la iniciativa del Báltico, Adriático y Mar Negro o de los tres mares de Europa Central (Baltic, Adriatic, Black Sea -BABS- Initiative).

El objetivo fundamental es promover que esos países de la Unión Europea tengan una mayor cooperación en el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo económico, la cooperación económica y sobre todo en recursos energéticos. El presidente polaco, Andrzej Duda, expresó el deseo de que la Iniciativa de los Tres Mares contribuya a la modernización, integración y unificación de Europa CentralEuropa Oriental y toda Unión Europea.

¿Cómo y dónde nace este foro?

Tras la caída del Muro de Berlín, los avances hacia una Europa unida, libre y en paz han sido muchos. La entrada de los países de Europa Central en la Unión Europea y en la OTAN ha contribuido a la seguridad, estabilidad y prosperidad de todo el continente. Pero esta labor está lejos de haberse culminado. Y el papel cohesionador que juegan las infraestructuras será capital a la hora de conseguirlo.

Durante más de medio siglo, los esfuerzos por desarrollar conexiones e infraestructuras europeas se focalizaron en el eje Este-Oeste. Después de la caída del Muro, los gobiernos de la zona se centraron en integrar sus economías en los mercados occidentales, dejando aparcado el desarrollo de una infraestructura interregional Norte-Sur. Tras décadas de desinversión, en los últimos veinte años se ha hecho un esfuerzo importante para ponerse al día: se han construido 5.600 kilómetros de autopista. Pero el desajuste entre las dos Europas sigue siendo notorio: un ciudadano de la vieja Europa tiene, de media, el doble de kilómetros de autopista que uno de Europa Central.

▲Wikimedia Commons [JayCoop]

Con el objetivo de revertir la situación, los presidentes de Polonia y de Croacia, Andrzej Duda y Kolinda Grabar-Kitarović, respectivamente, lanzaron en 2015 un proyecto para la construcción de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones en Europa Central. La llamaron la iniciativa de los Tres Mares.

¿Por quién está formado?

La iniciativa pretende modernizar los vínculos económicos entre las doce naciones de la UE situadas entre el Báltico, el Mar Negro y el Mar Adriático (Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia). Esta región aglutina el 28% del territorio de la Unión Europea y el 22% de su población. Pero solo supone el 10% de su PIB.

En 2016 a Polonia y Croacia se sumaron la mayoría de los países de Europa Oriental: Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Rumanía. Por tanto un eje norte-sur que, salvo Austria,  se corresponde con los antiguos países comunistas.

La llamada iniciativa de los Tres Mares tuvo su primera sesión los días 25-26 de agosto de 2016 en Dubrovnik y finalizó con una declaración de cooperación en materia económica, sobre todo en el campo de la energía, transportes y comunicaciones.  Además de los países miembros, acudieron como invitados representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU.

La segunda reunión tuvo lugar los días 6-7 de julio de 2017 en Varsovia, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como invitado. De hecho esta visita supuso cierto desaire a otros países de la UE.

La tercera reunión tendrá lugar en Rumanía, en 2018, si bien todavía no se ha fijado la ciudad.

¿Cómo se financia?

Lo cierto es que la UE ha jugado y juega un papel fundamental en este sentido, y ya ha dedicado 150.000 millones de euros de los Fondos Estructurales, más dinero adicional del Connecting Europe Facility y del Banco de Inversión Europeo. Sin embargo, todavía es necesario invertir más de 384.000 millones en otros 2.000 proyectos para completar o modernizar estos corredores.

Una inversión de esta cuantía sobrepasa las posibilidades de las instituciones públicas, por lo que tanto compañías de infraestructuras como instituciones financieras deberán tener un papel fundamental. Hasta la fecha, este tipo de financiación ha sido mucho menos importante que las aportaciones de los estados. Sin embargo, el aumento de la deuda pública hace que cada vez sea más interesante contar con fuentes que minimicen el impacto en las cuentas públicas.

Proyección

Ante el requerimiento de esta magnitud de recursos, cabe la pregunta de si Europa Central es realmente un mercado atractivo para la inversión. En este sentido, se pueden hacer dos apuntes. Nos encontramos con una región que cuenta, en primer lugar, con muy buenas perspectivas de crecimiento económico (se espera que adelante a la Vieja Europa en los próximos cinco años), y en segundo lugar, con un sector de la construcción que se prevé crezca a un ritmo del 3,1% de media anual (comparado con el 2,3% previsto para Europa Occidental), según datos de BMI Research. Esto, sin duda, es atractivo para los inversores.

La otra parte de la historia es que no dejamos de estar ante una región emergente. Y, como es lógico, esto además de generar reservas, conlleva un mayor nivel de riesgo. En este sentido, también nos encontramos con situaciones muy distintas dependiendo del país de la región en el que centremos la vista. Por ejemplo, Estonia es ahora mismo lo que los inversores llaman un “sweet spot”, con beneficios muy elevados y poco riesgo. Pero es el único país de la región en esta categoría. Hay países –como Lituania, Croacia, Eslovaquia y Eslovenia–, donde los riesgos son equivalentes a los de Grecia o Italia, pero los beneficios son relativamente bajos. Y otros presentan el problema contrario: beneficios cuantiosos pero demasiado riesgo.

La experiencia de aquellos players ya presentes en esta área –algunos españoles como Ferrovial, Bankia o BBVA–, enseñan que aunque cada país presenta peculiaridades importantes, se pueden hablar de algunos riesgos comunes. Por citarlos brevemente, la falta de apoyo político; regímenes regulatorios poco transparentes; procesos de contratación –como PPPs y concesiones– muy complejos; falta de proyectos con el nivel de madurez necesario para despertar el apetito de los inversores, y la poca habilidad del sector público de estos países para acogerse a esquemas de financiación privada, entre otros.

En una economía cada vez más competitiva y global, la prosperidad y el bienestar de una Europa unida dependerán de lo rápido que esta se adapte al mundo de hoy. En ese proceso, construir una red de transporte conectada, segura, asequible y sostenible que conecte la UE de norte a sur es clave. Hacerlo repercutirá, de forma directa, en un aumento de la competitividad de todos los países europeos, y en consecuencia, en el crecimiento económico de Europa en su conjunto.

Pulso entre EE.UU. y Venezuela por el suministro de energía al Caribe

Avanza la iniciativa de Washington para la diversificación energética de las Antillas

Ante el éxito de la diplomacia petrolera de Venezuela en los países del Caribe (las islas suman 13 de los 35 votos de la OEA), Estados Unidos lanzó en 2014 su propia inciativa para que esos pequeños estados tengan una mayor diversidad energética y no dependan del crudo venezolano. Las dificultades financieras del régimen de Maduro han restado influencia chavista en el Caribe, pero también Trump está aplicando recortes a las ayudas estadounidenses. La diversificación de fuentes de energía, no obstante, avanza porque es una necesidad real de las islas.

▲El boom turístico eleva el consumo eléctrico de las islas caribeñas, donde apenas hay fuentes propias de energía

ARTÍCULO María F. Zambrano

En las islas del Caribe, la seguridad energética está en el centro de la preocupación  estratégica nacional, debido a su alta dependencia de combustibles fósiles, en su mayoría de importación. La seguridad energética es el foco donde convergen los intereses geopolíticos, diplomáticos y económicos de esos pequeños estados, y no solo de ellos: la gran vulnerabilidad por falta de fuentes de energía propias fue tenida en cuenta por Venezuela para impulsar en 2005 el acuerdo de cooperación de Petrocaribe, que le otorgó gran influencia en las Antillas; desde 2014, Estados Unidos intenta contrarrestar ese programa con la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI en sus siglas en inglés), puesta en marcha por la Administración Obama.

La rivalidad entre las dos iniciativas de diplomacia energética no se dirimirá en realidad por un pulso político entre Caracas y Washington, sino por la necesidad real que tienen las islas del Caribe de diversificar sus fuentes de energía. Eso restará influencia venezolana en la región, y abrirá paso a la oferta estadounidense, centrada precisamente en fomentar fuentes alternativas.

El principal riesgo para la seguridad nacional en las Antillas se encuentra en los altos costos de la electricidad caribeña. Por un lado, las islas han suplantado economías históricamente agrícolas por otras regidas por el turismo, lo que les obliga no solo a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos sino a contar con el costo fijo de una industria con altos niveles de consumo eléctrico. Por otro, la producción no cuenta con estructuras de generación diversificadas. Exceptuando Trinidad y Tobago, Suriname y Belize, las islas se abastencen de petróleo como única capacidad de producción instalada; además, el 87% de las energías primarias (básicamente crudo) son importadas. Estamos ante un problema de alto consumo y otro de dependencia petrolera.

Ante esta situación, y dadas las exigencias que plantea la seguridad energética, entendida como la protección física de las infraestructuras y también el esfuerzo por garantizar la continuidad del suministro, Petrocaribe se convirtió en una clara opción para los intereses antillanos. Los generosos créditos de financiamiento –desde un 5% hasta un 70% por un periodo de 25 años– contribuyeron a la extensión del programa. Durante los primeros 10 años de existencia de Petrocaribe, de acuerdo con datos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), Venezuela cubrió en promedio el 32% de la demanda energética de los Estados participantes; República Dominicana, Jamaica, Nicaragua y Haití recibieron el 87% de los suministros. El acuerdo también supuso inversiones en las refinerías de las islas, que elevaron su capacidad de procesamiento: hasta 135.000 barriles diarios de crudo entre la cubana Camilo Cienfuegos (65.000), la refinería próxima a la capital de Jamaica (36.000) y la refinería Dominicana de Petróleo (34.000).

La alianza alivió para esos países el alza del precio del crudo, pero la región quedaba en manos de la volatilidad de los precios del mercado y en las del principal abastecedor. Un informe del FMI de noviembre de 2017 estima que los movimientos del precio real del crudo afectan en un 7% al crecimiento del PIB en el Caribe, con amplias variaciones según los países: un 15% en Dominica, un 9% en Jamaica y menos de un 1% en Guyana. A su vez, la continua caída productiva de Venezuela, que comenzó a destinar menos barriles a Petrocaribe, dejó a la zona predispuesta a nuevos planteamientos que redujeran su exposición a los choques del mercado.

Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe

Esta expectativa fue abordada en un nuevo marco de seguridad energética que buscaba incrementar la independencia y reducir la vulnerabilidad por medio de la diversificación. Aprovechando la abrupta caída de los precios del crudo de 2014, lo que relajaba los costes energéticos para las islas y les daba mayor margen de maniobra, Washington lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética para el Caribe (CESI). El programa se ha concentrado en apoyar a los países en la diversificación de la generación eléctrica, atendiendo a su importante potencial de energías renovables. Así, a través de CESI se han destinado 2 millones de dólares en apoyo técnico a C-SERMS (Caribbean Sustainable Energy Roadmap and Strategy), una hoja de ruta desarrollada por la división de política energética de CARICOM. En esta se habían armonizado ya las metas de los 15 Estados miembro en materia de eficiencia energética, así como de implementación de energías renovables: dos estrategias que buscaban solventar los problemas expuestos previamente.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que para la aplicación de la hoja de ruta C-SERMS el sector energético caribeño requeriría de una inversión del 7% del PIB regional entre 2018 y 2023. Los países con sectores financieros más sólidos tendrían capacidad de financiar los proyectos sin alterar la sostenibilidad de la deuda, siendo estos proyectos autofinanciados durante un periodo de 20 años.

En el marco de la iniciativa estadounidense, la eficiencia energética fue materializada en el programa CHEER (Caribbean Hotel Energy Efficiency and Renewables program) que ha brindado asistencia técnica a la industria hotelera, principal fuente de consumo. Pero en este campo el FMI apremia a que se implementen políticas públicas más amplias, para una mayor reducción de la importación de crudo y un incremento del PIB a largo plazo.

En la implementación de energías renovables, la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) de Estados Unidos ha promovido infraestructuras con financiación público-privada. Entre otros proyectos, financió la construcción de una planta de energía eólica de 36 MW y una de energía solar 20 MW, ambas inauguradas en 2016 en Jamaica. Estos proyectos también tienen influencias macroeconómicas en la reducción de la dependencia del crudo; en el caso de Jamaica, no obstante, la dependencia ha sido disminuida principalmente por la ampliación de la capacidad de recepción de gas natural, lo que ha permitido a ese país una reducción del 97% al 80% de dependencia de petróleo importado (de hecho, ya no importa crudo venezolano). Desde 2016, la empresa New Fortress Energy ha estado trabajando en la entrega de gas natural licuado a la planta Bogue de Jamaica.

Desde su lanzamiento, la OPIC ha financiado hasta 120 millones de dólares en acuerdos energéticos. A eso se añaden los promovidos por el fondo CEFF-CCA, también del Gobierno de Estados Unidos, que proporcionó 20 millones de dólares no reembolsables para proyectos en fases iniciales; en 2015 comenzó el proyecto “Energía Limpia en el Caribe”, de una duración de cinco años y con especial incidencia en Jamaica.

Recortes de Venezuela... y de Trump

La iniciativa estadounidense para la diversificación energética del Caribe tuvo su respuesta por parte de Venezuela. En 2015, Petrocaribe celebró una cumbre especial donde cuadruplicó el fondo ALBA Caribe, elevándolo de 50 millones de dólares a 200 millones, destinados a financiar proyectos principalmente sociales, en la línea de lo que Javier Corrales y Michael Penfold han denominado “social power diplomacy”. No obstante, la grave crisis económica de Venezuela y las reducidas finanzas de su petrolera nacional, PDVSA, han obligado al Gobierno de Nicolás Maduro a recortar la diplomacia petrolera venezolana.

Por su parte, la llegada de la Administración Trump ha supuesto una disminución significativa de la inversión destinada a CESI. En el marco de un recorte generalizado a programas de ayuda en el extranjero, Washington redujo a 4,3 millones de dólares el monto destinado a potenciar nuevas fuentes de energía en el Caribe.

Estados Unidos, en cualquier caso, no es el único en tratar de ocupar el espacio energético que antes llenaba Venezuela. En 2015 se inauguró en Barbados el Centro de Energías Renovables y Energías Eficientes, promovido por UNID (United Nations Industrial Development Organization) con el respaldo de fondos austriacos y alemanes. Además Rusia realizó el año pasado envíos de combustible a Cuba, supliendo suministros que Venezuela no había podido cubrir.

Rusia y el Mar Negro: el valor estratégico de Crimea

Moscú continúa la militarización de la península para impedir el acceso de otras fuerzas a la región

Desde comienzos de siglo, Rusia había ido perdiendo influencia económica, política y militar en varios países ribereños del Mar Negro; la toma de Crimea intentó corregir la situación. El Kremlin acaba de desplegar un nuevo grupo de misiles en la península, en el marco de un programa de rearme a largo plazo que busca garantizar que operacionalmente el Mar Negro es un 'lago' ruso.

▲Putin en Sebastopol durante la celebración en 2014 de la victoria en la Segunda Guerra Mundial [Kremlin]

ARTÍCULO / Vitaliy Stepanyuk

“El oso no pedirá permiso a nadie”. Esta fue la alegoría utilizada por el presidente ruso Vladímir Putin, en una reunión del Valdai Discussion Club en octubre de 2014, para reflejar que Rusia no buscará el permiso de nadie a la hora de perseguir sus intereses nacionales y los de su pueblo.

Esas palabras eran pronunciadas pocos meses después de la anexión rusa de la península de Crimea. El proceso de cambio de gobierno había sido iniciado y las tropas habían sido movilizadas al nuevo territorio incorporado, imposibilitando cualquier tipo de intervención ucraniana para recuperar su terreno. Aproximadamente cuatro años más tarde, la militarización de la península continúa su curso por parte de la Federación Rusa.

Así, se acaba de conocer el despliegue de un nuevo sistema de defensa en Crimea, una acción justificada por Moscú como medida para proteger el espacio aéreo sobre la frontera entre Rusia y Ucrania, y también para hacer frente a la continua actividad amenazadora en la frontera, surgida sobre todo por la presencia de la OTAN.

Desde la ocupación de Crimea, el Kremlin ha iniciado un programa de rearme a largo plazo para conseguir una zona (A2/AD) que impida el acceso de otras fuerzas a la región. Esta zona limitaría la libertad de maniobra tanto aérea como por tierra a posibles invasores. Junto con otros sistemas de misiles en Armenia, Krasnodar y otros lugares, se establece así una zona anti-acceso realmente amplia. El establecimiento de sistemas de defensa avanzados, la actualización de los radares, la modernización de la Flota del Mar Negro y el despliegue de aviones de combate son algunas de las iniciativas llevadas a cabo para crear esa zona de bloqueo frente a cualquier avance exterior. En los próximos años se planea añadir a esa Flota seis nuevos submarinos de ataque y seis nuevos buques de superficie, que podrían operar más allá del Mar Negro, apoyando incluso las operaciones militares en Siria.

Alejamiento de los antiguos satélites

El aumento de las tropas de la OTAN y de su presencia en los países fronterizos con Rusia es visto por esta como una amenaza a su seguridad. Países como Polonia, donde la OTAN movilizó en enero de 2017 cerca de 3.500 soldados, y otros como Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Bulgaria y Hungría ven necesario el despliegue ante la situación ocurrida en Ucrania y ante los ejercicios militares rusos cerca de sus fronteras: un claro ejemplo es el Zapad 2017, un conjunto de ejercicios estratégicos y militares llevados a cabo conjuntamente por las tropas rusas y bielorrusas, en Bielorrusia, en la Óblast de Kaliningrado y a lo largo de toda la franja norte limítrofe con los países de la OTAN.

Mapa de Wikimedia Commons

Echando un vistazo a la historia reciente de los últimos 20 años, podemos observar cómo Rusia ha ido perdiendo influencia económica, política y militar desde inicios de siglo sobre los territorios que limitan con el Mar Negro. Así, en Georgia (2004) y en Ucrania (2005), presidentes más afines a Rusia fueron sustituidos por otros más pro-occidentales. Además, Bulgaria y Rumanía habían pasado a ser miembros de la OTAN, mientras Georgia y Ucrania trabajaban en ello.

Actuación en la zona del Mar Negro

Viéndose amenazada por esta situación, Rusia decidió realizar todo lo posible por impedir que Georgia y Ucrania se convirtiesen en miembros de la OTAN, al tiempo que desarrollaba estrategias para alejar a los estados restantes de la influencia de esa organización.

Con la invasión de Georgia en 2008, el Kremlin mostraba su determinación de contener a la OTAN, manteniendo a día de hoy una notable influencia militar en diversas regiones de ese país. Lo mismo ocurrió en Ucrania tras la huida del expresidente Víctor Yanukovich, cuando Rusia invadió Crimea en marzo de 2014. De esta forma, aseguraba el control sobre la base naval de su Flota del Mar Negro situada en Sebastopol (Crimea). También apoya militarmente a los separatistas pro-rusos en la guerra del Este de Ucrania, desestabilizando el país.

En otros países limítrofes con el Mar Negro, Rusia ha actuado de manera distinta. En el caso de Bulgaria y Rumanía, los únicos países ribereños del Mar Negro que son miembros de la Unión Europea, la influencia rusa prevalece en el apoyo a los partidos políticos pro-rusos y en el establecimiento de fuertes vínculos en materia de negocios. Sin embargo, Rumanía es otra de las regiones que constituyen un desafío a la política exterior rusa, debido a su ímpetu en la defensa de la presencia de la OTAN en el Mar Negro.

En el caso de Turquía, que a diferencia de varios de los países mencionados no fue parte de la URSS ni del bloque soviético, el Kremlin ha apoyado el autoritarismo llevado a cabo por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, buscando principalmente dos objetivos básicos: desvincular a Turquía de la OTAN, a la que pertenece casi desde sus inicios (1952), y asegurar su amistad con el país que ejerce control sobre los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, los cuales permiten el acceso al Mar Mediterráneo. Si Turquía cerrase los estrechos, la flota rusa quedaría aislada sin poder ejercer su influencia más allá del Mar Negro. Ello podría ocurrir en el supuesto de que Turquía y Rusia se encontrasen enfrentadas una a la otra en un conflicto. En tal caso, constituyendo la segunda potencia militar más fuerte de la región, Turquía podría ser una clara amenaza para las tropas rusas aisladas. Por otra parte, la relación con Turquía presenta numerosos desafíos para Moscú: un ejemplo es el desacuerdo que existe sobre el conflicto de Siria, donde Turquía se opone al régimen de Assad, mientras que Rusia le apoya. 

Importancia del Mar Negro

En definitiva, Rusia trata de afianzar su influencia y su dominio sobre el Mar Negro. Esto es debido principalmente a unas características esenciales: en primer lugar, este mar es un importante punto estratégico, ya que permitiría el acceso a los diversos territorios colindantes; en segundo lugar, el control sobre los puertos y las rutas comerciales darían el poder de obstruir el comercio y los suministros energéticos (se trata de un territorio atravesado por multitud de tuberías de transporte de energía); por último, Rusia podría influir enormemente en unas regiones que comparten una historia común con Rusia, vulnerando su relación con la OTAN.

Desafío inmediato

Para concluir, resulta interesante comprender que el desafío principal al que debe hacer frente Rusia es el de mantener el status quo, según afirma Yuval Weber, profesor de la Universidad de Harvard.  Para ello, Rusia tiene que ser capaz de mantener el grupo separatista en la guerra de Ucrania, hasta que el gobierno de Kiev caiga y pueda entonces entablar conversación con un posible gobierno títere que acepte una solución en términos rusos. Sin embargo, mantener ese estado de las cosas implica tener que hacer frente de manera simultánea a la intervención internacional y a la débil situación económica interna de la propia Rusia, donde existe una creciente insatisfacción social en relación con los salarios, el recorte de los servicios, la pobreza en algunas regiones, entre otros problemas.

Tanto la situación interna y externa de Rusia, como la de sus territorios de influencia, quedan supeditadas a los resultados de las próximas elecciones presidenciales rusas, que se celebrarán el 18 de marzo de 2018. El mundial de fútbol no es lo único que está en juego.

Una nueva Ruta de la Seda para el siglo XXI

El proyecto 'Un Cinturón-Una Ruta' pretende consolidar el ascenso de China como superpotencia

La ambiciosa iniciativa lanzada por Xi Jinping de conexión de China con el resto del continente Euroasiático puede resultar costosa y difícil. Pero a diferencia de la ruta terrestre a través de las repúblicas de Asia central, la vía marítima puede no tardar en ser una realidad en ciertos tramos, pues China ya ha construido algunos puertos en parte del recorrido.

▲Las vías terrestre y marítima de la iniciativa china [yourfreetemplates]

ARTÍCULOJimena Puga Gómez [Versión en inglés]

Tras el discurso del presidente chino Xi Jinping en 2013 sobre la revitalización de la antigua Ruta de la Seda, la iniciativa que comenzó siendo solo una idea se ha convertido en el mayor desafío económico del Gobierno de Pekín: una revolución que, de llevarse a cabo, modificará las infraestructuras de transporte de pasajeros, mercancías y hidrocarburos, así como la alta tecnología del continente asiático. Denominado como OBOR-One Belt-One Road (Un Cinturón-Una Ruta), el plan pretende ser la clave del ascenso de China como superpotencia regional.

La iniciativa OBOR es un gran plan para rediseñar el entorno estratégico de China, proyectar el poder económico de Pekín, asegurar el acceso del país comunista a los suministros de energía y minerales, e impulsar el crecimiento económico en el oeste de la República Popular. OBOR busca lograr estos objetivos fomentando una conectividad mayor y más rápida entre China y Europa a través de puntos intermedios en el centro, oeste y sur de Asia, así como con Rusia.

Por su parte, la ruta marítima que formará una de las piezas clave de la iniciativa OBOR, también conocida como la Ruta de la Seda del siglo XXI, cuenta con que siete de los diez puertos más grandes del mundo están en China y, como es sabido, estas infraestructuras hacen del gigante asiático un importante exportador de servicios de gestión portuaria. 

La Ruta de la Seda marítima dirigida hacia Oriente, comenzará en la provincia de Fujian y pasará por Guangdong, Guangxi y Hainan, antes de dirigirse hacia el sur hasta el Estrecho de Malaca. Desde Kuala Lumpur, la Ruta seguirá a Kolkata y Colombo, luego cruzará el resto del Océano Índico en dirección a Nairobi. Y desde ese punto del continente africano, recorrerá el Cuerno de África buscando atravesar el estratégico Golfo de Adén has llegar al Mar Rojo. El plan trazado por Pekín pretende crear las infraestructuras suficientes para que los buques chinos puedan llegar a alcanzar de manera segura el Mediterráneo tras navegar por el Canal de Suez. Pero, la ambición del República Popular no se detiene a las puertas de la Unión Europea, ya que China quiere llegar a Atenas surcando el Egeo y de ahí pasar a Venecia, donde buscará las rutas terrestres que hagan posible el desplazamiento de sus mercancías por la toda Unión. La inversión China se ha centrado, entre otros puntos, en el puerto del Pireo, con un nuevo centro logístico y en el desarrollo de una red de infraestructuras logísticas a través de los Balcanes y de Hungría.

En este mapa estratégico de rutas ideado en Pekín, el Pacífico Sur también ha sido incluido. Así, la Ruta de la Seda marítima cuenta con dos rutas. La primera, como se ha dicho, con origen en la costa este de China y que a través del Mar del Sur de China tiene la pretensión de establecer un control estratégico de las islas Spratley, del Estrecho de Malaca y de toda la zona Indo Pacífica, incluyendo el Golfo de Bengala, para llegar al corazón de Europa. La segunda ruta marítima, también atravesará el Mar del Sur de China, para dirigir sus buques hacia los puertos costeros del Pacífico Sur. Con ello, China también controlaría las rutas de las imprescindibles materias primas que le llegan de los países hispanoamericanos

A pesar de tratarse de un proyecto económico a largo plazo, el Gobierno chino ha comenzado ya la construcción de ciertas infraestructuras y las necesarias negociaciones con distintos países. Un claro ejemplo es el de Alemania. La Unión Europea es el mayor socio comercial de China, mientras que la República Popular es el segundo proveedor de la Unión. Muestra de ello es Alemania, país que además de gozar de una excelente reputación como socio fiable en China, es considerada como “la puerta comercial de Europa”. Prueba de ello es que, en un encuentro en Duisburgo, el puerto interior más grande del mundo y un importante centro de transporte y logística de Europa, el presidente chino Xi Jinping propuso a Alemania “trabajar en común para hacer realidad el ambicioso proyecto del resurgimiento del cinturón económico de la nueva Ruta de la Seda del siglo XXI”. Actualmente, Alemania y China están conectadas mediante la línea de ferrocarril internacional Chongqing-Xinjiang-Duisburgo.

Los puertos construidos por China en Hambantota y Colombo, en Sri Lanka; la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Suez, en Egipto; la negociación de Kazajstán del derecho a despejar sus importaciones y exportaciones a través del puerto chino de Lianyungang, y una nueva alianza entre puertos en China y Malasia son ejemplos adicionales de la capacidad de China de aprovechar su nueva destreza como modernizador y administrador de puertos para respaldar su estrategia.

La iniciativa de la nueva Ruta de la Seda es un proyecto que necesitará de inversiones multimillonarias para poder construir infraestructuras de transporte fluidas, seguras y eficientes. Los efectos de esta red económica aseguran beneficios no solo para China, líder de la iniciativa OBOR, sino también para todos los países afectados por ella. No obstante, la financiación del proyecto es todavía una incógnita que convendría ir clarificando.

Caso Odebrecht: las deficiencias del Estado de Derecho en Latinoamérica

La alta corrupción e impunidad en la región dificultan la erradicación de sobornos millonarios en las contratas públicas

La confesión de la compañía de construcción e ingeniería Odebrecht, una de las más importantes de Brasil, de haber entregado elevadas sumas como sobornos a dirigentes políticos, partidos y funcionarios públicos para la adjudicación de obras en diversos países de la región ha supuesto el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica. El notable incremento presupuestario durante la “década de oro” de las materias primas ocurrió en un marco de escasa mejora de la efectividad del Estado de Derecho y del control de la corrupción, eso propició que se produjeran elevados desvíos ilícitos en las contratas públicas.

ARTÍCULOXimena Barría [Versión en inglés]

Odebrecht es una compañía brasileña que través de varias sedes operativas conduce negocios en múltiples industrias. Se dedica a áreas como ingeniería, construcción, infraestructura y energía, entre otras.  Su sede principal, en Brasil, está ubicada en la ciudad de Salvador de Bahía.  La empresa opera en 27 países, de Latinoamérica, África, Europa y Oriente Medio. A lo largo de los años, la constructora ha participado en contratos de obras públicas de la mayor parte de los países latinoamericanos.

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación que denunciaba que la compañía brasileña había sobornado a funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. La investigación se desarrolló a partir de la confesión hecha por los propios máximos ejecutivos de Odebrecht una vez descubiertos.

La compañía entregaba a los funcionarios de esos países millones de dólares a cambio de obtener contratos de obras públicas y beneficiarse del pago por su realización. La empresa acordaba entregar millones de dólares a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos públicos o personas relacionadas con el Gobierno. Su fin era tener una ventaja competitiva que le permitiera retener negocios públicos en diferentes países. 

A fin de encubrir dichos movimientos ilícitos de capitales, la empresa creaba sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil.  La empresa elaboró una estructura financiera secreta para encubrir estos pagos. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que los sobornos en los países mencionados alcanzaron un total de 788 millones de dólares (casi la mitad solo en Brasil). Utilizando este método ilegal, contrario a toda ética empresarial y política, Odebrecht logró el encargo de más de cien proyectos, cuya realización le generó unos beneficios de 3.336 millones de dólares.

Falta de un poder judicial efectivo

Este asunto, conocido como caso Odebrecht, ha creado consternación en las sociedades latinoamericanas. Sus ciudadanos consideran que para que actos de este tipo no queden impunes, los países deben tener una mayor eficiencia en el ámbito judicial y dar pasos más acelerados hacia un verdadero Estado de Derecho. 

De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, ninguno de los diez países latinoamericanos afectados por esta red de sobornos llega al 60% de efectividad del Estado de Derecho y de control de la corrupción. Eso explicaría el éxito de la constructora brasileña en su política de coimas.

 

Fuente: Banco Mundial, 2016

 

La independencia judicial y su efectividad es esencial para la resolución de hechos de estas características. El correcto ejercicio de la Justicia moldea un apropiado Estado de Derecho, previniendo que ocurran actos ilícitos u otras decisiones políticas que puedan vulnerarlo. A pesar de que esto es lo ideal, los países involucrados en el caso Odebrecht no cumplen con cabalidad esta debida independencia judicial.

En efecto, según el Reporte de Competitividad Global para 2017-2018, la mayoría de los países afectados obtienen una baja nota respecto a la independencia de sus tribunales, lo que indica que carecen de un poder judicial efectivo para juzgar a los presuntos involucrados en este caso. Así ocurre, por ejemplo, con Panamá y con la República Dominicana, situados en los puestos 120 y 127, respectivamente, en cuanto a independencia judicial, de una lista de 137 países.

Uno de los problemas que padece el Órgano Judicial de la República de Panamá es el alto número de expedientes que maneja la Corte Suprema de Justicia. Esa congestión dificulta que la Corte Suprema pueda trabajar de manera efectiva. La alta cifra de expedientes procesados se dobló entre 2013 y 2016: la Sala Penal de la Corte procesó 329 expedientes en 2013; en 2016 fueron 857. Aunque el Órgano Judicial panameño ha mejorado su presupuesto, eso no ha representado un aumento cualitativo en sus funciones. Esas dificultades podrían explicar la decisión de la Corte de rechazar una extensión de la investigación, aunque ello pueda significar cierta impunidad. En 2016 solo hubo dos detenidos por el caso Odebrecht. En 2017, de los 43 imputados que podrían estar involucrados en la aceptación de sobornos valorados en 60 millones de dólares, solo 32 fueron procesados.

La República Dominicana también se encuentra en una situación parecida. Según una encuesta de 2016, solo el 38% de los dominicanos confían en la institución judicial. A ese bajo porcentaje puede haber contribuido el hecho de que para ejercer de jueces de la Corte Suprema fueron elegidos miembros activos de los partidos políticos, algo que opaca la credibilidad de la Justicia y su independencia. En 2016, los tribunales dominicanos solo indagaron sobre una persona, cuando la Corte Suprema estadounidense estimaba que la empresa brasileña había dado 92 millones de dólares en sobornos políticos, uno de los montos más elevados fuera de Brasil. En 2017, la Suprema Corte de la Republica Dominicana ordenó la excarcelación de 9 de 10 presuntos implicados en el caso por insuficiencia de pruebas.

Necesidad de mayor coordinación y reforma

En octubre de 2017, fiscales públicos de Latinoamérica se reunieron en Ciudad de Panamá para compartir información sobre blanqueo de capitales, especialmente en relación al caso Odebrecht. Los funcionarios expresaron la necesidad de no dejar ningún caso impune, para contribuir con ello a resolver uno de los mayores problemas políticos, económicos y judiciales de la región. Algunos fiscales reportaron haber sufrido amenazas en sus investigaciones. Todos valoraron de manera positiva el encuentro, ya que con él ponían de relevancia la necesidad en Latinoamérica de una mayor coordinación fiscal y armonía legislativa. No obstante, es importante destacar que la República Dominicana estuvo ausente de esa reunión.

Toda concienciación de los ministerios públicos de Latinoamérica es esencial ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación.  El inefectivo Estado de Derecho y la falta de control de la corrupción facultan que empresas como Odebrecht puedan triunfar en su política de sobornos para obtener una ventaja competitiva. 

Las carencias de los sistemas judiciales en países como Panamá y República Dominicana, en concreto, pueden hacer posible que funcionarios públicos queden impunes de los delitos cometidos. Además, el caso Odebrecht, de gran magnitud en la región, podría congestionar aún la actividad judicial si no se hacen reformas efectivas en cada país. 

La soja, la otra materia prima estratégica de Sudamérica

La constante expansión del cultivo en los países de Mercosur les lleva a superar el 50% de la producción mundial

La soja es el producto agrícola con mayor crecimiento comercial en el mundo. Las necesidades de China e India, grandes consumidores del fruto de esta planta oleaginosa y sus derivados, convierten a Sudamérica en un granero estratégico. Su rentabilidad ha incentivado la extensión del cultivo, especialmente en Brasil y Argentina, pero también en Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su expansión está detrás de recientes desforestaciones en el Amazonas y en el Gran Chaco. Tras los hidrocarburos y los minerales, la soja es la otra gran materia prima de Sudamérica.

ARTÍCULODaniel Andrés Llonch [Versión en inglés]

La soja se ha cultivado en las civilizaciones asiáticas durante miles de años; hoy su cultivo está también ampliamente difundido en otras partes del mundo. Ha pasado a ser el grano oleaginoso más importante para el consumo humano y la alimentación animal. De grandes propiedades nutritivas, por su alto contenido proteínico, la soja se comercializa tanto en grano como en sus derivados de aceite y de harina.

De los once mayores productores de soja, cinco están en Sudamérica: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En 2016, esos países fueron el origen del 50,6% de la producción mundial, cuyo total alcanzó los 334,8 millones de toneladas, según los datos de la FAO. El primer productor fue Estados Unidos (34,9% de la producción mundial), seguido de Brasil (28,7%) y Argentina (17,5%). En la lista siguen India y China, aunque lo significativo de este último país es su gran consumo, que en 2016 le obligó a importar 83,2 millones de toneladas. Gran parte de esas necesidades de importación son cubiertas desde Sudamérica. La producción sudamericana se centra en las naciones de Mercosur (además de Brasil y Argentina, también Paraguay y Uruguay) y Bolivia.

La fuerte demanda internacional y la elevada rentabilidad relativa de la soja en los últimos años ha alimentado la expansión del cultivo de esta planta en la región del Mercosur. El boom del precio las materias primas, del que también participó la soja, originó unos beneficios que se dirigieron a la adquisición de nuevas tierras y equipamiento, lo que permitió a los productores aumentar su escala y eficiencia.

En Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay la superficie sembrada con soja es la mayoritaria (constituye más del 50% de la superficie total sembrada con los cinco cultivos más importantes de cada país). Si al grupo añadimos Uruguay, donde la soja ha gozado de una expansión más tardía, tenemos que la producción de esos cinco países sudamericanos ha pasado de 99 millones de toneladas en 2006 a 169,7 millones en 2016, lo que constituye un alza del 71,2% (Brasil y Bolivia han casi doblado su producción, algo superado por Paraguay y Uruguay, país donde se ha triplicado). En la década, esta área de Sudamérica ha pasado de aportar el 44,7% de la producción mundial a sumar el 50,6%. En ese tiempo, la superficie cultivada aumentó de 40,6 millones de hectáreas a 58,4 millones.

 

 

Países

Como el segundo mayor productor de soja del mundo, Brasil alcanzó en 2016 una producción de 96,2 millones de toneladas (el 28,7% del total mundial), con un área de cultivo de 33,1 millones de hectáreas. Su producción ha conocido un constante aumento, de forma que en el último decenio el volumen de la cosecha se ha incrementado en un 83,5%. El salto ha sido especialmente notable en los cuatro últimos años, en los que Brasil y Argentina han experimentado la mayor tasa de incremento del cultivo, con un promedio anual de 936.000 y 878.000 hectáreas, respectivamente, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Argentina es el segundo país productor del Mercosur, con 58,7 millones de toneladas (el 17,5% de la producción mundial) y una extensión cultivada de 19,5 millones de hectáreas. La soja comenzó a sembrarse en Argentina a mediados de los años 70, y en menos de 40 años ha tenido un avance inédito. Este cultivo ocupa el 63% de las áreas del país sembradas con los cinco cultivos más importantes, frente al 28% de superficie que ocupan el maíz y el trigo.

Paraguay, por su parte, tuvo en 2016 una cosecha de 9,1 millones de toneladas de soja (el 2,7% de la producción mundial). En las últimas temporadas, la producción de soja ha aumentado a medida que se destinan más tierras para su cultivo. De acuerdo con el USDA, en las últimas dos décadas, la tierra dedicada al cultivo de soja ha aumentado constantemente en un 6% anual. Actualmente hay en Paraguay 3,3 millones de hectáreas de tierra dedicadas a esta actividad, lo que constituye el 66% de la tierra utilizada para los principales cultivos.

Por lo que se refiere a Bolivia, la soja se cultiva principalmente en la región de Santa Cruz. Según el USDA, representa el 3% del Producto Interno Bruto del país, y emplea a 45,000 trabajadores directamente. En 2016, el país cosechó 3,2 millones de toneladas (el 0,9% de la producción mundial), en una extensión de 1,3 millones de hectáreas.

Las plantaciones de soja ocupan más del 60 por ciento de las tierras cultivables de Uruguay, donde la producción de soja ha ido en aumento en los últimos años. De hecho, es el país donde más ha crecido la producción en términos relativos en la última década (un 67,7%), alcanzando en 2016 los 2,2 millones de toneladas y una extensión cultivada de 1,1 millones de hectáreas.

 

 

Aumento de la demanda

La producción de soja representa una fracción muy importante en el PIB agrícola de las naciones sudamericanas. Los cinco países mencionados juntamente con Estados Unidos conforman el 85,6% de la producción global, de forma que son los principales proveedores de la creciente demanda mundial.

Dicha producción ha experimentado un aumento progresivo desde su inserción en el mercado, con la excepción de Uruguay, cuya expansión del producto ha sido más reciente. En el periodo entre 1980 y 2005, por ejemplo, la demanda total mundial de soja se expandió en 174,3 millones de toneladas, o lo que es lo mismo, 2,8 veces. En este período la tasa de crecimiento de la demanda global fue acelerándose, desde un 3% anual en los 80 a un 5,6% anual en la última década.

En todos los países sudamericanos mecionados el cultivo de soja ha sido especialmente incentivado, por los beneficios que supone. Así, en Brasil, el mayor productor regional del grano oleaginoso, la soja aporta unos ingresos calculados en 10.000 millones de dólares en exportaciones, representando el 14% del total de productos comercializados por el país. En Argentina, el cultivo de soja pasó de representar el 10,6% de la producción agrícola en 1980/81 a más del 50% en 2012/2013, generando importantes beneficios económicos.

Las perspectivas de crecimiento de la demanda hacen prever una continuación en el alza de la producción. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la producción global superará los 500 millones de toneladas en 2050, lo que duplica el volumen consechado en 2010. Gran parte de esa demanda tendrá que ser atendida desde Sudamérica.

Por qué el Antártico recibe menos atención que el Ártico

El deshielo ha provocado el desprendimiento de icebergs que pueden ser un riesgo para la navegación, pero en la Antártida la geopolítica está parcialmente congelada

El aumento de las temperaturas está abriendo el Ártico a las rutas comerciales y a la disputa entre diversos países por el futuro control de las riquezas de su subsuelo. En la Antártida, con temperaturas más bajas y un deshielo más lento, lo que hay bajo el manto blanco no es un océano, sino un continente alejado de las líneas de navegación y de los intereses directos de las grandes potencias. Hay razones para que los principales actores internaciones prefieran seguir dejando en la nevera todo reclamo sobre el Polo Sur.

ARTICULO /  Alona Sainetska [Versión en inglés]

La Antártida es un continente con cordilleras y lagos, rodeado de un océano y con una superficie total de 14 millones de kilómetros cuadrados. Por su ubicación en polos opuestos, la Antártida es frecuentemente comparada con la masa de hielo del Oceano Ártico que es, en cambio, un mar helado rodeado de tierra. En esas partes septentrionales de Eurasia y América, al norte del paralelo del círculo polar ártico, viven alrededor de 4 millones de personas. En contraste, la Antárdida, con su promedio de -49° C de temperatura,  es absolutamente inhabitable y es considerado hoy un santuario natural que concita la atención de numerosos países de la comunidad internacional.

A pesar de no presentar, a simple vista, elementos importantes de conflicto en el conjunto del sistema global,  la soberanía de su territorio nunca ha estado exenta de disputas y reclamaciones territoriales por parte de países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Argentina y Chile. Aunque dejadas luego en suspenso, las reclamaciones de esos países no interferían unas con otras, salvo en el caso de Argentina y Chile, cuyas pretensiones se producían sobre terrenos que presentan mayores concentraciones de camarón antártico o krill y que ya habían sido reclamados total o parcialmente por Inglaterra.

En esta cuestión se produjo una trascendental coincidencia de intereses de los países anteriormente mencionados y también de las superpotencias no reclamantes, como fue el caso de Estados Unidos y la URSS, que mostraron poco deseo de convertir tanto el continente como el espacio marítimo en objeto de enfrentamientos político-militares. Este hecho facilitó mucho las negociaciones sobre el futuro estatus jurídico que tendría “el continente helado”.

El primer intento para establecer un régimen jurídico especial para la Antártida fue de Estados Unidos, en 1948. Sin embargo, esta idea fracasó al enfrentarse con la oposición de los países que deseaban extender su soberanía a territorios de la Antártida. Solo dos años más tarde el continente volvió a suscitar interés en las grandes potencias cuando la URSS anunció que no aceptaría ningún acuerdo sobre la Antártida en el que ella no estuviera representada.

Ante la necesidad de llegar a un consenso, y como fruto de los enormes esfuerzos de la comunidad científica mundial, nació un clima de cooperación y diálogo internacional sobre la Antártida que permitió el libre acceso de científicos de cualquier nacionalidad al continente, así como el intercambio de los resultados de sus investigaciones. Este nuevo contexto propició la firma el 1 de diciembre de 1959 del Tratado sobre la Antártida (TA), que entró en vigor el 23 de junio de 1961. Cualquier posible modificación, por mayoría, se aplazó hasta una conferencia prevista para 30 años después de su puesta en vigencia; cuando llegó 1991 no solo no se aplicaron cambios, sino que se añadieron salvaguardas.

En el TA, los países implicados se comprometían a reconocer  un régimen jurídico especial de la Antártida, dándole un estatus de “terra nullius”. Además, se establecía la desmilitarización del continente antártico, lo que reservaba el espacio helado exclusivamente para fines pacíficos y prohibía el establecimiento de bases militares.

Por otro lado, se proclamaba la congelación de todas las pretensiones de soberanía territorial sobre la Antártida, no pudiendo durante el periodo de vigencia del tratado hacerse nuevas reclamaciones o ampliar las anteriormente hechas.

De la misma manera, se establecía el derecho de nombrar observadores con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del tratado y se determinaba la celebración de reuniones periódicas de los estados originalmente firmantes del TA, más otros estados a los que se ha concedido carácter consultivo por realizar misiones científicas importantes en la Antártida.

Potencial científico y económico

En el año 1991 se dio un paso más allá en la conservación del gigante helado. Con el objetivo de responder a las cuestiones como el cambio climático y la necesidad de proteger el especial ecosistema que el continente representaba se firmaba en Madrid el llamado Protocolo “complementario” al TA sobre protección del medio ambiente. La condición para su entrada en vigor fue que lo ratificaran todos los miembros consultivos del Tratado Antártico. Prohibía cualquier tipo de explotación de los recursos minerales ajena a los fines científicos. Esta prohibición sólo podía ser levantada por acuerdo unánime y alejaba al continente de posibles rapiñas de sus grandes recursos naturales. La Antártida se convertía así en un lugar único en el mundo para la coexistencia entre hombre y naturaleza.

Sin embargo, las últimas décadas han introducido muchos cambios estratégicos que han originado serias dudas y preocupaciones en cuanto a la eficacia del TA. Su potencial científico y económico, junto con su enorme biodiversidad y riqueza en recursos naturales, han incrementado notablemente la importancia de la Antártida. La mayor interacción e interdependencia de los distintos actores nacionales, internacionales y transnacionales que integran la comunidad mundial ha multiplicado también el deseo de influir y participar, por diferentes vías, en la prosecución de intereses particulares en esta zona del mundo.

Así, junto a proyectos para garantizar las condiciones medioambientales, como la discusión sobre la creación de una gran zona de preservación natural en el mar de Ross, en ocasiones se lanzan polémicas iniciativas para el aprovechamiento de los recursos antárticos, como la sugerida por los Emiratos Árabes para remolcar hasta Oriente Medio icebergs que se desprendan de la masa de hielo antártico, con el fin de combatir la sequía y atender las necesidades de su población (la Antártida contiene el 80% de reservas de agua dulce del planeta).

Esos icebergs, por otra parte, pueden suponer una amenaza para la navegación y el comercio, especialmente si son de gran tamaño, como puede ocurrir con la plataforma de hielo Larsen C, cada vez más próxima a un colapso, lo que dejaría a la deriva un inmenso iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados.

Países con diferente peso

Aunque una posible explotación de la Antártida no se contempla a corto o medio plazo y de momento se queda en un terreno hipotético, gracias a las desventajas resultantes de la lejanía del continente y sus duras y desfavorables condiciones, existe el riesgo de un futuro despliegue de actividad económica en la región de la Antártida a nivel mundial. Esto último dependerá de alineamientos internacionales que puedan surgir.

Los alineamientos en relación a la Antártida toman pie de la estructura de administración impuesta por el Tratado, que incluye tres categorías de miembros:

  • Los firmantes originarios (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, República Sudafricana, Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos) que participan de pleno derecho en las reuniones consultivas del TA donde se adoptan las decisiones.

  • Aquellos Estados que desean adherirse y que, habiendo desarrollado actividades científicas importantes, obtienen el consentimiento para participar en las Reuniones Consultivas (por ejemplo: Polonia, Alemania, India, Brasil, China y Uruguay).

  • Los Estados que se adhieren, pero que, al no realizar una actividad científica significativa, no pueden participar en la toma de decisiones (Checoslovaquia, Cuba, Hungría, Bulgaria, Perú, Italia, Nueva Guinea, España, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Rumania y Finlandia).  

Una situación similar  de colisión de intereses  por parte de los actores internacionales se da en el polo opuesto de la Tierra, el Ártico. Sus condiciones climáticas presentan unas temperaturas mucho más cálidas que permiten la descongelación de su sensible capa de hielo. Así pues, el deshielo provocado por el calentamiento global hace cada vez más accesible la riqueza energética del Ártico (se estima que alberga el 13% del petróleo y el 30% del gas natural que queda en el planeta) y, por tanto, recrudece la batalla por los derechos a explotarla por países como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Noruega y Rusia. Por otra parte está China, para quien el deshielo tiene múltiples consecuencias positivas, como la apertura de nueva ruta de navegación interoceánicas entre el norte de Europa y Shanghái mucho más corta, o el fácil acceso a la minería en zonas como Groenlandia.  

La abundancia de minerales esenciales en la tecnología, la apertura de nuevas rutas para el transporte marítimo y el hecho de que las tierras situadas en el círculo polar ártico sean habitables, con unas condiciones benévolas y de un acceso cada vez más fácil, hacen muy probable que el Ártico se integre antes en la estructura económica mundial que la Antártida.

China e India, la lucha por las puertas del estrecho de Malaca

El transitado paso, decisivo en las estrategias de ambos países para contrarrestarse

Un termómetro para medir el futuro pulso de fuerzas entre China e India será el estrecho de Malaca, paso clave para la conexión entre la zona norte del Índico y la región de Asia-Pacífico. A la mayor expansión de los intereses marítimos chinos, que obligan a Pekín a prestar una gran atención a Malaca, está respondiendo India con el avance de posiciones hacia la boca occidental del estrecho.

▲Mapa del Indo-Pacífico [US DoD]

ARTÍCULO / Alejandro Puigrefagut [Versión en inglés]

Las rutas marítimas son la base del comercio y de la comunicación entre más del 80% de los países del mundo. Este hecho hace que sea de gran importancia estratégica la ubicación geográfica natural de los Estados. Un punto especialmente importante para el tráfico marítimo es el estrecho de Malaca, clave para el comercio de la región con mayor población del planeta.

El estrecho de Malaca, que une el Mar de China Meridional con el Mar de Burma en su ruta hacia el Golfo de Bengala, es el paso comercial más transitado del mundo y, por ello, es un lugar estratégico. Por este corredor que rodea la costa occidental de la península malaya y la isla indonesia de Sumatra, transita aproximadamente el 60% del comercio marítimo mundial, superando los ciento cincuenta buques diarios y es la principal vía de abastecimiento de petróleo de dos de los principales consumidores asiáticos: la República Popular China y Japón. Este punto geográfico es clave para toda la región Indo Pacífica, por lo que asegurar la libre circulación de los buques resulta estratégico. Es por ello que muchos Estados de la región, entre ellos China y Estados Unidos, ven necesaria la protección de este paso a fin de poder abastecerse, exportar sus mercancías y no verse bloqueados por el control de un tercer país sobre esta zona.

En relación a China no es fácil pensar que un bloqueo de su abastecimiento debido a problemas en el Estrecho de Malaca vaya a suceder. Para que este hecho llegue a producirse tendría que generarse un conflicto armado de unas dimensiones extraordinarias, propiciando ese bloqueo por parte de un sujeto que pudiera controlar –y potencialmente interrumpir– el paso hacia los demás países de la región. Este riesgo potencial, que hoy día solo puede generar la Armada de Estados Unidos, obliga a China a estar alerta y tener que desarrollar unas capacidades militares suficientes para proteger los que considera sus territorios en el Mar del Sur de China y, por extensión, el suministro de recursos vitales que deben atravesar necesariamente el Estrecho de Malaca.

 

 

Las posiciones y la presencia del gigante asiático en el Mar del Sur de China y en las zonas colindantes al Estrecho de Malaca se han incrementado durante los últimos años, al objeto de aumentar su influencia sobre los Estados de la región. Más aun, para defender sus abastecimientos de petróleo y de gas natural (proveniente del Golfo Pérsico), China ha extendido su presencia hasta el Océano Índico, si bien esto no es suficiente. La realidad es que en esta zona hay una gran competencia entre dos de las potencias asiáticas con más influencia en la región: China e India. Debido a la creciente presencia e influencia de la República Popular en el Océano Índico, India se ha visto obligada a tomar medidas proactivas para mejorar la paz y la estabilidad en la región, movilizándose y expandiendo su presencia desde su costa este hacia las proximidades del Estrecho, con el fin de reequilibrar la balanza de poder regional. De esta forma, India puede dominar el acceso occidental al Estrecho y, por consiguiente, tener un mayor tiempo de reacción para maniobrar en el Océano Índico como en el propio Estrecho e, incluso, acceder con mayor agilidad a las aguas del Mar del Sur de China.

Al mismo tiempo, esta creciente aproximación de India hacia el Mar de China Meridional, es observada con preocupación en Pekín, e incluso, algunos analistas ven en India una amenaza si se diera el hipotético caso de un conflicto bélico entre las dos potencias regionales e India bloquease el Estrecho y, por tanto, el acceso de China a determinadas materias primas y otros recursos. Por este motivo, China ha llevado a cabo durante los últimos tres años diversas maniobras militares conjuntamente con terceros Estados en el Estrecho de Malaca, especialmente con Malasia. Durante los primeros ejercicios en la zona, el Ministerio de Defensa de la República Popular China concluyó que se fortalecieron las relaciones bilaterales con Malasia en términos de cooperación en seguridad y defensa y que se “aumentó la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas de seguridad”. Además, para China la protección del Estrecho resulta una prioridad por su gran valor estratégico y porque países como EE.UU o Japón también desean controlarlo.

Aniversario de Trump: Latinoamérica desconcertada

A los vecinos continentales de EE.UU. les cuesta interpretar el primer año de la nueva Administración

Donald Trump llega a su primer aniversario como presidente habiendo provocado algunos recientes incendios en Latinoamérica. Su maleducada desconsideración hacia El Salvador y Haití, por el volumen de refugiados acogidos en Estados Unidos, y su trato destemplado a Colombia por el aumento de producción de cocaína empeoran unas relaciones que, si bien ya nacieron complicadas en el caso de México, a lo largo del año han tenido algunos buenos momentos, como la cena de presidentes que Trump convocó en septiembre en Nueva York en la que se trazó un acción unitaria sobre Venezuela.

▲Trump, al cumplir cien días de presidente [Casa Blanca]

ARTÍCULOGarhem O. Padilla [Versión en inglés]

Cuando se cumple un año de la llegada del 45º presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, a la Casa Blanca –la ceremonia de inauguración fue un 20 de enero–, la controversia domina el balance de la nueva Administración, tanto en su actuación doméstica como internacional. Los vecinos continentales de EE.UU., en concreto, muestran desconcierto sobre las políticas de Trump hacia el hemisferio. Por un lado, lamentan el desinterés estadounidense por compromisos de desarrollo económico e integración multilateral; por otro, constatan cierta actividad en relación a algunos problemas regionales, como el venezolano. El balance de momento es mixto, aunque hay unanimidad en que el lenguaje y muchas de las formas de Trump más bien amenazan las relaciones.

Del TPP al TLCAN

En el campo económico, la era Trump arrancó con la retirada definitiva de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el 23 de enero de 2017. Eso imposibilitó la entrada en vigencia de este al ser Estados Unidos el mercado por el que sobre todo surgió dicho acuerdo, lo que ha afectado a las perspectivas de los países latinoamericanos que participaban en la iniciativa.

Enseguida se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigida por Trump. Las dudas sobre el futuro del TLCAN, firmado en 1994 y que Trump ha calificado de "desastre", han sobresalido en lo que va de Administración. Algunas de sus exigencias, a las que México y Canadá se oponen, son la de incrementar la cuota de productos fabricados en Estados Unidos y la cláusula "sunset", que obligaría a revisar el tratado de manera metódica cada cinco años y haría que quedara suspendido si alguno de sus tres miembros no estuviera de acuerdo. Todo ello, surge a partir de la idea del presidente estadounidense de suspender el tratado si no es favorable para su país. 

Cuba y Venezuela

Si las rencillas con México aún no han llegado a un desenlace, en el caso de Cuba Trump ya ha tomado represalias contra el régimen castrista, con la expulsión en octubre de 15 diplomáticos cubanos de la embajada de Cuba en Washington como respuesta ante “los ataques sónicos” que afectaron a 24 diplomáticos estadounidenses en la isla. La Casa Blanca, además, ha revocado algunas medidas conciliadoras de la Administración Obama, al comprobar que el castrismo no está respondiendo con concesiones aperturistas.

Por lo que afecta a Venezuela, Trump ha realizado esfuerzos contundentes en cuanto a introducción de medidas y sanciones contra funcionarios corruptos, además de abordar la situación política con otros países, para que estos apoyen esos esfuerzos dirigidos a erradicar la crisis venezolana, generando así multilateralidad entre países americanos. No obstante, esa política cuenta con detractores, que estiman que las sanciones no están destinadas a lograr un objetivo a largo plazo, además de que no está claro de qué manera impulsarían a la estabilidad venezolana.

Aunque en esas actuaciones sobre Cuba y Venezuela Trump ha hecho alusión a los principios democráticos conculcados por los gobernantes de La Habana y de Caracas, su Administración no ha insistido especialmente en el compromiso con los derechos humanos, la democracia y los valores morales, como venía siendo habitual en la argumentación de la política exterior norteamericana. Algunas críticas apuntan a que la Administración de Trump está dispuesta a promover los derechos humanos solo cuando se ajusten a sus objetivos políticos.  

Esto podría explicar el empeoramiento de la opinión que existe en Latinoamérica sobre Estados Unidos y sobre las relaciones con ese país. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2017, la opinión favorable ha caído al 67%, siete puntos por debajo de la que había al final de la Administración Obama, que era del 74%. Dicha encuesta muestra una diferencia relevante para México, uno de los países que, sin duda alguna, tiene los peores niveles de opinión favorable hacia la Administración de Trump: en 2017 ha sido de 48%, lo que supone una caída de 29 puntos en comparación con 2016, en el que era de 77%.

 

 

Inmigración, repliegue, declive

Las restrictivas políticas de inmigración aplicadas también explicarían ese rechazado hacia la Administración Trump por parte de la opinión pública latinoamericana. En el apartado inmigratorio lo más reciente es la decisión de no renovar la autorización de estancia en Estados Unidos de miles de salvadoreños y haitianos, que en su día llegaron huyendo de calamidades en sus países.

También hay que hacer alusión a los esfuerzos de Trump para lograr uno de sus objetivos principales desde los inicios de su campaña política: construir un muro fronterizo con México. El presidente estadounidense no ha tenido de momento mucho éxito en este objetivo, ya que a pesar de que haber buscado formas de financiarlo, lo que ha logrado introducir en los presupuestos es muy poco significativo en relación con los costes estimados. Por otro lado, su decisión

El proteccionismo de Trump conlleva un repliegue que puede estar acentuando el declive del protagonismo estadounidense como líder en Latinoamérica, especialmente frente a otras potencias. China lleva tiempo incrementado su actuación tanto económica como política en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. Rusia, por su parte, ha estrechado sus relaciones diplomáticas y de seguridad con Cuba. Podría decirse que, aprovechando los conflictos entre la isla y Estados Unidos, Moscú ha pretendido mantenerla en su órbita mediante una serie de inversiones.

Amenazas a la seguridad

Esto nos lleva a mencionar la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, anunciada en diciembre. El documento, presentado por Trump, aborda la rivalidad con China y con Rusia, y se refiere también al reto que suponen los regímenes de Cuba y de Venezuela, por las supuestas amenazas a la seguridad que representan y el apoyo de Rusia que reciben. Trump manifestó el gran el deseo de ver a Cuba y Venezuela unirse a la «libertad y prosperidad compartidas» y llamó a «aislar a los gobiernos que rehúsan actuar como socios responsables en avanzar la paz y prosperidad hemisférica».

De igual manera, la nueva Estrategia de Seguridad estadounidense hace alusión a otros desafíos existentes en la región, como son las organizaciones criminales transnacionales, las cuales impiden la estabilidad de países centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador. Con todo, el documento solo dedica una página a Latinoamérica, en la línea de la tradicional mayor atención de Washington hacia las áreas del mundo que afectan más a sus intereses y seguridad.

Una oportunidad para el acercamiento de Estados Unidos a los países latinoamericanos será la Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo mes de marzo en Lima. Sin embargo, nada es predecible dada la actitud tan característica del mandatario, la cual deja un gran espacio abierto para posibles sorpresas.