Fiscales federales presentan cargos contra la cúpula de la mara en El Salvador por delitos contra la seguridad nacional

° EEUU sigue catalogando las pandillas como organización criminal, no como grupo terrorista, pero en el último año ha pasado a considerar terroristas a algunos de sus jefes

° El Departamento de Justicia estima probada la conexión entre las decisiones tomadas por la cúpula de la MS-13 desde cárceles salvadoreñas y crímenes cometidos en EEUU

° En los últimos cinco años los tribunales estadounidenses han condenado a 504 pandilleros, de los cuales 73 recibieron penas de cadena perpetua

► Reclusos de las maras en prisiones salvadoreñas, en abril de 2020 [Gob. de El Salvador]

INFORME SRA 2021 /  Xabier Ramos Garzón  [versión en PDF]

Las autoridades de Estados Unidos han dado en el último año un significativo salto en su reacción a la violencia de la principal banda callejera latina, la mara Salvatrucha o MS-13. Por primera vez fiscales federales presentaron cargos por terrorismo contra jefes de la pandilla, abriendo la puerta a una revisión de la catalogación de la MS-13, considerada desde 2012 en Estados Unidos como organización criminal internacional y que podría ser designada grupo terrorista, como ya sucede en El Salvador.

La focalización del Departamento de Justicia en la violencia de conexión centroamericana, sin embargo, pudo obedecer durante la Administración Trump a una priorización de la lucha contra la inmigración ilegal. Se desconoce de momento si la Administración Biden, que tiene menos interés en criminalizar el hecho migratorio, insistirá en la categoría de terrorismo. No obstante, la presión policial y judicial sobre los pandilleros responsables de crímenes en suelo estadounidense no parece que de momento vaya a decrecer.

Ofensiva fiscal

En julio de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano hizo públicos cargos por terrorismo contra Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue de gánster, sellados desde el previo mes de mayo en la Corte del Distrito Este de Virginia. Los cargos incluían conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo. Melgar había vivido en Virginia, con algunas ausencias, entre 2003 y 2016, año en que fue deportado. En noviembre de 2018 fue detenido y encarcelado en El Salvador. La Fiscalía considera que desde ese país dirigía la acción delictiva de la MS-13 en la Costa Este: aparentemente ordenaba y aprobaba asesinatos, supervisaba negocios de narcotráfico y recolectaba dinero para las clicas u organizaciones locales.

Abierta esa vía de cargos por terrorismo, que suponen penas mayores, contra dirigentes que supuestamente ordenaban la comisión de crímenes desde El Salvador, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York procedió pocos meses después a la acusación formal más amplia y de mayor alcance dirigida contra la MS-13 y su estructura de mando y control en la historia de Estados Unidos, alegando delitos “contra la seguridad nacional”. Así, en enero de 2021 esa Fiscalía federal hizo público un indictment, formalizado secretamente en el mes anterior, con acusaciones contra catorce jefes de la MS-13, todos ellos integrantes de la Ranfla Nacional o dirección de la mara, la cual estaba encabezada, según el Ministerio Público, por Borromeo Enrique Henríquez, alias Diablito de Hollywood. Once de ellos se encuentran en cárceles salvadoreñas y tres son fugitivos. Los cargos eran similares a los presentados contra Melgar, sin que igualmente la acusación aporte detalles sobre acciones específicas. Se les atribuyen los crímenes de distintas clicas de la MS-19 ya que, al formar parte de su cúpula directiva, serían los responsables últimos de las órdenes de comisión de muchos de los delitos. Según indicó el fiscal al anunciar el caso, “la MS-13 es responsable de una ola de muerte y violencia que ha aterrorizado a las comunidades, dejando los vecindarios inundados de derramamiento de sangre”. EEUU procedió a preparar las respectivas peticiones de extradición.

Además de estas dos causas, que se insertarían en un marco conceptual que parece querer perseguir la figura de jefatura de grupo terrorista (a pesar de que la consideración de terrorista no ha sido aplicada por Estados Unidos a ninguna pandilla, ni hay consenso sobre una estrecha centralización en la toma de decisiones criminales), en 2020 se pusieron en marcha varios procesos judiciales contra miembros de la MS-13 por delitos estrictamente de asesinato, secuestro, narcotráfico, tenencia de armas y otras actividades de crimen organizado. El mismo día de julio de 2020 en que se anunció la acusación contra Melgar, la Corte del Distrito Este de Nueva York presentó una causa contra ocho integrantes de la organización, y la del Distrito de Nevada contra otros trece; en agosto, el Distrito Este de Virginia procedió a la detención de once personas más relacionadas con la pandilla.

Esas actuaciones mostraban un empeño en hacer efectivas las investigaciones que recientemente se habían intensificado, al término de un mandato presidencial que había hecho de la lucha contra las maras una de las prioridades del Departamento de Justicia. Precisamente a finales de 2020, este departamento publicó un informe haciendo balance de los “esfuerzos” llevados a cabo en este terreno entre 2016 y 2020, titulado “Respuesta a gran escala”. El informe, que calcula que en Estados Unidos hay unos 10.000 miembros de diferentes pandillas, contabiliza que en ese periodo se presentaron en los tribunales estadounidenses cargos contra 749 pandilleros; de ellos, el 74% estaban en el país de manera ilegal, el 8% eran ciudadanos estadounidenses y el 3% residía de forma legal. Esos procesos llevaron a la condena de al menos 504 personas, de las cuales 37 recibieron penas de cadena perpetua.

El fiscal general, además, abrió el procedimiento para solicitar la pena de muerte de dos acusados, implicados en crímenes que tuvieron una especial resonancia social. Se trata de Alexi Sáenz, a quien se le atribuyen siete asesinatos, casi todos usando un machete o un bate de béisbol, y de Elmer Zelaya, acusado de coordinar el apuñalamiento de dos jóvenes; la mayoría de las víctimas eran adolescentes. Esta extrema violencia fue resaltada por Donald Trump en varios momentos de su mandato y a ella se refirió el pasado mes de julio cuando se anunciaron los mencionados casos por terrorismo. Calificó a los pandilleros de “monstruos que asesinan niños”, e indicó que las autoridades estadounidenses no descansarían hasta que “todos los miembros de la MS-13” comparezcan ante la Justicia.

Por su parte, el FBI ha conformado con fuerzas de seguridad de varios países centroamericanos las Unidades Trasnacionales Anti-Gang (TAG), que desde 2016 han sido responsables de cientos de detenciones y han asistido a la extradición a EEUU de 68 acusados, 35 desde Guatemala, 20 desde Honduras y 13 desde El Salvador.

Trayectoria

Las disposiciones de Barack Obama en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva Estrategia Nacional para Combatir el Crimen Organizado Trasnacional, fueron utilizadas por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración a la MS-13. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación como base para la “war on gangs” lanzada por Trump. En el propio Congreso ya se puso de relieve en 2018 la peligrosidad e incidencia de las maras, en actuaciones decididas desde El Salvador.

En 2019 el fiscal general William Barr viajó a El Salvador, donde recabó información de las autoridades del país, cuya Corte Suprema ya había designado grupo terrorista a las maras en 2015. Supuestas evidencias de la cadena de mando, que conecta las órdenes de asesinatos y otros crímenes dadas desde las cárceles salvadoreñas y su ejecución en Estados Unidos, habrían sustentado la decisión de 2020 de abrir las causas por terrorismo contra pandilleros en los tribunales federales estadounidenses.

Este cambio en el tipo de delito puede ser clave en el futuro de la lucha contra las maras al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre los cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas más severas. Las leyes internacionales también contemplan un mayor arco y margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo, por lo que la cooperación entre países podría verse aumentada notablemente; de hecho, el que los cargos sean homologables en Estados Unidos y El Salvador podrían agilizar las peticiones de extradición.

Sin embargo, el paso no está exento de controversia. De la misma manera que no ha servido de mucho aplicar cargos de narcotráfico internacional contra los pandilleros, pues no constituyen propiamente un cartel de drogas trasnacional, está por ver la eficacia de invocar cargos por terrorismo en este caso, dado que las maras, al menos en Estados Unidos, no reúnen la variedad de rasgos propios de una organización terrorista: no existe desde luego el elemento de querer ser un actor político. En cualquier caso, como ha dicho Steven Dudley, codirector de Insight Crime y autor de libro MS-13: la creación de la pandilla más notoria de Estados Unidos, la decisión del gobierno estadounidense de acusar de terrorismo a los líderes visibles de la MS-13 en El Salvador “puede ser una señal de lo mal que entienden a esta pandilla o de lo bien que entienden su sistema judicial”