Sin parlamento y con un presidente con un año prorrogado, el país complica el camino de la recuperación

La crisis económica y sanitaria mundial ha afectado a todos los países, pero en Haití el impasse de la situación ha agravado además una crisis política que viene de atrás. Con un presidente que se ha negado a abandonar el cargo y a renovar el Parlamento y que ha convocado un referéndum constitucional para dotarse de más poder, Haití se encuentra en un espiral destructivo del que la ayuda internacional no logra sacarle. La vecina República Dominicana ha anunciado la construcción de una valla fronteriza que permita controlar la entrada de haitianos.

ARTÍCULO / Christian Santana

La pandemia de coronavirus ha agravado la ya siempre difícil situación económica de Haití y además ha contribuido a acentuar el colapso institucional que vive el país desde hace cinco años, al amparar de alguna forma el hecho excepcional de aplazamientos electorales. En materia de salud el impacto del Covid-19 no ha sido especialmente alto, al menos de acuerdo con las cifras oficiales (14.258 afectados y 307 muertos hasta finales de mayo de 2021, muy por debajo de las cifras de la vecina República Dominicana: 291.910 y 3.628, respectivamente), aunque el deficiente sistema sanitario nacional puede hacer suponer una mayor incidencia: de hecho, está siendo el último país americano en empezar a vacunar a sus habitantes.

En un país que de suyo cuenta con una reducida actividad económica, donde es frecuente que haya ejercicios de caída del PIB, el retroceso mundial de 2020 tuvo lógicamente una traslación moderada, al tiempo que la recuperación de 2021 apenas está siendo perceptible. Así, el PIB de Haití bajó un 3,7% en 2020 y crecerá solo un 1% en 2021, según las estimaciones del FMI. El daño económico y sus consecuencias sociales se observan especialmente en la tasa de inflación, que el año pasado se acercó al 23% y este año seguirá por encima del 22%. Además, en apenas dos años, la deuda pública de Haití aumentó casi diez puntos, pasando del 38,3% del PIB en 2017 al 47% en 2019.

Ya en abril de 2020, cuando empezaba la recesión global, el FMI advertía del daño que estaba ocasionando la parálisis política. “Debido a la frustración popular con alto niveles de corrupción y desigualdad, Haití ha estado experimentando una crisis política y un malestar social prolongados que en ocasiones ha paralizado la mayor parte de la actividad económica del país”, aseguraba el informe, y manifestaba que “ausente una implementación sostenida de buenas políticas y reformas integrales, la perspectiva permanece sombría”.

En los meses siguientes la pandemia ha empeorado las ya débiles perspectivas económicas de Haití. Una fuerte caída esperada en los flujos de remesas, la reducción de las exportaciones de textiles y la caída de la inversión extranjera directa ejercerán una presión significativa sobre la balanza de pagos. Los gastos sociales y sanitarios adicionales, junto con una nueva caída de los ingresos fiscales, aumentarán el déficit fiscal y las necesidades de financiación. Para hacer frente a esa emergencia, el FMI aprobó en abril de 2020 el desembolso de 111,6 millones de dólares. La cuantía estaba destinada aliviar el impacto de la crisis en la población, como pagar los salarios de algunos maestros y trabajadores, proporcionar transferencias de efectivo y raciones de alimentos a los hogares y proporcionar subsidios a los sectores de transporte y saneamiento.

A principios de este 2021 el gobierno de Haití introdujo un plan de recuperación económica post Covid-19 (Precop), con el objetivo de lograr un crecimiento del 3% en promedio durante los próximos tres años, la reducción gradual de la inflación hasta el 10% y la creación de 50.000 empleos. Según el Gobierno haitiano, en 2020 los ingresos del 95% de los hogares disminuyeron drásticamente y subió un 10% el desempleo.

Bloqueo político

En cualquier caso, Haití no cuenta con la estabilidad política requerida para una aplicación rigurosa del plan de recuperación. Desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2015, el país vive su último largo periodo de inestabilidad. Las denuncias sobre irregularidades retrasaron la segunda vuelta hasta noviembre de 2016. El triunfo fue para Jovenel Moïse, con el 55,6% de los votos y una muy baja participación. Moïse tomó posesión en febrero de 2017, un año después de lo que hubiera sido normal de no haberse distanciado tanto las dos vueltas. 

El Consejo Superior de Justicia estimó a comienzos de 2021 que los cinco años de mandato se cumplían el 7 de febrero, pero Moïse ha permanecido en el cargo, en medio de violentas protestas, alegando que su mandato concluye en realidad el 7 de febrero de 2022. Aunque los jueces nombraron un presidente interino, Moïse ha seguido gobernando, apartando a políticos y magistrados que han cuestionado su autoridad y a los que acusa de orquestar un golpe de Estado (llegó a detener a 23 personas por ese motivo). Cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, una institución que él mismo creó de nuevo en 2017 tras dos décadas de haber sido disueltas por Jean-Bertrand Aristide.

Además, Moïse ha pospuesto las elecciones legislativas que debían haberse celebrado en octubre de 2019, de forma que desde enero de 2020, cuando debía constituirse el Parlamento que debía elegirse, ha estado gobernando por decreto. Ahora promete elecciones legislativas y presidenciales para septiembre y noviembre de 2021, pero antes quiere proceder a una reforma de la Constitución que debe darle más poder. El referéndum constitucional ha sido convocado para el 27 de junio, con el fin de revalidar una nueva Constitución elaborada por una comisión de cinco personas todas ellas nombradas por Moïse. El nuevo texto que prevé eliminar el Senado, convirtiendo el sistema en unicameral, y preservar a los expresidentes de cualquier demanda judicial por corrupción u otros delitos. La Constitución de 1987 prohíbe reformas constitucionales por referéndum, pero Moïse alega de que su iniciativa no pruebe una enmienda sino una nueva Constitución.

La comunidad internacional ha reaccionado frente a la violencia y la corrupción registradas en Haití, pero no ha conseguido reconducir la situación. La ONU expresó sus quejas contra la impunidad y Estados Unidos ha aplicado sanciones contra dirigentes que han vulnerado derechos humanos. Sin embargo, esas instancias han tenido que asumir la realidad de la permanencia de Moïse en el poder y pasar a reclamar que mantenga el calendario electoral anunciado, como ha hecho la Administración Biden y la Unión Europea (aunque rechazan el cambio constitucional).

Relación con la República Dominicana

Las condiciones en las que se ha desarrollado la pandemia en el mundo han dado ocasión a la República Dominicana para plantear una frontera con Haití que pueda cerrarse de modo hermético cuando convenga y que permita un mayor obstáculo al contrabando, el narcotráfico y la inmigración ilegal. En su última rendición de cuentas ante el Congreso, el 27 de febrero de este año, el presidente dominicano, Luis Abinader, anunció la construcción de una valla que recorra la línea de 400 kilómetros que separa a los dos países de la isla de La Española. Una línea divisoria que combinará medios físicos y tecnológicos y que incluirá “una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimientos, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos”. En mayo ya se habían construido 23 kilómetros de valla, con una altura de cuatro metros y coronada con espinos.

Abinader, de centroizquierda, compensó esa política dura con la promesa de dar documentos de identidad a los haitianos que viven en la República Dominicana (se calcula que residen 500.000, lo supone un 5% del censo dominicano, si bien la cifra probablemente es mayor). También anunció la concesión a Haití de diversos tipos de ayuda, como el suministro de excedente eléctrico dominicano y la contribución a la construcción de hospitales, para uso como maternidades y con financiación internacional, en el lado haitiano de la frontera. Precisamente la migración temporal de mujeres haitianas a la República Dominicana con el fin de dar a luz allí acogiéndose al sistema público de salud, a pesar en muchos casos de su estatus ilegal, es uno de los argumentos más usuales en el debate nacional sobre la migración desde Haití.

La República Dominicana se vio afectada al comienzo de la pandemia por el descenso de las exportaciones y luego por la paralización del turismo, pero este 2021 está conociendo una rápida recuperación, con un crecimiento estimado para el total del año del 6,2% (tras una caída del 6,7% en 2020), una cifra que se aproxima a los crecimientos de hasta el 7% que había experimentado en recientes años.